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Elisa Godínez Pérez
Linchamiento, recomendación e hipótesis
El 25 de julio del año 2001 falleció Carlos Pacheco Beltrán a causa de los
golpes recibidos por los habitantes del pueblo de Magdalena Petlacalco, en la
delegación Tlalpan, Distrito Federal. Se dice que lo encontraron robando junto con
otros dos hombres los milagros de la imagen de Santa María Magdalena, justo
durante la celebración de su fiesta patronal. Desde las siete y media de la noche
comenzó el calvario una vez que la víctima fue atada al barandal del kiosco.
Minutos antes el hombre había sido detenido y entregado a la autoridad local. Se
encontraba en la oficina de la subdelegación territorial cuando ocurrió que un
grupo de pobladores lo sacó para amarrarlo al kiosco, mientras las campanas de
la iglesia sonaban sin cesar. Carlos Pacheco fue ultimado debido a la golpiza
propinada por la turba esa noche de miércoles, ante la mirada cómplice de cientos
de personas. Carlos Pacheco murió linchado.
Un cúmulo de opiniones se desencadenó al calor de lo ocurrido, la mayoría
emitidas sin la menor responsabilidad y contribuyendo poco a la comprensión del
fenómeno. Desde las noticias con cariz amarillista de muchos medios de
comunicación hasta las opiniones que pretendían justificar el hecho como una
expresión cultural, pocos fueron los que procuraron responder por qué sucedió.
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador
declaró:
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“El caso hay que verlo en lo que es la historia de los pueblos de
México, es un asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es
la manera comunitaria en que actúan los pueblos originarios. Esto se da en
distintos puntos del país desde tiempos remotos; es el México que no
termina de irse y es el México profundo…La lección es con las tradiciones
del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse.”1
Similar sentido afloró en una entrevista al jefe delegacional en Tlalpan,
Gilberto López y Rivas, donde se afirma en un párrafo:
“Todos los esfuerzos resultaron inútiles para controlar los
reprobables hechos, que ocurrieron en el contexto de una religiosidad
exacerbada; ni los representantes del pueblo ni la policía, ni siquiera los
esfuerzos del párroco de la comunidad pudieron contener a la
muchedumbre enardecida.”2
En una misma nota3 se aprecia que dos personajes insisten en caracterizar
el fenómeno como una expresión cultural:
“Son los “usos y costumbres” de los pueblos de Tlalpan, reconoció
Fernando Hernández Palacios, coordinador del Comité Técnico de
Seguridad Pública de la delegación, al explicar que cuando alguien
descubre a un ladrón las campanas convocan al pueblo “y terminan
entregándolo a las autoridades, no sin algunas fricciones entre los mismos
1 Reforma, 26 de julio de 2001, nota de Arturo Páramo, sec. Nacional, p. 1A2 La Jornada, 27 de julio de 2001, nota de Berta Teresa Ramírez, sec. La Capital, p. 403 La Jornada, 27 de julio de 2001, nota de Susana González y Angel Bolaño, sec. La Capital, p. 40
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pobladores, pero ayer no. Ofendió el sentimiento religioso.” E
inmediatamente después: “Pero más que por fe, los acontecimientos fueron
motivados por el fanatismo, sentenció el padre Arroyo”.
Usos y costumbres, religiosidad exacerbada y fanatismo son algunos de los
conceptos utilizados por las autoridades. El denominador común de estos
conceptos es sin duda la intención de considerar el hecho como un asunto de
índole cultural, debido a la idiosincrasia de “los pueblos”.
Esta postura fue indudablemente la más frecuente. Las voces que
condenaron el acto como un símbolo de las sociedades más atrasadas, menos
modernas, se impusieron sin dejar lugar al mínimo ejercicio de análisis de las
circunstancias que propician este tipo de fenómenos. Acaso podemos rescatar de
entre este conjunto de opiniones aquella vertida por Gustavo Esteva, en el
periódico Reforma pocos días después del hecho, en la cual se advierte sobre lo
anterior:
“Sólo la pomposa ignorancia de algunos comentaristas permite
asociar la práctica de linchamiento con las tradiciones de los pueblos indios
de México. No forman parte de sus “usos y costumbres”. No es la manera
en que se hace justicia en ellos. Sus sistemas normativos no sólo son
esencialmente opuestos a la práctica del linchamiento sino que permiten
prevenirlo. La política de linchamiento que ha estado apareciendo en
pueblos y barrios, indios o no indios, es una corrupción moderna de sus
tradiciones. Comenzar por el examen de las circunstancias en que
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aparece…Los linchamientos deberían hacernos reflexionar en los usos y
costumbres de las élites, que han estado creando esta situación.”4
Como ya se vio, pocas fueron las voces que contribuyeron seriamente para
intentar construir una respuesta plausible al caso de Magdalena Petlacalco. Los
juicios carecieron de un análisis político que fuera más allá de las sospechas de
ingobernabilidad, así como de los señalamientos acerca de las obvias deficiencias
de las corporaciones encargadas de impartir la justicia en nuestro país.
No obstante, llama la atención que el caso despertara interés y seguimiento
en ciertos ámbitos institucionales, como la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, la cual emitió una recomendación especifica sobre este caso, a
poco más de un año después de ocurrido el linchamiento.
A finales de agosto del año 2002 se hizo pública la recomendación 6/02
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dirigida de
manera especifica a dos autoridades responsables, la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal por este caso y del que dice:
“Omisiones e ineficaz intervención de diversos servidores públicos de
la Secretaria de Seguridad Pública que no evitaron que una multitud
linchara a un joven, y dilación en la procuración de justicia. Violación al
4 Reforma, 1 de agosto de 2001, Gustavo Esteva, editorial en sec. Nacional, p.22.
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derecho humano de la seguridad personal y a la pronta impartición de
justicia.”5
Con base en el citado documento, el caso de Magdalena Petlacalco implicó
violación a los derechos humanos a raíz de una serie de acciones y omisiones por
parte de ambas dependencias. Lo anterior se observa en dos sentidos:
negligencia en la atención y la valoración del hecho en los momentos inmediatos
posteriores a las primeras noticias que daban cuenta de la gravedad de la
situación (Secretaría de Seguridad Pública del D.F.), así como negligencia y
lentitud en la investigación ministerial si se considera que existen evidencias de los
nombres de las personas que detuvieron, en principio, al presunto delincuente
(Procuraduría General de Justicia del D.F.).
Dicha recomendación define las causas para determinar que existió una
violación a los derechos humanos en el caso Magdalena Petlacalco, a partir de la
especificidad de los criterios jurídicos y del marco legal vigente en nuestro país. El
documento de la recomendación no deja lugar a dudas a este respecto, y es que a
todas luces los linchamientos son la expresión de una deficiente aplicación de la
justicia y son consecuencia de la impunidad, o por lo menos de una constante falla
en el sistema de administración y procuración de justicia.
Los linchamientos son una violación grave de los derechos humanos,
porque niegan a la víctima el derecho a la vida y el derecho a un juicio o proceso
debido y porque implican, de facto, una práctica de tortura.
5 Recomendación 6/02 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ciudad de México, DistritoFederal, 26 de agosto de 2002, firmada por el presidente de la CDHDF Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria.
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Es de reconocer el avance que significa la existencia de una
recomendación a partir de la cual se admite y señala la flagrante violación a los
derechos humanos que significó lo ocurrido en Magdalena Petlacalco y en la que
se advierten técnicamente las fallas y omisiones de las instituciones responsables.
Sin embargo, la recomendación en sí misma no es un instrumento
suficiente para entender, ni mucho menos evitar, un linchamiento, en tanto no
basta con apuntar los errores e inconsistencias de los aparatos policiaco y judicial
exclusivamente, para comprender un fenómeno de magnitudes fatales, una
reacción terminante pero factible de precaver.
El linchamiento no es un fenómeno sencillo de explicar. De los contextos en
los que ocurre se pueden deducir algunos elementos básicos. En tanto los actos
violentos conllevan el riesgo de la injusticia así como la imposición arbitraria de
voluntades que generan a su vez mayor violencia, hay que evitar el riesgo de caer
en explicaciones o juicios reduccionistas. Por lo tanto, resulta fundamental
comprender dichos contextos así como los distintos tipos de violencia (económica,
política, psicológica, jurídica, etc.) a los que cotidianamente se recurre, como
mecanismo para resolver dificultades, asumir bajo qué circunstancias ocurre un
linchamiento, a fin de intentar evitar que ocurra.
En este trabajo se pretenden explorar algunas de las características del
hecho a partir de una hipótesis: los linchamientos no son casualidades, ni mucho
menos usos y costumbres, sino hechos que ocurren donde existen actores
colectivos agraviados en el marco de una serie de condiciones sociales,
económicas, políticas y culturales que hacen crisis en determinados momentos, a
través de la exacerbación de una violencia colectiva extraordinaria. Estos tres
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elementos están presentes de manera evidente en el caso de Magdalena
Petlacalco.
De la violencia como respuesta
A continuación retomaremos la primera parte de la hipótesis planteada
líneas arriba: los linchamientos no son casualidades, ni mucho menos usos y
costumbres . Desde donde se pretenda observar, un linchamiento no es algo
normal, es decir, no es una regla o un modelo, ni mucho menos un acontecimiento
que ocurra frecuentemente. Por lo tanto, afirmar que los linchamientos obedecen a
la fuerza de las tradiciones, a rasgos permanentes de los usos y costumbres de un
pueblo es una aberración.
No obstante el carácter inherente de la violencia en los seres humanos, no
es posible considerarla como un comportamiento habitual. En tanto es sancionada
socialmente, se comprende que al menos en primera instancia la violencia no es el
recurso más aceptado. Como se mencionó líneas arriba, si bien el uso de la
violencia casi siempre genera mayor violencia y el riesgo de que su uso no
asegura una solución satisfactoria o definitiva del conflicto, lo cierto es que no
ayuda mucho anteponer juicios morales: cualquier análisis tendrá que considerar
las consecuencias del uso de la violencia, más que su maldad inherente. Y a
pesar de que no es el momento para ahondar en los estudios acerca de la
naturaleza de la violencia (psicológicos, filosóficos, antropológicos o políticos), hay
que ver que la mayor parte de las aproximaciones sociológicas al fenómeno
coinciden en señalar algunas causas más o menos definidas.
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Para la Organización Panamericana de la Salud la violencia es una
conducta aprendida que se traduce en una forma de responder a situaciones o
eventos determinados.6 Y según el sociólogo brasileño Sergio Adorno, la violencia
es la imposición de una voluntad sobre otra mediante la fuerza provocando daños
a la integridad moral y física, a los bienes y a valores culturales y étnicos. Estas
dos definiciones contienen elementos que contribuyen a comprender que la
violencia se convierte, en determinados momentos, en una respuesta a un
conflicto determinado.
Y es que a pesar de que vivimos en sociedades basadas en un sistema
democrático en las que los conflictos se resuelven por medio del diálogo y de la
intervención de los aparatos estatales encargados de procurar justicia, es notable
el incremento en el uso y la institucionalización de la violencia. Los conflictos
derivados de la creciente exclusión social, de la problemática de las grandes
urbes, aquellos conflictos producto del crimen organizado, son ejemplos típicos de
la complejidad de este fenómeno en la actualidad, sin olvidar la violencia de
Estado ejercida habitualmente contra grupos minoritarios, en particular aquellos
que emprenden una lucha cotidiana o ejercen eventualmente su derecho a resistir
esta violencia permanente.
Los linchamientos son crímenes que ocurren en distintas latitudes y en
contextos tanto urbanos como rurales, así como en contextos socioeconómicos
diversos. Según Carlos M. Vilas:
“No es posible sin embargo establecer una relación demasiado fuerte
entre el multiculturalismo de una formación social y la mayor o menor
6 Revista Panamericana de Salud Pública, Vol. 5, 1999, OPS, Washington
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propensión al recurso de la violencia por mano propia bajo la forma de
linchamientos o modalidades relacionadas...se ha hecho referencia a la
ejecución de linchamientos en sociedades de mayor homogeneidad étnico-
cultural como, por ejemplo, Argentina...la comparación internacional señala
la presencia de linchamientos en contextos socioeconómicos muy
variados...”7
No perdamos de vista la anterior afirmación, ya que contribuirá a matizar
más adelante el segundo elemento de la hipótesis, es decir que los linchamientos
son hechos que ocurren donde existen actores colectivos agraviados.
Pero volviendo a las razones que demuestran la no-casualidad del hecho,
resulta indispensable considerar que los linchamientos, a pesar de ser actos
cometidos por individuos sin autorización o delegación de autoridad institucional
formal -es decir, ser actos que evidencian un conflicto entre particulares,
evidencian a su vez un conflicto al interior de la esfera estatal, pública, y por lo
tanto, en el espacio de las relaciones de poder y dominación establecidas al
interior de una comunidad.
Líneas arriba mencionamos que los linchamientos son la expresión de una
deficiente aplicación de la justicia. Estos actos, además de ser producto de la
impunidad, denotan la total desconfianza hacia el funcionamiento y la eficacia de
los aparatos judiciales, en última instancia, de los instrumentos más formales de
un Estado.
7 Vilas, Carlos M., “(In)justicia por mano propia: linchamientos en el México contemporáneo”, 2001, Instituto
de Investigaciones Sociales, Revista Mexicana de Sociología, vol. 63, núm. 1, enero-marzo 2001, México,D.F., p.22 (versión internet)
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Lo anterior pondría en entredicho la legitimidad del poder institucional de
ese Estado, por lo tanto, de la razón instrumental de su existencia. Si bien el
monopolio del uso de la violencia corresponde a ese Estado, el recurso de la
violencia entre los miembros al interior de éste bien puede darse como
consecuencia, como ya lo vimos, ante un ejercicio sistemático de violencia
institucionalizada. Sin embargo, los linchamientos no son exclusivamente la
respuesta espontánea a un agravio determinado, a un delito específico solamente,
sino en muchos casos son la muestra de una contradicción profunda en el seno de
una sociedad, particularmente entre dos tipos de órdenes normativos, el derecho
positivo y el derecho de los pueblos indígenas. Esta contradicción se expresa al
notar que no es sólo por la desconfianza hacia el sistema de justicia institucional,
sino porque hay un grado, por mínimo que sea, de confianza en el poder de las
acciones locales, de las acciones de la colectividad.
La contradicción entre ambos sistemas y su relación con los linchamientos
puede obedecer al carácter desigual en la percepción del conflicto, la cual se ve
afectada particularmente por la ineficacia del sistema judicial, incluso por más que
el delito sea del orden común, como el robo en Magdalena Petlacalco:
“El orden estatal no considera conflictos muchas de las cuestiones
planteadas por la comunidad, o las considera de manera diferente; los
tribunales son lentos; las garantías del debido proceso legal, la gradación
de los delitos y las penas, etc., son vividas como arbitrariedad, denegación
de justicia, protección a los delincuentes. En suma, la tensión entre ambos
sistemas normativos pone de relieve la difícil coexistencia de criterios
divergentes de justicia, así como de metodologías diferentes para el manejo
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del conflicto. Todo esto en un marco histórico y social de explotación y
dominación, de demandas no atendidas y de efectiva vulneración de
derechos.”8
En ese sentido, los términos justicia popular o justicia por mano propia son
asociaciones o interpretaciones de ese poder de facto que adquiere la
colectividad. De cualquier manera, hay que tener cuidado de no contribuir,
mediante el uso de esta expresión, a justificar indirectamente el abuso de poder
que implica un linchamiento como un asunto legítimo. Y es preciso, además,
entender que lo anterior no significa de ningún modo que sea una cuestión de
usos y costumbres.
Entender por qué suceden los linchamientos, incluso para fines jurídicos,
trasciende la propia esfera jurídica, y es necesario buscar explicaciones
sociológicas, antropológicas, económicas y políticas, las cuales no se encuentran
fácilmente ni en expedientes judiciales e incluso ni en los documentos emitidos por
las comisiones de derechos humanos.
Se pueden ciertamente interpretar algunos de los datos allí vertidos y
también vale hacerse preguntas a partir de esa información, sólo que éstas
indefectiblemente nos remitirán a circunstancias más allá del episodio en sí.
Dónde, cuándo, cómo, quiénes y por qué son los mínimos elementos para ubicar
el fenómeno, pero resulta conveniente considerar la posición de quien hace y para
qué la pregunta.
Desgraciadamente la mayoría de las autoridades poco pueden contribuir no
sólo a esclarecer sino a prevenir este tipo de sucesos. Me refiero a una nota
8 ídem, p. 6
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aparecida en algunos periódicos unos cuantos días después de lo ocurrido, y
donde se advierten sin cortapisa no sólo las limitaciones del aparato judicial sino
de manera indirecta cierto conformismo en la postura:
“El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la
PGJDF, Alvaro Arceo Corcuera, aseguró ayer que si en el caso del
linchamiento en Tlalpan no hay denuncias o mayor aportación de pruebas
que permitan ubicar a los presuntos responsables, como ha ocurrido hasta
ahora, la investigación se irá a la reserva.”9
Resulta preocupante, por tanto, que incluso la pretensión de resolver, o por
lo menos dar el seguimiento correspondiente al caso por parte de las autoridades
responsables, no estime conveniente elaborar un análisis más de fondo acerca de
las causas profundas que dan lugar a un linchamiento. Es inevitable considerar
entonces lo que se dijo líneas arriba, es decir, las condiciones de quien hace la
pregunta, y probablemente las razones para responder o no a ésta.
Una comunidad agraviada
Santa María Magdalena Petlacalco es uno de los ocho pueblos originarios
de Tlalpan, al sur del Distrito Federal10. La situación actual de estos pueblos es
muy complicada, y precisamente lo ocurrido el 25 de julio del 2001 es un síntoma
muy claro de ello. Estos ocho pueblos comparten la adscripción a un territorio
jurídica y políticamente reconocido que es la Delegación Tlalpan, pero a diferencia
9 La Crónica, 29 de julio de 2001, nota de Silvia Arellano, sección Ciudad, p. 1010 La delegación Tlalpan, ubicada al sur de la Ciudad de México, tiene una superficie de 33 061 has., el 20.7%del Distrito Federal, con una zona urbana de 7635 has. y la zona rural de 255 km2. Está dividida en cincozonas territoriales, una de las cuales comprende los ocho pueblos rurales: San Pedro Mártir, San AndrésTotoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, SanMiguel Topilejo y Parres el Guarda
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de otros pueblos originarios del Distrito Federal, el nivel de cohesión y fuerza
regional mostrado al exterior es bastante menor. Ello obedece a determinados
factores históricos, geográficos, económicos, sociales, y políticos, además de las
características culturales de cada pueblo. No obstante, lo anterior no pone en
duda su calidad de pueblos.
El origen de estos pueblos no es homogéneo, así como tampoco lo es su
historia. Los pueblos de Tlalpan son producto de la composición o reorganización
llevada a cabo por las autoridades coloniales, conocida con el nombre de
congregaciones , toda vez que los asentamientos prehispánicos quedaron casi en
su totalidad despoblados debido al alto índice de mortandad registrado durante
esa época.
Más allá de poder plasmar en este trabajo el recuento acerca de los
orígenes particulares de cada pueblo y sus vicisitudes a lo largo del tiempo, lo que
debe quedar claro es su raíz indígena, a pesar incluso de los embates sufridos
desde hace siglos. El despojo y el desmembramiento de sus tierras, sin embargo,
no llegaron a ser totales, lo que permitió a estos pueblos conservar una parte de
sus propiedades originales, toda vez que durante del periodo revolucionario del
siglo pasado estas comunidades fueron saqueadas e incendiadas, abandonadas y
reconstruidas, y, sin embargo, con la permanencia de muchas sus expresiones
originales.
Habría que comprender que este proceso significó la creación de nuevas
identidades en el marco del fenómeno colonial, a partir de la capacidad de
reinvención y adaptación mostrada por los habitantes de estos pueblos, puesto
que, como es sabido, un porcentaje muy alto de la población indígena de la Nueva
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España prácticamente desapareció. Es decir, no es que los pueblos indígenas
continuaran existiendo de manera absoluta, sino que estos pueblos que se
reconstituyeron lo hicieron acompañados de algunos elementos de la herencia
indígena que lograron sobrevivir.
Las comunidades asentadas al sur de la Ciudad de México no aceptaron el
desmembramiento total de sus núcleos territoriales y comunitarios, lo cual se
refleja en la permanencia de algunos rasgos de su cultura que continuaron
regulando la vida de cada pueblo conforme a sus tradiciones.
Estos pueblos descienden de las poblaciones indígenas asentadas
ancestralmente en el territorio de la Ciudad de México. Sus historias son relatos de
las luchas cotidianas por la conservación de su patrimonio y su identidad, de su
territorio y sus recursos naturales, así como de sus formas de gobierno y de
organización social. Varias cualidades de lo anterior aparecen hoy muy vivas en
estas comunidades.
Recordemos ahora la segunda parte de la hipótesis planteada
anteriormente: los linchamientos son hechos que ocurren donde existen actores
colectivos agraviados .
Santa María Magdalena Petlacalco es una comunidad en tanto forma parte
de estos pueblos originarios del sur de la Ciudad de México. Es un actor colectivo,
un pueblo o comunidad que conserva ciertos elementos de ruralidad, así como
ciertos caracteres socio-culturales en un contexto urbano al cual no se han
integrado totalmente. Y son dos los ejes desde los cuales se puede considerar
como tal: la subsistencia de un sistema de fiestas y la presencia de una forma
particular de autoridad política. Aunque evidentemente no son los únicos.
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El sistema de fiestas implica la conformación de una estructura organizativa
a partir de figuras como las mayordomías o los fiscales. Estos cargos presuponen
una organización social que da sustento a la identidad comunitaria, en tanto es
desde estas instancias donde se reproducen valores culturales, permitiendo así su
sobrevivencia. El ciclo festivo anual puede considerarse como ejemplo de la
conformación del imaginario y la cosmovisión de un pueblo a lo largo de un
espacio simbólico y de un tiempo socialmente determinado.
Por otro lado, en el caso de los pueblos originarios del sur del Distrito
Federal, las formas de organización social cohesionadas en torno al sistema de
fiestas y en torno a la cuestión agraria se ven acompañadas además por una
forma de autoridad política, la figura de subdelegado o coordinador de enlace
territorial con las delegaciones.
La presencia de esta figura pareciera no manifestar demasiado a primera
vista. Sin embargo, la permanencia de este tipo de autoridad reconocida y
avalada, es justamente una señal del carácter de comunidad, del carácter
originario reconocido por estos pueblos, Magdalena Petlacalco incluido:
“En el marco de esa herencia cultural que los pueblos originarios
conservan hasta nuestros días, se encuentra una forma de gobierno
proveniente de los sistemas de cargo indígenas y el régimen de municipio
que existió en el Distrito Federal hasta 1928, que hoy en día se concretiza
en la “autoridad política del pueblo”. Esta es una autoridad tradicional de los
pueblos originarios que realiza, en los hechos, funciones administrativas y
facultades municipales de carácter rural. La figura, sin embargo, carece del
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reconocimiento jurídico que establezca y valide los ámbitos y facultades de
su competencia.”11
Cabe señalar que la existencia de esta figura, como ya se señala en el
párrafo anterior, no está reconocida jurídicamente. La normatividad que aplica, a
saber, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no contempla claramente el
desempeño de esta figura particular. Lo anterior recuerda un asunto que no hay
que perder de vista y que mencionamos en el apartado anterior, es decir, la
contradicción existente entre dos tipos de sistemas normativos: el de los pueblos
indígenas y el marco jurídico del Gobierno del Distrito Federal (Derecho Positivo),
y que se retomará en la tercera parte de la hipótesis, cuando se hable de las
condiciones que hacen crisis al interior de las comunidades donde ocurren los
linchamientos.
La existencia de un sistema de fiestas y un tipo particular de autoridad
política son sólo dos rasgos o ejemplos tangibles, dos expresiones de lo que es un
pueblo, pero no son en sí mismos el elemento que explica la naturaleza de un
actor colectivo, o el carácter de pueblo originario . El carácter comunitario o
colectivo de un pueblo tiene que ver con la capacidad que tiene la comunidad de
controlar estos procesos y por lo tanto de hacerlos permanecer.
Se han considerado ya las características principales de lo que significa un
actor colectivo. Es menester comprender ahora los motivos para determinar el
factor agravio . Un agravio es una ofensa, una afrenta, una humillación. Agraviar
es ofender y por lo tanto perjudicar, hacer daño.
11 Documento “ Diagnóstico de las funciones y facultades de los coordinadores de enlace territorial de las
delegaciones del sur del Distrito Federal”, Dirección de Equidad y Desarrollo, Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Distrito Federal, 2002, p. 1 (versión internet)
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Los habitantes de Santa María Magdalena Petlacalco fueron víctimas de un
agravio. El que tres sujetos pretendieran robar los milagros de la patrona durante
los días en los que se le festejaba es, sin duda, una situación que provocó la
indignación de la comunidad. Pero no es ese el mayor de los agravios padecidos
por esta comunidad, ni por los pueblos vecinos.
Los agravios cometidos contra los pueblos originarios del sur del Distrito
Federal han afectado de manera particular a aquellos asentados en el territorio de
la delegación Tlalpan. Ya decíamos que diversas circunstancias habían
determinado, en el caso de los pueblos de Tlalpan, una condición que implicaba
menor fuerza y cohesión regional a diferencia de otros casos.
Asimismo, apuntamos líneas arriba el origen diverso de los pueblos de
Tlalpan. Igualmente se deben tomar en cuenta otros factores que han determinado
cierto grado de vulnerabilidad, y por lo tanto de situaciones agravantes para estas
comunidades.
Tlalpan se constituyó durante la Colonia en un sitio de paso obligado hacia
el sur y sus pueblos tuvieron que asentarse en plena serranía del Ajusco, entre
pedregales y bosques:
“San Agustín de las Cuevas fue punto obligado en el camino de
México a Cuernavaca, Taxco y Acapulco durante la Colonia, la época
independiente, el II Imperio y la era porfirista.”12.
12 Padilla A., Salvador. San Agustín Tlalpan: historias y tradiciones de un viejo pueblo (25-1999 d.C.), 1999,Gobierno de la Ciudad de México, p. 37
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Esta situación marcó definitivamente la presencia de lo español y lo criollo
en estos territorios al modificar dramáticamente la actividad económica, con todas
las consecuencias que ello implica.
Los pueblos del sur asentados a la orilla de la cuenca del lago, como
Xochimilco y Milpa Alta tuvieron la oportunidad de resistir el embate hispano
gracias a factores como su situación geográfica, es decir una zona lacustre
seguida por cerros que impidió menor tránsito, así como por la existencia de un
sistema agrícola chinampero en el que los españoles no tenían posibilidad de
competir. Tlalpan se convirtió y se consolidó como una zona de servicios donde
los cambios en la economía dieron lugar a la presencia de ranchos, haciendas,
fincas, en detrimento tanto de las formas campesinas como de las tierras
originarias.13
Después de la Revolución, los pueblos de Tlalpan tuvieron que repoblarse,
al mismo tiempo que se reconstituirían sus territorios a partir del reparto agrario.
Durante el proceso de reforma agraria si bien la Constitución de 1917 continuó en
la idea de rehacer una parte de las comunidades, lo cierto fue que ello sólo sería
en forma temporal en tanto en el artículo 27 se hacía referencia al reparto
individual de la tierra (y por lo tanto en un régimen jurídico de propiedad privada)
que posteriormente se realizaría.
Fue hasta las modificaciones a este artículo en 1934 cuando se definiría
más claramente el carácter de las propiedades comunales. Será a partir de las
resoluciones reconocidas por la autoridad presidencial que se titulen las
superficies otorgadas a los diversos núcleos agrarios. En la Ciudad de México este
13 Gomezcésar, Iván. Los pueblos de Tlalpan, 2001, documento inédito
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proceso se tiene que considerar a la luz de su condición de centro de poder
político y económico.14
Ahora, lo que es necesario destacar es que el proceso de reconocimiento y
titulación de los bienes comunales sólo significó el cambio de papeles de origen
colonial por documentos “modernos” a partir de los cuales el Estado les reconoce
a los habitantes de estos pueblos la condición de propietarios de las tierras. Pero
de ninguna manera significó el reconocimiento cabal del territorio. Los bosques, la
parte más rica y con mayor significado cultural y mayor implicación económica, no
fueron reconocidos sino hasta mediados de la década de los setenta del anterior
siglo. No hay que olvidar, también, los procesos de expropiación sufridos en varios
momentos después de la Revolución, así como las dificultades emanadas de la
constitución y diferencia entre regímenes de tenencia de la tierra.
Y es entonces cuando se agudiza el deterioro y la situación agravante para
los pueblos de Tlalpan, incluido Magdalena Petlacalco. De aquí proviene el
principal agravio. El crecimiento incontenible y anárquico de la urbe en el marco de
un sistema político corrupto, así como la consolidación de dos vías de
comunicación, la Carretera Federal a Cuernavaca (primera autopista del país) y la
carretera panorámica Picacho-Ajusco determinan una presión absoluta sobre el
territorio de los pueblos, con su ya de por sí precaria situación jurídica y de rezago
agrario.
De manera particular, el crecimiento mayor y por lo tanto la mayor amenaza
a los territorios de los pueblos de Tlalpan vino especialmente a partir de la
14 Escárcega L., Everardo. Cuadernos de información agraria. Distrito Federal 1916-1986, 1989, CEHAM,México, D.F.
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construcción de la Carretera Picacho Ajusco, la cual obedeció, de forma
descarada, a los intereses de varios famosos personajes de la política entonces.
Precisamente a ello se asociará una muestra del agravio sustantivo a estos
pueblos.
A continuación el ejemplo, por demás escandaloso. Dos notas periodísticas
de mediados de los años setenta. Una es de 1975 -el mismo año en el que se
regularizó, por disposición presidencial, el territorio de Santo Tomás Ajusco- del
periódico Excélsior y dice:
“La postería sube desde la carretera vieja a Cuernavaca, cruza el
poblado de Santo Tomás Ajusco y entrega el servicio telefónico en la casa
del subsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios. Nadie más,
ni los subdelegados en Tlalpan disfrutan de ese servicio. La gente de por
ahí dice que ya les empezaron a llegar los cobros por el drenaje, que no
sirve, “pero costó varios millones”. En las calles hay instalaciones de
alumbrado público, pero dentro de las casas o se prende un foco o se usa
la plancha y luego ni foco ni plancha. Y seguido ni en la calle. “Teníamos las
calles más o menos bien empedradas y con eso del drenaje dizque
pavimentaron y mire qué calles (carcomidas, más agujeros que asfalto).”15
La otra nota, del año 1977 aparecida en el periódico Uno más Uno, dice:
“Bajo el cielo más limpio del Distrito Federal, entre manantiales de
agua purísima, bosques de abetos, pinos y oyameles, se levantan 76 fincas
campestres, propiedad de vecinos tan distinguidos como Mario Moya
15 Excélsior , 16 de diciembre de 1975, nota de Manuel Arvizu, pp. 28 y 28 A
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Palencia, Luis Vicente Echeverría Zuno, Luis Enrique Bracamontes, Pedro
Ramírez Vázquez, Jorge Jiménez Cantú, que ocupan más de 400
hectáreas arrebatadas mediante engaños, fraudes o a la fuerza a la
comunidad de San Miguel Ajusco, informó el doctor Ernesto Aguilar
Cordero, ex secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias del
Distrito Federal.
Abajo, junto a la carretera construida el sexenio pasado por la
Secretaría de Obras Públicas, para dar acceso a la finca privada del
ingeniero Luis Enrique Bracamontes –“El Remanso”, 200 hectáreas–, cuatro
compañías fraccionadoras, propiedad de Gastón Alegre López, ex contralor
de la Comisión Federal de Electricidad, ofrecen en venta 1,200 hectáreas
lotificadas en fracciones a razón de 500 pesos el metro, que suman un valor
aproximado de 5,025 millones de pesos. Cómo último recurso para
reivindicar sus derechos sobre la tierra entregada a sus antepasados
mediante cédula real, y confirmada por resolución presidencial ejecutada el
4 de enero de 1975, los 2,000 comuneros de San Miguel Ajusco
demandarán la intervención de…
Porque –explica Antonio Ruiz Martínez, comunero y comerciante del
Ajusco- no es justo que nos quiten así nomás la tierra. Mire, vea cómo viven
aquí los campesinos. En casitas así de chiquitas. Muchas veces no tienen
ni qué comer. Es difícil conseguir trabajo, y como no pueden sembrar,
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porque ya no hay tierra, pues allí los tiene, nomás mirando las fiestesotas
que hacen los señores esos…”16
La carretera panorámica Picacho-Ajusco tuvo como una de las
consecuencias más graves la estrangulación de un terreno bastante considerable
del Ajusco al unirse precisamente al camino real a Cuernavaca y a la Avenida
México que atraviesa cuatro pueblos (Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco,
Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco) hasta la Carretera Federal. Y este
hecho, además es fundamental para comprender otro problema importante, como
lo es el de los asentamientos irregulares en la denominada zona de Ajusco Medio ,
también en la Delegación Tlalpan. Esta carretera determinó que la presión sobre la
tierra fuera directamente hacia los pueblos, lo que ha significado la afectación y
transformación en la vida de los lugareños, sobre todo en lo referente a la pérdida
de elementos culturales, como podría ser la relación con el territorio: la venta de la
tierra, que anteriormente era un asunto casi penado y muy mal visto, hoy ya no lo
es.
De las condiciones de los pueblos
A partir de los párrafos anteriores, hemos comenzado a comprender el
momento en el que las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales
hacen crisis , como la tercera parte de la hipótesis planteada al inicio. La
contradicción permanente entre los dos tipos de órdenes normativos, así como la
16 Uno más uno, 17 de noviembre de 1977, p.25
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presión abrumadora sobre el territorio de estos pueblos, son al menos dos de las
principales.
Según un documento de diagnóstico elaborado por el Gobierno del Distrito
Federal, las principales problemáticas de los pueblos originarios, como lo es
Magdalena Petlacalco, abarcan:
-la amenaza permanente de la mancha urbana sobre su integridad territorial
-crecimiento de la especulación inmobiliaria, lotificación de tierras ejidales y
comunales, así como cambios ilegales en el uso de suelo
-rezago agrario, conflictos de límites territoriales, falta de seguridad en la tenencia
de la tierra
-deforestación a partir del uso no sustentable de los recursos naturales
-sobreexplotación de los mantos acuíferos y distribución desigual del agua entre
las necesidades locales y los requerimientos de la ciudad
-tráfico ilegal de fauna y flora endémica o en extinción
-falta de reconocimiento y respeto a los sistemas propios de autoridad
-falta de apoyos técnicos y financieros para mejor aprovechamiento de los
recursos naturales y procesos productivos de alto valor agregado
Como se observa, a partir de la amenaza directa sobre su territorio,
agudizada desde la década de los setenta, la situación se agrava para estas
comunidades. La venta de la tierra se constituye como una forma de subsistencia,
como un sostén económico ante la carencia de oportunidades para el desarrollo
sustentable y de aprovechamiento de sus propios recursos.
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La permanente contradicción social y jurídica entre las formas tradicionales
y el marco normativo del Distrito Federal coloca a estas comunidades en una
situación de grupos minoritarios que han padecido la imposición de una legalidad
ajena. Por si fuera poco, la relación de estos pueblos con el gobierno, en todos
sus niveles, evidencia la renuencia que existe para reconocer sus propias
identidades, así como las distintas expresiones de su propio sistema normativo.
Los pueblos originarios han visto expropiado su poder de decisión al mismo
tiempo que sus lazos comunitarios se han debilitado seriamente. Y la fragilidad
cultural que viven estos pueblos es producto de este tipo de agravios cometidos
en el marco de un sistema injusto y no es porque éstos sean incapaces para
conservar su cultura.
La profunda crisis cultural en la que se encuentran sumidos los pueblos
originarios de Tlalpan hace ver la contradicción que existe entre dos partes: entre
los que han cedido al vender la tierra y aquellos que resisten conservando sus
territorios y buscando formas de conservar la conciencia comunitaria. Existen
algunos elementos para considerar que el pueblo de Magdalena Petlacalco, al
menos de manera general, es uno de los segundos, es decir, representa a la parte
que resiste.
Se sabe que la mayor parte de los habitantes de los pueblos de Tlalpan son
empleados y en menor medida profesionistas. La tierra como lugar de trabajo hace
mucho que dejó de funcionar, por lo que la producción agropecuaria, agrícola y de
recolección se ha ido abandonando aunque no ha dejado de existir. Sin embargo,
y como ya se vio, la venta de la tierra y la tala del bosque son dos salidas para la
subsistencia de estos pueblos.
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Se tienen indicios17 de que Magdalena Petlacalco es uno de los pueblos
que menos ha vendido sus tierras. Precisamente dentro del cúmulo de información
vertida en la mayoría de notas de cariz amarillista, y de las que se habló al
principio de este ensayo, me parece muy útil rescatar una de ellas:
“Alejado del trajín y el bullicio de la ciudad, el pueblo de Magdalena
Petlacalco ubicado en la delegación Tlalpan, es un lugar tranquilo y
pacífico. Pero eso sí, “que no nos toquen a la patrona ni al Señor de la
Columna, porque el que la hace la paga”, advierten algunos pobladores de
la zona.
Esta comunidad forma parte de los ocho pueblos más tradicionales,
con características rurales y usos y costumbres arraigados de esta
demarcación.
Sin embargo, los habitantes de este poblado, a diferencia de los
otros pueblos, se han resistido a vender sus tierras, por ello “aquí se ven
menos avecindados”.18
Por qué la Magdalena Petlacalco no ha vendido tanto sus tierras es una
cuestión que por su complejidad no puede ser abordada en este ensayo. No
obstante, para nuestro trabajo resulta importante este indicio, en tanto el hecho
advierte, además de la gran dificultad por la que atraviesan estos pueblos, un
17 A partir de los datos recopilados por los integrantes del proyecto de historia testimonial “Memoria viva delos ocho pueblos”, auspiciado por la Dirección de Cultura y Educación de la Delegación Tlalpan ycoordinado por el Antrop. Mario Mancilla González. Material aún inédito. 2001-200218 El Universal Gráfico, 27 de julio de 2001. Nota de Lili Valadéz, sec. Metrópoli, p. 15
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factor determinante para intentar comprender la realidad de esta comunidad, el
ambiente en el que ocurrió el linchamiento.
La Magdalena Petlacalco es también el principal pueblo que fue capaz de
construir estrategias de subsistencia más allá de venta de tierra y de tala del
bosque. Debido a la capacidad mostrada para diversificar los modos de
producción económica en este pueblo existen varias fuentes de ingresos que
inclusive han variado a lo largo de las últimas décadas: actividades agrícolas y
ganaderas, cultivo de pastos para jardinería, distribución de agua potable a través
de pipas, son algunas de ellas. Particularmente el negocio de repartición de agua
potable ha contribuido de manera significativa al sostén y fortalecimiento de esta
comunidad.
Sin poder ahondar en el origen y los detalles acerca del funcionamiento de
estos negocios, por ahora basta señalar que al ser fuentes de ingreso alternativas
frente a los problemas anteriormente descritos, se convierten en un factor que, a
nuestro juicio, ha retrasado de manera significativa la venta de la tierra. Además,
el reparto de agua potable por medio de las pipas ha representado, por
consecuencia, un mecanismo de control económico y social al interior de la
comunidad, así como uno de los espacios de mayor importancia para la
construcción y reproducción de redes de poder político, un espacio de
confrontación y movilización de los principales actores políticos.
Necesariamente el negocio de las pipas, además de ser fuente de ingreso y
espacio de control social y político, representa fuertemente un símbolo de poder.
Los piperos , junto con otros actores como aquellos involucrados en la
organización de las fiestas, se convierten en figuras legítimas de autoridad. Y esto
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que pareciera obvio, adquiere una relevancia considerable, en tanto es durante
períodos de crisis, de transformaciones profundas, cuando existe una enorme
necesidad de crear y procurar símbolos de poder.
Estos símbolos, por lo demás, juegan un papel fundamental en el
imaginario cultural de los pueblos. Son símbolos de la resistencia, de la
obstinación por permanecer, por no sucumbir. Estas figuras son tan importantes
que emparentar con ellas, por ejemplo, se convierte en un medio de
reconocimiento, de estatus social, incluso para los habitantes de otros pueblos; un
comentario hecho por un nativo de San Miguel Ajusco da cuenta de lo anterior:
“No, si ser compadre de alguien de la Magdalena no es cualquier
cosa, porque entonces uno tiene que tener y demostrar que sí puede. Por
eso todos quieren pero pocos pueden.”
Se puede afirmar que existe el reconocimiento del pueblo de Magdalena
Petlacalco por parte de los demás pueblos y la percepción de que sus habitantes
son gente cuyo prestigio es notable.
La situación prevaleciente en Magdalena Petlacalco evidencia, como ya lo
habíamos mencionado líneas arriba, la contradicción entre los núcleos que
concentran o preservan de algún modo la conciencia comunitaria y aquellos otros
donde se perdió el ideal comunitario. Magdalena Petlacalco, pese a todo, ha
mantenido una identidad propia a través de una base económica, social y cultural
firme y es reconocido como un pueblo fuerte y modelo para los demás.
A manera de conclusión
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Nos hemos referido a los aspectos que refutan la explicación de los
linchamientos como un asunto producto de los usos y costumbres de un pueblo.
Vimos también las situaciones de agravio, las condiciones históricas, sociales,
económicas, políticas e incluso jurídicas que han socavado la integridad de los
pueblos originarios. Y nos hemos referido, de igual manera, a las características
propias de Magdalena Petlacalco, las singularidades que lo ubican como núcleo
de preservación y reproducción de la identidad cultural de los pueblos de Tlalpan,
sin que ello signifique que no haya padecido de igual manera las situaciones de
agravio ya descritas.
Estos tres aspectos abarcan el contexto y las características en que ocurrió
el linchamiento del 25 de julio de 2001 en el pueblo de Magdalena Petlacalco. A
partir de éstos se pueden plantear algunos enunciados al respecto:
1. La utilización de métodos violentos no es un hecho cotidiano. El uso de la
violencia no es casual ni mucho menos un asunto de usos y costumbres. Lo
anterior no significa la ausencia de elementos culturales en los escenarios
donde ocurren los linchamientos. Sin embargo existe una diferencia entre
usos y costumbres y un análisis objetivo del contexto cultural.
2. La constante impunidad así como la parcial eficacia de los sistemas de
procuración y administración de justicia pueden provocar la utilización de la
violencia por mano propia.
3. Los linchamientos ocurren en contextos en los que el proceso de
construcción del Estado es aún imperfecto e inacabado, aunque se
entienda que el Estado mismo es un ente dinámico y sometido a constantes
cambios, cuestionamientos y resistencias. La contradicción entre dos tipos
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de sistemas normativos da cuenta de ello y es síntoma del desfase
existente entre la dimensión jurídica y la dimensión cultural en la esfera
estatal.
4. Si bien los linchamientos ocurren generalmente en escenarios donde la
pobreza y la injusticia son predominantes, lo cierto es que éstas no son
condiciones suficientes para que se de un linchamiento. Como vimos, el
caso de Magdalena Petlacalco contribuye a mostrar que no basta la
acumulación de los agravios, sino que existe un nivel de mayor complejidad
en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en la
comunidad, para considerarlo como un recurso posible o legítimo.
5. No es posible establecer una relación directa entre sociedades
multiculturales y la mayor o menor incidencia de linchamientos. Sin
embargo, si el escenario es de transformación o crisis profunda, los actores
colectivos con fuertes lazos comunitarios pueden recurrir a la utilización de
la violencia por propia mano, como última vía para resolver un conflicto, así
como una manera, cuestionable sin duda, de reafirmar la identidad y la
conciencia comunitaria.
6. Las recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos humanos
son instrumentos jurídicos indispensables para prevenir los linchamientos y
podrían aumentar su grado de eficacia si se considerara la elaboración de
un análisis o dictamen interdisciplinario específico por caso, en
coordinación con algunas instituciones académicas nacionales y regionales.
Estas instituciones poseen recursos humanos y materiales (investigadores,
acervos, centros de documentación, programas especiales, etc.) de muy
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alta calidad que deben ser aprovechados para la construcción y ejecución
de programas de prevención.
7. Cualquier programa de prevención estará condenado al fracaso si no es
concebido desde y para las propias comunidades, comprendiendo sus
características particulares, especialmente los elementos culturales que
permiten su conformación y permanencia como actores colectivos.
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