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Director: Carlos Ramírez indicadorpolitico.mx

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25 de Abril de 2016 [email protected] Número 87

El juego político de la CNDH y las traiciones

de Álvarez Icaza

225 de Abril de 2016

Tortura por Luy

Mtro. Carlos RamírezPresidente y Director [email protected]

Roberto VizcaínoDirector editorial

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Lic. José Luis RojasCoordinador General Editorial

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Dr. Rafael Abascal y MacíasCoordinador de Análisis Político

Mtro. Carlos Loeza ManzaneroCoordinador de Análisis Económico

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Emiliano LópezAnalista

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Mathieu Domínguez PérezDiseño

Monserrat MéndezRedacción

Raúl UrbinaAsistente de la dirección general

Revista Indicador Político es una publicación semanal editada por el Grupo de Editores del Estado de México, S. A., y el Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, S. C. Editor

responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223,

Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México D.F.

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El juego político de la CNDH en caso Ayotzinapa

¿Quién debe pedirle perdón al ejército por sacrificios?

Hillary, igual que Trump; o sea que será peor

CIDH: sin dinero no bailan los derechos humanos

Murillo Karam y las traiciones de Álvarez Icaza

Carlos Ramírez

Armando Reyes Vigueras

Juan María Alponte

Roberto Vizcaíno

Busquemos un punto de concordia

Guatemala: un pueblo indignado

La necesidad imperiosa del rigor

Colombia ante el pacto con las FARC

Chile bajo el análisis de la OCDE

Para cochinadas electorales, nadie como Moreno Valle: Trife

El Trife castra al INE y anula al Congreso

Carlos Sada, un embajador para la guerra

A Javier Duarte sólo le falta que le haga pis el perro…

“¡Indios piojosos!”Por Joel Hernández Santiago

¿Quitar las pensiones a los expresidentes? Mejor redefinirlasPor Marcos Marín Amezcua

Déficit en Derechos HumanosPor Arnoldo Cuéllar

El impeachment de Rousseff, sin víscerasPor Fernando Dworak

¿Es cultural la corrupción o qué es?

¿Qué ofrecen los partidos?

Deudas, afiliaciones dudosas y ataques

Primeros audios de campaña

Los nuevos ciudadanos


la tesis oficial del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari de que Colosio había sido víctima de un asesino solitario, no de un cri-men de poder o crimen de Estado.

En el caso Ayotzinapa, el escenario ha cambiado. La versión de la CNDH, el ter-cer peritaje y el reporte de ayer domingo del GIEI-CIDH plantearon la necesidad ur-gente de reabrir la investigación en la PGR para documentar el hilo de los policías fede-rales, pero con la presión de que quedó ago-tado el papel de la procuradora Arely Gó-mez. Y como ha ocurrido en el pasado con Jorge Carpizo, González Pérez podría ser el nuevo procurador o fiscal especial para in-vestigar desde el Estado el caso Ayotzinapa.

El gobierno federal debe tomar el caso Ayotzinapa con mayor sentido estratégico de seguridad nacional. No ha sido gratuita la articulación de hechos que han enfatiza-do negativamente el tema de derechos hu-manos: el relator de la ONU, el reporte del Departamento de Estado, la filtración de un video de soldados torturando a una persona, la crisis diplomática México-EU sin embaja-dores y el reporte de la CNDH salieron en el contexto del caso Ayotzinapa y del infor-me final del GIEI-CIDH.

Lo que viene es la nueva apertura de lí-neas de investigación por parte de la PGR para esclarecer la intervención de policías federales después del secuestro ordenado por autoridades municipales perredistas y su entrega a Guerreros Unidos. La estrategia de la CIDH es la de sentar al Estado mexicano priísta en el banquillo internacional de los acusados en tribunales internacionales que juzgan delitos. Llegó la hora de decir que los derechos humanos de los 43 fueron vio-lados por autoridades municipales y estata-les del PRD, no por el Estado.

Columna Indicador Político

Por Carlos Ramírez

El juego político de laCNDH en caso Ayotzinapa

Política para dummies:

La política es la energía para exigirle a los demás lo que el político no se

exige a sí mismo.

Sólo para sus ojos:

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Lo que queda por aclarar es si el ombuds-man en realidad se encontró apenas con las pistas de policías federales después del secues-tro o si su reporte fue un apoyo directo al Gru-po Interdisciplinario de Expertos Indepen-dientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, después de sus fracasos.

Pero queda también la hipótesis de que el segundo avance de información de la CNDH fue una especie de fuga hacia de-lante para favorecer la apertura de una nue-va investigación de la PGR porque en los hechos le quitó el efecto de ese señalamiento al GIEI-CIDH.

Lo único cierto es que el reporte de la CNDH la involucró más a fondo en la in-dagatoria no sólo de la investigación de la PGR sino que la comprometió a abando-nar el cómodo espacio de los “avances” para realizar una investigación formal a fondo que evite la intervención supranacional de organismos internacionales y que entregue formalmente una recomendación en forma que evite ya las insinuaciones y las insidias del reporte final que entregará el próximo domingo 24. La CNDH puede desplazar a la CIDH de indagatorias de los 43.

González Pérez sabe de esas labores de investigación; fue el último fiscal especial de la investigación del asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y su documento final estuvo plagado de ho-yos negros, faltas de pruebas e insinuaciones, pero su objetivo final fue satisfecho: avalar

Con el pasivo de haber cerrado el caso Colosio imponien-do la tesis oficial salinista del asesino solitario, el presiden-te de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

Luis Raúl González Pérez, hizo una aparición tardía para señalar nuevas-viejas pistas en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

• El precandidato presidencial Au-relio Nuño Meyer, ha comenzado a meterse en problemas. Reactivó la crisis con la Sección 22 de maes-tros de Oaxaca y ahora ya enarde-ció a los politécnicos con la deci-sión de subordinar al IPN a la SEP.• Michoacán se vuelve a incendiar por acciones de grupos criminales, mientras el gobernador perredistas Silvano Aureoles sólo anda disfru-tando de las mieles del poder.• Crece día a día la protesta con-tra las marchas porque provocan embotellamientos que obligan a los automovilistas a quemar más gasolina.• Así son las cosas: después de que el abogado Vidulfo Rosales insul-tó a los padres de los 43 llamán-dolos “indios piojosos”, su racismo fue perdonado y sigue al frente del grupo. Claro, el poder es el poder. Lo que queda por saber es la vin-culación de Vidulfo con grupos criminales de Guerrero.

425 de Abril de 2016 Columna Indicador Político

Por Carlos Ramírez

¿Quién debe pedirle perdónal ejército por sacrificios?


La política es el arte de encontrar los erro-res en los demás para ocultar los propios.


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Desde 1994 las fuerzas armadas han es-tado subsidiando la ineficacia de las fuerzas civiles y políticas ante las rupturas institu-cionales. En octubre de 1993 un oficial de la fuerza aérea y un oficial del ejército fueron torturados e incinerados por grupos guerri-lleros en Chiapas y el gobierno de Carlos Sa-linas de Gortari ordenó guardar silencio y sacrificarse en aras de la votación del tratado de comercio libre que saldría en noviembre.

De 2007 a la fecha, los gobiernos de los presidentes panista Felipe Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto, han usado a las fuerzas armadas para actividades de protec-ción de la seguridad interior pero sin que el congreso las haya dotado de un nuevo mar-co jurídico. Sin la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organi-zado, los cárteles hubieran asumido la sobe-ranía de espacios territoriales del Estado por su fuerza criminal mayor a la institucional.

Las deudas de la sociedad con las fuer-zas armadas no deben medirse sólo en fun-ción de abusos —detectados y castigados internamente— en las operaciones de com-bate al crimen organizado, sino en términos de las leyes pendientes y urgentes para con-solidar el papel de las fuerzas armadas en la defensa de la soberanía: ley de seguridad nacional, ley de espionaje, ley de seguridad interior, ley de inteligencia nacional y doc-trina de defensa nacional. Como ningún ejército del mundo, el mexicano tiene una estructura interna de derechos humanos para operaciones.

El acto masivo del general secretario Cienfuegos Zepeda para disculparse por la tortura debe ser leído no sólo en el hecho

inédito de que el jefe del ejército masiva-mente ordene a su tropa que no se vuelva a repetir, sino también tiene otra lectura po-lítica: las fuerzas armadas fueron llamadas a actividades de seguridad interior cuando las instituciones civiles fracasaron en el res-guardo de la seguridad pública.

La gravedad del asunto radica en el hecho de que las resquebrajaduras en la seguridad interior serían un indicio de fa-llas en la seguridad nacional no sólo por la integración trasnacional del crimen organi-zado sino por el hecho de que los derechos humanos son un instrumento de presión extranjera —Washington y la Comisión In-teramericana de Derechos Humanos de la OEA manejada por Washington— contra la soberanía mexicana.

El acto masivo del general secretario en nombre de las fuerzas armadas fue antes de que el ámbito civil del sistema político —que ha sobrevivido por la acción de las fuerzas armadas contra el crimen— pensara siquiera en salir a apoyar a los militares. Los casos de violación de derechos humanos por fuerzas armadas son menores a 10 años de operaciones en la república, 75 mil soldados luchando contra criminales y un marco ju-rídico inexistente por mezquindades de los partidos políticos.

Más de 150 mil delincuentes consigna-dos, toneladas de armas decomisadas, tone-ladas de droga destruidas, descabezamiento de los cárteles y casi 400 militares y marinos asesinados por criminales han sido el verda-dero legado de las fuerzas armadas en sus operaciones de seguridad interior para cu-brir el fracaso civil.

• No es Trump. Ahora la exsecre-taria de Estado del imperio estadu-nidense, que como funcionara ava-ló guerras injustas y represiones en otros países, está preocupada por los derechos humanos de México. La lectura debe ser clara: Hillary Clin-ton tuvo que asumir el lenguaje y la agenda de Trump porque es lo que exigen los estadunidenses.• Dicen en los pasillos del poder que “molestia que no te molesta, no la molestes”, a propósito de una decisión extraña de subordinar al Instituto Politécnico Nacional a la oficina del secretario. La protesta crece como bola de nieve…, como si hiciera falta luego de lo que cos-tó tranquilizar al IPN con su nuevo reglamento.

Como no hay mejor prueba para catar el sacrificio que sa-car el pecho por otros, el acto masivo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda,

para disculparse por un acto de tortura de una civil delincuente tiene otra lectura política e institucional: recordar que el ejército está pagando las facturas de la incompetencia policiaca y judicial.



Por Carlos Ramírez

Hillary, igual que Trump;o sea que será peor


La política es el camino para cobrarle a la sociedad sacrificios personales para

beneficios… personales.


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M ás que la advertencia de que el imperio estadunidense seguirá poniendo de rodillas a México,

lo importante de la declaración de la precan-didata demócrata Hillary Clinton sobre la corrupción y la tortura en México radica en el hecho de que asumió la agenda mexicana agresiva del republicano Donald Trump.

El mensaje de Hillary a sus seguidores dejó claro que Trump tiene razón y que los mexica-nos son los malos, lo que estaría señalando que la agenda migratoria de los demócratas sería igual a la de los republicanos y el voto hispano nada deberá de esperar de Hillary.

Esa sola declaración reveló la hipocresía del discurso geopolítico del establishment estadunidense sobre México: se trata de la misma Hillary Clinton que como senadora por Nueva York aprobó las leyes patrióticas del republicano George W. Bush que tiraron a la basura los derechos constitucionales y los derechos humanos y se dedicaron a torturar iraquíes y afganos para localizar terroristas.

Como secretaria de Estado del profesor de derecho constitucional que despacha como presidente de los EE.UU., Barack Obama, Hillary Clinton avaló las largas y sangrientas sesiones de tortura que agentes de la CIA rea-lizaron en campamentos secretos en el Medio Oriente para localizar y asesinar sin mandato judicial a Osama bin Laden.

La historia se cuenta con realismo en la película Zero Dark Thirty (La noche más oscura, título en español), dirigida por Kathryn Bigelow e impulsada por Michelle Obama al Oscar del 2012. Lo interesante de la película fue que los datos de las torturas realizadas por agentes de la CIA fueron pro-porcionados y avalados por el entonces di-rector de la CIA, lo que provocó un regaño

legislativo. El hecho fue que el gobierno de los EE.UU. aprobó el uso de tortura cuan-do Hillary Clinton era secretaria de Estado; de ahí la hipocresía al regañar a México.

Los EE.UU. tienen una larga lista de ac-tividades a favor de la tortura, entre ellas los asesores civiles y militares que entrenaron al gobierno de Vietnam del Sur y a las dictadu-ras latinoamericanas en técnicas de tortura. En 1970 el grupo guerrillero uruguayo los Tupamaros secuestró a Dan Mitrione, asesor secreto estadunidense en tortura del gobier-no militar, y lo asesinaron.

En 1968 el periodista Seymour M. Her-sh, quien pronto publicará un libro con su tesis de que la Casa Blanca engañó con el asesinato de bin Laden, reveló una matanza de civiles vietnamitas en la aldea de My Lai 4 y el caso fue anulado en cortes estaduni-denses. En 1973 Hersh destapó las trapa-cerías de la CIA derrocando gobiernos y la CIA ni se inmutó. Y en el 2005 denunció torturas estadunidenses contra iraquíes en la prisión de Abu Ghraib.

En la era Bush el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, firmó un memorándum autorizando torturas como el ahogamiento de presos para obtener datos de terroristas; cuando se reveló el documento, Rumsfeld se burló de que a los presos los dejaran de pie diciendo que él trabajaba de pie más de diez horas y no se quejaba.

Y sigue la larga lista de violaciones de derechos humanos con las autorizaciones de Bush y Obama para el espionaje sin pudor de la Agencia de Seguridad Nacional.

Así que la declaración de Hillary Clin-ton debe preocupar no sólo por la hipocre-sía, sino porque ella viene con una agenda igual o peor que la de Trump.

• Una encuesta publicada por el diario Cambio de Puebla revela el desmoronamiento de la candidata priísta Blanca Alcalá y la derrota perfilada. Otros datos indican que fue una candidatura para perder ante la fuerza del gobernador panis-ta Rafael Moreno Valle.• En Sinaloa hay versiones en co-lumnas políticas que el gobernador Mario López Valdés Malova acep-tó la candidatura del PRI pero que está trabajando para… su derrota. Datos indican que el candidato lo-cal Héctor Cuén Ojeda, del local Partido Sinaloense (PAS), ya alcan-zó al priísta por el que nadie mete las manos, ni el PRI nacional.• En el gabinete ya hay autoriza-ción para que los aspirantes se mue-van. Lo que cuentan, obviamente, con el visto bueno presidencial: hasta ahora van Miguel Ángel Oso-rio Chong y Luis Videgaray Caso, nada más; pero van a sumarse pron-to otros dos para que la baraja no sea muy amplia que impida el con-trol del proceso.

Hillary Clinton y Bill Clinton con Donald Trump y Melania Trump. 22 de enero de 2005, Palm Beach, Florida. Fotografía: Maring Photography / Getty Images

625 de Abril de 2016 Columna Indicador Político

Por Carlos Ramírez


La política es sacrificarse por los otros, pero con largos periodos de descanso.


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L a liga de las relaciones de la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos con México por el caso

Ayotzinapa-Iguala-Cocula se estiró hasta donde el dinero pudo resistir. El organismo de la OEA midió la molestia de México por el activismo del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza en función de las cuotas ofi-ciales al organismo.

Anunciado su retiro de la organización al terminar su periodo este año, Álvarez Ica-za se convirtió en una posición incómoda por su intolerancia y su decisión de doble-gar al Estado mexicano.

La CIDH no calculó la operación en México. La decisión del gobierno mexicano de financiar la estancia de un grupo inter-disciplinario de investigadores para revisar el reporte de la PGR fue de buena fe, en el entendido de que el gobierno federal y sus organismos de seguridad y justicia intervi-nieron después del secuestro, asesinato e incineración de los 43 normalistas.

Comandados por Álvarez Icaza, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se dedicó a tratar de probar que la responsa-bilidad era del Estado federal y no de las au-toridades municipales y estatales del Partido de la Revolución Democrática. La intención amañada fue sacar al PRD de la indagatoria.

La CIDH inclusive exigió el financia-miento de la estancia de los investigadores independientes con 3 millones de dólares, a pesar de que esas tareas estaban dentro de las funciones presupuestales oficiales de la Comisión de la OEA. Sin embargo, la CIDH ha sido relegada en la distribución de fon-dos y muchos gobiernos han regateado sus aportaciones por la parcialidad de las inves-

tigaciones. En este sentido, México quedó en calidad de rehén o se-

cuestrado por las presiones de la CIDH de condenarlo si no pagaba las investigaciones… en su contra.

El final de acuerdo de fi-nanciamiento de las investiga-

ciones fue tomado por la CIDH como un

aviso del endure-

cimiento presupuestal de México; la CIDH tiene todo el derecho y las facilidades para ve-nir a investigar casos de violación de derechos humanos, pero fue un sinsentido hacerlo con dinero oficial mexicano. Necesitado de quizá otros 3 millones de dólares para seguir insistiendo en el mismo reporte fue una de las argumentaciones de México para dar por terminado el convenio de financiamiento. El pasado 15 de abril el presidente de la CIDH, Jim Cavallo, escribió en su Twitter: “la situa-ción económica de la @CIDH es muy grave”.

En el centro del conflicto quedó atrapado Álvarez Icaza y su intención de arrodillar al Estado mexicano. La estrategia del funciona-rio de la CIDH fue la de extender las nega-tivas al reporte de la PGR para dejar sentado el precedente y que más adelante pueda ser asumido por algún tribunal internacional de tipo penal que juzgue delitos y no violaciones.

El GIEI se centró en el argumento de la desaparición de los estudiantes como un de-lito de lesa humanidad y no en la violación de sus derechos humanos en el momento de su arresto y entrega, por instrucciones del alcalde perredista de Iguala, al grupo crimi-nal Guerreros Unidos.

El argumento de desaparición man-tendrá abierto el expediente para ser usado más adelante en investigaciones penales in-ternacionales. Pero todos los datos confir-man que los 43 normalistas detenidos por instrucciones de un alcalde del PRD están muertos y por tanto esa condición lleva a temas que sí son prioridad de la CIDH: la reparación del delito por la vía monetaria.

A Álvarez Icaza lo derrotó su obsesión por arrodillar al Estado mexicano.

• Confirmado: Hillary Clinton quiere arrebatarle a Donald Trump el tema de México en la campaña presidencial. Ahora la diplomacia mexicana tendrá que buscar que Hillary se salga de ese corral, aun-que en los hechos no es más que demagogia de campaña.• Muy decidido Renato Sales, co-misionado de seguridad pública, en limpiar las corporaciones poli-ciacas; a destiempo, pero de todos modos debe de ir hasta el fondo.• El senador con licencia Raúl Cervantes es muy buen abogado, con trayectoria reconocida, pero fue director jurídico del PRI y ope-ró en el Senado las reformas estruc-turales; por tanto, estaría limitado para ser el fiscal anticorrupción que necesita el país para combatir las irregularidades en el gobierno priísta. Se necesita alguien que no tenga militancia partidista.

CIDH: sin dinero no bailan los derechos humanos



Por Carlos Ramírez

Murillo Karam


La política no es para hombres débiles ni ingenuos.


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E n una reunión en el gabinete pre-sidencial en octubre de 2014 no se entendieron en su momento las ra-

zones que tuvo el entonces procurador Jesús Murillo Karam para proponer la presencia —pagada por el gobierno mexicano— de un grupo de expertos coordinado por la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos.

El intervencionismo supranacional de la CIDH había ya puesto en ridículo y contra la pared al gobierno mexicano por casos de represión, pero con argumentacio-nes internacionales. Por eso la mayoría del gabinete se opuso a cederle a la CIDH y a Emilio Álvarez Icaza el expediente caliente del caso Iguala-Ayotzinapa-Cocula.

El punto más importante era, hasta ese momento, la positiva relación personal en-tre Murillo Karam y Álvarez Icaza, forjada en el caso de las protestas por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. De manera casi automática, Álvarez Icaza se posicionó en el 2011 de un espacio de control en ese movimiento y lo hizo como activista. La principal propuesta de Sicilia fue la ley de víctimas y ahí trabajaron juntos Murillo Karam como senador priísta y Álvarez Icaza como activista de derechos humanos.

En julio del 2012 Álvarez Icaza fue de-signado secretario ejecutivo de la CIDH —a pesar de ser un activista y por lo tanto parcial en sus comportamientos—, en tan-to que Murillo Karam fungió como procu-rador general de la república de diciembre de 2012 a febrero de 2015, luego de haber entregado su reporte final sobre el caso de los 43 normalistas secuestrados y asesinados por órdenes del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.

Ante la negativa de los padres de los nor-malistas a aceptar la versión oficial de que sus

hijos estaban muertos, Murillo propuso una mediación a través de la CIDH de Álvarez Icaza y el Grupo Interdisciplinario de Exper-tos Independientes. La intención original fue que el GIEI revisara la indagación pericial de la PGR. Sólo que Álvarez Icaza, el verdade-ro operador del GIEI, encontró la veta para ajustar cuentas personales con el presidente Peña Nieto, quien en el 2009 le había ofre-cido —a decir del propio Álvarez Icaza— su apoyo para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero en los hechos lo habría hecho a un lado.

El GIEI trabajó, por instrucciones de Álvarez Icaza, no sobre la violación de los derechos humanos —quién ordenó el le-vantón de los normalistas y quién ordenó su entrega al grupo criminal Guerreros Unidos para su asesinato—, sino que se centró en destruir la tesis oficial de la incineración de cuerpos en un basurero de Cocula. La re-lación Murillo Karam-Álvarez Icaza, que también había funcionado en 2011 bajo el gobierno de Calderón, se rompió porque el GIEI cambio la jugada.

En los hechos, Álvarez Icaza repitió en el caso de los 43 su estrategia del 2011: arrin-conar al Presidente de la República, entonces el panista Calderón y hoy Peña Nieto. De octubre de 2014 a abril de 2016, Álvarez Ica-za condujo a la CIDH a un enfrentamiento directo con el gobierno de México y con el Estado mexicano y abrió la posibilidad de que México replanteara sus cuotas a un or-ganismo operado no para mejorar los dere-chos humanos sino para arrodillar al Estado.

La gran derrota de Álvarez Icaza fue el tercer peritaje que avaló la tesis oficial de la incineración en el basurero de Cocula. Y ya no se reeligió en la secretaría ejecutiva de la CIDH.

• Pocas expectativas en las leyes an-ticorrupción. Bien harían los par-tidos que quieren ser extremos en entregar como ofrenda de buena vo-luntad a las leyes a 10 corruptos de sus partidos. Porque esas leyes po-drían ser un borrón y cuenta nueva.• Como dato: este año, el auditor superior de la Federación decla-ró que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, debería estar en la cárcel por corrupto…, y no pasó nada.• Va como maldición: el día en que en México se encarcelen a los co-rruptos, el sistema político priísta y la oposición quedarían destruidos.• Aún no se entiende que la co-rrupción nació con el sistema polí-tico priísta de antes y de ahora, apo-yado en los hechos por la oposición. Y que todo el sistema político ha sido beneficiado por la corrupción. ¿Quién lanzará la primera piedra?

Álvarez Icazay las traiciones de


Busquemos un punto de concordia

En homenaje al maestro Juan María Alponte, Diario Indicador Político publica una selección de las columnas más destacadas de nuestro inolvidable articulista.

Homenaje a Juan María

Alponte

Por Juan María Alponte

Columna México y el Mundo

Los espartanos, que tenían fama de gran-des guerreros, contestaron a esa presunción con una frase que ha pasado a la historia: “Si tapan el sol con sus flechas mejor para nosotros pues lucharemos en la sombra”.

Dicen los clásicos que las batallas más importantes para la historia fueron tres: Termópilas, Salamina y Platea. En la primera, cuatro mil griegos, entre los cuales se encontra-

ban los espartanos a las órdenes de Leónidas, cerraron el paso al ejér-cito persa en la entrada de Grecia. Uno de los espartanos hizo saber que los espartanos eran tan numerosos que sus flechas oscurecerían el Sol. Hablamos de una batalla en el año 480 antes de Cristo.

Murieron todos, dicen los historiadores, Salustino se suicidó y Atenas fue invadida y semidestruida. Si eso es verdad y lo es, quedaron en pie vivitos y coleando, los que incendiarían Atenas.

En nuestros días, sin tantas flechas que impidan el paso dorado del Sol, pueden es-cribirse textos analíticos como el de Human Rights Watch que ha hecho un Informe, en cuyo título se puede leer lo siguiente: “México, ni Seguridad ni Derechos, Eje-cuciones, Desapariciones y Tortura en la Guerra contra el Narcotráfico”.

No sabe uno cuál es mejor, si las batallas de Termópilas, Salamina y Platea que el tex-to sobrecogedor sobre México de Human



Rights Watch: “Ni Seguridad ni Dere-chos”. Ese título preside un ingente testi-monio de violaciones a la ley. Es seguro que ninguno de los que viven bajo el techo, no de las flechas sino el de una Sociedad que asume, para vivir, lo siguiente: “México, ni Seguridad ni Derechos. Ejecuciones, Des-apariciones y Tortura en la Guerra contra el Narcotráfico”.

El Informe de Human Rights Watch, tiene 232 páginas, que conforman no la destrucción de Atenas, sino la liquidación de la convivencia en muchos espacios de un México que anhela la Seguridad y el Derecho, y se encuentra en nuestra enor-me Metrópoli llamada México con un titular terrible: “México, ni Seguridad ni Derechos”.

A la vera de ese texto —no el de la des-trucción de Atenas— tengo otro, de la CEPAL (Naciones Unidas), que se titula “Perspecti-vas de la Desigualdad en Latinoamérica” y México aparece con estos datos en orden a la Participación de los Salarios en el Ingreso Total. Elijo tres asociados: Canadá, México y Estados Unidos. No hay duda alguna que la Participación de los Salarios —todas las remu-neraciones de los trabajadores— en orden al Ingreso Total del país, conforma y constituye un dato ejemplar en orden a la Participación del Trabajo en el PIB. Es un dato inequívoco.

Veámoslo: Trabajadores frente a Tra-bajadores, en su centro radial inequívoco de nuestros aliados y socios. En México los salarios representaban en 2014 el 29.9 por ciento del Ingreso Total del país.

Nuestros socios, Canadá y Estados Uni-dos, países capitalistas, como dicen los bien hablados, en cuanto al Trabajo, Canadá conformaba el 62.2 por ciento del PIB y Estados Unidos, sin más ni menos, el 65.8 por ciento. Cabe añadir que Corea —que comenzaría a luchar contra los grandes bien recientemente— en el Trabajo, conforma ya el 55 por ciento del Ingreso Total.

Vengo señalando, desde hace años, el al-tísimo porcentaje que dedica Corea del Sur a la Investigación y el Desarrollo. El resultado es claro: sus asalariados representan ya el 55 por ciento del Ingreso Total mientras el pro-medio de México sigue siendo muy bajo.

El Trabajo debe de tener una participa-ción más alta en el Ingreso Total. En ello radica su fuerza. En 1989 la Participación del Trabajo en el PIB fue de 35.23 por ciento y en 2012 el 27.48 por ciento. Es-tos dos últimos datos son del Anuario Eco-nómico y Financiero 2013. ¿Nos dice algo?

Buscar la concordia es el lujo de los países donde el Trabajo —la remuneración total de los salarios— tiene niveles muy altos en la mano para el diálogo nacional. Frank Sinatra fue conocido como “La Voz”; Anaxágoras como “Nous”, es decir, “La Mente”. Ambos trabajaban mucho, la re-compensa era inmediatamente alta, pero el Trabajo era mucho más alto.


Guatemala: un pueblo indignado



Alponte



La palabra indignación ha sido utilizada en Guatemala como artillería pesada contra el gobierno y el gobernante. La palabra in-dignación procede del latín indignitas y significaba enojo, ira, enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Esa

palabra, esa voz ha sido utilizada vehemen-temente en las horas en que la Guatemala indignada derribó a un gobierno.

El problema viene de lejos. No se ol-vide porque existe la tendencia a olvidar los orígenes de los problemas y se ametra-lla el presente con la desmemoria. “En el Tribunal Permanente de los Pueblos, en 1983, se decía ya (página 51) que el pro-blema de las desapariciones forzadas e

La palabra indignación ha sido utilizada en la crisis de Gua-temala y bajo el fusil dialéctico de la indignación ha caído un gobierno.



involuntarias apareció, en Guatemala, en 1966 y desde entonces han existido con intensidad variable. Las víctimas de las desapariciones vienen de medios sociales distintos, pero se trata en su mayoría de dirigentes obreros, campesinos, indíge-nas y responsables de las comunidades cristianas. En la mayoría de los casos no existe, en principio, una detención legal: se trata, más bien, del secuestro de las víc-timas y aún en la calle. Los secuestros son realizados por grupos de indiciados que casi siempre son miembros de las Fuerzas de Seguridad, que actúan a la vista utili-zando vehículos usados, habitualmente, por las Fuerzas Policiales”.

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala dice lo que sigue: “Las Orga-nizaciones Sindicales ya no pueden tener una vida pública, a causa de la imposi-bilidad de expresarse y del secuestro de

sus dirigentes. El 1 de julio de 1982 se implantó el estado de sitio que suprime todos los derechos individuales y colec-tivos…”.

En el Informe, la 40 Reunión de la Co-misión de Derechos Humanos de las Nacio-nes Unidas sobre la situación de los Dere-chos Humanos y Libertades Fundamentales de Guatemala, en Ginebra, febrero de 1984, insiste en lo mismo, es decir, en la falsedad de las afirmaciones del gobierno de Guate-mala. Respecto a que el gobierno de Ríos Montt instauró una participación democrá-tica en la selección del gobierno, su falsedad es evidente, no nos merece ningún comen-tario. En suma, todos los documentos so-bre Guatemala revelan una crisis profunda, nunca superada.

En el texto de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se decía, por vía de don Antonio García Borrajo, vi-

cepresidente de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, “que se com-probó la existencia de cárceles clandesti-nas, así como la ejecución extrajudicial de varias de las personas ‘detenidas-des-aparecidas’ cuya averiguación de su pa-radero constituía el objeto de su misión”. (Página 29)

Ese pasado era el presente cuando se produjo, repentinamente, “una presencia del descontento, como dice El País de Es-paña, que derribó al Presidente actual y sacude a Centroamérica”.

Las palabras son infinitamente menos valiosas que el movimiento de indignación que arriesga sus vidas para establecer un ré-gimen que no ignore los Derechos Huma-nos. En realidad, sin una bala la crispa-ción social llegó a un grado de madurez tal que con una revolución silenciosa se dio a la tarea de derribar un régimen es-grimiendo solamente la indignación; esa es la Revolución que vive Guatemala.

Ello no elimina el nombre de Lucía Mendizábal que, como tantos otros, escu-chó que se había producido un fraude, otro más, del gobierno y colgó de las redes nada más que un corto mensaje: “A ver si esta vez hacemos algo”. La protesta derribó a un ré-gimen militar. La hora coincidió con el des-tino. Un gobierno burlando, una vez más, el derecho y los Derechos Humanos puso en movimiento a una sociedad y esa ola in-mensa de indignación derribó un régimen fundado en los fusiles y la fuerza bruta que no pudo, simplemente, con una ola de in-dignación que, sin más, derribó al régimen instalado en la corrupción y en la fuerza. Nunca pudo asumir que la indignación de un pueblo es una nube que derriba las torres del martirio.


La necesidad imperiosa del rigor



Alponte



Hoy en día, cuando la información, ingente, paraliza, en muchas ocasiones, el rigor de la palabra y, sobre todo, la posibili-dad del esclarecimiento por la difícil vía del

rigor frente a la ruptura, a veces, patética del diálogo iniciático, éste nos invita a subordi-nar la violencia del lenguaje, que aspira al atropello, por la precisión de la inteligencia que busca el esclarecimiento por vía de la palabra y no por la sustitución de la palabra por la espada.

El tema ha sido tratado por los griegos clásicos con verdadero apasionamiento, apasionamiento que se sometía al diálogo y a la formación de niveles de excelencia de

El título de este artículo plantea, en gran medida, la nece-sidad, primordial, de impedir que la demagogia paralice la posibilidad de un esclarecimiento y, por ello, se prefería

un diálogo sometido a la paz (eirene) y no a la guerra: polemos.



los ciudadanos, esto es, la proposición del teleutheros, palabra que llevaba y transpor-taba consigo lo que hemos llamado la exce-lencia del hombre libre.

Esa proposición, que nace al escuchar al maestro de escuela (didaskaleion) se origi-na en un proceso dialéctico muy claro: que los padres de los alumnos buscan al maes-tro para interrogarle, con una sola frase, en un entorno del diálogo: “¿cómo va mi hijo, mi hija, mi hermano?”.

La didaskaleion, la escuela, era visitada por los griegos porque se usaba su espacio, siempre que se podía, para las conferencias (akrosaseis) que cobraban un valor más preciso y riguroso porque las conferencias daban ocasión al diálogo entre padres y maestros. Esas conferencias se consideraban

la prueba del conocimiento y, a la vez, del diálogo propositivo entre padres, alumnos y maestros.

Ese acuerdo tácito del encuentro de maestros y padres de los alumnos, propor-cionaba a la escuela, didaskaleion, una es-pecie de plataforma que recuperaba la pre-sencia de los adultos (andres) que buscaban a los maestros con unas palabras inevitables: ¿cómo van mis hijos? Esa tarea de los ma-yores (presbyteroi) posibilitaba un diálogo, fecundo, que convertía la educación (la paideia) en un espacio común de interro-gaciones y búsqueda de las palabras que abundaban: “¿cómo van mis hijos?”. Esa pregunta, tradicional, convertía la paideia, la educación, en un diálogo fecundo entre padres y maestros.

Ello quería decir que la paideia era un pro-blema de todos. De ahí que la palabra paideia arrastraba consigo la idea global de la educa-ción que conllevaba, consigo, la idea de que la escuela, didaskaleion, transportaba consigo la pasión del conocimiento. Esa connotación revelaba, en la Vieja Grecia, que los alumnos se adiestraban también en la cultura física puesto que en el mundo griego la idea de cultura y belleza se confundían y se fundían entre sí.

Los exámenes (apodeixeis) se tomaban muy en serio y su pulso se elevaba en las conferencias. Así, las akrosaseis, esto es, las conferencias, reunían a padres y maestros y, a la vez, hablaban con los maestros de las armas (hoplomachia) porque esa discipli-na recordaba que la guerra agitaba Atenas y Grecia. En suma, que el polemos, la guerra, era una versión de la realidad.

En suma, la paideia —educación y cul-tura— tenía un rango especial, esto es, se preparaba a los jóvenes y a los maestros para servir a la patria. Los didaskolos, los maestros de Atenas, sabían que sus alum-nos podían ser llamados a combatir.

Por otra parte, desde el siglo IV la for-mación intelectual se completaba con la educación gimnástica. Pero, de todas for-mas, si la gimnasia era un factor de forma-ción, también lo eran los concursos. La Gre-cia clásica no aceptaría los problemas que hoy vive Grecia, porque aquellos alumnos se preparaban para una existencia inteli-gente. Entonces, como hoy, el rigor inte-lectual era fundamental.


Colombia ante el pacto con las FARC



Alponte



El peso, terrible, de 50 años de terroris-mo, les parece a los colombianos que el pacto de paz es extraordinario, pero ¿cómo supe-rar y olvidar un pasado terrible? El enlace de las guerrillas con las drogas es otro factor que es difícil de olvidar porque financiaba, de un lado, a las FARC y, del otro, el acuerdo evita la cárcel a los dirigentes de las FARC.

¿Son exagerados los temores de los co-lombianos después de 50 años de terro-rismo? El presidente Juan Manuel Santos

Leo que los colombianos no dudan de que viven una fase histórica: el acuerdo con las guerrillas (FARC). El acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos

significa, en términos históricos, la paz, pero los colombianos dudan que las FARC después de 50 años de crímenes y ame-nazas asuman, verdaderamente, la paz. Sobre todo temen que el acuerdo elimine la posibilidad de conducir a la cárcel a los dirigentes de las guerrillas.



apuesta, sin dudas, por la paz. La memoria de las últimas cinco décadas pesa sobre la visión del pueblo colombiano que no acep-ta, mayoritariamente, que los líderes de las FARC firmen, verdaderamente, la paz.

El presidente Juan Manuel Santos pien-sa que el acuerdo de la paz (las negociacio-nes se han realizado en Cuba) es un hecho histórico que afecta no sólo a los colom-bianos, sino a la región entera.

La memoria de los colombianos es una memoria trágica. Rafael Pardo, Consejero Especial del Presidente, en las largas e his-tóricas negociaciones iniciadas en 1986, no duda en asumir que los encuentros han sido difíciles.

¿Por qué? En el año 2000 el notable co-lombiano Rafael Pardo, el eje fundamental de las negociaciones, señalaba que las guerri-llas eliminaron un partido democrático de izquierda. Su texto no elude, como princi-pal Consejero de las negociaciones con las FARC, la terrible memoria de los atentados de las guerrillas. En el año 2000 hacía ya un resumen trágico del problema. Véase:

“Un partido político de izquierda total-mente eliminado —su mensaje apareció en inglés en la revista ‘Foreign Affairs’—, cua-tro candidatos a la presidencia asesinados, 200 jueces e investigadores eliminados así como la mitad de la Suprema Corte de Justi-cia, 1,200 oficiales de policía, 151 periodis-tas y, de paso, más de 300,000 colombianos fueron muertos”.

Esa síntesis, esa estremecedora memoria, no elude el papel de las drogas que ya en 1985 ascendían hasta los 3 billones (vuelvo a leer el texto citado con asombro, pero no hay duda) lo que conducía las cifras a niveles impresionantes.

Ahora, años después, el presidente Juan Manuel Santos ha firmado un pacto, con las FARC, difícil de explicar, en razón de las magnitudes a que habían llegado las FARC. Leo en un periódico “que Santos afronta el reto de explicar el pacto con las FARC”.

La negociación se ha realizado en Cuba con el consenso de Raúl Castro. Se trata, dice la prensa, de un “acuerdo histórico”. La guerra contra las FARC ha dejado una síntesis que me cuesta reproducir: “220,000 muertos y casi ocho millones de víctimas”. La memoria de la negociación en Cuba nos

invita a la meditación y la duda, es decir, el “acuerdo histórico” —sin duda merece esa titulación— que se realizó entre Cuba y Bogotá, pero el peso de la negociación se traslada, ahora, al presidente Juan Manuel Santos que sabe bien que su país ha sufrido, durante años, la pesadilla de los atentados y que, en consecuencia, explica que pusiera su firma en el pacto: Raúl Castro ha hecho posible los contactos en lo que se consi-dera un acuerdo histórico. En un mes, con Raúl Castro de intermediario relevante, se ha llegado a un acuerdo de paz o de paci-ficación.

La Corte Penal Internacional se ha com-prometido a la lectura y revisión del texto histórico mientras, a su vez, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia tendrá que explicar el acuerdo con las FARC y su destino final. Años de terrorismo y dolor es-tán, ahora, en revisión. Se ha titulado, ese acuerdo, como “histórico”. Falta saber si se aceptará, de verdad, el pacto que en Bogotá se ha clasificado como “histórico”. ¿Se res-petará la paz?

1625 de Abril de 2016 Columna México y el Mundo

El trabajo al que me refiero tiene nom-bre y apellidos: “Chile, Prioridades de Po-líticas para un Crecimiento más Fuerte y Equitativo”, Septiembre de 2015. OCDE. Menester es añadir que el prólogo del citado

José Ángel Gurría. De entrada se nos dice “que gracias a un crecimiento económi-co sostenido, Chile ha logrado avances significativos en la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Cuando se habla del crecimiento eco-nómico de un país latinoamericano nos encontramos, siempre, con una proposición equívoca: ese crecimiento está sitiado —si se me permite decirlo, con una frase bé-lica— por una segunda apreciación eco-nómica: que se crece con la desigualdad.

Cuando la OCDE se embarca en el análisis económico de un país latinoamericano realiza, en síntesis, un admira-ble trabajo de meditación para la Región entera que, no

siempre, medita adecuadamente sobre su propia realidad.

Chile bajo el análisis de la OCDE



Alponte


análisis está firmado por José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.

Ello invita a una lectura atenta porque el trabajo al que alude tiene y posee una significación especial al estar firmado por



¿Es lo mismo con este documento sobre Chile? Veamos el texto: “Chile ha logrado avances significativos en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. No obstante, sigue habiendo —a ello me re-fiero— grandes brechas de nivel de vida en comparación con otros países de la OCDE, junto con importantes diferen-cias de bienestar entre los distintos seg-mentos de población del país”.

¿Es posible liquidar un proceso que se-ñala, que existe el crecimiento, pero que ello se define por el aumento de la riqueza de una minoría?

El Informe de la OCDE, ante ese pro-blema, añade: “El gobierno ha introduci-do medidas importantes para reforzar la redistribución y mejorar la igualdad de oportunidades, entre las que se incluyen

ambiciosas reformas fiscales, laborales y educativas. Sin embargo, hay espacio para mejorar aún más, el diseño de políticas que promuevan la inclusión. Asimismo, para sostener los avances conseguidos en materia de bienestar, Chile necesita un mayor crecimiento de la productividad, que ha estado estancada hasta hace poco. Para ello es necesario adoptar políticas que favorezcan la competencia, mejoren la acu-mulación de capital humano e incremen-ten la diversificación de la economía, la cual sigue dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas”.

Es muy difícil objetar esas proposiciones de la OCDE. El Informe añade: “Gracias al fuerte crecimiento económico, la calidad de vida ha mejorado considerablemente en Chile. Chile converge ya hacia el ni-

vel de otros países de la OCDE. Si bien a mediados de los 90 la renta disponible promedio per cápita de los hogares era el 40 por ciento del promedio de la OCDE para el año 2013 Chile había llegado ya al 51 por ciento comparativamente con los países de la OCDE. Las tasas de po-breza absoluta, dice la OCDE, cayeron desde niveles superiores al 40 por ciento en 1990 hasta el 7.8 por ciento en 2013. A la vez los niveles de pobreza relativa descendieron con mayor velocidad que en ningún otro país de la OCDE. De la misma manera los niveles de vida al nacer, aumentaron de 76.5 años en 1990 a 78 en 2014 mientras que los niveles de acceso a la Educación Superior se incrementaron desde el 36 por ciento en el año 2000 al 79 por ciento en 2012”.

José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE

1825 de Abril de 2016 Columna Tras la puerta del poder

* Intentó quitársela del camino al candidato del PAN, Antonio Gali, a quien Aranda le quitará votos* La priísta Blanca Alcalá ha sufrido el embate de los alcaldes panistas

* Al candidato del PES en Veracruz, Víctor Alejandro Vázquez, le quitan propaganda

Por Roberto Vizcaíno

Para cochinadas electorales, nadie como Moreno Valle: Trife

En el manual de las cosas indebidas, con toda seguridad ilegales, unas que otras inmorales, están las que el relamido, bien polveado y depilado mandatario poblano ha desplegado en contra de todos quienes fuera de su redil y proyecto personal y po-lítico, quieren competir por algún cargo de elección en los comicios del domingo 5 de junio próximo.

Es así que, con los métodos más bajos, las argucias más sucias, el pretendiente pre-sidencial Moreno Valle impidió el registro de 6 candidatos independientes, sometió a los más viles procedimientos a su excom-pañera de partido, a María Teresa Aranda, y le ha hecho la vida imposible a la priísta Blanca Alcalá.

En contrapartida, en apoyo de José An-tonio Gali Fayad, el gobernador poblano no ha tenido ni límite ni pudor en gastos: así reparte tinacos como mochilas escolares, utilitarios y camisetas y gorras, bolsas de mandado con despensa incluida y otros mu-chos regalitos, claro, todos ellos, con el logo del PAN incluido.

Y para que no haya merma en su cam-paña, las directivas escolares recibieron la orden de no dejar entrar a clases los niños que no lleven la mochila de Gali.

¿Qué frente a todo esto dónde anda la Fepade? Pues quizá ande revisando que todo esté bien con los poblanos de Nueva York, porque de los de Puebla quien se encarga es Moreno Valle.

Es así que Moreno Valle ha resultado un rudo en la contienda, el que le jala el cabello a quien se deje y el que le pica los ojos a quien no se deje.

Si no que lo diga su excompañera de partido, la exsecretaria de Desarrollo Social de Fox, exsenadora y exsecretaria de Eleccio-nes del CEN del PAN, Ana Teresa Aranda.

Contra ella, Moreno lo ha intentado casi todo.

A fines de la semana anterior el Trife le corrigió a Moreno Valle la intentona burda que pretendía negarle la candidatura in-dependiente a la gubernatura del estado a Aranda porque supuestamente no había

El puntero en guerra sucia y en marranadas electorales en este proceso electoral es, sin ninguna duda, el gobernador de Puebla, el aspirante presidencial neopanista Rafael Mo-

reno Valle.


Columna Tras la puerta del poder

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cumplido con dos requisitos: no haber re-nunciado al PAN 12 meses antes de la elec-ción y no presentar el número requerido del 3 por ciento de la lista nominal estatal.

El Trife ordenó al Tribunal estatal re-conocer la candidatura independiente de Aranda luego de que el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar indicó que el código electoral recién aprobado para Puebla no aplica en el caso de Aranda porque entre la aprobación de esa reforma y día de la elec-ción sólo mediaban 10 meses.

Luego entonces la expanista no puede cumplir con el requisito de haber renuncia-do al PAN 12 meses antes de la elección.

El Trife desechó además el recuento ama-ñado de firmas hecho por el Instituto Electo-ral Estatal, con el cual se pretendió descontar-le a Aranda 86 mil cédulas de las 208 mil que ella había presentado para avalar su registro como candidata independiente.

El Trife revisó las cédulas y determinó que, de las 208 mil cédulas entregadas por la expanista, 156 mil aparecían en el Listado Nominal lo cual le garantizaba el 3 por cien-to (es decir 124 mil firmas) requerido por la Ley para ser reconocida como candidata independiente.

En pocas palabras: los esbirros electora-les de Moreno Valle le estaban restando 34 mil cédulas debidamente firmadas por igual número de poblanos para dejarla con sólo 122 mil firmas.

En su intervención la magistrada María del Carmen Alanís indicó que entre febre-ro y abril, la Sala Superior del TEPJF, dictó varias sentencias a favor de Aranda para, en-tre otras cosas, dejar sin efecto la aplicación del criterio de territorialidad de apoyo ciu-dadano, la renuncia la militancia partidista 12 meses antes de la elección y los acuerdos tomados por el IEE sobre la verificación del apoyo ciudadano.

VIOLENCIA POLÍTICALa magistrada Alanís denunció que en el caso de Aranda, que por demás claro que

en Puebla “se permitió la violencia política contra una aspirante a la gubernatura”.

Hay evidencia suficiente, dijo la magis-trada, para afirmar que la autoridad admi-nistrativa interpuso obstáculos con el único fin de evitar la participación de Aranda, en lo que se puede afirmar es un claro caso de discriminación y violencia política.

“No puedo hacer a un lado (el caso). Ya se ha mencionado un cúmulo de anteceden-tes, varios de ellos controvertidos formal-mente, son hechos notorios para esta Sala Superior, que para mí se traducen en verda-deros obstáculos que se le han impuesto has-ta este momento (a la) aspirante a participar como candidato independiente, a la luz de las normas y de este proceso electoral…”

En su recuento de anomalías, Alanís in-dicó que en el proceso electoral de Puebla hubo 7 aspirantes a candidaturas indepen-dientes para la gubernatura del Estado: 2 mujeres y 5 hombres; y de éstos 7, única-mente 2 personas presentaron solicitud de registro y tan sólo Ana Teresa Aranda fue la única que, de acuerdo con el número de cédulas ciudadanas de apoyo presentadas, tuvo la posibilidad real convertirse en can-didata independiente, precisó.

“… yo me siento obligada -como parte de un órgano constitucional- a revisar tam-bién los actos denunciados y los hechos no-torios en este expediente, si no estuviéramos ante un caso de discriminación o de violen-cia política. Insisto, no es un tema que esté denunciado, pero yo no puedo hacer de lado toda esta cadena de actos que se tradujeron en obstáculos para el acceso a una candidatura independiente de una mujer”.

3 MUJERESAl final, y gracias a la intervención del Trife, son tres las mujeres que competirán por la gubernatura de Puebla: Blanca Alcalá por PRI-PVEM-PES; Roxana Luna por PRD y Ana Teresa Aranda como independiente.

Así como Aranda ha cruzado lo indeci-ble para poder competir, de igual forma la priísta, senadora con licencia y exalcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá ha tenido que en-frentar las marrullerías de Moreno Valle.

La semana pasada Alcalá ha tenido que superar el clima de amenazas en contra de sus simpatizantes a muchos de los cuales sus empleadores les han advertido que no de-ben participar en los actos de campaña de la priísta. A los burócratas que simpatizan con ella, sus jefaturas les han dejado en claro que podrían ver suspendidos sus contratos si persisten en ir con Alcalá.

Algo que se ha hecho común es que los alcaldes panistas de aquellos municipios donde la priísta tiene proyectado realizar algún acto de campaña, han intentado evi-tarlo alegando que “no se pidió permiso a tiempo”.

Ante esta situación, la candidata tricolor ha convocado a sus seguidores a tomar todas las plazas de sus poblados y el domingo 5 de junio hacerlo en todos los municipios del estado.

“Es verdaderamente inadmisible… ¡en ningún estado de la República un gobierno del Estado, como hoy en Puebla, se dedica a tratar de comprar los votos a través de ti-nacos azules, de mochilas azules y blancas, de poner en un estadio -en una supuesta re-modelación- el azul y blanco… es un gran fraude”, subrayó.

IGUAL EN VERACRUZPara no quedarse atrás, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha ordenado la de-tención de camiones que porten propagan-da de Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, “El Pipo”, candidato del PES a la gubernatu-ra del estado.

Así todos quienes llevan propaganda del aspirante del PES se los llevan al corralón, donde de entrada les exigen retirar carteles y microperforados bajo el supuesto de que impiden la visibilidad.

Vázquez Cuevas ya interpuso denuncia ante la autoridad electoral local.


* Al echar atrás el retiro de la candidatura de David Monreal se contribuye a la desconfianza de los ciudadanos* Hoy todos se burlan del INE y con ello debilitan su actuación

* La elección en Veracruz no está decidida, afirma el candidato del PES


El Trife castra al INE y anula al Congreso

Simplemente han castrado al INE y tira-do por el caño al modelo de fiscalización y de rendición de cuentas electorales construido por Diputados y Senadores dentro de la más reciente reforma electoral, indicaron ayer.

El hecho es simple: el INE comprobó que David Monreal, candidato de Morena a la gu-bernatura de Zacatecas, había hecho una pre-campaña con pinta de bardas, entrega de cha-lecos, movilización de simpatizantes y otros eventos masivos, y por ello se le pidió entregar sus cuentas de gastos de esa precampaña.

El aviso se le hizo llegar tanto al candi-dato como a su partido. Ambos alegaron

que no habían hecho ninguna precampaña a pesar de que el INE la tenía documentada.

Una vez concluido el plazo de entrega, días después, Morena y Monreal entregaron un informe en ceros.

En la reforma aprobada por diputados y senadores no hay gradualidades. Se dice claramente que si se viola ese requisito, la sanción es la pérdida de la candidatura.

Los consejeros encabezados por Ciro Murayama, encargado de la fiscalización de gastos electorales, le retiraron la candidatura a Monreal.

Morena y el candidato interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que ayer —por 4 votos a favor y 2 en contra—, deci-dieron revocar la decisión del INE.

Al hacerlo, los magistrados reconocieron que Monreal y Morena incumplieron con el requisito de presentar cuentas en tiempo y forma, y que el INE había cumplido con su tarea de sancionar el hecho. Pero considera-ron que retirarle la candidatura a Monreal, con consejeros del INE incurrieron en “un acto excesivo” que a juicio de los magistrados sólo ameritaba una sanción administrativa.

Y de acuerdo a Murayama, eso no es lo que señala la Ley Electoral.

En el Código de Procedimientos Electo-rales lo que se indica es que se debe retirar la candidatura, no aplicar una sanción ad-ministrativa.

Pero como las decisiones del Tribunal son inatacables, entonces al INE no le queda de otra que acatar el fallo aunque sea absurda y de-finitivamente violatorio del Código Electoral.

Y no obstante que esa decisión va di-rectamente en contra del espíritu de rendi-ción de cuentas exigido por los mexicanos respecto de los dineros gastados en procesos electorales.

Los consejeros del INE que votaron a favor de la cancelación de la candidatura de David Monreal a la gubernatura de Zacatecas, y que son la mayoría, siguen convencidos de

que al echarla atrás y restituir esa candidatura, los magistrados del Trife no sólo han debilitado gravemente a la máxima autoridad electoral del país, sino que han desmoronado el sistema de fiscali-zación electoral lo construido por el Congreso como consecuen-cia de un reclamo popular.



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“Si se abre la puerta de que no se presen-te la información a que están obligados los actores políticos en plazos previstos por la Ley, estaremos desmontando el mecanismo de fiscalización y de rendición de cuentas previsto en la norma electoral”, afirmó el consejero Murayama.

Lo peor de todo, indica el encargado de la fiscalización dentro del INE, es que al emitir su fallo, el Tribunal Electoral admi-te que Monreal y Morena sí incurrieron en una violación.

“Imaginemos que ocurre lo contrario, que otro partido incurre en lo que hizo Mo-rena y su candidato: que hacen precampaña, que promueven actos masivos, que traspor-tan personas, que pintan bardas y reparten utilitarios…

“ Y que a pesar de que hay pruebas de todo eso, dicen que no gastaron nada y que por lo tanto no entregan cuentas… pero des-pués de que se cumplió el tiempo de hacerlo, terminan presentando un informe de gastos en ceros. ¿Morena y su candidato no estarían inconformes con eso?”, indica Murayama.

Si no se aplica lo que dice la Ley, enton-ces la Ley se convierte en “papel mojado”, es decir, en letra muerta, afirma el consejero.

Ahí comienza la impunidad. Y se au-menta y recrudece la desconfianza ciudada-na en sus instituciones.

Los jueces, al dictar este tipo de fallos, desmoronan lo construido por los legislado-res. Eso es lo que ahora abona al discurso antipolítico.

Este tipo de fallo desanima a los mexi-canos y dinamita a la democracia, subraya el consejero.

ELECCIÓN INCIERTADe acuerdo al candidato del PES al gobier-no de Veracruz, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, reconocido por sus simpatizantes como “El Pipo Vázquez”, el priísta Javier Duarte dejará un estado convertido en todo un polvorín social.

“En Veracruz vivimos hoy una situación como la enfrentada por México en 1994 cuan-do se dio el levantamiento Zapatista, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio y luego a José Francisco Ruiz Massieu para concluir con el llamado error de diciembre”, indicó.

Y es que en Veracruz se da el mayor nú-mero de secuestros; la ejecución de perio-distas, empresarios, hombres del campo y estudiantes; donde existe una deuda pública que de acuerdo a expertos supera los 120 mil millones de pesos, sin que haya justificación alguna; donde el gobierno estatal debe 2 mil 100 millones de pesos a la Universidad Vera-cruzana, y donde se dan violaciones de jóve-nes sin que haya castigo para los culpables.

Veracruz vive ahora además una cam-paña electoral donde los candidatos de los partidos tradicionales —PRI, PAN, PRD, PVE— viven un absoluto descrédito y que van en caída porque todos los días alguno de ellos exhibe las pillerías de los otros.

El estado vive una irritación social que en algunas regiones llega ya a niveles de rompimiento social y hartazgo nunca antes visto, afirma Vázquez quien advierte que dentro de este contexto no existe ya ningu-na posibilidad de que gane Héctor Yunes, el candidato del PRI y Verde porque este cargo con todo el desprestigio no sólo de su parti-do sino del gobernador saliente.

El candidato del PES no le ve posibili-dades de triunfo tampoco a Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN y aliados, porque todos en Veracruz saben que es un expriísta que cada día es exhibido como depredador del ISSSTE y como un político corrupto que se vale de sus hijos para hacer fortuna y adquirir inmuebles en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos sin explicar de dónde sale el dinero para esas compras.

De acuerdo a su percepción surgida de su campaña y su contacto diario con los vera-

cruzanos, dice Vázquez, el estado pasa por la peor de sus descomposiciones sociales lo que ha generado un fuerte antipriísmo que toca por igual a los Yunes, el del PRI y el del PAN.

Los sondeos de su partido le indican que existe hoy una irritación tal que hay una in-tención de voto que puede quizá llegar al 80 por ciento de los ciudadanos, algo no visto en México ni en Veracruz donde la mayor afluencia a las urnas había sido de un poco más del 60 por ciento.

En razón de todo ello, afirma, la elección veracruzana ha dejado de ser un proceso en-tre dos candidatos y dos partidos o fuerzas aliadas – Héctor Yunes por PRI y Verde y Miguel Ángel Yunes por PAN, PRD y otros, para ir a una elección de cuatro.

Hoy, afirma Vázquez, lo hechos y el con-texto veracruzano hace que la elección sea ya de 4: “los Yunes, Cuitlahuac García, el can-didato de Morena, a quien conocen como el ‘pejezombie’, y yo”, comenta.

Vázquez hace proyecciones: dice que en Veracruz hay 6.4 millones de votantes que acudirán el domingo 5 de junio a 10,500 casillas y que si se logra una votación cobre el 80 por ciento eso garantiza una derrota se-gura para Héctor Yunes y quizá una más apr Miguel Ángel Yunes. Si continua el hundi-miento de los Yunes entonces la elección po-dría decantarse entre Cuitlahuac García y él.

El candidato del PES confía en que su penetración vía redes sociales lo mantendrá como el de mayor crecimiento en el proceso electoral veracruzano, y asegura que como el 80 por ciento de los votantes se locali-zan en 40 ciudades de los 212 municipios veracruzanos, es decir en zonas urbanas, el crecimiento vía redes sociales y medios de comunicación será determinante.

Hoy, afirma El Pipo Vázquez -que es así como aparecerá en la boleta electoral gracias al Artículo 197 que permite que los candi-datos sean votados por su mote-, nada está escrito en esta elección.


* El nuevo embajador de México en Washington va por una organización de combate* El peso económico, cultural, poblacional de los mexicanos es determinante, dice

* La negociación con el gobierno de EU es multitemático, complejo y muy delicado


Carlos Sada, un embajador para la guerra

Sin andarse con rodeos, como suele ocu-rrir con todos los embajadores, Sada dijo que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es la de ir a organizar a los 35 millones de mexicanos en EU —6 de indo-cumentados, 6 de residentes y 23 de nacidos allá pero descendientes de mexicanos—, para que, como ocurre con otras nacionali-dades —un ejemplo a seguir es la comuni-dad judía—, pueda haber, cuando se requie-ra, una respuesta inmediata de todos ellos en favor de los intereses de México.

Esta urgencia surge hoy, indica Sada, por el muy posible ascenso de Donald Trump a la Presidencia de EU.

Es importante que frente a esta ame-naza, dijo, entendamos la dimensión de la presencia de México en EU, y que se tome conciencia de lo importante que puede ser que se capitalice esta presencia en todas y cada una de las circunscripciones.

En esta tarea será esencial la coordina-ción que alcancen los 58 consulados de Mé-xico en EU. Todos ellos deberán participar en una campaña especial de información y relaciones públicas que generen una ima-gen más balanceada de México, y para res-ponder a ataques infundados y distorsiones de la realidad durante las diferentes etapas de la campaña electoral de EU.

“Ayer mismo, los que pudieron ver el discurso del señor Trump por su victoria en Nueva York, el país que toca otra es vez Méxi-co… de manera que esto nos ha hecho vulne-

rables, seguramente porque no hemos tenido una estrategia sistemática, que es parte de esta nueva estrategia que se está ahora lanzando.

“Se buscará hacer de los consulados modelos de promoción, de difusión, de comunicación, sin descuidar la protección y la documentación que son la piedra angu-lar de nuestras representaciones”, sintetizó.

En síntesis, su plan es acotar el discurso exacerbado de Trump contra México y los mexicanos, organizando para ello una res-puesta de los mexicanos en EU.

Esta tarea de organicidad y coherencia a la acción de los 35 millones de mexicanos en EU, tiene varios puntos en favor y un ele-mento en contra, dijo.

El punto en contra surge del carácter pasivo de los mexicanos, quienes sistemáti-camente se niegan a participar y a reaccionar como sí lo hacen otras nacionalidades.

Los mexicanos en EU, explica Sada, son los últimos en intentar arreglar su calidad migratoria y residencial frente a, por ejem-plo, los asiáticos o los europeos que apenas llegan a territorio estadounidense y ya están buscando arreglar sus papeles de residencia.

Por eso se buscará que además de tra-mitar sus documentos mexicanos, busquen los norteamericanos obtener la doble nacio-nalidad lo cual les daría un poder por sobre otras nacionalidades, dice Sada.

No se trata de que dejen de ser mexica-nos, sino que mantengan su nacionalidad y además adquieran la estadounidense.

No recuerdo otro embajador de México que haya mos-trado tanta claridad en sus objetivos, como lo hizo ayer Carlos Manuel Sada, nuevo representante de México

ante Estados Unidos.



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“Se buscará que obtengan la doble nacionalidad, simple y sencillamente porque de esa manera son ciudadanos de pleno derecho; simple y sencillamente porque no serían deportables, porque una persona que ya es ciudadana americana no puede ser deportada; simple y sencilla-mente porque tendrían acceso a mejores condiciones de vida, a mejores puestos de trabajo”, enumeró el embajador.

Todo ello lo dijo ayer en la presentación de su programa de trabajo ante las comisio-nes de Relaciones Exteriores del Senado.

Ahí dijo que ya basta de que nos den una bofetada y pongamos la otra mejilla.

“Me parece que eso no puede ser, y es porque no hemos tenido esta estrategia para poder armar una estructura que reaccione automáticamente, que tengamos los meca-nismos de reacción adecuados, desde, por ejemplo, si hay un acto de violencia por cri-men de odio, que no sea nada más el Con-sulado el que tenga que reaccionar; sino me he propuesto aplicar toda una estrategia con todo tipo de autoridades, sociedad civil, allá y acá, pero allá; para que tenga una conse-cuencia. No esperar a que nos insulten o a que tengamos una situación coyuntural”, subrayó.

Recordó que el intercambio económi-co y comercial bilateral ascienden ahora a más de 531 mil millones de dólares anuales. Con la consecuente generación de millones de empleos en ambos lados de la frontera.

“Si ya el 80 por ciento de los pro-ductos que México produce se van a los Estados Unidos, si ya tenemos una comuni-dad tan grande, me pare-ce que tenemos que di-señar esos mecanismos para que efectivamente podamos tener una ma-yor presencia”, insistió.

Dijo luego que un factor muy importante es que varios estados tie-nen cada uno millones de migrantes mexicanos en EU. Los guanajuatenses suman quizá un millón y medio, los poblanos sólo en Nueva York más de un millón, y así otros.

Entonces en su estrategia está el de con-vocar a los gobernadores a formar parte de esta estrategia de organización de los intere-ses mexicanos en Estados Unidos.

Indicó que hoy por la conflictividad creada por Trump se olvida que junto con la elección presidencial en EU también

habrá renovación de 435 representantes (diputados) y 34 senadores del Congreso de Estados Unidos, que pueden cambiar la composición del Congreso en general. Y to-dos ellos se deberán elegir en cada uno de los 50 estados de EU.

Es ahí donde los mexicanos asentados en EU pueden hacer sentir su peso, formando grupos de interlocución con los candidatos a esos cargos.

Otro punto es el de la diplomacia cul-tural y educativa, como estrategia de forta-lecimiento de imagen.

“En alguna época se crearon varios institutos culturales de México, en parti-cular el Instituto Cultural Mexicano de San Antonio, el de Nueva York, los Ángeles y en la capital de los Estados Unidos, en Wash-

ington. Habrá que revisarlos, porque no están cumpliendo su pro-

pósito”, precisó.Otro punto más es de

la existencia de unos mil 400 clubes de oriundos, organizaciones, fede-raciones, que no están organizados, aglutina-dos bajo una estrategia, una cohesión que nos

haga tener un peso polí-tico mayor y de ahí vienen

todas estas diatribas, dijo.En fin, una tarea gigantesca

pero necesaria frente a la amenaza de Trump y la globalización.

“Yo creo que esto que nos está pasando sí es motivo de una reflexión profunda, por-que no puede ser que a lo largo de nuestra historia con toda la interacción que hay en-tre los dos países no tengamos esa presencia. Y, como dicen muchos congresistas de ahí, no tengamos el peso político que correspon-de a nuestro país.

“Lo de las armas, por ejemplo, es un tema brutalmente delicado en el ámbito de los Estados Unidos. Ustedes saben que la or-ganización que los financia es la lobista más poderosa que existe en los Estados Unidos.

“Nuestro punto de vista ha sido, porque ellos defienden mucho la segunda enmien-da, la constitución de los Estados Unidos, mediante la cual les permite a los america-nos tener no una, sino 10, 50, 100 armas… la segunda enmienda es algo interno, do-méstico en donde no nos metemos…

“Pero creo que sí tenemos que dialogar para que dentro de ese contexto no se permi-ta la exportación de armas a un tercer país, sobre todo al nuestro que tiene tal vulnera-bilidad porque no tenemos, las instituciones tan sólidas para controlar este flujo de armas y porque las armas pasan por la frontera, por esa misma frontera por donde de regreso, po-siblemente, o para allá pasan drogas.

“Entonces, es una responsabilidad com-partida, lo llevo como un tema de estrategia para poder empezar a posicionar ese diálogo.

“¿Por qué hay 14 mil ó 12 mil armerías de la frontera de México en Estados Unidos y en el resto del país es un número limitado? Digo, no se necesita ser sabio para saber que esas armas están siendo vendidas a personas que luego las contrabandean en México”, concluyó.


* Duarte de Ochoa no sólo es incapaz, afirman sus detractores, sino un tipo mala suerte* Guízar Valladares pidió abrir una profunda investigación sobre la Petroquímica Pajaritos

* Los senadores ratificaron ayer a 3 nuevos embajadores —el de EU incluido—, y varios cónsules


A Javier Duarte sólo le falta que le haga pis el perro…

A la ingenua pregunta de por qué Duar-te de Ochoa no corre esa preocupación, vie-ne la respuesta y la carcajada:

¡Porque es el único que, independien-temente de quien gane en Veracruz, tiene garantizado ir a la cárcel!

Con las cosas tan claras, para qué preocuparse, ¿no?.

Y es que a Veracruz bajo su mandato —si de alguna forma hay que calificar esa gestión—, le ha pasado de todo:

Actuación sin límite ni control del crimen organizado en todo el estado, se-cuestros, enfrentamientos, ejecución de periodistas, levantamiento de estudiantes que luego son asesinados e incinerados al igual que los de Iguala, violación de niñas y jovencitas, impunidad, saqueo de arcas públicas y desviaciones de muchos miles de millones de pesos denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación, en-frentamientos del gobernador con otros muchos políticos incluidos los de su parti-do, marchas de exigencia de renuncias del mandatario, desaparición del río Atoyac, degradación social y el proceso electoral de sucesión más sucio de todos.

Pero por sobre todo lo anterior, el peor desastre o mal fario enfrentado por los vera-cruzanos ha sido la llegada de Javier Duarte de Ochoa a gobernador de ese estado.

En Duarte coincidió no sólo la incapaci-dad para gobernar, sino la mala suerte.

Hoy, luego de todo lo vivido en su sexe-nio, a Duarte de Ochoa prácticamente sólo le falta que pase y lo pipiseé un perro.

Anteayer, como una desgracia más en su despedida, en Coatzacoalcos estalló una planta del Complejo Petroquímico Pajari-tos.

A ese evento siguió el siguiente men-saje vía Twitter del gobernador: Se atiende emergencia por explosión en Complejo Paja-ritos #Coatzacoalcos. Se activan protocolos de atención.

Hasta ahí todo hubiera sido normal, dentro en un momento como ese… salvo que al mensaje de Twitter, quienes le operan redes sociales al gober, le pusieron la imagen de una explosión que podría tomarse como una oportuna ilustración lo ocurrido en la petroquímica de Coatzacoalcos.

En los corrillos políticos circula la broma de que Javier Duarte, gobernador saliente de Veracruz, es el único man-datario de los 12 que serán relevados a partir de la elección

del 5 de junio próximo, que no tiene la preocupación por saber cuál será su futuro luego de dejar el mandato.



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¿Pero qué creé Usted? Resulta que al-gunos que no creen nada de lo que hace el gober veracruzano se pusieron a buscar y encontraron que la foto del mensaje no era del estallido en Pajaritos, sino ¡¡¡de la guerra de Siria!!!

Poca seriedad del mandatario, y nula capacidad de controlar a los suyos quienes lo exponen como un sujeto poco confiable.

DEBATE EN SAN LÁZAROLo cierto es que en la explosión de la pe-troquímica fallecieron 13 trabajadores —de los cuales sólo 7 han podido ser identifica-dos—; 136 resultaron lesionados de los cua-les 24 están hospitales —13 en estado gra-ve— y 18 declarados como “desaparecidos”.

El hecho motivó que el diputado fede-ral Gonzalo Guízar Valladares subiera el tema a Tribuna y, de entrada, pidiera guar-dar un minuto de silencio del pleno por los afectados.

Desde ahí exigió además solidaridad del Congreso y del gobierno federal hacia los trabajadores de Pajaritos y sus familias y pi-dió iniciar una investigación a fondo de lo acontecido.

“Que no solamente se diga que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, sino que de esa investigación haya conse-cuencias de sanciones a los mandos medios y superiores y responsables de este lamenta-ble accidente.

“Por otro lado pido se haga una pregun-ta a Petróleos Mexicanos: ¿por qué Petróleos Mexicanos es socio minoritario en esta pe-troquímica denominada Mexichem-Pemex?

“Qué explique si esta sociedad se convi-no antes o después de la reforma energéti-ca”, insistió.

Y adelantó que si la PGR o quien co-rresponda hacerlo no emprende una inves-tigación amplia y profunda de este caso, él estaría abierto a formar parte de una Comi-sión Legislativa Pluripartidista Investigado-ra de todo lo referente a Pajaritos.

“Por su puesto que estamos dispuestos a esa investigación, por supuesto que le da-remos seguimiento puntual, no solamente como partido…“

Guízar Valladares es originario de Coat-zacoalcos y además de ser el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, es líder del Partido Encuentro Social en Veracruz.

El resto de las fracciones parlamentarias apoyaron las peticiones de Guízar.

RATIFICARON A SADAEn un proceso de menos de 24 horas, el Ple-no del Senado aprobó el nombramiento de Carlos Manuel Sada como nuevo embaja-dor de México en EU y momentos después le tomó protesta para ocupar este cargo.

De igual forma se aprobaron nombra-mientos para otros embajadores y consu-lados.

Es así que desde ayer Marcos Augusto Bucio Mújica y Héctor Eduardo Velasco Monroy son cónsules generales en El Paso y San Antonio, en Texas, mientras se ratifica-ba a Francisco Javier Díaz de León, Emilio Rabasa P. Gamboa, María de los Remedios Gómez Arnau, y Diego Antonio Gómez Pickering, como cónsules generales de Mé-xico en Atlanta, Georgia; en Boston, Mas-sachusetts; Raleigh, Carolina del Norte, y Nueva York, Nueva York, respectivamente.

José González López es también Cón-sul en Dallas, Texas, en tanto para Nogales y Phoenix, en Arizona, se ratificó a Ricardo Santana Velázquez y Claudia Franco Hi-juelos.

Ana Berenice Díaz Ceballos Parada fue aprobada como nueva cónsul General en la formidable ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá, mientras que por 73 votos a favor, 10 en contra y cinco absten-ciones fue ratificado el exgobernador de Coahuila, extitular de Sagarpa, el empre-sario Enrique Martínez y Martínez como nuevo embajador de México ante la Repú-blica de Cuba.

El Pleno senatorial igual ratificó a Jesús Alberto López González como embajador de México ante la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Barbados y Surinam, así como Representante Permanente de Méxi-co ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con sede en Puerto España, Trini-dad y Tobago.

Otro nombramiento aprobado fue el de Margarita Pérez Villaseñor como Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil.

Todos ellos tomaron rindieron protesta ante el Pleno del Senado y recibieron felici-taciones y buenos deseos de los legisladores.


D e pronto, como caída del más allá —pero es más acá—, aparece otra filtración —una más— en la que se

expone una llamada privada de Vidulfo Rosa-les Sierra, abogado de los padres de los “43 de Ayotzinapa”; en esta llamada presuntamente habla con su esposa a la que expresa su fastidio por la carga personal con los demandantes.

Según esta filtración Rosales Sierra (quien es miembro del Centro de Derechos Huma-nos de la Montaña Tlachinollan ONG que se ocupa de la defensa de grupos indígenas de la sierra del estado de Guerrero) dice a su mujer: “No mames, también no sabes qué pinche molesto. Y luego hay unos padres medio ojetes; van subiendo las madres, o sea, van subiendo las madres de familia, este, no es para que dejen que ellas suban, no, ellos primero se suben, ellos primero se forman… no ven que hay unas madres grandes…

“ Pinches indios piojosos y ahí ando como si fuera un papa regañando escuincles ( ) Conseguimos cobijas, vinieron a dejar las cobijas, ahí estamos bajando las cobijas, o sea, yo como abogado tengo que estar ba-jando las cobijas, pero ‘a ver, padre, échenos la mano aquí’. Ahí están sentados los padres, nomás se quedan viendo, ¿no? Y ni siquiera quieren sus cobijas, no mames, se pasan ya de gaver también, o sea, ¡me da un puto pin-che coraje, güey!” Y así en adelante.

Días antes, en un video transmitido —como la grabación anterior— en redes socia-les exhibía presuntos nexos entre los padres de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, con la or-ganización Guerreros Unidos, misma a la que se acusa de la desaparición de los muchachos. Según ese video los representantes de las vícti-mas habrían recibido 200 mil pesos, los cuales no fueron entregados a las familias…:

“Pa’ que quede claro quiénes son sus amistades y hasta dinero reciben los padres de los ayotzinapos y sus pinche disque abo-gaditos… ¿por qué reciben dinero de los Guerreros Unidos? ¿Cuál es el objetivo de su dizque movimiento en nuestras comuni-dades? ¿Quieren calentar la plaza? Ojos con las consecuencias. Atte: Los Rojos”…

Días antes la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el resultado de un peritaje del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la que uno sólo de los integrantes decía que

había evidencias de que en el basurero de Cocula, Guerrero, hubo la quema de perso-nas —17—, aunque no precisa si se trata de los normalistas de Ayotzinapa. Esto, presen-tado como conclusión al lado de la PGR…

El grupo de integrantes de la misma GIEI se apresuró a negar la veracidad de lo dicho ahí, aunque aceptó que era un docu-mento preliminar, no obstante, el miércoles 13 de abril, el gobierno mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos (CIDH) el retiro del grupo. Según Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Gobernación, “ha transcurrido un tiempo suficiente, un poco más de un año de traba-jo de los expertos, y por tanto ya es tiempo de que el grupo (GIEI) presente las con-clusiones y recomendaciones al Estado”… Cosa que ocurrió. Se van.

Extraña coincidencia de todo esto en un lapso muy breve: intervención de llamadas, filtración y exposición de éstas en redes so-ciales y su paso a la prensa y medios electró-nicos y digitales, exhibición de problemas al interior del grupo de los “43 de Ayotzi-napa”, propicio de confrontación entre los representantes y su abogado, división del grupo del GIEI, presunción de corrupción de los dirigentes del grupo de los “43” exi-gencia del retiro del GIEI…

Hay ilegalidad por la intervención tele-fónica en el caso del abogado Rosales Sierra y la hay en la presunción de corrupción en la que se quería involucrar a los represen-tantes y al grupo de los padres de los “43 de Ayotzinapa”. Tan sólo en estos dos casos la PGR debería investigar y señalar a los res-ponsables de este delito. Es claro que hay un interés marcado en descalificar a quienes in-tegran a este grupo para debilitarlo y apurar una solución pública a como dé lugar.

También, en unos cuantos días se pone a la vista de todos el nerviosismo del gobierno mexicano por terminar con el tema de Ayo-tzinapa. Un asunto que ya es tragedia social y que persigue a este gobierno desde la no-che del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición de los muchachos.

Contradicciones de la autoridad. Len-titud en el procedimiento de investigación. Verdades Históricas no comprobadas. De-tención de implicados sin obtener verdades por la vía de las declaraciones. Presentación de una “versión publicable” de lo ocurrido y del proceso Confrontación con organismos internacionales que no dicen lo que se quie-re que digan y más

A cada paso que da el gobierno mexi-cano en el exterior está presente el reclamo; cada día está ahí la desaparición forzada sin solución aún y sin argumentos sólidos que generen confianza social. Hace apenas unos días durante su gira por Europa, al presiden-te Enrique Peña Nieto le confrontaron orga-nizaciones de mexicanos en el extranjero, y extranjeros: por Ayotzinapa.

La Canciller alemana Angela Merkel en su presentación pública con el presidente mexicano el martes 13 de abril se refirió al caso Iguala y ofreció la ayuda alemana para solucionarlo así como también para solucio-nar el crimen organizado en México. Dos temas que se apartaban de la agenda mexi-cana, referida a las famosísimas y descono-cidísimas Reformas Estructurales del actual gobierno mexicano.

Es natural que el gobierno mexicano quiera dar por terminado el tema Ayotzi-napa. Le cala en su imagen pública de go-bierno bien habido. Pero esto no podrá ser a partir de una estrategia de filtraciones, acu-saciones, negaciones y pleitos casi callejeros con organismos internacionales. La única defensa que tiene este gobierno para salir avante en esta situación es la de dejar de de-fender y la de la verdad. Ese es el eje central de la solución a su problema.

“¡Indios piojosos!”Por Joel Hernández Santiago

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E l tema recurrentemente es objeto de acendrados debates. Regresa por conveniencia política y al convenir

poner el acento en el abultado monto que suponen tales pensiones, contrastadas con maltrechas finanzas públicas, preguntándo-nos qué nos parece su existencia tal como se pagan. Desde luego que los políticos que vo-ciferan no hablan de renunciar a sus bonos, prebendas y demás abusivas premiaciones que se asignan con cargo al mismo erario al que se enchufan las pensiones de los expresi-dentes. También dígase eso.

Quitarlas no, replantear sus montos sí, y las razones que alegan su exorbitante canti-dad y rubros cubiertos. Revísese las existen-tes y disminúyanse a cantidades dignas, de-corosas, necesarias, pero no abusivas como las actuales.

Se diagnostica de manera correcta el problema: ¿por qué la Patria debe de pagar una abultada, extenuante y eterna pensión a servidores públicos que ocuparon la jefatura del Estado tan sólo por 6 años? El caso para-digmático de Luis Echeverría lo agrava todo: que ha sido expresidente por ya próximos 40 años, y nos lo pone fácil: suena excesivo e injusto en los montos que cobra. Mas el diagnóstico debe poner el acento en lo mal llevadas que están las finanzas públicas: en su conteo, determinación, fijación de montos y motivos para pagar pensiones. Es un todo y no se limita a temas de simple transparencia. Tiene que ver mucho más con la manera en que se concibe el cargo público y lo que debe derivar de sí. ¿Qué eso lo delimitaría la trans-parencia que no existe? No, esa es justo la trampa. La transparencia puede avalar injus-ticias transparentes y legales, que nada tienen que ver con rendición de cuentas, pues esas se rendirán aún con montos excesivos, que es lo que sí debería de evitarse.

Es excesivo no sólo la pensión de los expresidentes, sino el opaco criterio de de-terminación y designación de rubros desco-nocidos al detalle, de las demás prestacio-nes otorgadas a exmandatarios, a cargo del Estado. Mientras De la Madrid o Salinas tenían mediana trayectoria burocrática, Fox no. Peña Nieto apenas cuenta con antece-dentes muy magros y pocos años de servicio público. ¿Todos perciben lo mismo?, todos

tendrán pensiones elevadísimas. Y no parece haber un criterio definido en pro de ir tiran-do a una menor y mucho menos especifi-cando lo que sí y lo que no deben de cubrir. Porque se sabe que se pagan hasta elementos de seguridad a cargo del Estado resguardan-do a los expresidentes, pero poco se conoce a ciencia cierta.

Los montos de la pensión a expresiden-tes suenan opacos, míticos, fabulosos y están sujetos a la opacidad. Suenan a capricho, de-terminismo, carencia de una definitoria desig-nación y la presencia de cierta vergüenza. Sue-nan a arbitrariedad en la fijación, a pusilánime y nunca explicada lógica a los ciudadanos que la pagan, en la determinación de su monto y a desconocimiento de qué temas sí abarcan y de lo que no cubren. Y ni visos de detallarlo todo a la opinión pública, que reclaman con justicia una revisión urgente del tema.

Poco importa si el personaje vive muchos años o se nos juntan varios (ya suman 5 ex-presidentes y nos acercamos al sexto) o si lo merece o no su desempeño, cosa harto deba-tida y sumamente subjetiva, después de todo.

No se antoja posible desaparecer las pensiones ni será lo justo, pero sí sería con-veniente y muy justo fijar reglas precisas de ahora en adelante y bien dispuestas a los ojos de todos. Porque las pensiones cuestionadas reflejan no la cantaleta de la falta de trans-parencia y rendición de cuentas --ojalá que sólo fuera eso-- sino un desbarajuste de las finanzas públicas, que termina transitando también por ese escabroso asunto, que no debería de serlo si hubiera claridad y mucha responsabilidad en la fijación de un monto razonablemente sensato y justo.

Ni quitarlas ni dejarlas como hasta aho-ra, intocadas. Las pensiones presidencia-les merecen ser revisadas y sí, incluso con la participación de sus destinatarios. Es hora de que digan a cuánto ascienden sus verdaderos gastos, para justificar semejante

monto y precisando cuáles gastos deben ser y cuáles no debe de cubrirles el Estado. Y ajustarlas a la baja. Quizá ciertas prestacio-nes se duplican, justamente por opacas.

Las crecidas pensiones presidenciales son sólo la punta del iceberg del abuso y el des-pilfarro. Hemos visto el aguinaldo escanda-loso del presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México: 887 mil pesos. O la pensión de Moreira, que alcanza por menos los 35 mil mensuales, o aquella de Gurría en cifras y privilegios que tantos servidores públicos y ciudadanos de a pie nunca verán ni por error. Revelan una discrecionalidad sostenida a costillas de todos. Y obedece en gran medida a un simple: porque sí.

¿Debe existir una pensión de expresi-dente? Sí, pero ha de fijarse el monto de tal que defina rubros cubiertos y justificados. No opacos y excesivos como hasta hoy. No puede ser indefinida en sus alcances ni ser erogación insufrible y sí decirnos en qué será sensato otorgarla y cuáles rubros reba-san toda lógica, porque mantener escoltas y prebendas suena abusivo. Las pensiones de antes y las posteriores deben ser reduci-das, estableciendo actualizados protocolos que definan el monto a pagar de por vida. Porque en el fondo subyacen las preguntas: ¿qué les debe el pueblo de México?, ¿por qué parecen tan altas las prestaciones recibidas, inclusive rebasando el sueldo devengado cuando ejercían el cargo? Hay muchas más preguntas para un tema que debe importar a la opinión pública, justamente por su poca transparencia. La ciudadanía lo merece.

El tema amerita atenderse. Urge porque es una sangría brutal a las finanzas públicas, siempre tan maltrechas. Para quienes plan-tean la política como cosa de exquisitos, que lo sepan: el ciudadano ignorará muchas cosas de ella, pero sí sabe que paga todo el tinglado. Eso basta para ejercer su derecho a transparentar este asunto.

¿Quitar las pensiones a los expresidentes? Mejor redefinirlas

Por Marcos Marín Amezcua

Columna Sin Miramientos


M éxico es un país que maneja de manera genial la legislación sim-bólica. Esto consiste en generar

grandes leyes e instituciones que parecen vi-vir una ineficiencia planeada, y la falla parece ser intencional. Tenemos un buen ejemplo en el terreno de los Derechos Humanos (DH).

El cuerpo legal de los DH es avanzado y se enriquece constantemente, aunque las leyes no se cumplen, hasta parece que en ese terreno se cumple a cabalidad la máxima de que la ley se hizo para violarla, aunque por lo general el violador es el gobierno.

Ante la crítica a las violaciones sistemáti-cas de DH, se creó hace mucho tiempo la Co-misión Nacional de los Derechos Humanos con su correspondiente en los Estados, que parecen haberse pensado para que su acción fuera marginal: Aparte de defender a algunos criminales que sufrieron el abuso de las poli-cías, se han asegurando de mantener los silen-cios cómplices convenientes para el sistema.

El gran elefante blanco de la protec-ción de Derechos Humanos consiste en que burócratas que llegan a las presidencias y visitadurías lo hacen como resultado de componendas políticas y actúan en base a consignas cofrádicas. No sorprende que la Comisión de Chihuahua trivializa la protec-ción a los Derechos Humanos al dar cauce a la demanda de una persona que cometió el delito de plagio, o de estudiantes que de-mandaron por no cumplir con requisitos es-colares. O que el presidente de la Comisión Nacional esté acusado de plagio.

Es sorprendente el silencio de la Comisión Estatal de Guerrero o Veracruz ante la desapa-rición de estudiantes, o la de Chihuahua fren-

te a las violaciones de Derechos Humanos en manos del ejército y la policía federal.

Uno de los temas que ha estado en los titulares de los medios es la acción errática del gobierno federal ante instancias interna-cionales que atienden con mayor eficacia la violación sistemática de los derechos huma-nos en México. Es consistente el reporte del Departamento de Estado sobre violación de derechos humanos así como las alertas cons-tantes para que sus ciudadanos se absten-gan de visitar diversas zonas de México. El gobierno no permitió la entrada al país del relator contra la tortura de la ONU.

Después de muchos jaloneos el gobierno dio por terminada la gestión del Grupo In-terdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interame-ricana de los Derechos Humanos, no sin an-tes agredir al secretario ejecutivo de la CIDH.

Esta por verse si el INE y la FEPADE ac-túan frente a la denuncia que el PRI registró como miembros del partido a personas des-aparecidas y asesinadas por el crimen auto-rizado, así como a gente que están pidiendo asilo político, al tener que huir del crimen autorizado, este implica la asociación estre-cha entre los criminales y el Estado.

Pero la realidad que es muy terca se em-peña en corregir lo que dice el gobierno.

En un evento reciente, fue grabada una sesión de tortura a una mujer, participaba una mujer militar y dos policías federales. Ahora son sensibles, y una mujer tortura a una mujer, dándole a escoger el tipo de tortura preferida: Sofocamiento con bolsa de plástico, ahogamiento con agua, toques eléctricos. Postura muy democrática.

El secretario de la Defensa, el general Cienfuegos salió a pedir disculpas por la tortura, mientras la torturada está en la cár-cel y su soldada seguramente será declarada inocente por haber cometidos faltas a la dis-ciplina militar (a quién en su sano juicio y disciplina castrense se le ocurre dejarse grabar mientras tortura a una ciudadana). No se dis-culpó el militar cuando sus soldados ejecuta-ron a un grupo de civiles en Tlatlaya, aunque se aseguró que un tribunal militar los decla-rara no culpables. Hace años Human Rights Watch recomendó que las violaciones contra civiles sean juzgadas por tribunales civiles, pero los militares se oponen rotundamente.

¿Y las comisiones de derechos humanos? Ahí cobrando salarios monumentales y cui-dadosas de no ofender a los militares.

Llegamos a la situación en la cual la so-ciedad mexicana dedica cada día más esfuer-zos y energías a defenderse de la impunidad en lugar de dedicarse a producir.

Las víctimas se tienen que convertir en ac-tivistas porque la justicia camina con pies de plomo y siempre a favor del poder. Los fami-liares de los 43 luchan contra el crimen autori-zado igual que los familiares de los desapareci-dos en Veracruz. El padre de Daphne, la joven violada en Veracruz lucha contra un sistema que protege a los violadores cuyos padres tie-nen una fuerte cercanía con el poder político.

El gobierno mexicano insiste que casos como la torturada filmada es esporádico (menos mal), y que en el país la tortura no existe aunque se sostenga que en la realidad es un método de investigación policiaca. Pero si la realidad contradice la voz del go-bierno, que se joda la realidad.

Déficit en Derechos HumanosPor Samuel Schmidt


Artículo

E s poco recomendable opinar sobre la política basándose en primeras impresiones, toda vez que todo

acto público es resultado de reglas del jue-go, motivaciones de actores y coyunturas. Lo anterior es más importante si se desea “aclimatar” un resultado a nuestro país. Dejarnos llevar por la víscera sólo lleva a argumentos simplismos y posiciones mani-queas que terminan bloqueando cualquier cambio.

Hace casi una semana la Cámara de Di-putados de Brasil inició el proceso de Im-peachment o Juicio Político contra Dilma Rousseff. Como sucede con todo debate público, abundaron las posturas condena-torias contra la gobernante como las voces que afirmaban que la estaban victimizan-do. Otros se escandalizaron del espectáculo mediático, cuando en realidad alrededor de 60 por ciento de los diputados están sien-do procesados por diversos crímenes. ¿Qué pensar?

Primer punto: el Juicio Político es, como su nombre lo dice, un control político a ma-nos del poder legislativo contra los titulares de los poderes ejecutivo y judicial en un ni-vel de gobierno. Inicia, como diría Woodrow Wilson, por lo que los legisladores conside-ren. Así de arbitrario se concibió en Estados Unidos y se copió en casi todos los sistemas presidenciales. Nuestros vecinos del norte lo iban a iniciar contra Nixon por Waterga-te y lo hicieron contra Clinton por Monica

Lewinsky. Y nadie se ha victimizado ni alegado que se trata de un “golpe de esta-do legal”.

Sin embargo, el jui-cio político es la bomba atómica: acaba con el acusa-do y también afecta a todo el siste-ma. Al ser un mecanismo extremo, quienes lo inician deben tener mucho cuidado al medir el impacto y las consecuencias. Esto lo estamos viendo en Brasil: si gran parte de los legisladores son parte de un sistema corrupto, también van a asumir costos polí-ticos en las siguientes elecciones.

¿Están siendo procesados los diputados implicados en escándalos? No: los legislado-res de todo el mundo gozan de una prerro-gativa conocida como “libertad de arresto” o “inmunidad procesal”, lo cual significa que no puede iniciar un proceso legal sin la au-torización del pleno. El problema en Brasil es que el presidente de la cámara, quien de-termina si hay o no móviles políticos tras las acusaciones, es parte del escándalo. Habrá que revisarse este procedimiento en su mo-mento para que no sirva de intercambio de favores para la impunidad.

¿Por qué les pareció fácil a los diputados brasileños dar un paso tan radical? El siste-ma electoral de ese país es de representación proporcional, lo cual fomenta el pluripar-tidismo y por ello ningún partido tiene la

El impeachment de Rousseff, sin víscerasPor Fernando Dworak

mayoría suficiente para tener garan-tizado el apoyo del

Congreso. Si bien en los sistemas parla-

mentarios se recurre a coaliciones de cuya dura-

ción depende el mandato de un primer ministro, en Brasil las

coaliciones se hacen para tener mayorías en el órgano legislativo sin que de ello dependa la supervivencia del gobierno. El resultado: los partidos pequeños no tienen incentivos en formar parte de la coalición más allá del intercambio de prebendas e incluso la corrupción abierta. En caso de haber un escándalo, no les cuesta dejar la coalición, como sucedió el domingo pasado. ¿Recor-darán esto los electores en las siguientes elecciones? Quién sabe.

¿Y el circo mediático? Desde los años cincuenta del siglo pasado se ha descubierto que la conducta de los legisladores en todo el mundo cambia radicalmente cuando tie-nen cámaras en las sesiones. Es decir, el in-terés no es por el debate sino por dar nota para el noticiero en horario “Triple A”. Por ello se atreven a dar hasta la declaración más estrambótica. En este caso, se les dio a todos la oportunidad para aparecer en cadena na-cional, aunque sea por unos segundos. Lo que vimos en Brasil sucedería, en circuns-tancias similares, hasta en las democracias que consideraríamos “avanzadas”.


¿Es cultural la corrupción o qué es?Por Armando Reyes Vigueras

@AreyesVigueras

Del tintero

Las campañas en las 13 entidades que renovarán gubernaturas, presidencias municipales o legislaturas locales no encienden el entusiasmo entre la ciu-dadanía. Vamos, ni siquiera en redes sociales circulan los famosos “memes” con relación a candidatos o sus ocu-rrencias. Esperemos que esto cambie, pues nos están dejando sin material para los medios.

Mundo electoral

L a declaración de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, con relación a que la corrupción es un

asunto cultural, generó toda una polémica principalmente en redes sociales, en el mar-co de la discusión en el Poder Legislativo de las iniciativas anticorrupción. Sin bus-car defender al funcionario, las respuestas a su dicho mostraron que si bien muchos no concuerdan con su afirmación, tampo-co ofrecen respuesta a la naturaleza del acto que para muchos describe a la perfección a buena parte de la clase política nacional.

Duda existencialDefinir la naturaleza de la corrupción es algo complicado. Para unos se trata del producto de la impunidad y de un sistema que privile-gia el enriquecimiento por encima del servi-cio. Para el secretario de la Función Pública, “no es un tema racial, sí es un tema cultural, pero cultural como seres humanos”, puesto que “forma parte de los seres humanos que siempre buscamos rentabilidad comercial y respondemos a otros incentivos”, de acuer-do a distintas notas de prensa que abordaron el evento en el que se dio dicha declaración.

No sobra mencionar que en el portal de la dependencia, el discurso que se ofrece al pú-blico no cuenta con la información que gene-ró la polémica que abordamos en este espacio, lo cual puede verificar el lector en este enlace: http://www.gob.mx/sfp/prensa/mensaje-del-titular-de-la-sfp-durante-la-inauguracion-del-foro-la-informacion-en-el-combate-a-la-corrupcion-como-nos-arreglamos

Con las palabras antes citadas, la polé-mica se encendió en redes sociales así como

en medios tradicionales y digitales, pero sin que se ofrezca una respuesta a la naturaleza de la corrupción.

La oficina contra las drogas y el crimen de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC), define a la corrupción como un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Entre los esfuerzos del organismo —que también se ha visto envuelto en actos de corrupción— para contener este flagelo, se encuentran una serie de iniciativas para que los estados miembros emprendan accio-nes para reducirla.

La UNODC considera que el concep-to de corrupción es “amplio”, pues incluye “soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la com-pra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas”.

En México, las organizaciones impulso-ras de iniciativas ciudadanas han presentado el catálogo de actos de corrupción, como una forma de crear en la sociedad los incentivos necesarios para que se repudie esta práctica.

De igual manera, la UNODC ha pro-puesto la Convención de las Naciones Uni-das contra la Corrupción, la cual realizó su primera sesión en Mérida el 29 de septiem-bre de 2003. Por supuesto que México es uno de los países firmantes de la convención y, quizá, uno de los muestrarios más prolífi-cos en la materia.

A esto se suman diversas disposiciones en este tema promulgadas en la presente década, por los Poderes Legislativo y Ejecu-tivo, como la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi-cos, así como el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, a lo que se suman las iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción que se discute en el Congre-so de la Unión en estos momentos.

Con todo, la percepción de la sociedad es que la corrupción ha ido en aumento en los últimos años. Diversos acontecimientos han abonado a ello, como el asunto de la Casa Blanca, la casa de Malinalco de Vide-garay, los contratos con Grupo Higa, di-versas denuncias relacionadas con Pemex y hasta el tema de los #PanamáPapers.

Sin duda se trata de un menú explosivo que sumado a la inacción del gobierno fede-ral, ha impactado en la aceptación y credibi-lidad no sólo del Presidente de la República y su gabinete, sino de cualquier funcionario público en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.

La falta de una definición clara de las causas que originan este fenómeno hace que la polémica siga encendida pues mien-tras que Andrade y Peña Nieto —recorde-mos que él fue el primero en usar esa de-finición— consideren que se trata de un asunto “cultural”, la forma de encararlo y las soluciones propuestas servirán sólo para crear más burocracia, una legislación más abultada y pocas sanciones que desmotiven a quienes la practican.

Nada más hay que recordar, evocando a Luis Cabrera, que a los corruptos se les acusa de rateros no de tontos o de lo que ustedes están pensando.


¿Qué ofrecen los partidos?Por Armando Reyes Vigueras

@AreyesVigueras

Del tintero

Hablando de batallas, la conforma-ción de los integrantes de la Asam-blea Constituyente en la Ciudad de México se está convirtiendo en una campal, en donde cada partido vive una lucha interna fuerte por los es-casos lugares disponibles. Otro pro-blema tiene que ver con la reducida difusión y el poco interés que los ha-bitantes de la capital están teniendo en el proceso.

Mundo electoral

M ás allá de las propuestas —que por lo general son pocas—, cada instituto político ofrece algo al

electorado que los demás no son capaces de dar, gracias a su ubicación en el espectro ideológico que ayuda a que cuenten con un electorado fiel, a la vez que contribuye a que los nuevos votantes se sumen a la causa. En estos tiempos de campaña, echaremos una breve revisión a lo que ofrece cada fuerza política en este tema.

VariantesCada partido es identificado no sólo por sus colores, siglas y distintivo electoral, sino también por su orientación ideológica, esa que le permite ondear ciertos temas que lo acercan a sectores sociales determinados.

Así, hablar de la Revolución Mexicana y la defensa de sus logros fue durante muchos años la principal bandera del priísmo, en tan-to que batallas como la que se sigue dando por el derecho a la vida o a una economía sin tanta presencia del Estado identifican al panismo.

En estas campañas estos temas son pre-sentados escasamente, en momentos en que es más rentable prometer que el actual go-bernador —como en el caso de Chihuahua y Veracruz— acabará en la cárcel si el candi-dato opositor gana.

Y es que para los actuales partidos, es más rentable buscar el voto de la franja de indecisos considerando que su voto duro se mantendrá, lo que les permitirá ganar la vo-tación en un contexto en que cada comicio se resuelve por diferencias escasas, como ha sido el caso de la presidencial en 2006 o un sinnúmero de comicios locales.

Así, esperanzados en que el elector fiel se mantendrá pese a lo que pase, los insti-tutos políticos buscan temas que impacten de manera inmediata en la decisión del elec-tor, como puede ser la situación económica, la seguridad pública, el abasto de agua o el desempleo.

Atrás quedaron los tiempos en que las campañas se basaban en mantener los logros de la Revolución, con mayúscula, o en evitar

que la reacción o el conservaduris-mo terminaran con los avances del pri-mer movimiento social del siglo XX.

A excepción del combate a la corrup-ción, que viene siendo bandera de la opo-sición —y a principios de la década de los 80 del siglo pasado por Miguel de la Madrid como candidato del PRI con aquello de “re-novación moral de la sociedad”—, y que se mantiene vigente, los temas que los partidos ocupan en sus propuestas de campaña tie-nen que ver más con la coyuntura que con su ideario.

El PAN ha dejado de lado —momen-táneamente— aspectos como la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos, la defensa de la vida y la necesidad de que regrese la ética a la política.

El PRD menciona poco la necesidad de democratizar al país —en parte por los triunfos obtenidos en las urnas—, así como su lucha contra el régimen.

El PRI dejó de mencionar a la Revolu-ción Mexicana como fuente de sus logros y del actual Estado mexicano, tratando de presumir los logros del Gobierno Federal.

Sólo Morena se mantiene firme en su lucha contra los poderes fácticos, en parte por la presencia de Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de esa batalla un asunto que lo define como político y como candidato.

Del resto de los partidos, es poco lo que se puede abordar, algunos por su poca pre-sencia, otros por su juventud en el sistema político y otros porque carecen de credibi-lidad para enarbolar una bandera, como el caso del PVEM.

Es por lo anterior que los candidatos toman los temas que sus asesores les reco-miendan, previos estudios de mercado, para definir sus propuestas, lemas e imagen que presentarán ante el electorado. No es casual que en entidades como Quintana Roo, Chi-huahua o Veracruz la mala imagen del go-

bernador en turno sea aprovechada por los abanderados opositores para su estrategia electoral, al igual que hablar de la necesi-dad de que haya una alternancia política sea la constante en los estados en los que sólo ha gobernado el tricolor y se presenta una alianza entre el PAN y el PRD.

Lo que antes era una batalla en el terre-no de las ideas, con conceptos más elabora-dos, ahora se ha convertido en un festival de promesa que en realidad apuesta a la corta memoria del ciudadano, con temas que son del interés inmediato del elector. Ejemplos sobran en este particular, como el del ante-rior mandatario federal quien como candi-dato se presentó como el futuro “presidente del empleo”, lo cual no logró en su sexenio y no es impedimento para que se siga presen-tando en actos de campaña para apoyar a sus correligionarios sin rubor alguno.

Asimismo, que las campañas tengan un alto componente de ataques a los adversa-rios, es síntoma de que las ideologías tam-bién fueron guardadas para ser reemplaza-das por la mercadotecnia y algunas tácticas cuestionables, porque a final de cuentas ga-nar es lo único que importa en esta batalla por los votos.


Deudas, afiliaciones dudosas y ataquesPor Armando Reyes Vigueras

@AreyesVigueras

Del tintero

También un signo de la forma en que se desarrollan las campañas estatales es la escasez de “memes”, lo que implica que para los usuarios de redes sociales hay poco que utilizar en este campo, por no decir que estas están siendo aburridas y con pocas novedades. Ha-brá que esperar.

Mundo electoral

T res hechos recientes confirman que la política no cambia en México. Partidos que pese a los millonarios

recursos que reciben del INE recurren a créditos con los bancos para sus actividades electorales, padrones que lejos de reflejar la convicción de sus militantes son fuente de sospecha por afiliación ilegal y debates en los que sobran las acusaciones y faltan las propuestas, son sólo parte del anecdotario mexicano que confirmamos cada semana, en especial en época de campañas.

Las 3 de la semanaEn este espacio hemos abordado por sepa-rado varias de las características que descri-ben a nuestro sistema de partidos, eso que ha generado rechazo entre los ciudadanos. La realidad nos ha confirmado que lejos de que se modifiquen este tipo de cuestiones, siguen presentándose sin que alguno de los partidos busque un cambio.

Pasemos primero a los créditos que los partidos solicitan a la banca comercial. En una colaboración anterior mencionamos las millonarias cifras de dinero que los partidos reciben de la autoridad electoral para sus acti-vidades, así como los sueldos de los funciona-rios partidistas, además de algunos de los gas-tos —que se disfrazan, pues de lo contrario se tendría un escándalo diario— que de manera cotidiana se llevan a cabo en las instalaciones partidistas con variados motivos: comidas, cenas, incluso festejos de la fuerza política o de alguno de sus personajes históricos.

El recibir miles de millones del Estado ha generado que los propios partidos gasten en cosas que no tienen sentido y que no van a redituar en las tareas que, al menos en teo-ría, tienen asignadas, pues el dinero que se dedica a los sueldos no es comparable con lo que se gasta en cursos —a menos que eso implique alguna ganancia para los propios dirigente y sus amigos—.

Es así que en estos días, mediados de abril, nos enteramos que el Partido Acción

Nacional contratará un crédito por 119 mi-llones de pesos para apoyar las campañas estatales.

En enero de 2015, el PAN solicitó un préstamo por 342 millones de pesos; en 2011, Gustavo Madero, como presidente nacional del partido, reconoció una deuda de 250 millones de pesos; su antecesor, Ger-mán Martínez Cázares había endeudado al partido por 400 millones de pesos, todos los montos siempre bajo el mismo argumento: apoyar el tema electoral.

Hablamos de que en esta breve revisión de las deudas contratadas por el panismo, las cifras ascienden a cerca de 850 millones de pesos, para unos resultados electorales que han ido a la baja, pues desde la gestión de Martínez Cázares a la de Ricardo Anaya, el saldo en lo electoral es pobre, considerando la derrota en 2009 que forzó a la renuncia de Martínez, el cuarto lugar en la elección presidencial en 2012 y pocos triunfos esta-tales. Es decir, escasos resultados por deudas cuantiosas.

Sin embargo, es el partido que mejor paga a sus dirigentes.

Pasemos ahora al tema de los padro-nes partidistas. El PAN en la sesión de su Consejo Nacional del pasado 16 de abril confirmó a Ernesto Ruffo Appel como en-cargado de la reingeniería del padrón azul, además de dar a conocer que se contemplan medidas como la incorporación de la huella digital de los militantes para dar una mayor confiabilidad del listado.

Cabe recordar que la relación de mili-tantes panistas fue objeto de debate entre quienes contendieron el año pasado por la dirigencia nacional, Javier Corral y Ricardo Anaya.

Pero si las sospechas sobre el padrón del PAN no fueran suficientes, ahora nos ente-ramos que el PRI tiene mayores problemas.

Según una nota de El Universal, el trico-lor tiene 5 millones de registros de sus mili-tantes validados por parte del INE, faltando

otros 5 millones de recibir el visto bueno. Lo anterior luego de que reportes de medios indicaron que entre los 2.2 millones nuevos afiliados al PRI se encontraron personas reportadas como desaparecidas, fallecidas, militantes de otros partidos y hasta presas por delitos contra la salud, esto en el marco de una campaña priísta para superar los 10 millones de afiliados.

Sobra decir que el partido no ha aclara-do este tema.

Finalmente, los debates. En el contexto de las elecciones estatales para renovar 12 gubernaturas, se han presentado un par de debates en Durango y en Veracruz.

En la primera entidad la constante fue la descalificación de los adversarios, como en otros encuentros de esta naturaleza que buscan exhibir los errores del contrario, de-jando de lado las propuestas.

Pero en donde se dieron hasta “con la cubeta” fue en Veracruz, pues los candida-tos de las alianzas PRI-PVEM y PAN-PRD, Yunes ambos, llegaron al extremo de sugerir vínculos con la delincuencia organizada.

Es previsible que los demás debates que se presenten conforme avancen las campa-ñas tengan la misma intención de exhibir a los demás candidatos, en una lucha de lodo y no de propuestas, aunque puede darse al-guna excepción.

Así, la política mexicana continua impa-sible y sin mostrar deseos de cambiar.


Primeros audios de campañaPor Armando Reyes Vigueras

@AreyesVigueras

Del tintero

El INE aprobó algunas candidatu-ras independientes para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Méxi-co, que de independientes no tienen mucho. Abordaremos el tema en una próxima columna.

Mundo electoral

C omo hemos apuntado, los partidos en su afán de ganar recurren a cual-quier recurso para eliminar a los

contrincantes, es decir, obtendría la victoria el menos malo y no el que mejores propues-tas y currículo presente en la campaña. Aho-ra toca el turno a Veracruz, entidad en la que se renovará la gubernatura en el contexto de una administración estatal cuestionada y problemas de inseguridad, pero con una alta competencia electoral.

Voces del más alláTocó el turno a la cadena de televisión en es-pañol de Estados Unidos, Univisión, difundir un audio de una conversación entre Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Omar, en la que abordan la compra de varios inmuebles en la Unión Americana. Al hablar de cifras en millones de dólares, salta de inmediato la pregunta acerca del origen de esos recursos, considerando que Omar Yunes apareció en el escándalo de los mundialmente famosos #Pa-namáPapers, la documentación que involucra a políticos y empresarios de distintos países del orbe quienes habían invertido en empresas off shore gracias a un despacho panameño, lo cual habría servido —al menos en teoría y de ahí la gravedad del caso— para evadir impuestos.

Otro antecedente que pesa, son los seña-lamientos en contra de Yunes Linares, can-didato de la alianza PAN-PRD al gobierno jarocho, por malos manejos financieros en su paso por el ISSSTE y su cercanía con Elba Esther Gordillo. Todos los ingredientes necesarios para estallar un escándalo mediá-tico y en redes sociales.

Y es que si bien se trata de un tema que atrae la atención de cualquier ciudadano, aunque no sea partidario de Yunes, en reali-

dad refleja lo que es una estrategia de cam-paña para afectar a quien aparecía arriba en las encuestas. Al menos las semanas previas, el abanderado de la alianza azul-amarillo se ubicaba como el preferido en los sondeos de opinión, ofreciendo actuar contra el actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa, quien gracias a su desprestigio ha puesto en pro-blemas al PRI en estos comicios.

Para completar el cuadro, también la se-mana pasada Andrés Manuel López Obrador apareció para declarar que detrás de Yunes es-taba Carlos Salinas de Gortari en una campa-ña en contra de Duarte de Ochoa. Los segui-dores del tabasqueño, por supuesto, callaron ante una teoría que agrega aún más elemen-tos para que la campaña por la gubernatura de Veracruz se vuelva materia de portales sen-sacionalistas o de redes sociales especializadas en las teorías de la conspiración.

Pero haciendo a un lado estos elementos conspiranoicos, tenemos varios hechos que se deberán tomar en cuenta para evaluar este es-cenario. El primero tiene que ver con el tama-ño del padrón veracruzano, el cual después de entidades como Estado de México, Ciudad de México y Puebla es el que sigue entre los más numerosos, por lo que perder la plaza es perder votos de cara a futuras elecciones.

En segundo lugar, nos encontramos en un escenario electoral de alta competitivi-dad, en donde al menos dos de los abande-rados tienen posibilidades de ganar, ambos Yunes y apoyados por dos alianzas: la del PRI-PVEM y la PAN-PRD, además de la presencia de candidatos independientes como Juan Bueno Torio, expanista.

En tercero, el ambiente político en la en-tidad es uno de los más enrarecidos en el país. El gobernador no cuenta con altos niveles de

aceptación y de credibilidad, con una crisis de seguridad pública, agresiones en contra de periodistas, secuestros, así como otros delitos no aclarados por la procuraduría estatal que resuenan en medios tradicionales, digitales y redes sociales, por no mencionar las cuestio-nadas finanzas públicas estatales y los proble-mas con la Universidad Veracruzana.

Es en este marco en que se presenta la filtración del audio contra los Yunes. En primera instancia, uno podría pensar que es obra tricolor para afectar al puntero en las encuestas, pero es muy pronto para evaluar si realmente le hicieron daño al abanderado de la alianza panista-perredista o si este ma-terial lo termina beneficiando. Cabe recor-dar que quien está detrás de esta acción es el único que conoce el objetivo que buscaba, algo que podremos saber con el tiempo.

Lo que queda claro es que se inauguró la temporada de filtraciones 2016, que los parti-dos las siguen considerando en sus estrategias de campaña y que, prácticamente, todos los candidatos podrían ser objeto de una filtración de este tipo. Se ha demostrado que en nuestros partidos, tenemos personas con la suficiente falta de escrúpulos para recurrir a este tipo de recursos, provengan de donde provengan.

Por cierto, Miguel Ángel Yunes es de los políticos mexicanos más espiados, pues hace un par de años fue difundida otra conversa-ción suya por el portal SDP Noticias pero en esa ocasión con Ricardo Anaya, en ese mo-mento secretario general del CEN del PAN, en donde se les escuchaba hablar de millo-nes de papeles. Algunos lo interpretaron como si se tratara de dinero en efectivo, pero Anaya aclaró que eran firmas en el marco de la iniciativa para proponer un aumento al salario mínimo vía iniciativa ciudadana, un intento fallido del blanquiazul. Yunes haría bien en cuidar sus palabras.


Los nuevos ciudadanosPor Armando Reyes Vigueras

@AreyesVigueras

Del tintero

Los partidos comienzan a voltear a ver los problemas en sus padrones de mi-litantes, algunos plantean soluciones pero con la idea de que no afecte el número de miembros, ya sea porque no quieren perder la impresionante cifra de su listado o porque estarían en riesgo de perder el registro.

Mundo electoral

C on el auge de las redes sociales y los medios digitales, que permiten a cualquier persona generar conte-

nidos y difundirlos masivamente, se están dando cambios en la conducta de los ciuda-danos los cuales inciden en los procesos elec-torales. Ahora, los candidatos y sus equipos se enfrentan a cuestionamientos, reclamos y hasta burlas en redes, lo que antes sólo ocu-rría en algunos recorridos por las calles.

Novedades Internet ha cambiado la forma en que en las campañas interactúan candidatos y ciuda-danos. Desde luego que no se trata de des-cribir las estrategias que los partidos siguen para tratar de persuadir a los votantes, sino de llamar la atención acerca de la forma en que el contacto con los ciudadanos se ha modificado.

Por principio de cuentas, los candidatos ahora acuden a la cita en redes sociales arro-pados por un equipo que maneja sus cuentas y por asesores que los orientan en campaña. Estos últimos pueden contribuir a la campa-ña con los llamados “bots”, es decir cuentas creadas exprofeso para simular interacción con ciudadanos y así generar una imagen positiva para el candidato o atención acerca de una actividad o propuesta. También se crean cuentas para atacar a los adversarios.

Este escenario se repite por cada uno de los abanderados que participan en los pro-cesos electorales, pero estos equipos —en su mayoría improvisados y sin los conoci-mientos necesarios—, no están preparados para enfrentar a los nuevos ciudadanos conectados, aquellos usuarios que desean hacer valer su opinión y apoyar sus prefe-rencias políticas.

Así, tenemos a los cibernautas que cues-tionan toda la información que presentan los medios tradicionales, pues parten de la idea de que éstos mienten o porque odian al partido o al candidato, o se les paga para que lo hagan. Con igual rigor enfrentan los mensajes de los abanderados que no son de su preferencia, generando algunos episodios negativos si el candidato o su equipo equi-voca la respuesta.

Rechaza las opiniones que no coincidan con su punto de vista y se encargan de di-fundir aquellas que empaten con sus apre-ciaciones. Piensa que los asuntos del partido son exclusivamente de los simpatizantes y rechazan las opiniones de los demás. Los candidatos de su preferencia gozarán de un apoyo extra al que tenían considerado y los adversarios una lluvia de notas negativas que no sabrán cómo detener.

Algunos llegan a posiciones extremas, como creer que son los únicos demócratas, cualidad que no reconoce en militantes de otros partidos o ciudadanos sin membrete, mucho menos en los representantes parti-distas que no son de su agrado, por lo que se encargarán de dar a conocer los errores, vicios o peligros que implica una determina-da persona en busca de un cargo de elección popular, como sucede de manera cotidiana con el actual dirigente nacional de Morena.

También piensan que la ropa sucia se lava en casa —este es uno de sus principios más expresado en redes—, aunque sean los propios militantes de su partido quienes sacan a la luz problemas internos. Pero, en contraste, no tienen empacho en dar a co-nocer lo que pasa en la casa del contrario, incluso si no está confirmado el dato.

Sus debates con otros usuarios, perio-distas y políticos son cotidianos, llegando a utilizar una gran cantidad de recursos, como los famosos “memes”, enlaces a portales que difunden información que empata con sus opiniones o propósitos, comentarios sarcás-ticos e, incluso, insultos con el fin de ganar la discusión.

Es así que las campañas deben incorpo-rar a sus estrategias formas de atender a este tipo de público que crece con la masifica-ción de las tecnologías de la información, lo que posibilita que cada teléfono celular se convierta en una trinchera desde la cual tomar parte de esta batalla por las ideas y los votos, pero por lo visto en los procesos electorales recientes, los partidos están lejos de considerar a este sector como parte de sus estrategias.

Lo apreciado hasta ahora, por parte de los institutos políticos, es una repetición de mensajes propagandísticos, ideados tenien-do en mente otro medio, sin considerar la interacción con este y otro tipo de público, además de que no se planea alguna respues-ta a los ataques de los equipos contrarios, recurriendo más a la táctica de ignorar que la de tratar de convencer a quien piensa de manera distinta.

Tampoco se piensa en equipos de apoyo que ayuden en el debate en redes, aunque algunos piensen que es su deber por lo que saltan al ciberespacio a defender la causa, pero sin coordinación, información y sin el reconocimiento de la fuerza política que apoyan. Si se gana, nadie se los agradecerá y si la derrota llega, ni ellos mismos reconoce-rán los errores.

Se trata de los nuevos actores en los procesos políticos, los mismos que pueden incidir en los procesos electorales o, sim-plemente, hacer que la información que recibamos a través de nuestras cuentas sea un poco más interesante o, al menos, di-vertida.

$5.00 El juego político de la CNDH y las traiciones de Álvarez...

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