7/29/2019 Accin Jurdica en Colombia contra el paramilitarismo

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ACTIVIDAD 9 ALBA MONEDERO

ACCIN JURDICA EN COLOMBIA EN CASOS DE PARAMILITARISMO

Por lo pronto es importante destacar que la redaccin del texto est hecha veinte aos mstarde de los hechos ocurridos. En este sentido se podra decir que ha podido haber unaevolucin poltica, legal y civil que haya permitido el esclarecimiento de las responsabilidadesante la opinin pblica. La constancia del tiempo transcurrido advierte que la sentencia hatenido que ser silenciada por los mismo poderes que acometieron la trasgresin, el problemaestriba en que la investigacin acaba acusando directamente a la mayor instancia de un pas,que es el Estado. Es por ello que la dificultad para poder destapar las verdaderas causastiene raz en un proceso delicado en la se podra acabar menoscabando los cimientos delEstado de Derecho. Esta sentencia acusa directamente a las autoridades competentes de ladefensa de derechos humanos individuales de ser los mismos que han cometido laviolaciones sobre la sociedad civil a la que deberan proteger.

El tiempo transcurrido indica una accin constante del aparato judicial que, a pesar de verseenfrentado con el poder ejecutivo, ha conseguido la suficiente independencia para conseguirla movilizacin necesaria de los recursos del mismo Gobierno para el procesamiento de unade sus partes internas. Cabe destacar que tras veinte aos los responsables ya no actandentro del poder, y por lo tanto el cambio en las autoridades permite que la legitimacin

pblica y poltica de los que ostentan cargos de Gobierno en la actualidad no se veadesacreditada. Pero el texto de la CDHH destapa una realidad que todava persiste dentro dela sociedad colombiana y que implica a su Gobierno en violaciones de derechos humanoscontra la poblacin civil. El hecho de que dentro de la mxima instancia legal colombiana sehaya aceptado la vinculacin del paramilitarismo con las Fuerzas Armadas puede suponer elinicio del fin de la inmunidad, tanto nacional como internacional, con la que las autoridadescolombianas han podido cometer estas violaciones.

El desarrollo del conflicto ha ido acompaado de la creacin paulatina de rganos legalesindependientes para evaluar y enjuiciar a los actores que han sobrepasado la fuerza en susfunciones. La creacin de este aparato jurdico en Colombia ha sido un proceso lento debidoa la misma intervencin del Gobierno, que ha falseado pruebas y escondidoresponsabilidades mediante clusulas militares. La consolidacin de la democracia regida porestados de excepcin militar y conmocin interior ha configurado una doble vertiente de laactuacin gubernamental, que se ha servido de la manipulacin de la justicia para poderactuar impunemente ante la comunidad internacional, la nica capaz de interceder ante losabusos que se cometen desde los Estados. El apoyo que durante este tiempo ha dadosucesivamente Estados Unidos a los diferentes gobiernos en Colombia, ha servido paraperpetuar los intereses militares en aras de proteger los acuerdos empresarialesimplementados por el pas del norte. De esta forma, la investigacin, persecucin yenjuiciamiento judicial de los responsables de masacres cometidas en nombre y favor defuerzas gubernamentales, han sido constantemente reprimidas por las fuerzasinternacionales que daban apoyo militar y legal para que pudieran continuar existiendo laexplotacin sobre la poblacin civil en beneficio de los ncleos de poder econmico y poltico.

El gobierno colombiano se ha servido de acuerdos comerciales con las grandes potencias, lasque disponan de la financiacin necesaria para el progreso econmico de las regiones, para

mantener las formas legales en el espacio pblico internacional. La supuesta lucha anti-insurgente ha dado garanta legal a cualquier accin de fuerza totalmente desproporcionadadel gobierno, que finalmente ha repercutido a la sociedad civil. De esta forma, no slo se haconseguido llegar hasta nuestros das con una fuerza insurgente reforzada en reas deocupacin, sino que se ha creado todo un aparato militar civil sustentado en la teora delenemigo interno, por la cual la implicacin de la poblacin en la estrategia militar de lasFuerzas Armadas es una necesidad para la desmovilizacin de la guerrilla. El gobiernoconsigue as trasladar la responsabilidad de la proteccin de sus ciudadanos a gruposparamilitares, que segn la conveniencia actan por cuenta propia o persiguiendo los mismosobjetivos del poder, pero nunca pueden ser acusados en el espacio pblico de una relacincon el Gobierno ya que supondra el fin del Estado democrtico. O en todo caso, si se desvelala relacin con alguna autoridad gubernamental, el mismo Estado ha creado las instanciaslegales necesarias para que su posible actuacin quede auspiciada por la estrategia militar,que cuenta con un sistema legal propio que consigue exculpar al Gobierno con el respaldo de

la teora de la guerra interna que promueve Estados Unidos.

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ACTIVIDAD 9 ALBA MONEDERO

La perpetuidad de la guerra en Colombia tiene su eje en las formas irregulares de legalidadque han ayudado a respaldar las estrategias del poder contra la poblacin con un Gobiernoque usa la doble cara, nacional-internacional, para resguardar su responsabilidad haciendouso de las teoras norteamericanas en la actuacin de guerra. A pesar de supuestamentecumplir con los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario, el pas ha podido utilizar dentro de sus fronteras el aparato jurdico a su favoroscureciendo los hechos bajo el respaldo de clusulas militares que pervertan los principiosde transparencia e independencia que deben regir los procesos legales. A pesar de ello, ladelgada frontera democrtica que ha obligado a sus Gobiernos a mantener las formas de unEstado de Derecho de cara al exterior, ha permitido que las organizaciones pro derechoshumanos y algunos procesos judiciales se hayan podido servir de la presin internacionalpara apoyar las investigaciones en el esclarecimiento de la verdad. Este caso es una de lasmuestras con las que se ha conseguido que, gracias a las personas que no han dejado deluchar por la persecucin de los criminales y el esclarecimiento de responsabilidades, se hayapodido llegar a la declaracin pblica de una vinculacin del aparato gubernamental con lasfuerzas paramilitares. Como demuestra una sentencia aplicada veinte aos despus de losucedido, el descubrimiento de la doble moral del Gobierno colombiano slo es posiblecuando los altos cargos que ordenan las atrocidades ya no ostentan el poder. De esta formala impunidad sigue existiendo en la actualidad, y slo el temor de verse procesados mstarde puede impedir que las autoridades hagan uso de fuerzas militares irregulares para

conseguir sus objetivos econmicos.

A pesar de ello, la sentencia supone un triunfo optimista para el pas de Colombia, ya que ellargo y costoso camino que ha tenido que sufrir la poblacin para ver reconocido susufrimiento y acusados a sus responsables, ha sido a costa de la permanencia de la guerra yde las formas militares de aplicacin del poder. El hecho de que en la actualidad puedanentrar en el terreno del mbito jurdico rganos nacionales e internacionales de defensa deDerechos Humanos, ofrece una garanta presente para construir un futuro en el que seasegure la transparencia de las maniobras gubernamentales en torno a la guerra interna. Elproblema sigue estando en que el recorrido poltico colombiano ha configurado un ambienteen el que se acepta tcitamente la impunidad como una tradicin para mantener el poderdemocrtico, que de otra forma vera derrocados los xitos de la estabilidad de su gobierno,necesarios para la relacin comercial con otros pases y el supuesto progreso econmico.

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