Boletín 7. Enero 2013

NÚMERO SIETE / ENERO 2013

para la Evaluación de Políticas de Prevención contra la Violencia y la Delincuencia

Actividades recientes del ObservatorioAcuerdos del Consejo Nacional de Seguridad PúblicaPublicación de la Ley General de VíctimasCifras del Índice de Percepción sobre Seguridad Pública. Diciembre 2012

SERIE: SEGURIDAD Y CIUDADANÍA

BomberosEstación central 54 92 197Sub-Estación Sur: 50 60 248, TELCEL: 116 (Gratuito)

Cruz Roja065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

Policía Municipal de Oaxaca de Juárez060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

Incendios ForestalesSecretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 51 6 51 12

Fugas de gas50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 Ext. 201 y 202

Agencia Estatal deInvestigaciones51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

Dirección de Tránsito del Estado57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802

Emergencias

DENUNCIA AL 089Servicio telefónico las 24 horas los 365 días del año

Policía Federal Preventiva (PFP)51 8 78 70 y 51 8 78 71

Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajares delEstado (ISSSTE)51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 51 5 31 44 y 51 5 34 96

Fugas de gas50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 Ext. 201 y 202

Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso51 5 14 22, 51 5 32 00, 51 5 13 00 y 51 5 17 11

Hospital General de Zona no.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 87 y 51 5 21 67

Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca1 44 70 27

PORTADA: http://www.ovallito.cl/fotos/nuestra-ciudadFUENTESDiario Oficial de la Federación http://dof.gob.mx/Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca http://www.sspo.gob.mx/Fuente: Estrategias y mejores prácticas en prevención del delito con relación a áreas urbanas y juventud en riesgo. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Evenements/BANGKOK_PROCEEGINGS_FINAL_ESPA_F.pdfInstituto Nacional de Estadística y Geografía, Resultados de Encuesta sobre Percecpción de Seguridad 2012 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/percepcionsp.pdf

Diseño y producción del Boletín STAFFCOM. Despacho de comunicación. [email protected] / 51 3 57 99

OBSERVATORIO

2 | El Observatorio Ciudadano de Oaxaca trabajando. Actividades recientes. 4 | Observando la Seguridad en México. Actividades de diferentes Observatorios del país. 6 | Comunas Seguras. Chile.10 | Ley General de Víctimas, paso relevante para impartir justicia.12 | Palabras del MPJD al Ejecutivo por la publicación de la Ley General de Víctimas.15 | Indispensable discusión de la Ley de Víctimas.16 | Acuerdos aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.20 | Documentación sobre Seguridad Pública. Ley General de Víctimas.26 | Actividades de la Secretaría de Seguridad Pública.28 | Resultados del Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública en diciembre del 2012.INEGI.32 | Victimización de Empresas 2012. INEGI.

El 17 de diciembre de 2012 se efectuó en la Ciudad de México la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), a la cual asistió una representación del Observatorio Ciu-dadano de Oaxaca en respuesta a la convocatoria formal que nos fue girada en su oportunidad.

En aquella reunión, se reconoció que la participación de la socie-dad civil y de los ciudadanos es fundamental para la política de prevención de la violencia y la delincuencia en México. Además, que estos mismos actores son o deben ser corresponsables en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Adicionalmente, se aprobaron 12 acuerdos centrales por parte de los integrantes del CNSP en rubros tan importantes como la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de de-rechos humanos, la agenda policial o la ratificación de Plataforma

México como el instrumento de inteligencia a fortalecer en el país.

La relevancia del tema y el hecho de que varios puntos compro-metidos han sido impulsados y valorados desde tiempo atrás por quienes participaron y participan en el Observatorio Ciudadano de Oaxaca, propician que dediquemos este número de Enero de 2013 a difundir y analizar los acuerdos tomados en el seno del CNSP y las implicaciones de los mismos, interesados en que los ciudadanos contemos con los datos e información necesaria para colaborar corresponsablemente en el logro de los objetivos na-cionales. Con ello, ratificamos nuestra convicción de que la res-ponsabilidad de la seguridad en México es una tarea del conjunto de las y los mexicanos.

Guadalupe Zarza Briseño. Presidenta

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El 17 de diciembre de 2012 se convocó al Ob-servatorio Ciudadano de Oaxaca para asistir a la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Con la representación del mismo, asistió Guadalupe Zarza Briseño, Pre-sidenta.

Representación del Observatorio Ciudadano de Oaxaca en reunión del CNSP

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Reunión de evaluación de activi-dades de prevención con SSPO

Publicación del Reporte Anual 2012

Ante los integrantes del Observatorio, la titular de la Dirección de Prevención, la Lic. María de los Ángeles Jiménez, informó sobre las actividades y resultados obtenidos durante el ejercicio 2012 en los programas asignados a dicha área. El informe, de acuerdo al compro-miso allí realizado, será entregado por escrito al Observatorio para su revisión, análisis y difusión correspondiente.

El Observatorio Ciudadano publicó el Reporte Anual 2012 de las actividades que efectuó esta instancia durante dicho periodo, así como un resumen ejecutivo e integral de los contenidos, encues-tas, estudios y artículos que fueron publicados por el Observato-rio, en cumplimiento de sus objetivos. Este reporte puede con-sultarse en la página de internet http://www.observatoriocdoax.org.mx/

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OBSERVANDOla Seguridad en México Observatorio Ciudadano

de Zacatecas

Observatorio Ciudadano de Veracruz

El presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Jus-ticia en Zacatecas, Rogelio Lara Alvarado, informó a finales del mes de diciembre de 2012, que el organismo que preside res-palda las acciones que en esta materia han sido propuestas por la administración fe-deral encabezada por Enrique Peña Nieto.

El presidente expresó que una de las tareas principales para 2013 será, como hasta ahora, vigilar que los recursos se apliquen en tiem-po y forma en capacitación y equipamiento, explicó.

El Observatorio Ciudadano de Seguridad Pú-blica y Procuración de Justicia fue conformado a mediados de enero de 2011.Fuente: http://ntrzacatecas.com

El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, presentó el 10 de diciembre de 2012 a los integrantes del Consejo Inter-sectorial del Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Justicia.

El Consejo Consultivo Observatorio Ciu-dadano para la Seguridad y la Justicia tie-ne por objeto integrar a la sociedad civil como coadyuvante de las instituciones de seguridad pública, procuración y adminis-tración de justicia estatal, así como para implantar programas, estrategias y accio-nes de prevención del delito, de combate a la violencia social y de género, programas de vigilancia corresponsable, evaluación sistémica de la evolución de los delitos y

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los grados de eficiencia en el desempeño institucional.

El Consejo Intersectorial es la máxima auto-ridad del Observatorio, se integra por ocho ciudadanos representantes de la sociedad ci-vil que tienen derecho a voz y voto, además cuenta con la participación del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Uscanga Escobar, la directora general del Instituto Veracruzano de la Mu-jer, Edda Arrez Rebolledo y la secretaria téc-nica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Rosalba Hernández Hernández.

Fuente: http://www.cespver.gob.mx

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Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Chihuahua

En las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-tración, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se de-sarrolló del 3 al 7 de diciembre de 2012, el taller “Criminología Espacial”, evento organizado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Chihuahua, Mé-xico, en coordinación con la Oficina para la Frontera México - Es-tados Unidos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), con una duración de 30 horas.

Fuente: http://www.observatoriodejuarez.org/dnn/

Observatorio Nacional Ciudadano

El Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Ricardo Se-púlveda, estuvo el 20 de enero de este año en el Programa Méxi-co Opina transmitido por CNN en español, analizando la Ley Ge-neral de Víctimas publicada en días pasados.

Ricardo Sepúlveda es abogado constitucionalista y Consejero Ciu-dadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

http://www.observatorionacionalciudadano.org.mx

Comuna Segura *Chile

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El programa Comuna Segura-Com-promiso 100, surgió de un convenio suscrito en abril de 2001 con el Mi-

nisterio del Interior. Constituye una de las principales estrategias del Gobierno de Chile para fortalecer la seguridad ciudada-na en el ámbito local. Surge de manera pa-ralela con la División de Seguridad Ciuda-dana, institucionalidad que con el tiempo se ha ido consolidando como la instancia gubernamental encargada la coordinación intersectorial en materia de política pública

Su objetivo central es integrar a los ve-cinos para trabajar en conjunto y crear conciencia de que la seguridad es un “pro-blema de todos”. En el 2005 el Programa

beneficiaba ya a más de 7 millones de chi-lenos.

Las primeras 12 comunas del país que sus-cribieron este convenio son:

Región Metropolitana: El Bosque, La Pin-tana, Lo Espejo, Renca, Santiago, San Ber-nardo.

Otras regiones: Copiapó, Coronel, Ovalle, San Pedro, Valdivia y Valparaíso.

El año 2002 se amplió a otras 12 comunas: Región Metropolitana: Cerro Navia, Es-tación Central, Macul, Pudahuel, San Mi-guel, San Ramón y Melipilla. Comuna

Segura *Chile

Fuente: Estrategias y mejores prácticasen prevención del delito con relación a áreas urbanasy juventud en riesgo.Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad

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Otras regiones: Calama, Linares, San Antonio, Talca y Talcahuano.

El 2003 se incorporaron 16 nuevas comunas:Región Metropolitana: Colina, Huechura-ba, La Florida, La Granja, Lo Prado, Maipú, Peñalolén, Puente Alto y Recoleta. Otras regiones: Antofagasta, Arica, Coquimbo, Concepción, Osorno, Temuco y Viña del Mar.

Este programa ha sido definido como como una estrategia de prevención comunitaria del delito, la violencia y el temor y se inscri-be en la perspectiva de descentralización de las políticas de seguridad ciudadana, re-levando el rol de las comunidades locales.

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIASPropósito Del Programa• Promover el desarrollo de estrategias integrales y efectivas de prevención en el ámbito comunal, mediante la participación de los actores públicos y privados.

Objetivos• Fortalecer las capacidades institucionales existentes en el ámbito local para interve-nir enseguridad ciudadana.• Promover la generación y ejecución de Planes integrales de Seguridad Ciudadana.

Cambio EsperadoSe espera que con la ejecución del progra-

ma los municipios y el resto de los actoreslocales incorporen metodologías de trabajo en la perspectiva de desarrollar planes pre-ventivos de altoimpacto y focalización; en definitiva se espera que el programa con-tribuya a superar la situación original de los municipios, donde no se ha instalado el tema de prevención del delito y la delin-cuencia como tema transversal que guíe la inversión y planificación municipal; así mis-mo, se espera que los municipios incorpo-ren una visión más integradora del tema, entendiendo que la labor preventiva posi-ble de desarrollar va más allá de la existen-cia de sistemas de vigilancia municipal.

Ejes Del Programa• Interviene desde el ámbito de la Preven-ción; se entiende que una política moderna de seguridad complementa las labores de control con estrategias que intervienen so-bre losfactores de riesgo social.• Interviene desde el Territorio Local; com-prende que el fenómeno de la delincuencia, laviolencia y el temor adquiere caracterís-ticas particulares en los territorios locales• Se basa en la Participación Social; se en-tiende que por la multicausalidad del fenó-meno las intervenciones deben considerar al conjunto de actores que interactúan en el territorio local, especialmente la comu-nidad.• Promueve la focalización territorial y social de los recursos; intenciona la intervención

hacia aquellos territorios y grupos sociales más vulnerables; y en los temas que efecti-vamente son prioritarios para las comunas.

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMAEl funcionamiento del Programa a nivel lo-cal se basa en el funcionamiento de 3 com-ponentes:

• CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA: Espacio de representación socialen que participan las autoridades del Estado a nivel local y representantes de la Sociedad Civil . Está definido como un es-pacio de diálogo social en el tema de segu-ridad; asumiendo como responsabilidad laorientación de la estrategia local, aproban-do las inversiones que se hacen con recur-sos del Programa yhaciendo el seguimien-to de las mismas.• SECRETARÍA COMUNAL: Esta constituida por un profesional encargado de generar y mantener el diagnóstico de la situación de seguridad de la comuna, y coordinar el diseño, implementacióny seguimiento del Plan Comunal de Seguridad, con base en la articulación de los actores locales.• MESA TÉCNICA COMUNAL: Instancia Técnica formada por las Direcciones Mu-nicipalesrelacionadas directa o indirecta-mente con acciones de prevención y otros programas de ejecución municipal, propo-niendo la inversión o su focalización social y territorial, y aportando en su seguimiento.

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3. ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓNA. Selección de las Comunas

La selección de comunas la hace la División de Seguridad Ciudadana en consideración de variables sociales - agrupadas en un Indi-ce de Vulnerabilidad Social Delictual (como nivel de escolaridad,pobreza, indigencia, desempleo, consumo de drogas, etc.) - y de-lictuales (Tasas de Denuncias). Cada año se actualiza la información sobre cada uno de los indicadores y se confecciona el ranking de comunas, ingresando al programa aquellas que muestran un mayor puntaje.

B. Instalación del programa

La instalación comienza con el anuncio de comunas seleccionadas, prosiguiendo con lasuscripción de los respectivos Convenios de Colaboración con cada uno de los Munici-pios; luego se procedea la selección de Secre-tarios Comunales de acuerdo a un perfil que prioriza las habilidades técnicasy personales para desempeñar el cargo. Los Convenios de Colaboración entre el Ministerio del Interior ylos Municipios determina las obligaciones de cada parte.

C. Diagnóstico Local de Seguridad Ciudadana

El Diagnóstico Comunal de Seguridad es el proceso a través del cual se caracteriza la si-

tuación de seguridad de la comuna, tanto en lo que respecta a la dinámica delictual como de los factores de riesgo social y situacional interactuantes en el territorio y se definen los problemas prioritarios sobre los cuales se intervendrá. El Diagnóstico en seguridad supone una perspectiva operativa, es decir, se centra en los elementos fundamentales que permitan focalizar los puntos geográfi-cos, temas y grupos sociales sobre los que se organizará la acción. Implica la integración de fuentes cuantitativas (Estadísticas de De-nuncias, Encuesta de Victimización, etc.) y cualitativas; dentro de estas últimas cobra relevancia la realización de Diálogos Ciuda-danos, instancias de autodiagnóstico y análi-sis participativo de la comunidad.

D. Plan Comunal de Seguridad Ciudadana

El Plan Comunal de Seguridad Ciudadana es el instrumento central para la gestión en materia de seguridad ciudadana a escala co-munal. Plasma la estrategia local de seguri-dad involucrando una mirada integral de la temática. Es considerado el eje sobre el que se organiza el trabajo del Programa y requisi-to ineludible y obligatorio para el traspaso de recursos a las comunas.

E. Evaluación y selección de los planes comu-nalesLa selección de los Planes Comunales, y de cada uno de los proyectos que se postulen a

las tres líneas de financiamientos serán obje-to de una evaluación externa en diferentes momentos del ciclo del Programa.

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Foto: Flickr Sarihuella.Licencia Cretive Commons

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La publicación de la ley general de víctimas constituye un paso relevante para hacerle justicia a las miles de víctimas y a sus familiares que han vivido en carne propia las consecuencias

del crimen organizado y la ausencia del Estado en la procuración de justicia que inhiba la comisión de los diversos delitos que lasti-man la dignidad de las y los sujetos y que reiteradamente violan sus derechos humanos.

Sin embargo, no basta con el reconocimiento, en un ordenamien-to de la importancia como el que se acaba de publicar, de la deuda que tiene el Estado mexicano con quienes han sido vejados en sus personas y despojados de sus bienes. Es imperante que de forma paralela se aplique un programa de combate a la corrupción en las dependencias relacionadas con la seguridad pública y la pro-curación de justicia, pues de otra forma seguirá prevaleciendo la impunidad que hace posible que el 98 por ciento de los delitos no se castiguen.

Además de la promulgación de dicha ley, es urgente que el go-bierno de Enrique Peña Nieto comience a dar certeza a las y los mexicanos y ofrezca respuestas concretas y expeditas a los recla-mos que reiteradamente se realizaron a lo largo del pasado sexe-nio relacionadas con la desaparición de más de 25 mil personas, los más de 250 mil desplazados y los más de 100 mil asesinatos cometidos en nuestro territorio derivados de los 22 delitos rela-cionados con la delincuencia organizada, como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el fraude y el tráfico de personas, entre otros.

Cabe destacar que de acuerdo a un reporte conservador publi-cado por el diario Milenio el pasado 6 de enero, en el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron 982 homici-dios relacionados con supuestos actos del crimen organizado, 33 casos más que en el último mes del sexenio de Felipe Calderón, aunque otros informes periodísticos hablan de una cifra cercana a mil 500 víctimas.

La promulgación de la ley de Víctimas sin duda es un instrumento que dotará de herramientas para frenar la violación de los dere-chos humanos de las víctimas, servirá para tomar acciones con-cretas para que dichos actos no se repitan y ayudará a resarcir el daño causado por la violencia entre la mayoría de las y los habi-tantes de todo el país, pero mientras impere la política de impuni-dad y corrupción en México, Peña Nieto tendrá que poner en jue-go más que buena voluntad para revertir una tendencia que dista mucho de ser diferente a la que se vivió en el pasado sexenio.

*Tomado del Diario Zacatecas. Licencia Creative Commonshttp://zacatecashoy.com/ley-general-de-victimas-paso-relevante-para-impartir-justicia/

Ley General de Víctimas, paso relevante para impartir justicia*

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Antes de dar nuestra palabra en este momento fundamen-tal para el país, quisiéramos comenzar con unos versos del poema “Desaparecidos” de Mario Benedetti: “Están en al-

gún sitio / concertados/ desconcertados / sordos/ buscándose / buscándonos/ (…)/ cuando empezaron a desaparecer/ como el oasis en los espejismos/ a desaparecer sin últimas palabras/ tenían en sus manos los trocitos/ de cosas que querían/ están en algún sitio / nube o tumba/ están en algún sitio / estoy seguro/ allá en el sur del alma/ es posible que hayan extraviado la brújula/ y hoy vaguen preguntando preguntando/dónde carajo queda el buen amor/ porque vienen del odio”.

Porque hoy es un día en que en medio de tanto odio, de tanta no-che, de tanto dolor que continúa, el buen amor ha salido por fin al encuentro de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos y de la justicia que tanto han buscado, abracémoslos y abracémo-nos con un minuto de silencio.

Buenas tardes Sr. Presidente Enrique Peña Nieto y señoras y se-ñores que lo acompañan; buenas tardes señoras y señores legis-ladores, buenas tardes hermanos y hermanas del MPJD y de to-das las organizaciones sociales que hoy están aquí; buenas tardes hermanos y hermanas que no han dejado de acompañarnos en la búsqueda de la justicia y de la paz.

Palabras del MPJD al Ejecutivo por la publicación de la Ley General de Víctimas

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Hoy es un día puntuado por una paradoja: la tristeza y la alegría. La tristeza, porque esta Ley General de Víctimas que por fin ha sido publicada y hoy se nos entrega, no debió haber sido. Es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos; es la consecuen-cia de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral y político del Estado mexicano, y de una gue-rra que nunca debió haber sucedido. La alegría, porque frente al dolor y el sufrimiento de esas graves omisiones, esta Ley abre una esperanza: la esperanza de la justicia y de la paz, la esperanza de la palabra cumplida, la esperanza de un Estado que rompa la espantosa brecha entre ciudadanos y autoridades que tanto daño ha hecho al país y a la democracia, la esperanza de la vida contra la muerte, de la unidad del amor contra el odio, la esperanza de una nación que se rehace de sus miserias.

Ustedes, señores legisladores, cumplieron como representantes de un pueblo que en sus víctimas reclama una justicia que se le debe; usted, señor Presidente, cumple no sólo con esa justicia que había sido traicionada, sino con lo más sagrado que un ser humano tiene: su palabra, la que usted empeñó en los Diálogos por la Paz que sostuvimos el 28 de mayo en el Alcázar del Casti-llo de Chapultepec con los entonces candidatos y candidata a la Presidencia de la República. Usted ha hecho posible el deseo que un día le expresamos las víctimas citando a otra víctima, el poeta

Paul Celan, el deseo “de que la piedra pueda florecer,/ de que en la inquietud palpite un corazón./ (de que el ) tiempo (sea por fin el) tiempo”. Esperamos que el Poder Judicial siga este ejemplo y cumpla sus obligaciones ante la nación.

Lo reconocemos, lo saludamos, lo abrazamos, lo celebramos como un consuelo y una esperanza que nos llega en medio de la noche, como un primer paso hacia la justicia y la paz que necesi-ta la nación, y como un gran y profundo gesto democrático. Sin embargo, como todo primer paso, no basta. Una Ley para que se cumpla necesita un instrumento. La Ley General de Víctimas, que hoy usted ha promulgado y nos entrega, necesita, como esa misma Ley lo indica, un Sistema Nacional de Atención a las Vícti-mas, un sistema honesto, dotado de los suficientes recursos y del suficiente personal para atender la enorme dimensión de la crísis humanitaria que enfrenta la nación, un sistema que requiere, ade-más, de la unidad de todos. Sin él, la Ley General de Víctimas será sólo letra muerta, una buena intención en medio del infierno, un sueño devorado por la pesadilla que no hemos dejado de habitar; un sistema que permita no sólo la justicia para los asesinados y los violentados en su dignidad, sino la vuelta a casa de los desapa-recidos. Una nación democrática, una nación que se respeta, no puede aceptar no saber dónde se encuentran más de 20 mil hijos suyos, no puede aceptar que miles de sus hijos sean arrojados sin identificar a la fosa común.

(...) esta Ley General de Víctimas que por fin ha sido publicada y hoy se nos entrega, no debió haber sido. Es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para

la protección y la justicia de los ciudadanos; es la consecuencia de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral y político del Estado mexicano,

y de una guerra que nunca debió haber sucedido.

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Hoy, señor Presidente, que celebramos este primer paso dado, demos juntos el segundo y empecemos desde hoy a edificar no sólo ese Sistema Nacional de Atención a las Víctimas para que la Ley encuentre su rostro, sino también a crear los protocolos ne-cesarios para que la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga peso y realidad. También exhorta-mos desde aquí a los poderes legislativo y ejecutivo a no permitir la regresión en materia de derechos humanos que podría implicar la propuesta de reforma al Artículo 1º Constitucional.

Hay un tercer paso que dar, señor Presidente. No habrá suficiente justicia para los muertos si no recuperamos su memoria, sus nom-bres, sus historias, su presencia entre nosotros. El MPJD ha hecho ya, al respecto, una declaratoria: la creación del Memorial de las Víctimas de la Violencia en México en el centro mismo de lo que hoy es ese monumento mal llamado Estela de Luz (le hago entre-ga, Sr. Presidente, de esa declaratoria). Esperamos que al igual que se ha hecho con la Ley General de Víctimas, este pendiente se cumpla para que la justicia que les debemos a los muertos y nos debemos a los vivos no tenga de qué avergonzarse.

Hay, por último, un cuarto paso que dar. No habrá verdadera jus-ticia si no hay un camino hacia la paz. Ese camino que, como dijo Gandhi -y usted hizo suyas sus palabras en los Diálogos de Paz-, es la paz misma. Paz que no puede hacerse sin todos.

La idea de un pacto por México como el que usted ha convocado, puede llegar a ser, al igual que la Ley que hoy recibimos, un paso de paz si se hace y se da con todos, y al decir todos hablamos de todos los grupos que conforman la nación. Somos todos ellos los que juntos podemos no sólo comunicar sino construir una co-munión que pueda redundar en una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que ponga énfasis en los derechos humanos, en un cambio de estrategia en el combate al crimen, en una limpieza

real de los delincuentes que hay en todos los órdenes del gobier-no, y en la necesaria construcción de un México donde quepan muchos Méxicos. Sin esa Ley, sin ese énfasis, sin esa limipieza, sin ese cambio, sin esa construcción, trabajados por y con todos, las víctimas seguirán acumulándose y la vida democrática del país quedará destrozada bajo el desprecio de la violencia y el crimen.

Hemos sido y no hemos dejado de ser modestos y realistas. Allí donde la desmesura del orgullo ha señalado el ideal extravagante, nosotros hemos colocado la mesura de las utopías modestas. Sabemos que entre más impracticable es el ideal, mayor es el fracaso. La utopía modesta no pretende la instauración del bien universal –esa idea del bien que en su idealismo conduce, es una enseñanza de la historia, al abismo–, sino la mesura de la bondad que se niega al mal, a la humillación, al crimen, a la corrupción, a la violencia, a la tortura, al desprecio, al arrasamiento de la cultu-ras y de la tierra, y pone por encima de cualquier ideal a los seres humanos de carne y hueso, y sobre cualquier Edén, la modesta comunión de los hombres. Por eso creemos en los pasos compro-metidos y firmes que nunca traicionan la rectitud. Con esos pasos no hemos dejado de caminar desde que un día, transidos de dolor y de dignidad herida, salimos de Cuernavaca a visibilizar, abrazar y pedir justicia por las víctimas. Son esos mismos pasos los que hoy, señor Presidente, señoras y señores legisladores, hermanas y hermanos, recordamos y les invitamos a continuar dando, y a poner una fecha para una próxima reunión de trabajo, de donde surja una ruta acordada para la paz y la justicia.

En medio del dolor y del largo camino que aún falta por reco-rrer, nos detenemos en este recodo para reposar un momento y abrazarnos en el ya pero todavía no de la justicia y la paz que nos trae esta Ley General de Víctimas. Además, opinamos que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés.Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

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Debate y discusión son consustancia-les a un régimen democrático. Todo acto de los Poderes Públicos debe

pasar por esta regularidad y cuanto más aquellos expresados por medio de leyes que afectan la vida de los ciudadanos.

Por tanto, no debe causar extrañeza que algunos sectores convoquen a perfeccio-nar la Ley de Víctimas recientemente pro-mulgada por el Presidente de la República. Existen expresiones en el Congreso de la Unión, incluidas las del propio jefe del Eje-cutivo Federal, de que deben hacerse ajus-tes antes de la consecuente reglamenta-ción que la hará operativa.

Es de reconocerse que esta ley correspon-de al gran esfuerzo del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que logró comprometer al Estado Mexicano para ha-cerla una realidad.

A ambas instituciones nos indigna la impu-nidad y nos mueve el dolor de las víctimas.

Buscar el perfeccionamiento de la ley no es ir en sentido contrario a lo anterior, sino ga-rantizar su operatividad, ampliar sus efectos

benéficos a más víctimas y evitar inconsis-tencias y lograr que las autoridades cumplan cabalmente con su responsabilidad. De eso se trata, no de debilitarla, ni descalificarla.

Con ese ánimo, México SOS, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, especia-listas y académicos, hemos sido activos en el trabajo con legisladores de las diversas frac-ciones, para construir una ley robusta que ampare, proteja y verdaderamente sirva a las miles de víctimas en nuestro país.

En el lapso de la construcción de la ley, atestiguamos descoordinación y una la-mentable falta de voluntad para corregir los puntos débiles de esta norma que sin duda la hubiera hecho más efectiva en sus alcances. Desde ese entonces hemos ve-nido señalando las debilidades y haciendo propuestas para hacerla útil y operativa en beneficio de las víctimas.

Nuestro interés desde entonces -julio de 2012- ha sido hacer notar que existen pun-tos que resultarán contraproducentes para las víctimas en el momento de entrar en operación, por ello convocamos a un aná-lisis conjunto entre legisladores, académi-

cos y representantes de la sociedad civil para producir esos ajustes.

Todos queremos que la ley se perfeccione, y eso puede hacerse si hay la voluntad para ampliar de la mejor manera posible los bene-ficios al mayor número de víctimas. Corrija-mos en el camino. El Presidente de la Repú-blica se ha pronunciado por ello, confiamos en que todas las fuerzas políticas respondan a ese compromiso y convocamos a generar esa posibilidad, pensando en el beneficio de las personas afectadas por la violencia.

En el contexto del Pacto por México, sig-nado por las fuerzas políticas y el gobierno federal, es posible hacer estas correccio-nes. Aprovechemos la voluntad de cons-truir consensos por el país. Hagámoslo para ampliar los beneficios de esta ley y cerrar cualquier resquicio por el que se puedan evadir las responsabilidades para con las víctimas.

México SOS lanza esta convocatoria. La respuesta está en manos de nuestros legis-ladores.

Queremos la mejor Ley para las Víctimas.

Alejandro Martí (http://mexicosos.org/news)

Indispensable discusión de la Ley de Víctimas

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PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2013

PRIMERO.- PARTICIPACION CIUDADANA Y PREVENCION ACUERDO 01/II-SE/2012

Reconocemos la importancia de la participación ciudadana para el fortalecimiento del Estado Democrático y de pleno derecho. Manifestamos que para que este Consejo Nacional, como instan-cia máxima del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sea el ente para la toma de decisiones en materia de seguridad pública del Estado Mexicano, es necesaria la presencia de la sociedad civil.

En seguimiento al Acuerdo 10/XXXIII/12, la Comisión integrada por los Gobernadores de los Estados de Chihuahua, Oaxaca y So-nora, así como por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reunirá en un plazo no mayor a treinta días para designar a los cinco representantes de la sociedad civil que asistirán como invitados permanentes al Consejo.

ACUERDO 02/II-SE/2012

Nos comprometemos a elaborar e impulsar conjuntamente, de manera decidida, un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal, que oriente los esfuerzos de las diferentes

instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales en co-rregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia.Para lo anterior, los tres órdenes de gobierno alinearemos nues-tros presupuestos para hacer de la prevención del delito una prio-ridad nacional. El Programa Nacional deberá enfocarse, entre otras, en las siguientes acciones:1. Construcción de ciudadanía responsable, cultura de la legali-dad y corresponsabilidad social;2. Mejoramiento del entorno situacional, definido conjuntamente con los ciudadanos;3. Activación social y apropiación social de los espacios públicos;4. Otorgamiento de préstamos para la creación de empresas so-ciales, y5. Orientación educativa para combatir las causas psicosociales del delito (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y de género, abuso infantil, pandillerismo, entre otras).


El Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruye a la Confe-rencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, de conformidad con los artículos 9, 10, 11 y 33, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar la normatividad municipal en materia de otorgamiento de licencias y permisos

Acuerdos aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública

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para establecimientos mercantiles que impacten en la seguridad ciudadana y pongan en riesgo a la sociedad.

Asimismo, el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y del Dis-trito Federal, harán lo conducente en el ámbito de sus compe-tencias e informarán en reuniones regionales de coordinación, las acciones tomadas.Los resultados serán puestos al escrutinio de la ciudadanía.


En atención a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, y en concordancia con el com-promiso 21 del Pacto por México, los gobiernos de las entidades federativas nos comprometemos a crear instancias locales que puedan articular y coordinar todos los esfuerzos que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma citada.

SEGUNDO.- AGENDA POLICIAL ACUERDO 05/II-SE/2012

Conscientes de la necesidad de alinear las funciones de las policías de los 3 órdenes de gobierno, conformaremos una comisión con integrantes de este Consejo Nacional y, en su caso, con especia-listas, para analizar la viabilidad de establecer en el país los mode-los de Mando Unico o Policía Estatal Coordinada. Dicha Comisión deberá quedar instalada a más tardar la primera quincena del mes de enero de 2013 y presentará ante este órgano colegiado una propuesta detallada de reforma legal e implementación, a más tardar en la segunda sesión ordinaria de ese año.

En tanto se implementa la reforma legal, los gobiernos de los es-tados se comprometen a promover entre los gobiernos munici-pales la firma de convenios de colaboración para que la designa-

ción de los mandos municipales se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados, y cumplan con el programa de capacitación de mandos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para la designación de los mandos estatales se aplicará el mismo mecanismo, acordado entre gobiernos estatales y el Gobierno Fe-deral.


Con el objeto de garantizar a los policías un proyecto de vida digno, la Secretaría de Gobernación en coordinación con las enti-dades federativas elaborará un estudio actuarial con proyección a veinte años que permita establecer un Servicio Profesional de Carrera como uno de los pilares que coadyuven en la formación de un cuerpo nacional de servidores públicos de seguridad, pro-fesional, capaz, con espíritu de servicio y que sea un ejemplo de respeto a la ley. El estudio deberá contener cuando menos:1.- El diseño de un modelo de carrera policial;2.- Un programa nacional de percepciones y beneficios;3.- Un esquema de condiciones de vida que incluya seguridad y salud, y4.- Una planeación demográfica y financiera.


El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación para que conjunta-mente con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación de-sarrolle los mecanismos que permitan asegurar:

1. Que las entidades federativas concluyan la puesta en operación

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de sus Centros de Evaluación y Control de Confianza y asignen recursos para dar continuidad al fortalecimiento de los mismos durante 2013, atento a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lo cual contarán con todo el respaldo del Gobierno Federal;

2. Con base en los estudios realizados por la Comisión Permanen-te de Certificación y Acreditación, se propone una reforma al ar-tículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ampliar el plazo establecido en la mis-ma, por un periodo improrrogable de 365 días naturales. Se hace entrega del proyecto de decreto de reforma a la Ley, elaborado por la Comisión, al Secretariado Ejecutivo para que lo presente, de inmediato, ante la Comisión de Seguridad Pública de la H. Cá-mara de Diputados.


Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública nos comprometemos a elaborar un Programa Nacional de Capacita-ción con calidad de sus instructores, pertinencia de sus conteni-dos y el desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial.

Habrá de crearse un Consejo Académico como instancia rectora y se instalarán cinco academias regionales para la capacitación especializada.

En un plazo máximo de 60 días, enviaremos al Secretariado Ejecu-tivo las propuestas de programas de estudios de formación inicial y capacitación especializada para que sea éste quien las integre y las presente de manera consolidada en la próxima sesión del Consejo para su aprobación e inmediata aplicación.


Considerando la necesidad de profesionalizar a los elementos de las corporaciones policiales del país, para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, los integrantes del Consejo Nacional nos comprometemos a elaborar en el seno de las Con-ferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública y sus equivalentes, protocolos de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción, para su aprobación e inmediata aplicación.


Siendo el secuestro uno de los delitos que más lastima a la socie-dad, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, nos obligamos a cumplir al cien por ciento con la conformación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, así como la capacitación y certificación de sus integrantes, en un plazo no mayor a un año.

La Policía Federal creará Unidades Especializadas para la atención coordinada de este delito.

El avance en el cumplimiento de este acuerdo será evaluado es-pecialmente por los representantes de la sociedad civil que serán seleccionados como invitados permanentes de este Consejo.

TERCERO.- INTELIGENCIA ACUERDO 11/II-SE/2012

Los gobiernos de las entidades federativas integrantes de esta Instancia Superior de Coordinación asumimos el compromiso de suministrar, actualizar, sistematizar y consultar las bases de datos

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como mecanismo fundamental de investigación policial. El Con-sejo Nacional de Seguridad Pública se pronuncia a favor de dirigir todos los esfuerzos de las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, hacia la consolidación nacional y actua-lización de las bases de datos criminalísticas y de personal.

Plataforma México, siendo el instrumento de intercambio de in-formación, interconexión e interoperabilidad al servicio de las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, deberá generar los mecanismos necesarios para que las entidades fede-rativas que suministren y actualicen oportunamente la informa-ción tengan acceso a la misma y puedan utilizarla en el desarrollo de sus funciones.

CUARTO.- COORDINACION ACUERDO 12/II-SE/2012Estableceremos un sistema de coordinación y cooperación que genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y correspon-sabilidad de los tres órdenes de gobierno.Crearemos cinco Instancias Regionales de Coordinación, con el objetivo de homologar e implementar políticas públicas en mate-ria de seguridad pública. Dichas Instancias Regionales se confor-marán de la siguiente manera, pudiendo las entidades federativas formar parte de más de una:1. Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chi-huahua, Sinaloa y Sonora;2. Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Po-tosí y Tamaulipas;3. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;4. Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y5. Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En dichas Instancias Regionales de Coordinación participarán igualmente representantes de:1.- La Secretaría de Gobernación;2.- La Secretaría de la Defensa Nacional;3.- La Secretaría de Marina, y 4.- La Procuraduría General de la República.

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DOCUMENTACIÓN SOBRE

SEGURIDAD PÚBLICA

LEY GENERAL DE VÍCTIMASCAPÍTULO II. CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

El Congreso de la Unión publicó el miércoles 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, la cual entrará en vigor en un plazo de 30 días, el próximo 9 de febrero. Puedes leer a continuación el Ca-pítulo II de la misma ley que significa el marco conceptual y, en caso de que desees consultarla completa puedes ir al siguiente enlace: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo eco-nómico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como conse-cuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Inter-nacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima son víctimas indirectas.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, e independientemente de que se identifique, apre-

henda, o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos estable-cidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autori-dades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.

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Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se despren-da de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Trata-dos Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, apli-cando siempre la norma más benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas, no deben criminalizarla o responsa-bilizarla por su situación de víctima y deben brindarle los servi-cios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimien-tos contemplados en esta Ley, en especial, los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la pre-sente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al for-talecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se im-plementen a favor de las víctimas.

Enfoque diferencial y especializado.- Se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferen-cia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros.

Las distintas autoridades comprometidas en la aplicación de esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, ga-rantías especiales y medidas de protección a los grupos expues-

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tos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, de-fensoras y defensores de derechos humanos y personas en situa-ción de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. Todas las normas, instituciones y actos que se desprendan de la presente Ley deberán integrar un enfoque transversal de género y de protección de personas y gru-pos en situación de especial vulnerabilidad.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, re-conociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su grave-dad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Enfoque transformador.- Las distintas autoridades comprometi-das en la aplicación de la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios enca-minados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asis-tencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cual-

quier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin dis-tinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y disca-pacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igual-dad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanis-mo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los dere-chos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y re-paración integral a las víctimas se realizará de forma multidiscipli-naria y especializada.

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Máxima protección.- Entendido como la obligación de cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno de velar por la aplica-ción más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de viola-ciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para ga-rantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufri-miento de la víctima, ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedi-mientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víc-

timas es necesario trabajar de manera conjunta. En ese sentido el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asis-tencia y reparación integral; la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas, podrán ejecutar pla-nes o medidas que aporten a la consecución de dichos objetivos.

Garantizados sus derechos, la víctima deberá colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, dentro de sus posibilidades, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades comprometidas en la aplicación de esta Ley adquieren la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reco-nocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar aquellos derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías, y recursos, así como acciones, mecanis-

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mos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encarga-dos de la implementación de la Ley, así como los planes y progra-mas que esta ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación en donde debe contem-plarse la participación pública, incluidas las víctimas y los colecti-vos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimien-tos que lleve adelante el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus com-petencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y pre-ferente a las víctimas.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

II. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas;II. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas;III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal y del Distrito Federal de Atención Integral a Víctimas;IV. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;V. Compensación: Reparación económica a que la víctima tenga derecho;VI. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios mora-les y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona res-ponsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente deriva-das de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restable-cimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adopta-das o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medi-das, en la medida en que los daños deriven o resulten;VII. Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable que sancionan las leyes penales y sus equivalentes referidos por los Tratados In-ternacionales de los que México sea Parte;VIII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;IX. Grupo: Conjunto de personas ligadas por constantes espa-cios temporales, el cual, articulado en su mutua representación interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que

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conforma su finalidad, interactuando a través de mecanismos de asunción y adjudicación de roles;

X. Interés difuso o colectivo: Corresponde al interés de una plura-lidad de personas pertenecientes a un grupo social no organizado y no individualizado o a una comunidad o pueblo indígena;XI. Ley: Ley General de Víctimas;XII. Migración: Cualquier movimiento de personas hacia el terri-torio de otro Estado o dentro del mismo sin importar su tamaño, su composición o causa. La migración incluye el desplazamiento que se da por parte de los refugiados, las personas desplazadas, las personas desarraigadas y los migrantes económicos;XIII. Migrante: Aquella persona que voluntariamente y por razo-nes personales se moviliza de su lugar de origen a un destino par-ticular con la intención de establecerse en él;XIV. Migrante irregular: Aquella persona que, después de haber ingresado irregularmente o tras el vencimiento de su visado, tie-ne un estatus ilegal en el país receptor o de tránsito. El término se aplica a los migrantes que infringen normas de admisión de un país receptor o a cualquier otra persona no autorizada a perma-necer en el mismo;XV. Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático, y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención

adecuada para que superen su condición y se asegure su subsis-tencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a los seres humanos en cada momento de su existencia;XVI. Núcleo esencial: Aquella parte del derecho que otorga de-rechos fundamentales de aplicación directa e inmediata y que tiende a la satisfacción de las necesidades básicas de su titular o titulares;XVII. Procedimiento: Actuación por trámites judiciales o adminis-trativos;XVIII. Registro: Registro Nacional de Víctimas;XIX.Reglamento: Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;XX. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;XXI. Víctima: Persona que directa o indirectamente han sufrido el menoscabo de sus derechos producto de una violación de dere-chos humanos o de la comisión de un delito;XXII. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor públi-co en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea reali-zada por un particular instigado o autorizado, explícita o implíci-tamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescen-cia o colaboración de un servidor público.

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ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍADE SEGURIDAD PÚBLICA

** Trabajarán por la disminución de indicadores delictivos de la zona colindante.

Con el objetivo de disminuir los índices delictivos en la zona co-lindante con el estado de Puebla, los Centros de Control, Coman-do y Comunicaciones (C-4) de esa Entidad y el dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), acordaron establecer esquemas operativos y estratégicos que redunden a corto plazo, en una mejor y mayor capacidad de respuesta a la demanda ciudadana.

Fue así que José Arturo Tapia Rocha y Marco Antonio Mendoza

Figueroa, Coordinadores Generales de los C4 Oaxaca y Puebla; respectivamente, sentaron las bases para la creación de un sis-tema de gestión de información y colaboración, con la finalidad de elevar la calidad en la atención y el tiempo de respuesta a las emergencias reportadas al 066 de en zonas interestatales.

De este modo, con el trabajo coordinado se garantiza el combate a los delitos de mayor incidencia, como el robo de vehículos, asal-tos, presencia de grupos armados y emergencias por accidentes. La implementación de estas acciones permitirá también, poten-cializar los esfuerzos de las autoridades de Oaxaca y Puebla, para garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos.

Colaboran C4’s de Oaxaca y Puebla

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Del seis de diciembre al seis de enero, la Secretaría de Segu-ridad Publica del Estado (SSPO) en coordinación con el Insti-tuto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) pondrán en marcha el operativo “Migrante por tu bienestar”; brindando así atención, información y asesoría gratuita que garantice el respeto a los derechos humanos de los migrantes oaxaqueños que regresan a sus comunidades.

En los módulos que serán instalados en Central Camionera, en la terminal del ADO y en el aeropuerto de la ciudad (en un ho-rario de ocho a 16 horas); estará presente personal de la SSPO, IOAM e Instituto Nacional de Migración (INM).

Arranque del operativo “Migrante por tu bienestar”

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Integrantes del Show Agentes Cebra de la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSP, brin-daron educación vial a alumnos y docentes del Preescolar “Eva Sámano de López Mateos”, en la Colonia Reforma.

Inician jornada de Educación Vial 2013

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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICADICIEMBRE 2012

En los primeros días de enero de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía publicó los resultados del Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública en diciembre del 2012.

El reporte indicó que en el último mes de 2012, el Índice de Percepción sobre la Segu-ridad Pública (IPSP) aumentó 10.6%, al si-tuarse en 109 puntos (abril de 2009=100) frente al reportado en igual mes de 2011 que se ubicó en 98.6 puntos, de acuerdo al reporte publicado el 8 de enero de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El incremento medido a tasa anual del IPSP en diciembre de 2012 fue consecuencia de los avances observados en todos los com-ponentes que lo integran.

ENERO 2013 2929

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBICA Y SUS COMPONENTES(Índices: abril de 2009=100)

1. Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública2.Seguridad personal en la actualidad respecto a hace 12 meses.3. Seguridad personal esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual.4. Seguridad pública en el país hoy en día, comparada con la que se tenía hace 12 meses.5.Seguridad pública en el país dentro de 12 meses, respecto a la situación actual.6. Grado de confianza del entrevistado al caminar solo por el rumbo donde vive entre las 4 y las 7 de la tarde.

Ver tabla 1(Anexos) Fuente: INEGI

ENERO 201330

FRECUENCIA DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE INTERVIENEN EN EL IPSP

1. Hablando en términos de seguridad pública, ¿qué tan seguro(a) se siente usted en la actualidad respecto a hace 12 meses (un año atrás)? 1/

¿Cómo considera usted que será su seguridad dentro de 12 meses, respecto a la actual?

DIC

2012

DIC

2012

DIC

2011

DIC

2011

Índice: 109.4

Índice: 111.9

Índice: 105.5

Índice: 99.0

Ver tabla 2(Anexos). Fuente: INEGI

ENERO 2013 31

DIC

2012 DIC

2012

DIC

2011 DIC

2011

¿Cómo considera usted la seguridad pública en el país hoy en día comparada con la que se tenía hace 12 meses (un año atrás)?

¿Cómo considera usted que será la seguridad pública en el país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?

Índice: 115.1 Índice:

111.8

Índice: 105.5

Índice: 97.1

Ver tabla 2(Anexos). Fuente: INEGI

ENERO 201332

VICTIMIZACIÓN DE EMPRESAS 2012EL 17 de diciembre de 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de empresas 2013 (ENVE).

De acuerdo a la información difundida por el INEGI, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades econó-micas representa un monto de 115.2 mil millones de pesos. El promedio por unidad económica es de 56,774 pesos.

El objetivo de la ENVE es generar infor-mación que permita realizar estimaciones con cobertura nacional referidas al 2011 para el sector privado sobre la prevalencia delictiva y los niveles de incidencia delic-tiva en unidades económicas, y la corres-pondiente cifra negra, a nivel nacional y por entidad federativa. Asimismo, recaba información sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico del delito en las unida-des económicas del sector privado. Aborda la medición de las percepciones y actitu-des hacia la seguridad pública, con el fin de proveer información al sector empresarial y generar elementos para la toma de deci-siones de política pública.

Unidades económicas víctimas de delito 2011 Absoluto 1,389,000

Tasa por cada 10,000 unidades económicas

3,737

Porcentaje de unida-des económicas

37.4

Delitos 2011(Unidades económicas)

Absoluto 4,324,529

Promedio por unidad económica víctima

3.1

Cifra Negra 2011(delitos donde no se inició averiguación previa)

Absoluto 3,810,888

Porcentaje 88.1

Porcentaje de unidades económicas en las que se percibe inseguridad (entre mayo y julio de 2012)

Entidad Federativa 76.0

Percepción del Desempeño de la policía preventi-va municipal (entre mayo y julio de 2012)

Porcentaje(Muy y Algo Efectivo)

37.6

Percepción del Desempeño de la policía estatal(entre mayo y julio de 2012)

Porcentaje(Muy y Algo Efectivo)

44.4

Costo total estimado a consecuencia de la in-seguridad y el delito en unidades económicas

Absoluto 115.2 mil millones de pesos

Porcentaje del PIB 0.75

Promedio por unidad económica

56,774 pesos

Fuente: INEGI. ENVE 2012

ENERO 2013 33

- La ENVE estima que 37.4% de las unidades económicas del país tuvo, sufrió al menos un delito durante 2011.

- Con la ENVE se estima que durante 2011, 41.6% de las uni-dades económicas del gran sector Comercio fueron víctimas del delito, 36.6% del gran sector Industria y 32.7% del gran sector Servicios.

- De acuerdo con los resultados de la ENVE, 63.1% de las unida-des económicas Grandes fue víctima del delito, 62.5% de las Media-nas, 57.8% de las Pequeñas y 36.3% de las Micros durante 2011.

- La ENVE estima que durante 2011 se generaron 4,324,529 delitos asociados a 1,389,000 unidades económicas víctima (3.1 delitos por víctima).

Fuente: INEGI. ENVE 2012Consulta la Encuesta completa en el siguiente enlace:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/enve2012/default.aspxFuente: INEGI. ENVE 2012

TABLA 1

TABLA 2

35

Espera elPRÓXIMO NÚMERO

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UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL SECUESTRO

* La Unidad de Atención a Víctimas del Secuestro tiene como principal objetivo apoyar a las víctimas de secuestro, brindando atención y asesoría.

* Apoyo psicológico y jurídico

* Acompañamiento

* Confidencialidad de la información otorgada

* Vinculación con las autoridades competentes

* Seguimiento de la evolución del caso

* Coadyuvar durante el proceso

01 800 718 27 68 / 01 800 718 27 70 [email protected]

Boletín 7. Enero 2013

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