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REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

H. Senado de la Nación

12 de agosto de 2010

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Sr. Moderador. – Buenos días a todos, vamos a dar comienzo a la jornada.

En primer lugar, vamos a hacer la apertura a cargo del senador Eduardo Torres, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y del senador Daniel Filmus, autor del proyecto de ley sobre gestión de residuos eléctricos y electrónicos.

Queremos agradecer a todos los presentes que están aquí y muy especialmente a todas las organizaciones que van a hacer sus exposiciones y van a dar su opinión sobre este proyecto y demás cuestiones. Ellas son: CICOMRA (Cámara de informática y comunicaciones de la República Argentina), CAMOCA (Cámara argentina de máquinas de oficina, comerciales y afines), CADIEEL (Cámara argentina de industrias electrónicas, electromecánicas, luminotécnicas, telecomunicaciones, informática y control automático), CIC (Cámara de industriales de bienes durables de consumo), el Estudio Jurídico Strunz, que viene en representación de la industria de pilas primarias –específicamente las empresas Energizer, Duracell, Panasonic y Rayovac–, AMCHAM (Cámara de comercio de los Estados Unidos de América), ASIMELEC (Asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones), luego la organización no gubernamental Greenpeace, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las empresas de tratamiento de residuos electrónicos Selkers S.A., Scrap y Rezagos S.R.L. y la empresa Gestión Ambiental, y por último las organizaciones de recuperadores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la Cooperativa “Reciclando sueños”, la Fundación Ambiente y Sociedad y la Fundación Equidad.

Para dar comienzo a la jornada, les doy la palabra a los señores senadores.

Sr. Senador Torres. – Buenos días. Muchas gracias por la presencia de ustedes, quería comentarles de que el proyecto que hoy vamos a tratar, no es un proyecto que empieza con la gestión a la cual yo soy presidente de la comisión, sino que viene tratándose hace dos años cuando presidía la comisión el autor del proyecto –el senador Filmus–, que posteriormente va a explicar el contenido y el significado del proyecto y sus objetivos. Realmente es una satisfacción de que podamos empezar a tratar un proyecto de estas características y de tanta importancia. Creo que los seres humanos nos acordamos, a pesar de advertencias que se han hecho por algunos líderes mundiales, un poco tarde de lo que es la conservación del medio ambiente. Las contradicciones que existen entre la evolución del ser humano, la naturaleza, y la propia evolución de la tecnología ha hecho que hoy tengamos un mundo complicado desde el punto de vista medio ambiental. El crecimiento poblacional habla de que para el año 2.500 va a haber un habitante por metro cuadrado en el mundo. Las necesidades de confort de una sociedad y de una sociedad de consumo, hace que la evolución tecnológica, los cambios de modelos, materiales contaminantes, se transformen en un problema y obliga a que empecemos a tratar estos temas con un criterio de absoluta seriedad sin tratar de frenar la comodidad o de incomodar el confort de las personas y de la sociedad, pero sí con una responsabilidad que nos cabe a todos, no


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solamente a quienes están en función de gobierno, sino también a las empresas, a la sociedad, a los usuarios. En esto tenemos que usar mucha racionalidad para no caer en los extremos donde realmente no se colabora en obtener resultados que sean aplicables y positivos.

Uno se pone a pensar a veces lo que fue el mundo, por ejemplo yo vengo de la provincia de Misiones, lo que era la provincia hace 40 años atrás y lo que es la provincia hoy. Recorrer las rutas de Misiones era ver una selva subtropical húmeda con una riqueza florística y faunística que se caracterizaba por su cantidad de variedades y especies, y determinaba un medio ambiente y una belleza muy especial. Hoy a pesar de ser la provincia que más áreas de conservación, áreas protegidas y parques provinciales –además de los parques nacionales–, tiene, no deja de asombrarse uno cuando ve el cambio de fisonomía y el cambio paisajístico que sufrió nuestra tierra. Esa tierra donde vivían los guaraníes y donde tuvieron tanta sabiduría para la conservación del medio ambiente. Si uno estudia –y a esto me dedique en algún tiempo–, la evolución de los guaraníes, que tuvieron un desarrollo espiritual muy considerable, donde tenían un dios equivalente al Dios cristiano, también existe Tupá equivalente a lo que es hoy Jesucristo, y a partir de ahí, en la verdadera mitología de los guaraníes, no existía el diablo. Nosotros, cuando se produce la conquista, transformamos el término añá en diablo, añangá era realmente un dios justiciero que se encargaba de controlar la conservación y los abusos del medio ambiente. Para eso, debajo de su nivel existían una serie, en la mitología, de ayudantes de esos dioses en otros niveles, que algunos se encargaban, por ejemplo el caporá quien controlaba la deidad, quien controlaba que los aborígenes no cacen más de lo necesario para su alimentación. Cuentan los guaraníes que aquél que cazaba de más, tenía una oportunidad nuevamente; pero si volvía a repetir la pena, le aparecía un duende montado en un pecarí gigante –el jabalí misionero–, que producía tanto trastorno que, además, la persona nunca más podría volver a cometer un exceso en la caza. Eso pasó también con i-yará que es el tutor de los ríos, el encargado de que la gente conservara los ríos, la pesca; el ibirá-yará, el tutor de la selva, aquellos que conservaban a todos los árboles y las especies vegetales de la selva, y aquellos aborígenes que causasen algún daño sufrirían daños en las cosechas que hubiesen tenido, que a su vez cultivaban, no desmontando como hemos hecho nosotros destruyendo todo el medio ambiente, sino que desmontaban lo que era el alimento que necesitaba mucho sol en aquellos lugares donde se producía un vacío en la selva producto de que haya caído un rayo en el incendio que se produjo y trabajaban en esos lugares, pero nunca destruyendo la selva, que era el medio ambiente dentro de lo que ellos vivían.

Me acuerdo de una empresa forestal que se instaló en Misiones, nunca me voy a olvidar de los ejemplares de cedros enormes, de las especies más valiosas que tenía la selva misionera, de los rollos de un desarrollo gigantesco, tumbados y quemados. En los diarios de ese entonces apareció una foto de esos rollos prendiéndose fuego para hacer de esa tierra cubierta un bosque nativo, para reforestar con una especie importada, el pino.


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Si hay alguien a quienes los seres humanos tratamos mal, fue al medio ambiente y a la naturaleza. Creo que lo que hoy vamos a hacer, es algo que nos puede reivindicar mínimamente, pero tenemos mucho camino por recorrer para tratar de que el medio ambiente, su conservación, llegue a un equilibrio con el desarrollo y la necesidad del ser humano. Eso tiene que ser un paradigma para todas las sociedades, para todos los líderes políticos, para toda la población, y creo que lo fundamental, pasa por la educación, de qué manera se puede conservar, de cómo tiene que hacer para colaborar a que el ambiente se siga destruyendo y para tratar de recuperarlo, si todavía estamos a tiempo.

Agradezco muchísimo a Daniel Filmus, porque siempre se ha caracterizado por temas que tienden a conservar el medio ambiente y me parece que este tema, está lleno de un contenido y un significado, y la intención, tal como conversamos con él, es tratarlos antes de fin de año, si la mayoría de las cámaras lo permitan.

Muchísimas gracias y espero que saquemos provecho de esta jornada. (Aplausos.)

Sr. Senador Filmus. – Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco al senador Torres, presidente de la comisión, que haya convocado a esta jornada y que haya manifestado en reiteradas ocasiones el interés y la preocupación de la comisión –y en particular de él–, de avanzar sobre temas tan importantes como este y de tantos otros temas que tienen que ver con cómo se complementa el desarrollo con el cuidado del medio ambiente, es uno de los temas centrales –lo decía recién el senador–.

Si bien es una causa histórica, hoy en día todos los organismos internacionales están preocupados por estos temas, para quienes lo estuvieron siguiendo últimamente –como es el caso del G-20–, es un tema recurrente en todas las reuniones, se plantea como un tema central para llegar a consensos comunes. En general, en la última cumbre no estamos totalmente conformes con los avances que ha habido a nivel global y con los acuerdos que han sido relativos –y no muy profundos–, pero estamos seguros de que hay que avanzar en esta dirección. Hay veces que hay acuerdos respecto del esfuerzo que hace cada uno de los países, por eso este esfuerzo del senador Torres para tratar de colocar este proyecto, entre otros que tiene la comisión, antes de fin de año, me parece importantísimo.

Saludo también a la senadora Vigo, que nos está acompañando. La mayoría nos conocemos las caras porque ya venimos discutiendo el proyecto, que tuvo una primera presentación hace dos años, que luego perdió estado parlamentario, pero no perdimos el tiempo porque fueron dos años de discusión y debate con cada uno de los sectores. Fuimos mejorando, perfeccionando e incorporando sugerencias en distintos aspectos, y en la presentación que hemos hecho este año, acompañados de una cantidad de organizaciones que están aquí, ya hemos incorporado algunas de estas modificaciones. Pero seguramente, del debate que seguiremos haciendo a partir de la jornada convocada por el senador Torres vamos a incorporar nuevas modificaciones. No hay ningún tema, ningún artículo en


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particular que sea irreductible en cuanto a posibilidades de mejoras, siempre y cuando tienda en la dirección que estamos tratando de avanzar –que es la que planteaba el senador recién–, complementar el desarrollo con el cuidado de ambiente, y en este caso en particular, con todos los aspectos particulares que tienen los residuos eléctricos y electrónicos.

Casi todos ustedes habrán leído el proyecto, así que no tiene mucho sentido que lo repita, solamente quiero señalar algunos aspectos que me parecen centrales para el debate, algunas asignaturas pendientes que seguramente aparecerán en las exposiciones y si podemos también hacer un intercambio de opiniones.

En primer lugar, no es que perdimos dos años, sino que es un proyecto muy complejo, muy difícil. No hay que pecar de un exceso de reglamentarismo ni de una apertura tal que después no se pueda implementar. Entonces el equilibrio que tiene que haber entre la necesidad de fijar los parámetros generales en un nivel de heterogeneidad tan grandes como el que se plantea y la de por lo menos, tener algunos elementos comunes para todo el país y para todas las áreas, es uno de los desafíos que tenemos que llevar adelante. Me parece que es complejo porque hay una cantidad de actores muy distintos, muy heterogéneos y muy desiguales. Son heterogéneos los actores porque cuando hablamos de residuos eléctricos y electrónicos, estamos hablando de una variedad de productos que están enumerados indicativamente en el proyecto, pero no es lo mismo una pila que una heladera, no es lo mismo un televisor que un celular, cada una de las cuestiones tienen mecanismos, problemáticas muy particulares, tienen valores muy distintos, tienen forma de transporte muy diferente y tienen forma de procesamiento muy diferente, tienen capacidad de recuperación muy distinta, tienen capacidad de daño en la naturaleza también diferente, y es difícil de resolver. Muy difícil resolver esto en un país federal –esta es otra cuestión–, los países unitarios tienen otras dificultades, si uno discute con la gente de Chile o Uruguay, a diferencia que nosotros nos parecemos más a Brasil o Méjico, uno ve países unitarios cuando se toman decisiones y es más fácil que cada una de las autoridades locales muchas veces –como el caso de Chile–, son designadas directamente por el Ejecutivo, son fáciles de implementar. Acá es necesario complementar una legislación nacional con las legislaciones provinciales, y al mismo tiempo con las municipales, porque es un tema que tiene su base en lo local, no hay ninguna otra forma de resolverlo si no se resuelve municipio por municipio, tenemos miles de municipios en Argentina. Uno puede seguir enumerando complejidades que hacen falta resolver y que es difícil plantear la cuestión, después tenemos, me parece que es muy importante y es uno de los temas que hay que analizar más y mejorar el proyecto, qué pasa con aquellas empresas que ya tienen y ya están llevando adelante sus propios programas y proyectos en esta dirección. Cómo hacemos, no para competir ni para mover, sino para favorecer y generarles mejores condiciones para que lo puedan desarrollar e incentivar en esta dirección al trabajo. Así que no tenemos que asustarnos por la complejidad, lo que se trata es de cómo podemos


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abordarla y también en algún punto siempre lo óptimo es enemigo de lo posible, entonces en algún momento hay que tomar alguna decisión y avanzar para que tengamos algunas estrategias.

Esta semana tuve la suerte de que me visite CQC por el tema de las pilas de la Ciudad de Buenos Aires, parece que hicieron toda una investigación, y llegaron a la conclusión de que la forma de resolverlo es que se aplique esta ley, y la nota termina con un sello diciendo “compromiso asumido”. Entonces me decía el periodista sobre el final, hasta cuándo tenemos las pilas ahí, cuándo va a estar la ley. Realmente hay una demanda y un reclamo social sobre este tema, y asumí el compromiso, por lo menos en el tema de la ley, es muy complejo. Otra cosa que hay que plantear, es que es una ley que es un proceso, no es una ley como otras que al otro día, como nos pasaba el otro día como la de matrimonio igualitario, que nosotros aprobamos un miércoles y un viernes se estaban casando. Acá hay una ley que va a ser todo un proceso de construcción, en donde tenemos que generar políticas de estado, porque solo la elaboración del ente y el avance va a implicar más de un periodo electoral, entonces tiene que ser –en este sentido me parece muy buena la convocatoria del senador Torres–, una cuestión que tratemos de aprobar por unanimidad, o por lo menos, de acuerdo a criterios comunes que no pasen por lo partidario. Estamos hablando de un tema realmente de sensibilidad general y como me decían también de un programa, qué hacemos con los televisores del mundial, todo el mundo renovó y qué hacemos con esos aparatos, entonces terminó la entrevista, apagó el micrófono, y me preguntó “che, yo tengo un televisor en casa y no sé qué hacer, dónde lo pongo”, entonces es un tema que va desde lo general de la industria, hasta las cuestiones particulares de la gente, de cómo resolver sus problemas cotidianos.

Insisto en el afán de ser sumamente breve, no voy a entrar en detalles sobre los temas que queremos resolver, que todo el mundo los conoce, y lo que está pasando últimamente, yo señalaba el tema de los televisores, pero ustedes saben también que en el caso de los celulares, la renovación es cada vez más rápida y es necesario tomar una respuesta en forma inmediata desde el Estado, desde las empresas y de todos los actores –incluidos los consumidores–. Tenemos mucha experiencia internacional, nosotros hemos tomado mucho de Greenpeace, hemos tomado la experiencia internacional comparada respecto de cómo se han ido resolviendo –sabiendo las diferencias que tenemos–, tenemos convenios internacionales que tenemos que cumplir y avanzar en esa dirección, tenemos que evitar el derroche de materia prima por la gran cantidad de elementos que son claramente renovables y reciclables, tenemos que evitar la contaminación. No les quiero contar las últimas conversaciones que hemos tenido –y esto ya no de carácter de senador– respecto del tema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Como todos saben no hay espacio, no hay lugar, si no se resuelve desde otra perspectiva, y aparte el tema de los análisis que están haciendo, el tema de la contaminación, son bastante preocupantes. Si podemos, aunque hay parámetros internacionales, no sólo generar una


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conciencia respecto de la organización de la utilización y del reciclado de los raee, sino también incentivar y promover la reducción de la peligrosidad de los componentes, desde el momento que se fabrican, estaremos dando un avance y el ente que se cree puede generar incentivos al respecto.

Acá hay un gran tema que es el primero que habría que discutir, que es la llave del acuerdo, porque si estamos de acuerdo con eso, después podemos avanzar, que es el principio de responsabilidad extendida del productor, que es el que hemos elegido nosotros para avanzar con respecto a la ley. Este es el primer tema me parece, si estamos conscientes de que hay que tomar alguna política, si estamos conscientes de que esa política tiene que ser articulada de común acuerdo entre los diferentes actores, el otro tema para que podamos avanzar en el proyecto de ley, es la idea de la responsabilidad extendida del productor. No se agota de ninguna manera en el pago de un canon, en el pago del aporte para la gestión, sino que es desde la fabricación hasta toda la gestión y tratamiento de los raee.

El segundo tema es, si estamos de acuerdo con la responsabilidad extendida –yo he visto varias polémicas al respecto–, si es necesario o no la creación de un ente autónomo con participación, que nosotros planteamos en el proyecto, igualitaria, aunque no sería igualitaria de las empresas y del Estado. Digo que no sería igualitaria porque del Estado no hay un actor, el Estado son muchos actores, no hay una posición del Estado, porque al estar el consejo federal que son de distintas provincias hay distintas estrategias, está el INTI por un lado, y después hay otros organismos públicos como la Secretaría de Ambiente, que sería la autoridad de máxima aplicación, que hacen realmente a que el encargado de conducir el proceso sean los propios actores interesados en hacerlo. Uno puede discutir después la composición del ente, si está de acuerdo o no. Lo segundo a discutir sería, estamos de acuerdo de que esto hay que resolverlo, estamos de acuerdo con que el principio de la responsabilidad extendida, tercero, estamos de acuerdo con que sean los propios actores los que lleven adelante las políticas y las estrategias para resolverlo. Después hay temas como los plazos que se fijan para avanzar, que son plazos de un kilo por consumidor a los tres años, no parece un plazo, un proceso demasiado acelerado, son temas que también se pueden discutir y fijar cuestiones que sean claramente posibles de cumplir y no imposibles después.

Habrán leído, hay responsabilidades muy claras para cada uno de los actores, que van en los productores desde diseñar los aparatos reduciendo al mínimo el contenido de sustancias peligrosas, marcar los aparatos con un símbolo que indique que no deben ser dispuestos con los residuos domiciliarios, proporcionar a los gestores de raee información para el desmontaje e identificación de los distintos componentes de aparatos. Desde eso hasta la autoridad ambiental nacional, que tiene que establecer los lineamientos, reglamentar los aspectos de la ley, establecer requerimientos técnicos mínimos que deben cumplir las plantas de gestión y tratamiento de raee, controlar el cumplimiento y autorizar


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las metas a medida que se vayan avanzando, también cuáles son las responsabilidades de los consumidores, de las autoridades locales y de los distribuidores.

Me interesaría terminar redondeando algunas cuestiones que ya nosotros, después de haber presentado el proyecto, hemos recibido como sugerencias y que me parece importante incorporar y va a haber que discutir en la comisión, cómo es la mejor forma de hacerlo. Este proyecto tiene varios cuellos de botella, cualquiera puede decir el tema de almacenamiento, el tema de transporte, qué hacemos con los pequeños municipios, o con los grandes, hay varios cuellos de botella. Otro tema es que tenemos muy poca capacidad en Argentina para cualquier tipo de emprendimiento que hable de reciclado. Hemos elaborado en base a otros proyectos sobre otros temas, un capítulo nuevo de esta ley, o si esto da lugar a la polémica, qué tipos de incentivos, muchos de los cuales deben ser fiscales, tienen que estar dispuestos para que se creen estas organizaciones productivas que permiten el reciclado y la recuperación de los aparatos. Lo ideal sería que vayan de la mano, para que también haya una demostración del Estado que hace un aporte fiscal para generar incentivos para que esto se cree, no tendría sentido hacer lo otro si el cuello de botella está al final. Este tema es bueno que lo podamos discutir, si nos conviene hacer un artículo más en esta ley o colocarlo como un proyecto de ley distinto y que vaya al mismo tiempo porque involucra otros actores.

Hasta acá la presentación breve, por supuesto, insisto y rescato lo que planteaba el senador Torres, es un tema histórico, un tema que como humanidad, como habitante de este planeta, como habitante de esta región, y de un país que realmente todavía tiene una agenda ambiental no resuelta muy importante. Incluyo en aquellas como el tema de la ley de bosques, todavía su implementación, ponerla en marcha y avanzar cuesta bastante tiempo. Este es uno de los temas que creemos que hay que debatir y avanzar, y no les quepa duda que con la misma amplitud que venimos discutiendo, y no forzando la situación, porque hace dos años venimos discutiendo, uno podría forzar y llevar al recinto con las firmas un proyecto que no esté totalmente consensuado, pero también hay que ponerle un límite al debate y avanzar en que esto se empiece a llevar adelante.

Agradezco la presencia, le agradezco al senador Torres por haber convocado esta reunión y nos quedamos a escuchar todas las sugerencias e ideas que permitan complementar el proyecto. Gracias. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – Muchas gracias senador Torres, muchas gracias senador Filmus.

Invitamos a subir al estrado a los integrantes del primer panel de cámaras de productores, los representantes de CICOMRA, de CAMOCA y de CADIEEL. La metodología establecida, sería que ellos expongan durante no más de quince minutos cada uno y posterior a eso, estaríamos entregándoles unos papeles a ustedes para que anoten sus preguntas y se las podamos hacer a cada uno de los expositores.


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Le damos la palabra al representante de CICOMRA.

Sr. Representante de CICOMRA. – Buenos días a todos. En primera instancia quiero agradecer a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación por la invitación a participar en esta jornada.

Voy a utilizar los quince minutos que se me asignaron, compartiendo con ustedes la visión que tienen las empresas de nuestra cámara respecto de toda la temática residual de aparatos eléctricos y electrónicos, y compartiendo algunas consideraciones generales sobre el proyecto de ley del cual estamos hablando.

Represento a la Cámara de informática y comunicaciones de la República Argentina, nuestra cámara tiene como socias a muchas de las empresas más importantes de informática y comunicaciones que desarrollan sus actividades en nuestro país, vendiendo y soportando productos y servicios en estos dos rubros. Creemos firmemente que la tecnología y la educación, son elementos estratégicos dentro del desarrollo de nuestro país, y sin duda pensamos que aquellos países que han considerado a estos dos elementos como factores estratégicos han recogido sus frutos a través del tiempo en el desarrollo de sus sociedades. Pero también estamos convencidos que el desarrollo de la tecnología y su impacto positivo en la sociedad, puede y debe convivir con un medio ambiente sustentable. En este sentido, las empresas que están en nuestra cámara tienen una concepción y actúan globalmente, reconociendo la importancia de preservar el medio ambiente natural en el que todos nosotros vivimos en nuestro planeta, para futuras generaciones. A través de un compromiso concreto tratan de alcanzar este objetivo, con una combinación de una constante innovación tecnológica, medio ambiental, y a prácticas de negocios con conciencia social y ambiental. Dentro de estas prácticas, están enmarcados muchos programas voluntarios que se han llevado adelante en términos individuales, el tratamiento de las raees, más allá de la existencia o no de regulaciones vigentes –como bien comentaba el senador Filmus en su introducción–.

Para cumplir con este compromiso de innovación tecnológica y mejores prácticas de negocios, las empresas tratan de enfocarse en varios campos de acción. El primero es reducción en la fuente, implicando esto la eliminación progresiva de sustancias controladas, teniendo para la fabricación de los productos proveedores verdes e incorporando materiales reutilizables y reciclables. También enfocan su actividad en la prolongación de la vida útil de los productos que ponen en el mercado a través del eco diseño, a través de tener en estos productos la concepción de eficiencia energética y el uso de materiales alternativos. Por cierto, las empresas adhieren a la responsabilidad extendida de los fabricantes, en el marco de distintos esquemas de gestión y metas establecidas.

En lo que es la reducción progresiva de sustancias controladas, las políticas que las empresas adoptan tienen un estricto de estas sustancias químicas, y al mismo tiempo, se


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toman recaudos para reducir, sustituir y eliminar estas sustancias que puedan ser nocivas para el ambiente. Los planes de las empresas en este sentido, muchas de las veces exceden los estrictos requerimientos establecidos en la normativa internacional. En el campo de la prolongación de la vida útil de los equipamientos y la reducción de su impacto al medio ambiente y en relación al diseño de los mismos, las premisas principales que las empresas adoptan son reducir la huella ambiental del producto, no solo durante su fabricación sino también durante el ciclo de vida útil de estos productos. Para ello, se trata de diseñar los productos permitiendo una incorporación de actualizaciones que prolonguen su vida, facilitando su reparación y desarmado en el caso del reciclado, y proveyendo una herramienta para que se pueda cumplir simultáneamente la provisión de equipamientos que todos usamos en nuestra vida diaria, simultáneamente con el cuidado del medio ambiente.

Como mencionaba el senador Filmus en su introducción, es bueno tener la visión de que no todos los productos son iguales. Podemos ver distintos productos, como teléfonos o computadoras, que tienen distintos atributos en términos del ciclo de vida de la cantidad de equipos que están en el mercado, de su crecimiento, del volumen, en términos de residuos, incluso del nivel de contaminación que los mismos puedan presentar. Todos esos atributos merecen un enfoque diferente al momento de tratar sus residuos, y merecen sistemas integrales de gestión diferenciados que traten de maximizar la eficiencia de estos procesos de reciclado.

Quisiera compartir algunas consideraciones generales que tienen que ver con el proyecto, varias de las cuales el senador Filmus mencionó en su introducción. Nuestra primera apreciación es que existen diversos modelos de gestión de las raees a partir de los cuales se puede concluir que el problema y sus soluciones tienen un alto grado de complejidad. De ello surge nuestra opinión, nuestra visión, que cualquier programa propuesta sea gradual y escalable con un punto de control, que permitan observar qué correcciones se deben hacer para garantizar el éxito del programa como un todo. Las empresas socias de CECOMRA, están convencidas de la necesidad del tratamiento adecuado de estos residuos y acompañarán cualquier plan que sea razonable en este sentido. Como mencioné anteriormente, tienen normas de diseños de productos que atienden a la protección del medio ambiente y programas propios, que muchas veces superan a aquellos establecidos en regulaciones. El diseño de la recolección de las raees, opinamos desde nuestra cámara, que es uno de los puntos más críticos de un programa y por supuesto, no es simple, debe considerarse el volumen a recolectar y también la potencialidad de recuperación de materiales que hace a la viabilidad del sistema que se esté gestionando. Creemos que la recolección se debe considerar en distintos niveles, ejemplificándolos en sitios regionales y municipales, en el punto de los distribuidores y revendedores, y en las propias iniciativas de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos.

Algunas consideraciones sobre lo que hemos aprendido en este proceso, desde nuestra cámara hemos estado cercanos a las iniciativas de legislar en este aspecto, pero


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también a cómo ha evolucionado el tema en el mundo, y en nuestro país hemos identificado algunos escollos concretos. El primero de ellos es a nuestro entender, no está claro cuál es el concepto de residuo peligroso en todo el proceso de gestión de las raees, y entendemos que esto es fundamental aclararlo, no estamos diciendo que sea dentro de la ley, pero sí en paralelo o antes de la ley, para asegurar la recolección, el almacenamiento, el transporte, y el tratamiento adecuado de las raee. También creemos que se debe trabajar en la armonización completa de lo que se entiende por clasificación de sustancias riesgosas o peligrosas, cuando digo armonización completa es con lo que hoy en día está establecido a nivel mundial, tratando de compatibilizar cualquier regulación que esté establecida localmente con lo que se está haciendo en la región y en el mundo. Coincidimos plenamente que en Argentina no existe una industria de reciclados que pueda tener la capacidad de procesar los volúmenes que la ley propone volcar al sistema, y creemos que las propuestas que hay en la ley no son suficientes para visualizar un camino de expectativa de que haya un desarrollo de esta industria en el futuro. También creemos que en ese sentido debe asegurarse la competencia de todas las empresas que se creen y que las mismas puedan desarrollar esta actividad dentro del marco del cuidado ambiental, la salud y la calidad de los procesos y sus resultados. Por último, pensamos que sería adecuado tener partidas presupuestarias que hoy en día no vemos que existan en el gobierno nacional, asignadas a este tema, debido a la magnitud que el mismo tiene.

Para concluir, queremos hacer algunas menciones respecto del modelo de gestión. En este sentido, insistimos en que en cualquier modelo de gestión se debiera definir claramente el rol del subsistema de TIC, que se incorpore a la ley en forma expresa, vía un anexo, mencionando qué equipamientos tienen que ver con tecnología de informática y de comunicaciones. Entendemos que este subsistema debiera tener su industria reciclada con las características específicas y propias correspondientes a estos equipamientos, con los gastos de gestión acordes a este reciclado y sus productos, y con el ritmo de avance que los volúmenes a tratar especifiquen. Creemos que es imprescindible mencionar esto de los subsistemas para asegurar que no haya subsidios de un subsistema a otro y que haya asimetría de mercado por esta razón. Sobre la propuesta de crear el Engeraee, reiteramos que a nuestro juicio existen otras alternativas de gestión diferentes a esta propuesta y que merece la pena echar una mirada, incluso por la poca experiencia que hay en general sobre este tema. Tendríamos que ver qué es lo que están haciendo otros países en nuestra región, respecto del modelo de gestión, por ejemplo lo que están haciendo en Brasil o Costa Rica, o en Colombia o Chile, que están tomando enfoques diferentes, o lo que están haciendo en el mundo o en la comunidad europea, donde el Estado se queda con su rol indelegable de control, de sanción y de fijación de metas y deja la gestión a sistemas individuales y colectivos gestionados por el sector privado. En función de todo esto y del propio articulado de la ley, oportunamente desde nuestra cámara hemos enviado un documento con sugerencias sobre todo ese articulado referidos a cambios o en algunos casos, de eliminaciones de veintiún artículos y sus incisos del proyecto de ley. Estas sugerencias


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están relacionadas en el documento, con su argumentación respectiva, con varias de las consideraciones generales que he mencionado respecto de la temática total de las raees, de los varios obstáculos o escollos que hemos identificado a partir de las experiencias prácticas de las empresas y con el modelo de gestión propuesto. Por último queremos mencionar, más allá de esto, algo que comentó el senador Filmus. Consideramos que es muy importante que más allá del modelo que la ley proponga y se termine legislando, se tenga en cuenta el reconocimiento de los programas individuales que las empresas implementen voluntariamente como parte del cumplimiento de su responsabilidad respecto de esta temática.

Esto es todo lo que tenía para compartir. Realmente valoramos desde nuestra cámara, la oportunidad de dar nuestra opinión. Muchas gracias por estos minutos que me han permitido compartir con ustedes la visión de las empresas y de nuestra asociación. Gracias. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – A continuación, el representante de CAMOCA.

Sr. Representante de CAMOCA. – Buenos días. Gracias por la invitación.

No estamos acostumbrados a que el poder legislativo amplíe una convocatoria de este tipo, por eso el agradecimiento a los senadores, que lo debemos reconocer desde hace ya dos años, porque permanentemente han permitido que podamos aportar opiniones.

Nuestra idea es no tratar sobre la letra de la ley, sino de hacer una serie de consideraciones y opiniones para que puedan influir en algunos de los articulados y de algunos conceptos que están incluidos en el proyecto. Dentro de esta idea, primero debemos dejar claro que el costo de esta ley, como de muchas otras, va a tener que ser absorbido por el consumidor, evidentemente así funciona el mercado mundial y los sistemas de consumo. Debemos tratar de cuidar que el impacto sobre el consumidor sea el menor posible.

Con respecto a los aparatos eléctricos y electrónicos, por la evolución tecnológica y, por ello, en su composición de partes y piezas, está cambiando para bien a nivel mundial. Nuestro país acompaña, forzosamente, porque nosotros somos, y CAMOCA representa a integradores de equipos electrónicos, en donde empresas mundiales han desarrollado nuevas tecnologías, nuevas partes, nuevos elementos que tienen un impacto muy inferior al de hace muchos años, con respecto al medio ambiente. En consecuencia, estamos siguiendo esa trayectoria y los productos utilizados en nuestro país, son cada vez más livianos y menos contaminantes. Para que tengan una referencia, en cinco años los productos electrónicos se redujeron a una tercera parte del peso, hablando en kilos, y esta gran reducción hace que los kilos de desperdicio a destinar, o a reciclar, se sigan manteniendo en el tiempo. Probablemente para el 2011 o 2012 vamos a tener una reducción de kilos totales en lo que es equipamiento electrónico, y consideramos que vamos a llegar a un cierto


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equilibrio para el año 2014 o 2015. Para los productos eléctricos es distinta la reducción de sus volúmenes físicos y de su kilaje, no es tan significativo como en los electrónicos, pero existen desarrollos tecnológicos que mejoran los materiales y eso ayuda a reducir el impacto ambiental.

Acompañando esa trayectoria, vamos a seguir acercándonos al cuidado del medio ambiente que es una preocupación de todo el mundo. En ese sentido, somos dependiente en un 90% de lo que producimos, por lo que la influencia del mejoramiento de las partes y piezas de los productos que se fabrican en el país, van mejorando sus condiciones. Tenemos que tener en cuenta que existen otros productos que no hacen a esta ley, como los automóviles o las maquinarias, en donde el impacto se mantiene en kilos. Debemos tener en cuenta que en el país hay mil millones de kilos esparcidos en todo nuestro continente de automóviles y maquinarias en desuso. No es una cifra menor, en donde por el tiempo transcurrido, han contaminado tierras, napas de agua, y han proliferado insectos y alimañas de todo tipo. En algún momento va a haber que tomar una decisión de reciclado, compactado y exportación más agresiva de la que tenemos; lo hago como una acotación para comparar los volúmenes y el impacto que tienen distintos productos, como bien hizo el senador Torres con la provincia de Misiones, la provincia que más me gusta del país, o me gustaba. Digo me gustaba porque lo que usted observó, lo pude observar y realmente me dolió mucho verla como está la provincia. Hace más de treinta años que la recorro y veo los cambios que se han suscitado en esa hermosa provincia.

Con respecto de lo que hablaba, un auto mediano fabricado hace cien años pesaba solo un 25% más del auto mediano de hoy, por lo que mucha significancia en impacto de volumen y de kilos no se ha tenido. Es una industria que no puedo solucionar, ocupémonos de lo electrónico. Hay una cantidad de resoluciones y de normas en Argentina que van en contra de este proyecto de ley. Una de ellas es la 909/94, tiene unos cuántos años y fue creada y diseñada en otro país. La Argentina en 1994 era otro país, no es el de hoy. Nosotros hace más de seis años que tratamos de modificar esta resolución, porque trata sobre la importación de productos usados y lamentablemente, hemos notado que se siguen importando productos usados eléctricos y electrónicos, que son los que nos afectan para esta ley, en volúmenes importantes. El lapso de vida que tienen esos productos usados que se importan, son cada vez menores e impactan directamente sobre el medio ambiente, pasan a ser residuos rápidamente.

A título de ejemplo, les traje un producto para que ustedes tengan una idea, una fotocopiadora. En el primer semestre del 2010, de 9485 fotocopiadoras, 7011 son usadas, y de esas 7011, 826.802 kilos son lo que pesan esas fotocopiadoras, y pasan a ser residuos electrónicos en muy corto plazo. La cifra del 2009, fue de un ingreso bajo de este tipo de equipamientos, durante todo el año entraron 15075 equipos, y 11032 son usados, y esos 11032 pesan 1.274.806 kilos. Por lo que esa resolución, consideramos y discutimos desde hace varios años con la Secretaría de Industria, hay que modificarla. Mis colegas y


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compañeros de panel, saben que no sólo es en fotocopiadoras, en estos últimos años ha pasado con computadoras, han entrado pc usadas, monitores usados, impresoras. Creo que la intención que tenía la resolución en el año 1994, hoy ya no tiene sentido, en aquél momento era dar una oportunidad de que con bienes de informática y bienes de capital, se pudiera suplir una diferencia de precios bastante significativa. Hoy, los costos de la informática han bajado, cada vez se ofrecen mejores productos a mejores costos, a más bajos precios. Eso hizo que esta resolución perdiera valor o perdiera interés. De toda forma hay rubros de esa resolución que se deben mantener, que son equipamientos para la industria gráfica o la industria textil, que me parece interesante que se sigan considerando como bienes de capital y de cierto valor como para que las industrias nacionales puedan equiparse para mayores producciones. En lo que es informática y electrónica, deberíamos hacer algo o que nos acompañen de alguna forma, para hacer una rápida modificación de esa resolución.

Otra preocupación de CAMOCA es el costo que normalmente se asume, siempre por aquellas empresas responsables que quieren participar y permanecer dentro del sistema. Tenemos lamentablemente muchos ejemplos en contra, como es el caso de la resolución 92/98 de seguridad eléctrica, que ya tiene doce años, pero empezó a implementarse hace diez años, en donde vemos que los actores entraron con cierto entusiasmo a participar y se llegó a tener unas ocho mil familias de productos que entraron a certificar y a hacer ensayos. Las primeras que empezaron a sentir el costo y el impacto económico de esta resolución fueron las PyMEs nacionales que empezaron a salirse del sistema y hoy prácticamente no participan. Nos quedamos entonces, con una menor participación después de diez años y con mucho más peligro de seguridad eléctrica por la falta de fiscalización de todas esas empresas.

Sr. Moderador. – Estamos en tiempo…

Sr. Representante de CAMOCA. – Les pido disculpas, no vine técnicamente preparado como mi colega. (Risas.)

Estas son algunas de las consideraciones. El tema del impacto de aportes en las empresas responsables, hacen que la diferencia que se cree con las que no cumplen con la legislación, se haga cada vez más extrema, y complique realmente al mercado y al consumidor.

Podría hacer algunas consideraciones más en este sentido, pero por el tiempo cumplido, considero que no son necesarias. Pero sí hay un tema que me parece fundamental, que es el tema de la fiscalización. En el caso de la 92/98, tenemos muy serios problemas de fiscalización. Hay otros ejemplos, como que hay un 40% de evasión impositiva en el país, que el contrabando sigue creciendo, que por la necesidad de una ley de impuestos internos que perjudicó también al consumidor, se está contrabandeando cada


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vez más. Son todos temas de fiscalización que nos preocupan, y que este proyecto de ley va a tener que considerar seriamente, porque es un punto débil que tenemos para toda la legislación argentina.

Agradezco nuevamente el haberme hecho participar. Espero que estos conceptos que dio CAMOCA, haga un poder de reflexión para hacer algunos retoques en la ley. Desde ya, muy agradecidos. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – Va a hacer uso de la palabra, el representante de CADIEEL.

Sr. Representante de CADIEEL. – Buenos días a todos. Gracias a los senadores por esta invitación a esta jornada.

Nosotros ya venimos participando y colaborando en el desarrollo de este proyecto durante estos últimos dos años con aportes de varios documentos que pretenden orientar, básicamente el texto y algunos articulados de esta ley. Quiero hacer una reflexión, tenemos que felicitarnos al estar en esta instancia, en donde estamos discutiendo y analizando conjuntamente un proyecto de ley de estas características. Algunos de ustedes recordarán que hace veintiséis años atrás, el ex presidente Perón había escrito un testamento político en el cual se mencionaba en el modelo argentino, el cuidado del medio ambiente. Nos tenemos que felicitar que después de tanto tiempo estemos en esta instancia.

Ya que estamos hablando de leyes, sería bueno vigilar cómo están las competencias consideradas en este proyecto, teniendo en cuenta que tenemos un andamiaje de algunas otras leyes, como es la de residuos industriales –la 25612– o la de residuos peligrosos –la 24051– y la general del ambiente –la 25675–. Esto es para que no nos encontremos, cuando esto vaya al recinto, a que alguien se le ocurra que hay algún tipo de posible observación de inconstitucionalidad, por lo que debemos tener cuidado en que estas aristas estén pulidas. No voy a entrar en detalles, porque en algunos documentos hemos mencionado específicamente esto, incluso haciendo referencia al artículo 4, que es uno de los artículos donde esta cuestión de la competencia estaría tocando un punto sensible.

Siguiendo el lineamiento que mencionó el senador Filmus en su introducción, coincidimos plenamente en la complejidad de toda este andamiaje que se debe construir para gestionar correctamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nos animamos a sugerir y proponer, antes las cámaras se dedicaban a quejarse y proponían poco, hoy en día han escuchado a mis colegas, y se proponen cosas. Una de esas cosas que proponemos es que se haga una implementación gradual, incluso con algunas experiencias piloto, creo que nos va a enseñar y nos va a permitir ajustar mejor los procedimientos. En algunos casos, hay leyes que se ponen en práctica al día siguiente o incluso antes, aquí dada esta complejidad creemos que se debe permitir que todos los actores se puedan adaptar a estos procesos, sobre todo en cuanto a recolección y transporte.


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Insistimos con que los sistemas de gestión deben ser diferenciados, no podemos tener una aspirina que resuelva todo, por lo que vamos a tener que ser bastante cautos y tratar de implementar antibióticos específicos, o sea sistemas de gestión que abarquen específicamente a cada uno de los productos. En nuestra cámara tenemos más de trescientos asociados con una diversidad de productos inmensa. Volvemos a insistir, debe haber un sistema de gestión diferenciado, y vamos a continuar insistiendo con la determinación del aporte destinado al fondo de gestión, en cuanto que sea parte constitutiva del cuerpo de la ley. Es importante que esto quede de alguna manera plasmado, hay infinidad de ejemplos en legislación comparada de cómo se hace esto. Volvemos a generar una propuesta, qué pasa cuando las empresas deciden implementar programas voluntarios de gestión de residuos. Debería haber una eximición del pago del canon, y debería haber también incentivos para que esto ocurra, hay muchas empresas que tienen carácter multinacional y hacen esto en el mundo y lo van a trasladar a la Argentina. En nuestra cámara estamos desarrollando un programa de estas características, con los fabricantes de lámparas de bajo consumo.

Está claro que si un sector está conformado por participantes que hacen al 50 o 60 por ciento del mercado, existe una gran oportunidad para que estas mismas empresas se hagan cargo de la gestión de los residuos que, de alguna manera, los desechos que nosotros como usuarios generamos sean recolectados y tratados adecuadamente. Acá vuelvo sobre el tema de que tiene que haber un sistema de gestión diferenciado por los diferentes productos. Coincidimos con CICOMRA, en que hay que adherir a la normativa internacional de restricción de las sustancias peligrosas, es casi un mandato hoy en día estar alineados con este tipo de cuestiones. La industria electrónica está apuntando rápidamente a seguir la directiva de estar liberado del plomo. Es algo que debemos considerar y, probablemente, en el artículo 16, inciso a) habría que tener alguna consideración en particular sobre este tema donde cualquier sustancia peligrosa que se incluya en un proceso de fabricación y que es inevitable porque la tecnología todavía lo requiere, sea objeto de un estudio en particular.

Siguiendo la línea de Capellán, de CICOMRA, si es inexorable la necesidad de que exista un ente que administre el sistema de gestión. Nos deberíamos plantear cómo hacemos para que todos los actores tengan la suficiente representación, y cuál sería la operatoria de elección y la operatoria de designación, para que eso sea realmente equilibrado. También creemos que pueden existir otros mecanismos, como lo vemos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, qué es lo que están haciendo y cómo lo están resolviendo, y donde la función indeclinable del Estado como contralor sigue vigente.

Creemos firmemente que, como estamos en un sistema federal, como tantas leyes que tenemos de alcance nacional, y me refiero a una en particular –la 25551– que es la de compre trabajo argentino, compre nacional. Si las provincias no adhieren implica que no necesitan comprar trabajo argentino, deberían comprarlo, porque así defendemos los


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puestos de trabajo de los argentinos. Pero ahí justamente, tenemos este juego entre la legislación y la adhesión de las provincias que, en este caso, la debemos cuidar de forma muy especial, sobre todo para que no exista superposición de pago de canon en municipales, provinciales y tantas otras posibles acciones que puedan desarrollar las provincias si no adhieren a este futuro régimen.

Para terminar, repito que para delimitar las responsabilidades del generador, en cuanto al grado de contaminación que podría generar algún residuo al cumplimiento del artículo 16. Hay que reverlo seriamente por los esfuerzos que están haciendo las empresas en adecuarse, tanto en el diseño del producto como en la incorporación de materiales que sean menos contaminantes. Gracias. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – Muchas gracias. Hemos repartido unos papeles para que en el caso de tener preguntas para los expositores las anoten, y luego las entreguen y se las hacemos llegar. A continuación voy a leer las preguntas.

– Pregunta: ¿Dónde se pueden consultar las observaciones a los 21 artículos de la ley?

– Respuesta: Nosotros hemos entregado un documento a los redactores de la ley, al senador Filmus y a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde volcamos muchas de las consideraciones que traté de compartir con ustedes, respecto de la temática en general, de los obstáculos que vemos que faltan resolver, en paralelo o dentro de la ley, o anteriormente a la ley. También algunas consideraciones de los modelos de gestión, y como parte final del documento, que tiene varias carillas, y fundamentados en todas estas consideraciones que antes nombré, damos nuestra opinión sobre el articulado de la ley, en cuanto a cosas que entendemos debieran modificarse, cambiarse o eliminarse.

Sr. Moderador. – Le informo que en la comisión tenemos ese documento que menciona el señor Capellán, y además está colgado en la página web de la comisión.

– Pregunta: ¿Cuántas y cuáles son las empresas que tienen programas voluntarios en la Argentina, cuál es el alcance, cuáles son los programas y dónde han sido promocionados?

– Respuesta: Aún no hay programas en la Argentina. Estas empresas tienen programas en otros países. En el ámbito de las empresas de CICOMRA, son varias las que han desarrollado y llevado a cabo programas voluntarios relacionados a los residuos de aparatos de eléctricos y electrónicos. La extensión de los mismos ha sido diferente porque al ser programas individuales y voluntarios, han sido impulsados por cada empresa en particular. Les comento que empresas como es el caso de Sony, Nokia, Motorola, han desarrollado programas recolectando equipos, baterías y componentes, utilizando distintas medidas de acuerdo al diseño del


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programa en particular, productos en su red de distribuidores o en otros puntos de recolección que han acordado con algunas autoridades locales. También empresas que son prestadoras de servicios, pero para prestar el servicio utilizan sus clientes estos tipos de dispositivos, como son las empresas proveedoras de servicio de telefonía móvil, me refiero a Claro, a Movistar, a Personal y a Nextel. Han implementado programas que están incluso colgados en sus páginas web, que están promocionados en sus redes de distribuidores, recolectando aparatos de telefonía móvil y baterías, adhiriendo de esta manera a los principios que antes mencionamos y teniendo en cuenta esto, dentro de su accionar empresario con responsabilidad social y ambiental.

Ha ocurrido también que a raíz de estos programas voluntarios se fueron detectando algunos problemas, que traté de puntualizar en mi exposición. Por nombrar dos de ellos, y sería bueno reflexionar y ver cómo entre todos podemos abordarlos, en muchos casos han colectado cuestiones que después no se pueden transportar por no existir una adecuada definición de lo que es un residuo peligroso, o cuándo un aparato en desuso es un residuo peligroso, o cómo armonizar los componentes que ese aparato tiene. Esa imposibilidad de transportarlos, muchas veces hace que estos programas tengan dificultades para llevarse a la práctica y termine acumulándose dispositivos completos o baterías, que luego no se sabe cómo manipular en todo el proceso. La segunda parte de esta cuestión, es la necesidad o capacidad de procesamiento que hay respecto de estos dispositivos. Si tenemos una ley o no tenemos una, pero tenemos programas, colectamos difundiendo información de estos dispositivos, los podemos transportar pero después no los podemos procesar, tampoco estaríamos abordando el problema en su totalidad. Es ahí donde entra el punto que puntualizó el senador Filmus, de la necesidad de imaginar entre todos mecanismos que permitan incentivar la construcción de plantas que le den tratamiento a esta cuestión. También sería bueno unir estos dos puntos desde una perspectiva regional porque quizás en algunos casos, sea interesante ver los distintos países de nuestra región, incluso del propio Mercosur, cómo pueden incentivar la construcción de plantas que tengan especialización en determinados dispositivos y los estados también ponerse de acuerdo con todos los requisitos y normas del caso, cómo se pueda transportar lo que se colecte para que sean cosas tratadas en Bahía Blanca, o en algún punto de Santa Fe o Buenos Aires, o también en Porto Alegre o Santiago, y que se reparta el esfuerzo de una intención conjunta de recolectar estos dispositivos en desuso, poder transportarlos donde se le dé adecuado tratamiento, y así estaríamos cerrando el círculo.

– Pregunta: Respecto a la mención sobre que el aporte esté determinado en el texto de la ley. Si existe alguna propuesta de cómo podría ser esa determinación en el proyecto.


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– Respuesta: Si. Hicimos varias propuestas, no puedo referenciar ahora cada una en particular, pero fueron varios métodos que son conocidos en el mundo. Tal vez cabe la primer reflexión, qué es un desecho y qué es un residuo. Qué es un desecho, es cuando yo desecho algo que estoy utilizando, y cuándo es un residuo, cuando ya del reciclaje y de la posible valorización de ese desecho, no puedo lograr más nada, por lo que tengo que determinar una disposición final. Imaginen la complejidad que puede tener en los diferentes equipos, cómo puede ser que tengamos que transportar entre jurisdicciones, algo que uno considera un residuo y el otro lo considera un desecho y que eso implique costos y gastos de traslado, de concentración, de tratamiento, de recupero económico, y en cada caso vamos a tener que poder calcular si ese recupero económico se lo restamos al canon o no. O si es un recupero, para quién, porque en definitiva si decimos que aplicamos el artículo 7, donde determinamos la primer puesta en mercado de un producto y el generador fabricante tiene que hacer el aporte del canon, después, cuando viene el reciclado, ¿en qué participa, en nada?. ¿Se dan cuenta que hay una complejidad bastante alta? Se tiene que tener en cuenta en cada uno de los sistemas y subsistemas de gestión, hay algunos productos que son mucho más complejos de recuperar y cuyo residuo puede ser nulo, como es el caso de las baterías que se las recicla en el país casi de forma completa –salvo el ácido sulfúrico que algunas veces se lo reutiliza–. En cambio, con otros productos el proceso no es tan simple, por lo que el peso que va a tener en el cálculo de un canon va a ser distinto.

El tema no es tan sencillo como para que lo podamos dejar librado a una reglamentación, donde vaya a saber con qué nos encontramos, y algo que le gusta a cualquier empresario es tener previsibilidad en los costos, porque en algún momento hay que asumir los costos económicos. Que esto sea algo previsible es bueno que esté contemplado en el cuerpo de la ley.

Los aportes financieros de las empresas, en gran medida dependen del modelo de gestión elegido. Si el modelo de gestión elegido es un modelo donde se admiten sistemas integrales de gestión individuales o colectivos, estos aportes pueden estar perfectamente alineados con el costo real de reciclado, de transporte, incluyendo la difusión de cada temática o producto en particular, por lo menos esto es lo que se ve en varios ejemplos, en los cuales el modelo de gestión se puede observar en países de Europa por ejemplo.

– Pregunta: ¿No cree más apropiado que la regulación de sustancias prohibidas, debe ser de forma separada de la ley de gestión de raee? Por ejemplo, mediante una revisión y adecuación de la ley 24051 de residuos peligrosos.

– Respuesta: Cuando mencioné el adherir, significa que alguna pincelada este proyecto debería tener. Está claro que hay una ley de residuos peligrosos que


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requiere una revisión, como todas las leyes cada tanto hay alguien que presenta un proyecto de reconsideración, de modificación o adaptación a nuevas situaciones. Por lo que si esta es una de las leyes que va a formar parte de la estructura de leyes que están tocando el tema del medio ambiente, tiene que tener una pincelada, no podemos dejar todo en una sola. Acá vamos a tener que cumplir con ciertas obligaciones, así que el tema de residuos peligrosos está casi incluido.

Sr. Moderador. – Muchas gracias a los expositores. Hacemos un intervalo y luego continuamos.

Van a hacer sus exposiciones los representantes de la cámara CIC, el representante del estudio jurídico Strunz, en representación de la industria de pilas primarias, el representante de AMCHAM y el representante de ASIMELEC.

Hace uso de la palabra el representante de la cámara CIC.

Sr. Representante de CIC. – Buenos días. Nuestra cámara agrupa los principales productores de artículos para el hogar, quienes consideran que el proyecto es sumamente importante a efectos de reducir los residuos eléctricos y electrónicos, fomentar su aprovechamiento, y cuidar el medio ambiente.

Adentrándonos en la norma, queremos hacer algunas observaciones, las cuales reflejan la opinión de la cámara sobre el articulado de la misma. En primer lugar, en la actualidad la industria del reciclado en la República Argentina se encuentra en un estado embrionario, ya que carece de capacidad para procesar el volumen de residuos que la ley contempla. Entendemos que la normativa debería considerar una implementación gradual de la aplicación de las disposiciones de la ley, con un análisis previo de los resultados obtenidos en cada una de las etapas, antes del inicio de la etapa siguiente y a fin de capitalizar los resultados obtenidos en cada una de ellas. La ley no contempla la recolección diferenciada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tal omisión olvida el objetivo fundamental de procesos como este, la recuperación de los materiales reciclados y la eliminación de otros que puede conllevar un riesgo significativo para quienes lo manipulan, debiendo tomarse precauciones para evitar la exposición peligrosa en las operaciones logísticas y de reciclado. La normativa no establece disposiciones claras sobre el reciclado y tratamiento de los materiales, las cuales debieran adaptarse a los estándares internacionales en la materia. La legislación argentina debería adherirse a las restricciones internacionales existentes, en el uso de sustancias peligrosas para fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos, determinando cuáles son los materiales que resultan perjudiciales y peligrosos y fijar el límite de su uso considerando el producto final. Debe tenerse especial atención al hecho que una gran mayoría de los productos que se fabrican en Argentina, se realizan bajo licencias internacionales que aplican dichas normativas.


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En cuanto al tema de los aportes destinados al fondo nacional de gestión de raee, con el objeto de financiar la referida gestión. Cabe señalar que tanto el valor de dichos aportes obligatorios, como los objetivos para gestión de raee, tendrían que establecerse taxativamente en el mismo texto de la ley, ya que derivar tales cuestiones a las reglamentaciones de la ley, generará un marco de inseguridad para los sujetos alcanzados por dicha disposición. Debido a que los mismos quedarán a merced de la voluntad de quien elabore la reglamentación. Habitualmente sucede que la reglamentación altera o deforma significativamente, el objetivo previsto en la ley de la cual emana, con el agravante de que en numerosas oportunidades aquella suele ser modificada unilateralmente por los funcionarios de turno, por lo que vulnera la seguridad jurídica y genera incertidumbre.

En lo que respecta al ente nacional de gestión de raee que está integrado por cinco representantes de los productores, cabe formular dos sugerencias. En primer lugar, entendemos que el directorio tendría que estar conformado por una mayor cantidad de representantes del sector privado, a fin que aquellos cubran todo el espectro de quienes están alcanzados por la disposición de la norma en estudio. En segundo lugar, la ley debería definir la operatoria para la elección de los representantes del sector privado que habrá de integrar el directorio, procurando la neutralidad derivada de un proceso transparente que asegure la ecuanimidad a la que apunta la intervención de dicho sector en la toma de decisiones. Cabe mencionar también, que no son claros los conceptos que definen al productor y al distribuidor, ya que las definiciones que figuran en el capitulo segundo del proyecto de ley, contienen conceptos que se superponen, lo que puede llevar a una confusión respecto a la calificación de aquellos que intervienen en la fabricación, comercialización y distribución de productos.

Es necesario señalar como imprescindible que el proyecto determine la adhesión de las provincias, no solo a la normativa de la ley sino especialmente, a los aportes establecidos por aquella. Para evitar así, que debido a problemas presupuestarios que habitualmente las aquejan, impongan cánones similares por iguales o equivalentes conceptos. En lo que respecta a la reglamentación de la ley, debe escucharse especialmente a los productores, quienes además deben tener participación activa en la redacción de dicha reglamentación. La normativa debería contemplar una participación más activa por parte del pequeño generador, a efecto de lograr un mejor resultado final de la misma.

Por último, y como cuestión esencial, debe señalarse la profunda preocupación que genera el concepto de responsabilidad extendida individual del productor, a que hace referencia el artículo tercero, del capítulo uno de las disposiciones generales del proyecto de ley. De su lectura se desprende que tal concepto responsabiliza en forma totalmente ilimitada a los productores por las consecuencias que eventualmente puedan derivarse de la contaminación que generen los residuos que provengan de sus productos. Dejar librado este concepto de responsabilidad extendida a la interpretación de las autoridades administrativas, puede llegar a producir conflictos, daño y consecuencias totalmente


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imprevistas para los productos, ya que no resulta ajustado al principio básico del derecho, que el accionar de terceros sobre los cuales los productores no tienen ningún tipo de control, los torne responsables de los actos de aquellos. En este sentido, para evitar consecuencias indeseadas, debería limitarse la responsabilidad a los hechos cuyas decisiones dependen exclusivamente del productor, específicamente y exclusivamente a todo lo vinculado al cumplimiento de las obligaciones detalladas en el artículo 16 del proyecto de ley. Si bien es entendible que la responsabilidad colectiva sobre los productos, procura mejorar el impacto en el medio ambiente a través de la calidad en la producción de los aparatos eléctricos y electrónicos, para ello se debe en igual forma promover el cuidado del productor para alentarlo a la aplicación de políticas proteccionistas y no exponerlos a responsabilidades ilimitadas. Gracias. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – A continuación, le damos la palabra a Susana Strunz, en representación de las pilas primarias.

Sra. Representante de Strunz. – Buenos días. Paso a presentarme, soy socia del estudio jurídico Strunz.

Hemos trabajado hace muchos años con este tema, pilas y baterías y también raee, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos tenido la suerte de ver desde adentro de cada gobierno, los problemas que ellos enfrentan en países más desarrollados que el nuestro. En estos quince minutos voy a tratar de dar una idea clara de lo que pensamos con respecto a este proyecto, coincido con muchas cosas que se dijeron, por lo que vamos a tratar de dejar una idea clara de lo que nosotros pensamos que debe hacerse para una gestión ambiental adecuada, seria y responsable.

Pilas, mitos y realidades. Es un título que venimos manejando hace mucho tiempo, y creo que es el que corresponde a las pilas. Las pilas no son todas iguales, tenemos las baterías primarias, las baterías recargables. Las primarias son las que no se enchufan para recargar, que van en linternas, radios, etc., y las baterías recargables son aquellas que si necesitan carga para volver a funcionar. Entre las primarias tenemos las alcalinas carbón zinc, botón y litio, y entre las recargables tenemos niquel metal hidruro y litio y ion. Además, desde el punto de vista medioambiental, la industria ha trabajado mucho en lo que es la reducción en la fuente y, desde el año 1993, las pilas no contienen mercurio incorporado intencionalmente. No están considerados residuos peligrosos ni en la comunidad económica europea, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Japón, en ninguna parte del mundo. Representan sólo el 0,03 por ciento de los residuos domiciliarios, no afectan el medio ambiente en la manera en que se afectaba cuando las pilas primarias contenían mercurio, tienen zinc y manganeso, no contienen mercurio desde 1993. Es de destacar que desde este año la pila botón, es totalmente libre de mercurio, tiene 0 por ciento de mercurio incorporado. Son las pilas para audífonos, para aparatología médica. Se está trabajando para tratar de liberar totalmente ese pequeño porcentaje que queda, que está


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aceptado por la directiva de la comunidad económica europea, para el año 2016. Recolectarlas tiene un mayor impacto ambiental, cuando no tenemos infraestructura y tenemos tantos problemas interjurisdiccionales. Sabemos que en Europa existen plantas de reciclaje, pero actualmente no están cumpliendo con el reciclado, puesto que necesitan extraer los metales de zinc, manganeso. Lo que están haciendo es, con lo que ellos sacan a través de un sistema que es pilo-metalúrgico, lo que sacan de las baterías lo usan para material utilizado debajo de los caminos.

Para avalar todo esto, tenemos muchos estudios realizados que se encuentran a disposición de todos aquellos que los requieran. Estos estudios avalan lo que es el impacto, han sido hechos por el secretario de medio ambiente de Francia, por la Universidad de Liege en Bélgica, y por Asociación de Residuos Sólidos de Norteamérica. Hay un montón de estudios que avalan que las pilas primarias pueden ser dispuestas con los residuos domiciliarios, a los rellenos sanitarios. El último estudio ha sido hecho por la Universidad Autónomo de México, en el cual las conclusiones son las mismas.

Cómo sería una gestión ambiental adecuada. Sabemos que la gestión ambiental adecuada para una batería primaria, en nuestro país, no es que nos opongamos al reciclado. Si existiera en nuestro país una planta de reciclaje que pudiera recuperar metales o pudiera hacer algo que fuere proactivo para el medio ambiente. Pero creamos mucho más impacto ambiental juntando las baterías y no sabiendo qué es lo que hay que hacer con ellas, que disponiendo las pilas primarias con los rellenos sanitarios. Hace años que se realiza esto en Europa, todas las pilas primarias, después de ser clasificadas, van a rellenos sanitarios. Nosotros tenemos para refrendar esto la ley de energía portátil. Todas las baterías que entran en el territorio de la República Argentina, tienen que tener una certificación del INTI, en la cual establece que cumple con los límites más exigentes exigidos por la directiva de la comunidad económica europea. Por lo tanto, ha reducido el impacto ambiental de estas baterías con contenido de mercurio en nuestro país, de un 13, 14 o 15 por ciento, a casi nivel nulo. A través de esta certificación, hemos podido solucionar el problema de las pilas que yo denomino “truchas”.

Cómo podemos hacer una gestión que realmente fuere una gestión ambiental adecuada para las baterías recargables, que dentro del término de desarrollo sustentable, sabemos que sí se pueden recuperar metales que son valiosos, no como las primarias que no se recuperan. Antes de recolectar, tenemos que saber qué alternativas tenemos. Si nosotros no sabemos qué hacer con estos residuos, poner en funcionamiento una ley como esta es crear un caos muy grande, porque no tenemos infraestructura y no tenemos resueltos los problemas interjurisdiccionales. Creo que se tienen que sentar todas las autoridades, tanto del gobierno provincial, nacional y municipal, a establecer entre ellos un acuerdo, y solucionar los problemas que existen, para que los residuos puedan llegar a donde deben estar dispuestos. Tiene que haber también, consenso de todos los que intervienen en el armado de este plan de gestión. Tenemos que dar mucha educación a la población, ya que


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sin educación las tasas de retorno en todo el mundo, son muy bajas. Europa está recolectando baterías desde el año 1980, que salió el primer decreto alemán, e invirtiendo 14 millones de euros, está llegando a una tasa del 30 por ciento.

Antes de armar todo esto, tenemos que tomar las directivas, pero adecuarlas a la idiosincrasia y a las posibilidades del país. Eso es algo que los legisladores tienen que tener en cuenta cuando hacen una ley.

¿Qué pensamos de este proyecto?, creo que tenemos que sacar las pilas y baterías absolutamente de este proyecto. La eliminación absoluta no es ningún subsistema de raee ni nada por el estilo, lo hablamos personalmente con el senador Filmus y le entregamos nuestros comentarios. Porque en el mundo van por canales distintos, desde el punto de vista de legislación, tienen legislaciones diferentes, en todos los países nunca hay en un mismo proyecto los raee y las baterías. Tienen una gestión ambiental totalmente diferente, son diferentes los centros de acopio, hay que seguir reglas distintas, es algo que es imposible e impracticable de gestionar juntas las baterías con los raee.

En cuanto a la intervención del ente estatal, he estudiado mucho y en Europa no dio resultado. Las empresas se hicieron cargo con la responsabilidad extendida del productor, de sus productos, con una infraestructura adecuada y con problemas interjurisdiccionales solucionados. Se me ocurre lo siguiente. Si el Engeraee cobra una tasa, y si él se hace cargo de la gestión, cómo los empresarios o productores vamos a tener que responder por la gestión ambiental de este órgano que no sabemos qué es lo que va a hacer, ni qué va a recolectar, ni cómo va a ser el proceso de reciclaje. Lo que podría hacer es cobrar una tasa, y después liberar de la responsabilidad totalmente al productor, que no va a tener ningún contacto más con lo que el gobierno decida hacer con todos los productos que recolecte. La tasa sería obligatoria y fijada por la autoridad de aplicación, se determina la tasa sin un criterio objetivo ni fundado, no sabemos ni cuál va a ser. Estaríamos subsidiando otro subsistema, o sea que las pilas ayudarían a las heladeras, las heladeras a los televisores, sería un caos. Por qué no las pilas ahora y no las heladeras. Debería Engeraee, tener la obligación de rendir sus cuentas, y cada subsistema debería financiar su propio proceso.

De subsistir la responsabilidad extendida del productor o que no se aplicara la responsabilidad extendida del productor de forma solidaria. Porque hay un tema que es muy importante, uno puede ser responsable pero con las tasas fijas que generalmente se imponen en todas las legislaciones, no se puede cumplimentar y responder por el señor que es dueño de su producto y lo va a llevar a devolver. Lo que tenemos que entender acá, es que una buena ley es con planes pilotos. Es una ley que sea clara y que sea posible de implementar. Lo que propiciamos, son los planes de gestión privados, las asociaciones de empresas, tanto para los raee como para las pilas.


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Las conclusiones serían las siguientes. Eliminar del proyecto de raee a las pilas y baterías. Las pilas primarias en una primera etapa, y para las pilas secundarias debemos diseñar un diagrama de planes de gestión, desarrollar infraestructura, identificar alternativas de qué hacer con ellas, eliminar las barreras interjurisdiccionales, incorporar el concepto de la responsabilidad extendida del productor solidaria, porque somos todos responsables, tanto el que lleva el residuo hasta la autoridad que hace la ley, como los productores, somos todos responsables. Aplicar en forma supletoria la normativa a quienes no posean planes de gestión privados, y así es una manera de obligarlos a que formen parte de un plan de gestión ambiental adecuado y serio. Otra idea es una ley de manejo de recargables.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – Le damos la palabra al representante de AMCHAM.

Sr. Representante de AMCHAM. – Buenos días. Queremos agradecer al senador Filmus, al senador Torres, a la comisión en su conjunto, por la posibilidad de estar presentes en esta sesión y poder expresar la visión que tenemos al respecto.

Somos una cámara multisectorial, la cámara de Estados Unidos en la Argentina tiene casi ochocientos miembros y en término de representatividad, sus socios representan casi el 20 por ciento del producto bruto interno del país. El pilar del medio ambiente está abordado de manera específica a través de una comisión que trabaja sistemáticamente en entender los problemas generales que puedan impactar las organizaciones dentro del medio ambiente.

Me gustaría abordar lo que creemos que son los principios generales de un tratamiento en lo que respecta a manejo de residuos o consideración de residuos. En primer lugar, queremos mencionar que el tema medio ambiental está fuertemente incorporado en las organizaciones a partir de lo que llamamos la responsabilidad social empresaria. Por lo que de alguna manera, hay un fuerte compromiso de las empresas de entender el impacto medio ambiental que las mismas generan, y especialmente si el producto que ellos producen genera dicho impacto. Para nada objetamos la existencia de un marco regulatorio, que de alguna manera paute el tratamiento de estos residuos, enmarcados en un concepto de la preocupación en el compromiso de estas empresas, a partir del concepto de responsabilidad social empresaria. Tenemos la convicción sobre la necesidad de tener un adecuado tratamiento del manejo de estos elementos, basado en ese entorno general que las compañías ya están comprometidas a trabajar responsablemente y mensurar y cuantificar el riesgo que sus productos generan en el medio ambiente.

El segundo criterio, es lo que llamamos el principio de la autorregulación. Creemos que existen, y proponemos la posibilidad, que las empresas en cualquier marco regulatorio, definan o resuelvan optar por un sistema de autogestión privado, formar un sistema de gestión colectivo privado o, inclusive un sistema de gestión colectivo mixto o público. De


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alguna manera darle el marco regulatorio, con pautas que la propia legislación establezca, la posibilidad de optar por el encuadre que la compañía decida abordar.

En cuanto a la característica de esta ley, creemos que de acuerdo a una técnica legislativa, esta ley debería ser una ley de presupuestos mínimos. En el sentido de fijar a nivel nacional, cuál es el criterio de determinación sin un abordaje tan regulatorio, que luego condicione o no la existencia de normativa provincial o municipal, que de alguna manera se adhiera a esos principios generales. No queremos quedarnos en la semántica de si la ley propuesta por el senador Filmus, apunta exclusivamente al concepto de presupuestos mínimos. Lo que si creemos, que para nuestra conceptualización de presupuestos mínimos, es mucho más amplia, no tan específica, no tan regulatoria, y permitiendo más flexibilidad a la hora de definir el entorno nacional para que luego la adhesión a nivel provincial y municipal sea más fácil encuadrarla.

Queremos mencionar el fenómeno en el proceso de consenso, la posibilidad de que la articulación público y privada, los distintos sectores que de alguna manera integran una cadena de valor de estos insumos, puedan participar activamente en la definición, tanto de cuál sería el proceso más eficiente de tratamiento, como los costos involucrados para dicha gestión. El otro concepto que se habló reiteradamente, y queremos enfatizarlo, es el concepto de la responsabilidad extendida del productor. Estamos convencidos de que esa responsabilidad tiene que estar enmarcada en un concepto integral, que es la responsabilidad de todos los actores que forman parte de esa cadena. Para ello, el sistema es mucho más complejo. En el sentido de que tiene que haber una fuerte inversión detrás de la comunicación, detrás de la educación y detrás de afectar los hábitos de consumo de todos los actores, de manera tal que el concepto socialmente responsable esté inmerso en el tratamiento de estos elementos.

Simplemente en resumen de los principios, buscamos la promulgación de una ley que sea más genérica, que establezca principios de autorregulación permitidos. Que defina procesos de gestión mínimos y necesarios, pero que de alguna manera esté articulado bajo un esquema en el cual, paralelamente con la existencia de este marco, desarrolle el proceso de generación de infraestructura creando un marco regulatorio de incentivo para que ese proceso de aceleración en la inversión sea más factible.

Entrando más en la ley, en lo que consideramos la clasificación o definición entre lo que sería un aparato eléctrico o electrónico en desuso de lo que es un residuo generado por estos aparatos. Creemos que la diferenciación está en el valor económico que tiene un aparato en desuso, en la medida de que tenga algunas posibilidades de valoración económica, y eso tiene varios sentidos. Por un lado, el impacto medio ambiental de un ecosistema que permite la reutilización de esos elementos en procesos productivos posteriores. No todos los elementos electrónicos son iguales, cuando están en desuso requieren procesamientos diferentes, en el cual el foco debería estar en su posibilidad de


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ensamble, en su posibilidad de determinar qué es una materia prima o insumo de otro aparato. Otro factor es que no todos son peligrosos, cuando hablamos de cuando un aparato se transforma en desuso, en residuo del desuso, muchos de ellos son comunes y no peligrosos. Por lo que la gestión de seguimiento de procesamiento en todos sus estadios debería contemplar esa diferenciación. Consideramos que la complejidad que se ha manifestado en estos caso, amerita un tratamiento explicito, para que permita que cada sistema de gestión considere las características de cada uno de los elementos que componen los artefactos o aparatos eléctricos y electrónicos.

Mencionamos el tema de pilas y baterías como ejemplo de esa dificultad, en el que si el elemento tiene la característica de especificidad que amerite su separación, sería conveniente no contemplarlos en la ley. Porque estaríamos considerando elementos que deberían ser tratados de manera diferente, en un concepto tan genérico y diferente, como es el de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Otro aspecto es la concientización de que esta ley nacional trabaje sobre estándares técnicos y a través de protocolos técnicos, que permitan este manejo. Que de alguna manera, profundice la cuestión técnica, de manera tal, que si las empresas adoptan por sistemas voluntarios, quede claro cuáles son las pautas de esos sistemas generales. Queremos mencionar también, el control de sustancias como uno de los ejemplos para considerar la necesidad de la armonización de la legislación nacional, con aquellas normas internacionales. Dado que muchos casos, dentro del mismo proceso de tratamiento, y especialmente el tema de disposición final, he requerido que esos procesos sean globales para generar los intercambios. Por lo que tiene que haber una adecuada armonización con la legislación internacional, de manera tal que no haya contradicciones con la ley nacional que se establezca.

Reiteramos el concepto de programa voluntario de gestión, permitiendo la autorregulación y permitiendo que las compañías determinen cuáles son los sistemas que, establecidos por la ley, son más beneficiosos para su sistema basado en sus políticas. En términos del órgano natural de aplicación, creemos que de alguna manera, debería ser la Secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable de la Nación, básicamente por dos factores de conveniencia. Uno, la existencia de tal superposición de normas haría inviable la existencia de un nuevo ente, dado la gran posibilidad de conflictos legislativos que estén aparejados. Luego la conveniencia económica, ya que la existencia de un nuevo ente que encarezca todos estos procesos, no hace más que conspirar con la posibilidad de la ecuación entre el costo y beneficio de los procesos de gestión. La pregunta que me hago es, si es tan importante la especificidad del tratamiento de estos elementos que no puedan ser contemplados dentro del ámbito de aplicación de dicha Secretaría.

Por último, creemos que el tema de infraestructura es un tema no menor. Quiero decir que el concepto pasa por dos factores. Uno es que las tecnologías modernas


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requeridas para administrarlos, que en muchos casos requieren de desarrollos internacionales que difícilmente se encuentren en Argentina. El otro factor no menor, son los volúmenes. En este sentido, propugnaríamos la posibilidad de contar con una ley, incorporada o supletoria a esta, que incentive la radicación de inversiones de alto nivel tecnológico, tanto de empresas locales o internacionales que estén dispuestas a acelerar el proceso de inversión en infraestructura, que permita que cualquier ley que lo ampare sea rápidamente implementable en el corto plazo.

Creemos que hay muchas cosas por hacer, y muchas cosas que permitirían presentar un marco regulatorio que fuera más administrable y con una ecuación de costo beneficio que permitan entender el beneficio social que amerita la administración adecuada y la gestión de estos residuos, bajo las cuestiones económicas que las empresas tienen que afrontar, en el sentido que sea viable del punto de vista macroeconómico general.

Muchas gracias por el tiempo que nos han dado. Estamos disponibles para continuar trabajando con nuestros equipos de trabajo, para lo que necesiten. (Aplausos.)

Sr. Moderador. – Vamos a darle la palabra al representante de ASIMELEC, que va a comentar algunas experiencias que se vienen desarrollando en España.

Sr. Representante de ASIMELEC. – En primer lugar, muchas gracias a los colegas y amigos de CICOMRA. ASIMELEC es el equivalente en España a esa estructura asociativa, aquí son cámaras, pero en España somos asociaciones. Gracias al senador por permitirme participar en esta jornada.

No conocía el proyecto de ley que está fomentando el senador Filmus y además, las normas hay que interpretarlas dentro de la realidad social, por lo que al no conocer no voy a hablar al respecto. Me voy a limitar, es decir, lo que pretendo con esta presentación, es tratar de aportar una visión práctica, una visión meramente experimental de lo que ha sido la aplicación de una normativa que se publica en Europa, y que España la tiene que adaptar e incorporar. Resumir en quince minutos un año de experiencia, es altamente complicado, por lo que vamos a ver cómo enfocamos estos minutos para que queden algunos mensajes lo más claros posibles.

Voy a hablar en primer lugar, sobre quiénes somos. Somos una asociación de empresas que agrupa todos sus sectores, nuestra asociación ha sido promotora de fundaciones medio ambientales. Hemos creado sistemas integrados de gestión, focalizados en diversas áreas de raees, y uno específico para pilas que se llama Ecopilas.

¿Por qué varios sistemas? Porque cada producto tiene su particularidad, y cada producto tiene su trazado. Desde el punto de vista práctico, no es lo mismo reciclar una fotocopiadora que reciclar un simple teléfono móvil, ya que la tasabilidad, el tratamiento y la gestión medio ambiental son diferentes. Por otra parte, los sectores quieren controlar sus


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residuos –tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista operativo–, quieren que lo que estén aportando vaya realmente a reciclar el producto, en lo que le cueste y en lo que me corresponda.

¿Por qué fundaciones? Simplemente por dos razones muy básicas. Primero porque las fundaciones tienen unas ventajas tributarias y fiscales importantes porque son entidades sin ánimo de lucro, y así lo dice la ley. Las empresas nos hemos asociado en esa materia, y hemos hecho sistemas integrados de gestión, sistemas colectivos, porque al hacerlos agrupados generan sinergias, economías de escala y ahorro de costos. Todo esto tiene una estructura jurídica, la ley dice que una entidad sin ánimo de lucro no puede ser una sociedad mercantil, por lo que optamos por el modelo de fundación. Esto implica las obligaciones de difusión, de divulgación, de formación, pero de esta manera estamos contribuyendo al medio ambiente con el reciclaje y con la difusión.

¿Por qué existe una normativa en Europa de los raees? La tasa de reposición de los equipos de mercado, al menos en Europa, es elevadísima y varía de un producto a otro. Evidentemente, una copiadora dura cuatro o cinco años su amortización fiscal. En España, un teléfono móvil se renueva cada catorce menos. Existe una estadística de hace cuatro años aproximadamente, en la cual la Unión Europea establece que cada usuario genera diecisiete kilos de basura electrónico al cabo del año, fruto de esa reposición de producto. Con lo cual, la Unión Europea decidió que no podía continuar esa generación de residuos, había que ponerle un freno, y fue así cuando regula y establece a las empresas la obligación de decir: “ustedes generan el problema, ustedes tienen que resolver ese problema”. Pero en el marco normativo que estamos definiendo, definido por dos directivas básicamente. Una la directiva raees, que es la de gestión de los residuos, y la directiva ros, que es la de limitaciones o eliminación de sustancias peligrosas. Esto, como la técnica comunitaria, pasa al ordenamiento jurídico español, a través de un gran decreto, pero hay que destacar una cosa. Esta normativa se aprueba en el año 2002, se publica en ese año, pero establece su aplicación en el año 2005. Hemos tenido tres años para prepararnos durante esos años a realizar una serie de pruebas piloto.

Es cierto que quien contamina paga. No renunciamos, no eludimos, la obligación financiera de asumir el costo de esto, pero existen otros actores que participan en la materia, que es la responsabilidad compartida. Por eso mantenemos el principio de responsabilidad compartida, por el usuario y la administración. La administración, con el control y la fiscalización, y el usuario colaborando y depositando los residuos donde debe hacerlo, no tirarlo a un río, no tirarlo al mar, no tirarlo a la basura, sino en los puntos especificados. Luego veremos lo que son las campañas de comunicación sobre esa materia.

La normativa española establece claramente, dos flujos que tiene un régimen jurídico diferente. El residuo del hogar, requiere un control más difícil que el generado profesionalmente. No es lo mismo tratar de controlar un equipo de informática doméstico,


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que el que viene a través de un canal profesional, donde el control es mayor. Por lo que el objetivo de recogida en el canal profesional, las empresas están obligadas a recoger el cien por cien. Sin embargo, en el canal doméstico, lo que nos obliga la ley es a recoger cuatro kilos de habitante por año –esto se encuentra actualmente en revisión–.

Ahora bien, las obligaciones del productor. Entiendo por productor, aquél que fabrica, vende o importa, en definitiva, aquél que pone el producto por primera vez en el mercado español. La obligación principal que tiene un productor, es financiar los costes, luego, facilitar el ecodiseño. Este sería el mapa del papel que juega cada uno; los gobiernos autónomos nos autorizan a actuar en su territorio, pero establece los requisitos para actuar, el ministerio de industria mantiene un registro de control de las empresas, para la que no esté registrada y no pague se la sancione, los productores somos los que pagamos por ese flujo financiero aportando medios. Luego existe un sector de logística y recicladores, que es un sector privado que está haciendo un auténtico desarrollo económico.

Actualmente en España, somos nueve sistemas. Aunque cada uno es específico, prácticamente especializados en lo que nosotros llamamos línea blanca –heladeras, lavadoras, etc.–, hemos creado una oficina de coordinación. Porque tenemos que entendernos con la administración pública, quien realiza tareas para nosotros, como son los ayuntamientos. Generan los puntos limpios, que son los lugares en donde el usuario va a tirar su aparato cuando ya considera que hay que desprenderse de él. Por ese servicio, nosotros le pagamos al ayuntamiento una cantidad, que va en función de la clasificación que realice. Eso hace que tengamos que tener una acción coordinada de todos los sistemas, y esto da a lugar a mucho trabajo, muchos análisis, estudios, un reparto de costes y alguna que otra dificultad. Los sistemas de gestión optimizan mucho los costes.

Hemos creado cuatro fundaciones. Actualmente tenemos cerca de ochocientas empresas adheridas a los tres sistemas. Hemos hecho muchas campañas de sensibilización de todo tipo, en televisión, en periódicos, campañas directas en los colegios con los niños, realizamos cursos. Tenemos también una mascota llamada el “tragamóvil”, que pretende llamar la atención y generar un símbolo que se identifique con el punto de recogida, con la promoción y con el tratamiento de los teléfonos móviles. Esto ha tenido mucho éxito, es conocida en muchos sitios, y la presentamos con gran satisfacción porque ha sido un éxito de comunicación, apoyado por diferentes medios. La concientización es fundamental, podemos tener todas las plantas en perfecto estado, podemos tener un sector ya concientizado, pero como el usuario siga tirando un móvil al río o al mar, no hacemos nada. Esto no es nada fácil, nos está costando mucho esfuerzo, mucha dedicación.

Quiero destacar que las normativas y los sistemas son diferentes. Es un modelo de gestión totalmente diferente, porque los flujos y la operativa son diferentes. Como mensaje final, venimos de una experiencia positiva en España y en Europa, está funcionando, existe una normativa homogénea, no tenemos mayores problemas en cuanto al transporte. Luego


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de una serie de pruebas pilotos que hicimos, de estudios jurídicos, legales, financieros, operativos, logísticos; al final el balance es totalmente positivo.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

Fin de la primera parte.

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