Colección Ideas N° 101

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PRIMER ENCUENTRO VECINAL CHILE - PERÚ PARA UN DIÁLOGO URGENTE COLECCIÓN IDEAS Taller Internacional Chile 21 Año 10 Nº 101 Diciembre 2009 1

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Esta colección recoge los aportes de los distintos equipos, grupos y talleres de la Fundación sobre políticas públicas y propuestas programáticas, desde una perspectiva progresista.

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PRIMER ENCUENTRO VECINALCHILE - PERÚ

PARA UN DIÁLOGO URGENTE

COLECCIÓN IDEAS

Taller Internacional Chile 21

Año 10 Nº 101

Diciembre 2009

PRIMER ENCUENTRO VECINAL CHILE – PERÚ, PARA UN DIÁLOGO URGENTE

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Taller Internacional, Chile 21, Agosto 2009

Presentación

Este documento resume un día de conversaciones entre profesionales de Chile y de Perú en que se deliberó para encontrar un punto de partida para leer la historia, pero sobre todo para ser parte de un futuro común. El ejercicio fue exitoso y queremos compartirlo. El guión, muy sencillo: nos preguntamos primero qué vientos recorren la coyuntura política interna de nuestros países y luego pasamos a analizar las relaciones bilaterales. No fue un ejercicio desinteresado, sino altamente comprometido con el ideal de la integración, y ciertamente muy realista. Somos interdependientes y la cooperación vecinal es el único medio eficaz para potenciar los recursos humanos, geográficos, energéticos y culturales de nuestras naciones. Una primera conclusión: escribir juntos nuestra historia e iniciar un proceso de reconciliación que nos conduzca a un tratado de paz y de amistad. Una nota al margen: los participantes se representan a sí mismos, pero adhieren a corrientes progresistas, críticas de la ideología nacionalista y sensibles a las reivindicaciones sociales y políticas de los pueblos de Chile y de Perú.

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Situación Política en Perú

Partidos y Elecciones

Aunque han pasado 17 años desde la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, el Perú vive todavía en una atmósfera de postguerra. La izquierda está prácticamente ausente y el gobierno se limita a mantener las condiciones del crecimiento económico. La oposición, bastante desarticulada, se agota en obstaculizar políticas de inversión más agresivas y riesgosas. El APRA presta especial atención a los empresarios, sobre todo a los mineros y los banqueros. La minería es responsable de cerca del 60% del actual producto interno del país. La política obedece a los principales grupos de presión. No obstante, el principal objetivo de García en relación a las próximas elecciones es mantener desunida a la derecha y centro-derecha. Alan García tiene un ministro del Opus Dei, y los ha tenido salidos de las filas de la democracia cristiana, así como de trayectoria socialista y, por supuesto, del APRA. ¿Qué se viene para las elecciones del 2011? García apunta al largo plazo, posiblemente al 2016. Quiere terminar bien y está buscando apoyo en los presidentes regionales, que serán elegidos en el 2010, antes de las elecciones presidenciales. Esto explica, en parte, la entrega de fondos de inversión estatal a grupos ejecutores locales sin que medien proyectos técnicos ni controles oficiales para controlar el uso de los recursos. El APRA apuesta ahora por una descentralización paralela al proceso de integración al comercio mundial. García no se diferencia mucho de otros enérgicos líderes del pasado, aplica sin mayores cambios el modelo que combina la institucionalización con cierto espacio para la movilización controlada. Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano, no parece representar una amenaza para este sistema. Logró la elección de doce parlamentarios de entre sus seguidores, pero éstos recompusieron sus lealtades tras la instalación del nuevo gobierno. Ahora tiene interés en parecer más de centro y al mismo tiempo están esperando que surja un líder más radical que él. Incluso Humala tiene pocas posibilidades de salirse del esquema que caracteriza al país en los últimos 20 años. Expresa un malestar social, no un programa. Su presencia reedita el esquema del nuevo candidato radical, antisistema, que se contrapone a los “partidos tradicionales”. El escenario presidencial del 2011

El escenario presidencial futuro sería de 5 o 6 figuras, las que podrían aglutinarse con la excusa del desafío de Humala a la democracia. Ellos

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representan el 70% de la política peruana y le dan estabilidad. Una situación repetida es que la población presiona a las autoridades en ejercicio para conseguir cierta prioridad en obras públicas o para defender sus intereses. Esto explica la baja popularidad de las autoridades en ejercicio y su aumento conforme se acerca el momento de que dejen el poder. La resurgida popularidad del político que se aleja es una presión para los nuevos candidatos o autoridades (“Insatisfacción activa”). Alan García ha evitado con cierto éxito ser objeto de esta insatisfacción, presentando su gestión como un asunto de necesidad nacional, al estilo de los “hombres fuertes” del pasado. El razonamiento que induce es que es preferible no estorbar su gestión y no presionarlo, porque tenerlo en contra es peor que contemporizar con él.

Centralismo y Poder Regional

En el Perú la política tiene un fuerte componente regional. La variable regional es especialmente significativa con respecto al canon minero. Como era previsible, los gobiernos regionales tienen muy baja capacidad de gasto y han acumulado en tres años ingentes fondos embalsados. Los Núcleos Ejecutores Comunales (NEC), son el más nuevo recurso de García para hacer fluir los dineros públicos hacia las economías locales sin requisitos técnicos ni controles legales. En el 2006 los candidatos nacionales tenían el apoyo de los candidatos regionales porque éstos carecían de perfiles precisos y aspiraban a recibir fondos públicos, lo que explica que, pasada la campaña electoral, disminuyera el ascendiente de Ollanta Humala sobre los gobiernos regionales. En las elecciones que vienen habrá una situación inversa: las contiendas regionales tendrán lugar antes que las elecciones del Presidente y del Legislativo. Es notorio que García ha captado la importancia de la dimensión regional de la escena política futura y está condicionando el comportamiento de los presidentes regionales.

El actual gobierno del APRA se ha enfocado primero en el gran proceso, la implementación del modelo de libre mercado y su institucionalización. Sólo después, conforme se acerca el final del período, se plantea más seriamente el problema de los gobiernos regionales. En la elección presidencial del 2006 Ollanta Humala ganó en el 80% de los lugares, mientras que García le bastó ganar en las tres ciudades que concentran la mayoría de la población. Lo cierto es que ciudades como Ayacucho, que aporta el 0,6% del PIB o el Cusco, que aporta apenas algo más, no son relevantes para el crecimiento económico nacional, por lo que desviar esfuerzos a lo regional no reporta mucho tampoco en términos políticos, ya que los aliados políticos principales son los agentes del poder económico. Por ello, la mayor parte del territorio y el sector minoritario de población que lo habita no interesan a las fuerzas políticas.

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Ninguna figura nacional de importancia desea salir del esquema del centralismo y la dualidad existente, que se ha vuelto más contrastante desde que el país giró hacia el esquema neo-liberal que hoy lo caracteriza. Pocas sociedades como la peruana actual reposan tanto en el mercado y las transacciones privadas. La escasa presencia de lo público en infraestructura, educación, salud e inversiones estratégicas no es cuestionada por la mayor parte de la población y los grupos de presión.

La cuestión étnica

El Presidente Alan García tuvo una actitud dura ante las movilizaciones que protestaban contra las leyes que adecuaban al país al TLC con los Estados Unidos y que facilitaban las inversiones privadas en la selva, a costa del deterioro sin control alguno del hábitat y el uso tradicional de los recursos. “¿Van a venir 300 mil personas a decirnos lo que vamos a hacer, cuando está en juego el desarrollo de todo el país?” expresó en su momento. Tras los sangrientos sucesos ocurridos en Bagua, tomó una actitud más cauta, buscando la negociación. Pero el gobierno tiene marcadas limitaciones para establecer mesas de negociación con las protestas locales. En la práctica el Estado no valora la diversidad, pese a la política socialdemócrata de inclusión social. Entre tanto, los lugareños reclaman del Estado vías de comunicación, títulos de terrenos y fomento agrario. Se están instalando redes sociales con base étnica en el lugar de las tradicionales alianzas temporales de campesinos con sindicatos y partidos de izquierda. Lo acontecido en Bagua, con la matanza de policías, indica que el principio de autoridad del Estado se ha relativizado y retrocede, ante la imposibilidad de ejercer un control institucionalizado, dejando a merced de la inversión privada la “gobernabilidad” de dichas zonas. El conflicto en Bagua se solucionó porque los mayores grupos de presión señalaron al Gobierno que el tema de las inversiones en la selva no es prioritario y el desorden podría acarrear una crisis política nacional. El Presidente García ubica el tema étnico en un lugar no importante de sus preocupaciones. El enfoque liberal tiene ciertas ventajas estratégicas sobre el socialdemócrata en este tema. Se da cabida a una pluralidad de actores pese a no haber los medios de integración ciudadana que sólo puede proveer un estado social: educación, seguridad humana, organización política. La presencia de lo “cholo” es cada vez más central en la política peruana. Se espera de los líderes políticos amplitud de criterio y aceptación de las personas tales como son, no se espera que ellos sean modelos de educación superior y virtudes públicas, que siempre han sido patrimonio de pocos. Por ello, perfiles como el de Javier Pérez de Cuéllar no tienen hoy mayor peso político. Un costo

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colateral importante del pluralismo sin integración ciudadana es el posible avance político de los intereses del narcotráfico. Por lo pronto, tanto el Congreso como el Ejecutivo mantienen líneas de acción para reducir la influencia del narcotráfico, pero los efectos son inciertos.

Desarrollo Económico

El crecimiento del país (9,8% en el 2008 y 9% por varios años) no soluciona la demanda de desarrollo pendiente en el país. Este año de crisis el crecimiento será de 0% y el 2010 de un 4%. Hay síntomas de agotamiento del modelo. Después de 20 años de ortodoxia económica, la pobreza sigue ahí y la desigualdad ha aumentado. Hay más concentración de la riqueza y los gobiernos no dan prioridad a revertir la situación de la educación, deficiente en todos sus niveles. Algunos índices son peores que antes, en especial los de salud, nutrición y educación. El crecimiento de estos años está radicado en la zona de la costa y la distribución del ingreso es absolutamente regresiva. El país ha crecido económicamente, pero no se ha desarrollado. Durante su mandato el ex Presidente Alejandro Toledo, siguiendo los lineamientos de los organismos multilaterales, dijo que primero se acumula y después se distribuye y su gobierno estuvo acompañado por enormes manifestaciones de descontento. Luego Alan García dijo: orden e inclusión, encubriendo con esta expresión bastante contradictoria su preferencia por el orden y su poco interés por la inclusión. La liberalización socio-económica deja como tarea pendiente el desarrollo de las zonas deprimidas y la protección de los sectores sociales más expuestos a padecer abusos durante la expansión económica.

Sociedad Segmentada

La sociedad peruana es una sociedad segmentada. El proceso de descentralización ha generado caudillos regionales y está aún lejos de construir sistemas político-administrativos que contrapesen el centralismo. La estabilidad política depende de permanentes negociaciones para configurar mayorías parlamentarias “por consenso”, en medio de una extrema fragmentación y desorganización de los partidos políticos. Por otra parte, la concertación tuvo buenos resultados iniciales, como lo fue el Acuerdo Nacional convocado por el ex Presidente Toledo en el 2002, pero fue desdibujándose y perdiendo importancia con el transcurso del tiempo. El problema sociológico de fondo es el intento de montar el Estado Nación por encima de sociedades milenarias que existían antes del Estado y seguirán existiendo. El gobierno socialdemócrata ha tratado de reducir la informalidad. Pero éste es un

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problema estructural. Funcionan programas de inversión social. Hay un proceso de desplazamiento demográfico a zonas de exportación y de mayor crecimiento económico. Perú es un país muy diverso y complejo, con un proyecto inacabado de integración nacional, lo que no afecta a su creciente prosperidad económica y gravitación internacional, como es también el caso de otros países multiétnicos o incluso multinacionales, como China o Rusia. El país ha vivido una larguisíma descolonización, no está centrado en la lucha por la independencia nacional, ni la fundación de una nacionalidad de inmigrantes, como Chile y Nueva Zelanda. Las jerarquías locales son centrales para el desarrollo del país. En Colombia la matanza de los líderes locales ha destruido el tejido social, lo que trae repercusiones en el plano político. En el Perú, en cambio, las organizaciones locales resistieron con éxito en el período de violencia y hoy son factores de la política nacional y el desarrollo local.

Temas de Seguridad

Perú es productor de clorhidrato de cocaína y los carteles peruanos están operando en el territorio amazónico, principalmente. Hay localidades cuyos gobiernos locales están controlados por el narcotráfico. Sendero Luminoso viene fortaleciendo su capacidad con una nueva estrategia más parecida a la de las FARC en Colombia. En el ámbito en que actúan, el Valle de los Ríos Apurímac y ENE, conocido como VRAE (conformado por distritos de tres departamentos: Ayacucho, Cusco y Junín), no hay presencia de partidos políticos que les disputen la autoridad sobre la población. Hay una gran relación entre negocios regionales y narcotráfico. Minería informal y extracción ilegal de maderas comparten intereses con el narcotráfico. Éste tiene influencia también en el sector pesquero. En la zona del VRAE se han hecho obras de electrificación, carreteras, agua potable, desagües, etc. Ello no parece contribuir directamente a debilitar al narcotráfico ni a los terroristas de Sendero Luminoso. Respecto a las amenazas que tiene el país, el debate gira sobre cuál es la mayor, si el narcotráfico o el terrorismo. La más real es sin duda el narcotráfico. Avanza en forma importante, incluso han llegado al país las bandas mexicanas. La subversión se encuentra circunscrita al Huallaga y al VRAE, zonas con fuerte crecimiento económico. Con respecto a la expansión del narcotráfico, se considera que es importante especialmente en algunos valles como el Huallaga y el VRAE, donde los actores comprometidos son muchos (incluyendo a la policía). La población flotante involucrada es significativa y pertenece a los sectores más pobres del país. Los gobiernos han elaborado unos cinco planes

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VRAE, y ninguno ha prosperado, lo que indica el grado de responsabilidad gubernamental en este tema.

Las Relaciones Civil – Militares.

Respecto a la relación entre las FF.AA. y el Estado, se han hecho avances importantes en su estructura legal, no así en su implementación administrativa. Las deficiencias de profesionalismo y administración de la carrera militar continúan, y se están haciendo esfuerzos serios para resolverlos, lo que tomará al menos una década. La des-institucionalización del sector Defensa causada en los años 90 no se ha revertido del todo. Ello está conectado con la necesidad de recurrir a las FFAA en urgentes tareas de seguridad interior. Se aprobó una ley que faculta a los militares a participar en el control de acciones de protesta social que desborden a la Policía. Otra limitación para implementar las reformas administrativas a fondo, es el ajustado presupuesto. Hay una Ley de Fondo Reservado que se inició en el período del Presidente Alejandro Toledo, quien impulsó una Reforma del sector Defensa. Ésta cambió la estructura básica de las relaciones civil-militares, pero perdió impulso de implementación luego de las manifestaciones y bloqueos en Arequipa, en el 2002, cuando el Presidente Toledo debió también dar marcha atrás al proceso de privatizaciones de empresas de energía eléctrica. Alan García retomó el proceso de reforma y su ministro de Defensa Allan Wagner impulsó una nueva Ley del Ministerio de Defensa, que establece al Ministro como rector de la política de Defensa. Otra arista que estorba la cooperación de los mandos militares con la implementación de la reforma de las relaciones civil-militares son los procesos por violaciones a los derechos humanos. Muchos altos oficiales han desarrollado espíritu de cuerpo contra la judicialización de violaciones de derechos humanos y el Gobierno no se atreve a rectificarlos, aunque tampoco obstaculiza las acciones contra la impunidad y por la memoria.

Las Relaciones Internacionales.

A nivel sudamericano, se acentúa la tendencia del Perú a establecer buenas relaciones bilaterales según conveniencias precisas y relativizar la importancia de la rivalidad entre grupos de países. Las prioridades están puestas en Colombia y Brasil. Estas prioridades tienen un contenido concreto de cooperación en seguridad regional y en desarrollo económico. La demanda ante la Corte Internacional de La Haya sobre el límite marítimo con Chile tiene en el Perú un consistente respaldo nacional, es un punto de unanimidad. El Perú rechaza el uso de la fuerza

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armada en política nacional e internacional. El Perú comparte con Colombia y Brasil el interés objetivo en neutralizar amenazas patentes y poner bases para la eliminación de la pobreza y la defensa de los propios recursos. En esto recibe apoyo de Ecuador y de Argentina, por diversas razones. El gobierno del Ecuador enfrenta a movimientos etno-nacionalistas que, si prevalecieran, llevarían al país por el camino de Bolivia. Desde que Perú y Ecuador firmaron hace diez años el tratado de paz y amistad que los une, hay creciente cooperación entre ellos. Entre tanto, Argentina y Brasil favorecen que el desarrollo boliviano siga dirigido al Oriente, por lo que no se interesan en mejoras de la conexión del altiplano con el Pacífico. Ningún país se propone hoy seriamente resucitar el circuito comercial del sur andino que en otro tiempo conectó el occidente de Bolivia con la costa sur del Pacífico, pese a que ha circulado la idea de un anillo energético. Sin embargo, no se ven otras alternativas de desarrollo para las zonas altiplánicas de Bolivia y el norte de Chile. Tampoco está a la vista una alianza de los países del Pacífico sur para mejorar juntos su posición negociadora como puertos hacia China. El tema económico es predominante en la relación del Perú con Brasil. La carretera transamazónica e inversiones energéticas son las expresiones actuales de una relación estratégica centrada en el acceso comercial de Brasil al Pacífico – es decir, a China – a través del Perú. A nivel mundial, se mantienen buenos niveles con Estados Unidos y se avanza en nuevas relaciones comerciales, especialmente con China, que es el segundo socio comercial internacional del Perú. Europa ha aceptado deponer su exigencia de que los países andinos negocien juntos mejores términos comerciales con ellos, favoreciendo el nuevo estilo bilateral del Perú.

Panorama político en Chile

La coyuntura electoral

Después de 20 anos en el poder, la Concertación vive una verdadera crisis interna, que se expresa en diversos procesos de fractura al interior de los partidos que la componen y que no sólo le ha significado perder la mayoría parlamentaria que conquistara en las urnas, transformando el gobierno de Michelle Bachelet en un gobierno de minoría, sino entregar el control de la mayoría de los municipios del país a la derecha, producto de la división del boque en el poder. Por primera vez en estos últimos 20

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años el candidato presidencial oficialista no cuenta con el favoritismo de las encuestas, ofreciendo a la derecha su mejor oportunidad en los últimos 50 años de alcanzar el poder en elecciones democráticas. Básicamente porque el tradicional electorado concertacionista aparece dividido entre el candidato oficialista, Eduardo Frei Ruiz Tagle, y el candidato alternativo, el ex diputado socialista Marco Enríquez Ominami.

La elección presidencial del próximo 13 de diciembre se resolverá en segunda vuelta (17 de Enero de 2010) que, con toda probabilidad enfrentará al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, con el candidato del oficialismo, Eduardo Frei. El resultado es aún incierto y depende, en buena medida, que Frei logre acortar la brecha que lo separa aún de Sebastián Piñera y aumente su ventaja sobre el candidato alternativo. La segunda vuelta es una elección de diversa naturaleza que enfrenta al electorado con opciones polares, entre la opción de la derecha y la centro izquierda, bajo la fórmula continuidad con una gobierno que hoy marca más del 75 % de apoyo ciudadano, o la propuesta de cambio que propone la derecha.

Chile sigue siendo un país con mayoría de centro e izquierda, pero esa es hoy una mayoría fragmentada, cuyos domicilios van desde el propio conglomerado oficialista hasta el Partido Comunista y sectores de izquierda que no militan en la Concertación, pasando por una franja del electorado que apoya a Marco Enríquez Ominami. En primera ronda, el oficialismo sacará mas votos a nivel parlamentario (junto con la elección presidencial se renueva la mitad del Senado-18 senadores- y la totalidad de la Cámara de Diputados), y podría elegir 9 senadores de 18 cupos en disputa y unos 55 diputados de un total de 120, similar la número de parlamentarios que puede elegir la derecha. Esto, debido al sistema electoral binominal, que subsidia a la segunda mayoría y castiga a las minorías, que sólo pueden aspirar a elegir un reducido número de diputados (entre ocho y diez) y prácticamente ningún senador.

Sea que Eduardo Frei pase a segunda ronda o sea desplazado por el candidato alternativo, Marco Enríquez, ninguno de los candidatos puede aspirara a sumar aritméticamente la votación alcanzada por los candidatos que queden fuera de esta segunda vuelta. Incluso los fieles electores del Partido Comunista y de la izquierda extraparlamentaria, que han condicionado su apoyo en segunda vuelta a que el pacto en contra de la exclusión que han suscrito con el oficialismo a nivel parlamentario les permita elegir representantes.

La elección presidencial tiene aún un resultado abierto e incierto y se decidirá por estrechos márgenes el próximo 17 de enero de 2010. Una elección que puede cambiar el curso de la política chilena en estos últimos 20 años y que no dejaría de repercutir en el plano de la política

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exterior en el caso de triunfar la derecha, cuya impronta nacionalista y defensa irrestricta de la integridad territorial es manifiesta, así como sus reticencias respecto de UNASUR y los procesos de integración regional.

En el plano doméstico, ninguno de los bloques mayoritarios- la Concertación de Partidos por la Democracia o la Alianza por Chile- puede aspirar a contar con mayoría parlamentaria y ambas coaliciones deberán buscar acuerdos de gobernabilidad para viabilizar su agenda legislativa. En teoría, una tarea más fácil para el candidato del oficialismo, que tiene mayores puntos de consensos con la izquierda y demás sectores progresistas pero no del todo imposible para el representante de la derecha, que ha buscado acercarse al centro político, consolidando sus relaciones con los partidos populares de Europa, entre los que se incluye a la Democracia Cristiana alemana.

Los principales debates en la campaña presidencial y parlamentaria en curso dicen relación con el monto y distribución de la actual carga impositiva del país (en torno al 18 %); a la continuidad de la política de protección social, al monto de los “ingresos no monetarios” que palian parcialmente la desmejorada e injusta distribución del ingreso. Por su parte, la relativa paz social que ha vivido el país durante los últimos 20 años, podría verse afectada frente a un eventual triunfo de la derecha. En gran parte, por la activación de un movimiento social hasta ahora parcialmente contenido en sus demandas por su cercanía con los gobiernos concertacionistas, además de de la capacidad movilizadora de las fuerzas políticas que integran la Concertación. La derecha chilena ha estado ausente de los debates sobre la crisis mundial, manteniendo una mirada pre-crisis acerca del rol del Estado y el mercado en la organización de una sociedad moderna.

Preguntas para un próximo encuentro

Las siguientes interrogantes quedaron planteadas para una profundización posterior.

-¿Qué actitud tomaría un gobierno de derecha en torno al tema mapuche? Lo que primaría en el enfoque de la derecha es la búsqueda del orden, lo que tendería a “criminalizar” la lucha del pueblo mapuche. La “policialización” del conflicto podría escalar hacia alguna participación de las FF.AA. en una situación aguda, pero exclusivamente en el plano del apoyo logístico o de inteligencia.-Frente a un gobierno de derecha ¿Cómo se establecen criterios de control social democrático y controles territoriales? Está en

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cuestión la legitimidad del Estado frente a la sociedad. En este tema el multilateralismo hemisférico no ha tenido resultados.

-Relaciones cívico militares. ¿Qué cambios se han experimentado y si estos cambios son perdurables más allá de un cambio de gobierno? En la respuesta inicial se reflexionó sobre las limitaciones de la conducción civil del sector de la Defensa. Se planteó que se podría estar produciendo un cierto estancamiento en este proceso, más allá de lo avances producidos desde la recuperación de la democracia. Se destacó como un avance importante la política de participación en Operaciones de Paz. Se afirmó que el mantenimiento de algunos privilegios- como la ley reservada del cobre, que destina el 10 % de las ventas para la adquisición de sistemas de armas, representa una mala señal para el mejoramiento de los vínculos con los países vecinos. El actual gobierno ha presentado un proyecto de ley que deroga este sistema pero que lo resolverá la próxima legislatura. También se presentó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa.

Relaciones Políticas Bilaterales

Variable histórico social vista desde el Perú

En el siglo XIX el Perú padeció sucesivas invasiones e intervenciones, empezando por las guerras de Emancipación. Estas circunstancias, y en especial las intervenciones chilenas y la Guerra del Pacífico, fueron interpretadas por los líderes e intelectuales peruanos como signos del retraso social y político del país. Chile, pese a ser un socio menor de las gestas libertadoras, adquirió a lo largo del siglo XIX el papel de una nación capaz de revelar el destino de las otras.

Pero en el siglo XX el Perú realiza una a una las tareas de organización política y de justicia social. Este cambio comienza en la reflexión sobre su derrota en la Guerra del Pacífico, pero pronto adquiere una dinámica propia. La estabilización de las fronteras, la fundación de los partidos populares, la explotación sistemática de los recursos naturales para la exportación, las obras básicas viales e hidroeléctricas, el voto universal, la reforma agraria, la lucha contra el terrorismo, el ajuste estructural, y la transición democrática más completa de la región, han hecho que el Perú recupere el ritmo de desarrollo y la importancia regional que corresponden a la magnitud de su territorio, su población y su cultura. La gran mayoría de los peruanos comparten hoy un conjunto de valores surgidos de estas experiencias. La más determinante de ellas ha sido la

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lucha contra el terrorismo. A partir de entonces, los peruanos comparten un profundo rechazo hacia toda forma de política armada. Desde esta perspectiva observan también las relaciones internacionales.

Los peruanos no tienen hoy hacia Chile el mismo viejo resentimiento causado por la Guerra del Pacífico. Miran con cierta desconfianza a una sociedad que pareciera dormir sobre sus laureles y descansar sobre las armas. Se percibe que el vencedor no aprende, que es rehén de viejas glorias, repetidor de gestos codificados. La expansión de los negocios chilenos al Perú, casi todos cadenas de tiendas, refuerza esta impresión de que la actividad de los chilenos es repetición de estereotipos. Lo que no es cierto, porque Chile ha atravesado en el siglo XX transformaciones semejantes a las peruanas. Su potencial de cambio social y político lo hace capaz de romper la inercia de la política armada del siglo XIX. Esta inercia produce hoy tres efectos principales: 1. subestimación de las posibilidades de cooperación con el Perú; 2. sobrestimación del valor de la fuerza armada como medio para conseguir un papel internacional predominante y ventajas negociadoras; 3. complacencia con un control democrático de las fuerzas armadas superficial e incompleto; 4. postergación de la cuestión indígena y de la apertura del sistema de representación parlamentaria.

Por su parte el Perú debe evitar caer en sus propias formas de complacencia. Las tareas pendientes de mejora de la educación, la salud, la justicia y todos los servicios públicos pasan principalmente por reformas de la educación superior y de la carrera pública. Sin ello, el crecimiento económico vendrá acompañado de corrupción, crimen organizado e inestabilidad política. La reconciliación nacional con los pueblos andinos y amazónicos exige transformaciones. El retraso en infraestructura es hoy ya un freno para el desarrollo. En todo esto, que no es poco, el Perú tiene que seguir aprendiendo de Chile.

La demanda ante La Haya

La Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo, que establece el ámbito comprendido dentro de las 200 millas de mar territorial, fue presentada durante el gobierno de Alejandro Toledo. El Gobierno de García trató de encapsular el tema marítimo pero tenía fuerte presión de Torre Tagle, de la oposición y sectores de gobierno. La presión provenía de la apreciación de que el camino de La Haya es razonable y justo, y políticamente mucho mejor para el Perú que la simple inercia o pasividad en el tema. El solo hecho de presentar el caso ante La Haya obliga a Chile a cambiar su posición de que no existen cuestiones pendientes. Con ello el Perú intenta romper el quietismo que domina las relaciones con Chile. Se trata

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de cambiar el viejo paradigma del statu quo resultante de la guerra por el nuevo paradigma del derecho internacional.

En Chile, la demanda del Perú ante La Haya ha sido aprovechada por sectores vinculados al poder político de las Fuerzas Armadas. Que esto sea posible, indica la profunda confusión de valores que afecta aún a algunas instituciones. ¿Qué conexión hay entre la necesidad de defenderse ante un tribunal de justicia y la necesidad de comprar armas? Modernizar los arsenales no es precisamente una respuesta adecuada ante una demanda judicial. Las espectaculares adquisiciones militares chilenas hacen que en el Perú se empiece a discutir la posibilidad de hacer mayores gastos militares. De todos modos, la prioridad del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto está hoy en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el VRAE.

Aunque se han demandado gestos de parte y parte para recomponer la relación, la instancia de los “2+2” se encuentra paralizada, existiendo responsabilidades compartidas, pero al parecer una mayor reticencia de la parte chilena. Después de la presentación en La Haya, los pasos posteriores son ineludibles para el Perú, debido a que en ello están involucrados el interés y la unidad nacional. Durante la administración Toledo Perú redujo su gasto militar, mientras que Chile lo aumentó. Ese es un tema gravitante en Perú y una permanente presión para el Gobierno.

Variable coyuntural - caso espionaje

Es más que evidente que las relaciones entre Chile y Perú pasan por momentos de tensión, pese al propósito de ambos gobiernos de superar las viejas rencillas del pasado, aislando los temas sobre los cuales mantenemos diferencias y privilegiando los asuntos que nos benefician mutuamente, en lo que el gobierno chileno ha definido como una “relación inteligente”. Lamentablemente ello no ha sido posible y de nada sirve responsabilizar a uno u otro país. Si los múltiples esfuerzos desarrollados por ambos gobiernos para superar los traumas del pasado y establecer relaciones de cooperación e integración, pese a importantes avances, no han tenido todo el éxito que se persigue, ello se debe, en importante medida, a que no se han logrado establecer las relaciones de confianza necesarias para ese propósito.Pese al tiempo transcurrido, subsisten los traumas de una guerra que enfrentó a las dos naciones en el siglo 19 y que lamentablemente ambos pueblos y sus autoridades no han logrado superar. Visiones

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distorsionadas de la historia y miradas políticas cortoplacistas, cultivan y exacerban sentimientos nacionalistas en ambos países. Las hipótesis de conflictos bélicos que aún manejan ambas naciones se apuntan mutuamente, aunque resulte evidente que ni Chile ni Perú consideran seriamente la alternativa de una guerra en donde actúen como agresores.El Perú se ha sentido amenazado por el activo proceso de adquisición de material bélico que ha implementado Chile en estos últimos 20 años gracias a los importantes recursos provenientes de la Ley reservada del Cobre, cuya derogación hoy se discute en el Parlamento. Un proceso que, en la visión del gobierno peruano, ha terminado por romper el equilibrio estratégico entre ambos países. Chile sostiene que ha sido un proceso transparente, de renovación y modernización de material obsoleto, con el sólo objeto defensivo. Agrega que ha propuesto a Perú impulsar un proceso similar al que se llevó adelante con Argentina, para establecer una metodología estandarizada de medición de gastos en defensa. Como se sabe esta iniciativa contó con el apoyo de la CEPAL, y en el marco de la constitución del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), ambos países la pusieron a disposición de los demás miembros.Resistiendo presiones internas e internacionales para incrementar desmedidamente su gasto militar, el Presidente Alan García propuso una iniciativa anti-armamentista para la región. Ésta ya ha tenido una acogida favorable por parte de gobiernos y organizaciones sociales y políticas que asumen que en América Latina las verdaderas prioridades son el desarrollo y el combate en contra de la pobreza y las profundas desigualdades que marcan a nuestros países.Por su parte Chile siente que sus esfuerzos por privilegiar aquello que nos une, acogiendo positivamente una considerable inmigración peruana; apoyando el ingreso de Perú en la APEC; interponiendo sus buenos oficios frente a EE.UU. para facilitar un Tratado de Libre Comercio con el Perú y materializando un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, no ha sido correspondido en la misma medida por el gobierno peruano. Sorprendió sobremanera la presentación al Tribunal de la Haya por diferendos de límites marítimos que, en opinión de este país, están establecidos en tratados de antigua data y sobre los cuales Chile ha ejercido soberanía en los últimos cincuenta años.

Al divulgar una investigación en curso sobre un caso de espionaje, el gobierno peruano ha dado muestras de un inoportuno deseo de convertir puntos delicados de la relación con Chile en ventajas políticas. Explicaciones, no justificaciones de este comportamiento se encuentran en los siguientes hechos:

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1. El gobierno y los grupos de interés nacionales más importantes resisten actualmente fuertes presiones internacionales para que el Perú sacrifique una parte de sus envidiables recursos financieros en el altar de la industria de armamentos, que es una forma de transferir dinero a las potencias industriales. Ese sacrificio no sólo sería insensato, también contrario al más elemental interés político del gobierno, que es concentrar recursos en la inversión estratégica y social; la inusual divulgación de la operación de contrainteligencia sobre el caso de espionaje es notoriamente un acto político para mostrar que el país se encuentra en condiciones de defenderse sin necesidad de entrar en una carrera armamentista.2. Los servicios de inteligencia peruanos se encuentran por primera vez bajo el mando de un ex oficial de policía, diseño que sólo se haría irreversible si mostrara éxitos en este campo que ha estado plagado de escándalos en los últimos años. 3. La oposición política que parte de las zonas más pobres, sobre todo del sur, reitera un viejo reproche contra los políticos de Lima, su obsecuencia con el capital extranjero, en especial con Chile – el mensaje indirecto de Alan García a todos los sectores es que nadie como él está en condiciones de refutar esas acusaciones y evitar que llegue un nuevo régimen populista y antiliberal. Estas y otras posibles ventajas políticas, de eficacia y valor relativos, no justifican el descuido de los buenos usos diplomáticos que obligan a tratar en secreto los casos de espionaje mientras se encuentran en proceso de investigación.

Por ello, el reciente incidente sobre un supuesto caso de espionaje de Chile en Perú, que involucraría a personal de las FF.AA. peruanas y agentes chilenos, debe ser investigado en su propio mérito y en su justa proporción. Es imprescindible evitar un escalamiento del conflicto que sólo puede perjudicar los intereses permanentes de ambos países. Esa es una responsabilidad que no sólo le corresponde a las autoridades sino a los medios de comunicación, partidos políticos, académicos, dirigentes empresariales y sociales tanto de Chile como de Perú.Por nuestra parte, en calidad de académicos e integrantes de centros de pensamiento de ambos países, estamos empeñados en establecer un diálogo y reflexión permanente acerca de las relaciones vecinales, en la perspectiva de entregar nuestro modesto aporte al objetivo superior de la paz, la concordia y la integración binacional.

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Resumen de propuestas para un camino de reencuentro entre Chile y Perú

En las conversaciones desarrolladas en la jornada del 27 de agosto hubo acuerdo en que Chile y Perú necesitan trabajar arduamente para replantear sus relaciones en vistas a un futuro mejor para ambas naciones. Este propósito exige crear una masa crítica, sobre todo en los jóvenes, que a mediano plazo tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de sus respectivos países. En un segundo encuentro esperamos estructurar un programa de trabajo más acabado. Por el momento hemos agrupado algunas ideas que podremos impulsar en tiempos diferenciados:

1. Impulsar un proceso de reflexión sobre la historia compartida y la reconciliación de ambos países, conducente a conversaciones sobre un auténtico tratado de paz y amistad.

2. Crear un Centro de Estudios Chileno-Peruano que se proponga generar una nueva doctrina para el Siglo XXI.

3. Respaldar publicaciones, como la Revista del Observatorio Vecinal, que permitan ampliar la información sobre nuestros países y el conocimiento de su historia, cultura y situación económica, política y social. Apoyar la formación escolar y revisar la información histórica que se imparte en cada uno de los países.

4. Trabajar una Agenda binacional que incorpore a actores de la Sociedad Civil, tales como empresarios, organizaciones sociales y gremiales, centros académicos y de estudios. Encuentros diplomáticos y de personalidades relevantes en cada uno de los países. En esta misma línea abrir ámbitos inexplorados de relaciones, a nivel local y regional.

5. Así como España ha retirado de sus edificios y lugares públicos las obras de arte y monumentos que glorifican acciones de las guerras coloniales y de la Guerra Civil, ambos países deberíamos esforzarnos por limitar la representación de los horrores de la Guerra del Pacífico y dar mayor espacio a memorias y testimonios de la cooperación mutua.

6. Una estrategia para superar los conflictos sería destacar los aspectos que nos han unido en el pasado, como la guerra de 1866 contra España.

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