Índice

1. El Consenso de Washington en su contexto histórico

1.1. Las formulaciones

1.2. Síntesis de las formulaciones

2. Los efectos de las reformas

2.1. Efectos positivos

2.2. Efectos negativos

2.3. Las consecuencias

3. Discrepancias del Banco Mundial

4. El contexto económico de la crisis de los años del siglo XXI

5. Las nuevas reformas: mirando más allá del Consenso de Washington

6. Mapa conceptual ( TAL VEZ )

6. Comentarios

7. Conclusiones

8. Referencias bibliográficas

1.El consenso de Washington: Todo acontecimiento económico tiene su contexto histórico, cuenta con unas circunstancias propias que lo moldean, lo determinan y lo hacen evolucionar. También el Consenso de Washington tiene su contexto histórico, unas circunstancias que lo determinan, lo moldean y lo hacen evolucionar.

El Consenso de Washington es la aplicación de los diez instrumentos de política económica neoliberal para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad del mercado para operar, donde predominan los más «aptos» en una especie de «darwinismo social», donde la vida social se concibe gobernada por las leyes de la competencia y del conflicto, llevando a una selección natural de la supervivencia del más apto y a la eliminación del más débil.

1.1.Las formulaciones: Las formulaciones del Consenso de Washington datan del año 1989, cuando Estados Unidos consideraba la poca disposición que tenían los países de América Latina para emprender las reformas que les permitiese salir de la crisis de la deuda externa. Quien fuese su arquitecto, el economista inglés John Williamson, opinaba que esto era erróneo y, de hecho, a su modo de ver las posturas sobre la política económica estaban cambiando radicalmente en todo el continente. Para comprobarlo, el Instituto de Economía Internacional (IEI) decidió convocar una Conferencia para que autores de 10 naciones latinoamericanas detallaran lo que estaba sucediendo en sus respectivos países. Dice Williamson: “para asegurar que todos abordaran un conjunto de temas en común, redacté un documento de referencia, en donde enumeré 10 reformas de política económica que casi todos en Washington consideraban necesario emprender en América Latina”. A tal respecto afirma: “cuando denominé al programa de reformas Consenso de Washington, no imaginé que estaba acuñando una expresión que pasaría a ser el grito de batalla de los debates ideológicos por más de una década y

que aún continúan”. Este listado de medidas tenía como propósito orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales a la hora de valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos. El Consenso se elaboró desde el firme convencimiento de encontrar soluciones útiles de matiz efectivo sobre la forma de afrontar en la región la crisis de la deuda externa, a la vez que preconizaba un ambiente de transparencia, estabilidad económica y lucha contra la pobreza. Los 10 puntos en torno a los cuales se organiza son instrumentos de política económica que, para Williamson, Washington considera importantes y también sobre los que existe algún tipo de consenso. Se supone, al menos en el Washington tecnocrático, que los objetivos económicos estándar, como baja inflación, balanza de pagos viable, reforma fiscal y disciplina presupuestaria, deberían determinar la disposición de tales instrumentos de política económica. Desde luego, el Washington político también estaba preocupado por los intereses estratégicos y comerciales de Estados Unidos, siendo una creencia extendida que la mejor manera de fomentarlos es con la prosperidad de los países latinoamericanos. La excepción posible más evidente a este pensamiento se refiere al interés de Estados Unidos en la recepción continuada del pago de intereses de la deuda externa por parte de América Latina.

Algunos, aunque no todos, piensan que estas consideraciones tuvieron su importancia a la hora de motivar el apoyo de Washington a las políticas de ajuste y austeridad durante la década de los ochenta. A partir de la Conferencia en el IEI (1989), John Williamson realizo las formulaciones del Consenso de Washington que se fundamentan en los 10 puntos siguientes.

Disciplina presupuestaria

La disciplina presupuestaria es un elemento esencial en los programas negociados por el Fondo Monetario Internacional con los países miembros que desean obtener sus préstamos. También tuvo notable importancia en Washington, lo cual condujo al establecimiento de presupuestos equilibrados mediante la aprobación de la Ley GrammRudman-Hollings en 1993. Dicha disciplina está estrechamente relacionada con la disciplina fiscal, dando lugar a múltiples opiniones sobre el tema. Unos opinan que un déficit es aceptable

siempre y cuando no desemboque en un incremento del ratio Deuda-PIB; otros defienden que un presupuesto equilibrado, o por lo menos un ratio Deuda-PIB que no aumente, debería ser la norma mínima a medio plazo, pero que los déficit y excedentes a corto plazo alrededor de esa norma deberían ser bien acogidos, ya que contribuyen a la estabilización macroeconómica. Sin embargo, a pesar de las diferencias significativas en la interpretación de la disciplina presupuestaria, en Washington la mayoría de los miembros coincidió con que los grandes y persistentes déficit fiscales constituían una fuente básica de trastornos macroeconómicos en forma de inflación, desequilibrios en la balanza de pagos y evasión de capitales. No eran los resultados de ningún cálculo racional de beneficios económicos esperados, sino de una falta de valor u honradez política para igualar el gasto público y los recursos disponibles para financiarlos.

Cambios en las prioridades del gasto público:

Para reducir el déficit presupuestario, Washington optó por reducir los gastos, más que por aumentar la recaudación tributaria. Se contemplaban tres categorías principales de gastos: las subvenciones, la educación y la sanidad. El objetivo de la reforma política respecto al gasto público fue tratar de desviar el gasto improductivo de los subsidios hacia áreas como la sanidad, la educación o las infraestructuras, para poder combatir más eficazmente la pobreza en beneficio de los menos favorecidos.

La reforma fiscal:

De acuerdo con lo dicho en el punto anterior, y a pesar de la existencia de un importante contraste de actitudes por parte de los miembros del Consenso, la mayor recaudación fue considerada por Washington como una alternativa inferior para remediar al déficit presupuestario en comparación con la reducción del gasto público. Sin embargo, la gran mayoría coincidió en que el método más adecuado para incrementar dicha recaudación tributaria hasta un nivel mínimo considerado como necesario consistía en tratar de instaurar una base imponible íntegra y amplia, a la vez que se mantenían unos tipos impositivos marginales moderados. Este principio constituyó la base de la reforma del impuesto sobre la renta realizada en EEUU en 1986.

Los tipos de interés:

Según esta propuesta, los tipos de interés debían seguir dos principios fundamentales. En primer lugar, tendrían que ser determinados por el mercado para evitar así una asignación inadecuada de los recursos. En segundo lugar, deberían ser positivos en términos reales para desincentivar las evasiones de capital e incrementar el ahorro. El problema de esta medida reside en la posible contradicción de estos dos principios en época de crisis, como por ejemplo la que afectó al conjunto de América Latina a lo largo de gran parte de los años ochenta. La razón es que en una época de recesión los tipos de interés determinados por el mercado generalmente tienden a ser excesivamente altos. Muchos, incluido Williamson, como se expondrá más adelante, modificarían esta afirmación para decir que los tipos de interés deberían ser positivos, pero moderados, con objeto de estimular la inversión productiva y evitar la amenaza de una explosión de la deuda pública.

El tipo de cambio

En Washington se propuso que los tipos de cambio fueran determinados por las fuerzas del mercado. Sin embargo, la opinión dominante era que más que debatir sobre la forma de determinar el tipo de cambio, resultaba más importante tratar de que éste fuera competitivo. En concreto, hay un apoyo relativamente escaso a la idea de que la liberalización de los flujos de capitales internacionales constituya un objetivo prioritario para un país que debería ser un importador de capital; además, la idea de que tendría que retener su propio ahorro para la inversión nacional fue poco aceptada. Un tipo de cambio real competitivo es el primer elemento esencial de una política económica “orientada hacia el exterior”, en la cual la restricción de la balanza de pagos se supera básicamente por el crecimiento de las exportaciones más que por la sustitución de las importaciones. En Washington existía la firme convicción de que la orientación hacia el exterior

y la expansión de las exportaciones –especialmente el crecimiento de las no tradicionales– eran necesarias para la recuperación de América Latina.

Liberalización comercial

Para Washington otro elemento importante para una política económica orientada hacia el sector exterior era la liberalización de las importaciones. El acceso a las importaciones de factores de producción intermedios a precios competitivos se consideraba importante para la promoción de las exportaciones, mientras que una política de protección de las industrias nacionales frente a la competencia extranjera se interpretaba como creadora de distorsiones costosas que acababan penalizando las exportaciones y empobreciendo la economía nacional. Se pensaba que lo ideal era una situación en la que el coste en recursos nacionales para generar o ahorrar una unidad de divisa fuera igual entre industrias de exportación e importación en competencia. Con carácter general, este ideal de libertad comercial está sujeto a dos requisitos básicos. Primero, la protección sustancial de las industrias nacientes, aunque esta deba ser estrictamente temporal y acompañada de un arancel general moderado como mecanismo para ofrecer una tendencia hacia la diversificación de la base industrial sin la amenaza de importantes costes. Segundo, el establecimiento del calendario a seguir, pues no es aconsejable que una economía muy protegida se deshaga de toda su protección sin un período de transición. Pero este punto quedo sin precisión clara debido a la diferencia de opiniones entre los miembros del Consenso: mientras que unos pensaban que la liberalización de las importaciones debía seguir estrictamente un calendario predeterminado, otros opinaban que dicha liberalización tenía que realizarse a un ritmo acorde con el estado de la balanza de pagos del país en cuestión.

Política de apertura para la inversión extranjera directa

La liberalización de los flujos financieros extranjeros no fue una prioridad importante en el Consenso, aunque una actitud restrictiva, limitadora de la entrada de la inversión extranjera directa (IED), fuera considerada como una insensatez. Se pensaba

que dicha inversión podía aportar capital, tecnología y experiencia mediante la producción de bienes necesarios en el mercado nacional o contribuyendo a nuevas exportaciones.

El que estuviese cuestionada en algunos casos fue debido a la existencia de un nacionalismo económico, totalmente desaprobado por Washington, salvo en excepcionales ocasiones. Por otra parte, se pensaba que la IED podía promoverse mediante canjes de obligaciones por acciones, lo cual permitiría reducir la deuda externa. Esto generó diversas disyuntivas en torno a si había que subsidiar a la inversión extranjera directa o si la inversión subvencionada tenía que ser adicional. No obstante, el punto más preocupante para instituciones como el FMI fue las consecuencias que hubiese podido implicar un incremento de la expansión monetaria nacional.

Política de privatizaciones

Las privatizaciones pueden ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. Por otra parte, el fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. A pesar de que esta creencia fuera durante mucho tiempo una cuestión de fe en Washington, la privatización solamente se enfatizó a partir de 1985, tras la proclamación del Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano, con el apoyo del FMI y el BM para fomentar las privatizaciones en el mundo y particularmente en América latina.

Política desreguladora

La desregulación también se consideró como un modo de fomentar la competencia en América Latina, donde se hallaban las economías de mercado más reguladas del mundo, que estaban principalmente gestionadas

por administradores mal pagados y fácilmente corruptibles. Los principales mecanismos de regulación se basaban en controlar los establecimientos de las nuevas compañías y de las inversiones, restringir la entrada de inversiones extranjeras y los flujos de transferencia de beneficios, controlar los precios, implantar barreras a la importación, asignar créditos de modo discriminatorio, instaurar elevados niveles de impuestos sobre la renta de las empresas, etc. Es interesante anotar que la actividad productiva estaba regulada de diferentes modos: mediante la legislación vigente, por medio de decretos del gobierno o por la vía de toma de decisiones sobre casos puntuales. Esta práctica era la más difundida en Latinoamérica, la cual fomento oportunidades de corrupción a la vez que discriminaba a las pequeñas y medianas empresas, importantes generadoras de empleo y de estabilidad social.

Derechos de propiedad

A finales de la década de los 80, en América Latina los derechos de propiedad eran muy inseguros, lo cual contrastaba con el que estuvieran tan firmemente implantados en Estados Unidos, siendo su importancia fundamental para el funcionamiento satisfactorio de una economía de mercado. Por ello, Washington optó por implantar unos derechos firmemente establecidos y garantizados.

A esta propuesta inicial se agregó en 1992 otras que se le olvidaron al Sr. John Williamson:

- Mantener controles de capital.- Fijar objetivos de cuenta corriente.- Definir rapidez y grado de reducción de la inflación.- Estabilizar el ciclo económico.- Fijar utilidad de una política de rentas y de congelación de precios y salarios.- Eliminar la indexación de las variables.- Corregir fallos del mercado a través de técnicas como la tributación

compensatoria.- Proporción de ingresos fiscales y gastos en relación al PIB.- Redistribuir deliberadamente la renta en pro de la igualdad.- Promover una política industrial.- Definir qué tipo de economía de mercado se va a seguir y priorizar control demográfico y medio ambiente.

La baja de la inflación es el eje central de ésta política. Este modelo ha generado una economía sustentada en la pobreza, los pobres ocupan los empleos sucios, y aligeran la carga tributaria de los ricos porque proporcionalmente pagan más impuestos.

B.- La propuesta del mexicano Luis Echeverría (muchas personas le atribuyen la autoría a Porfirio Muñoz Ledo) que se contrapone al Consenso de Washington es La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados que se presentó en la reunión de la UNCTAD en Chile (un antecedente de la Organización mundial de Comercio) y que después fue aprobada como carta de la ONU en 1974, y se compone de los 10 puntos siguientes:

1.- Libre disposición de los recursos naturales.2.- Respecto irrestricto al derecho que cada pueblo tiene de adoptar la estructura económica que le convenga e imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.3.- Renuncia al empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía política de los Estados.4.- Supeditación del capital extranjero.5.- Prohibición expresa a las corporaciones transnacionales de intervenir en los asuntos internos de las naciones.6.- Abolición de las prácticas comerciales que discriminan las exportaciones de los países no industrializados.7.- Ventajas económicas proporcionales según los niveles de desarrollo.8.- Acuerdos que garanticen la estabilidad y el precio justo de los productos básicos.9.- Amplia y adecuada transmisión de los avances tecnológicos y científicos, a menor costo y con más celeridad a los países atrasados.

10.- Mayores recursos para el financiamiento del desarrollo, a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras.

Este documento se convirtió en 34 artículos de un Código de la ONU. Pero hoy nadie invoca y nadie utiliza la Carta. Sus propuestas buscaron beneficiar a los países subdesarrollados y atar las condicionalidades de los ricos.

Después de 30 años, la ley se perdió en la burocracia de la ONU, pero su vigencia puede y debe reactivarse para oponerla al Consenso de Washington cuyos 10 puntos obligan a políticas económicas estabilizadoras, privatizaciones, desregulaciones y aperturas comerciales para no dar nada a los países subdesarrollados y sí atarlos a las necesidades de los países productores.

Nadie debe confundirse, porque el debate sobre el desarrollo para todas las naciones es acerca de modelos económicos, y el objetivo debe ser modificar modos de producción dado que la pobreza no se combate con subsidios sino con políticas económicas.

Han surgido de 1998 a la fecha otras propuestas como:

El consenso de Santiago en 1998 para un desarrollo justo y democrático.El consenso de la CEPAL.El consenso de la UNCTAD en Bangkok en el 2000.El consenso de Porto Alegre en el 2000.El consenso de la tercera Vía de Joseph Stiglitz en el 2001.El consenso de La Habana en el 2001.El consenso de Lula en el 2003.

Pero si estudiamos y analizamos las dos primeras estaremos en condiciones de tomar conciencia y decisión de lo que nos ha ocurrido durante éstos últimos 30 años y quienes se han beneficiado de los males y rezagos que padecemos, llegó la hora de que les demostremos a los “señoritos criollos” egresados de Harvard y Yale que los Mestizos de Latinoamérica también sabemos de economía y que la Bestia nunca podrá quitarnos la identidad, sentido de pertenencia, soberanía y libre decisión de nuestro destino.

El Consenso de Washington salió a la luz por primera vez en el artículo "Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a las reformas de políticas económicas", publicado en 1990 por el propio Williamson. Los principales "dogmas de fe" sobre los que reposa el decálogo son los siguientes:

• Sobre el papel del Estado: dado que el sector privado gestiona más eficientemente los recursos que el sector público, los gobiernos deben disminuir al Estado a su mínima expresión y dejar en manos del sector privado la mayor parte de su gestión aun cuando se trate de "servicios universales" (como el acceso al agua potable o a la electricidad). El Estado debe ser un mero facilitador de los negocios del sector privado (estabilidad), un regulador ocasional de los excesos del mercado (programas de alivio de la pobreza y protección del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza).

• Sobre las ventajas de la globalización: las economías de los países deben internacionalizarse a toda costa. Hay que abrir fronteras al capital, atraer el máximo de inversión extranjera, tratar que la producción doméstica salga al exterior y las empresas extranjeras se instalen en territorio nacional. En una palabra, hay que tras nacionalizarse. La extranjerización de las economías, lejos de ser un problema para los países empobrecidos, los capitalizará al tiempo que se les suministrará la tecnología de la que carecen.

• Sobre la distribución: la presencia de los polos de desarrollo y de las élites prósperas desencadenará un proceso de "cascada de riquezas" desde estos polos hasta las clases menos favorecidas.

La agenda del Consenso de Washington fue diseñada para aliviar los problemas económicos en los que la región se encontraba sumida; sin embargo, de acuerdo a los resolutivos del CW sólo se trataban de recomendaciones por parte de los organismos internacionales y de los

denominados think tanks (grupo de expertos). Sus promotores aseguraban que nunca se obligó a un país a implementar este tipo de políticas en sus economías, sin embargo, es importante tomar en cuenta que muchas de aquellas políticas económicas conforman hoy —igual que entonces— el listado de condiciones que los organismos internacionales exigen para acceder a los préstamos y rescates financieros, por tanto, dichas condiciones responden a los intereses comerciales y financieros de países altamente industrializados.

Hoy es claro que el Consenso de Washington ha definido una etapa exitosa de la globalización y para las prácticas neoliberales, pero desalentadora para muchos países de la región latinoamericana, que no han logrado el auge económico prometido tanto por los organismos internacionales como por el decálogo del CW, aun en los casos en los que se han puesto en marcha puntualmente las reformas de política económica recomendadas. Argentina, por ejemplo, emprendió muchas reformas, aun aquellas que no eran sustanciales para su economía, entre las políticas que aplicó destacan reforma fiscal, liberalización financiera, tipo de cambio, liberalización de la inversión extranjera directa, liberalización del comercio y privatizaciones

1.2. Síntesis de las formulaciones

Diversos autores optaron por sintetizar estas formulaciones, siendo este el caso de Stanley Fisher, que resumió las propuestas en los cuatro puntos fundamentales siguientes:

(1) En primer lugar, observó que dichas propuestas se centraban en que no sólo se debía enfatizar sobre la política fiscal, sino que los tipos de cambio también tenían que ser considerados como un elemento competitivo crucial. En otras palabras, notó que uno de los principales

fines del Consenso era alcanzar un marco económico equilibrado y estable.

(2) Seguidamente, advirtió que las líneas generales argumentadas por Williamson indicaban que se propugnaba un sector público eficiente y un gobierno de menor tamaño, esto es, una reforma fiscal acompañada de revisiones del gasto público.

(3) El tercer tema es el establecimiento de un sector privado eficiente y en expansión. Esto implica una creciente competencia dentro del país, es decir, una orientación hacia el exterior tanto en materia de importaciones como de exportaciones.

(4) Finalmente, el cuarto punto consiste en la puesta en práctica de políticas de lucha contra la pobreza. Éstas ya estaban adquiriendo una creciente importancia gracias a varios programas médicos y educativos, así como a los subsidios alimentarios dirigidos a grupos específicos, que ayudaron a la reducción del número de pobres en los países beneficiarios de dichas acciones. En definitiva, Fisher considera al Consenso como el resultado de una profunda evolución de las ideas, que reflejan la vigencia progresivamente generalizada de una filosofía basada en los principios fundamentales de democracia y libertad, dando predominio a los derechos individuales frente a los colectivos.

2. Los efectos de las reformas:

A pesar del significado peyorativo que el término “Consenso de Washington” ha cobrado en algunos círculos tanto académicos como políticos, hay que reconocer que las recomendaciones formuladas por Williamson desde las experiencias Latinoamericanas no hacen sino reflejar, al menos en parte, las lecciones aprendidas de la insostenibilidad de una estrategia de desarrollo basada en la acumulación dirigida hacia el mercado interior. El énfasis en la planificación y la sustitución de importaciones había conducido, en muchos

casos, a una hipertrofia del sector público y una utilización partidista de lo público, ampliando las posibilidades de corrupción y generando industrias ineficientes y sobredimensionadas sin mejorar, al tiempo, los niveles de pobreza y la distribución de la renta. Sin embargo, una vez más, en la práctica la política económica inspirada en el Consenso se centró en algunos aspectos como la liberalización comercial, privatización de las empresas públicas y apertura al exterior, pero olvidando otros que se consideraban en el Consenso, como la reestructuración del gasto lo importante no es cuánto se gasta, sino en qué se gasta y con qué nivel de eficiencia, y no tratando lógicamente los ausentes, como el fortalecimiento de las instituciones o el tema de la equidad. De todos los puntos del Consenso, dos han destacado en la atención de las propuestas de actuación de los organismos financieros internacionales: la reducción del peso del sector público y la apertura al exterior mediante la liberalización comercial en un primer momento y financiera posteriormente. Adviértase que las políticas de reformas fueron aplicadas en toda América Latina en ocasiones intensamente, en otras parcialmente, pero siempre con decisión. Sin embargo, se constata, iniciado el siglo veintiuno que los resultados generalmente obtenidos han sido más bien desalentadores, observándose entre la población una fatiga reformista, instaurada al criticar cada vez más las reformas.

El hecho de que hayan tenido un efecto leve en la productividad y el crecimiento puede haber sido uno de los factores principales del cansancio generalizado por las reformas, a despecho de que sus efectos hayan sido positivos. Seguramente su mantenimiento dependerá de las creencias y las actitudes de los principales grupos involucrados: los electores, los diseñadores de políticas, los orientadores de la opinión pública y la comunidad internacional.

Durante los años 90, la dirigencia política y tecnocrática de América Latina aplicó con convencimiento y diferente intensidad las diferentes reformas económicas del Consenso de Washington. Estos cambios de política recibieron un vigoroso respaldo de las instituciones financieras internacionales , que los reforzaron con créditos vinculados a las reformas y condicionados a su aplicación, lo cual alimentó la esperanza de los líderes de

hacer retornar al capital y la inversión extranjera a la región después de la desastrosa década de los 80.

2.1. Efectos positivos:

Los logros más inmediatos se obtuvieron aplicando diligentemente la prudencia monetaria, que redujo la inflación a solo un dígito prácticamente en todos los países. La disciplina fiscal disminuyó el promedio del déficit presupuestario del 5% del PIB al 2% aproximadamente y redujo la deuda externa pública del 50% a menos del 20% del PIB. Por su parte, la apertura comercial hizo descender el promedio de aranceles desde más del 40% a casi el 10%. Las restricciones no arancelarias afectan a solo un 6% de las mismas, en comparación con el 38% a mediados de los 80. Asimismo, el régimen de tipos de cambio múltiples, de aplicación relativamente generalizada en los 80, los depósitos previos para importación y diversas restricciones cuantitativas a las importaciones fueron desmanteladas en su gran mayoría.

La liberalización financiera se produjo de un modo igualmente agresivo. Se descartó el control directo de créditos, se desregularon las tasas de interés, se iniciaron regímenes de inversión extranjera directa y se suprimieron los controles de cambios y de cuentas de capital. Bancos, empresas eléctricas, de petróleo, de telecomunicaciones y las redes viales, así como los servicios de agua y gas, se vendieron al sector privado.

Fue un verdadero boom, aunque con desigual intensidad en los distintos países.

En la región, entre los años 1986 y 1999 se sucedieron 396 ventas al sector privado, representando más de la mitad del valor de todas las privatizaciones que se realizaron en los países en vías de desarrollo en el mundo Verdaderamente, la puesta en práctica de las medidas varió de un país a otro pero, en términos generales, la índole y la intensidad de las reformas emprendidas durante los años 90 superaron todo lo conocido hasta entonces, renovando ampliamente el ámbito de los negocios. De ello resultó un incremento continuado de la inversión extranjera directa (IED), obteniendo un crecimiento sin precedentes desde los inicios de la década de

los 90. La IED neta pasó de 4.250 millones de dólares en el período de 1988-1989 hasta los 15.775 millones de dólares durante 1990-1994, para lograr los 60.948 entre 1995-1999, repuntando hasta los 78.143 del año 2000 y caer hacia los 36.466 millones del 2003, para en el 2004 subir hasta los 40.000 millones de dólares . Otra de sus consecuencias positivas fue la expansión de los volúmenes de las exportaciones en casi todos los países y la revalorización notable del papel de la estabilidad, no sólo en la formación de un mejor clima para las inversiones extranjeras, como requisito para una asignación eficiente de los recursos productivos, sino también como una condición para evitar un mayor deterioro de los sectores más débiles.

2.2. Los efectos negativos

Sin embargo, la cara negativa de las reformas fueron los resultados desalentadores en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, redistribución del ingreso y condiciones sociales. De hecho, la llamada década perdida de los años 80 del siglo veinte registro un crecimiento del PIB sobre el 1%, algo inferior al obtenido en los años 90, que lograron un incremento del 1,5%17, lejos de las tasas de los años 70, cuando el crecimiento anual promedio se había situado en el 5,6%.

Las economías de la región durante la década de los 90 del siglo anterior contaban con un promedio de ingresos per cápita de 3.500 dólares a precios de paridad18 de 1987, equivalentes aproximadamente a unos 3.100 corrientes de 1999. Esta cifra no llega a representar el 30% del ingreso de los ingresos por habitante de los países desarrollados y es inferior a los alcanzados por los del Sudeste Asiático, Oriente Medio y Europa del Este. Al final del siglo XX, América Latina sólo supera al resto de Asia y África en su nivel de ingreso.

América Latina ingresó en el tercer milenio con más de 450 millones de habitantes. Más de un tercio de su población vive en la pobreza, con ingresos inferiores a los 2 dólares diarios.

Casi 80 millones de personas padecen pobreza extrema, con ingresos inferiores a 1 dólar al día21. Esto desigualdad retrasa la reducción de la

pobreza y mina el proceso de crecimiento. De hecho, la décima parte más rica de la población recibe el 48% de los ingresos totales, mientras que la décima parte más pobre solo percibe el 1,6%.

En los países industrializados la media que recibe la décima parte superior es del 29,1%, mientras que la décima parte inferior gana el 2,5%.

Los indicadores del desarrollo social fueron apenas más favorables. Las tasas de mortalidad infantil, de alfabetización y de escolaridad primaria mejoraron durante los años 90. Pero la disponibilidad de agua potable continuó siendo escasa en sectores rurales y pobre la calidad de la educación pública, aunque alcanza casi al 100% de la educación primaria. El problema se presenta, esencialmente, a la proporción muy reducida de personas con educación secundaria, pues un alto porcentaje abandona el sistema al llegar a la secundaria e incluso lo hace durante la primaria. Al mismo tiempo, un importante aumento de la criminalidad se producía iniciados los 80, cuando se registraban ocho homicidios por cada 100.000 habitantes, al pasar a 13 por cada 100.000, teniendo esta tasa notables excepciones como Chile y Costa Rica. También la violencia afectó la calidad de vida en toda la región, presentando diversos síntomas de carencia de respeto por la vida y la propiedad. Sin embargo, América Latina, que arrastraba desde los años 70 posiciones muy desfavorables, ha registrado un notabilísimo avance en materia de libertades civiles y políticas durante la década de los 90, y este avance es más destacable si se adopta una perspectiva de más largo plazo. Pero es cierto que existe una gran heterogeneidad en materia de libertades civiles y políticas, aunque en general se observa un avance por encima del patrón mundial

2.3. Las consecuencias

Consecuencias positivas:

Durante los años noventa, la dirigencia tecnócrata y política de América Latina aplicó con decisión el paquete de reformas económicas del Consenso de Washington. Los cambios de política en la región recibieron un vigoroso respaldo de las instituciones financieras internacionales, y se reforzaron con créditos «vinculados a las reformas» y condicionados a su aplicación, lo cual

alimentó la esperanza de los líderes, de hacer retomar el capital y la inversión extranjera a la región después de los desastrosos años ochenta. Los logros más inmediatos, se obtuvieron aplicando la prudencia monetaria, que redujo la inflación a un solo dígito prácticamente en todos los países. La disciplina fiscal disminuyó el promedio del déficit presupuestario del 5 por 100 del PIB al 2 por 100 aproximadamente, y redujo la deuda externa pública del 50 por 100 del PIB a menos del 20 por 100. La apertura comercial hizo descender el promedio de aranceles desde más de 40 por 100 a casi 10 por 100. La liberalización financiera se produjo de un modo igualmente agresivo; se descartó el control directo de créditos, se desregularon las tasas de interés, se iniciaron regímenes de inversión extranjera directa y se suprimieron los controles de cambios y de cuentas de capital. Bancos, empresas eléctricas, de petróleo, de telecomunicaciones, las redes viales así como los servicios de agua y gas se vendieron al sector privado. En la región, fueron más de 1000 empresas estatales las privatizadas entre 1988 y 2000. Como se ha indicado, la aplicación de tales medidas varió de un país a otro, pero en términos generales, la índole y la intensidad de las reformas en América Latina en los años noventa superaron todo lo conocido hasta entonces. De ello resultó un incremento del flujo de capitales hacia el continente, 14 mil millones de dólares en 1990, frente a 86 mil millones de dólares durante 1997, para caer hasta 47 mil millones de dólares en 1999, como secuela de la crisis financiera asiática. Otra de sus consecuencias positivas fue la expansión de los volúmenes de las exportaciones en casi todos los países.

Consecuencias negativas:

Sin embargo, la cara adversa fueron los resultados desalentadores en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, redistribución del ingreso y condiciones sociales. En los años noventa, el aumento real del PIB en la región fue escaso; 1 por 100 anual durante toda la década, esto es, un porcentaje ligeramente superior a las alarmantes cifras registradas en los años ochenta, pero muy por debajo de las tasas del 5 por 100, o más, que se alcanzaron en los años 1960 y 1970. Concretamente, el desempleo aumentó, y la pobreza siguió siendo amplia y generalizada. América Latina ingresó en el tercer milenio con más de 450 millones de personas, y más de un tercio de su población viviendo en la pobreza (con ingresos inferiores a los 2 dólares

diarios) y casi 80 millones de personas padeciendo pobreza extrema, con ingresos inferiores a 1 dólar diario.

Los indicadores del desarrollo social fueron apenas más favorables. Las tasas de mortalidad infantil, de alfabetización y de escolaridad primaria mejoraron durante los años noventa. Pero la disponibilidad de agua potable continuó siendo escasa en sectores rurales, y pobre la calidad de la educación pública. Al mismo tiempo, un importante aumento de la criminalidad y la violencia afectó la calidad de vida en toda la región. En un país tras otro la población se desanimó, padeciendo muchas veces la denominada «fatiga reformista». Las encuestas de opinión pública (5) a fines de los años noventa, demostraron que los latinoamericanos sentían que sus economías no marchaban bien, que su calidad de vida era más baja que la de generaciones anteriores, y que la pobreza alcanzaba índices sin precedentes. La gente mostraba gran angustia acerca del empleo y los ingresos. La percepción del presente no era favorable y la del futuro aún más incierta. Esto no es de sorprender, en razón de la «histórica inestabilidad» económica de la región, y las conmociones sociales de los años noventa. Al finalizar la década, América Latina seguía mostrando mayor desigualdad que cualquier otra región del mundo en cuanto a la distribución del ingreso y de los activos (incluida la tierra). En las mismas encuestas, la población manifestaba una persistente impresión de que las sociedades de la región eran básicamente injustas como un probable reflejo de la subyacente desigualdad de oportunidades en materia de educación básica y superior, empleo y participación política. Se suele culpar a las reformas económicas por el lento crecimiento y el decepcionante progreso social de los años noventa. Pero esto es difícilmente justificable. Varios análisis minuciosos demuestran que sin las reformas, la situación hubiera sido aún peor. Ciertamente, el ingreso per cápita y la producción hubiesen sido inferiores, mayor la inestabilidad, y agravadas la pobreza y la desigualdad de ingresos. De manera que debería perdurar un importante núcleo de la sabiduría económica contenida y contrastada en el Consenso de Washington. El problema, es que este tipo de razonamiento por contraposición de que sin la reforma las cosas hubiesen sido peores resulta poco «reconfortante» para los pobres, para los crónicamente desocupados y para los numerosos ciudadanos consternados y agobiados en la región, pues

además ofrecen escasas perspectivas de lograr amplios apoyos políticos para más reformas de la misma índole. Sin olvidar, que es tan importante como urgente: rescatar estas gentes al circuito formal de lo económico. Ellos necesitan renta para acceder a los bienes y servicios, y las empresas necesitan consumidores para sus productos y servicios.

3.1. Discrepancias del Banco Mundial

Dentro de este estimulante debate sobre los objetivos económicos y sociales a alcanzar en América Latina, por parte de instituciones regionales y organizaciones multilaterales, así como universidades y diferentes organismos públicos como privados, sobresale el Banco Mundial, por ser esta una de las instituciones incluidas por Williamson al acuñar el término Washington. Una de las críticas que más intensamente han circulado fue la planteada en la Cumbre de las Américas35, cuando el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, puso al Consenso seriamente en entredicho. Posteriormente, durante el World Economic Forum de Río de Janeiro (2002), fue más drástico al proclamar la muerte del Consenso, cuya enseñanza emblemática dijo que era “(…) juzgar a los países exclusivamente por los indicadores económicos, cuando hemos aprendido que se deben medir también por los sociales”. Precisamente aquí es donde más se agrieta el Consenso, pues es en estos indicadores sociales donde prácticamente se define su éxito o fracaso. Estas discrepancias no pasaron desapercibidas para Joseph Stiglitz36, al argumentar que las propuestas ofrecidas por el Consenso eran necesarias pero no suficientes, poniendo incluso en duda algunas de ellas. También considera que los objetivos de política económica no pueden ser reducidos exclusivamente al incremento del PIB, de tal manera que se deben incluir al menos los tres puntos siguientes:

(1) La mejora de los niveles de vida, que abarca la educación y la salud.

(2) Un desarrollo sostenible ecológico, entendiendo que las medidas aplicadas pueden resistir las vicisitudes del proceso político.

(3) Un desarrollo democrático, incluyendo la participación consciente de los ciudadanos en las decisiones colectivas que les afectan de tantas maneras.

Además, aduce que el Consenso ha puesto poco énfasis en la necesidad de reforzar la competencia en los mercados y que los objetivos de la política económica no pueden ser reducidos al mero incremento del PIB, refiriéndose a la necesidad del reforzamiento institucional y las reformas de segunda generación, como se verá en el punto siguiente.

4. EL CONTEXTO ECONÓMICO DE LA CRISIS DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XXI:

Las ganancias de las empresas productoras de bienes y servicios se incrementaron a partir de mediados de la década de 1980. Estas elevadas ganancias convirtieron a estas empresas en prestatarias del sistema financiero mundial. Estos recursos, junto a los de las pensiones y otros fondos, se invirtieron en la década de 1990 enempresas.com; la quiebra masiva de estas empresas a finales de esa década explica la crisis económica mundial de 2001. Para superarla, las empresas invirtieron en la construcción habitacional e impulsaron una amplia oferta de créditos hipotecarios con bajas tasas de interés. Esta reorientación de las inversiones, junto a las realizadas en la industria militar, permitió superar aquella crisis al inicio del milenio.

El gran desarrollo del sector inmobiliario, junto al incremento del gasto militar y el aumento del consumo apoyado en la fuerte expansión del crédito y en la disminución de los impuestos, permitió la superación de la crisis de inicio de esta década.

Sin embargo, esta recuperación era coyuntural porque a lo que asistimos durante la primera década del siglo XXI es a una crisis del modelo de acumulación, de la globalización y de las políticas económicas neoliberales, que concentraron extraordinariamente el ahorro, el ingreso y la inversión, lo que actuó como freno al incremento de la tasa de ganancia y la acumulación del capital.

El estallido de la actual crisis económica se inició al detonar la burbuja hipotecaria estadounidense en 2008, multiplicándose la crisis de pagos, la que rápidamente se transmitió a otros sectores de la economía

estadounidense —notoriamente el automotriz— y a las economías de otros países del mundo, incluidas las de Europa y América Latina.

Por su parte, para América Latina la década de 1990 fue de recuperación económica, después de una década perdida para el crecimiento económico y de reformas estructurales impulsadas por el decálogo del Consenso de Washington.

5. Las nuevas reformas: mirando más allá del Consenso de Washington:Examinadas las anteriores consideraciones, son evidentes las enormes posibilidades que brinda una ampliación de las reformas originales que permitan establecer un giro estratégico del Consenso de Washington para que evolucione en la dirección de responder a los problemas pendientes y los nuevos desafíos de una economía cada vez más interdependiente y cada vez más global desde una gran dosis de confianza y optimismo, aunque a la vez con una actitud de cautela, pragmatismo y prudencia. Desde estos parámetros, conjuntamente con el profesor Emilio Fontela Montes, consideramos conveniente introducir nuevas propuestas, que aunque todas trascendentes, enfatizamos en la deuda externa, por considerarla la arena del crecimiento económico en América Latina y otros países en desarrollo. He aquí nuestras propuestas:

(1) Una mejor distribución de la renta como complemento indispensable de la lucha contra la pobreza, que confiere un papel central a la política económica, a las reformas fiscales y a la protección social; el mensaje europeo de la “economía social de mercado” sigue teniendo vigencia en los países en vías de desarrollo.

(2) Una política financiera internacional que permita la estabilidad monetaria y frene los movimientos especulativos, que también esté vinculada a las reformas fiscales y a la creación de zonas monetarias, por ejemplo en el Mercosur.

(3) Una política industrial y tecnológica para sentar las bases de los nuevos esquemas de especialización productiva en el contexto global.

(4) Una revolución de los procesos de transferencia de tecnología y de investigación que permita aprovechar y competir lo antes posible en las potencialidades de la Sociedad del Conocimiento.

(5) Un amplio acuerdo sobre la lucha contra la corrupción y la difusión de prácticas éticas en el comportamiento de los agentes económicos privados y públicos.

(6) Un sistema de estímulo del tercer sector para potenciar las actividades sin ánimo de lucro y la participación activa de la riqueza local en la solución de los problemas de la pobreza, elemento clave de las nuevas estrategias de reforzamiento del funcionamiento de los sistemas democráticos.

(7) Fomentar los elementos necesarios de transparencia en la información económica, reforzamiento de la supervisión del sector financiero y establecer una nueva estrategia frente a los movimientos de capitales.

(8) Un amplio acuerdo sobre la lucha contra la corrupción, con la difusión de prácticas éticas en el comportamiento de los agentes económicos privados y públicos.

(9) Derechos de propiedad seguros, con costes equilibrados para ampliar y movilizar el ahorro popular y el acceso al crédito.

(10) Concluido el Plan Brady, es preciso definir uno nuevo, que incorpore mecanismos para la reducción de la deuda exterior a cifras que no comprometan ni interfieran en el objetivo de un crecimiento sostenible.

Esta lista de prioridades implica una cierta transferencia de la responsabilidad del crecimiento de la economía, como preconiza el Consenso de Washington a la política y a la sociedad. Los nuevos círculos viciosos que frenan el progreso en América Latina y en el resto del mundo que perdió el tren de la Revolución Industrial, integran procesos económicos, políticos y sociales que son interdependientes y requieren enfoques globales y pluridisciplinares. La transformación de España durante los últimos treinta años, como la de toda Europa Occidental después de la segunda Guerra Mundial, es un ejemplo visible de la necesidad de esta conjunción de

reformas entre lo económico, lo político y lo social. Realmente, esta conjunción debe ser posible pues existe una concordancia en cuanto al establecimiento de una unanimidad en torno a la oportunidad de mantener en todo sistema económico una senda de crecimiento sostenido y equilibrado con mínimas fluctuaciones en torno a la tendencia, aunque aparezcan diferencias a la hora de definir el concepto mismo de crecimiento y la noción más o menos implícita de bienestar. En este sentido, por la historia vital de sus relaciones con América Latina pero también desde la cercana transformación económica, política y social realizada durante los últimos treinta años, que arranca con la transición política hacía la democracia (proceso que se consolida con la aprobación de la Constitución de 1978, que abrió el camino para la integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 y más tarde con la creación del Mercado Único Europeo de 1993), España puede constituirse en un sólido y amplio referente para la región. El éxito español a la hora de crear una economía de mercado próspera y floreciente tras el estancamiento y el aislamiento que caracterizó a la economía autárquica, dominada por el Estado desde finales de la guerra civil, se ha convertido en un punto de referencia atractivo para otras economías que se embarcan en una reforma de mercado66, especialmente en Latinoamérica.

6. Comentario:Las políticas económicas que Washington impulsa sobre el resto del mundo se pueden resumir, a grandes rasgos, como políticas macroeconómicas prudentes, de orientación hacia afuera y de capitalismo en su versión de libre mercado.El supuesto sería que aquello que es bueno para Washington, es bueno para el resto del mundo y viceversa.

En general, no se aprecia una postura rígida por parte de Washington en la exigencia de llevar a cabo las políticas recomendadas, especialmente en lo referente a las privatizaciones.

En el caso chileno estas parecen más bien estar impulsadas por presiones internas de grupos económicos interesados en la transferencia de EPEs sanas y rentables.

Hace algunas semanas atrás, en un artículo aparecido en Enfoques de Economía y Negocios de El Mercurio se recogía la opinión empresarial favorable a apurar el proceso privatizador en vista de la crisis de la economía, lo que contribuiría a forzar los precios a la baja de las empresas estatales incluidas en la agenda privatizadora.

La modalidad de financiar proyectos de inversión en empresas públicas mediante la privatización no es la única alternativa, como lo hace aparecer el actual Gobierno. La posibilidad de ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos o el financiamiento mediante la emisión de bonos son otras soluciones posibles. Además, existirían actividades en la minería que no están sujetas a régimen tributario, es decir, una fuente de recursos financieros por explotar.En todo caso, es lógico que cualquier inversión privada en empresas de servicios públicos, como las sanitarias, se recupera por el mecanismo de aumento de tarifas, lo que a la larga equivale a un impuesto.

Vale la pena recordar al respecto, que Washington considera aceptable el gasto público de inversión en empresas de infraestructura.

Pese a que se trata de bienes de patrimonio nacional, el proceso de privatizaciones en Chile no ha sido sujeto a debate público. Se ha creado intranquilidad entre los trabajadores de las empresas públicas que están en la mira del proceso privatizador, por temor a perder el empleo y otras garantías. Los despidos masivos en el holding privado Enersis parecen confirmar los peores augurios.

Por su parte, el SAE (Sistema Administrador de Empresas), organismo dependiente de Corfo encargado del proceso privatizador, intenta diversos mecanismos para llegar a acuerdos con los trabajadores. Recientemente, su administrador, Eduardo Arriagada, indicó que se estaban ofreciendo soluciones tipo "participación accionaria". Mecanismos que también fueron utilizados durante las enajenaciones de fines de los ochenta para otorgarle un tinte de legitimidad a las privatizaciones.

Al parecer, existe similitud con los procesos privatizadores llevados a cabo durante el régimen militar, en el sentido de que se trata de empresas públicas rentables y que no presentan impacto negativo para el balance fiscal. EMOS no era una empresa deficitaria al momento de su venta.

En cuanto al establecimiento de un marco regulatorio adecuado que prevenga la ocurrencia de hechos como la crisis de energía eléctrica, por la falta de información y de debate público, la ciudadanía no tiene los elementos de juicio para formarse una idea ni de la necesidad ni del grado de seguridad que implican las privatizaciones de otros servicios públicos. Se ha querido presentar este proceso como inevitable y como sinónimo de modernización.

En otras áreas del gasto público, Chile sigue una línea diferente al consenso de Washington en un sentido más restrictivo. Mientras para Washington el gasto en educación y salud constituyen la quintaesencia del gasto fiscal apropiado, en Chile la educación superior no es gratuita, por ejemplo, como es el caso en varios otros países latinoamericanos. En el área de salud no se ha logrado fortalecer suficientemente al subsistema público, mientras que el subsistema privado continúa siendo subsidiado.

Las políticas económicas recomendadas por Washington aparecen a primera vista como imposiciones perentorias. En un examen más profundo es posible constatar más flexibilidad de lo que comúnmente se cree.

7. ConclusionesLa crisis de la deuda y el fracaso del modelo de sustitución de importaciones dejaron claro que el Estado proteccionista ya no podía responder a las necesidades y problemas que exigía el nuevo orden de la economía mundial. La recesión puso en evidencia que una política proteccionista y nacionalista ya no podía funcionar como eje rector de la economía latinoamericana.

El nuevo orden económico requería de nuevos aliados o protagonistas en las actividades económicas del Estado, el rumbo de la vida económica de América Latina estaba a punto de dar un giro de ciento ochenta grados. El

nuevo modelo tenía que ser abierto, liberalizado y estable. Basado principalmente en una política de mercado, este nuevo orden pretendía disminuir el papel del Estado, con la finalidad de aumentar el margen de maniobra del sector privado.

La idea era clara, América Latina tenía que abrir su economía, abandonar las prácticas proteccionistas, recortar el hinchado papel del Estado; en otras palabras, la región latinoamericana tenía que insertarse en la lógica del mercado. Las reformas de política económica del Consenso de Washington representaban el programa de ajuste estructural para iniciar la transición de un modelo cerrado a uno abierto y liberalizado.

El Consenso de Washington fue diseñado bajo un marco neoliberal; es decir, se dio prioridad a la estabilidad macroeconómica, liberalización comercial y de capitales y, principalmente, a la disminución del papel del Estado en la economía; de esta manera, las políticas del decálogo, más allá de responder al contexto latinoamericano, respondían a las exigencias económicas estadounidenses. El neoliberalismo se instauró con éxito en la vida económica de América Latina, a partir de las políticas económicas, primero de Bretton Woods en la posguerra y del Consenso de Washington en la década de 1990.

Hoy es claro que la instauración de dichas políticas fue todo un éxito del capital internacional, muchas de ellas ahora son parte de la vida económica de América Latina. Uno de sus máximos exponentes es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; todo parece indicar que los programas de ajuste estructural siempre están acompañados de un acuerdo comercial; recordemos que la herencia de los Acuerdos Bretton Woods fue el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles.

Los acuerdos comerciales globales y regionales son un determinante en la instauración de las políticas neoliberales, pues a través de ellos las economías se han abierto paulatinamente al mercado. Además, cabe destacar que tanto en el modelo cerrado como en el abierto, las exportaciones desempeñan un papel fundamental, la diferencia radica en que ahora gran parte de los insumos, para la expansión de las exportaciones son suministrados por

corporaciones multinacionales. Por ello los acuerdos comerciales son un determinante en el éxito de los programas de ajuste estructural.

El Consenso de Washington se convirtió en una especie de ideologización económica para América Latina, las políticas económicas dejaron de ser simples propuestas y pasaron a ser un instrumento de control político y económico para los países interesados en insertarse y conseguir el sello de aprobación de las economías altamente desarrolladas y de los organismos internacionales.

Ante el fracaso de aquellas políticas neoliberales para asegurar un desarrollo económico socialmente equitativo y sustentable, el reto de América Latina consiste en la unificación regional y en la búsqueda de políticas económicas necesarias para impulsar el crecimiento económico de acuerdo con las características y necesidades de la región. Dichas políticas también deben ser engranajes afinados que beneficien a los sectores sociales, políticos y económicos, pero sobre todo que respondan y se adapten al ritmo de la economía mundial, sólo de esta manera se logrará tener un programa de ajuste estructural y de integración regional adoptado por convicción y no de imposición.

8. Referencias bibliográficas10. Referencias bibliográficas Banco Mundial (2003), Desigualdad en América latina: ¿Rompiendo

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