POR QU NO DEBEMOS PAGAR LA DEUDA?

PLATAFORMA AUDITORA CIUDADANA DE LA DEUDA, NO DEBEMOS!

NO PAGAMOS! (coord.)

POR QU NO DEBEMOS PAGAR LA DEUDA?

Razones y alternativas

Este libro ha sido impreso en papel 100% Amigo de los bosques, proveniente de bosques sostenibles y con un proceso de produccin de TCF (Total Chlorin Free), para colaborar en una gestin de los bosques respetuosa con el medio ambientey econmicamente sostenible.

Diseo de la cubierta: Adriana FbregasIlustraciones: Marc Rodrguez Porcell

Agradecimientos: Gerard Malet

Albano Dante, Albert Sales, Gemma Tarafa, Griselda Piero, Ins Marco, Iolanda Fresnillo, Marcel Pags, Pablo Martnez, Pere Casaldliga, Sergi Cutillas, Toni Verger, Uli Wessling, Xavier Bonal, Comisin Feminismos PACD, PACD Barcelona.

De esta edicin Icaria editorial, s. a. Arc de Sant Cristfol, 11-23 08003 Barcelona www. icariaeditorial. com

Primera edicin: octubre de 2013

ISBN: 978-84-9888-548-4Depsito legal: B-23.408-2013

Fotocomposicin: Text Grfic

Impreso en Barcelona

Printed in Spain. Impreso en Espaa.

Esta obra est bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

ndice

Prlogo, Pere Casaldliga . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. La deuda en el mundo, Griselda Piero y Iolanda Fresnillo . . . . . . . 9

II. La deuda en Espaa, Sergi Cutillas y Uli Wessling . . . . . . . . . . . . 21

III. Impactos de la crisis de la deuda . . . . . . . . 39 La gestin de la crisis financiera y sus efectos en la educacin: Hacia un cambio de modelo educativo?, Marcel Pags, Toni Verger y Xavier Bonal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

La deuda no es con los bancos, es con las mujeres!, Comisin de Feminismos de la PACD 49

La deuda y la sanidad: Qu se debe, a quin y por qu?, Albano Dante Fachin Pozzi . . . . . . . 55

La crisis de la deuda, motor del empobrecimiento en Espaa, Albert Sales e Ins Marco . . . . . . . . . 61

IV. Deuda ilegtima, Pablo Martnez, Iolanda Fresnillo, Ins Marco y Gemma Tarafa . . . . 67

V. La auditora como camino a las alternativas, PACD Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7Prlogo

PERE CASALDLIGA

Al pirata annimo

Codicia de codicia de codicia en el banco mundial del mar abierto, cerrado el corazn a la justicia, reacio a toda luz el ojo tuerto.

La muerte por blasn y la ictericia del oro por salud, en el acierto de cuentas entre imperios tu pericia de ladrn de ladrones gana el puerto.

Lobo transnacional, vampiro inmundo de nuestra sangre para el Primer Mundo y entre escollos de lucro zahor. Mercenario del dios de la galerna, tatarabuelo de la Deuda Externa, antepasado del FMI.

Sin publicar, una hojita enTodava estas palabras

8Pere Casaldliga, religioso siempre vinculado a la teora de la liberacin, nacido en Balserany (Barcelona) el 16 de febrero de 1928. Hizo de la Prelatura de So Flix do Araguaia (Mato Grosso), donde fue obispo, una trinchera en la defensa de los excluidos, en una poca en la que muchos oponentes de la dictadura acababan presos, torturados o muertos. Afront la represin mi-litar en Brasil y los pistoleros al servicio del latifundio. Escap de la muerte en 1976, cuando, por engao, la bala dirigida a l le quit la vida al padre jesuita Joo Bosco Burnier. Pere Casaldliga acompaa todava hoy las transformaciones que la globalizacin impone a los pueblos y ha sido y es un incansable luchador contra la opresin de la deuda all donde se viva.

9Qu significa la deuda para los pueblos?

La poblacin espaola, al igual que la griega o la portu-guesa, est sufriendo las criminales consecuencias de las polticas de austeridad que se imponen tras la cortina de la deuda. La crisis de la deuda, que est ahogando a los pases de la periferia europea, se asemeja a la que vivieron numerosos pases africanos, asiticos y latinoamericanos, crisis que, de hecho, siguen viviendo.

La deuda ha sido y sigue siendo un mecanismo de dominacin de los acreedores sobre los deudores, un mecanismo que ha servido como palanca para imponer un modelo econmico centrado en el neoliberalismo. Mediante los llamados planes de ajuste estructural en los pases empobrecidos, que en Europa son los de austeridad, la deuda provoca el empobrecimiento de las poblaciones, el menoscabo de sus derechos econ-micos, sociales y culturales y, por ende, el aumento de las desigualdades.

I

La deuda en el mundo

GRISELDA PIERO y IOLANDA FRESNILLO

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La crisis de la deuda en los pases empobrecidos no se ha acabado

Segn el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi un tercio de los pases de bajos ingresos se encuentran hoy en riesgo de sobreendeudamiento, a pesar de haber recibido en muchos casos importantes cancelaciones de deuda. De hecho, la deuda total de los pases en desarrollo ha pasado de 2,1 billones de dlares en el ao 2000 a 4,9 billones de dlares en 2011. En el contexto de la crisis econmica global, muchos pases se han endeudado an ms para suplir los impactos de la crisis en sus economas. Los pases empobrecidos han visto reducidos sus ingresos por exportaciones, los precios de las materias primas se han vuelto extre-madamente cambiantes, los ingresos por remesas de migrantes han cado y las empresas multinacionales han incrementado los niveles de repatriacin de beneficios, adems de seguir evadiendo impuestos y profundizando la fuga de capitales, con lo cual dejan cada vez menos recursos a disposicin de esos pases. En este contexto, es especialmente preocupante el sustancial incremento de la deuda privada en algunos pases empobrecidos. Mientras en el ao 2000 la deuda pblica de los pases en desarrollo era de 1,3 billones de dlares y la deuda privada era de tan solo 0,5 billones, a finales de 2011 la deuda pblica haba subido hasta 1,76 billones y la privada, a 1,71 billones (deuda a largo plazo). Por ejem-plo, como vienen alertando algunos medios financieros,

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la burbuja de crdito privado en Asia podra derivar en una nueva crisis de deuda.

El precio del perdn de la deuda

Despus de aos de movilizaciones sociales se imple-mentaron iniciativas de alivio de deuda para los pases ms pobres y ms endeudados con las que se pretenda reducir la deuda de estos pases a niveles sostenibles. Pero las cancelaciones ofrecidas se reciben solo despus de comprobarse la ejecucin de programas de ajuste controlados por el FMI. Privatizaciones, liberalizacin financiera, eliminacin de subsidios, reduccin de sala-rios a funcionarios, recortes en sanidad y en educacin, entre muchas otras medidas, fueron impuestas a pases como Mali, Hait, Camern, Tanzania o Bangladesh, a cambio del perdn de parte de sus deudas. En Mal, Malawi o Hait, por ejemplo, la eliminacin de los subsidios al algodn, a los fertilizantes y al arroz respectivamente, y la obligacin de abrir sus mercados y privatizar las empresas pblicas agrcolas, no solo supuso la ruina de millones de campesinos, sino tam-bin una grave amenaza a la soberana alimentaria de sus poblaciones.

Estas polticas, que perpetan la relacin de de-pendencia de los pases supuestamente beneficiarios, son totalmente ineficaces e insuficientes a largo plazo ya que, despus de recibir las cancelaciones parciales de sus deudas, los gobiernos siguen recurriendo al crdito,

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en muchos casos del FMI, reproduciendo ciclos de so-breendeudamiento.

Blanqueo de deudas, de Amrica Latina a Europa

En Amrica Latina, la crisis de la deuda en los aos ochenta llev a diferentes rondas de refinanciaciones, una de las respuestas ms habituales ante situaciones de sobreendeudamiento. En el sudeste asitico, Ecuador o Argentina a finales de los noventa, o Grecia e Irlanda en la actualidad, refinanciar la deuda ha sido tambin la respuesta. Este tipo de refinanciaciones no hacen ms que perpetuar el problema del endeudamiento y sirven de palanca para imponer los planes de ajuste estructural del FMI. Durante las refinanciaciones adems no se tiene en cuenta el origen de la deuda, por lo que en muchos casos se acaban blanqueando deudas ilegtimas, odiosas e impagables.

Blanqueando y eternizando deudas bancarias. El caso irlands

En el ao 2006, antes del estallido de la crisis, la deuda pblica irlandesa era de 43.766 millones de dlares, un 24,6 % del PIB, y el pas presentaba supervits fiscales. Considerada la prueba del xito del modelo neoliberal, Irlanda pas de un extremo a otro: de ser llamada el tigre celta al rescate. El Anglo Irish Bank, que haba

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participado de lleno en la burbuja inmobiliaria irlandesa, fue rescatado por el Gobierno irlands en 2010, lo que multiplic la deuda pblica irlandesa por tres, y dispar el dficit fiscal hasta el 30,9 %, en un claro ejemplo de socializacin de deudas privadas. La situacin llev al Gobierno irlands a pedir un rescate de 90.000 millo-nes de euros al FMI y a la Unin Europea (UE), que fue a parar fundamentalmente a la recapitalizacin bancaria, mientras se impona un brutal plan de austeridad.

En el primer trimestre de 2013, la deuda pblica haba aumentado hasta el 125 % del PIB. En enero del mismo ao, y al borde de la suspensin de pagos, el Gobierno irlands pact una refinanciacin de su deuda con el Banco Central Europeo (BCE), canjeando los pagars de deuda a corto plazo (con un inters del 8 %) por bonos del Estado a largo plazo con un inters mucho menor. A pesar de la presin meditica para que la refinanciacin de la deuda se considerara un proceso exitoso, la campaa Anglo, not our debt denuncia que este canje significa el blanqueo de una deuda ilegtima que fue acumulada para pagar a especuladores que se jugaron el dinero en un banco irresponsable, ahora bajo investigacin criminal.

Grecia, quitas y nuevas deudas; refinanciacin a la latinoamericana eternizando la deuda y la austeridad

Antes de la crisis, la deuda pblica griega ya era ms elevada que la del resto de sus vecinos europeos, en parte

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debido a la herencia de la dictadura de los coroneles, que cuadriplic la deuda pblica entre 1967 y 1974. Una deuda odiosa que despus heredara la democracia griega. Por otro lado, los Juegos Olmpicos de Atenas en 2004, el elevado gasto militar y una serie de llamativos casos de corrupcin estn tambin entre los factores de la elevada deuda pblica griega.

Grecia tambin tuvo una burbuja de deuda privada; tras la crisis financiera, que cerr el grifo del crdito a sus bancos, muchos bancos fueron rescatados, lo que aument la deuda pblica. En 2010, ante la posibilidad de una suspensin de pagos, la troika (formada por el FMI, la Comisin Europea y el BCE) aprob el primer rescate: un crdito de 110.000 millones de euros, con un draconiano plan de austeridad, recogido en el memorndum firmado con la troika. Cada tramo del rescate que se desembolsa requiere el cumplimiento de las condiciones del primer memorndum, lo cual socava da a da la soberana griega. Es importante des-tacar que, de los 23 tramos del rescate griego cobrados desde 2010, un 77 % de los recursos se ha destinado al sector financiero.

Sin embargo, ao y medio despus del primer resca-te, Grecia se encontraba en la misma situacin: con una deuda impagable. En marzo de 2012 la troika aprob el segundo rescate con la condicin de que los acreedores privados aceptasen una quita, es decir, el impago de una parte de la deuda. Ante el riesgo de no cobrar nada, el 95,7 % de los tenedores de bonos privados aceptaron el

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canje por nuevos bonos garantizados y bajo jurisdiccin britnica, con una quita de hasta un 78,5 % del valor real de la deuda. No obstante, la deuda pblica griega sigue aumentando. La previsin del FMI para 2013 es que llegue al 176 % del PIB. En Grecia, el PIB ha retrocedido un 25 % desde 2007, la tasa de desempleo llega al 27 % entre los jvenes, a ms del 57 % y casi la mitad de la poblacin est en riesgo de pobreza.

Los riesgos de no pagar: Argentina y los fondos buitres

Argentina hizo suspensin de pagos de su deuda en 2001, despus de dcadas de seguir los dictados del FMI y de situar su economa (y su poblacin) al borde del abismo. Este pas aprovech la suspensin temporal de pagos para renegociar su deuda privada y parte de la deuda bilateral y, al mismo tiempo, acumular reservas suficientes para poder pagar la deuda con el FMI. Sin embargo, en lugar de repudiar la deuda odiosa de la dictadura y analizar a travs de una auditora la ilegitimidad de las deudas posteriores, el Gobierno opt por ofrecer a los mercados dos canjes de bonos de deuda, en 2005 y 2010, con una importante quita y un retraso de los vencimientos.

El 93 % de los tenedores de bonos (acreedores priva-dos) aceptaron la quita y perdieron parte de su inversin (hasta un 75 % en algunos casos). Los acreedores que no aceptaron la quita vendieron los bonos a los fondos buitre, que, despus de comprarlos a un 2 % del valor

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nominal, recurrieron en 2012 a los tribunales reclaman-do al pas el retorno del 100 % del valor nominal de dichos bonos. Una sentencia desfavorable para Argen-tina, como la que se ha producido en agosto de 2013 en los juzgados de Nueva York, no solo pone contra las cuerdas a este pas sino que pone en riesgo los procesos de reestructuracin de deuda, como, por ejemplo, los de Grecia, Jamaica o Belice.

La deuda en el Caribe; condenados a la pobreza

De la situacin de endeudamiento fuera de Europa des-taca la que viven los pequeos pases insulares del Caribe. Desde 2010, Antigua y Barbuda, Belice, San Cristbal y Nieves, Granada y Jamaica reestructuran sus deudas soberanas, que fueron aumentando sin pausa desde la dcada de los noventa, hasta alcanzar niveles de deuda pblica superiores a los de Grecia. As, San Cristbal y Nieves tiene una deuda pblica cercana al 200 % del PIB y Jamaica, una del 143 %. La crisis econmica global, el impacto del descenso del turismo (del que son altamen-te dependientes), as como los efectos econmicos de huracanes y tormentas son algunos de los factores clave para explicar este aumento de la deuda.

Desde la dcada de los noventa, el FMI despleg en la regin sus programas de ajuste, que con la crisis actual se renovaron y en algunos casos, como el de Jamaica, endu-recieron sus condiciones. De seguir bajo los dictados del FMI, los pequeos estados del Caribe tienen por delante

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aos de ajustes y austeridad, y, por tanto, de empobreci-miento, desigualdades y violaciones de derechos.

En abril de 2013, en una situacin lmite, Jamaica pact con el FMI un nuevo rescate de 930 millones de dlares y una reestructuracin de su deuda interna. Segn la Campaa para la Justicia Econmica y Social de Jamaica (CESJ), que promueve una auditora de la deuda en ese pas, la deuda jamaicana es en buena parte ilegti-ma: deuda de corrupcin, derivada del rescate bancario en los noventa, o deuda correspondiente a megaproyectos de infraestructuras intiles que solo beneficiaron a la lite de la industria turstica.

La deuda y el FMI: dos obstculos ms para las revoluciones rabes

En los meses previos a las revueltas rabes, el FMI haba publicado una serie de informes sobre la poltica eco-nmica y los ajustes y recortes sociales realizados por los gobiernos de Egipto, Libia, Argelia o Bahrin. Tanto el FMI como el Banco Mundial (BM) valoraron muy posi-tivamente los avances econmicos de los pases del norte de frica, obviando el empobrecimiento de la mayora de la poblacin, la negacin de derechos econmicos, sociales y culturales, la violacin de derechos humanos, la falta de democracia o el aumento de las desigualdades.

En Egipto, los prstamos del FMI y el BM al rgimen de Mubarak fueron la palanca para imponer la llamada reforma econmica egipcia, que contribuy al empobre-

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cimiento de la poblacin, la desestructuracin de la clase media y el aumento de las desigualdades. En poco tiempo, el Gobierno congel salarios, elimin pagas ex-traordinarias y recort de forma drstica la inversin en servicios pblicos, como sanidad o educacin. Mientras tanto, la deuda aumentaba. Dichas polticas de ajuste, el impacto de la especulacin financiera que dispar los precios de los productos bsicos en 2008, y la corrup-cin y despotismo del rgimen de Mubarak fueron el combustible de la revolucin egipcia.

El 31 de marzo de 2013, la deuda externa egipcia se elevaba a 38.385 millones de dlares, un 87,33 % del PIB, con lo que destinaban casi un 30 % del presupuesto al pago de la deuda. Despus de la cada de Mubarak, el FMI volvi a escena, ofreciendo un crdito de 4.800 millones de dlares al Gobierno de Mohamed Morsi, a cambio, nuevamente, de la implementacin de un programa de ajuste, que inclua reformas fiscales, ajustes del dficit, recortes en los subsidios para materias primas como el gas natural o el aumento de las tasas en productos bsicos. Sin embargo, el Gobierno interino egipcio, surgido del golpe de Estado de julio de 2013, rechaza de momento restablecer las negociaciones con el FMI.

Por su lado, la deuda de Tnez ascenda a finales de 2011 a 22.335 millones de dlares, de los cuales 14.958 millones correspondan a deuda pblica. Una deuda que es heredada del rgimen de Ben Al y que, por tanto, podemos calificar como deuda odiosa. Al igual que en el caso de Egipto, el FMI, que nunca dud en hacer negocios

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con los dictadores, se apresur a ofrecer un crdito al nuevo Gobierno tunecino despus del derrocamiento de Ben Al. Un prstamo de 1.636 millones de dlares, concedido en junio de 2013, acompaado del control directo y las consabidas polticas que impone el FMI.

Una de las reivindicaciones clave de las activistas en el marco de la revolucin tunecina fue la realizacin de una auditora de la deuda, exigiendo el no pago de la deuda odiosa de Ben Al. Una demanda que fue asumida por todos los partidos polticos en las elecciones de octubre de 2011, despus de la revolucin. De esta manera se logr que en julio de 2012 se aprobara en el Parlamento tunecino, y por primera vez en un parlamento africano, una propuesta de ley para realizar una auditora de la deuda, que quedara en manos de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esta Asamblea ha relega-do el proyecto de la auditora, que de momento est estancado.

Atacando la deuda y la austeridad tambin ms all de nuestras fronteras

Como hemos visto, la crisis de la deuda es el elemento clave que permite la violacin de derechos econmicos, sociales y culturales, no solo en nuestro pas y la periferia europea, sino tambin en pases de todos los continentes. Las crisis de deuda son recurrentes en el capitalismo, y solo abordando las causas sistmicas que las provocan podremos superarlas. Tambin resulta innegable que no

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puede haber desarrollo humano sin romper con la infer-nal espiral de la deuda y la dependencia que esta provoca respecto a los mercados financieros y las instituciones financieras internacionales. Por ello es imprescindible que unamos fuerzas y reforcemos las alianzas internacio-nales para luchar coordinada y conjuntamente contra la deuda y la austeridad, contra el sistema econmico y el sistema poltico que las originan y para la construccin de alternativas que nos permitan superar este sistema econmico.

Bibliografa

ELLMERS, B. (2013), Developing countries private debt is on the rise, and the international institutions are ill-prepared, en http://eurodad.org.

JONES, T. (2012), The state of debt. Putting an end to 30 years of crisis, en Jubilee Debt Campaign.

MEDIALDEA, B., LVAREZ, N., FRESNILLO, I, LABORDA, J., UGARTECHE, O. (2013), Qu hacemos con la deuda?, Madrid, Akal.

MILLET, D., TOUSSAINT, E. (2011), La deuda o la vida, Barcelona, Icaria.

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Cmo hemos llegado hasta aqu?

La actual crisis econmica mundial se desat a raz del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que paraliz el mercado mundial de crdito en 2008 extendiendo la crisis a Europa y, en especial, a Espaa, donde haba tambin una gran burbuja de crdito inmobiliario. Esta conjuncin de factores cre la tormenta perfecta, a la cual algunos llaman momento de Minsky (economista que predijo la crisis financiera). Ambos pases haban hecho mritos para conseguir que se desencadenara esta crisis, que arrastramos desde hace seis aos sin que se aprecien tan siquiera los brotes verdes que sendos gobiernos aseguran haber divisado.

El camino de ambos pases en los aos anteriores a la crisis fue paralelo: primero se aplicaron polticas de desregulacin del sector financiero e inmobiliario. En Estados Unidos se aprobaron en los aos ochenta leyes desregulatorias que provocaron ya entonces una grave crisis hipotecaria. Entre el 1999 y el 2000, debido a las influencias de los hombres de la lite financiera, Ro-bert Rubin y Lawrence Summers dentro del Gobierno

II

La deuda en Espaa

SERGI CUTILLAS y ULI WESSLING

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Clinton, se aprobaron las leyes Gramm-Leach-Bliley y Commodity Modernization, que eliminaban la separa-cin entre la banca de depsitos y la de especulacin, y quitaban restricciones a las transacciones de derivados, respectivamente. De ese punto en adelante un banco podra usar el dinero de las familias depositantes para especular en los mercados financieros. Adems, estas medidas facilitaron el hecho que bancos hipotecarios crearan productos de ingeniera financiera que, resu-miendo, les permitieron trocear hipotecas que haban dado y, as, venderlas a otros bancos de todo el mundo para quitarse los riesgos de estas de sus balances y, de este modo, poder dar nuevas hipotecas, volver a trocearlas, venderlas... La desregulacin en Espaa fue ms de la vieja escuela, aunque no por ello menos efectiva, y se realiz con nuevas leyes liberalizadoras del suelo y de las cajas, aprobadas a finales de los noventa. Estas leyes permitieron que se especulara con el suelo y facilitaron la construccin indiscriminada; el crdito fcil fue el factor que acab de hinchar la burbuja inmobiliaria.

Adems, los tipos de inters muy bajos facilitaron que las economas se inundaran de dinero prestado. En los Estados Unidos la bajada de los tipos de inters (del 6,50 % en julio de 2000 al 1,75 % en diciembre de 2001) fue establecida por el gobernador de la Reserva Federal (Banco Central de Estados Unidos), Alan Greenspan, despus de las crisis de las puntocom y del 11S para estimular la economa, pero los mantuvo bajos dema-siado tiempo. En Espaa los tipos de inters bajos (9 %

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en 1996 y 4,25 % en 2000) fueron resultado de la en-trada en el euro, que elimin el peligro de devaluacin y aument la confianza en la solvencia del pas, lo cual anim a bancos extranjeros a prestar mucho dinero a bancos espaoles. Este crdito, que entr a raudales en los primeros aos del siglo XXI, vino principalmente de bancos alemanes, ingleses y franceses.

La combinacin de desregulacin, inters bajo y la voluntad de enriquecerse rpidamente gener, en los dos pases, burbujas que dispararon los precios de las vivien-das. Por tanto, el motor de sus economas pas a ser un sector que dependa de una subida de precios ilimitada para seguir creciendo. En el momento en que el precio de la vivienda ya no pudo subir ms empez el desmo-ronamiento del mercado del crdito inmobiliario, lo que cre grandes agujeros en los balances bancarios, hasta que en 2008 los derivados inmobiliarios y sus seguros se hundieron en los Estados Unidos arrastrando entidades gigantes como Lehman Brothers, que quebr, sembr el pnico y extendi la crisis por todo el mundo. En Espaa grandes promotoras inmobiliarias como Martinsa-Fadesa declararon quiebras. A partir de ah, en un intento por salvar la economa mundial de la quiebra, los gobiernos de los pases en crisis (o usando este argumento como pretexto) se han dedicado a rescatar sociedades privadas con dinero pblico. A la vez, bajo la justificacin de un supuesto exceso de gasto pblico en estos pases, se ha procedido a desmantelar el Estado de bienestar a travs de una serie de recortes en las principales partidas del

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gasto social, es decir, en aquellos servicios pblicos que son esenciales para la vida de las ciudadanas.

Cmo estamos actualmente?

La deuda pblica se sita actualmente alrededor del 105 % respecto a nuestro PIB (el PIB es el dinero que ganan todos los espaoles en un ao), mientras que en 2007 era solo del 40 % sobre el PIB (frente al 65 % de deuda que tenan Alemania y Francia ese mismo ao). Esto significa que, en la actualidad, cada ciudadana del Estado espaol debe en concepto de deuda pblica ms de 20.000 euros.

A pesar de este aumento de deuda pblica, la deuda privada supera con mucho estas cifras, llegando a un 325 % respecto al PIB: un 126 % de sociedades no fi-nancieras, un 113 % de sociedades financieras y un 85 % de deuda de las familias. Estas cifras evidencian que la crisis espaola fue causada, como en la mayora de pases sumidos en la presente crisis, por un exceso de endeuda-miento privado, NO PBLICO. En estos aos de crisis en los que el sector privado sobreendeudado no consume ni invierte e intenta ahorrar para digerir estos excesos de deuda, el aumento de deuda del sector pblico durante los aos de crisis se debe a que este, a pesar de la fuerte cada de ingresos, est sosteniendo la economa con su gasto (que incluye tanto el gasto pblico infrafinanciado, como los rescates). La parte del gasto que supera lo que se ingresa debe pedirse prestada. A esta diferencia entre

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gastos e ingresos se le llama dficit (o supervit si los ingresos fueran superiores), lo que llamamos prdidas (o beneficios) si hablramos de una empresa. Estas prdidas son asumidas por todos los ciudadanos en forma de pago de la deuda.

La principal razn del aumento desproporcionado de la deuda pblica ha sido principalmente el dficit anual, debido a una poltica fiscal que no ha permitido un sustento adecuado de los ingresos. No habra un pro-blema de legitimidad con esta deuda si las prdidas del Estado durante pocas de crisis se dedicaran a financiar servicios e infraestructuras necesarias para la ciudada-na, si el Estado intentara recaudar ms de los que ms tienen y si el juego de la economa fuera un juego justo que garantizara niveles razonables de equidad. Estamos viendo que esto no es as: el Estado no recauda de los que ms tienen, gasta dinero en cosas innecesarias (gasto militar exagerado, trenes AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, etc.), mientras recorta derechos sociales bsicos y da dinero para rescatar a entidades privadas, evitando que las grandes fortunas tengan que afrontar sus prdidas, siempre bajo la amenaza por parte de los rescatados de una posible quiebra total de la economa si no se les rescata.

Entre 2008 y 2012 el promedio anual de dficit ha sido del 9 % del PIB, pasando de una deuda acumulada del 40,2 % respecto al PIB en 2008 al 84,2 % en 2012 y al 105 % en agosto de 2013. Sin embargo, una gran parte de estos dficits acumulados han sido causados por

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los costes directos e indirectos de las ayudas a la banca de diferentes formas: las inyecciones de capital (rescates del FROB), las garantas y los avales, la liquidez del Banco de Espaa, la adquisicin de activos sobrevalorados (banco malo), los esquemas de proteccin de activos y las ayudas fiscales. Veremos el tema de las ayudas con ms detalle en el siguiente apartado.

Adems, como consecuencia del aumento de la deuda y de los tipos de inters se ha pasado de pagar un inters anual de 18.600 millones de euros en 2008 a casi 40.000 millones en 2013. El pago de intereses es una de las partidas ms importantes de los presupuestos (mayor que el gasto relacionado con el desempleo, que es de 30.000 millones) y se paga a las entidades financieras que poseen los ttulos de esta deuda (las que prestaron el dinero), el 63 % de las cuales son espaolas y el 37 %, extranjeras.

Hay otros datos macroeconmicos ms humanos, los que realmente deberan priorizarse cuando se deciden las polticas, que tambin han empeorado mucho, como el paro, que supera los seis millones de personas, o el nmero de personas desahuciadas, de lo que tambin hablaremos ms adelante. Esto no parece que vaya a me-jorar pronto. Es difcil creer a Rajoy cuando declara que Espaa va mejor al mismo tiempo que el extesorero de su partido, Luis Brcenas, declara ante el juez que Rajoy y otros altos cargos del Gobierno cobraron sobresueldos que no declaraban y que recibieron dinero de empresas a cambio de concesiones en los aos 2009 y 2010.

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Polticas fiscales que dan la espalda a la ciudadana

Y por qu decimos que el dficit es lo que NO se in-gresa para cubrir lo que se gasta en vez de usar la frase hecha de se ha gastado ms de lo que se ha ingresado? Pues porque Espaa tiene, a todas luces, un problema fiscal de ingresos (en esto estn de acuerdo tanto la dere-cha como la izquierda) y no de gastos (en esto no estn tan de acuerdo).

Tal y como apunta Vicen Navarro en su libro Hay alternativas, Espaa gasta mucho menos en el sector pblico de lo que le corresponde por su PIB. Mientras el PIB per cpita es el 94 % del promedio de la UE-15, el gasto pblico es solo un 72 % del promedio de la UE-15. Un nivel equivalente al 94 % de la UE-15 supon-dra un aumento de gasto pblico de 66.000 millones ms al ao, con lo que se mejorara el Estado de bienestar existente y aumentara el empleo.

Pero el Estado no gasta este dinero porque no lo quiere recaudar. Y no lo recauda porque la poltica fiscal del pas es regresiva (carga con ms impuestos a las personas que menos ganan), punto que tiene en comn con el resto de pases intervenidos. Si hacemos una comparacin entre Espaa y Suecia, observando los impuestos que pagan los diferentes grupos de poblacin segn sus ingresos, vemos que mientras una persona asalariada del Estado espaol paga un 26 % menos de impuestos que una del mismo grupo en Suecia, el 1 % de poblacin espaola ms rica paga un 80 % menos de

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impuestos que en Suecia. Esta poltica fiscal regresiva de Espaa ha implicado que el Estado haya tenido que pedir dinero a Europa y se haya sobreendeudado (a travs del dficit anual), porque el Estado no ha querido recoger este dinero va impuestos.

Segn los presupuestos de 2013, la previsin de ingresos tributarios del conjunto de administraciones pblicas espa-olas es de unos 320.000 millones de euros, que suponen un 32 % sobre el PIB, mientras que la media europea de ingresos por impuestos se sita en el 38 %. La recauda-cin de estos ingresos tributarios se realiza principalmente a travs del IRPF (37 %), el IVA (27 %), el Impuesto de Sociedades (9 %) y otras tasas corrientes y sobre productos como gasolina, tabaco y alcohol (27 %). Es decir, entre las ciudadanas recolectamos el 91 % de los impuestos, mientras que las empresas nicamente pagan el 9 %.

El peso relativo de los ingresos procedentes del Im-puesto de Sociedades ha disminuido notablemente entre 2007 (19 % sobre el total de los Impuestos) y el ltimo dato confirmado, de 2011 (9 % del total), entre otras razones, por la disminucin de ingresos de las empresas y, en consecuencia, por la reduccin o inexistencia de beneficios en estas. Sin embargo, en los ltimos aos, en los que ha aumentado notablemente el paro, el por-centaje de los ingresos recaudados por IRPF ha crecido significativamente, pasando del 31 % en 2007 al 37 % sobre el total de los impuestos en 2011.

Es decir, que la baja recaudacin del Impuesto de Sociedades no es nicamente debida a la bajada de be-

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neficios. El Impuesto de Sociedades est en el 30 % de los beneficios para grandes empresas y en el 25 % para pymes, pero deducciones y compensaciones fiscales permiten que las grandes empresas paguen en realidad solo un 10 % sobre sus beneficios. Si las empresas finan-cieras, industriales y de servicios hubieran tributado entre 2007 y 2011 el 28,5 % sobre sus beneficios (que es lo que la Agencia Tributaria considera el tipo nominal medio) y no nicamente el 11,9 %, que es lo que tributaron en realidad, se hubieran recaudado unos 35.000 millones de euros ms al ao, cifra que supera los recortes realizados en los ltimos aos de crisis, que se sitan entre 10.000 y 30.000 millones de euros anuales.

Por otra parte se estima que la economa sumergida (la que no aparece en las cuentas de nadie) en Espaa representa entre el 20 % y el 25 % respecto a su PIB, niveles parecidos a los de Grecia e Italia, mientras que la media de la UE-15 est cerca del 10 %. Es ilustrativo que el dinero en metlico en Espaa suponga el 10 % comparado con el PIB, frente al 5 % en la eurozona, y que, en 2007, un 64 % del total de dinero en efectivo que circulaba eran billetes de 500 euros.

Estos datos explicados as pueden dar la impresin de que en Espaa somos todos unos pcaros, pero si nos fijamos en quin defrauda vemos que la mayor proporcin de fraude fiscal, un 72 %, corresponde a las grandes empresas y a las grandes fortunas, mientras que las pymes representan un 17 % y los autnomos, un 9 % (el propio Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de

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Tcnicos de Hacienda Gestha, urge a desterrar la creencia comn y errnea que sita el grueso del fraude fiscal en autnomos y pymes). Si se eliminara el fraude degrandes fortunas el Estado recaudara 44.000 millones de euros anuales, y si el fraude total se redujese hasta la media europea se podran ingresar hasta 38.500 millones de euros anuales (ingresos de los que se han descontado ya los costes necesarios para reducir este fraude).

Como vemos s que hay dinero. Sin embargo, los gobiernos de este pas, en vez de atacar el problema de raz para reducir el dficit (reduciendo las deducciones fiscales del Impuesto de Sociedades y combatiendo el fraude fiscal a gran escala) toman medidas que van en la direccin contraria; esto es, para equilibrar los ingresos con los gastos, el Estado est subiendo el IRPF y el IVA, y est reduciendo en gasto pblico, sobre todo el destinado a gasto social. Por otra parte engrosa el gasto pblico con rescates y con el aumento de otras partidas como el pago de intereses o manteniendo el gasto militar.

Vicen Navarro apunta algunos ejemplos en los que se podra haber recaudado ms en vez de gastar menos: la eliminacin de las deducciones a empresas que factu-ran ms de 150 millones de euros al ao supondra un aumento de ingresos de 5.600 millones de euros, esto implicara que no sera necesario el recorte de 7.000 millones en sanidad; un aumento de impuestos a las Sociedades de Inversin de Capital Variable (SICAV) evitara el copago sanitario; un aumento del Impuesto de Sociedades al 35 % para empresas que ganen ms

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de 1 milln de euros aumentara los ingresos de las ad-ministraciones en 14.000 millones de euros no siendo necesario el aumento del IVA (que afecta a las clases traba-jadoras y hace que se resienta el consumo); un impuesto sobre transacciones financieras permitira un ingreso de 5.000 millones de euros y evitara el recorte en empleo pblico; y una reduccin del fraude fiscal (a niveles de EU-15) aumentara los ingresos en 38.500 millones de euros y evitara las reducciones en el Estado de bienes-tar, que estn siendo gestionados por las comunidades autnomas.

Cmo rescatamos a la banca

Como hemos visto la deuda pblica no ha parado de crecer, entre otras razones, por esta absorcin de deuda privada por parte del sector pblico. En el de-terioro de las finanzas pblicas ha sido determinante la implementacin de mecanismos de ayuda pblica a la banca dndole prstamos, mejorando su solvencia, ofreciendo garantas y adquiriendo activos txicos a precios por encima de su valor. Aunque las ayudas han sido de diferentes tipos y agregarlas no nos detalla el efecto que cada una ha tenido sobre el crecimiento de la deuda pblica y sus intereses, segn las estimaciones de Carlos Snchez Mato, la cifra total de estas ayudas alcanza los 1,42 billones de euros, es decir, 1,4 veces el PIB. Para entender mejor cmo se han llevado a cabo debemos observar la siguiente tabla:

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Fuente: Snchez Mato (2013).

Las medidas de solvencia han sido de dos tipos. En primer lugar, las inyecciones de capital, que se han compuesto de aproximadamente 58.000 millones de euros. De estos, 14.000 millones corresponden a la aportacin hasta 2011 del Estado espaol a las cajas de ahorro a travs del FROB (fondo de rescate a la banca creado por el Estado espaol). El resto, 44.000 mi-llones, corresponde al prstamo o rescate financiero de los estados de la UE al Estado espaol, a travs del fondo europeo creado para este tipo de ayudas, deno-minado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este dinero tambin ha ido a parar a cajas y bancos a travs del FROB. Esta ltima parte, proveniente de la UE, fue otorgada a cambio de la firma por parte del Estado espaol del Memorando de Entendimiento, firmado en julio de 2012, que incluye las condiciones exigidas a cambio del rescate, como las reformas laborales para bajar salarios, entre otras. El acuerdo autoriz al fon-do de rescate europeo a desembolsar hasta 100.000

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millones si fuera necesario, aunque de momento solo se han desembolsado estos 44.000 millones. Recien-tes informes y comentarios que llegan desde las lites financieras hacen intuir que el Estado se ver forzado a disponer del importe restante para continuar con la recapitalizacin de la banca.

En segundo lugar estn los esquemas de proteccin de activos, con 28.000 millones otorgados por el Estado para cubrir las prdidas de los bancos que, mediante fusiones, han absorbido entidades en quiebra. En total suman 87.000 millones de euros, una cantidad de dinero que ya ha sido empleada y que no ser retornada, por lo que no podr usarse en otras partidas presupuestarias. A pesar de que el Estado ha declarado por activa y por pasiva que todo este dinero era una inversin y no un re-galo, a finales de julio de 2013 el FROB ha presentado sus resultados, con unas prdidas de ms de 26.000 millones y un agujero en su patrimonio de 21.000 millones, que debern ser repuestos con ms fondos pblicos.

Por otra parte, durante este perodo se han utiliza-do dos grandes mecanismos para la compra de activos txicos de la banca: el primero fue el Fondo de Adqui-sicin de Activos Financieros (FAAF ) creado en 2008, que compr activos por valor de 21.000 millones; y la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB), tambin llamada Banco Malo, creada en 2012 a raz del rescate europeo, que ha comprado activos inmobiliarios en los ltimos meses por valor de 51.000 millones de euros. El plan

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del Estado es revender estos activos y recuperar al menos una parte del dinero desembolsado, aunque es de espe-rar que haya numerosas prdidas, como est pasando con el FROB, debido a que el SAREB ha comprado, con dinero pblico, pisos y prstamos por encima de su valor, el cual an no ha dejado de caer, ni parece que vaya a hacerlo pronto.

En cuanto a las garantas y los avales, podramos definir dos grupos distintos. El primer grupo, las garan-tas implcitas, englobara las garantas del Estado que cubren las prdidas, originadas por hipotticas quiebras bancarias de los depsitos de hasta 100.000 euros que los ciudadanos tenemos en los bancos. Estas garantas ascienden a 792.000 millones de euros. El segundo tipo, el de los avales explcitos, comprende la deuda emitida por los bancos y garantizada por el Estado, la cual asciende a 111.000 millones de euros. En total el importe de las garantas suma 903.000 millones de euros, que es aproximadamente el 90 % del PIB espaol. Estas garantas no tienen que ser desembolsadas si no se produce ninguna quiebra bancaria, pero s que afec-tan a la solvencia y la credibilidad del Estado cuando, como ahora, la banca tiene problemas. En situaciones as, cuando el Estado pide dinero en los mercados, es-tas garantas de las que el Estado es responsable hacen que los bonistas, apreciando que el Estado puede tener mayores problemas en devolver el dinero, exijan mayo-res intereses para financiarlo (sube la prima de riesgo). Es por esto que en la actualidad se debe destinar ms

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dinero a intereses (40.000 millones en los presupuestos de 2013) que a otras partidas importantes como la del paro (30.000 millones).

La banca tambin ha recibido ayudas en forma de liquidez. El BCE ha prestado a la banca espaola hasta 357.000 millones a travs del Banco de Espaa, entidad pblica que es la garante de este dinero si la banca no pudiera devolverlo. La banca tambin se ha valido de otros mecanismos, como las participaciones preferentes y distintas lneas de crdito del Estado para recaudar 5.000 millones ms. La cifra total suma 362.000 mi-llones de euros.

Es sorprendente observar estas cifras sabiendo que a pesar de que estas ayudas provienen del sector pbli-co, del cual somos propietarias las ciudadanas, se est castigando a las mismas ciudadanas desprotegindolas laboralmente y recortando el gasto social con el argu-mento de que no hay dinero para pagar necesidades prioritarias y bsicas como la sanidad, la educacin o las pensiones. Esta misma banca no cesa en su dinmi-ca expoliativa, desahuciando a familias con problemas econmicos que no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas, despidiendo a sus propios trabajadores, aumentando el cobro de las comisiones bancarias a los clientes, estafando a los ahorradores con productos ma-lintencionados como las preferentes, cerrando el crdito a los pequeos y medianos negocios, y especulando contra la deuda pblica del Estado propio y de otros estados con problemas.

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Conclusiones

Finalmente, y visto que el problema de la deuda era privado y no pblico, dnde nos lleva el pago de rescates a bancos, la compra de sus activos basura, la falta de ingresos fiscales, la ausencia de lucha contra el fraude, el mantenimiento del dficit y el aumento de la deuda? Pues, como todos sabemos, a una situacin en la que se justifican los recortes como medida necesaria por la reduccin de los ingresos del Estado y para poder atajar el dficit. Pero en realidad, el Estado espaol tiene un gasto pblico muy por debajo de la media de la UE-15. No tenemos un problema de gasto. Tenemos un problema de ingresos.

El aumento de tipo impositivo del IRPF y del IVA se est destinando principalmente a pagar los intereses de las entidades financieras (o a salvar las cuentas de estas entidades directamente). Estamos ante una situacin en la que la poblacin, a travs de sus impuestos, financia y subvenciona a los que ms tienen.

Casualmente, el valor de los recortes que se han realizado entre 2010 y 2012 (70.000 millones de euros) coincide con el valor de los rescates bancarios y el au-mento de los intereses al servicio de la deuda (62.000 millones de euros). Es decir, el Estado no ingresa para poder justificar que debe recortar, y se recauda ms de las ciudadanas y se hacen recortes sociales para dis-poner de dinero suficiente para pagar a las entidades financieras.

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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat.

Variacin en el gasto presupuestario

Bibliografa

ESTRADA, A., GUTIRREZ, E., INURRIETA, A. y MONTE-RO, A. (2012), Qu hacemos con la poltica econmica?, Madrid, Akal.

KRUGMAN, P. (2012), Acabad con esta crisis ya!, Barcelona, Crtica.

Informe de Snchez Mato (2013), Las ayudas pblicas al sector bancario espaol publicado en www.matoeconomia.blogspot.es.

NAVARRO, V., TORRES, J. y GARZN, A. (2011), Hay alternativas, Sequitur, ATTAC Espaa.

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Introduccin

El pago de la deuda pblica absorbe cada vez ms can-tidad de recursos pblicos, lo que exige la reduccin de los gastos en otras partidas. El pago de los intereses de la deuda representar para 2013 un 19 % del PIB, 38.590 millones de euros,1 y esta cifra ha aumentado en 9.742 millones desde 2012. Para compensar en parte el au-mento de los gastos por pago de intereses, el gobierno ha ejecutado una serie de recortes en gasto social, y plantea continuar en la misma direccin para los prximos aos. En este sentido es necesario subrayar dos aspectos, el primero es que el elemento clave para comprender este aumento de la deuda pblica son los rescates a la banca que, recordamos, han costado directa e indirectamente 1,4 billones de euros. En segundo lugar, indicar que las partidas a las que se han aplicado los recortes no han sido escogidas de forma neutral y que, en muchos ca-

III

Impactos de la crisis de la deuda

1. El 19 % del PIB, para abonar la deuda y sus intereses en 2013, El Economista, 13 de abril de 2013.

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sos, han servido para imponer un nuevo modelo, como en el caso de la privatizacin del acceso a la sanidad y a la educacin. As, las privatizaciones ofrecen nuevos nichos de mercado, que transforman en mercancas las necesidades de las personas.

En definitiva, podemos observar que para alimentar el hambre insaciable de los intereses del capital estamos sacrificando el dbil sistema del bienestar que se haba construido. A pesar de que en ocasiones resulta com-plicado establecer los vnculos, podemos inferir que el rescate a la banca espaola finalmente se pagar con una menor proteccin social de la clase trabajadora, un mayor peso de trabajo sobre las mujeres, proyectos que generen ms impactos ambientales y el desmantelamiento de las polticas de cooperacin con el Sur, entre otros. Mientras seguimos pagando los mismos impuestos, que incluso aumentan como el IVA, la contrapartida que recibi-mos es cada vez menor. Finalmente, esto no es ms que una redistribucin de la riqueza desde los sectores ms vulnerables a los sectores ms enriquecidos.

De este modo, la deudocracia, es decir el rgimen impuesto por los acreedores, cuyo mximo representante es la troika, establece cules sern las polticas econmicas aplicadas en Espaa. Junto con las polticas de recortes, tambin se ha aprobado una reforma laboral que acaba con los derechos de las trabajadoras, conquistados tras largos perodos de lucha obrera; adems, se ha dado la espalda a las polticas de empleo y a las polticas indus-triales, abocando a la miseria a una capa cada vez ms

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grande de poblacin sin empleo y marginando a los propietarios de pequeas y medianas empresas.

Cada vez ms, los derechos bsicos, recogidos en la carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o en la propia Constitucin, pasan a ser papel mojado para someterse a los derechos comerciales, a los contratos de endeudamiento. Uno de los ejemplos ms graves en el caso espaol es el del derecho a disfrutar de una vivienda digna. La crisis de la deuda, muy vinculada al boom de la construccin, gener una deuda privada tanto para las familias como para los bancos. Pero las respuestas al problema del sobreendeudamiento hipotecario han sido distintas para unos y otros ya que, mientras los diferentes Gobiernos rescataban a la banca espaola y, de forma indirecta, a la banca europea, estos mismos Gobiernos han dado la espalda a los cientos de familias que han sido desahuciadas. Es ms, son las fuerzas de seguridad del Estado las que asisten y practican los desahucios en caso de que haya resistencia. A la vez, tras la compra con dinero pblico de los activos inmobiliarios de bancos y cajas, esto no ha servido para poner a disposicin de la ciudadana un parque de vivienda social, sino para venderlo a bajo precio a empresas y fondos de inversin despus de haberlo comprado a un precio por encima del de mercado.

A continuacin repasaremos algunos de los impactos de la crisis de la deuda en este pas y, aunque en esta oca-sin no podemos incluirlos todos, esperamos que sirvan como ejemplo y como base para un futuro trabajo.

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La gestin de la crisis financiera y sus efectos en la educacin: Hacia un cambio de modelo educativo?

MARCEL PAGS, TONI VERGER y XAVIER BONAL*

Introduccin

En este captulo revisamos de forma sinttica cmo la crisis de la deuda ha afectado a la educacin. Nuestro anlisis se centra en el contexto estatal, aunque se toma tambin el caso cataln como referencia, ya que se trata de uno de los sistemas educativos que ha realizado ajustes ms severos. Nos centramos en cuatro aspectos bsicos del sistema educativo: la financiacin, el profesorado, las becas y el acceso.

Dimensiones de impacto

Financiacin

La financiacin de la educacin ha disminuido de forma drstica en los ltimos aos. Los presupuestos del Estado, as como los presupuestos autonmicos, han reducido sus partidas en educacin sustancialmente tanto en trminos absolutos como relativos.

* Grup de Recerca Globalitzaci, Educaci i Poltiques Socials (GEPS), Universitat Autnoma de Barcelona.

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Como vemos en la Tabla 1, despus de una dca-da de expansin educativa, a partir del ao 2009 los presupuestos en educacin empiezan a reducirse hasta alcanzar un nivel de recorte acumulado de un 4 % en 2012. Vemos tambin cmo el gasto en educacin en relacin con la riqueza estatal se ha contrado. Adems, los datos relativos al nmero de alumnos nos muestran que dicha reduccin no responde a causas demogrficas, pues la poblacin escolar no ha parado de crecer. La ecua-cin de ms alumnos y menos inversin representa una intensificacin de la presin sobre el sistema educativo, algo que puede afectar claramente a los resultados y a la calidad de la educacin.

En el caso cataln la presin econmica para el ajus-te se materializa de forma tambin muy evidente. Las reducciones empiezan igualmente a partir del ao 2009 y, en trminos absolutos, su volumen no difiere signifi-cativamente de las cifras del Ministerio de Educacin. No obstante, si observamos la reduccin interanual,

Tabla 1Gasto pblico en educacin en Espaa

2007 2008 2009 2010 2011 2012Total (millones ) 46.459,30 50.880,40 53.092,20 52.714,50 52.025,00 51.055,90Variacin 8,69 4,17 0,72 1,33 1,90% PIB 4,41 4,68 5,07 5,03 4,89 4,81Alumnado 8.588.537 8.665.004 8.947.901 9.164.394 9.380.909 9.460.648Gasto per cpita 5,41 5,87 5,93 5,75 5,55 5,39

Fuente: Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes. Datos y cifras curso escolar 2012/2013.

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podemos apreciar que entre los aos 2010 y 2012 se acumula una reduccin del 17,58 % (vase la Tabla 2). Un recorte de esta magnitud es superado solamente por Grecia, lo que sita a Catalua en el top de los recortes educativos a nivel europeo.

Tabla 2Presupuestos liquidados del Departament

dEnsenyament

2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.653,1 5.070,4 5.393,1 5.282,2 5.019,4 4.490,5millones millones millones millones millones millones de euros de euros de euros de euros de euros de euros

+8,96% +6,36% -2,06% -4,98% -10,54%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Departament dEnsenyament y el Departament dEconomia i Coneixement.

A nivel regulativo, la reforma del artculo 135 de la Constitucin establece el marco legal que justifica la necesidad de ajustar las partidas destinadas a educacin y a otros campos. A pesar de ello, se puede apuntar que esta reforma entra en conflicto con artculos de la misma carta que definen el derecho a la educacin, entre los que destaca el punto 5 del artculo 27, donde se indica que Los poderes pblicos garantizan el derecho de todos a la educacin.

Profesorado

La poltica de profesorado sus condiciones laborales y la evolucin de las plantillas es la que se ve ms

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afectada por los ajustes presupuestarios. De las partidas destinadas a educacin, las retribuciones al personal docente acostumbran a suponer alrededor de un 70 % del presupuesto, de modo que la contencin o la reduc-cin salarial se convierte en la estrategia fundamental del proceso de ajuste.

En este sentido, el conocido como Decreto Wert establece una jornada mnima de 25 horas lectivas para el profesorado de Primaria, con lo que la jornada se aumenta dos horas respecto al modelo anterior. Por otra parte, dicho decreto define los criterios de substitucin a partir del dcimo da de baja, que hasta entonces se cubra desde el primer da, y el resto de ausencias a partir del cuarto da. En el mismo decreto se fija un aumento de hasta un 20 % de las ratios profesor-alum-no, que el ministro Wert defendi con el argumento de favorecer una mayor socializacin de los nios y las nias. Estas medidas conllevan graves problemas de sobrecarga en el profesorado y una menor atencin al alumnado debido a la reduccin de personal. Las plantillas docentes tambin se han visto afectadas, espe-cialmente los interinos. Los sindicatos han denunciado que en Catalua se han dejado de contratar alrededor de 3.000 docentes en los ltimos cursos; al mismo tiempo, segn un informe de CC OO, se calcula que, a nivel estatal, se han perdido hasta 62.000 profesores en la enseanza pblica.

Por lo que respecta a las retribuciones, Espaa redujo los salarios de sus docentes en el curso 2010-2011 hasta

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un 5 %; en el siguiente ao los salarios se mantuvieron congelados.

Becas

Otro mbito central que se ha visto afectado por los recortes y que es de especial relevancia, por los efectos que supone en trminos de desigualdades educativas, es el mbito de las becas y las ayudas al estudio. El decreto de becas del Ministerio, vigente desde el curso 2012-2013, ha supuesto el establecimiento de nuevos criterios para acceder a las ayudas. Las nuevas restricciones han conllevado, por una parte, que al menos un 12 % de los becados hayan perdido la beca que tenan y, por otra, un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio.

La situacin en Catalua no es mucho mejor. Como podemos ver en la Tabla 3, cada vez hay menos alum-nos becados, con porcentajes prximos al 11 % en los ltimos aos. Esta escasa cobertura contrasta con los elevados niveles de pobreza infantil, con una tasa del 24,3 % en 2011.

Tabla 3Estudiantes becados en Catalua

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Alumnado 1.076,576 1.112.151 1.161.532 1.201.018 1.231.778 1.261.346 1.294.654Becarios 168.296 188.623 112.740 136.646 126.216 140.771 143.834

Porcentajes 15,63 % 16,96 % 9,71 % 11,38 % 10,25 % 11,16 % 11,11 %

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Departament dEnsenyament y el Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes.

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Acceso a la educacin y privatizacin

Otro elemento que destaca por su relacin con las cuestiones de equidad es el acceso a la educacin. Sobre este mbito cabe decir que el aumento de las tasas en universidades y en ciclos formativos puede suponer un obstculo para el acceso a la educacin; de hecho, en el curso 2012-2013 la variacin interanual del nmero de estudiantes matriculados tanto en cursos de grado como en msteres oficiales ha disminuido por primera vez en muchos aos. En Catalua, las tasas universitarias subie-ron hasta un mximo del 66 %, mientras se aplicaba, por primera vez, el cobro de una tasa de 360 euros para los ciclos formativos de grado superior. Por otra parte, los recortes en las dotaciones directas de funcionamiento a los centros tambin tienen efectos adversos por lo que respecta al acceso, debido a que los centros disponen de menos dotacin econmica para dar apoyo a la escola-ridad y para financiar costes bsicos corrientes.

Estas polticas alimentan la tendencia a la privati-zacin de la financiacin educativa ya que los costes de la educacin recaen cada vez ms en agentes privados (sobre todo en las familias). De hecho, los indicadores recientes reflejan cmo a pesar de la crisis existe una tendencia al alza del gasto educativo de las familias. Ahora bien, la privatizacin tambin est afectando el nivel de la provisin educativa, lo cual se manifiesta claramente en el contexto cataln donde el Departa-ment dEnsenyament anunci el cierre de 61 grupos de P3 en el sistema pblico frente a los 10 o 12 centros

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concertados que tambin eliminan grupos en este nivel. La eliminacin de estas lneas supone el cierre de dos centros, la reconversin de dos escuelas en centros de secundaria y el cierre progresivo de tres escuelas ms. A pesar del cierre de escuelas pblicas, el Departament mantiene y amplia conciertos privados para enseanzas postobligatorias. Estas tendencias apuntan hacia un deterioro de la escuela pblica frente a la consolidacin de la opcin privada y concertada.

Posiblemente, el nivel educativo en el que la privati-zacin se manifiesta con ms fuerza es el de la educacin superior. Hace 15 aos que no se crea ninguna universi-dad pblica en el Estado espaol, tendencia que parece que la crisis est consolidando e incluso acentuando. Sin embargo, desde que estall la crisis en 2008 se han creado seis nuevas universidades privadas y hay dos ms en camino.

Conclusiones

La crisis econmica y financiera que estamos atravesan-do, y la forma en que est siendo gestionada por nuestros gobernantes, ha alterado drsticamente el campo educa-tivo. La manifestacin ms evidente de los cambios que estn acaeciendo tiene su origen en la reduccin del gasto pblico en educacin y en la consiguiente constriccin de inversin directa en profesorado y becas, entre otras partidas. A su vez, a raz de la reduccin de las becas, pero tambin del incremento de tasas en diferentes niveles

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educativos, una mayor parte de la financiacin educativa recae en los estudiantes y en sus familias. Estos cambios introducen nuevas barreras en el acceso a la educacin ytienen implicaciones negativas en materia de calidad y equidad educativas.

La deuda no es con los bancos, es con las mujeres!

COMISIN DE FEMINISMOS DE LA PACD

Que las consecuencias de una crisis econmica como la actual tengan impactos diferenciados en las personas segn el sexo no es ms que la constatacin de que vi-vimos bajo un sistema social y econmico patriarcal, en el que se impone a las mujeres un papel social, poltico y econmico supeditado al rol de los hombres. Por lo tanto, podamos esperar que en una sociedad patriarcal, pero tambin capitalista y racista, los costes de la crisis se transmitan a travs de las cadenas de poder hacia las mujeres, las clases trabajadoras y las personas inmigradas. Es, pues, una cuestin estructural y no coyuntural.

Por otro lado, las polticas destinadas a mejorar la situacin en la que se encuentran las mujeres, as como las campaas de anlisis y sensibilizacin sobre cuestio-nes de machismo, se siguen considerando polticas que afectan tan solo a las mujeres y que, en todo caso, tienen

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una importancia secundaria. Para nosotras, las cuestiones de violencia machista, reparto de tiempos e igualdad de oportunidades no son cuestiones que afecten solo a las mujeres, sino que deberan ser preocupaciones abordadas como sociedad. Adems, considerarlas como secundarias, prescindibles, es una muestra de la construccin cultural de las prioridades sociales, construccin que respalda los intereses de las lites (varn, rico, blanco y heterosexual) pero que a travs de diferentes mecanismos han sido asumidos por el resto de sectores.

Los recortes en las polticas de gnero, por otro lado, no han respondido tan solo a que este tipo de polticas no se haya priorizado por parte del gobierno de turno, sino que, como veremos ms adelante, en el contexto de la crisis se ha aprovechado para estrangular financie-ramente a los sectores que resultaban ms molestos a nivel poltico. Las reivindicaciones de los feminismos no se han limitado a las cuestiones del patriarcado, sino que tienen fuertes vnculos con los movimientos que luchan por la justicia econmica y social. Parte de las organiza-ciones feministas abogan por un cambio de modelo que priorice la vida por encima de la acumulacin de capital, y por lo tanto pueden ser consideradas como enemigas por parte de los grupos y las personas que representan y defienden el modelo capitalista patriarcal actual.

Si analizamos la situacin de partida, al principio de la crisis, focalizando las condiciones en las que hombres y mujeres se enfrentan a los trabajos, esta dista mucho de representar un modelo de igualdad de oportunidades.

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En 2008, indicadores como la duracin media de la vida laboral, el salario medio anual o la tasa de temporalidad dibujaban una situacin de mayor precariedad para las mujeres en el mbito laboral, a lo que haba que aadir su mayor participacin en el trabajo domstico y de cui-dados. La reforma laboral de febrero de 2012 empeor la situacin, ya que precariz an ms las condiciones del contrato a tiempo parcial, redujo el Salario Mnimo Interprofesional, muy generalizado en sectores femini-zados como el de trabajadoras del hogar, y suspendi la ampliacin del permiso de paternidad. En este sentido, desde la economa feminista se reivindica que el siste-ma capitalista se basa en gran medida en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Por una parte, las clases trabajadoras pueden recibir unos salarios meno-res debido a los bienes y servicios resultado del trabajo domstico y de cuidados, y por otro lado, que el reparto de los trabajos dentro de las familias estn repartidos de forma desigual. As, se ha defendido desde las esferas feministas que existe una deuda con las mujeres, o deuda patriarcal, debido a las implicaciones que en trminos de tiempos, pero tambin de derechos sociales y pol-ticos tiene el patriarcado. Una deuda que no creemos que pueda ser calculada ni devuelta, pero que tiene que dejar de aumentar.

Junto con la situacin de partida en cuanto a tiem-pos y trabajo, nos gustara centrarnos en segundo lugar en la violencia de gnero, que sigue siendo uno de los problemas sociales de mayor relevancia. Como muestran

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los informes sobre violencia de gnero del Ministerio de Sanidad y Poltica Social, entre 2003 y 2012 ha habido en el territorio espaol 614 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Y, segn los datos del Instituto de la Mujer, en 2009 se conocieron 4.976 delitos de abuso, acoso y agresin sexuales. Consideramos que este es un proble-ma de primer orden de la sociedad espaola y que se ha agravado en la actualidad ya que la deteriorada situacin econmica, adems de imponer una mayor tensin por las mayores dificultades econmicas por las que pasan muchas familias, implica que muchas parejas no puedan permitirse la separacin. A la vez, hay constancia de que cada vez menos mujeres se atreven a denunciar por miedo a no encontrar empleo o a perderlo.

Tras la crisis de la deuda, en la que se han socializado las prdidas del sector financiero, se desata la presin para que se reduzcan las partidas de gasto, especial-mente las del gasto social. Desde 2009, en que el total del presupuesto en materia de igualdad y violencia de gnero ascenda a 66.018.510 euros, los recortes han supuesto que en 2013 la partida se haya reducido hasta 41.150.150 euros, 24.868.360 euros menos, es decir, una reduccin del 37,7 %.

La ley de dependencia, aprobada en 2006, reconoci el trabajo de 150.000 cuidadoras no profesionales, la inmensa mayora de las cuales eran mujeres, que empeza-ron a cotizar a la Seguridad Social. Tras el recorte de 283 millones en 2011, y el retraso de las ayudas a 400.000 dependientes en el mismo ao, el decreto del Gobierno

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(20/2012) elimin la cotizacin social a las cuidadoras no profesionales, recort un 15 % las prestaciones, y redujo en un 13 % ms la aportacin que el Estado haca a las comunidades autnomas. En total, unos 1.000 millones de euros. En su plan de recortes para este 2013, Rajoy se ha comprometido ante Bruselas a recortar en depen-dencia ms de 1.100 millones, una cantidad superior a los 1.087 millones que figuran en los presupuestos de 2013, por lo que prevemos la prctica desaparicin de las ayudas pblicas a la dependencia.

Asimismo, se han justificado otro tipo de medidas que, a pesar de no estar tan directamente vinculadas con la reduccin de gastos, han aprovechado un contexto favorable a nivel poltico, con la mayora absoluta del PP. Entre estas encontramos la propuesta de reforma de la ley del aborto de Gallardn, pendiente de aproba-cin, que reducir drsticamente los casos en los que se permita y financie el aborto, o la reforma que limitar a las parejas de lesbianas y a las mujeres solas acceder a la reproduccin asistida, o la eliminacin segn la ley de tasas de la falta de vejaciones injustas, que suele ser el primer paso en la deteccin de casos de maltrato, entre otras. En un caso de extrema preocupacin, aquellas personas con mayor riesgo de vulnerabilidad, mujeres y nias migrantes en situacin irregular, quedan a partir del Real Decreto Ley 16/2012, y la falta de su desarrollo reglamentario, sin acceso al sistema pblico de salud.

Por otro lado, la mayora de despidos en empleo pblico, as como el empeoramiento de las condiciones

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laborales, siendo el sector pblico un sector ampliamente feminizado, ha aumentado el riesgo de pobreza para las mujeres. Adems, aquellos servicios que antes se ofre-can desde el sector pblico, principalmente a travs de la asistencia sanitaria y de las ayudas para financiar la alimentacin de los nios y las nias en las escuelas, se han privatizado, con lo que se ha aumentado la carga de trabajo domstico.

En definitiva, aquellas personas que realmente aca-ban pagando las prdidas del sector financiero son las que pertenecen a los sectores ms empobrecidos y con menores derechos polticos que, a travs de una menor proteccin de sus necesidades bsicas y de una mayor pre-carizacin y carga de trabajos, acaban transfiriendo sus recursos, o lo que les pertenece de forma legtima. No nos gustara acabar sin destacar el papel de las mujeres como protectoras de la calidad de vida en tiempos de crisis. Diferentes iniciativas, tanto en el Estado espaol como en los pases del sur de Europa, lideradas por mujeres, se oponen a las polticas de austericidio, pero tambin velan por la dignidad de la vida de otras personas. As, diferentes redes de proteccin de la salud de las personas en situacin irregular, iniciativas para el cuidado comu-nitario de nios y nias, o de ancianos y ancianas, as como redes de mujeres que comparten conocimientos, tiempos y trabajos permiten que, en tiempos de crisis, la vida se mantenga en condiciones.

As, concluimos recordando que la deuda es con las mujeres y no con los bancos, pero que, en cambio, la deu-

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da que se reconoce y cuyo pago se impone sin importar las consecuencias es la deuda bancaria, mientras la deuda con las mujeres se olvida. Es ms, los recortes aplicados para el pago de la deuda financiera as como las polti-cas como la reforma laboral, generan, en un contexto capitalista, una mayor carga de trabajo para las mujeres, aumentando de esta forma la deuda patriarcal.

La deuda y la sanidad: Qu se debe,a quin y por qu?

ALBANO DANTE FACHIN POZZI*

Catalua fue una de las primeras comunidades autno-mas en hacer los deberes: en el ao 2011 la Generalitat empez a aplicar las tijeras en los presupuestos sanitarios. Aunque con matices, el impacto de estos recortes se pue-de extrapolar a la situacin que est viviendo la sanidad en el resto de Espaa, donde el pago de la deuda est poniendo en cuestin el derecho universal a la sanidad pblica de la que dependen millones de personas. Unos recortes que estn poniendo vidas en riesgo. Una de las partidas que ms ha sufrido por los recortes ha sido la dedicada a la sanidad, que ocupa ms del 30 % de todo

* Editor de la revista cafambllet y autor del libro Artur Mas: dnde est mi dinero?

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el dinero gestionado por la Generalitat. El presupuesto dedicado a CatSalut pas de los 9.547 millones de euros en 2010 a los 8.506 millones en 2012.

Paralelamente, entre los aos 2010 y 2012, el dinero que dedica la Generalitat a pagar intereses por su deuda ha evolucionado inversamente: si en 2010 se pagaban 950 millones de euros, en 2012 se pagaron 1.994 mi-llones. Para el 2013 se espera que los intereses se lleven 2.200 millones. Se podra decir que los 1.000 millones que se quitaron del sistema pblico de salud han ido a parar directamente al pago de los intereses de la deuda de la Generalitat. El enorme impacto que todo esto est teniendo tanto en los ciudadanos usuarios del sistema pblico como en sus trabajadores obliga a analizar esta situacin de manera conjunta.

En primer lugar evaluemos el impacto del recorte en el sistema. El mismo Artur Mas que en un primer momento se refiri a los recortes en sanidad como ajus-tes para garantizar la sostenibilidad del sistema ha reconocido en 2013 que ya se ha tocado hueso. Pero la realidad es an ms dura y una mirada al funciona-miento del sistema nos habla de algo ms que de un hueso tocado; en ella vemos un hueso roto. Plantas enteras de hospitales pblicos se cierran mientras los pacientes se amontonan en los pasillos de urgencias, as como decenas de quirfanos permanecen cerrados mientras las listas de espera no paran de crecer. Entre 2011 y 2012 en Catalua se registr un aumento de las personas en lista de espera de un 35 %. En Espaa este

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aumento fue de un 24 %, es decir, que afect a ms de medio milln de personas.

Pruebas diagnsticas, transporte sanitario, atencin primaria, urgencias. No hay mbito sanitario que se salve de unos recortes que impactan con especial dureza en los colectivos ms vulnerables. Ante esta situacin la respuesta del conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, es usar la televisin pblica para recomendar to-talmente la contratacin de mutuas de salud privadas.2 Unas mutuas que, normalmente, estn totalmente fuera del alcance econmico de estos colectivos en situacin de vulnerabilidad.

A nivel estatal, en 2012 el Gobierno del Partido Po-pular asestaba un duro golpe al modelo sanitario espaol con la aprobacin del Real Decreto-Ley 16/2012 que supona la exclusin de cientos de miles de personas del derecho a recibir atencin sanitaria, tal y como denun-cian las plataformas Yo S, sanidad universal y Dempeus per la Salut Pblica, o la ONU, que, a travs del Comit de Derechos Econmicos Sociales y Culturales, ha pedi-do que se asegure el acceso a los servicios de salud a todas las personas que residan en Espaa, independientemente de su situacin legal.

A pie de calle, los efectos se han empezado a sentir con dureza. El caso del ciudadano senegals Alpha Pam, muerto como consecuencia de una tuberculosis de la que

2. Entrevista al conseller Boi Ruiz en el programa gora de TV3, el 10 de enero de 2011.

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no fue tratado por los servicios sanitarios de Baleares, encendi todas las alarmas y puso sobre la mesa una situacin que no solo afecta a la poblacin inmigrante, sino que deja a miles de ciudadanos espaoles despro-tegidos, como por ejemplo los mayores de 26 aos que nunca hayan estado dados de alta en la Seguridad Social. Mientras todo esto sucede, los trabajadores de la sanidad han entrado en una espiral de prdida de derechos la-borales y cada de poder adquisitivo sin precedentes. En 2012 el sueldo de los mdicos de la provincia de Girona cay de media un 25 % segn el Colegio de Mdicos.3

Ante este escenario, aparece la primera pregunta obligada: en qu hemos gastado tanto? Aunque la falta de transparencia congnita en nuestro pas dificulta una respuesta clara a esta pregunta, lo que es seguro es que no fue en sanidad donde se gast en exceso. Segn datos de Eurostat, en 2009 Catalua invirti en sanidad casi un 6 % de su PIB. En el mismo ao toda Espaa invirti casi un punto ms y la media de la UE-27, un 7,5 %. Aun as, seguramente una parte de la abultada deuda catalana tiene que ver con la financiacin del sistema sanitario pblico, como decimos, una de sus mayores partidas.

Es en este punto donde aparece la segunda pregunta obligada: cmo se gast el dinero de la sanidad? La res-puesta es tambin obligada: mal. Otra vez, Catalua sirve para ilustrar la manera en que se ha gastado el dinero de

3. El salari dels metges gironins ha caigut entre un 20 % i un 30 % de mitjana en un any, Diari de Girona, 7 de febrero de 2012.

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nuestra sanidad. Una parte importante se gast en infra-estructuras y, como siempre pasa en nuestro pas, cuando se trata de infraestructuras, la huella del derroche y las irregularidades son bien visibles: sobrecostes inexplicables, sobredimensionamiento, defectos constructivos, contrata-ciones dudosas (cuando no escandalosas) y un largo etcte-ra que ha sido ampliamente descrito por instituciones tan poco sospechosas de ser antisistema como la Sindicatura de Comptes catalana que ha detectado y documentado irregularidades en decenas de hospitales o el Tribunal de Cuentas, donde se investigan casos tan graves como el del diputado de CiU Xavier Crespo, implicado en una red que caus prdidas de 2,4 millones de euros en dos hospitales pblicos de la provincia de Girona.

Un caso que deja clara la manera en que se gestion el dinero de la sanidad lo encontramos en la construccin del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona. En julio de 2009 se inaugur un nuevo edificio de este hospital que cost a las arcas de la Generalitat unos 500 millones de euros, 200 de los cuales corresponden a los gastos financieros que generar la inversin hasta el 2032. Pese a que esta deuda ser pagada con dinero pblico, el edificio no es propiedad pblica ya que la Generalitat traspas la propiedad del inmueble a la Fundacin Privada Hospital de Sant Pau.

Por otro lado, en el conjunto del Estado espaol la deuda sanitaria con proveedores asciende a casi 10.000 millones de euros. Entre los proveedores encontramos, por ejemplo, a una industria farmacutica que ejerce una

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constante presin a los poderes polticos en defensa de sus intereses empresariales. Aunque segn la OCDE Espaa es el segundo pas del mundo en consumo de frmacos (solo por detrs de Francia y muy por delante de pases como Suecia, Alemania, Finlandia u Holanda), la patronal Far-maindustria hace campaa contra los genricos, critica los intentos de reduccin en el gasto farmacutico y presiona al poder poltico para cobrar sus facturas afirmando que el pago de lo que se adeuda tranquilizara a los accionistas internacionales. Asimismo, encontramos tambin una importante deuda con fabricantes de tecnologa sanitaria y no podemos dejar de acordarnos de que muchas de estas mquinas estn hoy sin uso por falta de recursos. O lo que es peor: mquinas compradas con dinero pblico puestas a disposicin de los clientes de las mutuas privadas, como ya ocurre en Catalua.

En esta deuda tambin hay facturas emitidas por em-presas de sanidad privada que prestan servicio pblico. Un servicio que, como demuestran infinidad de estudios, suele resultar ms caro cuando se presta desde el sector privado. Un ejemplo claro lo vemos en el estudio de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que demuestra que las resonancias magnticas gestionadas desde el sector privado son un 138 % ms caras que en el sector pblico.

Y mientras se paga con dinero pblico a empresas privadas, se cierran servicios pblicos. Cuntas de las empresas acreedoras son propiedad de amigos de los gestores de nuestra sanidad? La opacidad impide saberlo,

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pero diversos casos conocidos y ampliamente documen-tados en Catalua nos permiten tener sospechas ms que fundadas. El aparato propagandstico orquestado por los poderes financieros que ya est sacando tajada de la destruccin de nuestra sanidad est en marcha. Por ejemplo, el pasado 11 de junio de 2011 el diario La Razn titulaba: La Sanidad acumula una deuda rcord de 9.390 millones y sentenciaba en el subttulo: En un entorno de crisis econmica tan severo como el actual, la Sanidad espaola es, simplemente, insostenible.

Por este motivo una auditoria ciudadana que nos permita conocer el verdadero impacto de la deuda en nuestra sanidad y nos permita sacar a la luz las falacias que promueven la destruccin del sistema sanitario p-blico no solo es un acierto, es una necesidad urgente: la necesidad urgente de convertirnos en ciudadanos cuando lo que quieren es que seamos clientes.

La crisis de la deuda, motor del empobrecimiento en Espaa

ALBERT SALES E INS MARCO*

Segn la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que realiza el Instituto Nacional de Estadstica (INE), en el

* Colectivo RETS.

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Estado espaol la tasa de personas en situacin de riesgo de pobreza y de exclusin social se situaba a finales de 2012 en un 21,1 %, registrando una pequea disminu-cin respecto al 21,8 % de 2011. En la nota de prensa que emita la agencia estadstica espaola se celebraba que dicha reduccin poda atribuirse a las relativas bue-nas condiciones econmicas en que se encontraban las personas mayores de 65 aos y a la menor incidencia que tena la pobreza relativa entre esta parte de la poblacin. Sorprendentemente, las personas jubiladas del pas en situacin de riesgo de pobreza, que en 2011 eran un 20,8 % del total de jubilados, a finales de 2012 tan solo suponan un 16,9 %.

El INE demostraba no estar habituado a interpretar datos en un contexto de no crecimiento. El umbral de riesgo de pobreza es una cifra relativa que cambia en funcin de los ingresos medios de la poblacin. Se fija en el 60 % de la mediana de ingresos de todos los hogares. Teniendo en cuenta la cada de los ingresos medios de los hogares espaoles, es un umbral en descenso desde 2009. Un pensionista que en 2011 tena unos ingresos de 7.500 euros anuales se situaba por debajo del umbral de pobreza. En 2012, a pesar de no haber aumentado su renta, el mismo pensionista ya no se situaba por debajo de dicho umbral gracias al descenso de los ingresos del resto de la poblacin. Cada vez hay que ser ms pobre para ser considerado pobre en Espaa.

En trminos absolutos, el descenso de la renta de los hogares es imparable desde 2008. De los 26.500 euros

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anuales en 2008 a los 24.609 euros anuales en 2011, los ingresos de las familias han ido cayendo a causa de la destruccin masiva de puestos de trabajo y a la reduccin de las transferencias pblicas.

Las medidas de austeridad han distribuido el impacto de la crisis cebndose en la poblacin ms vulnerable e imponiendo polticas antisociales que empeoran el ya triste panorama de la proteccin social. A ciertos sectores de la poblacin la imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado les arroja irremediablemente a una situacin de pobreza permanente. En los primeros compases de la recesin han sido jvenes, mujeres de mediana edad y trabajadores inmigrantes los que han recibido el mazazo del desempleo, precisamente las personas con menores cotizaciones a la Seguridad Social y una proteccin social ms dbil. Este hecho, unido a los recortes en todo tipo de programas sociales y sanitarios, ha disparado el riesgo de pobreza entre las familias con personas dependientes, as como la vulnerabilidad de la infancia y de las personas ancianas.

La reforma laboral, un pilar bsico del austericidio en el que vivimos, ha acelerado la destruccin de los empleos que podramos considerar de calidad. En ante-riores crisis, el mercado laboral espaol se haba mostrado altamente dualizado. La destruccin de empleos afec-taba, sobre todo, a los jvenes y a las mujeres, mientras que los hombres de mediana edad mantenan sus puestos de trabajo o reciban propuestas de prejubilacin que les permitan seguir siendo los sustentadores principales

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del hogar. Se trataba de un sistema altamente desigual desde la perspectiva generacional y de gnero, aunque frenaba la cada en la pobreza de muchos hogares. El estrepitoso fracaso del modelo econmico espaol, la profundidad de la recesin que sufrimos y las reformas de la legislacin laboral hacen que la situacin actual sea tristemente novedosa. En el primer trimestre de 2013, se calcula que haba 1,9 millones de familias en las que ninguna persona en edad de trabajar tena empleo, y que dos millones de personas paradas no reciban nin-gn tipo de prestacin. Adems, cada vez son ms las personas que, a pesar de tener un empleo, se encuentran en la pobreza. El 12 % de la poblacin ocupada vive en hogares bajo el umbral de la pobreza.

A los problemas del desempleo, o del empleo pre-cario, se suman las cargas que muchas familias tienen que hacer frente, entre las que destacan las deudas hipotecarias. Los deshaucios se han convertido en una muestra de la magnitud del problema. Pero la mayor parte de las situaciones de empobrecimiento se vive en el interior de los hogares y es invisible para el resto de la sociedad. Un 14 % de las familias llega a fin de mes con extrema dificultad; un 20 %, con dificultad y un 29 %, con cierta dificultad. Un 40 % de las familias del Estado espaol declaran no disponer de efectivo para hacer frente a gastos imprevistos como la avera de un electrodomstico.

El informe sobre Espaa lanzado por el Fondo Mo-netario Internacional (FMI) en agosto de 2013 no deja

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lugar a dudas. El futuro que las lites internacionales y nacionales plantean para la sociedad espaola se funda-menta en la polarizacin social y en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayora de la poblacin. El FMI afirma en su documento que los salarios an deben rebajarse un 10 % ms, que los gastos en sanidad y educacin deben reducirse, que hay que aumentar la recaudacin de impuestos como el IVA y que hay que adelgazar la administracin pblica en todos sus niveles. En el mejor de los casos, estas medidas permitiran, segn el FMI, frenar el aumento del desempleo y dejar la tasa de paro en un desesperante 20 %.

Al mismo tiempo que se produce el austericidio omos a diario el bochornoso discurso oficial que preten-de convertir la lucha contra la pobreza en una suerte de actividad voluntariosa en la que todos los actores sociales deben ponerse de acuerdo. El programa neoliberal de destruccin del Estado de bienestar convive con activi-dades caritativas de todo tipo y con una narrativa cada vez ms peligrosa de estigmatizacin y culpabilizacin de las personas en situacin de pobreza. Se asume el empobrecimiento de las clases medias como si fuera el resultado de una catstrofe natural de la que nadie tiene culpa, mientras se atribuye la alta vulnerabilidad de las clases trabajadoras a problemas derivados de sus malos hbitos, sus vicios y su falta de cultura del esfuerzo.

El desmantelamiento del precario Estado de bienes-tar espaol, del wellfare, se produce en paralelo a la impo-sicin del workfare. Para los voceros del neoliberalismo,

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las personas desempleadas carecen de incentivos para buscar un nuevo trabajo a causa de la supuesta bondad de los subsidios. Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, se ha pronunciado en este sentido en repetidas ocasiones, afirmando sin ningn pudor que las personas sin empleo esperan hasta el agotamiento del subsidio para aceptar una oferta de empleo.

La utilizacin de los dbiles subsidios pblicos por parte de los hogares socialmente ms vulnerables est continuamente bajo sospecha. En un contexto de recor-tes, se transmite a la ciudadana que existe una compe-tencia constante por los escasos recursos pblicos y que estos deben ser utilizados para socorrer a las personas que quieran trabajar, sometiendo, de este modo, a los pobres oficiales, los usuarios de los servicios sociales, a un constante escrutinio y vigilancia que asegure que no cesarn en su empeo de lograr la insercin laboral.

No se trata solo de reducir el Estado a su mnima ex-presin. La crisis ha servido para consolidar la transicin al workfare ya iniciada en los noventa. Quien no asume la precariedad de los minijobs y otras opciones laborales de precariedad laboral y vital no tiene derecho a la asistencia. Como en el resto de pases sometidos a las polticas de la troika, la tendencia al empobrecimiento generalizado se acelera con cada imposicin aplicada.

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El concepto de deuda ilegtima. Experiencias desde el Sur

Durante dcadas, organizaciones de la sociedad civil han elaborado estrategias para abordar una salida social a la tirana de la deuda, especialmente en pases del Sur. En el marco de dichas estrategias, se ha llegado a la conclusin de que la cancelacin de la deuda no solo tiene sentido como estrategia para liberar recursos para el gasto social, sino, sobre todo, por una cuestin de justicia. La deuda atenta contra el bienestar de la poblacin y sirve a los intereses de unos pocos. En el corazn de esta injusticia encontramos el concepto de deuda ilegtima.

La definicin de lo que constituye una deuda ileg-tima es an motivo de discusin entre organizaciones sociales y acadmicos. Incluso algunos gobiernos como el noruego o el ecuatoriano, e instituciones como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han trabajado sobre esta cuestin. Entre todos ellos se llega a una serie de definiciones no muy diferentes entre s. Por ejemplo, la Comisin para

IV

Deuda ilegtima

PABLO MARTNEZ, IOLANDA FRESNILLO, INS MARCO y GEMMA TARAFA

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la Auditora Integral del Crdito Pblico de Ecuador (CAIC), que realiz una auditoria de la deuda ecuatoriana entre 2007 y 2008, argumenta que la deuda ilegtima se expresa en aquellos crditos contrados por el Estado bajo condiciones inaceptables y que han vulnerado los Derechos Econmicos y Sociales, Culturales y Ambien-tales y han dado viabilidad al despojo o la apropiacin/explotacin indebida (va privatizacin) de los recursos naturales.

El propio Observatorio de la Deuda en la Globaliza-cin (ODG), junto con la red Quin debe a Quin?, han trabajado en una definicin que considera ilegtima toda aquella deuda acumulada por prstamos que, directa o indirectamente, compromete la dignidad de los ciuda-danos o pone en peligro la coexistencia pacfica entre los pueblos. Tal deuda se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos y civiles reconocidos por los pases en todo el mundo, o que ignoran las normas de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre estados y entre pueblos.

Institucionalmente, tanto la UNCTAD como el BM publicaron en 2008 sendos informes sobre el concepto de deuda odiosa. A diferencia de la deuda ilegtima, la deuda odiosa es un concepto jurdico que surge en 1898 para caracterizar la deuda cubana contrada bajo el rgimen colonial espaol. El jurista ruso Alexander Sack defini poco despus la deuda odiosa como aquella que ha sido contrada: a) por un rgimen desptico para consolidar su poder; b) en contra del inters de la ciudadana y a

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favor del inters de las personas prximas al poder; y, c) con conocimiento por parte de los acreedores. Aunque lejos de las definiciones usadas por la sociedad civil, el debate sobre la deuda odiosa representa un paso impor-tante hacia el reconocimiento del concepto de deuda ilegtima. El documento de la UNCTAD, El concepto de Deuda Odiosa en la Ley Pblica Internacional, ha llevado a la aprobacin, en mayo de 2012, de los princi-pios para la promocin del endeudamiento y el crdito soberanos responsables. Aunque nuevamente lejos de las expectativas de las organizaciones sociales, que en general reclaman principios obligatorios y ms ambiciosos, la aprobacin de estos principios supone un nuevo hito en la lucha por unas finanzas NorteSur ms justas y que no generen sistemticamente deudas ilegtimas.

Por su lado Cephas Lumina, el experto independien-te de Naciones Unidas acerca de los efectos de la deuda externa sobre los derechos humanos, public en 2009 un informe en el que analizaba la cuestin de la deuda ilegtima y llamaba a la realizacin de mucho trabajo para formular el concepto de deuda ilegtima como un trmino legal internacionalmente aceptado con criterios precisos. Lumina tambin present en 2012 los princi-pios rectores sobre deuda externa y derechos humanos, que fueron aprobados por el Consejo de Derechos Hu-manos de las Naciones Unidas.

La mayor parte del debate alrededor de la deuda ilegtima ha girado en torno a las bases legales de este concepto, pero a pesar de su importancia para su reco-

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nocimiento en los niveles institucionales, el concepto de deuda ilegtima no se puede restringir a las limitaciones de la jurisprudencia internacional. Si consideramos la legislacin como un cuerpo en evolucin, vemos cmo repetidamente se ha modificado respondiendo a las rei-vindicaciones sociales, como en el caso del derecho de voto para las mujeres o el derecho a una jornada laboral de ocho horas.

La (i)legitimidad es pues el escaln previo a la (i)lega-lidad en cuanto se toma conciencia de que ciertas situa-ciones, ciertos comportamientos o ciertas estructuras deben ser modificadas por su inmoralidad, arbitrarie-dad o parcialidad, o bien por ser abusivas, indeseables, perniciosas, injustificables o de naturaleza inconsistente; en resumen, porque son injustas. La ilegitimidad expresa el consenso generalizado sobre una realidad particular injusta. Nuestra principal refer