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Las tendencias en el uso de la biodiversidad: de los procesos crónicos de deterioro a la sustentabilidad

Segunda parte

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Contenido

3.1 La Reforma Agraria en México: bases para el desarrollo y la modernización del sector rural / 89

3.2 Crecimiento de la agricultura durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta / 91

3.3 El auge de la ganadería y sus efectos / 923.4 La actividad forestal / 95

3.4.1 Situación actual de los recursos forestales / 993.5 Aprovechamiento de los productos forestales no maderables / 103

3.5.1 Usos / 1033.5.2 Información / 1053.5.3 Regulación / 1053.5.4 Impactos / 107

3.6 La actividad pesquera / 1083.6.1 Tendencias / 1083.6.2 Distribución de las pesquerías / 1093.6.3 Situación de la flota pesquera nacional / 1103.6.4 Aspectos económicos relevantes de la pesca / 1103.6.5 Oferta de productos pesqueros y comercialización / 1123.6.6 Estatus de las pesquerías / 113

3.7 Carencia histórica de criterios ambientales en las políticas de uso de la biodiversidad / 115

Consecuencias de las políticas públicas en el uso de los ecosistemas y la biodiversidad

autores responsables: Salvador Anta Fonseca • Julia Carabiascoautores: Antonio Díaz de León • Catarina Illsley • Citlalli López • Dawn Robinson •

Esteban Escamilla • Fabrice Edouard • Felipe Ramírez • Leticia Merino • Michelle Chauvet • Óscar Ramírez • Porfirio Álvarez • Rafael Obregón • Sergio Madrid • Silvia Purata • Sophie Ávila

autores de recuadros: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.10, mismos autores responsables • 3.5, Fabrice Edouard, Silvia Purata • 3.6, José Antonio Espinosa García • 3.7, Nicola Maria Keilbach • 3.9, Carlos Enrique Aguirre Calderón, Alberto Lafón Terrazas, Enrique Sánchez Granillo • 3.11, Silvia Purata • 3.12, Citlalli López • 3.13, Catarina Illsley • 3.14, Paula Meli

revisores: Gustavo Gordillo de Anda • Arturo Gómez-Pompa • Sergio Graff Moreno

Anta Fonseca, S., J. Carabias et al. 2008. Consecuencias de las políticas públicas en el uso de los ecosistemas y la biodi-versidad, en Capital natural de México, vol. III: Políticas públicas y perspectivas de sustentabilidad. Conabio, México, pp. 87-153.

3

Capital natural de México • Vol. III : Políticas públicas y perspectivas de sustentabilidad88

3.8 Hacia la integración de las políticas de uso y conservación de la biodiversidad / 1203.9 La reconversión productiva / 122

3.10 Manejo forestal comunitario y sustentable / 1263.10.1 Retos / 131

3.11 Aprovechamiento sustentable de los productos forestales no maderables / 1323.11.1 Retos / 135

3.12 Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre / 1353.12.1 Aspectos jurídicos y administrativos de las uma / 1353.12.2 El Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación

de la Vida Silvestre / 1363.12.3 Beneficios económicos que brinda la vida silvestre / 1403.12.4 Retos / 142

3.13 El ecoturismo / 1423.13.1 Ecoturismo en áreas naturales protegidas / 1433.13.2 Ejemplos exitosos / 1443.13.3 Retos / 145

3.14 La pesca responsable / 1453.14.1 Retos / 147

Referencias / 148

Recuadros

Recuadro 3.1. Las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional / 90Recuadro 3.2. El Sistema Alimentario Mexicano / 92Recuadro 3.3. El Plan Chontalpa y sus impactos ambientales / 94Recuadro 3.4. El Programa de Desarrollo Forestal, el Proyecto de Conservación y Manejo

Sustentable de Recursos Forestales en México y el Proyecto de Conservación de Tierras Indígenas en México / 97

Recuadro 3.5. Sobrerregulación en algunos productos forestales no maderables / 107Recuadro 3.6. Opciones tecnológicas para conservar los recursos naturales en grupos

de productores de unidades familiares bovinas del estado de Guanajuato / 126Recuadro 3.7. Aportes directos e indirectos de la ganadería campesina

a la biodiversidad / 127Recuadro 3.8. Procesos silvopastoriles en la región de Los Chimalapas, Oaxaca / 128Recuadro 3.9. Legislación para la conservación y uso de los pastizales / 128Recuadro 3.10. Experiencias de comunidades y ejidos forestales / 130Recuadro 3.11. Extracción de resina de copal (Bursera bipinnata) en Maninaltepec,

Oaxaca / 133Recuadro 3.12. Productos forestales no maderables y cafetales bajo sombra / 133Recuadro 3.13. Manejo y conservación de un maguey mezcalero (Agave cupreata) / 134Recuadro 3.14. Ecoturismo en las áreas protegidas de Oaxaca / 144

Contenido [concluye]

3 • Consecuencias de las políticas públicas en el uso de los ecosistemas y la biodiversidad 89

3.1 La Reforma Agraria en México: bases para el desarrollo y la modernización del sector rural

A partir de los años treinta del siglo pasado la Reforma Agraria en México sentó las bases para el desarrollo y la modernización del sector rural; distribuyó la tierra a millones de campesinos y reconoció la propiedad original a numerosas comunidades indígenas. Sin embargo, junto con esa reforma y un modelo de desarrollo rural que consideró a la naturaleza como un activo estrictamente productivo, se inició un intenso proceso de deforestación y sobreutilización de recursos naturales que se agudizó en las décadas siguientes.

En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) comenzó la institucionalización de muchas de las políti-cas de gobierno que actualmente nos rigen, entre las que se cuentan aquellas relacionadas con el usufructo de re-cursos naturales como la tierra, los bosques, los ríos y los mares. En este periodo se impulsó un nuevo proyecto de país, que buscaba mejorar las condiciones de bienestar social, en especial de las clases sociales más pobres, por medio de la educación y el desarrollo de infraestructura productiva, de caminos y vías de comunicación, así como de mejores oportunidades económicas, que se lograrían mediante la modernización de los procesos productivos y la organización de los trabajadores del campo y la ciu-dad. En esa época, casi 70% de la población habitaba en el campo y el restante 30% estaba en las ciudades (Procu-raduría Agraria 2003).

Entre las prioridades de la administración del general Lázaro Cárdenas destacó el impulso a la Reforma Agraria para cumplir con las directrices planteadas en el artículo 27 constitucional, en el cual se establece el dominio de la Nación sobre tierras, aguas y subsuelo; su vigilancia y conservación; así como el derecho de la Nación a impo-

ner en todo momento a la propiedad privada la modali-dad que dicte el interés público, y de regular el aprove-chamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación.

A partir del artículo 27 constitucional se reconocen dos tipos de propiedad de la tierra: la propiedad social de los ejidos y comunidades agrarias, y la pequeña propiedad.

Durante este periodo se distribuyeron poco más de 19 millones de hectáreas en ejidos (Warman 2001), de las cuales cerca de 5 millones eran de labor, 6.8 millones eran forestales (Merino 2004) y el resto estaban cubiertas por matorrales, pastizales y otros tipos de vegetación. Con ello se entregaron tierras a campesinos solicitantes, lo que les permitió pasar de la condición de peones asalariados a propietarios de su propia parcela. También destacan la constitución de cooperativas productoras de madera, re-sina de pino y chicle, y el establecimiento de una activa política de conservación de los bosques, basada en los decretos de vedas a la extracción de madera y en la crea-ción de parques nacionales (véase el capítulo 1).

En el caso de la Península de Yucatán, se dotó de 420 hec-táreas a cada ejidatario en las áreas forestales donde se realizaba extracción de chicle. Los ejidos dotados bajo este esquema tenían la obligación de conservar y manejar adecuadamente sus áreas forestales, además de hacerlo de manera colectiva (Galletti 1999). Las cooperativas de producción forestal no maderable como el chicle y la re-sina de pino, pioneras en América Latina, contribuyeron al mantenimiento de importantes áreas forestales que aún prevalecen en estados como Michoacán, Quintana Roo y Campeche.

No obstante los avances de la Reforma Agraria, los la-tifundios ganaderos mantuvieron y gozaron de protec-ción gracias a los certificados de inafectabilidad, y con ello se dio continuidad al modelo extensivo de ganadería que se venía desarrollando desde antes de la Revolución mexicana.

Las políticas históricas de uso de la biodiversidad nacional no han favorecido su conservación ni uso sustentable; tampoco

lograron el bienestar social. Sin embargo, en las últimas décadas se han establecido nuevas políticas que incluyen criterios ambientales con las cuales es posible hacer compatibles el

desarrollo y el bienestar social, al tiempo de aprovechar el potencial productivo que ofrece el capital natural del país. En este capítulo se hace referencia a los cambios ocurridos en el periodo que transcurre desde la etapa posrevolucionaria hasta nuestros días.

Resumen


En los gobiernos posteriores al cardenismo continuó el proceso de repartición de tierras. Entre 1934 y 1992, cuando concluyó el reparto agrario con la reforma al ar-tículo 27 constitucional (recuadro 3.1), se repartieron más de 94 millones de hectáreas en beneficio de más de 2.6 millones de campesinos (Sánchez 1998) (cuadro 3.1).

La Reforma Agraria permitió hacer justicia social a los campesinos que carecían de tierra; sentó las bases para el desarrollo de un manejo forestal comunitario y co-menzó la institucionalización de políticas de conserva-ción de recursos naturales. Sin embargo, en los gobier-nos posrevolucionarios prevaleció la idea de que las tierras y sus recursos naturales eran un capital de trabajo inagotable. Por ello, los esfuerzos por crear las condicio-nes, tanto en infraestructura como en la formación de capital humano, que reactivaran la producción agrícola mermada durante la Revolución, provocaron procesos de deforestación, al convertir las tierras forestales en tierras de labor y de pastoreo, y el divorcio entre las políticas agropecuarias con las forestales y de conservación de re-cursos naturales.

Recuadro 3.1 Las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional

El artículo 27 de la Constitución, que hace referencia a la propiedad de la tierra en nuestro país, fue reformado en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Las modificaciones a este artículo dieron fin al reparto agrario surgido de la Revolución mexicana y provocaron un cambio estructural en la política agraria del gobierno federal. Entre los principales cambios que se derivaron de esta reforma se encuentra, en primer lugar, el de legalizar la venta y el arrendamiento de terrenos ejidales. En segundo lugar, se reestructuró el papel y las facultades del Estado en materia agraria, ya que se crearon los Tribunales Agrarios, que tienen competencia para resolver las controversias derivadas de los conflictos agrarios en ejidos y comunidades. En tercer lugar, la Secretaría de la Reforma Agraria quedó como la autoridad que regula la propiedad rural, mientras que se creó la Procuraduría Agraria como defensora de los derechos de los sujetos agrarios, y el Registro Agrario Nacional como responsable del registro de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. En cuarto lugar, se transfirieron las facultades conferidas anteriormente al Ejecutivo federal para crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones en los núcleos agrarios ya constituidos a la asamblea ejidal o comunal, elevándola a la calidad de órgano supremo de los núcleos agrarios (Méndez de Lara 1997).

Estas reformas pretendieron establecer condiciones para incrementar la producción y productividad del campo mediante el otorgamiento de certeza jurídica a la tenencia de la tierra, que estimulara a su vez la inversión privada para canalizar recursos económicos hacia el campo en esquemas de asociaciones, en participación con los propietarios sociales de la tierra o mediante la posibilidad de conformar sociedades mercantiles para la producción agropecuaria (Warman 1996).

Además, uno de los objetivos centrales de esta reforma fue legalizar y regularizar los terrenos de propiedad social para diversificar los mecanismos de incorporación al mercado inmobiliario urbano en un contexto de libre mercado. En este sentido se creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), que permite dar certeza jurídica mediante la entrega de certificados parcelarios, de derechos de tierras de uso común, así como de títulos de solares urbanos (Olivera 2005).

Cuadro 3.1 Reparto de tierras en los distintos periodos presidenciales

Periodo gubernamental Años Hectáreas

Venustiano Carranza 1915-1920 381 926

Álvaro Obregón 1921-1924 1 728 686

Plutarco Elías Calles 1925-1930 2 438 511

Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez

1931-1934 3 285 980

Lázaro Cárdenas 1934-1940 20 145 910

Manuel Ávila Camacho 1940-1946 5 970 398

Miguel Alemán 1946-1952 5 429 528

Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 5 771 721

Adolfo López Mateos 1958-1964 9 308 149

Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970 23 055 619

Luis Echeverría 1970-1976 12 243 317

José López Portillo 1976-1982 6 423 501

Miguel de la Madrid 1982-1988 4 867 563

Carlos Salinas de Gortari 1988-1992 793 275

Total 101 844 084

Fuentes: Rutsch (1984) para 1915-1934 y Sánchez (1998) de 1934 en adelante.


3.2 Crecimiento de la agricultura durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta

El crecimiento de la agricultura durante los años cuarenta y cincuenta permitió el incremento en la producción de alimentos pero con altos costos ambientales. Desde la década de los sesenta esta actividad productiva no ha vuelto a repuntar.

El crecimiento agrícola después de 1940 fue realmente extraordinario y muy por arriba al de otros países lati-noamericanos. Entre 1945 y 1955, la agricultura mexica-na incrementó su producción en 7.4% anual, y en 4.3% anual para la siguiente década (De Alba 2008). De 1947 a 1964, el producto interno bruto (pib) del sector agrope-cuario creció con un promedio anual de 6%, mientras que el pib nacional lo hacía a un ritmo de 6.5% (Calva 1988). En la producción de granos básicos también hubo importan-tes cambios en este periodo, ya que se logró pasar de una producción de 3 millones de toneladas en 1940 a 11 mi-llones en 1965.

Este notable crecimiento de la producción se debió principalmente a tres causas: la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de infraestructura y la innova-ción tecnológica.

Entre 1940 y 1965 se realizó la apertura más significa-tiva de tierras de la historia de nuestro país, ya que se pasó de 5.9 millones de hectáreas a 14.7 millones destina-das a la agricultura (Barkin y Suárez 1985). Asimismo, se creó la infraestructura básica que permitió el crecimiento económico en el campo mexicano. Por ejemplo, las obras de riego pasaron entre 1930 y 1985 de 500 000 hectáreas a 5.6 millones de hectáreas y se construyeron 1 200 presas entre 1927 y 1976 (Aboites 1998).

Aunado a lo anterior, las innovaciones tecnológicas contribuyeron también a incrementar la producción agrícola. México fue el centro de desarrollo de avances tecnológicos que revolucionaron la producción de ali-mentos y generaron nuevas expectativas para superar los problemas de hambre en el mundo. La Fundación Rocke-feller y la Secretaría de Agricultura y Fomento de México impulsaron un programa para la obtención de variedades de trigo de alto rendimiento resistentes al hongo de la roya de los tallos (Hewitt 1978; Borlaug 2002). La tecno-logía desarrollada se basaba en la selección genética, el cultivo intensivo por regadío, la mecanización y la utili-zación masiva de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. A este modelo se le denominó Revolución Verde y, no obs-

tante los logros espectaculares obtenidos, posteriormente se reconoció que dicho modelo ocasionó una serie de pro-blemas de carácter económico y ambiental, como se co-menta en el capítulo 1 de este volumen y en el inciso 3.7 de este capítulo.

A pesar del impulso que provocó la Revolución Verde, en 1960 la mayoría de los agricultores de México todavía seguía utilizando tecnologías tradicionales. Solo 4% de los agricultores aplicaban tecnología moderna, aunque con-tribuían con 32% de la producción, mientras que 50% de los productores usaban tecnologías tradicionales y con-tribuían con 4% (Díaz 1991).

A partir de la mitad de la década de los años sesenta, la agricultura quedó estancada. De 1964 a 1970, el pib agropecuario sufrió una importante disminución en sus tasas de crecimiento anual, ya que mientras que el pib nacional creció 8%, el agropecuario no superó el 2%, lo cual ocasionó que uno de cada 10 de los pequeños pro-ductores se descapitalizara (Calva 1988). En los años se-tenta y ochenta la crisis agrícola se enfrentó canalizando recursos económicos de la venta del petróleo para subsi-diar precios de garantía e insumos para la producción (se-millas mejoradas, agroquímicos, combustibles, energía eléctrica y maquinaria), con lo cual se enmascaró la grave descapitalización del campo. Un ejemplo de las políticas públicas impulsadas durante esos años fue el programa de-nominado Sistema Alimentario Mexicano (sam) (recua-dro 3.2), implementado a finales del gobierno del presi-dente José López Portillo (1976-1982) (ameas 1989).

De acuerdo con Barkin (1998), la crisis que azotó la economía mexicana se debió al fracaso del esquema de industrialización, vía la sustitución de importaciones. Se partió del supuesto de que la producción de alimentos, principalmente la de los campesinos, permanecería sin verse afectada por la economía de mercado y que el de-sarrollo empresarial dependía de que el Estado hiciera fuertes inversiones en protección y subsidios para crear los empleos que el país requería. Al contrario de estos supuestos, la producción de cultivos básicos se vino a pi-que, la agricultura mexicana se abrió al mercado interna-cional y la tendencia de sustituir cultivos alimentarios para consumo humano por cultivos forrajeros prevaleció bajo la perspectiva de encontrar mejores nichos de mer-cado (Sanderson 1990). A fines de 1980 se observa la ex-plosión simultánea de dos crisis: un retroceso acelerado de los estándares de vida de los pequeños campesinos y una caída de los precios de exportación que afectó pro-fundamente al sector rural capitalista (Otero 2004). Ade-más, junto con el deterioro de las unidades de produc-


ción campesinas y empresariales se presentó la pérdida de la autosuficiencia en la producción de alimentos, por lo que, desde entonces, el país tiene que importar alrede-dor de 35% de los granos básicos necesarios para la ali-mentación de la población.

Otro resultado de la expansión agrícola de esos años es el desarrollo de sistemas agrícolas en tierras no aptas para esta actividad. Si bien, según Welhaussen (1976), las tierras aptas para la agricultura en México suman alrede-dor de 30 millones de hectáreas, muchas de ellas se en-cuentran ocupadas por la ganadería, mientras que buena parte de las tierras agrícolas se ubican en terrenos prefe-rentemente forestales.

En promedio, durante el último tercio del siglo pasado e inicios de éste, la superficie agrícola anual osciló entre 21.7 y 27.3 millones de hectáreas, y en ellas la superficie irrigable prevaleció en alrededor de 6 millones de hectá-reas. Esta superficie contrasta con los 31 millones de hectáreas reportadas como laborables en el VII Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal (inegi 1994). Al respecto, Warman (2001) afirma que las diferencias detectadas bien pueden expresar la importancia de las tierras abier-tas que no se siembran de forma permanente, por encon-trarse en descanso recuperando su productividad.

3.3 El auge de la ganadería y sus efectos

De mediados de los años sesenta a inicios de los ochenta el auge de la ganadería tuvo altos costos ambientales, sobre todo por la deforestación en el trópico húmedo y la ocupación de los matorrales xerófitos del norte del país.

En la década de los años cincuenta la ganadería bovina de carne fue duramente afectada y casi llegó a la desapari-ción debido a la epidemia de fiebre aftosa que obligó al sacrificio del hato mediante el llamado “rifle sanitario”. No obstante, desde 1965, al tiempo del inicio del estanca-miento de la agricultura, la expansión ganadera se reacti-vó para proporcionar la proteína animal demandada por los nuevos patrones de consumo de la creciente pobla-ción de las ciudades (véase el capítulo 2).

Contrariamente a lo que sucedía en el sector agrícola, la ganadería creció significativamente y el financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo fue clave en este proceso. Dichos bancos otorgaron cré-ditos a la ganadería de América Latina por 1 075 millones de dólares: a México le correspondió 53%, que junto con

Recuadro 3.2 El Sistema Alimentario Mexicano

El Sistema Alimentario Mexicano (sam) fue un programa del gobierno del presidente José López Portillo, que tuvo la finalidad de destinar apoyos económicos provenientes de la venta del petróleo a incrementar la producción de granos básicos y mejorar la dieta de los sectores más pobres del país. El sam tuvo entre sus principales propósitos alcanzar la autosuficiencia en granos básicos como parte de una política que buscaba la soberanía alimentaria. Partía del hecho de que el precio y la producción de granos básicos en el mundo se encontraban determinados por unos cuantos países y empresas transnacionales, por lo que era fundamental promover que México fuera autosuficiente para no depender del mercado y la producción mundiales.

Para lograr dicha autosuficiencia, el sam se propuso subsidiar la producción y el consumo de los grupos sociales más pobres del país. Operó por medio de un sistema de incentivos económicos que incluyeron el aumento a los precios de garantía de los productos básicos, la baja de intereses crediticios y el establecimiento de un fondo para el riesgo compartido. Los subsidios pretendieron incrementar la producción de los campesinos en los distritos de riego en 3.5 millones de hectáreas y de los distritos de temporal en 12.3 millones, situación que obligó a aumentar la superficie agrícola en casi 1.7 millones de hectáreas, de las cuales 410 000 serían de riego y 1.28 millones estarían en terrenos de temporal.

El sam fue un programa dirigido a apoyar a los campesinos “temporaleros” para incrementar la producción agrícola de cultivos básicos, pero significó además un nuevo incremento de la frontera agrícola a costa de la superficie con cubierta forestal.

Los subsidios que canalizó el sam permitieron la adquisición de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y aperos de labranza, como maquinaria. Entre sus metas para 1982 se encontraba cultivar 11 millones de hectáreas con fertilizantes químicos. En 1981 se logró una cosecha récord de 14 millones de toneladas, mientras que la superficie agrícola se incrementó en casi 5 millones de hectáreas.

El sam concluyó una vez terminada la administración de López Portillo y nunca más se ha contado con un programa similar que busque incentivar a los productores de granos básicos en zonas de temporal.

Fuentes: sam (1980) y Toledo et al. (1993)


el financiamiento nacional representaron un monto de in-versión de 1 211 millones de dólares (Feder 1982).

El periodo de 1965 a 1981 es el de mayor auge para la ganadería, tanto la de libre pastoreo (Fig. 3.1) como la intensiva productora de leche, cerdos y aves. En ese pe-riodo la superficie dedicada a la ganadería se incremen-tó notablemente. Además, numerosas tierras agrícolas se destinaron al cultivo de pastos para la alimentación del ganado o a la producción de alimentos balanceados. Los ejemplos más emblemáticos de este periodo son los llamados Programas de Desarrollo Agropecuario en el trópico húmedo mexicano, como el Plan Chontalpa (re-cuadro 3.3) y el Plan Balancán-Tenosique, en Tabasco, así como el plan de reacomodo para los desplazados de la presa Cerro de Oro en el Uxpanapa, Veracruz. Con estos planes se desmontaron cientos de hectáreas de selva hú-meda para el establecimiento de tierras agrícolas y potre-ros (véase el inciso 3.7). Por otro lado, en el norte del país la ganadería se extendió sobre los matorrales xerófitos.

Debido a estos procesos de crecimiento, la ganadería bovina, que en 1940 ocupaba 38.8 millones de hectáreas en el país, se extendió en 1983 a 90.4 millones (Toledo et al. 1993). El principal destino de la producción de car-ne bovina era la exportación de becerros a Estados Uni-dos y la engorda de ganado para el abasto interno.

Fue a mediados de los años ochenta que la apertura comercial marcó el quiebre de la expansión ganadera al cancelarse los permisos de importación y permitirse la compra libre de carne procedente en su mayoría de Esta-dos Unidos. Los ganaderos mexicanos dejaron de gozar del proteccionismo comercial y con ello se vieron impe-didos de continuar recibiendo ingresos provenientes de la simple posesión de la tierra. Al ingresar carne a precios competitivos se evidenció la imposibilidad de continuar

creciendo mediante el modelo extensivo-extractivo. La reconversión productiva se presentó como imprescindi-ble (véase el apartado 3.7). En ese periodo de crisis, el número de ganaderos se redujo y salieron del sector los menos fuertes desde el punto de vista económico.

Desde 1985, las importaciones de carne han ido cre-ciendo y la rentabilidad de la ganadería bovina de carne ha disminuido. Solo en periodos de encarecimiento del dólar o de cierre de la frontera por cuestiones sanitarias el flujo se ha interrumpido. El porcentaje del consumo de cárnicos importados supera 21 y 22% en 2002 y 2003, res-pectivamente (cuadro 3.2). La fao considera vulnerable la seguridad alimentaria de un país cuando más de 25% de un alimento proviene del exterior.

A 10 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), la ganadería bovina de carne ha teni-do periodos muy críticos caracterizados por la disminu-ción del hato ganadero, la pérdida de dinamismo en la producción de carne vacuna con relación a otros tipos de carne como la de aves, el cierre de rastros y dificultades financieras que llevaron a la descapitalización de los pro-ductores, entre otros factores (Chauvet 1999; Cavallotti Vázquez, 2002).

Por otra parte, en el mercado nacional se han estable-cidos mecanismos de comercialización desventajosos para los pequeños productores ganaderos. Por ejemplo, los bajos precios asociados con la producción de becerros al destete, que caracteriza buena parte de la ganadería del trópico, no solo no incentivan mejoras en el manejo del ganado, sino que provocan también la degradación de po-treros y su expansión sobre terrenos forestales en búsque-da de suelos no degradados.

No obstante la pérdida de dinamismo y la descapitali-zación sufrida por las unidades ganaderas, esta actividad

Mile

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zas d

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nado

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

300

250

200

150

100

50

0

Figura 3.1 Existencias ganaderas en México. Fuente: Toledo et al. (1993).


Cuadro 3.2 Producción, importación y consumo de diversos productos agropecuarios en México, 1994-2004 (miles de toneladas)

Producto 1994 2002 2003 2004

Maíz

Producción 18 235 19 297 20 701 22 019

Importación 2 261 5 497 5 764 2 842

Consumo aparente 20 463 24 630 25 606 22 643

Importación/consumo (%) 11.05 22.32 22.51 12.56

Carne en canal1

Producción 3 363 4 548 4 695 4 818

Importación 541 1 179 1 281 647



Leche de bovino2

Producción 7 320 9 658 9 784 9 873

Importación3 4 064 5 114 5 341 6 036



Fuentes: cng (2005) y sagarpa (2008).1 Incluye carne de bovino, porcino y aves.2 Millones de litros.3 Corresponde a leche y productos lácteos en litros equivalentes.

El Plan Chontalpa fue un programa impulsado por la Comisión del Grijalva en los inicios de la década de los sesenta y fue financiado conjuntamente por el gobierno federal y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Su principal objetivo fue promover el desarrollo regional de La Chontalpa, región ubicada en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco, a partir de regular el exceso de humedad de la región e impulsar un proceso de desarrollo agropecuario basado en la tecnología moderna de la Revolución Verde. Mediante este proceso de colonización dirigida, el bid estaba interesado en aprovechar esta experiencia para extenderla hacia otros países de América Latina.

El plan entró en operación en 1965 y en su primera etapa se desmontaron 40 000 hectáreas de selva alta perennifolia con el apoyo de maquinaria pesada y 20 000 hectáreas de selvas secundarias, con la finalidad de establecer terrenos adecuados para la entrada de maquinaria agrícola que permitiera roturar

los suelos desnudos y comenzar la siembra de pastos y cultivos.

Posteriormente se eliminó el agua excedente con la construcción de 1 200 km de drenes que tenían la finalidad de canalizar el agua fuera de los terrenos destinados a los cultivos y potreros.

Las metas de este plan fueron el establecimiento de 19 000 hectáreas de cultivos perennes arbóreos, 11 000 de cultivos perennes herbáceos (pastos), 36 000 de cultivos anuales y 16 000 de cultivos forrajeros. Para ello, y desde la óptica modernizadora de los planificadores de la Comisión del Grijalva y del bid, esto solo era posible si se eliminaba la vegetación presente y se regulaban los excedentes de agua de la zona mediante obras hidráulicas. Las metas agrícolas de este plan fracasaron a los pocos años y la región se convirtió en una cuenca lechera.

Fuente: Tudela (1989).

Recuadro 3.3 El Plan Chontalpa y sus impactos ambientales


prevalece articulada a la estrategia de supervivencia de familias campesinas. El mantenimiento de pequeños ha-tos, manejados de forma extensiva, es un activo económi-co que se utiliza en situaciones inesperadas, como pue-den ser enfermedades, o para adquirir ropa, educación o realizar festejos. En todos los casos, ya sea en la produc-ción de bovinos o de caprinos y ovinos, la inversión de trabajo para el manejo del ganado es mínima, por lo que el libre pastoreo continúa aun cuando el ganado se en-cuentre asociado a potreros.

La ganadería bovina de carne es la forma de uso del suelo más extendida en todo el territorio nacional. Sin embargo, las cifras que se reportan por distintas fuentes son muy variables, ya que el último Censo Agrícola-Ga-nadero se levantó en 1990. La Sagarpa (2007) reporta 109.8 millones de hectáreas, ubicándose 28% en el trópi-co, 23% en la zona templada y 49% en áreas desérticas o semidesérticas. La ganadería cuenta con alrededor de 430 000 unidades de producción altamente competitivas y alrededor de 2.9 millones de unidades de producción pecuaria en traspatio o que practican la ganadería en for-ma extensiva, con muy bajos niveles de tecnificación y precario acceso a los mercados.

3.4 La actividad forestal

El modelo de aprovechamiento forestal en México generó importantes ingresos a las empresas concesionarias pero escasos beneficios a los ejidos y comunidades agrarias, que perdieron el derecho de uso a pesar de que el reparto agrario les había reconocido derechos de propiedad. El sistema de concesiones tampoco desarrolló una producción forestal garantizada a largo plazo; sin embargo, a partir de las movilizaciones de las comunidades y de las reformas institucionales de las últimas décadas, se ha creado un nuevo marco institucional que busca promover el manejo sustentable de los bosques.

Entre 1940 y 1970, el sector forestal sufrió profundas trans-formaciones. Ante las presiones de la industria para obte-ner el abasto de materias primas forestales, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se propu-so modificar el sistema de aprovechamiento hasta enton-ces imperante, basado en el uso doméstico, en el abasto de mercados regionales y en las extracciones discontinuas en condiciones de rentismo forestal. Así, se impulsó la crea-ción de Unidades Industriales de Explotación Forestal,

que otorgaban a concesionarios particulares el derecho a extraer madera de ciertos territorios, sin importar los de-rechos de propiedad de que fueran objeto. Las comunida-des poseedoras de los territorios afectados por las conce-siones recibían el llamado “derecho de monte”. El monto de este pago era fijado unilateralmente por el Departa-mento de Asuntos Agrarios y, además de ser muy bajo, solo se les entregaba 30%. El restante 70% se depositaba en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe), dependien-te de la Secretaría de la Reforma Agraria (Departamento de Asuntos Agrarios), cuya misión era financiar proyec-tos de desarrollo local. No obstante, en muchos casos las comunidades desconocían su derecho a recibir esta renta por el uso de sus bosques y la existencia de ese fondo.

Entre 1941 y 1960 se establecieron concesiones fores-tales en el Distrito Federal y en los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Durango y Chihuahua, que abar-caron cerca de 12 millones de hectáreas (Bray y Merino 2004). A partir de los años setenta el control de las ga-nancias de las empresas concesionarias estaba en manos del gobierno federal (Nacional Financiera) y rara vez se reinvertía en la modernización del parque industrial fo-restal o en el desarrollo de la red de caminos forestales.

No obstante que los contratos de concesión obligaban a los concesionarios a realizar una serie de medidas enca-minadas a la conservación forestal, como llevar a cabo ex-tracciones según planes de manejo, reforestar, proteger los bosques y contar con equipos técnicos responsables de las operaciones en ellos, en los hechos hubo un impor-tante empobrecimiento de las masas forestales. Si bien las empresas concesionarias elaboraron algunos de los primeros planes de manejo en México, y en términos ge-nerales la cobertura forestal se mantuvo en las áreas bajo aprovechamiento, sus intervenciones distaban de regirse por criterios de sustentabilidad. El manejo técnico estaba regido por el abasto a la industria, que al cabo de algunos años de operación resultó sobredimensionada.

Por otra parte, debido a que los sistemas de extracción eran selectivos y a que estos planes no tenían bases ecoló-gicas sólidas sobre las especies que extraían, perdieron do-minancia las especies heliófilas, como las coníferas, la cao-ba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), y se favoreció el establecimiento de especies tolerantes como los encinos (Quercus sp.), de escaso valor en los merca-dos del país.

La imposición de vedas forestales fue otro de los ejes de la política forestal del periodo 1940-1950 y se extendió a 20 estados de la República. En 1958, la superficie veda-da equivalía a 32% de la extensión forestal, pero esta po-


lítica pocas veces cumplió con los objetivos de protec-ción de los bosques que se planteaba, ya que en muchas ocasiones las extracciones forestales en las regiones ve-dadas se mantuvieron e incluso se incrementaron, aun-que de manera clandestina (Merino 2004).

Algunos de los habitantes de las comunidades foresta-les fueron empleados como trabajadores en las operacio-nes de las empresas concesionarias. Obtuvieron así cierta capacitación en la actividad forestal y adquirieron con-ciencia del valor económico de los bosques y de la viabi-lidad de su aprovechamiento como una actividad produc-tiva redituable y estable. Sin embargo, al cabo de los años los efectos de las extracciones y los escasos beneficios lo-cales provocaron un descontento creciente entre las po-blaciones de las regiones concesionadas. Hacia mediados de los años setenta, ejercían cada vez más el derecho a negar autorización a las extracciones que la legislación agraria les confería.

Durante los primeros años de la década de 1970, el Fonafe impulsó actividades forestales secundarias, como el aprovechamiento de las puntas y ramas de los árboles derribados que no utilizaban las industrias, y la explota-ción de especies secundarias como los encinos (para fa-bricar mangos de herramientas) y de especies duras tro-picales para la elaboración de durmientes de ferrocarril. Estas actividades fueron impulsadas en comunidades de distintas regiones, promoviendo y financiando empresas en los núcleos agrarios afectados por las concesiones. En 1975, el Fonafe se transformó en fideicomiso (Fifonafe) y constituyó alrededor de 135 empresas forestales comuni-tarias (efc) bajo un esquema paternalista basado en el control de estas empresas por parte de la burocracia agra-ria (Bray y Merino 2004).

También durante la década de los setenta, el gobierno federal creó la Dirección General de Desarrollo Forestal (dgdf), en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-licos (sarh). La sarh impulsó nuevas experiencias de extracción forestal comunitaria, prestando especial aten-ción al desarrollo de capacidades locales, técnicas de orga-nización y de administración, y concediendo márgenes de autonomía a las comunidades en la gestión de sus empre-sas. Durante esos años, la dgdf concentró su trabajo en las antiguas regiones sujetas a vedas, como parte de la reorientación de la política forestal.

Para 1978, las plantas industriales de las empresas concesionarias operaban en promedio por debajo de 50% de su capacidad instalada y ya no cumplían con el objeti-vo de abastecer la demanda nacional de materia prima forestal. A pesar de operar con creciente ineficiencia y de

la obsolescencia de su equipamiento, la política econó-mica de sustitución de importaciones vigente durante el periodo de la posguerra, basada en un fuerte proteccio-nismo de la producción nacional, les permitió ocupar el mercado nacional casi sin competencia.

La política forestal se reorientó nuevamente, en algu-na medida, como respuesta a las acciones de resistencia y protesta de comunidades forestales, que incluían el combate a las extracciones clandestinas, el paro de traba-jadores en solicitud de mejores condiciones de trabajo, la suspensión del abasto a las empresas y la exigencia del control de los bosques. Se fundaron así las primeras orga-nizaciones forestales regionales de comunidades, cuya expresión más acabada fue la Organización de Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra de Juárez en Oaxaca, que en 1982 logró revocar el decreto presidencial que re-novaba la concesión de los bosques de 19 comunidades.

Así, muchas comunidades de los estados de Durango, Quintana Roo y Oaxaca recuperaron el control de sus bosques durante este periodo y lograron articular sus es-fuerzos impulsando efc dotadas de importantes activos productivos naturales. Gracias a ello desarrollaron capa-cidades de operación y gestión a lo largo del tiempo.

La promulgación en 1986 de una ley forestal que can-celaba definitivamente las concesiones y concedía a las comunidades el derecho a manejar sus bosques repre-sentó la culminación de la primera etapa del proceso de desarrollo del manejo forestal comunitario en México.1

En esa misma década, la política económica del país experimentó drásticas transformaciones. El esquema de proteccionismo económico encaminado a promover el desarrollo de la producción nacional, y basado en una fuerte presencia del Estado en distintas esferas de la eco-nomía, fue sustituido por las políticas de apertura co-mercial y ajuste estructural. Las consecuencias de estos cambios en el sector rural resultaron contundentes. Las empresas paraestatales forestales fueron sustituidas por las efc y por operaciones basadas en el rentismo forestal en bosques comunitarios. El ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt) en 1986, y posteriormente al tlcan en 1992, transformó radicalmente el contexto en que las empresas concesio-

1 Legalmente es necesario que las extracciones de madera se rea-licen con base en estudios sobre las existencias de este recurso en los bosques que se intervienen, y en planes de manejo de los mismos. Los árboles que se extraen deben marcarse y se debe cuidar que los sitios intervenidos no sean muy afectados. Los programas de manejo deben incluir medidas para asegurar la regeneración de los bosques y para protegerlos de los riesgos de plagas e incendios. A estas opera-ciones se les denominan servicios técnicos forestales.


nadas habían operado, y las efc se vieron de repente obli-gadas a competir con los principales productores foresta-les del mundo. La inversión estatal en el campo se redujo drásticamente, se suspendieron los apoyos a las efc y se canceló el acceso a recursos de inversión e infraestructu-ra, necesarios para su consolidación.

Como consecuencia de las fallas de la política secto-rial, los productores forestales mexicanos tuvieron altos costos de producción y una calidad de productos limita-da. En estas condiciones debían competir con producto-res de Canadá, EUA, Indonesia o Chile, que desde hacía décadas contaban con subsidios en distintos rubros de la producción forestal, y cuyas economías forestales eran varias veces mayores que la mexicana.

Durante la administración del presidente Ernesto Ze-dillo (1994-2000), la gestión del sector forestal integró más claramente una perspectiva ambiental con la crea-ción de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Na-turales y Pesca (Semarnap). Se retomaron las políticas de apoyo a este sector y se creó la posibilidad de valorar el

manejo de los bosques por las comunidades desde la pers-pectiva de su conservación. También se crearon nuevos programas para mejorar la calidad del manejo forestal y fortalecer las capacidades comunitarias organizativas y de gestión de los bosques, para el desarrollo de cadenas pro-ductivas, para incentivar las relaciones entre comunidades y para promover la cosecha y el procesamiento de distin-tos productos forestales no maderables. Tal es el caso del Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el Programa de Plantaciones Forestales (Prodeplan) y el Programa de Conservación y Manejo Forestal (Procymaf) (véase el in-ciso 3.10) (recuadro 3.4). Algunos de estos programas tu-vieron un carácter piloto, desarrollaron innovaciones en políticas públicas con efectos positivos y lograron tras-cender a la siguiente administración federal.

Otro aspecto de la gestión de la Semarnap fue el impul-so a la participación social en el diseño y la evaluación de las políticas ambientales. Se fortaleció el Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (Conaf ), en el que partici-pan tanto actores gubernamentales como instituciones

En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo y con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) se diseñaron y entraron en operación tres importantes programas en apoyo a las comunidades forestales, que tuvieron la finalidad de estimular el manejo forestal autorizado e incrementar la producción forestal. Tanto el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) como el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) comenzaron su operación casi simultáneamente en 1997. El Proyecto de Conservación de Tierras Indígenas en México (Coinbio) se diseñó y gestionó en 2000 y entró en operación en 2001.

El Prodefor se estableció con el objeto de crear incentivos para los productores forestales por medio de la asignación de apoyos de carácter temporal para impulsar la productividad de los ecosistemas forestales y el desarrollo de las cadenas productivas forestales. Además, esta política buscó incrementar las superficies bajo aprovechamiento forestal aumentando la producción y productividad mediante la capacitación de productores, promoviendo, entre otras actividades, asistencia técnica, elaboración de programas de manejo, acciones de protección, reforestación, diversificación productiva y aprovechamiento de recursos no maderables,

con el fin de desarrollar y fortalecer las capacidades microempresariales de los beneficiarios organizados, para que formularan y operaran proyectos de negocios rurales.

El Prodefor asumió como contrapartes a ejidos, comunidades y pequeños propietarios, así como a las asociaciones que ellos formaran entre sí, con el fin de garantizar el aprovechamiento sustentable, la transformación y la comercialización de materias primas y productos forestales maderables o no maderables. El programa planteaba dar prioridad a las comunidades que no manejan los recursos de sus bosques pero que son productores potenciales. Posteriormente, también incluyó las comunidades (o pequeños propietarios) que venden madera en pie, así como aquellos que venden materia prima y los que transforman y comercializan productos forestales con cierto valor agregado.

Los recursos financieros del Prodefor estaban integrados por aportaciones provenientes de los tres órdenes de gobierno. El presupuesto lo manejó Nacional Financiera (Bray y Merino 2004). Inicialmente, la inversión federal de Prodefor se condicionó a la existencia de aportaciones de los gobiernos estatales, lo que en algunos estados ocasionó que por varios años el programa no pudiera implementarse. Posteriormente, esta condicionante fue eliminada.

Recuadro 3.4 El Programa de Desarrollo Forestal, el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México y el Proyecto de Conservación de Tierras Indígenas en México


académicas, organizaciones de productores y empresa-rios del sector, así como organizaciones de la sociedad civil. El Conaf es un órgano de asesoría, supervisión, vi-gilancia, evaluación y seguimiento de la aplicación de los criterios de política forestal y de los instrumentos de po-lítica forestal. También se crearon consejos y comités re-gionales, estatales y municipales en los que se buscó que los distintos órdenes de gobierno participaran en la toma de decisiones sobre el sector y pudieran plantear las pro-blemáticas locales.

En la administración del presidente Vicente Fox se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como órgano descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales (Semarnat) para la promoción de la pro-ducción forestal y la protección de los recursos. Las fun-ciones de regulación pasaron a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la propia Semarnat.

La Semarnat adoptó el Plan Nacional Forestal 2000-2025 (pnf), diseñado hacia el final de la gestión de la Se-marnap. Con este plan se buscaba dotar al sector forestal

de un marco de planeación para los siguientes 25 años. La Conafor mantuvo los programas forestales en marcha y comenzó la operación del Programa de Conservación In-dígena de la Biodiversidad (Coinbio), inicialmente adscri-to a Procymaf, que busca crear estrategias y experiencias de conservación comunitaria, basadas en la valoración, el manejo y la gestión locales de la diversidad biológica.

Al principio, la Conafor incrementó de manera muy significativa su presupuesto, al pasar de 400 millones de pesos en 2000 a 1 526 millones en 2002. Sin embargo, en la segunda mitad del sexenio se abandonaron las metas del pnf y, aunque se aumentó el presupuesto (2 020 millones de pesos en 2006), este incremento no se vio reflejado ni en la superficie de manejo forestal ni en la producción maderable. Tampoco se lograron concretar avances en la solución de los problemas estructurales del sector, como la construcción y el mantenimiento de caminos y los as-pectos de comercialización (G-Bosques 2006). Buena par-te de los recursos se invirtió en financiamientos a planta-ciones forestales comerciales, concentradas al principio

El Procymaf contó con recursos del gobierno federal y el Banco Mundial, y comenzó como un proyecto piloto en el estado de Oaxaca dirigido específicamente a desarrollar capital social en comunidades y ejidos. El Procymaf, además de algunos conceptos similares al Prodefor (programas de manejo, asistencia técnica y capacitación), también apoyó estudios de diversificación productiva, como el ecoturismo, establecimiento de uma, embotelladoras de agua de manantial, así como seminarios de intercambio entre comunidades, evaluaciones rurales participativas, estudios de ordenamiento territorial comunitario y de factibilidad.

Tanto el Prodefor como el Procymaf se mantuvieron durante el gobierno del presidente Vicente Fox, insertos en la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El Procymaf entró en su segunda fase conocida como Procymaf II, ahora con el nombre de Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, extendiéndose además a Guerrero, Michoacán, Jalisco, Durango y Quintana Roo. A partir de 2007 forman parte de ProÁrbol.

Por otro lado, el Coinbio surgió por la demanda de proyectos de conservación de la biodiversidad por parte de las comuni-dades forestales oaxaqueñas ante el Global Environment Facility (GEF), del cual se obtuvo una donación de 7.5 millones de dólares en el año 2000 para apoyar iniciativas comunitarias de conservación de la biodiversidad en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. El Coinbio comenzó a operar en 2001

bajo la supervisión del Banco Mundial, la Semarnat y Nacional Financiera (Nafin), y concluirá su primera fase operativa en 2007. Es un proyecto diseñado para atender la demanda de las comunidades de estos tres estados, interesadas en promover actividades de conservación comunitaria en sus núcleos agrarios. En cada estado se ha constituido un comité estatal que integra la representación de las comunidades, el gobierno federal y los gobiernos estatales, los cuales determinan las estrategias de promoción, fomento y evaluación de los proyectos que se presentan en las convocatorias anuales.

El Coinbio ha logrado que se establezcan 173 000 hectáreas de áreas de conservación comunitaria; 150 000 hectáreas de predios con manejo sostenible en 150 comunidades con procesos de organización para la conservación de la biodiversidad, y 81 comunidades con otc. El Coinbio ha demostrado que con el apoyo de recursos económicos, las comunidades y los ejidos tienen la capacidad de promover la conservación de la biodiversidad en sus territorios y por ello este proyecto cobra una gran relevancia dentro de la estrategia nacional de conservación y manejo de la biodiversidad en México. Por la importancia de este proyecto, la Cámara de Diputados asignó 35 millones de pesos al Coinbio en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007.

Fuentes: World Bank (2000) y Coinbio (2005).

Recuadro 3.4 [concluye]


en pocas empresas privadas, dejando al margen a los pe-queños productores, ejidatarios y comunidades indíge-nas, aunque en años posteriores este sector de la pobla-ción tuvo acceso a los recursos del Prodeplan. Mientras tanto, los recursos para programas comunitarios se limi-taron y tuvieron poco crecimiento; más aún, se redujeron, contraviniendo con ello los presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión para el Procymaf y el Coinbio.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (lgdfs), que entró en vigor en 2003, y su reglamento pu-blicado en 2005 sentaron las bases de la actual política forestal nacional. El Plan Nacional Forestal 2000-2006 se proponía hacer énfasis en la integración de cadenas pro-ductivas, en el logro del federalismo de las políticas de fo-mento y gestión de la producción, y en la participación social. Este plan proponía que los silvicultores y los dueños de los recursos forestales del país se convirtieran en el eje para alcanzar el desarrollo forestal sustentable. El cum-plimiento de estas metas hacia el final de dicha gestión federal fue limitado: el volumen y el valor de la produc-ción se redujeron en más de 30%, y ninguna nueva enti-dad federativa tuvo capacidad de gestión forestal. Ade-más, los espacios para la participación de académicos, organismos civiles y productores también se redujeron a una tercera parte del número que tenían durante la exis-tencia de la Semarnap.

La presente administración del presidente Felipe Cal-derón ha puesto en marcha el ProÁrbol, en el cual se in-tegran todos los programas de fomento del sector. El presupuesto de Conafor ascendió a 4 000 millones de pe-sos anuales. El ProÁrbol retomó la intención de impulsar a los productores forestales comunitarios y las metas de elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida de los campesinos de las regiones más pobres del país.

3.4.1 Situación actual de los recursos forestales

Tras siete décadas de vaivenes en la política forestal, la Se-marnat (2006) reporta que la cobertura vegetal total del territorio nacional es de 141 812 627 hectáreas, de las cuales 71 millones corresponden a superficie arbolada (Fig. 3.2). Esta superficie coloca a México en el decimotercer lugar entre los países con mayor extensión forestal.

Las regiones forestales del país están habitadas por al-rededor de 13 millones de personas, muchas de ellas en condiciones de pobreza extrema. Las comunidades están sufriendo rápidos procesos de envejecimiento, dificulta-des de relevo generacional y emigración (Merino y Ortiz 2008).

La tenencia de la tierra forestal en México es mayori-tariamente colectiva. Según los resultados del VIII Censo Ejidal de 2001 (inegi 2001), existen 30 305 ejidos y comu-nidades agrarias en México, de los cuales 8 928 tienen su-perficie de uso común cubierta por bosques o selvas. Se estima que otro 15% de la superficie forestal está en ma-nos de pequeños propietarios y solamente 5% es de pro-piedad gubernamental.

Sin embargo, Merino y Ortiz (2008) sostienen que esta información carece de seguimiento sistemático y suficien-te, y consideran que este conocimiento, de enorme impor-tancia para la política pública sectorial, requiere sistemas de seguimiento regional que integren las distintas fuen-tes pertinentes para la caracterización de la propiedad forestal (el Inventario Nacional Forestal, el Registro Agra-rio Nacional y la información de la Procuraduría Agraria sobre las áreas forestales en conflicto que no se incluyen en el Registro Agrario Nacional). Otra condición carac-terística de la tenencia forestal es la elevada presencia de conflictos agrarios en las comunidades forestales, que en opinión de las propias autoridades comunales y ejidales afectan el bosque en una importante proporción de los casos. El seguimiento y la búsqueda de soluciones para los conflictos agrarios es responsabilidad de la Procura-duría Agraria, pero la información sobre las áreas fores-tales en disputa no se incluye en el Registro Agrario Na-cional. Teniendo en cuenta el peso de las áreas forestales

Figura 3.2 Superficie del país por ecosistemas arbolados. Fuente: Semarnat (2006).

0

5

10

15

20

25

30

35

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Selvassubhúmedas

Selvashúmedas

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Bosquesmesófilos

de montaña

Vegetación primaria Vegetación secundaria


en estas condiciones, Merino y Ortiz (2008) consideran que el porcentaje de la propiedad social forestal es aún mayor que la cifra oficial.

La mayor parte del volumen de madera que se extrae en el país proviene de comunidades que rentan sus dere-chos a terceros (rentistas). Este esquema ha resultado a menudo conflictivo, dado que quienes llevan a cabo ex-tracciones y obtienen la mayor parte de los beneficios no tienen incentivos de largo plazo para la conservación de los bosques, mientras que los propietarios de los recur-sos reciben beneficios escasos y tienen poco control de los procesos de extracción y de sus efectos en los bosques. De allí que en muchos casos el rentismo forestal se haya asociado al deterioro de los recursos, a escasos beneficios comunitarios y a experiencias de abuso de los comprado-res hacia las comunidades o de las autoridades comunales a expensas del bien común, generalmente en condiciones de pérdidas de capital natural (Merino y Ortiz 2008).

El 70% de la producción maderable se concentra en cuatro entidades: Durango (26.6%), Chihuahua (21.3%), Michoacán (15.6%) y Oaxaca (6.9%), pero no se cuenta con información precisa y confiable sobre el número de autorizaciones para la extracción de madera.

Merino y Ortiz (2008) analizan la evolución de la pro-ducción forestal y mencionan que durante la década 1995-2005 la producción forestal nacional presentó dos patrones de comportamiento contrastantes: entre 1995 y 2000 se incrementó casi 49% [pasando de 6.3 a 9.4 millo-

nes de metros cúbicos en rollo (m3r)]; cinco años des-pués, en 2005, el volumen de la producción descendió prácticamente al de 1995, con una reducción de 33% del volumen que había alcanzado en 2000 (Fig. 3.3). Durante ese periodo, la producción de celulósicos disminuyó 75%; el de productos de aserrío –a la que corresponde la mayor parte del volumen de extracción– 27%, y el de tableros 23% (Merino y Ortiz 2008). Si bien la caída de la produc-ción sucede durante 2001 a 2005, cabe notar que la mayor disminución se presenta entre 2001 y 2002, años en que dejan de producirse 2.7 millones de m3r, es decir, más de 28%. Este periodo coincide con el cambio de administra-ción federal y con la reorientación de la política ambien-tal y forestal, tanto en el ámbito de la gestión de autoriza-ciones forestales, que durante esos años se tornó más compleja y dispersa, como en el de fomento del sector.

No deja de resultar paradójico que la contracción de la producción forestal ocurriera simultáneamente con un fuerte incremento de la demanda nacional de productos forestales, lo que representó una ventana de oportunidad para el desarrollo sectorial de la que los productores nacio-nales no han podido beneficiarse. En el año 2000, el con-sumo aparente de productos forestales era de 16.3 millo-nes de m3r y en 2005 había pasado a 21.7 millones de m3r (en 2003 alcanzó un máximo de 27.5 millones de m3r) (Fig. 3.3). En consecuencia, el déficit de la balanza comer-cial se ha incrementado constantemente, tanto en térmi-nos de su valor (en dólares) como de su volumen. En

Mill

ones

de

met

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os e

n ro

llo

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050

5

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15

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25

30

6.3 6.87.7

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8.1

16.7

6.7

26.7

7

27.5

6.7

22.1

6.4

21.7

Consumo aparenteProducción nacional

Figura 3.3 Volumen de la producción forestal nacional entre 1995 y 2005. Fuente: Merino y Ortiz (2008), con base en el Anuario estadístico de la producción forestal, 1995-2000 y 2000-2005.


2000, el déficit entre el consumo aparente y la produc-ción nacional era ya de 42.33%, y en 2005 la producción nacional abastecía apenas 29.49% de este consumo; es de-cir, el déficit (en términos de volumen de producción) se incrementó 167% durante esos cinco años (Merino y Or-tiz 2008).

El valor del déficit de la balanza forestal también as-cendió, en una medida mayor a la del déficit del volumen de madera, a pesar de la estabilidad monetaria general durante el periodo en cuestión. Entre 2000 y 2005, el peso mexicano perdió alrededor de 10% de su valor frente al dólar norteamericano, mientras que el valor del déficit forestal del país pasó de 1 861 millones a 4 620 millones de dólares, lo que equivale a un incremento porcentual de 222% (Fig. 3.4). Estos datos indican que, junto a la impor-tante disminución de la producción de materia prima y de superficie bajo manejo, se presentó también una disminu-ción aún mayor de la capacidad de los productores mexi-canos para generar valor agregado (Merino y Ortiz 2008).

En 2005 la mayor parte del valor del déficit (casi 65%) correspondía a los productos de papel, cuyo déficit en los cinco años de referencia experimentó un incremento de 182%; no obstante, fue el valor del déficit de los productos maderables el que aumentó de forma más abrupta, al pa-sar de 264 millones de dólares en el año 2000 a 922 millo-nes en 2005, lo que equivale a un incremento de 248% (cuadro 3.3).

Otro dato relevante en la caracterización del comporta-miento del sector son las marcadas diferencias entre la capacidad instalada de la industria forestal que registra Se-marnat y la capacidad utilizada. Según esta fuente, la capa-cidad instalada para el conjunto del país es de casi 25 mi-llones de m3r, mientras que el volumen producido en 2005 era de alrededor de 6.4 millones de m3r, lo que im-plica un uso de apenas 25.78% de la capacidad instalada (Merino y Ortiz 2008). Este déficit resulta aún más pro-nunciado en los estados de Chihuahua, Michoacán y Pue-bla, donde el uso de la capacidad instalada es de apenas 15, 16 y 20%, respectivamente. Esta información es par-cialmente válida dadas las restricciones de la normativi-dad forestal para dar de baja infraestructura industrial una vez registrada, por lo que en la información sobre la capacidad instalada se incluye tanto la industria en ope-ración como aquella que en la actualidad resulta inope-rante y obsoleta. La modificación de la normatividad y la actualización de la información sobre la industria fores-tal son otros de los elementos fundamentales para la pla-neación de la política sectorial y el financiamiento del desarrollo de la industria forestal, que enfrenta impor-tantes necesidades que la información actual oculta y distorsiona (Merino y Ortiz 2008).

La participación del sector forestal en el pib del país muestra una tendencia similar a las que se han descrito: en 2000, el pib forestal representaba 1.64% del pib nacio-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

−6 000

−4 000

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2 000

4 000

6 000

8 000

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Exportaciones Importaciones Saldo

Figura 3.4 Balanza forestal comercial. Fuente: Merino y Ortiz (2008).


nal y en 2005, 1.39%. Por otra parte, al considerar la com-posición del pib forestal, encontramos que el valor de la producción de editoriales e imprentas –que se incluyen en las estadísticas económicas como parte del subsector forestal de la economía– representaba en 2005 poco más de 55% de la contribución forestal al pib. La rama de “in-dustria de la madera y productos de madera” participaba con 30% y la de silvicultura con 14%. El valor de la produc-ción de las tres ramas mostró a lo largo del periodo que nos ocupa una constante tendencia a la baja (cuadro 3.4).

El comportamiento sectorial descrito corresponde a pérdidas importantes de capacidades productivas fores-tales. La precaria producción y productividad forestales mexicanas contrastan con las de algunos de sus socios comerciales más importantes. Es así que el volumen de la producción forestal de Estados Unidos, cuya superficie forestal es cuatro veces mayor que la mexicana, es 50 ve-ces más elevado y proviene en su mayoría de bosques naturales, mientras que el volumen de la producción de

Chile, con un territorio forestal cuatro veces menor que el de México, es tres veces mayor (Merino y Ortiz 2008).

Los principales consumidores de madera aserrada en el país son las empresas muebleras, las empresas de la construcción, las que elaboran productos de obra blanca (puertas, cocinas integrales, clósets, lambrines, duelas, canceles), las productoras de cajas o tarimas de madera y las carpinterías. Durante el periodo 2000-2005, la made-ra importada penetró agresivamente los segmentos más dinámicos del mercado nacional: la producción de mue-bles y de tarimas. En la actualidad, los compradores no están dispuestos a pagar mayores precios por los produc-tos mexicanos, a pesar de reconocer la mejor calidad na-tural de gran parte de la madera que se produce en el país. La producción nacional se mantiene como fuente de abasto principal del mercado de la construcción y de las carpinterías (Merino y Ortiz 2008).

El volumen de las extracciones forestales que se reali-zan en el país es significativamente mayor que el registra-

Cuadro 3.3 Balanza comercial de productos forestales (miles de dólares)

Productos maderables Productos celulósicos

Año Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo

2000 152 029 416 811 −264 782 11 122 552 557 −541 435

2001 110 440 482 129 −371 689 3 277 484 799 −481 522

2002 89 704 562 510 −472 806 4 309 542 641 −538 332

2003 331 981 989 536 −657 555 24 798 591 935 −567 137

2004 383 606 1 177 058 −793 452 26 074 714 324 −688 250

2005 406 572 1 329 199 −922 627 25 219 742 548 −717 329

Fuente: Merino y Ortiz (2008), con base en el Anuario estadístico de la producción forestal, 2000-2005.

Cuadro 3.4 Composición del pib forestal

Año

Subsector

TotalSilviculturaIndustria y productos

de la maderaProducción de papel

para impresión

2000 3 870 8 343 14 050 26 263

2001 3 645 7 785 13 440 24 870

2002 3 419 7 403 13 193 24 015

2003 3 472 7 242 13 056 23 770

2004 3 668 7 402 13 438 24 508

2005 3 500 7 431 13 564 24 495

Fuente: Merino y Ortiz (2008).


do por la Semarnat, encargada de emitir las autorizacio-nes de extracción, ya que las extracciones ilegales tienen un peso muy importante. Aunque no existen datos pre-cisos sobre su monto, la Procuraduría Federal de Protec-ción al Ambiente (Profepa) estimaba en 2006 que su vo-lumen ascendía –al menos– a 50% de las extracciones autorizadas por la autoridad ambiental. Una vez que la madera es procesada industrialmente se convierte en le-gal si la industria correspondiente cuenta con registro de la Semarnat. No existe un mecanismo dotado de credibi-lidad que permita a los consumidores intermedios o fina-les saber si los productos que adquieren provienen de fuentes de abasto legal o no (Merino y Ortiz 2008).

Es importante también hacer referencia a que la made-ra aprovechada por las comunidades locales para usos domésticos, para la construcción y como combustible (leña) no está contabilizada ni en la estadística de pro-ducción ni en las de demanda. Merino y Ortiz (2008) sugieren que puede llegar a ser de alrededor de 10 millo-nes de m3 anuales. De esta manera, se puede pensar que entre madera documentada y no documentada se tiene una producción de 30 millones de m3 anuales.

El grado de organización de las comunidades y los eji-dos forestales es muy desigual: desde las que tienen un alto nivel de integración industrial y comercial, que con-trolan los servicios técnicos e influyen en las decisiones de

las políticas públicas nacionales, como el caso de San Juan Nuevo en Michoacán, hasta las que ceden sus derechos a terceros a cambio del pago de una renta. Hoy día se estima que existen más de 200 organizaciones de productores forestales en todo el país, incluyendo estados con poten-cial forestal reducido como Morelos (cuadro 3.5).

3.5 Aprovechamiento de los productos forestales no maderables

El aprovechamiento de los productos forestales no maderables carece de planes y estrategias guberna-mentales de fomento y tiene una regulación poco clara y dispersa que alienta las extracciones ilegales.

El concepto de producto forestal no maderable (pfnm) que se emplea en este texto se refiere a aquellos materia-les de origen vegetal que se obtienen de los ecosistemas forestales y sistemas agroforestales, excluyendo la made-ra para aserrío, tales como plantas completas o sus par-tes, como frutos, hojas, cortezas, raíces, fibras, semillas, exudados; otros organismos como hongos, u otros com-ponentes del ecosistema, como el suelo.2

Las estimaciones del número de pfnm que se utilizan en México van de 1 000 (Tejeda et al. 1998) a 2 000 pro-ductos (fao 1995), los cuales pueden provenir de 5 000 a 7 000 especies.

Bye et al. (1993) y Tejeda et al. (1998) hacen un re-cuento de las diversas especies y sus principales usos en las distintas regiones ecológicas del país: templada, tro-pical y árida/semiárida (cuadro 3.6).

3.5.1 Usos

Entre la población rural de México, particularmente la indígena, existe una amplia tradición en el empleo de pfnm como parte de una estrategia de uso de los recur-sos naturales basada en la observación y experimenta-ción a largo plazo (Toledo et al. 1978). La recolección en los ecosistemas naturales forma parte del sistema pro-ductivo diversificado a partir del cual muchas comunida-des rurales satisfacen sus necesidades de alimentación, medicinas, fibras, tintes, entre otros productos.

Cuadro 3.5 Principales organizaciones forestales regionales en México

Organización Estado

Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (Uzachi)

Oaxaca

Unión de Comunidades Ixtlán Etla (Ixeto) Oaxaca

Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de Oaxaca (Ucefo)

Oaxaca

Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez (Ucosij)

Oaxaca

Unión de Ejidos Chignahuapan Puebla

Unión de Ejidos de la Costa Grande Guerrero

Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana Guerrero

Unión de Ejidos y Comunidades Forestales y Agropecuarias Emiliano Zapata

Durango

Unión de Ejidos El Salto Durango

Sociedad de Ejidos Productores Forestales de Quintana Roo

Quintana Roo

Organización de Ejidos Forestales de la Zona Maya Quintana Roo

Fideicomiso Forestal Chihuahua Chihuahua

2 La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Segob 2005) define como recurso forestal no maderable: “La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y son susceptibles de aprove-chamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales”.


Zona del país Nombre común Nombre científico Usos principales

Templada

Especies de encino Quercus spp. Leña y carbón

Diversos hongosEspecies de los géneros Amanita, Tricholoma, Morchella, Cantharellus, Lactarius y Boletus

Comestible

Tierra de monte Jardinería

Hoja de laurel Litsea glaucescens Condimento

Resina de pino Pinus spp. Producción de aguarrás y brea

Piñón Pinus spp. Alimenticio

Varios tipos de musgoEspecies de los géneros Thuidium, Hypnum y Polytrichum, entre otros

Adornos de Navidad

HenoGéneros Tillandsia, Bryum, Morinia y Braunia, entre otros

Adornos de Navidad

Doradilla Selaginella lepidophylla Medicinal

Raíz de zacatón Muhlenbergia macroura Fibra

Nopales Opuntia spp. Comestible y forraje

Flor de manita Chiranthodendron pentadactylon Medicinal

Tropical

Palma camedor Chamaedorea spp. Follaje ornamental

Palma guano Sabal spp. Construcción de techos rústicos

Látex de chicle Manilkara zapota Goma de mascar

Pimienta gorda Pimenta dioica Condimento

Mamey Pouteria sapota Comestible

Barbasco Dioscorea composita Medicinal

Pita Aechmea magdalenae Fibra

Cuachalalate Amphipterygium adstringens Medicinal

Colorín Erythrina spp.Flor comestible; semillas y madera para artesanías

Guajes Leucaena spp. Comestible

Palma de sombreroBrahea dulcis, Brahea spp., otras especies de palmas

Producción de canastos, petates, sombreros, juguetes, entre otros

Magueyes Agave potatorum, A. cupreata, A. angustifolia y otras

Elaboración de mezcal y fibras

Jícaras Crescentia cujete Producción de utensilios y artesanías

Resina de copal Bursera bipinnata, Bursera spp. Incienso

Madera de copalillo Bursera glabrifolia, Bursera spp. Artesanía: figuras talladas

Árida y semiárida

Candelilla Euphorbia antisyphilliticaCera para una variedad de productos: cosméticos, electrónicos, confites, entre otros

Gobernadora Larrea tridentata Medicinal

Lechugilla Agave lechuguilla Fibra

Jojoba Simmondsia chinensis Cera para uso cosmético

Orégano Lippia graveolens Condimento

Varias especies de yuca, como la palmilla

Yucca schidiger, Yucca spp. Alimento

Cuadro 3.6 Principales especies utilizadas como productos forestales no maderables en México


Su venta complementa el ingreso, lo que es clave en ciertas épocas del año y permite asumir gastos extra, como los escolares o médicos. Estas percepciones suelen consti-tuir la única fuente de ingreso de mujeres y ancianos. Los pfnm también son importantes en relación con la identi-dad, los mitos y las prácticas religiosas. Algunos recursos no maderables o prácticas alrededor de éstos se mantie-nen por el sentido de lugar e identidad cultural y por los lazos que implican con la tierra y los sistemas de manejo.

3.5.2 Información

En general existe poca información sistematizada y con-fiable sobre la diversidad de usos, los volúmenes extraí-dos, los procesos de recolección y producción, y la co-mercialización de los pfnm. Las estadísticas oficiales en su mayoría solo registran los productos que se industria-lizan (Fig. 3.5).3

Además, es frecuente que los volúmenes de produc-ción registrados en los inventarios no coincidan con el total asentado, ya que no incluyen ni el autoconsumo ni las especies aprovechadas comercialmente sin permisos o avisos oficiales. Lo anterior, aunado a la irregularidad y variabilidad de la producción y de los mercados, ocasio-na un vacío de información y limita la posibilidad de re-conocer el papel de estos productos en el desarrollo de comunidades rurales y de establecer planes y estrategias de intervención adecuados.

Es común que los pequeños productores carezcan de información sobre costos de producción y sobre la de-manda del mercado final, que es necesaria para realizar

negociaciones justas con acaparadores y compradores. Los usuarios finales tampoco conocen las condiciones de pro-ducción y orígenes de muchos pfnm, lo que impide reco-nocer y dar valores justos a los pfnm por su importancia social y ambiental. Un problema adicional lo constituye la presión del mercado y las condiciones de intermedia-rismo. En la mayoría de los casos, los extractores y pro-ductores son quienes reciben el porcentaje más reducido sobre el precio final de su producto o materia prima.

3.5.3 Regulación

La regulación de la extracción de los pfnm es competen-cia directa de dos leyes federales: la Ley General de Vida Silvestre (lgvs) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como de 11 normas oficiales mexicanas (NOM) (cuadro 3.7). Indirectamente, la lgeepa plantea modalidades particulares para los aprovechamientos de pfnm en bosques tropicales, en áreas protegidas o para las especies en peligro de extinción, amenazadas, raras o con protección especial que se encuentran bajo la norma (NOM-059-SEMARNAT-2001). Existen también normas oficiales mexicanas que de manera indirecta inciden en la regulación de pfnm, como las de bebidas alcohólicas preparadas a partir de agaves silvestres (derivadas de los decretos de Denominación de Origen, establecidos por la Secretaría de Economía) o para las plantas medicinales (acuerdos oficiales de la Secretaría de Salud).

Los artículos 12 y 16 de la lgdfs establecen la atribu-ción de la Semarnat para otorgar autorizaciones y recibir los avisos para el aprovechamiento de pfnm; los artícu-los 97 de la lgdfs y 53 de su reglamento establecen que se requerirá un aviso por escrito para la extracción legal de pfnm. El artículo 55 del reglamento de la lgdfs es-tablece que se exigirá la presentación de un Programa de Manejo Forestal Simplificado y su autorización por la

Cuadro 3.6 [concluye]

Árida y semiárida[concluye]

Mezquite Prosopis juliflora Combustible, forraje, medicinal

Damiana Turnera difussa Medicinal

Sotol Dasylyrion spp. Elaboración de bebida

Magueyes Agave potatorum, A. cupreata y otras Elaboración de mezcal

CactusGéneros Mamillaria, Pereskiopsis, Hylocereus y Lophophora, entre otros.

Cactáceas de ornato

Menta poleo Mentha pulegium Medicinal

Zona del país Nombre común Nombre científico Usos principales

3 Actualmente, los Censos de Producción del inegi y los Anua-rios de Producción Forestal de la Semarnat recogen e integran la in-formación de los estados sobre los volúmenes de pfnm extraídos a partir de los permisos de aprovechamiento, con base en precios, es-pecies y partes empleadas.


Cuadro 3.7 Normas Oficiales Mexicanas para productos forestales no maderables

Producto Número de NOM Descripción

Resinas NOM-002-RECNAT Relativa al aprovechamiento, transporte y almacenamiento de resinas.

Tierra de monte NOM-003-RECNAT-19961 Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte.

Raíces y rizomas NOM-004-RECNAT-19962 Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de raíces y rizomas de vegetación forestal.

Corteza, tallos y plantas completas

NOM-005-RECNAT-1997Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal.

Hojas de palma NOM-006-RECNAT-1997Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma.

Ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas

NOM-007-RECNAT-1997Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas.

Cogollos NOM-008-RECNAT-1996Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de cogollos.

Látex y exudados NOM-009-RECNAT-1996Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex y otros exudados de vegetación forestal.

Hongos NOM-010-RECNAT-1996Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos.

Musgo, heno y doradilla NOM-011-RECNAT-1996Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y doradilla.

Leña NOM-012-RECNAT-1996Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para uso doméstico.

Candelilla NOM-018-RECNAT-1999Procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y administrativas para realizar el aprovechamiento sostenible de la hierba de candelilla, así como el transporte y almacenamiento del cerote.

Resina de pino NOM-026-SEMARNAT-2005Establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar el aporvechamiento comercial de resina de pino.

1 También designada como NOM-027-SEMARNAP-1996.2 También designada como NOM-028-SEMARNAP-1995.Fuente: De la Peña e Illsley (2007) y Semarnat (2008).

Figura 3.5 Volumen y valor de la producción nacional de productos no maderables, 1995-2003 Fuente: Semarnat (2003).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

0

10

20

30

40

50Valor Toneladas

Valo

r de

los

(mill

ones

de

dóla

res 2

000 =

100

)

(t

onel

adas

)


Semarnat cuando se trate de tierra de monte, tallos de las especies del género Yucca, plantas completas de las fami-lias Agavaceae, Cactaceae, Cyathaceae, Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Zamiaceae, así como otros casos determinados expresamente en las NOM. Si se trata de especies de las familias Cactaceae, Cyathaceae, Dicksoniaceae, Orchidaceae y Zamiaceae hay además re-querimientos de información básica sobre la biología, de-mografía y tasas de extracción de la especie en cuestión.

El aprovechamiento de especies no maderables en esta-tus especial es competencia de la lgvs. En su artículo 39 establece que para realizar el aprovechamiento de especies en estatus de protección se deberá solicitar el registro de los predios o instalaciones como Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (uma), así como ela-borar un plan de manejo para la especie, avalado por una persona física o moral especializada. En caso de ser en un área natural protegida, antes de autorizar la uma se de-berá obtener la opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Si la extracción se realiza en un ecosistema de selva húmeda, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (lgeepa) establece la necesidad de contar con una manifestación de impacto ambiental. En el artículo 5, apartado núm. I del reglamento de la lgeepa se señala la obligación de elabo-rar y presentar una manifestación de impacto ambiental para el aprovechamiento de especies que se encuentran en estatus de protección, y en el apartado núm. II se establece que es necesario “para cualquier recurso forestal madera-ble o no maderable en selvas tropicales, con excepción del que realicen las comunidades asentadas en dichos ecosis-temas... y tenga como propósito el autoconsumo familiar”.

Los frecuentes cambios en la normatividad oficial han llevado a comunidades y prestadores de servicios a inver-tir esfuerzos en procesos que al final resultan obsoletos. Además, suelen existir traslapes, falta de congruencia y articulación, y hasta contradicciones entre estas diferentes leyes. La sobrerregulación, los altos costos de su aplica-ción y la falta de claridad vuelven económicamente invia-bles los aprovechamientos (recuadro 3.5), y han sido facto-res determinantes para que sigan las extracciones ilegales en las comunidades que han buscado legalizar sus aprove-chamientos (Illsley et al. 2005; Marshall et al. 2006).

3.5.4 Impactos

La extracción incorrecta de un recurso no maderable pue-de poner en riesgo la supervivencia de su población, sobre todo cuando se incrementa su demanda. Por ello es indis-

pensable conocer la biología de las especies para establecer un programa de manejo. Desafortunadamente, existe una falta de información biológica básica sobre las especies que se utilizan o que tienen potencial de aprovechamiento y la que existe no se aplica, debido a la desvinculación en-tre gobierno, académicos, productores y consumidores.

Otro problema es la sustitución de materias primas ob-tenidas de los pfnm por materiales sintéticos, como el caso de la diosgenina que se obtenía del barbasco (Dioscorea composita), el extracto de vainilla (Vanilla planifolia), el látex o hule del guayule (Parthenium argentatum), o de varios colorantes como el del palo de tinta (Haematoxylon campechianum) o el palo de mora (Maclura tinctoria) sustituidos por anilinas. Cuando esto ocurre se acaba la demanda del mercado y con ello el valor del pfnm. El productor pierde su ingreso y con ello el interés en man-

Recuadro 3.5 Sobrerregulación en algunos productos forestales no maderables

Fabrice Edouard • Silvia Purata

Para obtener un permiso para la extracción y exportación de hongos silvestres en la Sierra Norte de Oaxaca se requiere:

• Elaborar un plan de manejo y aviso de aprovechamiento para las especies que no se encuentran protegidas (Amanita y Lactarius).

• Presentar una manifestación de impacto ambiental (mia) para las especies protegidas (Boletus, Cantharellus y Tricholoma).

• Establecer una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (uma) para las especies protegidas.

• Establecer un reglamento interno ejidal o comunal para el aprovechamiento (lo marca la lgvs).

• Obtener un permiso fitosanitario para las especies que se exportan.

• Realizar un monitoreo de la producción para cumplir con la uma y la mia.

• Realizar reportes cada seis meses para informar sobre las cantidades aprovechadas, mediante el aviso de aprovechamiento y de la uma.

Estos requisitos se tramitan en diferentes dependencias, entre ellas: direcciones generales de Gestión Forestal y Suelos, de Vida Silvestre, de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).


tener el hábitat de estas especies, el cual se modifica para otras actividades productivas con los consecuentes im-pactos ambientales y sociales.

Otra de las consecuencias del incremento en la deman-da de los pfnm es la sustitución de la forma tradicional de recolección, que por lo general implica el manteni-miento del hábitat natural, por el cultivo. La domestica-ción de los pfnm tiene también consecuencias sobre la especie. En algunos casos, la propagación controlada y el interés económico han permitido rescatar especies ame-nazadas, como por ejemplo la pita o la vainilla, cuyas po-blaciones naturales eran cada vez más reducidas. En con-traparte, una excesiva selección de los caracteres más prometedores, desde el punto de vista de los rendimien-tos, ha disminuido la diversidad genética y la resistencia a enfermedades naturales. En materia de regulación de estos procesos de domesticación, persisten aún muchas lagunas en el marco normativo mexicano.

Entre las especies que han sido sujetas a procesos de domesticación se encuentran las palmas camedor (Cha-maedorea spp.), cultivadas en los estados de Veracruz, Hi-dalgo, Oaxaca y San Luis Potosí; la vainilla (Vanilla plani-folia), desarrollada en plantaciones en Veracruz, Oaxa ca y Chiapas; los magueyes (varias especies de Agave), cultiva-dos en diferentes estados del sur y centro del país; la pita (Aechmea magdalenae), domesticada en Oaxaca, Veracruz y Chiapas (véase el capítulo 18 del volumen I).

3.6 La actividad pesquera

Esta actividad empezó a tener importancia económica y social en el país en los años cuarenta. Paulatinamente se fue transformando de una pesca extranjera a una realizada por mexicanos y se dio prioridad al mercado nacional. El auge productivo de la pesca con alta intervención del Estado ocurrió entre la década de los sesenta y de los ochenta, con altos costos en términos de la sustentabilidad de las pesquerías, lo que llevó a un posterior estancamiento y abatimiento para muchas pesquerías en la actualidad.

3.6.1 Tendencias

La pesca en México tuvo un periodo de crecimiento muy acelerado entre 1940 y 1980, en el que se pueden distin-guir dos etapas (Fig. 3.6). La primera entre 1940 y 1960, cuando las capturas pesqueras casi se triplicaron. Con un crecimiento promedio anual de 9.6%, pasaron de casi 70 000 a 206 370 toneladas. En esta etapa dominaron las pesquerías de exportación, particularmente las de túni-dos y camarón, que en 1950 llegaron a constituir 68.8%. Las capturas de túnidos fueron realizadas prácticamente en su totalidad por embarcaciones extranjeras, en pro-porciones que van de 91 a 99% según el año.

0

300 000

600 000

900 000

1 200 000

1 500 000

Cap

tura

(ton

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as)

Otras

Camarón (captura y cultivo)

Túnidos

Anchoveta

Pelágicos menores (sardinas y anchoveta)

Total

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Figura 3.6 Producción pesquera nacional, 1940-2000. Principales pesquerías. Fuente: Conapesca (2003).


En la segunda etapa, entre 1960 y1980, las capturas tuvieron un mayor dinamismo y casi se quintuplicaron. El crecimiento promedio anual fue de 19.7%, lo que per-mitió llegar a 1 058 556 toneladas. En este lapso se declaró la Zona Económica Exclusiva y se confirmó la conduc-ción de la pesca mexicana por las embarcaciones naciona-les y su incorporación total a la dinámica de la economía nacional. Se creó en los años setenta el Departamento de Pesca y el Instituto Nacional de Pesca (inp). Las investi-gaciones en esa época ya daban indicios de sobreexplota-ción en la pesquería del camarón (Lluch-Belda 1974).

Las pesquerías de pelágicos menores, anchoveta y sar-dina, pasaron de 23 327 toneladas en 1960 a 535 159 en 1980 y aportaron 50.5% de la captura total debido a la creciente demanda de alimentos balanceados para la ga-nadería que se encontraba en franca expansión.

La pesca para consumo humano directo nacional pro-venía principalmente de las pesquerías artesanales y de la flota paraestatal.

Por otro lado, la pesquería de túnidos tuvo la produc-ción más baja de toda la historia, llegando al orden de las 13 000 toneladas en los años 1971 y 1972. En la década de los setenta regresó a los niveles de producción de los años cuarenta, lo que coincidió con la disminución de embar-caciones extranjeras y el incremento de las nacionales.

A su vez, en los años setenta, las cooperativas pesqueras tuvieron la exclusividad del recurso del camarón (hasta 1992) y contaron con apoyos financieros oficiales impor-tantes, lo que llevó a un crecimiento en el número de pes-cadores, de embarcaciones y de artes de pesca, así como en poder de pesca y capacitación en nuevos métodos de captura. Con ello la pesquería creció hasta 50 000 tonela-das anuales. En ese periodo se fundó el Sistema de Educa-ción Tecnológico Pesquero, mismo que coadyuvó al creci-miento y modernización de las pesquerías.

En el periodo de 1980 a 2003, a diferencia del periodo anterior, el crecimiento fue muy lento, solo de 1.3% anual, pasando de 1 058 556 toneladas en 1980 a 1 377 902 en 2003 (Fig. 3.6), a pesar del aumento en la inversión, ocurrida particularmente en la pesca de túnidos.

Las variaciones constantes del periodo fueron deter-minadas por la alta inestabilidad de las pesquerías de sar-dina y anchoveta, que tuvieron marcadas depresiones en los años 1983 y 1993, con caídas de 27.7 y 66.8%, respec-tivamente, tomando como base la producción de 1980. Estas bajas se compensaron con el alza de la producción de túnidos y de las pesquerías artesanales, entre otras.

Las pesquerías continentales alcanzaron una captura, basada en especies exóticas, de 133 737 toneladas en 2003

(45.27% de tilapia y 16.28% de carpa). La composición de la captura ha permanecido más o menos igual desde fina-les de los setenta, aunque se han registrado en algunas especies cambios significativos por el abatimiento de las pesquerías, en particular las especies nativas de bagres y aterínidos. Por ejemplo, la caída de casi 90% en la captura de charal (familia Atherinopsidae), que comprende varias especies endémicas de valor cultural y biológico (Conapes-ca 2003), y el abatimiento del pescado blanco en el lago de Pátzcuaro, donde en 1988 se capturaron 2 500 tonela-das, mientras que hoy día solo se capturan alrededor de 100 toneladas. En las aguas dulces, la contaminación, la deforestación en las márgenes de los cuerpos de agua, el represamiento excesivo de aguas, la eutroficación, la in-troducción de especies exóticas con fines de cultivo y de especies invasoras, así como la pobre o nula administra-ción pesquera, se cuentan entre los factores que determi-nan la captura y pérdida de biodiversidad de especies na-tivas (Gaspar-Dillanes et al. 2000; Fernández et al. 2000; Álvarez-Torres et al. 2002).

A su vez, en este periodo (1983-2003) la producción de la acuacultura en conjunto creció 90.5%. Sin embargo, la acuacultura de agua dulce y la marina se comportaron de manera opuesta. Por un lado, la de agua dulce descendió entre 1990 y 2003 en 30 000 toneladas (de 130 143 a 102 979, un promedio de 2 000 toneladas menos por año) (Fig. 3.7); particularmente disminuyó la producción de carpa, tila-pia, lobina y charal. La única especie continental con au-mento de producción fue la trucha. En cuanto a la acua-cultura marina, la producción del cultivo de camarón aumentó en 760%. Solo los aumentos de esta especie y los del ostión mantienen un crecimiento positivo en las ci-fras oficiales de acuacultura.

3.6.2 Distribución de las pesquerías

La composición de las capturas marinas varía notable-mente de región a región (cuadro 3.8). Por litoral y espe-cie, observamos que el Océano Pacífico concentra un mayor volumen de capturas, destacando las de sardina y atún, principalmente en la Región I (Golfo de California y Pacifico Noroccidental), mismas que en el Golfo de Méxi-co y en el Mar Caribe no tienen participación significati-va. El camarón contribuye en una proporción muy simi-lar a las capturas tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México y Mar Caribe.


3.6.3 Situación de la flota pesquera nacional

Mientras que el número de las embarcaciones pequeñas y medianas de las pesquerías artesanales y semiindustria-lizadas creció en más de 500% entre 1970 y 2003, al pasar de 17 000 a 103 000, y se distribuyen en todos los litorales del país (Fig. 3.8), las embarcaciones industriales disminu-

yeron desde principios de los ochenta, excepto para el caso de los atuneros, aunque los cambios tecnológicos han au-mentado su capacidad de pesca (Fernández et al. 2000).

La flota de las pesquerías industriales mexicanas se dis-tribuye desigualmente. Alrededor de 60% de los 2 409 bar-cos camaroneros de arrastre, 74% de los 131 buques de red de cerco y palangre para atún y de los 96 barcos con red de cerco dedicados a la sardina operan en el Golfo de California frente a las costas de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. En el Golfo de México, la flota más industrializada corres-ponde a los barcos camaroneros de arrastre, que se con-centran en Campeche y Tamaulipas.

3.6.4 Aspectos económicos relevantes de la pesca

La producción pesquera representa solo 0.35% del pib nacional (Fig. 3.9). Si prevalece la situación actual de am-plia sobreexplotación, de falta de desarrollo e innovación tecnológica, de alta dependencia de los apoyos y subsi-dios gubernamentales, y aun cuando el pib pesquero cre-ció 7% anual de 1999 a 2004, puede esperarse que la con-tribución de la pesca a la economía nacional disminuya todavía más con el tiempo.

Sin embargo, la pesca tiene una gran importancia local en algunas regiones del país como Sinaloa y Sonora, ya que comprende cerca de 4 y 2.3% de su producto bruto estatal, respectivamente, y constituye una actividad fun-damental de la economía local de muchas comunidades

Tone

lada

s

2000 20031995199019851980

Total

Acuacultura sin camarón

Camarón

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Figura 3.7 Evolución de la producción incluida en el rubro de acuacultura (en su mayor parte, pesca de agua dulce). Fuente: Anuarios estadísticos de pesca en México de 1985 a 2000 [Conapesca (2001); Anuario Conapesca (2003)].

Cuadro 3.8 Composición porcentual de la captura para las cuatro regiones marinas

Pesquería Región I Región II

Sardina 50.29 0

Atún 13.36 28.76

Tiburón 0.91 4.1

Camarón 7.78 10

Calamar gigante 8.05 0.13

Otros 19.58 56.97

Pesquería Región III Región IV

Camarón 7.93 7.93

Tiburón 1.05 1.05

Atún 0.63 0.07

Mero 0.74 8.72

Pulpo 0.04 18.55

Otros 89.15 63.65

Fuente: Conapesca (2003).


costeras. Los ingresos per cápita derivados de la pesca están distribuidos de forma muy inequitativa: los ingresos de los pescadores del Pacífico son cinco veces mayores que los de los pescadores del Golfo de México (inegi 2000). Nadal (1996) reporta que 67% de las unidades pes-queras en México (aquellas de pesquerías artesanales) reciben solo 2.8% del ingreso total de la pesca.

Aunque existe una discrepancia numérica entre las ci-fras oficiales respecto al número de personas empleadas en la actividad (entre 196 000 y 252 000 personas en 2001), el sector contribuye con alrededor de 1% del empleo na-cional (Fernández et al. 2000). Si se incluye a los integran-tes de las familias de los pescadores, puede decirse con seguridad que más de un millón de personas en México dependen del sector pesquero para su subsistencia.

Para algunos estudiosos del tema, la pesca ha sido un

pozo de absorción del desempleo ocasionado por las cri-sis o por actividades que han disminuido su capacidad competitiva por diversas causas. Es el caso de los hene-queneros de Yucatán que se volvieron pescadores. No hay estudios que demuestren estas posiciones, pero sí encon-tramos una tendencia de crecimiento de la población em-pleada en la pesca que rebasa en mucho al crecimiento general de la población, lo que indica que se trata de un área de refugio, de fácil acceso y por lo tanto que hay una presión excesiva sobre los recursos (Fig. 3.10).

En el Pacífico, el número de pescadores registrados ente 1982 y 2000 creció 75%, mientras que en el Golfo de Méxi-co se incrementó en 150%. En los estados interiores, el número de pescadores también creció de 2 000 a 16 000.

Las capturas totales han sido más o menos las mismas, pero la captura promedio por persona empleada ha dismi-

Porc

enta

je d

el P

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l PIB

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l

0.00

0.05

0.10

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0.25

0.30

0.35

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Figura 3.9 Evolución de la participación del pib pesquero en el pib nacional. Fuentes: León y Gómez (2004); inegi (2004).

1970 1975

Emba

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Emba

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1980 1985 1990 1995 20000.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8 IndustrialArtesanal

Figura 3.8 Evolución de la flota pesquera entre los años 1970 y 2000. Fuente: Conapesca (2001).


nuido de casi 30 toneladas por persona en 1982 a 16 tone-ladas en 2000, situación acentuada con expresiones dife-renciadas por litoral y entidad federativa (Fig. 3.11).

Las caídas en los rendimientos manifiestan fenómenos de sobreexplotación de los recursos y sobrecapitalizacion de las flotas por incrementos en los factores de mayor peso en el esfuerzo pesquero: población, subsidios per-versos, número de embarcaciones, mayor poder de pesca por unidad y una débil administración de las pesquerías

durante las últimas décadas (Nadal 1996; Fernández et al. 2000; Díaz de León et al. 2005).

3.6.5 Oferta de productos pesqueros y comercialización

La disponibilidad anual per cápita de productos pesque-ros disminuyó de 16 kg en 1990 a 7.6 en 2001. La pro-porción de importaciones con respecto a los productos

0

5

10

15

20

25

Crecimiento poblacional promedio 1990-1999 Crecimiento anual promedio de personas empleadas en la pesca

BC BCS Son

Cre

cim

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o an

ual e

n po

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taje

Sin Nay Jal Col Mich Gro ChisOax Tamps Ver Tab Camp Yuc QRoo

Figura 3.10 Comparación del ritmo de crecimiento porcentual anual promedio de la población y del número de personas empleadas en la pesca de 1980 a 2001 en las entidades costeras del Pacífico y Golfo de México, ordenadas geográficamente. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sepesca (1994), inegi (1999), Semarnap (2000a) y Fernández Méndez (2007).

0

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15

20

Tone

lada

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1980

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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Aguas interioresGolfoPacífico surPacífico norte

Figura 3.11 Captura por persona empleada en la pesca de 1981 a 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de Conapesca (2001) y Fernández Méndez (2007).


pesqueros nacionales, prácticamente inexistente en 1982, alcanzó 6% en 2001.

El consumo de carne en México (incluyendo la carne roja, aves, pescados y mariscos) aumentó de casi 3 millo-nes de toneladas en 1990 a cerca de 5.5 millones en 1999, pero el pescado y los mariscos, que contribuyeron con 31.5% de ese valor en 1990, alcanzaron solo 18.1% del con-sumo de carne en México para 1998 (Lastra et al. 2000).

La comercialización de los productos pesqueros se realiza por dos vías. Por un lado se tiene el mercado in-terno, cuya producción se canaliza principalmente por medio de oligopolios, con precios que castigan al pro-ductor y le impiden el establecimiento de cadenas de va-lor y, en consecuencia, de capitalización. Ello lo conduce a la búsqueda de mayor ingreso mediante el incremento de la captura.

Por otro lado, debido al embargo atunero, el mercado externo se determina por una exportación concentrada en la búsqueda de nuevos compradores en tres grandes destinos: Estados Unidos con 52% del volumen y 78% del valor, Japón con 14% del volumen y España con 10% del volumen, y por una importación con menor concentra-ción en el origen de las compras: Estados Unidos 32%, China 18.5% y Chile 7.5% del volumen, y con alta concen-tración en los productos. El 50% del volumen de produc-tos pesqueros es fresco y congelado.

En síntesis, en estos periodos se pueden reconocer las siguientes políticas de fomento pesquero:

• Fomentoa laorganización socialpara laproducciónmediante cooperativas, ejidos y comunidades ribere-ñas, y poblaciones indígenas costeras e insulares. Estas políticas se impulsaron desde los cuarenta y continúan hasta la fecha. Han tenido como elementos básicos la exclusividad en pesquerías de especies de alto valor co-mercial (desde 1948 hasta la reforma de la Ley de Pesca en 1992), el otorgamiento de subsidios a la producción y la entrega gratuita de equipos y artes de pesca. No obstante estos apoyos, las pesquerías nunca alcanza-ron la competitividad deseada en el mercado. La exclu-sividad para las cooperativas nunca proveyó el benefi-cio social esperado para la mayoría de los pescadores, debido a que al asociarse con inversionistas privados fueron subordinadas a los intereses y objetivos del ca-pital. Esto activó el rápido crecimiento del capital pri-vado y de empresarios dedicados a la industria pesque-ra (Díaz y Díaz 2001).

• Fomento a la empresa privada mediante el otorga-miento de financiamiento oficial, subsidiado y con ta-

sas bajas de recuperación; subsidios a equipos e insu-mos, como combustibles, energía y artes de pesca, y el otorgamiento de incentivos y regímenes fiscales de ex-cepción. Mención especial merecen las acciones de venta de activos pesqueros estatales y las compras y recompras de flota avaladas por el Estado, lo que pro-porcionó a la empresa privada ingresos extraordina-rios y capitalización.

• Fomentoa laempresaparaestataldecortavida,quesolo duró parte de los años setenta y la primera mitad de los ochenta. Estas empresas determinaron el creci-miento explosivo de las capturas orientadas al fortale-cimiento del mercado interno, con acceso a todos los estratos de la población y a la conducción del mercado de productos pesqueros mediante la presencia pro-ductiva del Estado. A finales de la década de los ochen-ta, las empresas paraestatales se vendieron.

3.6.6 Estatus de las pesquerías

La falta de crecimiento de la pesca, o incluso su retroce-so, se debe a que muchas de las pesquerías han llegado a su límite de explotación o lo han rebasado dada la ausen-cia de un ordenamiento pesquero y acuícola efectivo.

La creación de la Semarnap, en la que confluyeron to-dos los sectores de uso de los recursos naturales renova-bles con los del medio ambiente, pretendió detener las tendencias de deterioro de las pesquerías mediante la in-clusión de criterios de sustentabilidad ambiental (véase el inciso 3.14).

Sin embargo, el corto tiempo de gestión de esta política integrada (en 2001, la administración de la pesca se trans-firió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [Sagarpa]), la falta de aplica-ción de la ley y la resistencia de los sectores productivos a las medidas de sustentabilidad ambiental no permitie-ron revertir el deterioro de las pesquerías. No obstante, se mantienen en la Semarnat algunas funciones relaciona-das con la pesca: la participación en la determinación de medidas de manejo como las temporadas de veda (aun-que esta participación está indefinida); el manejo de las Áreas Naturales Protegidas (anp) marinas y sus recur-sos; el manejo de especies acuáticas marinas y de aguas continentales en estatus de protección. Con la expedición de la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Susten-tables (Segob 2007b) se quita a la Semarnat la facultad de sancionar la Carta Nacional Pesquera (cnp), entre otras.

La cnp, elaborada por el inp mediante un proceso amplio de consulta con los sectores productivos y publi-


cada por la Semarnap (2000a), pasó de ser un instrumen-to indicativo a uno de carácter normativo. Sigue siendo el instrumento que define el estado de salud de las pes-querías y da las bases para su regulación. La cnp de-muestra que durante los últimos seis años las pesquerías con potencial de desarrollo disminuyeron en 58.4%, al pasar de 12 a 5, y que las Unidades Pesqueras de Manejo (upm) se encuentran en estado crítico o en sus límites de producción sustentable, por lo que pasaron de represen-tar 81.5% del total a 83.6% (cuadro 3.9).

En cuanto al estatus de las pesquerías por litoral, 89.3 y 78.8% de las upm se reportan con aprovechamiento máxi-mo o en deterioro en el Pacífico y Golfo de México-Mar Caribe, respectivamente (cuadros 3.10 y 3.11), lo que evi-dencia la situación crítica de los recursos pesqueros.

Una expresión específica de esta situación la propor-ciona la disminución en las capturas de pesquerías im-portantes a una tasa de 7% anual desde 1997; por ejemplo, la jaiba, el guachinango, la lisa y el tiburón en el Golfo de México. La captura de camarón, la pesquería más impor-tante del Golfo de México, tuvo una caída de 10% anual en el mismo periodo. El valor correspondiente para la pesquería del camarón del Pacífico es de −6% anual. En la región de Campeche, las poblaciones han sido muy afectadas por la sobrepesca y las capturas de camarón ro-sado en esa región han caído de 20 000 toneladas al año en 1970 a 500 en 2001.

La evaluación realizada por el inp en 1994-2000 cata-logó a las 14 pesquerías de agua dulce examinadas en el estudio como en deterioro (Fernández et al. 2000; Álva-rez-Torres et al. 2002).

A pesar de la evaluación del estado de las pesquerías y las evidencias de deterioro de muchas de ellas, la gestión pública pesquera no ha logrado instrumentar el ordena-miento pesquero de manera integral, no obstante haberlo reconocido como prioridad desde 1994 (Semarnap 1996). El ordenamiento pesquero tiene por objetivo controlar los factores de presión del esfuerzo pesquero sobre las condiciones de mantenimiento o recuperación del recur-so y su ambiente. Sin embargo, se ha limitado a la aplica-ción de acciones poco conectadas entre sí, como las de credencialización, suspensión de emisión de permisos y compra de derechos mediante subsidios, entre otras.

Desde 2001, la autoridad pesquera ha concentrado la mayor proporción de recursos fiscales destinados al sec-tor en el subsidio al combustible de embarcaciones in-dustriales, lo que representa un revés en los avances de la sustentabilidad ambiental y la racionalidad económica. Este es un estímulo perverso y distorsionador, ya que sos-

tiene de manera artificial un equilibrio financiero a costa de una sobrepresión y sobreexplotación de los recursos.

El grado de atención a tareas de investigación, capacita-ción y organización o fortalecimiento a productores para bajar el nivel de intermediación comercial o de inspección y vigilancia para el cumplimiento legal y normativo ha dis-minuido. Asimismo, el gasto gubernamental dedicado a la pesca disminuyó desde 1982 hasta 2002, aunque en los últimos años ha tenido un ligero repunte (Fig. 3.12).

Cuadro 3.9 Unidades Pesqueras de Manejo por estatus, reportadas en la Carta Nacional Pesquera en el periodo 2000-2006

Estatus 2000 2004 2006

Con potencial 12 8 5

Aprovechadas al máximo 37 49 35

En deterioro 16 17 16

Otro 0 1 5

Total 65 75 61

Cuadro 3.10 Estatus de Unidades Pesqueras de Manejo para el litoral del Pacífico y comparativo porcentual de litoral y nacional, 2000-2006

Unidades Pesqueras de Manejo Número

Porcentaje

Litoral Nacional

Con potencial 0 0 0

Aprovechamiento al máximo 18 64.3 29.5

En deterioro 7 25 11.5

Otros (desconocido) 3 10.7 4.9

Total 28 100 45.9

Cuadro 3.11 Estatus de Unidades Pesqueras de Manejo para el litoral del Golfo de México y del Mar Caribe y comparativo porcentual de litoral y nacional, 2000-2006

Unidades Pesqueras de Manejo Número

Porcentaje

Litoral Nacional

Con potencial 5 15.2 8.2

Aprovechamiento al máximo 17 51.5 27.9

En deterioro 9 27.3 14.8

Otros (estable o desconocido) 2 6.1 3.3

Total 33 100.1 54.2


3.7 Carencia histórica de criterios ambientales en las políticas de uso de la biodiversidad

El desarrollo de políticas gubernamentales que no han considerado las limitaciones ambientales en el uso adecuado de la biodiversidad ha tenido un alto costo ambiental y económico para nuestro país, afectando de manera negativa la biodiversidad.

A lo largo de las casi siete décadas de políticas guberna-mentales de desarrollo rural que no han incorporado la cuestión ambiental se produjeron severas afectaciones en el ambiente, las cuales se expresan de manera diferente según su origen y el sistema productivo de que se trate.

En los sistemas agrícolas las afectaciones se presentan de manera contrastante. En las zonas donde predominan los grupos indígenas, campesinos y de pequeños produc-tores ocurre un deterioro de la cubierta forestal para dar paso al cultivo de productos alimenticios como el maíz. En muchos de estos lugares prevalece una agricultura ba-sada en el descanso de la tierra y en la regeneración de la vegetación para sostener la productividad; diferentes va-riantes de rozas y de sistemas de tala, quema y limpia re-flejan las condiciones socioeconómicas y culturales que obligan a los campesinos a sobreexplotar los recursos na-turales para sobrevivir. Por razones demográficas, las con-diciones originales de aplicación de la roza, tumba y que-ma se han modificado, y el uso del fuego en las actividades agropecuarias se ha convertido en un serio problema de generación de incendios forestales, particularmente en años muy secos.

En el otro extremo, en las áreas donde se ha desarrolla-do la agricultura de exportación tiene lugar también un intenso deterioro ambiental, pero por razones distintas a las anteriores, ya que la degradación ambiental es conse-cuencia de altos consumos de energía fósil y de agroquí-micos, así como de un uso ineficiente del agua.

En medio de estas dos formas de producción se obser-van múltiples variantes productivas en constante trans-formación y con efectos diferenciados conforme a la tec-nología que utilicen, a expensas de los recursos naturales y como consecuencia de las orientaciones políticas y de la situación económica del país.

Si bien las innovaciones tecnológicas de la agricultura moderna (Revolución Verde) permitieron incrementar de manera muy importante la producción de alimentos y lu-char contra el hambre en el mundo, su relativo éxito ha sido cuestionado debido a que sus logros productivos ex-cluyeron las dimensiones ambiental y sociocultural y el desarrollo humano, comprometiendo a largo plazo la via-bilidad de las actividades agropecuarias y de la misma su-pervivencia humana (Ahumada 2003). Como consecuen-cia de la elevada e indiscriminada aplicación de insumos sintéticos, como son los plaguicidas y los fertilizantes, así como de la especialización productiva basada en el mono-cultivo (Ahumada 2003), este tipo de agricultura ha pro-vocado la degradación química, física y biológica de los suelos, la contaminación de aire y agua (ríos, cuerpos de agua y costas), la erosión y disminución de la fertilidad, la pérdida de biodiversidad y el deterioro en la salud de la población humana.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Indus-tria de Plaguicidas y Fertilizantes, en 1995 el volumen de

Figura 3.12 Variación del gasto gubernamental en la pesca en 1980-2004. Fuente: Villamar et al. (2007).

0

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Pesos base 1993Pesos base 2003

Mill

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de

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s (20

03)

Mill

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s (19

93)


plaguicidas utilizados ascendía a casi 54 600 toneladas (cuadro 3.12). De acuerdo con la Comisión Intersecreta-rial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustan-cias Tóxicas, en México se emplean 260 marcas, de las cuales, por norma, 24 están prohibidas y 13 restringidas (Ortiz 2008). La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alter-nativas en México reporta casos de intoxicaciones por el uso de los plaguicidas, principalmente en zonas agroin-dustriales, lo que afecta principalmente a trabajadores agrícolas y sobre todo a los sectores más desprotegidos, como son los indígenas, las mujeres y en especial los ni-ños (ssa 2003; Bejarano sin fecha).

Por lo que se refiere a las consecuencias ambientales de la actividad ganadera, en nuestro país la ganadería ex-tensiva es lo que más deteriora los ecosistemas naturales. Por un lado, la quema del rastrojo para estimular el re-brote del pasto afecta la capa orgánica del suelo y se ha convertido en un importante factor de origen de incen-dios forestales y de emisiones de gases de efecto inverna-dero a la atmósfera. Además, el sobrepastoreo ha degra-dado cerca de 95% de los pastizales naturales y 70% de los matorrales en las zonas áridas (Semarnat 2006).

Respecto a la ampliación de los potreros a costa de los ecosistemas naturales, la ganadería extensiva ha elimina-do extensiones muy significativas de selvas y bosques. La Semarnap (2000b) y la Semarnat (2006) señalan que entre las causas de deforestación sobresale la ganadería en to-das las zonas ecológicas. Varios trabajos han documenta-do esta pérdida de ecosistemas. Por ejemplo, en Tabasco en 1940 se tenían 352 000 hectáreas de pastizales induci-dos y 835 800 hectáreas de selvas; 40 años después, la su-perficie de los primeros se incrementó tres veces (a más de un millón de hectáreas), mientras que se perdieron casi tres cuartas partes de las selvas húmedas (disminuyeron a 236 000 hectáreas) (Tudela 1989); para 2000, según el or-denamiento ecológico del estado, se reportan 1.15 millo-nes de hectáreas de pastizales y solo 155 000 hectáreas de selvas. En el caso del estado de Chiapas, la superficie des-tinada al cultivo de pastos creció de 1.2 millones de hectá-reas a 3.8 millones entre 1940 y 1976 (Fernández y Tarrio 1983). En el caso de Veracruz, 75% de su superficie está cubierta por pastizales inducidos que sustituyeron a la selva tropical húmeda durante ese mismo periodo (Challenger 1998).

La ganadería intensiva de aves, puercos y ganado bovi-no estabulado, en la cual se emplean antibióticos, hormo-nas y productos químicos para teñir las pieles, contamina severamente los cuerpos de agua. Esta contaminación fa-vorece la eutroficación y la proliferación de biomasa ve-

getal debido a la excesiva presencia de nutrientes y llega a destruir los arrecifes de coral. Asimismo, está docu-mentado que la ganadería contribuye con 18% de la ge-neración de gases de efecto invernadero (9% del bióxido de carbono, 37% del gas metano y 65% del óxido nitroso), incluyendo la degradación y cambio de uso del suelo (Steinfeld et al. 2006).

Resulta un avance que el programa sectorial agropecua-rio y pesquero 2007-2012 plantee como uno de sus objeti-vos “revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, suelo y biodiversidad”, y defina estrategias que históricamente han sido demandas del sector ambiental: ordenamiento del territorio, mares y costas; bioseguridad y conservación de la biodiversidad; conservación de agua y suelo, y prevención y mitigación de efectos del cambio climático (Sagarpa 2007).

Las actividades agropecuarias y forestales no sustenta-bles, aunadas al desarrollo urbano y de servicios, han menguado considerablemente el capital natural forestal del país. Las cifras sobre la deforestación en México son muy variables debido a diferentes enfoques y metodolo-gías (Lund et al. 2002), como se describe en el volumen II. La Semarnat (2006) para el periodo 1976-2002 reporta una tasa de cambio anual de vegetación primaria de 523 639 hectáreas (no se incluye la vegetación secundaria herbácea ni arbustiva ni arbórea).

Otro factor de deterioro muy importante es la degra-dación de los suelos. La estimación de la erosión hídrica y eólica más reciente en el país fue realizada a escala 1 : 1 000 000. Esta evaluación se hizo empleando los prin-cipios de la ecuación universal de pérdida de suelos y en el caso de la evaluación de la erosión eólica, el modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) (1980), el cual se fundamenta en la ecuación de Woodruff y Siddoway. Los resultados indican que 42% del territorio nacional tiene el riesgo de sufrir algún nivel de pérdida de suelo por erosión hídrica, mientras que 89% del territorio na-

Cuadro 3.12 Volumen de plaguicidas utilizados en 1995 en México

Volumen (ton)

Insecticidas 25 500

Herbicidas 15 700

Fungicidas 9 100

Otras categorías 4 300

Total 54 600


cional corre el riesgo de ser afectado por al menos algún grado de erosión eólica. Estos datos cambian muchas de las percepciones que señalan el agua como principal factor de la pérdida de suelo. Sin embargo, los datos referidos dan fe de la importancia de la cubierta vegetal respecto a la acción del viento. Solo aquellas áreas que correspon-den a lugares con abundante vegetación y donde la velo-cidad del viento es muy baja no están sujetas a erosión eólica; por ejemplo, una gran porción del estado de Chia-pas; las áreas selváticas de la Península de Yucatán; una franja formada desde Los Chimalapas en Oaxaca y Chia-pas hasta la región de la Huasteca potosina; la región de El Cielo en Tamaulipas, y la Sierra de Nayarit (Semarnat y uach 2002).

Respecto a la evaluación de los procesos de degrada-ción producto de las actividades humanas, la Semarnat y el Colegio de Postgraduados (2003) aplicaron a escala 1 : 250 000 la metodología conocida como Global Assess-Global Assess-ment of the Current Status of Human-Induced Soil Deg-radation (glasod),4 a partir de la cual se reporta que 45.2% de la superficie nacional está afectada por algún grado de degradación del suelo, mientras que alrededor de 28.7% corresponde a terrenos estables o con suelos sin degradación aparente y el resto, alrededor de 26.1%, son terrenos sin uso (cuadro 3.13). El principal tipo de degra-dación de suelo en nuestro país corresponde a la degrada-ción química (39.7%), en particular la que se expresa por la pérdida de materia orgánica y la fertilidad en general. Siguen en orden de magnitud la erosión hídrica (26.1%), expresada en la pérdida de suelo superficial; la erosión eólica (21.0%), en la cual también predomina la pérdida de suelo superficial pero por acción del viento, y la degra-dación física (13.2%), caracterizada por la compactación del suelo.

Las principales causas de la degradación de los suelos son las actividades agrícolas y la deforestación (Fig. 3.13).

En cuanto a los recursos pesqueros, al no haberse con-trolado la actividad calculando la disponibilidad del recur-so y su capacidad de carga, se traspasaron, para muchas pesquerías, sus niveles de reproducción y crecimiento sustentable, poniendo así en riesgo no solo la especie ob-

jetivo sino el equilibrio de otras especies y del ecosiste-ma. Esta situación se ve agravada por la pesca ilegal, por la no regulada y por la no declarada, por el sobreesfuerzo pesquero, así como por los subsidios perversos que son medidas temporales que agravan subrepticiamente el problema.

La flota menor o ribereña sobrepasa la capacidad de carga del recurso pesquero, sobre todo por la presión desmesurada que ejerce al no estar controlados su tama-ño ni operación, ocasionando importantes afectaciones al ecosistema.

Por otro lado, los métodos de captura, en particular los de arrastre, provocan efectos severos en los fondos mari-nos al ser poco selectivos e incidir marcadamente en cap-turas de especies no objetivo o incidentales. La fauna de acompañamiento es escasamente aprovechada y en la ma-yoría de los casos es descartada y devuelta al mar muerta o en muy malas condiciones. Además, ocurre que en oca-siones la fauna de acompañamiento está conformada por

Actividadesindustriales

0.5%

Sobrepastoreo2.4%Sobreexplotación

de la vegetación3.5%

Deforestación38.4%

Urbanización16.5%

Deforestación38.4%

Urbanización16.5%

Actividadesagrícolas

38.7%

Figura 3.13 Causas de degradación de suelos en México.

4 La estimación de la degradación del suelo provocada por la inter-vención humana sobre los recursos naturales permite detectar los principales procesos que provocan el deterioro de los suelos, ya sea producto del desplazamiento del material del suelo derivado de la ero-sión hídrica o eólica, o bien resultado del deterioro interno del suelo, que incluye procesos de degradación física y química. Con esa meto-dología también se puede estimar el grado y la extensión del deterioro sobre unidades cartográficas denominadas sistemas terrestres, los cua-les representan diferentes paisajes característicos, asociados o defini-

dos por su fisiografía, patrón de drenaje, clima, tipos de suelo, material geológico, tipos de vegetación y actividades humanas que son reflejo de su concentración. Para su desarrollo en México, se adoptó la meto-dología propuesta por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrí-colas, que considera como mapa base un levantamiento fisiográfico de sistemas terrestres con un enfoque paisajista (Ortiz Solorio y Cuanalo de la Cerda, 1978), a escala 1 : 250 000, sobre el cual se empleó la me-todología assod (Van Lynden y Oldeman 1997), que es una modifi-cación de la denominada glasod, propuesta por Oldeman (1988).


Cuadro 3.13 Degradación de suelos en México

Tipo de degradación

Nivel de degradación (hectáreas)

Ligera Moderada Severa Extrema Total Porcentaje

Erosión eólica

Ed Deformación del terreno por acción del viento

75 324 6 266 3 576 85 166 0.10%

EsPérdida del suelo superficial por acción del viento

5 501 945 11 528 790 650 566 12 332 17 693 633 20.08%

EtEfectos de la erosión eólica fuera del sitio

309 680 136 49 665 730 110 0.83%

Total 5 577 578 12 215 192 703 807 12 332 18 508 909 21.00%

Erosión hídrica

HaEfectos de la erosión hídrica fuera del sitio

41 427 21 157 62 584 0.07%

HcErosión hídrica con deformación del terreno

401 188 1 873 672 408 049 17 763 2 700 672 3.06%

HsErosión hídrica con pérdida del suelo superficial

12 756 016 7 105 004 381 467 12 909 20 255 396 22.99%

Total 13 198 631 8 999 833 789 516 30 672 23 018 652 26.12%

Degradación física

Fa Water logging 15 807 1 052 858 1 150 18 867 0.02%

Fc Compactación 6 684 165 1 195 785 44 885 7 924 835 8.99%

FdDisminución de la disponibilidad del agua

3 742 420 395 37 556 461 693 0.52%

FeEncostramiento y sellamiento

153 246 57 681 3 475 1 990 216 392 0.25%

FuPérdida de la función productiva

63 943 729 030 603 384 1 595 907 2 992 264 3.40%

Total 6 920 903 2 403 943 690 158 1 599 047 11 614 051 13.18%

Degradación química

QdDeclinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica

18 047 683 13 989 736 404 865 3 339 32 445 623 36.82%

Qe Eutroficación 124 248 72 190 196 438 0.22%

Qp Polución 788 388 283 218 133 088 29 793 1 234 487 1.40%

Qs Salinización/alcalinización 545 865 501 745 53 183 121 1 100 914 1.25%

Total 19 506 184 14 846 889 591 136 33 253 34 977 462 39.69%

Total de la superficie degradada 45 203 296 38 465 857 2 774 617 1 675 304 88 119 074 100.00%

Porcentaje de la superficie nacional 23.18% 19.73% 1.42% 0.86% 45.19%

Sin degradación aparente

SHEstable bajo la influencia humana

288 120 0.27%

SNEstable bajo condiciones naturales

55 593 241 52.02%

UN Tierras sin uso 50 987 009 47.71%

Total 106 868 370 100.00%

Total de la superficie nacional 194 987 444

Fuente: Semarnat y Colegio de Postgraduados (2003).


especies protegidas o en riesgo; ejemplo de ello es el au-mento en la tasa de mortalidad de la vaquita marina (Phocoena sinus) en el alto Golfo de California, al quedar atrapada en las redes agalleras.

En México se ha estimado que la proporción de fauna acompañante o incidental que se extrae junto con la pesca de camarón varía de 2 : 1 a 10 : 1 en el Golfo de California (cuadros 3.14 y 3.15) (Chapa 1976; Rosales 1976). En la misma zona se han estimado 150 000 toneladas/año de fauna incidental, de las cuales 12% en peso corresponde a 83 especies de crustáceos; de 3 a 8% pertenece a 31 espe-cies de moluscos, y el resto lo conforman 187 especies de peces (Van der Heiden 1985).

Al finalizar un lance de pesca, las capturas de las redes son vaciadas en cubierta, donde se separan los organis-mos de importancia comercial (principalmente camaro-nes), para después regresar al mar el resto de la captura. El tiempo que transcurre en este proceso, entre una y una y media horas, provoca la mortandad de la gran mayoría de la captura incidental.

Una manera de estimar la pesca incidental en términos cuantitativos es el caso de la flota camaronera o arrastre-ra de Sinaloa, la cual cuenta con cerca de 600 embarcacio-

nes que capturan en la mayor parte de la plataforma con-tinental del Pacífico mexicano hasta las cotas de 40 brazas, arrastrando un promedio anual de 8 millones de hectá-reas (Semarnat 2004).

A mediados de la década de los ochenta, las estimacio-nes locales de las capturas de peces por arrastreros eran de 155 000 toneladas para las costas de Sonora y norte de Si-naloa, 200 000 toneladas para el Golfo de California, cerca de 300 000 toneladas para el Pacífico centro y 400 000 to-neladas para el Golfo de Tehuantepec: un total cercano a un millón de toneladas para la plataforma continental del Pacífico (Amezcua-Linares 1985).

Se ha observado que cada metro cuadrado del fondo en el área de pesca de camarón del Golfo de California es arrastrado entre cuatro y siete veces al año (Nava Romo y García Caudillo 2003).

Brown et al. (Nava Romo 1994) reportan que el total de la superficie que compone la zona de pesca comercial en el alto Golfo de California es arrastrada en promedio 6.1 veces por temporada pesquera, mientras que Nava Romo (1994) reporta que la parte más norteña del alto Golfo de California fue arrastrada aproximadamente cua-tro veces entre septiembre de 1992 y mayo de 1993.

Cuadro 3.14 Datos reportados en diversos trabajos sobre las capturas de camarón y la captura incidental de fauna de acompañamiento en el Golfo de California

Autor Chapa (1976) Chapa (1976) Rosales (1976) Chávez Arvizu (1972) Chávez Arvizu (1972)

Temporada 12/1955 a 2/1956 9/10/1969 03/1964 a 05/1965 15/08 a 15/09/1968 15/07 a 15/09/1969

Zona Punta Piaxtla y los Cocos

Santa María La Reforma

y Punta Gruesa

Punta Ahome y Barra de Teacapán

Entre San Felipe y Teacapán

Entre San Felipe y Teacapán

Red Camaronera 90′ Camaronera 90′ Camaronera 65′ Varios Varios

Luz de malla 2.5″ ¿2.5″? 1 3∙4″

Lances 28

Profundidad <60 m <60 m* 7 a 42 m 90 m 90 m

Captura total 29.8* 84.6* 111.3‒144.4‒191.9 122.6‒126.0‒129.6

Camarón 10.5* 10.5* 7.8‒26.1‒27.8 10.9‒15.2‒17.9

Fauna de acompañamiento (FA) 19.2* 74.1* 103.5‒118.3‒164.1 107.4‒108.1‒118.7

Porcentaje de peces 15.36* 80.6

Proporción porcentual 35.4 : 64.6* 8.9 : 91.1 12.3 : 87.714.5 : 85.5‒18.1 : 81.9‒

7.0 : 93.014.2 : 85.8‒2.4 : 87.6‒

8.4 : 91.6

Proporción camarón: FA promedio 01 : 01.8 01 : 10.2 01:07.1 1 : 4.54‒1 : 5.92‒1 : 13.38 1 : 6.03 ‒1 : 7.09‒1 : 10.9

* Calculada por Van der Heiden (1985).


3.8 Hacia la integración de las políticas de uso y conservación de la biodiversidad

En la década de los noventa, las evidencias de deterioro ambiental, económico y social, en el marco del nuevo contexto de la globalización, obligaron a repensar muchas de las políticas públicas vinculadas con el manejo de los recursos naturales. Surgieron entonces nuevas experiencias de buen manejo, se consolidaron algunas de las incipientes y se empezaron a integrar a las políticas públicas. Se trata de procesos con mucho potencial pero que requieren todavía mayor apoyo y fortalecimiento.

La profunda crisis económica con la que se inició la década de los años ochenta dio fin al modelo de Estado asisten-cialista y a la estrategia económica conocida como creci-miento estabilizador, basado en una economía cerrada, regulada y caracterizada por una fuerte participación es-tatal (Shwedel 1992). El país se descapitalizaba vertigino-samente y como respuesta a las medidas de control que en su momento estableció el gobierno del presidente José

López Portillo se produjo una gran fuga de capitales. A partir de entonces, las estrategias decididas por los subse-cuentes gobiernos han atendido las recomendaciones de los organismos internacionales de financiamiento: aper-tura de la economía, saneamiento de las finanzas públi-cas, priorización de equilibrios macroeconómicos, incen-tivos a la inversión privada, contracción del crecimiento interno –y con ello del salario y el empleo–, disminución de subsidios, venta de empresas paraestatales y determi-nación del mercado como árbitro en la asignación de re-cursos públicos.

Para ese entonces, el deterioro ambiental en el mundo comenzó a hacerse evidente y se reconoció que la degra-dación histórica que habían sufrido los recursos naturales así como la contaminación del ambiente en cada país te-nían alcances a escala global. La sociedad reaccionó y exi-gió una mejor calidad de vida, y los gobiernos respondie-ron con la creación de instituciones, leyes y programas.

Las advertencias sobre problemas ambientales como el cambio climático, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad adquirieron importancia mundial; se adop-tó el concepto de desarrollo sustentable y, a partir de la

Cuadro 3.15 Valores de relación entre la captura incidental de fauna de acompañamiento y la del camarón (en peso), reportados en distintos años por diferentes autores para la pesquería de camarón utilizando redes de arrastre de fondo en el Golfo de California

Autor(es) Año(s) evaluadosZona dentro

del Golfo de CaliforniaRelación entre fauna

de acompañamiento y camarón

Chávez y Arvizu (1972) 1968-1969 Norte 5.97:1

Chávez y Arvizu (1972) 1968-1969 Central 5.81:1

Chávez y Arvizu (1972) 1968-1969 Sur 12.14:1

Chapa (1976) 1976 Sur 10.2:1

Chapa (1979) 1979 Sur 9:1

Pérez-Mellado y Findley (1985) 1985 Golfo de California 9.67:1

Van der Heiden (1985) 1985 Golfo de California 10:01

Nava Romo (1994) 1992-1993 Norte 15.14:1

Rosalesa 1964-1965 Golfo de California 10:1

Romeroa 1977-1978 Golfo de California 10.2:1

Alverson et al. (1994) 1994 Golfo de California 9.7:1

García-Caudillo et al. (2000) Enero, marzo de 1998 Alto Golfo de California 17:01

García-Caudillo et al. (2000) Enero, febrero de 1998 Alto Golfo de California 12:1b

García-Caudillo et al. (2000) Febrero-marzo de 1998 Alto Golfo de California 14:1c

a Citado en Pérez-Mellado y Findley (1985).b Utilizando excluidor de peces de tipo túnel extendido.c Utilizando excluidor de peces de tipo ojo de pescado.


Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Am-biente y el Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, se gesta-ron los acuerdos multilaterales para la solución o mitiga-ción de los cambios globales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Internacio-nal de Lucha contra la Desertificación en los Países Afec-tados por Sequía Grave o Desertificación, la Convención de Productos Orgánicos Persistentes, entre otros.

En México, el deterioro ambiental llevaba de alguna u otra forma 20 años documentándose, en particular en relación con el manejo de los recursos naturales. En los años noventa se fortalecieron los planteamientos que cuestionaban las políticas y estrategias de producción agrícola seguidas hasta el momento. Se afirmaba que és-tas se habían basado en un modelo tecnológicamente ineficiente y que se requería el desarrollo de nuevas es-trategias productivas, dirigidas a fomentar la diversidad alimentaria, a partir del análisis minucioso de los ecosis-temas del país y del conocimiento de sus culturas rurales (Toledo et al. 1985; Casas et al. 1993; Martin 1993; Tole-do et al. 1993). Asimismo, se iniciaron proyectos piloto que buscaban alternativas para el manejo de los recursos naturales en comunidades indígenas y campesinas, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la po-blación a partir de sus recursos naturales, así como la calidad del medio ambiente (Romanini 1976; Ramos 1988; Leff et al. 1990; Anta 1992; Álvarez-Icaza 1993; Ca-rabias et al. 1994; Blanco 1997; Jiménez-Osornio et al. 1997; Merino 1997; Perezgrovas et al. 1997; Alemán 1998; García et al. 1998; Chapela 1999; Martínez et al. 1999). Estos proyectos estaban distribuidos en todo el país, en condiciones ambientales, sociales y económicas contras-tantes, y arrojaron amplias y nutridas experiencias que con el tiempo se fueron incluyendo en las políticas públi-cas (véase el capítulo 1).

Bajo la perspectiva de superar la crisis de producción agrícola, al inicio de la década de los noventa se orques-taron reformas estructurales de gran alcance: se modificó el artículo 27 constitucional y se firmó el tlcan. Al mis-mo tiempo, se establecieron programas de atención a la pobreza, como fueron el Programa Nacional de Solidari-dad (1988-1994) y los subsiguientes Progresa (1994-2000) y Oportunidades (2000-2006), así como subsidios para compensar los efectos negativos del tlcan en la econo-mía de los productores rurales, como el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

En materia ambiental, en 1994 se creó la Semarnap, institución que por primera vez vinculó la gestión de los

temas ambientales (conservación de los ecosistemas y prevención y control del deterioro ambiental) con el ma-nejo de los recursos naturales renovables (forestales, agua y recursos marinos y acuáticos). La Semarnap se nutrió de las experiencias desarrolladas en el campo por organi-zaciones sociales, académicas y no gubernamentales y comenzó un conjunto de nuevos programas con la fina-lidad de: 1] contener y revertir el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales; 2] fomentar una producción sustentable, y 3] contribuir a la superación de la pobreza (Semarnap 1997b, 2000b). Asimismo, el marco normativo se fue ajustando a los nuevos conceptos de la sustentabilidad ambiental con las reformas a la leegepa (en 1996) y la expedición de nuevas leyes: Ley General de Vida Silvestre (2000), Ley de Desarrollo Rural Sustenta-ble (2001), Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta-ble (2003), Ley de Aguas Nacionales (2004), y los regla-mentos y normas respectivos.

Estos cambios en las políticas públicas nacionales ocu-rrieron en un contexto global que resultó favorable para algunos aspectos de las alternativas de buen manejo de los recursos naturales en los sistemas productivos. Entre ellos se pueden mencionar las nuevas formas y patrones de producción y consumo que se han ido consolidando en el mundo, y que buscan un mejor uso y manejo del am-biente y los recursos naturales. La globalización obliga a seguir una serie de lineamientos para participar en el mercado mundial, como las barreras no arancelarias que exigen una producción libre de daños al ambiente y a la sociedad. En la comercialización de productos agrope-cuarios y forestales se está consolidando un nicho de mer-cado creciente que busca calidad en los productos y está dispuesto a pagar por procesos productivos que reflejen responsabilidad social y ambiental.

Este campo abre posibilidades muy importantes para México, ya que se trata de un país con una gran diversi-dad de regiones ecológicas y de especies útiles; es el cen-tro de origen de muchas especies cultivadas con deman-da mundial, y muchas culturas indígenas cuentan con una tradición de uso de la biodiversidad y de la tierra amiga-ble con las condiciones ambientales. La producción or-gánica y sustentable puede ser una alternativa ambiental, cultural, social y económica en nuestro país, y se cuenta con experiencias exitosas que se describen en las siguien-tes secciones. Sin embargo, a pesar de los avances aún resulta necesaria la adecuación y consolidación de las políticas públicas para adaptarse a los cambios constan-tes de estas nuevas tendencias y oportunidades.


3.9 La reconversión productiva

La reconversión productiva promueve el cambio a sistemas productivos agropecuarios más adecuados con las condiciones ambientales de cada región del país. Sin embargo, las experiencias exitosas son aún limitadas y su apoyo por medio de políticas públicas es incipiente.

Se entiende como reconversión productiva la acción de transformación tecnológica hacia un uso sustentable de la tierra, mismo que puede consistir en el mejoramiento del sistema agropecuario, el cambio a otro cultivo o la transi-ción a otro sistema. La reconversión productiva puede ser motivada para garantizar la suficiencia alimentaria, apro-vechar oportunidades de mercado, hacer más eficiente la productividad en los sistemas extensivos y con ello redu-cir la frontera agropecuaria, reducir la contaminación del suelo y el agua, enfrentar la vulnerabilidad de los suelos, conservar la biodiversidad y producir servicios ambien-tales como la captación de agua y la disminución de gases de efecto invernadero.

Desde la perspectiva ambiental, la reconversión pro-ductiva debe propiciar la transformación de la agricultu-ra y la ganadería convencionales en sistemas agroecoló-gicos y agroforestales, por medio de los cuales se logren articular territorios en donde prevalezcan mosaicos he-terogéneos de uso del suelo con áreas en producción aso-ciadas en armonía con áreas con vegetación conservada; altas tasas de productividad por unidad de área; la erra-dicación del uso del fuego y de agroquímicos, y el uso óptimo del espacio horizontal y vertical con cultivos aso-ciados de especies arbustivas y arbóreas útiles.

En México, la reconversión productiva de los sistemas agrícolas y pecuarios que se han establecido en bosques y selvas mediante el cambio de uso de suelo, y que han degradado y contaminado el suelo y el agua, es una prio-ridad de la cual depende la conservación de múltiples regiones ricas en biodiversidad.

En los últimos años se han creado instrumentos de gestión y normativos que facilitan el desarrollo de políti-cas públicas para favorecer la reconversión productiva sustentable. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Rural Sus-tentable constituye un marco jurídico que permite incor-porar la sustentabilidad ambiental al fomento producti-vo, y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2006-2012 incorpora el manejo sustentable de los recursos naturales como un tema sustancial. Asimis-mo, hay experiencias desarrolladas por dependencias

estatales y federales dirigidas a fomentar la producción sustentable. Por ejemplo, las acciones encaminadas a im-pulsar la agricultura sustentable y la reconversión produc-tiva en zonas de alta siniestralidad, desarrolladas por la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza); el em-pleo generalizado de inoculantes y biofertilizantes para la producción de granos básicos y frutales fomentado en varios estados de la República, particularmente en Gue-rrero y Michoacán; el impulso a la agroecología y el desa-rrollo de sistemas agroforestales por parte del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (inifap) y diferentes universidades públicas, principal-mente del sureste del país; las propuestas de manejo ho-lístico ganadero por medio de los Grupos Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología (Ggavatt), planteadas por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira), y los programas de agricultura orgánica que en los últimos 15 años desarrollan la mayor parte de los gobiernos estatales.

Además, buena parte de las experiencias hacia la re-conversión productiva sustentable provienen de esfuer-zos de organizaciones no gubernamentales, asociados al desarrollo de tecnologias que surgen del rescate del co-nocimiento tradicional y que constituyen una alternativa a la agricultura convencional, como es el caso del uso de abonos verdes (Bunch 1994). El impulso de los abonos verdes se ha desarrollado principalmente en las regiones del trópico húmedo de México y Centroamérica (Masera y López-Ridaura 2000). Las experiencias de mayor éxito se refieren al empleo principalmente de arbustos y hierbas de leguminosas, que combinados con la agricultura de gra-nos básicos, principalmente maíz, logran incrementar la productividad de las tierras, erradicar el uso del fuego y reducir sosteniblemente los tiempos de descanso de los sis-temas agrícolas de roza, tumba y quema (Cidicco 2003).

El uso de abonos verdes, acompañado del empleo de inoculantes basados en micorrizas y bacterias, de bioferti-lizantes elaborados a partir de fermentos, caldos minera-les y compostas, de la lombricultura y del control de plagas y enfermedades mediante fungicidas e insecticidas natu-rales constituyen diferentes tecnologías agroecológicas que permiten reducir el uso de agroquímicos para transi-tar hacia la sostenibilidad de la producción agropecuaria.

Otra opción de reconversión productiva son los siste-mas agroforestales, que aprovechan las funciones y bene-ficios que diversas especies de plantas perennes leñosas (árboles, arbustos, palmas, bambú, etc.) brindan a los cul-tivos agrícolas o a la cría de animales. Estas especies se establecen en las parcelas productivas para ser utilizadas


como forraje, leña o madera, para proteger de la erosión, fijar y hacer disponibles los nutrientes, para proporcionar biomasa, generar condiciones microclimáticas apropia-das y diversificar la producción. Estos sistemas se pueden clasificar en silvopastoriles, agrosilvícolas y agrosilvopas-toriles, de acuerdo con su estructura y sus componentes: perennes leñosas (árboles y arbustos), herbáceas (culti-vos) y animales (Nair Ramachandran 1997).

Tanto la agroecología como la agroforestería propor-cionan los elementos técnico-conceptuales que hacen posible proponer la reconversión productiva sustentable como una opción de desarrollo rural compatible con la conservación de la biodiversidad y la restauración de zo-nas degradadas por el desarrollo de la agricultura y gana-dería convencionales. Sin embargo, el desarrollo de estas alternativas requiere fuertes inversiones en trabajo y co-nocimientos, lo que impide su aplicación generalizada. En consecuencia, estas opciones no tienen mayores posi-bilidades de concretarse si no logran rentabilidad econó-mica asociada con canales de comercialización adecua-dos que permitan pagar por los beneficios ambientales aunados a los meramente productivos. En la última déca-da se ha expresado una tendencia creciente por parte de un segmento, aún muy reducido, de consumidores, prin-cipalmente de Europa y Estados Unidos, que busca pro-teger su salud consumiendo productos más sanos, libres de residuos químicos tóxicos, de modificaciones genéti-cas, de aguas negras, de radiaciones, y que tiene una pre-ocupación por el medio ambiente, por lo que prefiere consumir productos que provengan de sistemas produc-tivos que no los degraden (Gómez et al. 2005). A partir de esta demanda creciente adquieren gran relevancia los mercados orgánicos, donde se comercializan productos derivados de sistemas cuyas prácticas evitan el uso de in-sumos de síntesis química (fertilizantes, insecticidas, her-bicidas, hormonas, reguladores del crecimiento en plantas y animales), así como de organismos genéticamente mo-dificados, aguas negras, edulcorantes y conservadores sin-téticos en productos transformados (Gómez et al. 2005).

Para participar en los mercados orgánicos, los proce-sos de producción requieren ser certificados y permane-cer bajo evaluación permanente (verificaciones anuales) por conducto de inspectores o certificadores avalados in-ternacionalmente. Mediante estos organismos, los pro-ductores deben dar cumplimiento estricto a normas de producción y procesamiento específicas y precisas que rigen en el país comprador. Actualmente, la normativi-dad es establecida en los países consumidores, por lo tan-to no existen criterios homogéneos, aun cuando existen

esfuerzos importantes para definir estándares interna-cionales por parte de la Federación Internacional del Movimiento Agrícola Orgánico (ifoam, por sus siglas en inglés), lo que no ha sido posible hasta la fecha.

Existen organismos certificadores contratados por los productores para que evalúen si el cultivo se maneja bajo estándares de producción orgánica. Entre los organismos certificadores más importantes en México se encuentran empresas como la Asociación Internacional de Mejora-miento de Cultivos Orgánicos (ocia, por sus siglas en inglés), Certificadora Mexicana de Procesos y Productos Ecológicos, S.C. (Certimex), Naturland y Bioagricert, en-tre otras. Estas empresas están acreditadas por la ifoam.

Para certificar un predio es necesario que éste lleve al menos dos años sin uso de agroquímicos. Los inspecto-res orgánicos, que provienen de las agencias certificado-ras y que son pagados por los productores a certificarse, deben corroborar que los fertilizantes utilizados sean or-gánicos, así como los insumos o mecanismos para el con-trol de enfermedades y plagas. Además se deben llevar a cabo obras de conservación del suelo y manejar de mane-ra separada la cosecha de productos orgánicos de los que no lo son. Esto vale igual para su registro, control y alma-cenamiento. Cada año las agencias certificadoras envían inspectores a evaluar los cultivos certificados y verifican que sigan los estándares de producto orgánico y mejoren sus procesos de producción bajo estas normas.

En México, la agricultura orgánica es compatible con la tradicional, por lo que su fomento como parte de una política pública es muy viable. México aprobó a finales de 2005 la Ley de Productos Orgánicos, la cual entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración en febrero de 2006. Sin embargo, no se ha publi-cado su reglamento, por lo que las dependencias y los productores mexicanos se encuentran rezagados en la definición de criterios y estándares nacionales que facili-ten acuerdos comerciales y de normalización en el ámbi-to mundial.

El incentivo económico para los productores de culti-vos orgánicos es que se obtiene un sobreprecio que gene-ralmente ha fluctuado entre 20 y 40% sobre los productos convencionales. Este sobreprecio se justifica por los cos-tos de inspección y certificación, por la disminución de rendimiento y por el incremento de la mano de obra.

La producción orgánica se ha expandido mundialmen-te en forma notable y considera como parte de sus pro-ductos tanto cultivares y su recolección como los deriva-dos de la ganadería y otras actividades, como la producción de miel y la acuacultura.


En la actualidad, la agricultura orgánica se practica en casi todos los países, en un poco más de 26 millones de hectáreas, y genera un valor de mercado aproximado a los 28 000 millones de dólares (ifoam 2008), aunque se concentra en Estados Unidos (49%), Europa (principal-mente Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Sui-za, Suecia, Dinamarca y Austria) y Japón, que en conjun-to acumulan más de 65% del consumo.

La demanda mundial por estos productos tiene una tasa de crecimiento anual de 20%, por lo que se espera que el valor total de la producción mundial en la primera dé-cada de este siglo alcance los 100 000 millones de dólares.

Sin embargo, en el total del mercado de consumo de alimentos la participación de los productos orgánicos es aún muy baja. Algunos expertos coinciden en señalar que el tope del mercado orgánico en los países desarrollados podría estar en 10% del total del mercado de productos alimenticios (fira 2004).

En cuanto a la producción de alimentos orgánicos, Aus-tralia y Argentina son los países con mayor participación en el mercado, con 60% de la superficie mundial: cultivan 10.6 millones y 3.2 millones de hectáreas, respectivamen-te (Valdés y Amador 2006).

El crecimiento de esta producción corresponde, más que a una moda, a políticas de desarrollo rural. Por ejem-plo, en Alemania el gobierno pretende lograr que 20% del área cultivable sea convertida en orgánica en el año 2010; la Unión Europea, en este mismo periodo, proyecta lograr 10% de la superficie cultivada (Valdés y Amador 2006), y en Estados Unidos la superficie cultivada con productos

orgánicos es de 950 000 hectáreas y mantiene un ritmo de crecimiento anual de 20%. En América Latina los princi-pales productores orgánicos son Argentina, Brasil y Chile (fira 2004).

De acuerdo con Schwentesius Rindermann et al. (2008), la superficie con agricultura orgánica en México se ha incrementado 17 veces en los últimos 12 años, al pasar de 23 000 hectáreas en 1996 a 395 269 en 2008. Se estima que actualmente ocupa el lugar 30 entre 136 países producto-res orgánicos.

En cuanto al número de productores orgánicos, en los últimos años ha habido un aumento importante: entre 1996 y 2005 aumentó más de 500% (Fig. 3.14), y en los últimos tres años 68% más, al pasar de 83 174 producto-res en 2005 a 140 032 en 2008 (Schwentesius Rinder-mann et al. 2008). Al respecto, resulta relevante que 99% corresponda a pequeños productores. México ocupa el primer lugar en productores orgánicos a escala mundial.

Las prácticas orgánicas, aunque se lleven a cabo en casi todos los estados del país, se concentran en Chiapas y Oaxaca (Fig. 3.15).

Los primeros productos mexicanos que incursiona-ron exitosamente en el mercado orgánico fueron el café y la miel. En la actualidad se cultivan más de 50 produc-tos orgánicos (Fig. 3.16). Los cultivos que ocupan una mayor extensión son el café, con una superficie de más 150 000 hectáreas; las hortalizas, en 33 417; las hierbas aromáticas, en un poco más de 30 000; el cacao, en 17 300, y la uva silvestre, en 12 000 hectáreas (Gómez et al. 2005).

En algunos cultivos la producción orgánica representa

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Divisas(miles de dólares)

Empleo(jornales)

Númerode productores

Superficie(hectáreas)

1996 1998 2000 2004/2005

Figura 3.14 Tendencia de la producción orgánica en México. Fuente: Gómez et al. (2005).


hasta 83% de la producción total (Fig. 3.17), como en la frambuesa, o 21% en el caso del café orgánico, mientras que en otros cultivos como el aguacate apenas represen-tan 2.6% (Ambientare 2007).

El 85% de la producción orgánica del país se exporta y los destinos principales son Estados Unidos, Alemania,

Holanda, Japón, Inglaterra y Suiza, entre otros. Estos paí-ses demandan productos tropicales como café, cacao y vainilla (fira 2004). La producción y exportación de pro-ductos orgánicos mexicanos aún representa una pequeña porción del mercado (en volumen es menos de 1% del comercio mundial). Sin embargo, para las regiones y co-munidades productoras del país, que se caracterizan por ser pequeños productores, grupos indígenas y figuras or-ganizativas sociales, esta producción tiene una alta im-portancia económica, social y ambiental, y constituye una parte importante de sus ingresos (Gómez et al. 2005).

En los países europeos más de 70% de los productos orgánicos se vende en centros comerciales convenciona-les, pero en México los puntos de venta son aún pocos y marginales, aunque ya existe una Red Mexicana de Tian-guis y Mercados Orgánicos de México y la venta de pro-ductos certificados por internet (Ambientare 2007).

Respecto a la ganadería orgánica, ésta es una actividad reciente en México, sin fomento decidido, y por ello ac-tualmente solo existen 15 239 hectáreas bajo manejo pe-cuario orgánico, que se encuentran ubicadas en 19 estados de la República. Veracruz es la entidad con mayor super-ficie pecuaria orgánica con 4 062 hectáreas, Tabasco es la segunda con 3 174 y le siguen Tamaulipas con 2 200, Chia-pas con 1 966 y Sonora con 1 935 hectáreas. Los principa-les productos de la ganadería orgánica son la carne y leche de bovinos, los forrajes, así como la carne de ovinos. En 2005 se tenían registradas 49 unidades de producción.

La ganadería orgánica es una excelente opción para evitar el crecimiento de la superficie pecuaria a costa de los ecosistemas naturales y particularmente de las selvas

23 estados más17%

Jalisco5%

Michoacán5%

Sinaloa5%

Tabasco6%

Guerrero6%

Querétaro10%

Oaxaca17%

Oaxaca17%

Chiapas29%

Figura 3.15 Superficie agrícola orgánica por estados en México. Fuente: Gómez et al. (2005).

Porcentaje

0 20 40 60 80 100

Superficie convencional Superficie orgánica

Frambuesa

Vainilla

Coco

Yuca

Cacao

Café

Hortalizas

Aguacate

Figura 3.17 Relación entre algunos cultivos orgánicos y convencionales. Fuente: Gómez et al. (2005).

Figura 3.16 Principales cultivos orgánicos en México. Fuente: Gómez et al. (2005).

Otros2.9%

Mango0.8%

Ajonjolí0.9%

Aguacate1%Maíz

1.4%

Maguey tequileroy mezcalero

2.2%

Uva silvestre4.5%

Cacao6.5%

Hierbas aromáticasy medicinales

11.3%

Hortalizas12.5%

Cacao6.5%

Hierbas aromáticasy medicinales

11.3%

Hortalizas12.5%

Café56%


tropicales secas y húmedas, y también para reconvertir las áreas ya transformadas en sistemas agrosilvopastori-les que mejoren y restauren las áreas desmontadas por el crecimiento de la ganadería extensiva en las décadas an-teriores (recuadros 3.6, 3.7 y 3.8).

Los lácteos, sus derivados y las carnes comienzan a tener cada vez más demanda en los centros comerciales y en las tiendas especializadas (Ambientare 2007).

Hasta el momento no existe una política pública enfo-cada a compatibilizar la ganadería con el medio ambien-te de manera integrada y se carece de una legislación clara sobre el tema (recuadro 3.9). No obstante, repre-senta una opción con perspectivas de crecimiento.

3.10 Manejo forestal comunitario y sustentable

El manejo forestal comunitario y sustentable en México es una oportunidad para proteger los recursos forestales del país, conservar su biodiversidad y generar empleo e ingresos económicos en las áreas rurales del país.

A partir de los años ochenta, y en algunas regiones desde la segunda mitad de los setenta (Bray y Merino 2004), se inició el desarrollo de experiencias comunitarias de ma-nejo y producción forestal. Estas experiencias resultan particularmente relevantes porque en diversos casos han creado procesos de “apropiación” o “reapropiación” de los territorios comunales a partir del desempeño de acti-vidades que, si bien no son tradicionales, generan incen-tivos económicos coherentes con las nuevas condiciones y necesidades de las comunidades. Estas experiencias han promovido el desarrollo de nuevos conocimientos y perspectivas de manejo local del bosque, además de que su gestión se basa –por ley y en muchos casos por tradi-ción– en las instancias comunitarias de toma de decisio-nes y de gobierno. En estos contextos, los bosques se han convertido en capital natural y patrimonio comunitario, lo que ha permitido crear empleos y obtener ingresos para las familias de las comunidades, así como inversión en infraestructura y servicios urbanos, en regiones don-de la inversión pública ha sido generalmente precaria.

El marco institucional y programático que fomentó la Semarnap y el marco legal (primero con las reformas en 1998 y luego con la nueva Ley General de Desarrollo

En la región central de México predominan los sistemas familiares de producción bovina, en los cuales se obtiene cerca de 30% de la producción de leche y carne. De una encuesta aplicada a 250 productores de leche y carne de bovino bajo sistemas familiares de producción en Guanajuato, se encontró que solo 3.1% no sabe leer; su edad promedio es de 47 años; 62.5% tiene primaria; 15.4% no cuentan con terrenos. Aunque para 78% de ellos la actividad principal es la producción de leche y carne de bovino, 80% realiza otra actividad económica, principalmente agrícola, y la mayoría utiliza mano de obra familiar. La principal fuente de alimentación del ganado es la alfalfa, para los productores de leche, y el agostadero para los de carne. Debido a este tipo de alimentación, el efecto sobre los recursos naturales es marcado, dado que la alfalfa es un cultivo altamente demandante de agua y el sobrepastoreo del agostadero trae problemas de erosión del suelo.

Mediante la organización de los productores en Grupos Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología

(Ggavatt), se transfirió un paquete tecnológico en el que se proponía el uso del ensilaje para la alimentación de vacas lecheras y la elaboración de bloques multinutricionales a base de melaza y urea para alimentar al ganado bovino productor de carne, como complemento alimenticio del pastoreo en el agostadero, contrarrestando con ello el deterioro de los recursos naturales para hacer sustentables y rentables los sistemas familiares.

Los resultados obtenidos en dos Ggavatt de los municipios de Villagrán y San José Iturbide indicaron mayores ingresos y ganancias económicas, así como notables ahorros de agua cuando se emplean silos como fuente de alimentación en el primer caso; en el segundo se mostró que con el uso de suplementos alimenticios la presión sobre el agostadero disminuye y a la vez se obtienen indicadores técnicos y económicos viables, lo cual propicia que la actividad de producción de carne de bovino sea sustentable.

Recuadro 3.6 Opciones tecnológicas para conservar los recursos naturales en grupos de productores de unidades familiares bovinas del estado de Guanajuato

José Antonio Espinosa García


La ganadería bovina practicada en sistemas campesinos mixtos, donde se producen granos y se cría ganado, sobre la base de convenciones de propiedad común y bajo ciertas condiciones de manejo, puede llevar a la internalización de las externalidades ambientales. El manejo ambiental racional incluye el control del pastoreo para asegurar la sustentabilidad y también normas sociales y códigos de conducta que regulan el acceso a abrevaderos, las fechas de apertura de terrenos de pastoreo o la compensación por daños del ganado en los cultivos. Los regímenes de propiedad común también proveen un rango de funciones secundarias, incluyendo el manejo de riesgo, seguridad en los medios de vida, conservación de la cultura campesina y generación de capital social. En estos sistemas, más que una simple interacción entre los dos productos, se presentan oportunidades de una mayor eficiencia económica y ambiental.

En este marco y en la actual crisis que enfrenta la economía campesina, a la ganadería se le ha ido asignado una participación particular en la conservación de la diversidad cultural y biológica. Como ejemplo se puede citar al ejido San Isidro, municipio de Nahuatzen, en la Meseta Purhépecha en el estado de Michoacán. Nahuatzen es uno de los municipios de mayor especificidad campesina de acuerdo con la escala de “campesinidad-agroindustrialidad” (sensu Toledo 1995). San Isidro se extiende en 2 760 hectáreas; la mitad es de uso común (forestal y agostaderos) y la otra parcelas agrícolas, de las cuales cada año se siembran aproximadamente 400 hectáreas con maíz y 150 con avena. El sistema de producción agrosilvopecuario que practica el ejido es característico de la Meseta Purhépecha.

La región se caracteriza por un suelo volcánico altamente poroso, tupure, con una gran permeabilidad de las aguas pluviales. Los terrenos se encuentran a una altitud entre 2 300 y 2 700 m, y pertenecen a la zona climática más fría de la meseta –semifrío subhúmedo, C(E)w– con un rango de temperaturas entre 4 y 11 °C. Estas condiciones ambientales han exigido un alto grado de adaptación tanto al maíz como al ganado. Se siembra maíz criollo, var. aranza, originario de la vecina comunidad del mismo nombre, altamente apreciado por la calidad de la masa y tortilla que se obtiene. El ganado “criollo o corriente, pero resistente”, a decir de los campesinos, corresponde a cruzas de razas lecheras (Holstein), de doble propósito, propias de la región.

La producción y venta de maíz fue en el pasado el pilar de la economía de la comunidad (complementada anteriormente con la extracción de madera y resina, y después con las remesas de migrantes). En la última década, la demanda de maíz en los

mercados regionales ha descendido drásticamente, debido a la creciente importación de maíz de Estados Unidos en el marco del tlcan. Los ejidatarios, al igual que en otras comunidades y municipios de la meseta, han optado por destinar su producción de maíz al ganado, incrementando el hato y, con ello, la producción de leche y becerros. El caso de San Isidro destaca en el ámbito regional por el volumen de maíz cosechado y, en consecuencia, por el elevado número de animales que se pueden producir. Unas 2 800 cabezas pastorean hoy en el ejido; ello ha requerido una adaptación rápida de los campesinos para regular el acceso a tierras de pastoreo, por lo que ha sido necesario desarrollar un buen nivel de capital social.

Siguiendo el sistema de “año y vez”, todos siembran durante un año su parcela en una misma área, para cambiar al año siguiente. Poco antes de la cosecha, el 12 de diciembre, se acuerda el orden con el cual se cosecharán las milpas. Toda el área sembrada se divide en tres a cuatro franjas; la cosecha se inicia en los terrenos de la primera franja acordada, para que al terminar con ésta, el ganado pueda entrar para aprovechar los esquilmos (y fertilizar la tierra). Así se prosigue con las siguientes franjas, hasta terminar la cosecha. De esta manera, las parcelas manejadas individualmente durante la etapa de producción de maíz se integran en un gran potrero de manejo colectivo al terminar la cosecha.

Los campesinos han fijado un tope de siete animales por hectárea para el pastoreo en estos terrenos poscosecha. El pasto nativo que nace con las primeras lluvias en mayo y las plantas arvenses complementan el pastoreo. Los graneros llenos, ante la falta de compradores y aparte del autoconsumo humano, ahora se destinan a la alimentación del ganado. Ello se traduce en un notable incremento del volumen de leche producida y del crecimiento de los becerros, y significa un ingreso importante para la economía de los campesinos que les permite sobrevivir produciendo su maíz criollo y manteniendo la cultura desarrollada en torno a la producción y usos del maíz. La alternativa de obtener ingresos de la ganadería ha ayudado a reducir la presión sobre los recursos maderables y está permitiendo una regeneración adecuada de las superficies forestales del ejido, sobreexplotadas en el pasado. Llama la atención que, a pesar de la importancia económica que ha adquirido la ganadería en el ejido, una buena milpa aún es motivo de mayor orgullo que la posesión de mucho ganado. Ello confirma la importancia de la milenaria tradición agrícola de los campesinos mexicanos que el ganado, introducido hace apenas 500 años, aún no ha podido desplazar.

Recuadro 3.7 Aportes directos e indirectos de la ganadería campesina a la biodiversidad

Nicola Maria Keilbach


En San Miguel Chimalapa, estado de Oaxaca, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha estado impulsando un proceso de desarrollo silvopastoril con ganaderos de varias congregaciones de este municipio, principalmente con el ejido El Porvenir. El modelo de ganadería alternativa incluye el establecimiento de cercos eléctricos, siembra de leguminosas (Leucaena sp.) para obtener forraje de las hojas y vainas, rotación de potreros, construcción de abrevaderos, siembra de zacates de corte y atención sanitaria.

Con este modelo se ha evitado el uso del fuego para promover el rebrote de los pastos y con ello se elimina una de las principales causas de incendios forestales en la región; también se ha disminuido la superficie necesaria para el mantenimiento del ganado con lo que se evita el desmonte de las selvas secas de esta comunidad, y se intensifica la producción obteniendo mayores rendimientos y productividad de carne y leche.

Recuadro 3.8 Procesos silvopastoriles en la región de Los Chimalapas, Oaxaca

El pastoreo tiene valores importantes para las comunidades y el Estado, pero el excesivo pastoreo ha influido negativamente en las comunidades vegetales y el hábitat de la fauna silvestre. Los cálculos actuales indican que 70% de las 114 millones de hectáreas de terrenos empleados para uso agropecuario se encuentran seriamente dañadas por la propagación de malezas invasoras, pérdida de suelo, fragmentación del hábitat, pérdida de especies y la capacidad cada vez más limitada del suelo para retener agua.

Aun cuando desde el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se considera el ambiente como una prioridad y un asunto de seguridad nacional, el manejo de los pastizales y agostaderos presenta una regulación poco efectiva, dispersa e incompleta.

La legislación actual contempla instrumentos de aplicación directa en la conservación y el aprovechamiento de los pastizales. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable consideran la determinación de coeficientes de agostadero, observación de las recomendaciones oficiales sobre carga animal y el impulso a la ganadería mediante prácticas ecológicamente adecuadas. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable menciona la posibilidad de hacer compatibles las actividades de pastoreo en terrenos forestales, contempla la emisión de normas oficiales tendientes a prevenir y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales, busca determinar coeficientes de agostadero y evaluar daños en suelos y pastos. La Ley para la Restauración y

Conservación de las Tierras se propone determinar y revisar periódicamente los coeficientes de agostadero, la presentación de un programa de manejo de tierras conforme a las normas oficiales aplicables y menciona como obligatoria la observancia de los límites de carga animal establecidos por la autoridad competente.

Las leyes federales relacionadas con los pastizales, como la Constitución, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Agraria, la Ley de Capitalización del Procampo y el Código Penal Federal promueven el cuidado y la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales, la realización de programas de prevención y de restauración que propicien la continuidad de los procesos naturales, además de aplicar sanciones por actividades que puedan afectar el ambiente.

Se cuenta también con reglamentos específicos, como el Reglamento para la Determinación de Coeficientes de Agostadero, en las diferentes regiones del país. La NOM-020-RECNAT-2001 establece los procedimientos y lineamientos para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo, mientras que las NOM-059-SEMARNAT-2001, NOM-062-ECOL-1994, NOM-060-ECOL-1994 y NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997 están relacionadas con el aprovechamiento de los pastizales.

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se ha creado el Programa Estratégico para Conservar los Ecosistemas y su Biodiversidad para detener y revertir la pérdida de capital natural, el Programa de Procuración de Justicia Ambiental, el Acuerdo Nacional para el Campo, el Programa Sectorial de

Recuadro 3.9 Legislación para la conservación y uso de los pastizales

Carlos Enrique Aguirre Calderón • Alberto Lafón Terrazas • Enrique Sánchez Granillo


Forestal Sustentable de 2001), aunado a los incentivos económicos aplicados, constituyeron un contexto favora-ble para que el manejo forestal de los bosques y selvas que estaban bajo aprovechamiento pudieran avanzar hacia esquemas sostenibles, como se explicó en el inciso 3.4 de este capítulo.

Los programas de fomento a la producción y conser-vación de los ecosistemas forestales fueron una experien-cia muy importante para el manejo forestal comunitario sustentable, particularmente Procymaf y Coinbio (véan-se inciso 3.4 y recuadro 3.4).

La producción forestal ha propiciado importantes in-centivos para la regulación del uso y de la protección fo-restal, así como para el ordenamiento del uso del territo-rio, en el que se consideran áreas forestales productivas, áreas dedicadas al pastoreo y la agricultura, y a menudo áreas destinadas a la conservación e incluso a la restaura-ción forestal.

Distintas experiencias de manejo comunitario del bos-que han fortalecido o dado lugar a externalidades que van más allá de los ingresos locales, como es el caso de la protección de bosques y selvas de alta importancia para la conservación de la biodiversidad y gobernabilidad lo-cales. Experiencias como las de las comunidades zapote-cas y chinantecas de la Sierra de Juárez, de las comunida-des zapotecas de la Sierra Sur de Oaxaca, así como de los ejidos forestales de las regiones de El Salto y Santiago Pa-pasquiaro en Durango, del ejido del Balcón en Guerrero y de la comunidad purépecha de San Juan Nuevo Paran-garicutiro (Bray y Merino 2004; Merino 2004; Bray et al.

2005), junto con otros casos menos documentados y co-nocidos son fuertes expresiones de la riqueza potencial de la producción forestal comunitaria en México.

El manejo forestal sustentable ha avanzado de manera muy importante en el país y sus experiencias comunita-rias están consideradas como de vanguardia en todo el mundo, como lo demuestra la experiencia de la certifi-cación forestal en México. En agosto de 2005 el Forest Stewardship Council (fsc), que certifica de acuerdo con principios y criterios internacionales el buen manejo fo-restal, reportó que en México existen 50 operaciones que fueron sometidas a la evaluación externa requerida por el fsc, y de ellas 40 obtuvieron la certificación, siendo en su mayoría propiedad social de comunidades pobres y marginadas. Sin embargo, esto no ha impedido que cum-plan con los principios y criterios internacionales de buen manejo forestal. Los propietarios sociales en México es-tán cumpliendo con los mismos estándares que las ope-raciones forestales en Canadá, Finlandia, Australia o Suecia. La superficie que se tiene actualmente bajo ma-nejo forestal certificado es de 772 166 hectáreas (ccmss 2008).

El sector forestal comunitario cuenta con recursos y fortalezas desarrollados a lo largo de años de experiencia y resistencia ante las injusticias sociales. Apoyadas por los programas institucionales que hemos mencionado (Procymaf, Prodefor y Coinbio), distintas comunidades desarrollan nuevas formas de uso o valoración de los bosques que, con mucha probabilidad, favorecerán su conservación y, en algunos casos, se crearán nuevos es-

Ganadería, la Alianza para el Campo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera. Aun con estos instrumentos jurídicos, México tiene graves problemas para llevar a cabo acciones de conservación en materia de pastizales. Esto se debe a la falta de precisión y coordinación entre leyes, reglamentos y normas, y al traslape en las facultades de las distintas dependencias. Estos instrumentos generalmente no llegan a ser aplicables, ya que algunos son obsoletos, se superponen o contraponen, o son tan generales que no son claros en los casos específicos.

Se requiere una legislación coordinada entre dependencias y órdenes de gobierno con el fin de propiciar la conservación y el uso racional de los pastizales. Se necesitan acciones jurídicas y políticas específicas que apoyen la conservación y el aprovechamiento racional, así como también estimular la

protección de los servicios ambientales mediante incentivos económicos. Son necesarios estudios confiables sobre la situación actual del pastoreo desde el punto de vista social, económico y ecológico, la evaluación cuantitativa de sus impactos y el desarrollo de una estrategia de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los pastizales que apoye la toma de decisiones en materia de política y legislación. Esto con el fin de garantizar la preservación de la integridad ecológica de estos ecosistemas, mantener los valores ambientales, económicos, sociales y culturales que aseguren su salud sostenida, y fomentar una perspectiva integral para el manejo, conservación y uso sustentable de su biodiversidad. En resumen, se requiere una estrategia legal con un mecanismo claro de aplicación de la ley.


quemas de relación rural-urbanos. Además de la extrac-ción de madera y su industrialización y de los productos forestales no maderables, algunas comunidades de dis-tintas regiones han desarrollado efc diversificadas dedi-cadas a otras actividades complementarias, por ejemplo, el ecoturismo y la venta de agua de manantial. Más im-portante aún es la renovada experiencia de democracia local en torno a la gestión de los bosques –recursos co-munitarios–, que algunas comunidades de los estados forestales más importantes del país manejan con base en ordenamientos locales comunitarios, planes de manejo y estatutos comunitarios de uso de los bosques, muchos financiados por Procymaf y Coinbio. Es común encontrar que las efc destinan parte de sus utilidades al apoyo de obras de beneficio social y colectivo como el desarrollo de obras educativas (aulas y mobiliarios escolares), de salud (casas de salud, clínicas, seguro social, etc.), caminos, obras de agua potable, así como pagos y gastos de personas que fallecen, pensiones para viudas y ancianos, becas para ni-ños, etc., además de los repartos de utilidades anuales que

muchas efc entregan a los comuneros y ejidatarios una vez terminado el ciclo de aprovechamiento.

En las regiones forestales de Oaxaca, Guerrero, Mi-choacán, Jalisco, Durango y Quintana Roo, las comunida-des forestales se reúnen con periodicidad para coordinar-se, intercambiar experiencias, conocer, evaluar y tratar de influir en el ejercicio de la política pública forestal y de conservación, es decir, desarrollan y exigen esquemas de descentralización democrática de la gestión de los recur-sos naturales (recuadro 3.10). La permanencia de estas experiencias y el desarrollo de capacidades de resguardo informado y responsable de comunidades forestales re-quiere la participación de distintos actores y acciones: mercados alternativos, grupos de la sociedad civil, infor-mación a la opinión pública, entre otros. De manera fun-damental exige políticas consistentes, participativas y transparentes, que en una perspectiva de largo plazo con-sideren el apoyo y desarrollo del manejo forestal comuni-tario como estrategia central de conservación y desarro-llo para el país.

San Juan Nuevo Parangaricutiro. La comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro se ubica en la Meseta Purhépecha en el estado de Michoacán. Tiene una superficie de 14 068 hectáreas, de las cuales 7 359 se encuentran bajo manejo forestal. Está integrada por 1 229 comuneros y su principal actividad económica es el aprovechamiento forestal, con la que se extraen alrededor de 80 000 m3 de madera al año en promedio y se generan 800 empleos. La comunidad tiene certificadas 6 486 hectáreas por el Forest Stewardship Council (fsc) y también su industria forestal, integrada por un aserradero y una estufa de secado. Cuenta con sus propios servicios técnicos forestales, realizados por campesinos originarios de la misma comunidad, y también con una planta procesadora de resina de pino, una fábrica de muebles, una astilladora y una tienda comunal. Asimismo, el manejo de su bosque es diversificado, ya que cuenta con cabañas de ecoturismo y criaderos de venado cola blanca, además de que se han desarrollado estudios para captura de carbono (Velázquez et al. 2002; Smartwood 2006).

Ixtlán de Juárez. Se encuentra en la Sierra de Juárez en el estado de Oaxaca. Tiene una superficie de 19 180 hectáreas, de las

cuales 6 687 son bosques de coníferas bajo manejo forestal. Cuenta con 384 comuneros cuya actividad principal es el aprovechamiento forestal maderable, con la que se crean cerca de 250 empleos anuales. Esta comunidad tiene una superficie forestal de 18 963 hectáreas, de las cuales 8 082 están certificadas por el fsc y 7 688 hectáreas más se encuentran bajo el régimen de conservación comunitaria, situación de enorme relevancia porque Ixtlán se ubica en una de las regiones de mayor importancia por su biodiversidad en México. Esta comunidad cuenta con sus propios servicios forestales y además tiene una importante industria forestal integrada por un aserradero, una secadora y una fábrica de muebles y de puertas, que también están certificadas. Además, cuenta con un proyecto de ecoturismo, dos granjas trutícolas, una gasolinera concesionada a la comunidad, vehículos para el transporte de turistas, así como un Fondo Comunitario Revolvente que financia pequeñas empresas individuales de los comuneros. Recientemente, junto con Textitlán y Pueblos Mancomunados han establecido tres tiendas de muebles certificados situadas en la ciudad de Oaxaca, con el nombre de TIP (Smartwood 2002; Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán com. pers.).

Recuadro 3.10 Experiencias de comunidades y ejidos forestales


3.10.1 Retos

En la coyuntura actual, el sector forestal comunitario en-frenta diversos retos: una limitada competitividad, resul-tado de una falta de inversión crónica; la desarticulación de las cadenas productivas; la precariedad de los mercados regionales; la obsolescencia de gran parte de la planta in-dustrial; los altos costos de producción; la tala ilegal, en la que incide la ausencia de esquemas institucionales de reconocimiento y de valoración de la madera de proce-dencia legal; las dificultades de organización de las efc; el deterioro de los bosques y la presión de los cultivos ilegales en muchas regiones, y el peso creciente de la emigración.

En el contexto actual de mercados cada vez más globa-lizados, Merino y Ortiz (2008) consideran que los princi-pales retos de los productores forestales mexicanos son los siguientes:

• LacompetenciadelosproductosprovenientesdeEs-tados Unidos y Canadá, socios comerciales del país en el tlcan, particularmente fuertes en la producción de madera de coníferas, a la que se orienta la mayor parte de los productores mexicanos.

• Elincrementodelamaderaprovenientedelasplanta-ciones forestales establecidas en Chile, así como en Cos-ta Rica y Guatemala, países con los que México mantie-ne acuerdos de libre comercio.

• Lareubicacióndegranpartedelaproducciónmun-dial de muebles en Asia, en especial en China.

No obstante, el contexto internacional ofrece también oportunidades potenciales. Si bien en el corto y mediano plazos la competencia en los mercados de madera ase-rrada se incrementará, en el largo plazo se espera que esta tendencia se revierta, como resultado del crecimien-to esperado de la demanda de productos forestales por parte de las economías de China, India, Filipinas y Corea, que experimentan procesos de fuerte crecimiento eco-nómico. Para aprovechar esta tendencia, los productores mexicanos deberán superar el reto que implica mante-nerse en los mercados durante los próximos años y desa-rrollar sistemas de control de calidad y clasificación de la madera acordes con las clasificaciones internacionales (Merino y Ortiz 2008).

También hay oportunidades que el sector social fores-tal en México deberá aprovechar para encauzar y atender

Uzachi. La Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (Uzachi) se formó en 1989 por las comunidades de Capulalpan, Xiacuí, La Trinidad y Comaltepec, todas ellas situadas en la Sierra de Juárez en Oaxaca. La principal actividad de estas comunidades es el aprovechamiento forestal maderable y en conjunto cuentan con una superficie certificada por el fsc de 17 151 hectáreas, de las cuales 6 654 se encuentran bajo aprovechamiento forestal y 11 741 están bajo el régimen de Área Comunal Protegida. Uzachi fue la primera organización con bosques de coníferas certificada en México. Esta comunidad produce 8 480 m3 de madera anuales, cuenta con sus propios servicios técnicos forestales y ha realizado sus estudios de ordenamiento territorial comunitario desde hace 10 años. Actualmente, las cuatro comunidades que integran Uzachi cuentan con aserraderos y estufas de secado. En Capulalpan, Uzachi cuenta con un laboratorio de biotecnología donde se producen micelios de hongos comestibles, que propagan en sus comunidades y en el resto del estado. Uzachi es también la sede anual del Programa de Capacitación a Técnicos Comunitarios del estado de Oaxaca que apoya el Procymaf (Anta y Pérez 2004).

Noh Bec. El ejido Noh Bec se localiza en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Cuenta con 216 ejidatarios y tiene una superficie de 24 122 hectáreas, de las cuales 19 377 están clasificadas como selvas medianas subperennifolias de aprovechamiento forestal comercial. De éstas, 18 000 se encuentran certificadas por el fsc. Se aprovechan anualmente 19 396 m3 de casi 40 especies arbóreas diferentes. Además de la madera, se aprovecha el chicle, que anualmente produce 29 toneladas de látex. El ejido cuenta con dos aserraderos, estufa de secado y una fábrica de muebles. Noh Bec ha ido formando a sus propios técnicos forestales comunitarios y cuenta también con equipo de extracción propio. De la actividad forestal se generan alrededor de 140 empleos. Recientemente, el ejido ha elaborado su estudio de ordenamiento territorial comunitario y cuenta con la Reserva Ejidal El Huasteco, de 716 hectáreas (Smartwood 2005; Anta y Pérez 2006). En el año 2007, las áreas forestales de Noh Bec fueron fuertemente afectadas por el huracán Dean, que derribó un volumen importante del arbolado. Actualmente, la comunidad está haciendo ajustes a su programa de manejo por esta situación y aprovechando la madera derribada para buscar su comercialización y limpiar sus áreas forestales a fin de evitar incendios en el futuro.


sus debilidades y retos. Entre estas oportunidades se en-cuentra el incremento al presupuesto al sector forestal que se está asignando en la actual administración federal. La reorientación de los programas de la Conafor que buscan atender el problema de la disminución de la pro-ductividad y de la competitividad. Actualmente se están diseñando y operando tanto un Programa Nacional como los respectivos programas estatales de Producción y Pro-ductividad, que buscan focalizar los presupuestos hacia el mejoramiento del manejo forestal, el desarrollo de ca-denas productivas, la modernización de la industria de las empresas forestales comunitarias y el desarrollo de nue-vos mecanismos de financiamiento donde intervienen fira y Financiera Rural, principalmente. La silvicultura comunitaria está considerada como un eje estratégico, ya que el Procymaf opera ya en 11 estados de la República.

Las plantaciones forestales tienen un nuevo impulso al incluirse programas de abastecimiento por cuencas con la finalidad de promover especies de rápido crecimiento en sitios actualmente ocupados por pastizales y potreros subutilizados.

En las áreas forestales con bosques y selvas de impor-tancia global por su biodiversidad o generadoras de ser-vicios ambientales hidrológicos se están apoyando con el programa de servicios ambientales hidrológicos casi 2 millones de hectáreas.

Con respecto a los procesos de planeación y coordina-ción forestal, además de llevarse a cabo entre la Federación y las 32 entidades operativas, se tiene el objetivo en la pre-sente administración de establecer un proceso de planea-ción y operación regional en las 219 Unidades de Manejo Forestal Regional en las que se ha dividido el país, y en donde las comunidades y sus organizaciones tendrán ma-yores posibilidades de participar y ejecutar directamente los programas institucionales.

3.11 Aprovechamiento sustentable de los productos forestales no maderables

El aprovechamiento sustentable de los productos forestales no maderables puede contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales y resultar en un beneficio para los pobladores rurales por ser una fuente complementaria de ingresos y de satisfactores básicos.

El interés por los pfnm radica en que su uso puede resul-tar en la conservación de ecosistemas forestales al mismo tiempo que las poblaciones locales reciben beneficios económicos. Existe en México un buen número de expe-riencias de manejo comunitario de pfnm, que ofrecen múltiples lecciones sobre el manejo y la comercialización de estos productos y que han demostrado sus efectos po-sitivos en la conservación de masas forestales.

Tal ha sido el caso de la extracción de chicle o látex del chicozapote (Manilkara zapota), el cual tuvo su auge du-rante la segunda guerra mundial y fue un motor de la colonización de las tierras húmedas de la Península de Yucatán. Durante el reparto agrario los chicleros prove-nientes de Veracruz recibieron dotaciones de tierra que se hicieron tomando en cuenta la superficie necesaria para que una familia pudiera vivir de la extracción de chi-cle: 420 hectáreas por ejidatario (véase el inciso 3.1). Es-tas dotaciones son hoy los ejidos forestales donde hay varios cientos de miles de hectáreas dedicadas a la activi-dad forestal y a la extracción de chicle. Tan solo en Quin-tana Roo el área con superficie forestal permanente don-de se aprovecha el chicle es de 254 000 hectáreas. Existen actualmente algunas organizaciones, como el Consorcio Chiclero de Quintana Roo y Campeche, que integran a 37 cooperativas con más de mil socios en ambos estados. El consorcio está comercializando el chicle con empresas como Adams y otras nacionales, además de que está in-cursionando en nuevos mercados como Japón por medio de la venta de chicle orgánico y con su propia marca “Chic Zá”.

Otro caso es el del hongo matsutake (Tricholoma mag-nivelare), cuyo gran valor comercial motivó a varias co-munidades forestales de Oaxaca a establecer áreas de protección que se excluyeron del área de aprovechamien-to forestal.

El aprovechamiento de los pfnm también ha permitido la conservación de áreas con vegetación secundaria y por lo tanto la regeneración de selvas, por ejemplo el enrique-cimiento de acahuales con palma camedor o pita que rea-lizan comunidades indígenas chinantecas y popolucas (Oaxaca y Veracruz) o en la Montaña de Guerrero, donde poblaciones nahuas reintroducen el Agave cupreata en selvas bajas, respetando la estructura de la vegetación. Estas iniciativas han contribuido a la conservación de ecosistemas forestales que generalmente estaban sujetos a las prácticas de roza, tumba y quema (otros ejemplos se explican en los recuadros 3.11, 3.12 y 3.13).


Las selvas bajas o bosques tropicales secos son ecosistemas muy diversos y con la mayor riqueza de especies endémicas de México. También se encuentran entre los ecosistemas que presentan los más elevados índices de deforestación como resultado de prácticas inapropiadas de utilización y apertura de nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. A diferencia de otros bosques y selvas, la explotación forestal de los bosques tropicales secos es poco importante, ya que los individuos de una especie se presentan en densidades relativamente bajas y las características estructurales de los árboles los hace poco apropiados para el aprovechamiento industrial de la madera. Sin embargo, las selvas bajas tienen una gran importancia como fuente de recursos básicos para los habitantes locales, ya que de ella se extraen diferentes especies para satisfacer necesidades básicas, como la obtención de alimento, forraje, medicinas, madera para leña y para construcción.

En San Miguel Maninaltepec, una comunidad chinanteca de la Sierra Norte de Oaxaca, se extrae copal, una resina aromática producida por varias especies del género Bursera, ampliamente usada como incienso en México y otras partes de Mesoamérica. En la actualidad, el principal uso del copal es ritual, sobre todo durante las festividades del Día de Muertos, así como en las fiestas patronales y durante funerales. La resina se quema sobre brasas ardientes en unos recipientes especiales llamados incensarios o sahumerios. Al contacto con el fuego,

la resina despide grandes cantidades de humo blanco de olor aromático. En la época prehispánica, el copal se utilizaba con más frecuencia y, además del uso ritual, se empleaba como medicina y como pegamento. Se han encontrado numerosas piezas con incrustaciones adheridas con esta resina.

Los pobladores de Maninaltepec tienen un sistema de extracción de la resina, basado en el conocimiento de su forma de producción, y mecanismos de control de acceso al recurso, decididos de manera colectiva en una asamblea. Entre las medidas que toman los colectores se encuentra la de dejar descansar a los árboles por uno o dos años para que no se agote su producción. La resina se utiliza localmente y también se vende a personas que van de manera periódica a comprarla. Aunque la producción se lleva a cabo durante una corta temporada que dura de tres a cuatro meses, se realiza durante la época de lluvias, lo que aporta ingresos cuando no se llevan a cabo otras actividades productivas.

A partir del estudio de las poblaciones de Bursera bipinnata en Maninaltepec se determinó que el método de extracción utilizado no afecta la regeneración de la especie, por lo que se considera ecológicamente sustentable. De esta forma, la gente obtiene beneficios de la venta de resina y protege los árboles para mantener la producción, por lo que representa una alternativa para los habitantes locales, con lo cual se evita el cambio de uso de suelo y se estimula la conservación de las selvas secas.

Recuadro 3.11 Extracción de resina de copal (Bursera bipinnata) en Maninaltepec, Oaxaca

Silvia Purata

En México, el cultivo de café bajo sombra se encuentra entre los sistemas agroforestales de mayor importancia por sus atributos económicos y ecológicos, y tiene un papel esencial en la captación de agua, la captura de carbono y el control de la erosión. Una gran parte de estos sistemas se localiza en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad, como las zonas tropicales húmedas, subhúmedas y el bosque mesófilo. Estas áreas se caracterizan por ser zonas con gran número de indígenas en territorios comunales, ejidales y en pequeñas propiedades, principalmente en los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

El café bajo sombra crece bajo la cubierta de un dosel cuya

densidad y diversidad de especies dependen de varios factores culturales y económicos. Los cafetales con mayor riqueza de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, tanto de la vegetación natural como introducida, son muy cercanos a lo que puede ser un sistema forestal, ya que otorgan bienes y servicios similares a los de la vegetación natural. Estos agrosistemas diversos son un claro ejemplo de la forma indígena y tradicional de diversificación productiva.

De los cafetales bajo sombra se extrae una gran cantidad de productos no maderables, como leña para uso doméstico, plantas medicinales y comestibles; frutos como mamey, plátano, naranja, mandarina; diversas materias primas para la

Recuadro 3.12 Productos forestales no maderables y cafetales bajo sombra

Citlalli López


construcción y elaboración de utensilios y productos para el mercado. También se extraen fibras para la manufactura de artesanías, como es el caso del árbol Trema micrantha, cuya corteza se emplea en la producción de papel amate en San Pablito Pahuatlán, Sierra Norte de Puebla. Ante la caída de los precios del café, especies más comerciales como la pimienta (Pimenta dioica), también en la Sierra Norte de Puebla, representan una alternativa comercial de gran importancia.

El papel de los pfnm es clave en los cafetales bajo sombra y forma parte de la relación que existe entre estos sistemas agroforestales y la conservación de la biodiversidad. A pesar de esto, aún hay poco apoyo para los pfnm en cafetales bajo sombra. Los pequeños productores continúan enfrentando una gran cantidad de obstáculos que van desde la variabilidad en la calidad del producto hasta la falta de claridad en las normas de aprovechamiento y uso del suelo.

Los magueyes mezcaleros son resultado de miles de años de interacción con los grupos humanos que los han seleccionado, mejorando sus características deseables. Más de 20 especies de Agave son utilizadas en México para hacer mezcal. El género es de origen americano y comprende 166 especies, de las cuales 75% (129) se encuentran en territorio mexicano. México es su centro de origen y diversificación, lo que también explica que muchas de ellas sean endémicas y microendémicas de nuestro país (Gentry 1982; García-Mendoza 2002). Es posible identificar múltiples regiones mezcaleras, donde coinciden un paisaje, una o varias especies de maguey y una cultura local que ha desarrollado un mezcal característico.

Si bien las dos especies más conocidas, Agave tequilana y A. angustifolia, son cultivadas, el mayor número de especies son silvestres, A. potatorum, A. cupreata, A. angustifolia, A. durangensis, A. zebra, A. palmeri, A. seemanniana, A. shrevei, A. wocommahi, A. scabra, A. maximiliana, A. marmorata, A. hookerii, A. salmiana spp. crassispina, A. inaequidens, A. lophanta, o bien se encuentran en proceso incipiente de domesticación; en agroecosistemas de milpa y traspatio encontramos A. karwinskii, A. angustifolia, A. americana, A. rhodacantha y A. salmiana.

Ante el desarrollo de la industria mezcalera, se observa una tendencia general a la producción agrícola de las dos especies comerciales a costa de las otras, con altos costos ambientales. Para la conservación de la diversidad agavera es deseable encontrar nuevos esquemas de aprovechamiento, de menor impacto ambiental que las plantaciones monoespecíficas, considerando las diferencias biológicas y ecológicas de cada especie. En principio, se requieren lineamientos de manejo

para dos grupos: las especies que solo presentan reproducción por semillas y aquellas que además se desarrollan por vías no sexuales.

En la región de Chilapa, Guerrero, una organización campesina, la SSS Sanzekan Tinemi, y el Grupo de Estudios Ambientales han estado trabajando con campesinos de 30 comunidades para registrar el conocimiento y manejo campesino de A. cupreata, especie endémica del Balsas que se reproduce exclusivamente por semillas, para desarrollar un modelo sustentable de manejo.

Dicho modelo se inició a partir del reconocimiento y la validación del manejo tradicional, que incluye prácticas para la conservación, y para fomentar el incremento de la densidad, así como para la selección genética, que se articula por medio de normas y acuerdos comunitarios. Se realizaron estudios biológicos, ecológicos y demográficos. Con esto se están desarrollando procesos participativos hacia planes comunitarios de manejo silvestre, enriquecimiento del bosque con maguey producido en vivero y zonas de intensificación con métodos tradicionales.

Como resultado, actualmente se tiene un esquema de producción que permite combinar la conservación de una especie endémica con su ecosistema (bosques de encino, palmares y pastizales) y el hábitat de los polinizadores (principalmente murciélagos de varios géneros, algunos migratorios). Se está buscando además la conservación de las fuentes de agua y, sobre todo, la producción sustentable de la leña que se requiere para producir el mezcal. El producto es un mezcal de alta calidad que se ofrece a consumidores sensibles al manejo sustentable.

Recuadro 3.13 Manejo y conservación de un maguey mezcalero (Agave cupreata)

Catarina Illsley

Recuadro 3.12 [concluye]


3.11.1 Retos

Se ha reconocido que para impulsar la extracción soste-nible de pfnm se deben tomar en cuenta diversas condi-ciones que afectan su aprovechamiento y comercializa-ción, y que incluyen desde los aspectos biológicos hasta los organizativos, económicos, sociales, legislativos y cul-turales. Ahora es necesario crear los espacios de diálogo para que los diferentes sectores involucrados e interesa-dos en el manejo sostenible de los pfnm logren acuerdos que faciliten y permitan que esta estrategia funcione de-bidamente. Para incentivar que los pfnm se obtengan del ecosistema natural y no de sistemas cultivados, lo cual permite la conservación del hábitat, deben fomentarse procesos de certificación de los pfnm que conlleven un sobreprecio por la conservación. Es necesario además vincular estos procesos de aprovechamiento de los pfnm con las uma.

3.12 Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre

El aprovechamiento sustentable de la vida silvestre se ha convertido en una importante alternativa de conservación de los ecosistemas naturales en el país, y a su vez en una opción económica para los productores del campo, a partir de la constitución de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Durante las diversas etapas por las que ha atravesado la historia de nuestro país, las comunidades o los propieta-rios de la tierra han sufrido limitaciones e incluso prohi-biciones, mediante vedas, reglamentaciones, normas y controles culturales que les impiden aprovechar gran parte de los recursos de la vida silvestre5 en sus predios y defender el derecho de dominio sobre ellos. A partir de la segunda mitad de los noventa se empezaron a aplicar esquemas más ordenados de aprovechamiento de la vida silvestre y se impulsó la corresponsabilidad en el cuidado de la misma, lo cual ha permitido regular el acceso racio-nal a los recursos naturales obteniéndose mejores resul-

tados para el desarrollo regional y para la conservación y permanencia del capital natural.

La producción intensiva de especies silvestres se ha propuesto como una opción para evitar la sobreexplota-ción (Bennett 2002). Sin embargo, esto no promueve la conservación del hábitat y del ecosistema donde esas es-pecies viven naturalmente. Si bien es cierto que se han cometido graves errores en los esquemas utilizados para el uso y la conservación de las especies silvestres, sin duda alguna la mayor amenaza para la biodiversidad es la pérdida del hábitat donde la vida pueda continuar con todos sus atributos y procesos evolutivos.

Con el fin de revertir este proceso se han desarrollado nuevos instrumentos para la conservación y uso de la vida silvestre, y se ha promovido un mayor involucramiento de las comunidades en el proceso de su protección, vigilancia y aprovechamiento sustentable (Milner-Gulland et al. 2003; Campbell 2005). En este sentido, las uma, integradas en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (suma), son una estrategia de con-servación y aprovechamiento con un enorme potencial.

3.12.1 Aspectos jurídicos y administrativos de las uma

Históricamente, la normatividad y administración de la vida silvestre se dio de manera fragmentaria mediante la Ley de Pesca, la Ley Forestal y la Ley Federal de Caza. Esta última estuvo vigente entre 1952 y 2000, y contem-plaba a la vida silvestre solo desde la perspectiva de la cacería, prohibiendo la comercialización y exportación de animales vivos, sus productos y subproductos. Al res-tringir el uso de estos recursos les restó valor económico y propició el desinterés por su conservación y la de su hábitat, además de no tomar en cuenta los intereses de los legítimos propietarios de las tierras en donde se dis-tribuye de manera natural la vida silvestre.

Las primeras adecuaciones a este marco jurídico fue-ron las realizadas en 1996 a la lgeepa, que consideraron el marco general para la gestión y administración de los asuntos relativos a la vida silvestre de México. Entre los cambios destacables se pueden mencionar la definición de vida silvestre incluyendo tanto la flora como la fauna terrestre y acuática (antes solo se refería a la fauna) y la incorporación del concepto de aprovechamiento susten-table de vida silvestre, cuando los usufructuarios garan-tizan su sustentabilidad mediante tasas de extracción que permitan mantener el equilibrio numérico de las po-blaciones.

5 Para los propósitos de esta sección se utiliza el concepto de vida silvestre como lo define la Ley General de Vida Silvestre “Los organis-mos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones me-nores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales” (artículo 3º, fracción XLV) (Segob 2007a).


La legislación vigente (la lgeepa) permite dos tipos de aprovechamiento de la vida silvestre: a] no extractivo, que no implique la remoción de ejemplares, partes o de-rivados, y b] extractivo, que se refiere a la colecta, captu-ra, caza y comercialización de ejemplares, partes o deri-vados de especies silvestres. Incluso, se permite el aprovechamiento de poblaciones naturales de especies amenazadas y en peligro de extinción, siempre y cuando se garantice el desarrollo de sus poblaciones y la repro-ducción controlada.

Sin embargo, y a pesar de estos avances, quedó sin de-finirse en la lgeepa quiénes tienen derecho a su aprove-chamiento, y se dejaron de nuevo de lado los legítimos intereses y derechos de los dueños de la tierra, quienes son en primera instancia los únicos que pueden garanti-zar la conservación de los elementos presentes en sus terrenos, pues se preocupan por el largo plazo.

Un cambio radical para el manejo sustentable de la vida silvestre ocurrió cuando se reconoció el poder de los derechos de propiedad como una herramienta clave para la conservación, al considerar a los dueños de la tierra como los principales beneficiarios del aprovechamiento de la vida silvestre y los ecosistemas para el otorgamiento de los permisos correspondientes. Es claro que cuando la renta económica que pueda generar un recurso es apro-piable por el dueño o titular de los derechos de propie-dad, el recurso se conserva en el largo plazo. Si la renta es disfrutada por terceros, se disocia el incentivo del propie-tario, quien tiene la capacidad de decidir sobre el destino del hábitat en sus terrenos y puede cambiar el uso del suelo para actividades productivas mediante el ejercicio de los derechos de uso o de dominio que implica la legí-tima propiedad.

Desde mediados de los años noventa se instrumenta-ron procedimientos en este sentido, pero con una base legal endeble, y no fue sino hasta la promulgación de la lgvs en abril del año 2000 que quedaron el principio y sus procedimientos legalmente sustentados, reforzados posteriormente con su reglamento del 13 de noviembre de 2006. Fue entonces cuando quedaron definidas las uma de la siguiente manera: “Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejem-plares que ahí se distribuyen” (artículo 3º fracción XLIV) (Segob 2007a).

Existen dos tipos de uma, intensivas y extensivas. Las uma extensivas se caracterizan por el aprovechamiento múltiple del hábitat y el desarrollo de poblaciones en vida

libre, y buscan promover esquemas alternativos de pro-ducción compatibles con la conservación de los ecosiste-mas, por medio del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales. Para garantizar la recuperación y estabilización de las poblaciones en el área de aprove-chamiento, además de la calidad de los productos que de ellas se obtengan, una uma debe contar con estudios po-blacionales de las especies que se pretende aprovechar y un plan de manejo autorizado tanto para el sitio como para cada una de ellas.

Las uma intensivas implican el manejo de ejemplares en confinamiento y contemplan los predios o instalacio-nes que se dedican al manejo de una o varias especies con fines de repoblación. Existen también los denominados Predios o Instalaciones para Manejo de Vida Silvestre, que manejan vida silvestre (incluso especies exóticas) sin fines de repoblación, como criaderos, viveros, jardines botánicos, zoológicos y circos.

En cuanto a la administración de la vida silvestre, en 1996 se creó la Dirección General de Vida Silvestre en la Semarnap y en 1997 se elaboró por primera vez en Méxi-co el Programa de Conservación de Vida Silvestre y Di-versificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000, con el cual se reorganizaron los aspectos de gestión y normativos para adecuarlos tanto a las metas de conser-vación y uso de la vida silvestre como a las necesidades de las poblaciones locales (Semarnap 1997a).

Actualmente, el gobierno federal comparte la respon-sabilidad de la gestión de la vida silvestre con los estados de la República en donde se han consolidado más las uma (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) mediante acuerdos de coor-dinación, con la finalidad de hacer una gestión más efi-ciente y participativa de los actores locales.

3.12.2 El Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

El suma integra el conjunto de las uma en el país. Para septiembre de 2008, el suma abarcaba una superficie de 30.57 millones de hectáreas (15.1% del territorio nacio-nal), con más de 8 600 uma (Fig. 3.18).

Aunque las uma extensivas se distribuyen por todos los ecosistemas del país (cuadro 3.16), dominan en el norte de México, en donde se localiza 88% de las mismas, es decir, 87% de la superficie (Fig. 3.19). Los estados más representativos con uma son Nuevo León, Coahuila, So-nora y Tamaulipas.

En esta región, diversas circunstancias han favorecido


0

10

20

30

40

50

60

1995 1996

2244

66

101012.712.7

14.7714.7717.5717.57

19.1619.1621.4221.42 22.7422.74 24.0524.05

26.3326.3328.1328.13

30.5730.57

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Supe

rfici

e (m

illon

es d

e he

ctár

eas)

Superficie (total acumulado)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

7 000

5 000

3 000

1 000

10 000

9 000

Número de registradas (total acumulado)

Núm

ero

de

regi

stra

das

Figura 3.18 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (uma) y superficie, registradas al 15 de septiembre de 2008. Fuentes: dgvs, sgpa , Semarnat (2008).

Figura 3.19 Ubicación de las uma en 2005. Fuente: dgvs, Semarnat (2005).


que el suma se extienda con mayor rapidez: la ganadería diversificada ligada a la cacería, la existencia de predios de gran superficie que propician el desarrollo de prácticas de manejo de hábitat, el mayor nivel de experiencia técnica alcanzado, la presencia de organizaciones de productores interesados en desarrollar actividades productivas diversi-ficadas bajo criterios ambientales y una cultura de desarro-llo basada en una producción a largo plazo, entre otras.

Asimismo, el claro desbalance en el desarrollo de este esquema entre el norte y el sur del país se debe, sin duda, a la falta de información, difusión y fomento por parte de las autoridades responsables, lo que a su vez limita la in-versión privada. En los estados del norte casi la totalidad de la inversión para fomento y desarrollo del esquema proviene de la iniciativa privada. Lo anterior tiene como

consecuencia un grado de avance que incluso permitió la descentralización de funciones en materia de vida silves-tre a esos estados norteños. La falta de instalación de uma que sirvan como modelo en el sur ha sido otro factor que limita su desarrollo en esta región.

La principal actividad en las uma extensivas es la cine-gética, principalmente de especies nativas. En el norte del país las especies con fines cinegéticos son el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el venado bura (O. hemio-nus), el borrego cimarrón (Ovis canadensis), el pecarí de collar (Pecari tajacu), las palomas y las aves acuáticas; en el sur de México, el venado cola blanca, el venado tema-zate (Mazama americana), el pavo ocelado (Agriocharis ocellata), el hocofaisán (Crax rubra) y el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) (cuadro 3.17).

Cuadro 3.16 Superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (uma) registradas en los distintos tipos de vegetación en México (hectáreas)

Tipo de vegetación 1998 1999-2001 2002 2003 2004 2005Total de

hectáreas

Bosque de coníferas y encino 408 376 102 247 209 244 34 378 35 563 430 790 238

Bosque espinoso 190 687 104 505 23 005 3 719 41 584 5 897 369 397

Bosque mesófilo de montaña 155 32 826 4.4 nd nd 791 33 772

Bosque tropical caducifolio 32 476 26 704 39 329 7 922 16 108 6 718 129 257

Bosque tropical subcaducifolio nd nd 77 003 1 245 0.57 nd 78 248

Bosque tropical perennifolio 116 308 5 485 31 648 0.6 nd nd 153 441

Bosque tropical subperennifolio nd 1 810 18 750 nd 0.50 nd 20 560

Matorral xerófilo 9 677 321 2 849 482 3 258 689 260 704 557 781 64 176 16 668 153

Palmar nd nd 22 nd nd nd 22

Pastizal inducido 166 353 283 793 442 893 47 701 99 802 20 994 1 061 536

Vegetación acuática y subacuática

30 833 24 512 12 554 10 895 2 104 nd 80 898

Acahual 1 356 21 272 22 538 1 429 1 902 6 369 54 866

Cultivos nd 3 329 1 105 0.3 7 960 nd 12 394

Cuadro 3.17 Distribución estatal de las especies de interés cinegético-deportivo

Nombre común Nombre científico Distribución

Agutí Dasyprocta punctata Camp., Q. Roo, Ver., Yuc.

Armadillo Dasypus novemcinctus Col., Tamps., Ver., Yuc.

Borrego berberisco o Aoudad Ammotragus lervia* Coah., Chih., Nay.

Borrego cimarrón Ovis canadensis mexicana BC, BCS, Son.

Chachalaca Ortalis vetula Camp., Chia., Sin.

Codorniz chiquiri/de gambel Callipepla gambeli BC, NL, Son., Tamps.

Codorniz común Colinus virginianus Ags., Camp., Gto., Mich., Mor., Que., Tab., Tamps., Tlax., Ver.


Cuadro 3.17 [concluye]

Codorniz de California Callipepla californica BC

Codorniz de Douglas Lophortyx douglasii Dgo.

Codorniz de montaña Oreortyx pictus BC

Codorniz de Yucatán Colinus nigrogularis Camp., Yuc.

Codorniz escamosa Callipepla squamata Ags., Coah., Dgo., Gto., Jal., Mich., NL, Que., SLP, Son., Tamps., Zac.

Codorniz Moctezuma o pinta Cyrtonyx montezumae Dgo., Hgo.

Cojolite Penelope purpurascens Camp.

Conejo Sylvilagus audubonii Ags., BC, Camp., Chia., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Méx., Mich., Mor., NL, Pue., Sin., SLP, Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.

Coyote Canis latransAgs., Coah., Chih., Dgo., Gto., Jal. Mich., Nay., NL, Pue., Que., Sin., SLP, Son., Tab., Tamps., Ver., Zac.

Faisán de collar Phasianus colchicus BC, Son.

Gansos, cercetas patos, grullas, gallaretas, gansos, agachonas, gangas

Ags., BC, BCS, Camp., Coah., Col., Chia., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Méx., Mich., Mor., Nay., NL, Pue., Que., Q. Roo, Sin., SLP, Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.

Gato montés Lynx rufus BC, Coa., Dgo., Jal., NL, Son., Tamps.

Guajolote silvestre Meleagris gallopavo Ags., Coah., Chih., Dgo., Gto., Nay., NL, Son., Tamps., Zac.

Hocofaisán Crax rubra Camp., Q. Roo

Jabalí europeo Sus scrofa* Coah., Chih., Hgo., NL, Tamps.

Liebre Lepus callotisAgs., BC, Coah., Chih., Dgo., Gto., Jal., Mich., NL, Pue., Que., Sin., SLP, Son., Tamps., Tlax., Zac.

Mapache Procyon lotorCoah., Col., Chia., Dgo., Jal., Méx., Mich., Nay., Pue., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver.

Paloma de alas blancas Zenaida asiaticaAgs., BC, BCS, Camp., Coah., Col., Chia., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL, Pue., Que., Q. Roo, Sin., SLP, Tab., Tamps., Tlax., Yuc., Zac.

Paloma de collar Columba fasciata BC, Chia., Sin.

Paloma huilota Zenaida macrouraAgs., BC, BCS, Camp., Coah., Col., Chia., Chih., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Méx., Mich., Mor., Nay., NL, Pue., Q. Roo, Sin., SLP, Son., Tab., Tamps., Tlax., Zac.

Paloma morada Columba flavirostris BCS, Col., Chia., Dgo., Hgo., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Yuc.

Pavo ocelado Meleagris ocellata Camp., Q. Roo

Pecarí de collar Pecari tajacuAgs., Camp., Coah., Col., Chih., Dgo., Jal., Méx., Mich., Nay., NL, Q. Roo, SLP, Sin., Son, Tamps., Ver., Yuc., Zac.

Pecarí de labios blancos Tayassu pecari Camp.

Puma Puma concolor BC, Camp., Coah., Chih., Dgo., Jal., NL, Son., Sin., Tamps.

Tejón o coatí Nasua narica Col., Chia., Dgo., Hgo., Méx., Mich., Nay., Pue., Sin., Son., Tab., Tamps.

Tepezcuintle Agouti paca Camp., Chia., Q. Roo, Ver., Yuc.

Venado bura Odocoileus hemionus BC, BCS, Coah., Chih.

Venado cola blanca Odocoileus virginianusAgs., Camp., Coah., Chia., Chih., Dgo., Hgo., Jal., Mich., NL, Q. Roo, Sin., SLP, Son., Tamps., Ver., Yuc., Zac.

Venado temazate Mazama spp. Camp., Chia. Q. Roo, Yuc.

* Exóticos: que se ejerce la caza deportiva como control.

Nombre común Nombre científico Distribución


Otras uma se dedican al comercio de pie de cría, mas-cotas y plantas de ornato; a actividades industriales y arte-sanales diversas (textil, peletera, cosmética, gastronómica, medicinal, etc.) a partir de insumos de vida silvestre; a la prospección químico-farmacéutica aplicada; a la inves-tigación técnica, científica y de educación ambiental, y al ecoturismo.

3.12.3 Beneficios económicos que brinda la vida silvestre

Bajo el esquema del suma se pretende que los producto-res rurales obtengan mayores beneficios económicos por la diversificación de sus actividades productivas susten-tables, además de fomentar la preservación de los recur-sos naturales. En pocos años se ha logrado propiciar una amplia y activa participación de los beneficiarios del suma. Con ello se contribuye a generar divisas y a crear nuevas fuentes de empleo, relacionadas con la protección de es-pecies en riesgo o en peligro de extinción y a la conserva-ción de los ecosistemas.

La importancia económica derivada del aprovecha-miento no ha sido estimada a detalle, pero una primera aproximación indica una derrama económica que excede los 3 029 millones de pesos (cuadro 3.18). La estimación anterior es conservadora debido a que considera única-mente las principales especies aprovechadas.

En la actualidad se cuenta con mercados formalmente establecidos, tanto nacionales como internacionales, li-gados a la vida silvestre nacional, los cuales cumplen con las regulaciones del país y las internacionales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-cies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (Cites).

El turismo cinegético se está incrementando cada año en 8.8% de cazadores nacionales y 10% de cazadores inter-nacionales. Su efecto económico tan solo por la actividad cinegética para los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas es del orden de 2 900 millones de pesos, considerando la derrama di-recta e indirecta generada por la actividad (Guajardo y Muñoz 2004). La derrama directa considera los gastos que se hacen dentro de la uma, como cintillos, permisos, hospedaje, alimentación, guías, alquiler de equipo, entre otros. La derrama indirecta considera la creación de em-pleos y otros gastos fuera de la uma, como transporte, compra de equipo, alojamiento, etc. Se tiene registrado un padrón de 47 340 cazadores mexicanos, e ingresan al país, adicionalmente, un promedio de 9 000 cazadores extranjeros por temporada cinegética. Durante la tem-

porada 2002 se crearon alrededor de 31 638 empleos di-rectos, además de la derrama económica indirecta (Gua-jardo y Muñoz 2004). Estos autores mencionan que, bajo condiciones óptimas, haciendo una mejora regulatoria en todos los campos que inciden en la actividad cinegé-tica, implementando prácticas de manejo y recuperación de hábitat, incorporando el total de especies de interés para esta actividad y con una eficiente gestión descentra-lizada, la derrama económica de la cacería deportiva tan solo en el norte de México podría ser de 40 000 millones de pesos anuales.

En el sur de México, las uma extensivas también re-presentan una opción de desarrollo rural y diversificación productiva y, aunque más lentamente, se han comenzado a incrementar (Fig. 3.20). Se estima que la derrama eco-nómica por la actividad cinegética en el sur es de 2.6 mi-llones de pesos.

Este esquema integral proporciona ingresos económi-cos a las comunidades y garantiza la conservación del hábitat, gracias a la identificación y apropiación de los recursos naturales y a los esquemas de vigilancia partici-pativa que se aplican desde ellas. Además, funciona como un excelente ejercicio de educación ambiental, tanto para los pobladores como para los turistas visitantes.

Los criaderos, viveros, jardines botánicos y zoológicos, aunque no inciden de manera directa en la conservación del hábitat, son muy importantes por la derrama econó-mica derivada de la biodiversidad mexicana. Comercial-mente, los viveros de cactáceas y orquídeas son los de mayor importancia, así como los criaderos de venado cola blanca, iguana verde y psitácidos. El número de cria-deros y viveros ha aumentado a lo largo de los años, lo cual muestra un incremento en la demanda de especies de origen silvestre (Figs. 3.21 y 3.22) (cuadro 3.19).

Cuadro 3.18 Beneficios generados por el aprovechamiento de la vida silvestre

Monto en pesos

uma intensivas (criaderos, viveros) 92 975 308

uma extensivas cinegéticas 2 899 041 958

Exportación de algunas especies 2 410 750

Aprovechamiento de aves canoras y de ornato 4 595 990

Observación de ballenas y nado con tiburón ballena

27 052 310

Ingresos a la Federación 2 979 726

Total 3 029 056 042


0

10

20

30

40

50

60

70

Núm

ero

de c

riade

ros

Chih DF Méx Gto Gro Hgo Jal Mich Mor NL Oax Pue Qro QRoo Tab Tamps Ver Yuc

Figura 3.21 Principales estados con criaderos.

Núm

ero

de v

iver

os

0

20

10

40

30

60

50

80

70

90

Mor Pue Qro QRoo Tamps Ver Yuc

Figura 3.22 Principales estados con viveros.

Cuadro 3.19 Viveros y criaderos registrados de 2001 a 2005

Año Número de viveros Criaderos registrados

2001 2 55

2002 12 50

2003 9 69

2004 20 55

2005 16 91

Figura 3.20 Tasas de aprovechamiento de algunos animales silvestres.

0

10

20

30

40

50

60

Temporadas

Núm

ero

de p

erm

isos

de t

asas

de

apro

vech

amie

nto

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Pecarí de collarPavo oceladoVenado cola blanca


Existen otros beneficios no económicos de las uma establecidos para la recuperación de especies incluidas en alguna categoría de riesgo, las cuales se describen en el capítulo 4.

3.12.4 Retos

No obstante los logros alcanzados en número y exten-sión de las uma, no todas sus actividades han sido pla-neadas adecuadamente, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de redefinir la implementación de algunas disposiciones que tienen que ver con la elaboración y puesta en práctica de los planes de manejo. Es necesario que las uma mejoren sus sistemas de monitoreo para algunas especies, como reptiles, aves y anfibios, y que és-tos se homologuen en cuanto a los métodos de muestreo y su aplicación.

Actualmente se lleva un registro de las uma a partir de la información que presentan los propios promotores de estas unidades. Estos informes señalan el número de in-dividuos comercializados (si es el caso), el estado de la uma, sus registros contables, cintillos, etc. Sin embargo es necesario que exista un mecanismo más claro y preci-so de la autoridad (Semarnat) para verificar si los datos son correctos y confiables, si se está llevando un manejo adecuado de la uma o si se requieren algunos ajustes en los procesos de manejo.

Asimismo, es necesario dar valor agregado a los pro-ductos provenientes de uma, ya que éstos contribuyen a la conservación de los ecosistemas y por ello de la biodi-versidad que los compone.

A su vez, se requiere identificar los principales merca-dos, así como los ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre de mayor demanda y su potencial de producción en el país, para diagnosticar con mayor pre-cisión la derrama económica que esto representa y la po-sibilidad de incrementar este potencial o buscar nuevas alternativas para el aprovechamiento de la vida silvestre y su comercio.

El panorama que brinda el manejo de la vida silvestre en nuestro país es alentador y obliga a las autoridades responsables, a los investigadores y a la sociedad organi-zada a trabajar más arduamente en el cumplimiento de los objetivos y metas que establece la política actual en materia de conservación, manejo y aprovechamiento sus-tentable de la vida silvestre.

En suma, el aprovechamiento de la vida silvestre en México bajo el esquema de uma representa una opción viable para el desarrollo rural y la conservación de los

ecosistemas. La revalorización de las especies nativas, la conservación del hábitat y la derrama económica para las comunidades rurales son los principales logros que de-ben perdurar en el norte del país y promoverse en el sur.

3.13 El ecoturismo

El ecoturismo constituye una oportunidad para lograr la conciliación entre la conservación de áreas naturales en buen estado de conservación y las necesidades económicas y sociales de la población que las habita.

El turismo es una de las industrias más importantes en el mundo y se considera que en el presente siglo será el líder en cuanto al intercambio comercial mundial. Según datos de la Organización Mundial de Turismo (omt), en el pe-riodo 1993-1995 el crecimiento medio de los ingresos por turismo internacional superó el de las exportaciones mundiales de servicios comerciales. En 2006, la omt re-gistró 846 millones de llegadas internacionales, lo que significó un monto de ingresos equivalente a 733 000 mi-llones de dólares (omt 2007). México es uno de los países que más movimiento de turistas suele atraer, con alrede-dor de 20 millones de llegadas internacionales anuales.

Una parte del turismo especializado se cataloga como turismo orientado hacia la naturaleza, caracterizado por visitar destinos que le ofrecen una interacción directa con la naturaleza en diversas formas, como aventuras, deportes, observación escénica, paseos, etc. Dentro de este segmento se encuentra el ecoturismo. Aunque no existe una definición consensuada de ecoturismo, la omt y el pnuma (omt y unep 2002) señalan entre sus carac-terísticas generales: “1. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación principal de los turistas sea la observación, apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales; 2. Incluye elementos educacionales y de inter-pretación; 3. Está organizada para pequeños grupos por empresas especializadas; 4. Procura reducir todo lo po-sible los impactos negativos en el entorno natural y so-ciocultural; 5. Contribuye a la conservación de las zonas naturales”.

Este segmento del mercado turístico ha experimenta-do en los últimos años un crecimiento acelerado, que llega a representar hasta 50% del turismo especializado. En 1994, el turismo orientado a la naturaleza representó aproximadamente 200 000 millones de dólares y es una


fracción importante de todo el turismo internacional (Filion et al. 1994).

Dos de los ejemplos más destacados de este tipo de turismo en países en vías de desarrollo son los casos de Costa Rica y Kenia, que reportan para 1993 ingresos de 570 millones de dólares (Costa Rica) y 826 000 turistas, 80% de los cuales llegaron para observación de la fauna silvestre (Kenia); los ingresos por este concepto repre-sentaron una tercera parte de los ingresos totales de divi-sas para este último país (Kenya Wildlife Service 1995).

El ecoturismo debe cumplir con un conjunto de carac-terísticas para que sirva al doble propósito de conservar la naturaleza y generar ingresos económicos para mejo-rar el bienestar de la población que habita las áreas que se desea conservar. Entre ellas cabe destacar las siguien-tes: a] respetar los espacios naturales, asignarles el valor de disfrute y protegerlos de alteraciones; b] incorporar el conocimiento de la naturaleza; c] contribuir a la conser-vación; d ] ser de baja intensidad; e] cumplir una función social; f ] involucrar a los propietarios de la tierra; g ] ser una fuente de derrama económica para las comunidades.

México es un país privilegiado para el desarrollo del ecoturismo gracias a las características climáticas que permiten hacer actividades durante todo el año; a su gran diversidad de ecosistemas (muchos de ellos únicos en el mundo); a las bellezas escénicas extraordinarias como sus playas y litorales, y por la presencia del segundo sis-tema arrecifal más grande del mundo, y a los fenómenos biológicos únicos que ocurren en su territorio(migración de la mariposa monarca, concentración de ballenas para su nacimiento, desove de siete de las ocho especies de tortugas marinas del mundo, entre otros), aunados a las numerosas zonas arqueológicas y su diversidad cultural. Muy pocos países combinan estas características, lo cual convierte a México en un destino de gran potencial. Ade-más le beneficia la cercanía del mercado norteamericano (Canadá y Estados Unidos), ya que 71% de los turistas in-ternacionales del mercado ecoturístico que visitan Méxi-co son estadounidenses (Cestur 2006). En 1999, México fue el principal destino ecoturístico para turistas estado-unidenses, lo que representó un cuarto de las preferencias frente a otros países (omt 1999).

La Secretaría de Turismo (Sectur), por medio del Cen-tro de Estudios Superiores en Turismo (Cestur), y de ma-nera conjunta con el Instituto Tecnológico Autónomo de México desarrolló el Estudio estratégico de viabilidad del segmento de ecoturismo en México en 2001. En este estu-dio reportaron que el valor total del mercado nacional de los segmentos de ecoturismo, junto con el turismo de aven-

tura, es de 750 millones de pesos para el año 2000 (Sectur 2001), lo cual significa que sigue siendo un segmento mar-ginal en el total de los ingresos turísticos. De ellos, el tu-rismo internacional representa 64.2% y el nacional 35.8%. Se registraron además 442 empresas prestadoras de ser-vicios, entre las cuales solo 15 son comunitarias (apoya-das en su origen por el Fondo Nacional de Apoyos a Em-presas en Solidaridad). Las actividades más frecuentadas por los turistas fueron el buceo (42%), la observación de mariposas (20%) y la de ecosistemas (16%), las cuales apor-taron 73.5% del ingreso. Un dato peculiar es que 30% de los turistas nacionales y 34% de los internacionales que realizan ecoturismo han visitado el mismo destino hasta cinco veces (Cestur 2006).

En 2006, el Cestur reportó que la gente entre 25 y 34 años que viaja para hacer ecoturismo representa el ma-yor porcentaje (39.6%) entre los turistas nacionales. En cambio, la mayoría de los turistas internacionales que llegan a México con fines de ecoturismo tienen mayor edad, entre 35 y 49 años (30.9% de los turistas internacio-nales) (Cestur 2006). Cabe destacar que 80% de los turis-tas internacionales de este tipo de turismo que llegan a México cuentan con estudios universitarios, y en el caso de los turistas nacionales es 70% (Cestur 2006).

3.13.1 Ecoturismo en áreas naturales protegidas

La Sectur ha reconocido que las anp son los destinos preferidos para el ecoturismo, turismo de naturaleza y de aventura. Cerca de 5.5 millones de turistas por año visi-tan las anp del país y ese movimiento genera una derra-ma de 3 000 millones de pesos por año (Conanp 2007).

Esta actividad productiva resulta de gran importancia para la conservación de las áreas naturales protegidas de México, ya que la propiedad de la tierra de la mayoría de la superficie bajo conservación es ejidal, comunal o pri-vada, donde habitan miles de personas que deben encon-trar un sustento económico compatible con la conserva-ción de los ecosistemas y con los programas de manejo de las anp. Una parte importante de los habitantes de éstas es población indígena. El ecoturismo puede promo-ver y financiar el desarrollo económico de esta población por medio de la generación de ingresos y la creación de empleos, así como mejorar las condiciones de vida gra-cias a la infraestructura que acompaña los proyectos tu-rísticos, como agua potable, electrificación, comunica-ciones, servicios de salud, etcétera.


3.13.2 Ejemplos exitosos

En México, esta actividad tiene un enorme potencial pero es aún muy incipiente. Los ejemplos más destaca-dos son las visitas a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, a los arrecifes de coral en los parques naciona-les Puerto Morelos, Cozumel, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, así como a la Re-serva de la Biosfera Los Tuxtlas y el Parque Nacional Huatulco, entre otros.

Destaca particularmente la observación turística de ballenas que se realiza en Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. Las dos especies principales son la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la ballena gris (Eschrictius robustus). El número total de embarca-ciones es de 227 y 48 permisionarios, más 26 permisio-narios en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno (cuadro 3.20). Asimismo, el nado con tiburón ballena es una acti-vidad ecoturística creciente. Se lleva a cabo en el estado de Quintana Roo y cuenta con 164 permisionarios.

La derrama económica derivada de la observación tu-rística de ballenas y del nado con tiburón ballena es con-siderable, como se puede observar en el cuadro 3.21.

En la última década, algunos proyectos ecoturísticos se han registrado como uma. Existen 85 uma que cu-bren una superficie de 386 944 hectáreas. Yucatán es el estado con mayor superficie (140 071 hectáreas), seguido de Campeche con 42 814 hectáreas. Los estados con cin-co o más uma registradas para este fin son Campeche, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Durango y Sonora.

Algunos ejemplos de comunidades que han mejorado sus condiciones de vida con estos proyectos se encuen-tran en Campeche, como el ejido Carlos Cano Cruz y la comunidad menonita de Las Flores, que tienen un es-quema de aprovechamiento extractivo (Armenta 2006). Otro caso es la comunidad de La Ventanilla, situada en la costa del estado de Oaxaca, que se dedica al ecoturismo basado en la observación de cocodrilos y aves (Ávila 2002).

Destaca la proliferación de proyectos impulsados en Oaxaca, directamente con las comunidades que han de-cidido conservar sus ecosistemas naturales y buscan en la actividad turística un medio para seguirlo haciendo, a la vez de procurarse recursos económicos. Estas expe-riencias son incipientes pero tienen un gran potencial de crecimiento (recuadro 3.14).

La Conanp ha promovido la creación de espacios de ecoturismo dentro de las anp y sus áreas de influencia, como una oportunidad para contribuir a la conservación y el desarrollo sustentable, en donde la adecuada planificación y operación son una premisa para evitar amenazas a la biodiversidad.

Muchos de estos proyectos se encuentran en el estado de Oaxaca. Estos proyectos, aunque tienen diferente antigüedad y grado de avance, en todos los casos buscan conservar los recursos naturales y desarrollar actividades ecoturísticas sustentables.

En general, se originan de la organización familiar o comunitaria, y en muchos casos se han apoyado en instrumentos de gestión como el establecimiento de uma (Santiago Lachiguiri), de áreas naturales protegidas (Santa María Guienagati) o de desarrollos productivos (café orgánico en Pluma Hidalgo y aguas termales en el ejido Mena Nizanda). También existen en sitios arqueológicos (Monumento Natural Yagul).

La mayoría cuenta con cabañas, alojamientos rústicos o áreas de acampado y restaurantes, y ofrecen actividades

relacionadas con la naturaleza, como senderismo, observación de flora y fauna y recorridos en lancha. También se ofrecen actividades deportivas, como ciclismo, rapel, tirolesa y visitas a grutas, cavernas o cascadas.

Algunos de estos proyectos son:

• Capulalpan de Méndez• Nuevo San José Río Manso• Santa Cruz Tepetotutla• La Cruz-Corral de Piedra• Monumento Natural Yagul• Santo Domingo Tonalá• San Marcos Arteaga• Santiago Lachiguiri• Santa María Guienagati• Ejido Mena Nizanda• La Escobilla• Pluma Hidalgo• La Ventanilla

Recuadro 3.14 Ecoturismo en las áreas protegidas de Oaxaca

Paula Meli


3.13.3 Retos

El ecoturismo bien manejado puede ser una gran opor-tunidad. Sin embargo, puede convertirse en una seria amenaza si se pierde el control. Su crecimiento acelerado ante la ausencia de una normatividad y planificación ade-cuadas y claras, la insuficiencia de infraestructura, las vías de comunicación deficientes y mal señalizadas, la insuficiente capacitación de los prestadores de servicio, la falta de información y de seguridad en el país pueden dar lugar a un crecimiento desordenado que no permita cumplir con los objetivos de la conservación de la biodi-versidad, particularmente de las anp.

Es necesario que esta actividad se lleve a cabo bajo los lineamientos de planes rectores que se deriven de los Pla-nes de Manejo de las anp, en los que se delimiten la zo-nificación y las normas de operación y construcción de infraestructura para garantizar la compatibilidad entre el uso y la conservación de la biodiversidad. Asimismo, es necesario que se rijan por los instrumentos legales exis-tentes, como el ordenamiento ecológico del territorio y las manifestaciones de impacto ambiental.

Para enfrentar estos retos, la Conanp puso en marcha en 2007 el Programa Nacional de Turismo en Áreas Pro-tegidas (2006-2012) en el que se define que la Conanp, junto con otras instituciones, debe fomentar el desarrollo sustentable del turismo en las anp y realizar un manejo estratégico y bien controlado del turismo para regular y mitigar los efectos negativos (Conanp 2007).

El programa plantea tres líneas de trabajo: desarrollo y aplicación de instrumentos de política ambiental para el manejo de sus efectos; evaluación y diagnóstico de la in-fraestructura y de proyectos turísticos, y desarrollo de co-nocimientos y capacidades para un turismo sustentable.

La Conanp pretende que el turismo que se realice en las anp sea bajo estándares internacionales de calidad y que estas áreas cuenten con la infraestructura apropiada para la prestación de servicios, por ejemplo: un centro de visitantes, senderos interpretativos, miradores, sanitarios, zonas de establecimiento de campamentos, mapas y seña-lamientos informativos para los visitantes, áreas para co-mercializar productos turísticos que cada área pueda ofre-cer, códigos de conducta para el prestador de servicios y para el visitante y un Centro de Comunicación y Cultura para la Conservación.

3.14 La pesca responsable

Los principios de la pesca responsable fueron el eje rector de la política pesquera a partir de 1994, cuando se integró este sector al resto de los sectores de gestión de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente. El nuevo arreglo institucional solo duró un sexenio. No se ha evaluado a profundidad el efecto de la desintegración, pero las pesquerías no se han recuperado.

La incorporación del sector pesquero en 1994 a la nueva Semarnap significó un giro positivo en la administración del sector. El objetivo principal era lograr la gestión inte-gral de los recursos naturales nacionales bajo los criterios de sustentabilidad ambiental. Algunos de los elementos centrales de la política pesquera entre 1994 y 2000 fueron los siguientes: se adoptaron los conceptos de pesca res-ponsable, manejo basado en el ecosistema y enfoque pre-cautorio; la investigación científica se dirigió al manejo y a encontrar los límites naturales de las poblaciones explo-tadas; su relación con la economía pesquera se evidenció y se reforzó. Se impulsó la transparencia en las decisiones y la participación de la sociedad en las mismas, así como

Cuadro 3.20 Datos generales sobre la observación turística de ballenas (temporada 2004-2005)

Permisionarios EmbarcacionesTuristas

extranjerosTuristas

nacionales

BCS 11 109 5 105 6 176

BC 2 6 4 821 825

Nayarit 23 81 3 280 5 522

Jalisco 12 31 6 169 8 235

Totales 48 227 19 375 20 758

Nota: los datos no consideran las embarcaciones en la Reserva de la Bios-fera El Vizcaíno.

Cuadro 3.21 Derrama económica por el nado con tiburón ballena y por la observación de ballenas

Año

Beneficios económicos (montos en pesos)

Nado con tiburón ballenaObservación turística

de ballenas

2004 1 894 571 52 827 800

2005 3 753 750 23 146 766

Total 5 648 321 75 974 566


la rendición de cuentas. La mitigación del efecto de la explotación sobre los recursos naturales se reforzó y se incorporaron sus lineamientos en diversas NOM para conducir las capturas de las principales especies pesque-ras; se revisó y adecuó el reglamento de la Ley, y la Carta Nacional Pesquera se rediseñó y se convirtió en el instru-mento principal de gestión y manejo, con lo que se avan-zó en el ordenamiento de las pesquerías (inp 1999).6

El ordenamiento pesquero es el instrumento de admi-nistración de los recursos pesqueros que mediante medi-das técnicas, administrativas, sociales y legales busca regular la intervención humana para sostener los recur-sos y la economía que se derivan de su explotación en los niveles deseados. Lo anterior pretende generar adicio-nalmente una mejor gobernabilidad pesquera al estable-cer reglas y arreglos que minimicen los conflictos y maxi-micen los consensos sociales.

Entre las medidas que se deben aplicar a cada pesque-ría se encuentran: esfuerzo y cuotas permisibles, número de embarcaciones pesqueras, número y tipos de artes, métodos y tecnologías pesqueras, temporadas y tipos de vedas, tallas y pesos mínimos de captura y normas para su captura, conservación y transporte (Díaz y Díaz 2001).

En cuanto al marco jurídico y normativo, se han expe-dido hasta la fecha numerosas leyes y normas y se han realizado muchas reformas. En 2006 se publicó la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (lgpas). Aunque se incorporaron algunos criterios de sustentabi-lidad para una pesca responsable, aún falta mucho trabajo por delante. Sobre todo falta, y en algunos casos se carece de precisión conceptual y operativa, que se convierta en una ley eficaz encaminada a la sustentabilidad.

La ley establece que la actividad pesquera, tanto mari-na como continental, se realiza en aguas que la Constitu-ción política define como aguas nacionales de jurisdic-ción federal. Asimismo, establece que el gobierno federal tiene la atribución del manejo de todos los recursos pes-queros marinos y continentales. En función de estas de-finiciones, la regulación y el manejo de la actividad pes-quera quedan en la administración pública federal, sin establecerse atribuciones para que los gobiernos locales

puedan manejar los recursos y la actividad pesquera en el territorio de sus estados.

La legislación mexicana relacionada con el manejo de los recursos naturales pesqueros incluye, además de la lgpas y su reglamento, la Ley General de Bienes Naciona-les, la Ley de Aguas Nacionales y la lgeepa, entre otras.

De 1994 a 2000 se establecieron NOM para 14 pesque-rías que representan 62% del volumen total de las captu-ras, dirigidas a fijar regulaciones como permisos, especi-ficaciones para las artes de pesca, temporadas de veda, áreas cerradas a la pesca, tallas mínimas de captura, lími-tes de cuota, dispositivos excluidores de tortuga y de fau-na acompañante (cuadro 3.22).

Los esfuerzos realizados señalan un proceso creciente en el interés gubernamental y social por la salud de los recursos pesqueros, pero son asistemáticos y carentes de una visión integral de las pesquerías y su entorno. A pe-sar de los avances alcanzados, debemos reconocer que hasta el día de hoy prácticamente no encontramos algún caso de pesquería manejada sustentablemente; el único reconocido bajo un esquema de certificación es el de la pesquería de langosta en Baja California, que obtuvo la certificación por parte de la organización internacional Marine Stewardship Council.

Las restricciones a la pesca no tienen una historia exi-tosa en las pesquerías mexicanas, debido a la reticencia de los pescadores para adoptarlas (Lluch-Belda 1974; So-lís et al. 2000) y a la falta de observancia y de capacidad de vigilancia (Fernández et al. 2000; Monroy et al. 2000).

Existe una tendencia de debilidad para gobernar el sec-tor pesquero, propiciada por las condiciones de sobre-presión a los recursos, la baja rentabilidad económica, el fácil acceso y la alta competencia por los recursos, así como por las lagunas jurídicas y normativas, la no aplica-ción de la ley y la insuficiente y deficiente vigilancia.

Asimismo, hay conflictos históricos como el que se tie-ne entre los pescadores de alta mar y los de la costa, que se han intensificado por el incremento del número de pescadores en ambos ambientes, la reducción de las cap-turas totales y per cápita, la proliferación de embarcacio-nes menores (pangas) que rebasan sus zonas de captura y que invaden las de los pescadores de alta mar y la diferen-ciación de sus mercados e ingresos, entre otros factores.

También existen conflictos regionales entre los pesca-dores artesanales en la frontera entre Yucatán y Campeche por el acceso a la captura de pulpo, o el de los pescadores del Golfo de Santa Clara, en el Alto Golfo de California, con los del sur de Sonora y Sinaloa por la pesca del cama-rón en las zonas de pesca de los primeros.

6 La primera cnp publicada incorporó la versión escrita y cartográ-fica de las pesquerías marinas y continentales, acuacultura, artes de pesca, inventario de la ictiofauna dulceacuícola y de las regiones bio-geográficas de distribución respecto a las cuencas nacionales, princi-pales áreas naturales protegidas relacionadas con las actividades pes-queras, recuento de las especies sujetas a esquemas de conservación, como las tortugas marinas, y ecosistemas importantes, como las lagu-nas costeras. Se han publicado actualizaciones de este instrumento en los años 2004 y 2006.


A su vez, hay conflictos ocasionados por intereses en-contrados: la asignación de algunas especies a la pesca deportiva, entre los que practican ésta y los pescadores comerciales que las reclaman para su provecho; en el Golfo de México, entre las actividades energéticas (pe-tróleo) y los pescadores desplazados de las áreas de res-tricción por los efectos de la primera; entre los pescado-res que reclaman el aprovechamiento de las anp marinas, como en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de Cali-fornia, y la aplicación de la ley o de normas, así como con organizaciones no gubernamentales u otros actores de la conservación, y el histórico entre los pescadores legales, que realizan su actividad al amparo de un permiso, y los ilegales o libres, que no cuentan con documentos legales para dedicarse a la pesca (se calcula que existen entre dos y cuatro pescadores ilegales por cada legal).

3.14.1 Retos

Las perspectivas de la pesca mexicana resultan difíciles y complejas ya que demandan acciones vigorosas, decidi-das y consistentes para darle viabilidad a mediano y largo plazos, y que de no asumirse consolidarán la tendencia

de estancamiento en las capturas y de incremento del nú-mero de pesquerías clasificadas como en estado de dete-rioro, con sus consecuencias económicas, sociales y eco-lógicas.

A continuación se señalan los retos más importantes desde la perspectiva ambiental:

• El ordenamiento pesquero debe ser un instrumentoobligatorio en todas las pesquerías o al menos en las más importantes y que están más presionadas, ajustan-do la extracción a los límites de la capacidad de repro-ducción del recurso mediante planes de manejo por pesquería.

• Losplanesdemanejoyderestauracióndebenestable-cerse, gestionarse y sobre todo revisarse con la regula-ridad apropiada para evaluar la efectividad de las me-didas adoptadas.

• Debeimpulsarselaparticipacióndelasociedaddema-nera efectiva e informada en las decisiones de gestión de los recursos.

• Hayquetransparentarlagestiónyelmanejodelosre-cursos pesqueros y exigir información pública y rendi-ción de cuentas por parte del gobierno en este tema.

Cuadro 3.22 Pesquerías reguladas mediante normas oficiales

Pesquería Año sl ql gs sc ac el ted bed

Atún 1994 X X X X

Camarón 1994 X X X X X

Sardina 1994 X* X X*1 X

Langosta 1994 X X X X X

Abulón 1993 X X X X X X

Pulpo 1993 X X* X X X*2 X

Almeja 1993 X X X X X

Pepino de mar 1993 X X X X X

Raya 1994 X X

Totoaba 1994 X X X

Caracol 1995 X X X X X X

Ostión 1995 X X X X

Pesca deportiva 1995 X X X X X X

Tiburón X X X X

Las regulaciones incluidas en la NOM son: talla mínima de captura (sl), límite de cuota (ql), especificaciones del arte de pesca (gs), temporada de veda (sc), área cerrada a la pesca (ac), límite de esfuerzo (ef), dispositivo excluidor de tortuga (ted), dispositivo excluidor de fauna acompañante (mamíferos) (bed). Modificado de Hernández y Kempton (2003).

* No incluida en Hernández y Kempton1 Esfuerzo limitado a ciertas áreas.2 Para evitar conflictos entre los pescadores de los estados de Campeche y Yucatán.


• Lainvestigacióncientíficaytecnológicanacionalparael sector pesquero debe ser la base de las decisiones para la gestión de los recursos pesqueros. Habrá que construir redes y alianzas con la academia y las institu-ciones de educación superior para desarrollar la inves-tigación y formar los recursos humanos de alto nivel.

• Debe aplicarse el principio precautorio de maneraefectiva.

• LaCartaNacionalPesqueradebeserel instrumentorector de gestión y manejo, convirtiéndose en un ins-trumento flexible, adaptativo, revisable y actualizable acorde con la dinámica de los recursos.

• ElEstadodebeatender–inclusoen términosdeefi-ciencia económica y disminución de conflictos– a la pesca ribereña social con mayor énfasis y no solo con-centrarse en la pesca industrial.

• SerequierereforzarmáselpapeldelEstadoydelaso-ciedad para revertir las tendencias desfavorables am-bientales, sociales y económicas que el mercado ha pro-piciado.

• Senecesitadiversificarlaspesqueríashacianuevosre-cursos, quitando presión sobre las deterioradas y sobre-explotadas, y buscar nuevos mercados.

• Sedebeinnovarymodernizarlaspesqueríasperonosobre la base de subsidios perversos.

• Hayqueconstruircadenasproductivasyañadirvaloragregado a las capturas para modificar la presión sobre los recursos y propiciar mayores beneficios económi-cos y sociales.

• Sedebenadecuarloscontenidosdelmarcolegalconcriterios de sustentabilidad ambiental efectiva.

• Esnecesariodesarrollarunamejorgobernabilidadpes-quera que beneficie a la sociedad y minimice los con-flictos.

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