SEGURIDAD NACIONAL: LOS 7 PECADOS CAPITALES...

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SEGURIDAD NACIONAL: LOS 7 PECADOS CAPITALES DEL GOBIERNO

Es evidente el deterioro de la seguridad en el país. La percepción negativa de la situación por parte de la opinión pública es reiterada por todas las encuestas. Esta percepción es producida por una acumulación de hechos violentos cuyo escalamiento es cada vez mayor. El primer mes del presente año ha sido el más violento de los últimos ocho años, pero es la continuación de una tendencia que ya viene de años anteriores. Existe un rebrote de los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública y la población civil, así como un inusitado aumento de los atentados contra la infraestructura económica nacional, del secuestro y de la extorsión. Recientemente las bandas criminales han hecho demostraciones sin antecedentes de capacidad de intimidación violenta contra poblaciones enteras. La alianza de las estructuras guerrilleras con estas bandas criminales constituye una nueva, inédita y repotenciada amenaza contra la seguridad colectiva. De los 8 delitos que más afectan la seguridad a en los centros urbanos, hay retrocesos en 4 delitos, estancamiento en 1, y solo hay avances en 3. Ante la opinión pública y los medios de comunicación estos hechos a veces permanecen ocultos tras la espectacularidad de las bajas de algunos de los principales líderes de la guerrilla. Por ejemplo, si no hubiera sido por la muerte de alias Alfonso Cano, la evaluación mediática de la gestión gubernamental en seguridad en el año 2011 hubiera sido muy negativa. Esa muerte le salvó el año al Gobierno en los medios de comunicación, pero ocultó el rebrote de la violencia guerrillera en muchas zonas del país.

No obstante, la opinión empieza a ver con mucha preocupación que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para controlar el deterioro de la seguridad y para neutralizar las intenciones de los grupos armados irregulares. Estimamos en consecuencia que es necesario abrir un debate democrático acerca de la gestión gubernamental en este campo que lleve a identificar eventuales debilidades de la política pública y a plantear opciones que permitan mejorar la situación. Como contribución a este debate identificamos las que a nuestro parecer han sido las siete principales falencias de la política de seguridad de la presente administración : no reconocer el deterioro de la seguridad; insistir en una estrategia agotada que en la lucha contrainsurgente pone el énfasis en la persecución y baja de los principales cabecillas de la guerrilla; no disponer de la totalidad del aparato represivo del Estado para combatir a las bandas criminales; mantener una peligrosa ambigüedad en el tema de los diálogos de paz; haber desmontado el programa de las redes de cooperantes civiles y los soldados de mi pueblo; prolongar la inseguridad jurídica de la Fuerza Pública; y sostener una


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relación poco exigente con Venezuela que sacrifica la seguridad nacional en aras de la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales. 1.NEGAR EL DETERIORO DE LA SEGURIDAD El Gobierno ha sido insistente en que la situación de seguridad del país ha estado mejorando consistentemente durante los meses transcurridos de su administración, y ha señalado que critican su gestión en este campo lo hacen por razones políticas a veces inconfesables, llegando a relacionar indirectamente a sus críticos con una supuesta “mano negra” de derecha que tendría intenciones desestabilizadoras. En el mejor de los casos los considera “idiotas útiles” de los enemigos del Estado. Recientemente ha hecho un llamado a los mandatarios locales a no ”magnificar” los hechos violentos de que son víctimas las poblaciones y la Fuerza Pública en sus departamentos y municipios. Insiste en señalar que el leve descenso que gradualmente se está presentando en las cifras de homicidio son prueba del mejoramiento de la situación El Gobierno considera que las acciones violentas de la guerrilla son resultado de su debilitamiento y su desesperación ante el avance de las tropas oficiales. Pero no existe un reconocimiento del incremento del número y la osadía de sus acciones violentas, ni de su retorno más callado a zonas de las que había sido expulsada en años anteriores por la acción de la Fuerza Pública. No obstante, según un estudio del Centro Seguridad y Democracia con relación al año anterior en el 2011 aumentaron un 24 por ciento los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública, entendidos estos como hostigamientos, emboscadas y ataques contra instalaciones militares y policiales. Estos ataques vienen creciendo desde el año 2009 y en el 2011 triplicaron en número a los ocurridos en el 2008. De igual forma crecieron en un 32 por ciento los atentados contra la infraestructura económica nacional, siendo particularmente alto el incremento de los atentados contra el sector petrolero que crecieron en 80 por ciento. Estos atentados tuvieron en 2011 el más alto número de los últimos 5 años. De igual forma, el secuestro creció en un 10 por ciento con relación al año anterior, pero comparado con el 2009 ha aumentado en 45 por ciento por ciento.1 Esta tendencia al aumento de la violencia ha continuado en lo que va corrido del presente año. En efecto, el mes de enero de 2012 ha sido el más violento de los últimos 8 años en lo que a ataques guerrilleros contra la Fuerza Pública se refiere.

1 La Seguridad Nacional en Colombia 2011. Centro Seguridad y Democracia, Universidad Sergio Arboleda,

Bogotá, Noviembre de 2011.


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Con relación al año anterior el incremento fue de 81 por ciento, pasando de 21 casos a 38 entre esos años, y habría que ir hasta el 2004 para encontrar un año con un mayor número de ataques. De igual manera, el número de atentados contra la infraestructura económica se multiplicó por 4.2 En lo que atañe a la seguridad urbana, la situación también es preocupante. De los 8 delitos que principalmente afectan la seguridad ciudadana en los 27 centros urbanos con más de 200 mil habitantes en el país, hay retrocesos en 4 delitos, estancamiento en 1, y avances en 3. En efecto, entre 2010 y 2011 el homicidio urbano se redujo solo en 1 por ciento. El hurto a personas es hoy el doble de hace 9 años. Los casos de lesiones personales crecieron 27 por ciento con relación al 2010 y fue el número más alto en los últimos 9 años, excluyendo el 2009. El hurto a entidades financieras se incrementó en 76 por ciento con respecto al 2010 y registró el más alto número de los últimos 8 años. El hurto de automotores también está en alza y fue en 2011 el más alto de los últimos 5 años, exceptuando el 2010. Únicamente avances en piratería terrestre , hurto de residencias y hurto al comercio.3 Toda esta situación ha llevado a que, según las encuestas de la firma Invamer –Gallup, la percepción ciudadana de que la inseguridad está empeorando subió de 48 por ciento en Julio de 2010, un mes antes del inicio del actual gobierno, a 67 por ciento en diciembre de 2011, mientras que la percepción de que el problema de la guerrilla empeoró pasó de 33 por ciento a 58 por ciento, en el mismo período. De otra parte, la aprobación de la forma como el Presidente estaba manejando la inseguridad bajó de 71 por ciento por ciento a 38 por ciento, mientras que la aprobación al manejo del problema de la guerrilla bajó de 82 por ciento a 54 por ciento, luego de descender a 43 por ciento antes de la muerte de alias Alfonso Cano. 4 Esto significa que la percepción de inseguridad no hace más que reflejar en la opinión pública la tendencia objetiva de deterioro de la seguridad, evidenciada en el seguimiento y la contrastación de las cifras de los hechos de violencia que ocurren en el país. No es un problema de “mano negra” ni de excesivo cubrimiento mediático de los hechos de violencia que, dicho sea de paso, excepto los casos

2 El Enero más Violento en Ocho Años. Centro Seguridad y Democracia, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

Febrero de 2012

3 Seguridad Urbana: Más Retrocesos que Avances. Centro Seguridad y Democracia, Universidad Sergio

Arboleda, Bogotá , Febrero de 2012

4 Gallup Poll Bimestral, Poll 86, Gallup Colombia, Diciembre de 2011.


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más aberrantes de terrorismo, han desaparecido de las páginas de los principales diarios y noticieros televisivos del país. Pero la opinión lo siente y las cifras lo reflejan : hay un deterioro de la situación de seguridad en el país. Pero el gobierno se empeña en negarlo. Lo grave es que esta negación le impida apreciar objetivamente la situación e introducir los ajustes necesarios a sus políticas de seguridad. Y sin estos ajustes, la situación se seguirá deteriorando, a pesar de que el gobierno lo siga negando. 2. CONTRA LAS BACRIM, SOLO POLICIA Los grupos armados denominados por el Gobierno Bacrim o bandas criminales, y por otros llamados neoparamilitares, son una amenaza a la seguridad nacional que no han sido suficientemente comprendidos ni evaluados. Se les considera únicamente como bandas de narcotraficantes, unos aparatos mafiosos que son solamente un problema policial. Pero para combatirlos no se han tenido en cuenta sus estrechas alianzas con los frentes guerrilleros, ni su demostrada capacidad para amenazar y controlar poblaciones y regiones enteras, ni su capacidad de confrontación militar, ni sus estructuras jerarquizadas. A partir de una enorme dispersión inicial de numerosas bandas, algunas fuertes y muchas relativamente débiles, estas bandas se han ido concentrando en unas pocas organizaciones con mayor capacidad de violencia, enormes recursos, mayor penetración entre la población, más potencial de corrupción y más capacidad para concertar acciones a nivel regional. Sus alianzas con las guerrillas las han repotenciado desde el punto de vista logístico, de inteligencia y de capacidad de control territorial. En su momento alias el Mono Jojoy , comandante de las FARC, estableció como una política general establecer alianzas con estos grupos. Su presencia abarca a más de 150 municipios en 17 departamentos, según la Policía Nacional, y están en cerca de 340 municipios de 31 departamentos, según Indepaz. 5 Pero en una decisión que pareciera corresponder más a razones ideológicas que prácticas, el Gobierno ha decidido que a estas bandas solamente las perseguirá la Policía Nacional, dejando a un lado la posibilidad de que las Fuerzas Militares también las repriman allí donde se encuentren, con lo cual el Estado se está amarrando a sí mismo una mano que puede ser definitiva para combatirlas con

5 Para la versión de la Policía Nacional, ver : Bacrim, una amenaza y hay que contenerlas, dice Naranjo. El Colombiano, Medellín, 26 de Enero de 2011. Para la versión de Indepaz, ver: http://m.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-327595-bacrim-crecen-todo-el-pais

http://m.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-327595-bacrim-crecen-todo-el-pais

http://m.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-327595-bacrim-crecen-todo-el-pais


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éxito. Pero con la creencia de que las Fuerzas Militares deben solamente perseguir a los grupos guerrilleros, porque estos son insurgentes con motivaciones políticas , mientras que la Policía debe reprimir a los delincuentes comunes que no tienen intereses políticos, el Estado está olvidando que en su momento, a pesar de que varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia las declaró como mera delincuencia común, las Fuerzas Militares también combatieron y con mucha contundencia a las organizaciones paramilitares, forzándolas a aceptar las condiciones de desmovilización que finalmente les impuso el Estado. Estas organizaciones paramilitares desmovilizaron a 32 mil integrantes, 16 mil de los cuales entregaron sus armas de asalto porque pertenecían a estructuras armadas, mientras que el resto hacía parte de sus redes de apoyo logístico y de inteligencia. La pregunta es si estas organizaciones paramilitares se hubieran desmovilizado de no haber sido por el concurso de la presión de las Fuerzas Militares en centenares de combates que produjeron centenares de bajas y capturas de sus integrantes. Estas organizaciones eran actores del conflicto armado interno en tanto que se oponían con las armas al proyecto insurgente que representan las guerrillas. De ahí se derivaba su carácter político, a pesar de la negación de la Corte Suprema de Justicia. Y por ser actores del conflicto fueron sujetos de la justicia transicional mediante la Ley de Justicia y Paz, que no la aprobó el Congreso Nacional ni la declaró exequible la Corte Constitucional para ser aplicada a delincuentes comunes. Pues bien, los sucesores de estos grupos paramilitares, unos y otros muy vinculados al narcotráfico, que han conservado muchas de sus formas organizativas y de sus modos de operar, ahora no combaten contra la guerrilla sino que están aliados con ella, constituyendo esta alianza una amenaza inédita contra la seguridad nacional que debe ser combatida por el conjunto de las fuerzas represivas del Estado, tanto militares como policiales. En Colombia las Fuerzas Militares combaten contra el narcotráfico y contra las bandas de secuestradores, que son delincuencia común. No hay razón de ninguna naturaleza para que no combatan también a estos grupos irregulares vinculados al narcotráfico y aliados a la guerrilla. Porque estas alianzas no son excepcionales ni puntuales, sino, como hemos dicho arriba, una política general de las FARC . Muchos documentos de la Fiscalía General, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares dan fe de la persistencia de estas alianzas y del mutuo apoyo que en muchos sitios del país se prestan estos grupos. Se sospecha que algunos de los más recientes atentados terroristas han sido perpetrados conjuntamente por bacrim y guerrillas. Se echa, pues, de menos, una estrategia específica para hacer frente a esta alianza, estrategia que, insistimos, debe utilizar toda la contundencia del Estado. Esta estrategia debe incluir no solamente el componente militar y policial, sino


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también el judicial. La ley de Justicia y Paz ha probado suficientemente su eficacia para promover las desmovilizaciones de los irregulares. Antes que inventarse nuevos mecanismos hechizos o de proceder improvisadamente a organizar desmovilizaciones sin las herramientas legales idóneas que inevitablemente conducen al fracaso, como en el caso de la fallida desmovilización del grupo ERPAC en Villavicencio, departamento del Meta, es necesario adecuar los mecanismos legales ya existentes y probados, y el primero de ellos es la Ley de Justicia y Paz. Pero para aceptar esto primero hay que dejar de lado las prevenciones y los prejuicios ideológicos que conceden a la guerrilla el monopolio exclusivo y excluyente de las razones políticas y han condenado a los demás grupos al ostracismo de la delincuencia común, como si todos no hicieran parte y no fueran actores del mismo conflicto armado, cada vez más degradado y donde es casi imposible establecer una frontera clara entre la delincuencia política y la delincuencia común. Paradójicamente, ha sido la misma guerrilla la que se ha encargado de complicarle a los puristas la consistencia de sus argumentos: la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso y aceptada por la Corte Constitucional como instrumento de justicia transicional para los delincuentes políticos, siempre fue rechazada de plano por la guerrilla aunque a ella le pareció oportuna para aplicársela a los grupos paramilitares y así quitárselos de encima. 3. LA AMBIGÜEDAD SOBRE LOS DIÁLOGOS DE PAZ Las guerrillas están excitadas y han exacerbado sus acciones violentas ante la posibilidad de que el Gobierno acceda a realizar con ella conversaciones de paz. Al mismo tiempo, esta posibilidad desmoraliza a las Fuerzas Militares y desorienta a la opinión pública. El Gobierno ha sido muy ambiguo en el manejo del tema. Primero, en continuidad con los criterios de la anterior administración, planteó que habría diálogos de paz solamente si la guerrilla abandona en forma definitiva y verificable todas sus acciones violentas contra la Fuerza Pública y contra la sociedad civil. Luego bajó sus exigencias a que la guerrilla produjera “hechos de paz”. Adicionalmente, impulsa un proyecto de Ley Marco para la Paz que anticipadamente le ofrece suspensión de procesos judiciales , o sea, en plata blanca, impunidad, a los guerrilleros que se desmovilicen, gabela que incluye los delitos atroces o de lesa humanidad. Y, aunque el Gobierno los desmiente, corren los rumores de que hay contactos iniciales para tantear las posibilidades de diálogos con las guerrillas.

Apoyándose en la ambigüedad gubernamental , la guerrilla ha vuelto a aplicar su vieja táctica de hablar de paz, escalar la violencia y hacer exigencias para ganar terreno. Efectivamente, el nuevo jefe de las FARC, alias Timochenko, ha


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hecho públicas varias cartas en las que plantea su disposición a hablar de paz, como quien le hace un favor al Gobierno y al país; eso sí, deja en claro que para la guerrilla la solución política “no debe entenderse sino como un replanteamiento del orden existente” que lleve a “reconstruir las reglas de la democracia” mediante el desmonte del “sistema multipartidista de elecciones periódicas” luego de un debate sobre “las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional”. Simultáneamente, las FARC incrementan sus acciones violentas como argumento para respaldar su disposición a dialogar; al mismo tiempo, con las expectativas de liberar a unos cuantos secuestrados, exigen que sea aprobada una Ley de canje para dar base legal a futuros intercambios de guerrilleros presos por secuestrados, y obtener así un tácito reconocimiento como fuerza beligerante que intercambia prisioneros en condiciones de igualdad con el Estado. Aún más, reclaman que los guerrilleros extraditados a Estados Unidos por narcotráfico sea repatriados y que la agenda de la negociación sea la aprobada en los anteriores frustrados diálogos del Caguán, agenda que incluía prácticamente todos los temas nacionales.

Muy seguramente toda esta ofensiva política y militar no la estaría haciendo la

guerrilla –como no la hizo durante la anterior administración- si no se estuviera generando desde el gobierno y desde sectores de opinión cercanos a él, un ambiente de expectativa sobre la proximidad de unos diálogos de paz. Los más suspicaces dirían que esa ofensiva es la respuesta de la guerrilla a mensajes que por vías no oficiales le ha dirigido el gobierno auscultando las posibilidades de un acercamiento con vistas a realizar diálogos de paz.

El reiterado mensaje del gobierno según el cual el Presidente tiene las llaves

de la paz en el bolsillo y bastarían unos “hechos de paz” de la guerrilla para dar inicio a las conversaciones, ha llevado a amplios sectores de la opinión pública a creer que sería suficiente que la guerrilla liberara a los militares y policías que tiene secuestrados para que se abriera la puerta de unas conversaciones de paz. De esta manera, rebajando las condiciones iniciales del Gobierno, sería la guerrilla la que impondría sus propias condiciones para arrancar un proceso de paz, cuyo solo anuncio le representa una enorme ganancia política y mediática.

Estas expectativas refuerzan la moral y la determinación de lucha de la guerrilla

que observa con satisfacción cómo, sin siquiera haberse sentado a la mesa de negociaciones ya está logrando una ley de indulto que le perdonaría sus crímenes pasados, presentes y futuros, y le permitiría reincorporarse a la vida normal del país como si no hubiera pasado nada. Al mismo tiempo estas expectativas y estos ofrecimientos gratuitos socavan la disposición de combate de la Fuerza Pública que empezaría a considerar vanos sus esfuerzos por reducir a una guerrilla que va a obtener en la mesa de negociación – y aún


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antes- el reconocimiento y los réditos políticos, económicos y jurídicos que no pudo obtener en el campo de batalla.

Las consecuencias de esta situación para la seguridad del país no se están

haciendo esperar. Un rebrote guerrillero y una creciente osadía en sus ataques contra la Fuerza Pública y contra la población civil. Lo demuestran los devastadores atentados terroristas, las decenas de hostigamientos contra la Fuerza Pública, y, particularmente, la destrucción del radar de Santana (Cauca), una modalidad de acción no vista hacía ya muchos años, que reunió y dispersó sin bajas a más de un centenar y medio de guerrilleros, para lograr en la práctica una situación de cielos abiertos para el narcotráfico y el contrabando de armas en el suroccidente del país.

A nuestro modo de ver antes que generar desbordadas e inmanejables

expectativas, el Gobierno debería dejar en claro que sus condiciones son las iniciales : tregua unilateral, incondicional y permanente por parte de la guerrilla, liberación de todos los secuestrados militares, policías y civiles, y cese definitivo de todo tipo de violencia o amenaza contra la población civil. Y si estas ya no son las condiciones, debería dejarlo claro ante el país.

4. LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA PÚBLICA Las Fuerzas Militares de Colombia son el único ejército en el mundo que

combate en un conflicto armado sin contar con fuero militar, institución centenaria que está vigente en la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. Adicionalmente, las recientes reformas al Manual de Operaciones de las Fuerzas Militares han introducido una enorme incertidumbre jurídica y se han convertido en una traba insuperable a su disposición ofensiva.

El desmonte del fuero militar viene ya de varios años atrás, pero el puntillazo

final lo dio el acuerdo interadministrativo entre los entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina, y Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, mediante el cual la Fuerza Pública renunció al fuero militar en primera instancia, para otorgarle de oficio a la Fiscalía y a la justicia civil el inicio del conocimiento, la investigación y el juzgamiento de todos los hechos de violencia en que resulten involucrados miembros de la Fuerza Pública. De esta manera, por ejemplo, las bajas de grupos irregulares resultado de combates contra la Fuerza Pública se transforman automáticamente en objeto de engorrosos procesos en la justicia civil que enjuicia a los soldados, suboficiales y oficiales que intervinieron en la acción.

Esta situación, sumada a la evidente actitud hostil de muchos jueces y fiscales

civiles en contra de los miembros de la Fuerza Pública, que se evidencia en los


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injustos fallos contra el general Arias Cabrales, el general Uzcátegui y el coronel Alfonso Plazas, entre otros muchos, ha ocasionado una inseguridad jurídica generalizada entre los miembros de la Fuerza Pública. La consecuencia es una muy comprensible desmotivación que ha llevado a una preocupante caída de los niveles de operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares contra las guerrillas. Según un estudio del Centro Seguridad y Democracia, en el año 2011 las Fuerzas Militares realizaron un número de operaciones equivalente a solo el 20 por ciento de las que realizaron en el año 2003, es decir, hay una caída de 80 por ciento en su nivel de operaciones ofensivas.6 Y este descenso le ha permitido a la guerrilla un margen de maniobra que no tenía y que ha sabido aprovechar para incrementar sus acciones violentas en muchas zonas del país.

En lo relativo al fuero militar la situación que vive el país es francamente

inconstitucional. En efecto, el Artículo 221 de la Constitución Nacional señala taxativamente que todos los delitos que cometieren los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo durante la ejecución de sus funciones institucionales serán conocidos en primera instancia por tribunales militares, sin excepción. La Ley establece que en caso de reclamo de competencia por parte de la justicia civil, será el Consejo Superior de la Judicatura la que dirima las diferencias. Por esta razón, nadie se explica por qué el Gobierno Nacional no ha derogado el decreto que le dio vida al acuerdo interadministrativo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, para así devolverle a la justicia penal militar el conocimiento ab initio de los casos judiciales que involucren a miembros de la Fuerza Pública. No hay ninguna disculpa excepto que el Gobierno estime que por razones políticas es inconveniente hacerlo. Este cálculo tendría que ver con las consecuencias de la oposición de algunas ONG´s nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, que al mismo tiempo han defendido siempre posiciones muy en contra de las Fuerzas Militares. Estas organizaciones tienen mucha audiencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en algunos gobiernos europeos, y el Gobierno colombiano tendría temor de ser cuestionado por unos y otros si tomara la decisión de restituir por vía administrativa el fuero militar. Si es así sería una falta imperdonable de consecuencia y determinación política para defender una causa en la que están en juego no solamente los derechos constitucionales de la Fuerza Pública, sino también la seguridad de todos los colombianos.

A ratificar esta falta de decisión apunta el hecho de que el Gobierno haya

reconocido el problema, pero haya trasladado al Congreso de la República la decisión de restablecer por la vía legal el fuero militar, incluyéndolo a última

6 La Seguridad Nacional en Colombia 2011, opus cit.


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hora como un artículo de la polémica reforma de la justicia que está en curso. Pero tal y como atropelladamente lo introdujo ahora anuncia su intención de retirarlo, para tramitar una iniciativa legal específica sobre el tema. Esta decisión de ubicar la responsabilidad de restablecer el fuero militar en el Congreso, introduce nuevas incertidumbres sobre el alcance que le dará este órgano colegiado al fuero militar, los delitos que quedarán excluidos, y el mecanismo para la solución de diferencias con la justicia civil. En todo caso, le permitirá al Gobierno lavarse las manos frente a la opinión pública y las Fuerzas Militares en caso de que la reforma aprobada no resulte suficiente para devolver en su plenitud el fuero militar a la Fuerza Pública. Un fuero militar recortado, que no abarque todos, absolutamente todos los presuntos delitos cometidos por la Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones institucionales, es decir, de operaciones militares o policiales, conducirá a una nueva frustración y será una nueva causa de desaliento. Más valdría entonces no haber hecho nada, porque la restitución del alcance que originalmente le dieron los constituyentes al fuero militar requerirá entonces una nueva reforma legal, para lo cual, dadas las actuales circunstancias políticas y el temor prevaleciente en el Gobierno a las opiniones y los vetos de las ONG´s , tendrán que pasar por fuerza mayor varios años. ¿Y…mientras tanto? Las consecuencias del desaliento y la desmoralización de la Fuerza Pública en su lucha contra los grupos irregulares se pueden ir acumulando hasta alcanzar niveles catastróficos. Entonces, después de pagar un alto costo en vidas, en bienestar y en seguridad, habrá que hacer lo que no se hizo ahora, pero en circunstancias mucho más difíciles.

Finalmente, después de sus más recientes reformas, el Manual de

Operaciones de las Fuerzas Militares se ha convertido en un engorroso instrumento que en vez de facilitar y hacer más efectivas las operaciones militares, dentro del necesario respeto a las leyes, actúa más como un disuasivo a la iniciativa y a la disposición ofensiva de las fuerzas del Estado. El nuevo Manual ha introducido incertidumbre jurídica y muchos condicionamientos, trámites y procedimientos que rayan en la irrealidad, lo cual, sumado a la carencia de fuero militar, es un motivo adicional de desestímulo y confusión dentro de las Fuerzas Militares. Dicho Manual no parece haberse elaborado bajo la presunción de buena fe y legalidad del accionar de los integrantes de las fuerzas, sino como una talanquera necesaria para impedir su supuesta y generalizada tendencia al abuso y extralimitación en la aplicación de la fuerza legítima del Estado. Nada más lejos de la realidad. Se hace necesaria entonces una revisión del Manual para que facilite y dé claridad a las operaciones militares en el marco de la legalidad, para que le dé confianza a las tropas, y no solamente para lograr la aprobación de algunas ONG´s de derechos humanos llenas de prejuicios sobre nuestras Fuerzas militares.


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5. LA CONTEMPORIZACION CON VENEZUELA La opinión pública ha aplaudido la normalización de las relaciones diplomáticas

y comerciales del Gobierno del Presiente Juan Manuel Santos con Venezuela. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre la sinceridad con que el gobierno del país vecino ha asumido los compromisos binacionales relacionados con la seguridad. A esto se suma la - probable para algunos, pero muy probada para otros- presencia de algunos de los principales líderes de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, al parecer con la anuencia de funcionarios gubernamentales de ese país. Se sospecha que dos de los principales líderes de las FARC, alias Timochenko, y alias Iván Márquez, estarían en Venezuela desde hace ya varios años. También se cree que líderes del ELN como alias Gabino y Antonio García, también estarían protegidos por autoridades venezolanas en su territorio. Son muy frecuentes las quejas de los ciudadanos venezolanos de ser objeto de extorsiones y secuestros por reductos de las guerrillas colombianas. Se sigue denunciando la existencia de campamentos guerrilleros en Venezuela.

Por si lo anterior fuera poco el Presidente Hugo Chávez nombró recientemente

como Ministro de Defensa al General Henry Rangel Silva, con probados vínculos de apoyo a la guerrilla de las FARC, y quien ha sido castigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus relaciones con el narcotráfico. Este nombramiento ha sido en un acto muy desconsiderado, por decir lo menos, hacia Colombia.

El punto es que el Gobierno colombiano ha quedado preso de su propio juego.

Al ubicar como objetivo fundamental mantener a toda costa buenas relaciones con el gobierno de Chávez para consolidar las relaciones diplomáticas y comerciales, el gobierno colombiano ha tenido que pagar el costo de no poder hacer ningún tipo de presión ni de reclamo público al gobierno venezolano alrededor de los temas de seguridad. Chávez lo sabe y lo aprovecha a sabiendas de que por parte de Santos nunca va a haber una denuncia internacional sobre su tolerancia a la guerrilla colombiana, ni de los vínculos de altos funcionarios gubernamentales venezolanos con el narcotráfico.

Los eventuales reclamos se limitan entonces a las reuniones cerradas de los

funcionarios que no trascienden a la opinión pública y que, por tanto, no tienen ninguna consecuencia política. De esta forma, y aún en contra de su voluntad, el Gobierno colombiano envía el mensaje a la opinión nacional e internacional de que confía en la sinceridad y trasparencia del gobierno venezolano, desvirtuando de hecho los señalamientos de sus críticos. El efecto obvio es aupar a Chávez para mantenerse en la misma línea de conducta o, incluso,


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profundizar los apoyos velados , directos o indirectos, que su gobierno le está dando a la guerrilla colombiana. También queda en cuestión la cooperación que se pueda esperar con las autoridades venezolanas para combatir el narcotráfico trasfronterizo.

Las consecuencias de esta contemporización son muy graves para la

seguridad nacional en Colombia. La guerrilla está consolidando en Venezuela un santuario activo que le permite proteger a sus principales líderes y evitar que sean objeto de bajas o capturas por las autoridades colombianas. De igual manera, Venezuela se consolida como una fuente de recursos económicos y logísticos para la guerrilla colombiana, lugar de recuperación y descanso de guerrilleros, escenario de entrenamiento de sus tropas, y corredor de tránsito a lo largo de la frontera binacional. La presión militar del Estado colombiano para obligar a la guerrilla a abandonar la lucha armada tiene un burladero, una vía de alivio y desfogue en el apoyo venezolano.

Así mismo, Venezuela se ha convertido en la principal plataforma de salida por

vía aérea del narcotráfico originado en Colombia, sitio de asentamiento de laboratorios de procesamiento de droga, escenario privilegiado de lavado de dinero y lugar de ocultamiento de los narcotraficantes colombianos. Al igual que lo que sucede con la lucha contrainsurgente, los esfuerzos de las autoridades colombianas para reducir el narcotráfico también se ven burlados por la aquiescencia y la complicidad de sectores del Estado venezolano con los narcotraficantes colombianos.

Tarde o temprano el Gobierno colombiano se verá obligado a abandonar su

contemporización con la actitud laxa y cómplice del Estado venezolano con la guerrilla y con el narcotráfico. Entonces tendrá que hacer públicos los reclamos y la inconformidad que hasta ahora ha expresado en privado, aún a costa de poner en vilo la supuesta normalidad de las relaciones binacionales. Porque es obvio que no puede haber normalidad en las relaciones binacionales mientras se mantenga la actitud desleal del gobierno venezolano con el gobierno colombiano en el terreno de la seguridad.

6. EL DESGASTE DE LA MUERTE DE CABECILLAS El país ha aplaudido la forma como la Fuerza Pública ha venido descabezando

a la cúpula de las FARC, que hasta hace unos años parecía intocable. Sin lugar a dudas, las bajas de los alias Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano, han constituido notorios éxitos de la contrainsurgencia estatal. Sin embargo, esta estrategia parece estarse agotando gradualmente.


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En efecto, a pesar de que esas bajas constituyeron duros golpes que temporalmente afectaron la moral y el liderazgo político y militar de la guerrilla, ésta ha demostrado una inusitada capacidad para reconformar sus cuadros de mando y para sobreponerse a esas circunstancias. De hecho, formalmente las FARC de manera permanente y rutinaria tiene dos y tres reemplazantes para cada mando, cualquiera sea su nivel en la organización, que están prestos a tomar el lugar de quien ha sido dado de baja o capturado. Las escuelas de mandos , aunque muy reducidas ahora debido al debilitamiento estructural de la guerrilla, continúa sin embargo proveyendo a la organización de nuevos mandos y reemplazantes.

Así, a diferencia de casos de guerrillas caudillistas como el de Sendero

Luminoso en Perú, donde ese grupo prácticamente se desbarató luego de que fuera capturado su máximo líder Abimael Guzmán, las FARC han demostrado tener una mayor capacidad de resistencia y de supervivencia frente a la caída de sus líderes. Esto no quiere decir, obviamente, que la guerrilla no haya sufrido ningún impacto o que no haya sido afectada con la pérdida de esos líderes históricos. Pero está demostrado que por la vía de la búsqueda y captura o baja de sus principales líderes, las FARC no van a dejar de existir ni tampoco van a dejar de combatir.

Adicionalmente, a fuerza de repetir la dosis, tanto al interior de las FARC, como

dentro de la opinión pública, el impacto y la espectacularidad de las primeras bajas tiende a irse debilitando tanto en su intensidad como en su duración, con lo cual sería de esperar que hacia el futuro la repetición de nuevas bajas de dirigentes tenga menores consecuencias. A esto hay que agregar que debido al refugio seguro que han encontrado los jefes de las FARC en Venezuela, cada vez será menos probable y más difícil que se repitan dichas bajas.

Lo que preocupa es que esta estrategia de búsqueda de cabecillas u objetivos

de alto valor últimamente se ha estado adelantando en detrimento de la búsqueda y destrucción de otros objetivos como los frentes, las columnas y las escuadras de las FARC que son estructuras que continúan operando en muchas zonas del país, a pesar de su debilitamiento y reducción como resultado de la política de Seguridad democrática. Son estas estructuras las responsables de los ataques contra la Fuerza Pública, los sabotajes contra la infraestructura económica nacional, los actos terroristas, los secuestros, la extorsión violenta y muchas formas de presión armada contra la población civil. Muchas de esas estructuras se están recomponiendo y están regresando a zonas del país de donde habían sido expulsadas por la acción de las autoridades. Están recuperando presencia territorial y están, en su jerga, “abriendo zona” por medio del “boleteo” contra todo tipo de empresarios del campo, comerciantes, transportistas, etc.


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La ya mencionada caída de los niveles de operatividad del grueso de las

Fuerzas Militares ha disminuido la presión militar sobre estas estructuras guerrilleras que están aprovechando el nuevo margen de maniobra y de libertad de acción que les da la disminución de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública para incrementar tanto su presencia soterrada como sus acciones violentas en muchas zonas del país. Mientras tanto, paralelamente, las Fuerzas de élite han continuado una intensa labor que se ha concentrado precisamente en la búsqueda de los cabecillas de la guerrilla. La caída de la actividad del grueso de la tropa y la intensa actividad de los grupos de élite se explica en buena parte porque para el conjunto de la tropa no opera el fuero militar y es objeto del control de la justicia civil, mientras que las fuerzas de élite, por el tipo de blancos que persigue, de hecho no son objeto del control judicial de la justicia civil. Para ilustrar el caso : la baja de un guerrillero raso puede generar un proceso judicial en la justicia civil y “empapelar” al pelotón de soldados involucrado, mientras que la baja de alias Alfonso Cano nunca será objeto de una imputación judicial a la fuerza élite, sencillamente porque el público no lo soportaría.

Mediante la recuperación del fuero militar, es necesario volver a incrementar

los niveles de operatividad que tuvieron las Fuerzas Militares en años anteriores, con el fin de aplicar estrategias orientadas a disminuir y neutralizar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla, así como para contener su agazapado retorno a aquellas zonas de donde había sido expulsada, reeditando el esfuerzo para debilitar al máximo y desvertebrar todo tipo de estructuras guerrilleras.

7. LA DESAPARICION DE LOS INFORMANTES Y LOS SOLDADOS

CAMPESINOS La ejecución masiva del programa “Soldados de mi Pueblo” y el de las “Redes

de Cooperantes”, explica en buena parte el enorme éxito de la Política de Seguridad Democrática en su propósito de recuperar la soberanía del Estado sobre el territorio.

El programa “Soldados de mi Pueblo”, consistía en que los jóvenes de las

poblaciones rurales prestaban su servicio militar en su propio pueblo, se organizaban y entrenaban para apoyar la defensa de los puestos de policía que eran blanco de los ataques de la guerrilla, reforzaban la seguridad de los municipios para que los alcaldes pudieran gobernar y la población llevara una vida normal sin ser objeto unos y otros de las amenazas de la guerrilla. Por su parte, las “Redes de Cooperantes” eran civiles voluntarios, desarmados,


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entrenados y organizados por la Fuerza Pública para que sirvieran de ojos y oídos del Estado con el fin de prevenir ataques y atentados de los grupos irregulares.

La eficacia de los “Soldados de mi Pueblo” para recuperar la seguridad en las

zonas rurales se manifestó en el hecho de que más de dos centenares de alcaldes pudieron retornar a despachar desde sus municipios y se disminuyó radicalmente el número de las tomas guerrilleras de poblaciones. Por algo la guerrilla , en represalia, realizó muchos atentados terroristas contra esos soldados. De otro lado, la recuperación de la seguridad en las carreteras se logró, no solo con una mayor presencia en ellas de la Fuerza Pública, sino por la colaboración activa de la población organizada en “Redes de Cooperantes”, quecontribuyeron a evitar decenas de atentados, estuvieron detrás de centenares de capturas de terroristas y permitieron la desarticulación de muchas estructuras de milicianos de la guerrilla y de otros grupos irregulares.

Sin embargo, a pesar de su éxito, estos programas se han venido a menos, en

el caso de los “Soldados de mi Pueblo”, y se han prácticamente desmontado, en el caso de las “Redes de Cooperantes”. Cierto afán de distanciarse y diferenciarse de la administración anterior está detrás de estos hechos. Pero también cierto temor a ser objeto de las críticas que en su momento hicieron muchas ONG´s de derechos humanos al gobierno de Alvaro Uribe argumentando que esos programas eran formas muy cuestionables y peligrosas de involucrar a la población civil en el conflicto armado.

Sería muy conveniente que el gobierno analizara seriamente la posibilidad de

volver a reeditar estos programas que serían muy útiles para contrarrestar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla en buena parte ejecutadas por medio de sus organizaciones de milicias, neutralizar sus planes de recuperar terreno perdido y también para apoyar los programas de consolidación del control territorial que están siendo amenazados precisamente por esta nueva ofensiva de la guerrilla.

CONCLUSIÓN Con ánimo constructivo, y sin ninguna intención política, hacemos un llamado

al Gobierno para que reconozca que la situación de seguridad se ha deteriorado y que se necesita urgentemente encarar la realidad e introducir ajustes en aquellos frentes que se muestran más problemáticos. Ni al Gobierno ni al país les conviene que se llegue a la mitad de la administración en los próximos meses haberle dado el timonazo necesario a la gestión de la seguridad. Los asuntos mencionados en este documento no son temas aislados, sino que se imbrican unos con otros, de tal manera que se hace


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necesario redefinir sustancialmente la estrategia gubernamental de seguridad. Para esto es conveniente, sin duda alguna, concitar el respaldo de los partidos políticos, de todas las ramas del poder público y de la ciudadanía, con el fin de presentar un solo y unido frente contra los violentos.

SEGURIDAD NACIONAL: LOS 7 PECADOS CAPITALES...

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