20 | tiempo argentino | investigación | año 1 | n·196 | domingo 28 de noviembre de 2010

Manuel Alfierimalfieri@tiempoargentino.com.ar

No hay control sobre las tosquerasabandonadas por las empresasLos pozos de los que se extrae tosca para obras públicas y privadas se convierten en una trampa mortal para los pibes que no acceden a piletas los días de calor. Deberían estar alambrados y custodiados, pero no lo están.

Aunque hay una legislación vigente, nadie la cumple

Investigación El Estado no sabe cuántas tosqueras abandonadas hay. Según las ONG, sólo en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui suman 73.

FALTAN ESTADÍSTICASEs el equivalente a 21.038 hectáreas que ocupan, según un informe del Ministerio del Interior provincial, suelos decapitados y/o tosqueras.

3 vECES LA CIuDAD

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Si sabés nadar, no pasa nada”, dice Ariel, un chico de 16 años, mientras pesca en las costas

de la tosquera Larre, la más grande de González Catán, en el partido de La Matanza. La entrevista se reali-za a unos 20 metros del cadáver de un hombre que flota en la superficie de esas turbias aguas, ante la atenta mirada de dos efectivos de la Policía Bonaerense y un grupo de jóvenes que se acercan por curiosidad.

–¿Pero no se ahoga gente muy se-guido acá?–Sí, pero si sabés nadar, no pasa na-da –repite Ariel, y vuelve a mirar el cadáver.

Ariel no tiene miedo a zambullirse

en el agua pese a que, según informa-ron fuentes de la Unidad Federal de Instrucción Nº 7 de La Matanza, “la autopsia determinó que la persona fallecida en la tosquera Larre murió por asfixia, sin lesiones ni golpes”, lo que indicaría que se habría ahogado producto de estas trampas mortales que son las tosqueras. Trampas mor-tales que, verano a verano, se cobran las vidas de los jóvenes más humil-des, vulnerables y desprotegidos del Conurbano bonaerense.

Con esa muerte finalizó el recorri-do que Tiempo Argentino hizo por la zona de tosqueras de Catán, en una tarde de verano en que muchos chi-cos chapuceaban para refrescar sus cuerpos.

Aunque la legislación vigente impone cierta regulación para su control, en su mayoría las tosqueras abandonadas no cuentan con nin-

gún tipo de medida de seguridad que prevenga posibles accidentes. En La Matanza -distrito comanda-do por el intendente Fernando Es-pinoza (PJ)– la Ordenanza 10.424 es clara: “los predios destinados a este tipo de explotación deberán contar con alambre perimetral de púas y carteles indicadores de la actividad (…) Además, se deberá contar con personal de vigilancia durante las 24 horas.” Pero la ley no se cumple ni se hace cumplir: “La ordenanza está vigente, pero nunca se llevó a cabo. Hemos denunciado innu-merable cantidad de veces la falta de controles eficaces (como la falta

de alambrado y seguridad) que de-rivan en decenas de muertes en las tosqueras de La Matanza y munici-pios aledaños, sin obtener ningún tipo de respuesta”, sostuvo Gustavo Bogado, un habitante de Catán que integra la agrupación vecinal Galpón

Tres y viene reclamando presencia estatal en este tema desde hace años. La ordenanza también indica que “se podrá llegar a una profundidad máxima de excavación que no supe-re los 12 metros; siempre y cuando no se encuentre una napa freática”. Sin

embargo, los vecinos denuncian que muchos de los pozos llegan a los 20 metros o más, aun cuando hay napas de por medio.

Catán es apenas una muestra de esta realidad. Los datos oficiales, pro-venientes de la Dirección de Minería provincial son escasos y hablan sólo de las tosqueras que se encuentran en funcionamiento: 83 en toda la provincia, de las cuales más de 50 están en el Gran Buenos Aires. No se sabe exactamente cuántos son los pozos abandonados ni cuántas muertes producen. Según fuentes de esa Dirección, la provincia de Buenos Aires ya emprendió, en conjunto con la Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) y los municipios afectados, un exhaustivo plan de re-gistro de estos pasivos ambientales,

El negocio de las tosqueras tiene más de 50 años de desarrollo en nuestro país. Esta actividad minera de tercera categoría gozó durante mucho tiempo de un nulo control estatal y de la inexistencia de im-puestos. Tuvo su auge en los años ’90 y consiste, básicamente, en la extracción de tosca por partes de privados, que luego es vendida pa-ra la realización de obras públicas y otras construcciones.

Según un cálculo realizado en 1997 por Jorge Faggiano, de la Aso-ciación Ecologista Verde Por Gris, de Florencio Varela, cada hectárea de explotación podía dejar un saldo de casi 1 millón de pesos. “Las ganan-cias las absorbe el explotador priva-do y los perjuicios los sufre el erario

público a consecuencia del impacto ambiental en la población”, explicó en su informe.

La regulación de la actividad mi-nera fue delegada por la Nación a todas las provincias argentinas. El Código de Minería nacional espe-cifica que esta actividad es de uti-lidad pública, por lo que transfiere la obligación de contralor a los es-tados provinciales. Sin embargo, la actividad no es concesible, siendo el propietario de la tierra el dueño de los recursos minerales. El titular del inmueble sobre el cual se desarrolla la actividad minera es el responsable directo de lo que ocurra en su predio. Pero Gustavo Bogado, habitante de González Catán y referente de una or-ganización vecinal llamada Galpón 3,

se queja: “Una vez que las tosqueras son abandonadas, los propietarios desaparecen y los terrenos quedan en sucesión vacante, por lo que nadie se hace responsable de la contami-nación que se genera, ni de las muer-tes de los chicos que los usan como balnearios. No se responsabiliza ni el ex propietario, ni tampoco el Estado. Entonces, ¿a quién le reclamamos?”, se preguntó indignado.

Los vecinos apelaron al artículo 6º de la Ley Provincial de Medio Ambien-te 11.723, que sentencia: “El Estado provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que pueden producir un menoscabo del ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran.”

Un negocio que tiene más de 50 años

La clave

Según la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Buenos Aires, las tosqueras no pueden estar en zonas urbanas, pero los vecinos tienen que luchar durante años para poder erradicar aquellas que están al lado de las casas y de los comercios.

RECLAMO

Pasatiempo - La mayoría usa las tosqueras para pescar o bañarse, soslayando que son una verdadera trampa mortal.

Habitual - Cuando Tiempo recorrió las cavas, un cadáver flotaba en las aguas.

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con el fin de que se inicien las inspec-ciones pertinentes para determinar el estado en que se encuentran.

Si están disponibles algunos relevamientos realizados por las propias organizaciones sociales y medios periodísticos zonales (en los que se incluyen tosqueras que se encuentran en actividad y también las ya abandonadas). Estos registros muestran números preocupantes: en La Matanza, por ejemplo, exis-ten alrededor de 1000 hectáreas de tosqueras, lo que equivale al 3% de la superficie del distrito. Y sólo en el territorio que ocupan Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, de acuerdo a un informe del Foro Re-gional en Defensa del Río de la Plata, hay un total de 73 pozos. Ya un tra-bajo del año 1995, redactado por el Ministerio del Interior, alertaba que las hectáreas degradadas por activi-dades de este tipo llegaban a las 20 mil, lo que “representa, sin duda, una variada gama de conflictos emergen-tes y potenciales”, dice el documento. Quince años después, la situación no parece haber cambiado.

Aunque no hay estadísticas preci-sas sobre el total de muertes que ocu-rren en estos “balnearios de pobres” –como suelen llamarlos–, los recortes periodísticos terminan por reflejar-las todos los veranos y en distintas zonas. Sólo una tosquera tiene cifras detalladas: la del Barrio Hudson, en Florencio Varela, donde se dieron 22 fallecimientos desde 1996 a la fecha. Es decir, más de uno por año.

“Los chicos que mueren son los jóvenes más vulnerables que, como no tienen acceso a vacaciones, pile-ta, colonia, ni a lugares de recreación por una cuestión económi-ca, se bañan en estas la-gunas, caen en la trampa, se ahogan y mueren”, explicó en diálogo con este diario Sandra Oviedo, concejal local por Libres del Sur en Movimiento Proyec-to Sur.

Según los especia-listas consultados, las “lagunas” que se for-man en las tosqueras abandonadas son un peligro total para las per-sonas que se arriesgan a bañarse en ellas porque, debido a su arquitectura

y a las diferentes corrientes que se cruzan en su interior, los remolinos de agua que se forman pueden lle-var a la muerte a cualquiera, ya que el lecho arcilloso y fangoso hace un efecto “sopapa” y “chupa”, incluso, al mejor nadador. Como si fuera poco, el fondo de los pozos se llena de vege-tación, basura y materiales altamen-te tóxicos, lo que crea inmensos focos de contaminación ambiental.

En octubre de 2007, tras la muer-te de un joven de 17 años en una tos-quera de La Matanza, el por entonces subsecretario de Obras Públicas lo-cal, Horacio Beovide, aseguró que la intendencia estaba trabajando inten-samente en una solución a esta pro-blemática. Consultada acerca de la situación actual, la concejal Oviedo consideró: “Desde 2007 en adelante

tuvimos cinco o seis muertes más. Eso significa que en realidad no se hizo nada. Los

funcionarios mu-nicipales no cumplieron su compro-m i s o a s u-mido y las empresas, que vienen a luc r a r y extraer los r e c u r s o s

mineros de nuestras tierras, deberían ser obligadas a garantizar la seguridad de las pobla-ciones cercanas.”

“Mi hijo quiso salvar a unos chicos que se ahogaban y murió con ellos.”

Graciela Hidalgo vive en el humil-de Barrio Hudson, en las afueras de Florencio Varela. Está casada y, hasta el 28 de agosto de 2009, convivió con sus siete hijos. Pero ese día, uno de ellos salió a cazar liebres por los campos de la zona que lindan con la Cava de Scarpatto y no regresó más.

“Miguel tenía 17 años. Andaba cer-ca de Scarpatto, una tosquera a la que van muchos chicos y se meten como si fuese una laguna. Era un lindo día. Él no se metía nunca, ya había visto otras muertes y le daba muchísimo miedo. Pero vio a dos hermanitos, de diez y 12 años, que se estaban ahogando y, junto con otro hombre, se lanzaron a salvarlos. Al final, murieron los cua-tro”, recordó Graciela, emocionada, en

una entrevista con Tiempo Argentino. La madre radicó la denuncia por de-saparición la misma noche que murió su hijo. Lo hizo en la Comisaría 4ª, de Hudson, y asegura que allí fue maltra-tada por los oficiales, quienes además encararon la investigación recién un día después, cuando los cuerpos fue-ron rescatados del agua por buzos y sujetados a la superficie para no ser “chupados” por la tosquera.

Aunque ya pasó más de un año desde la muerte de Miguel, Graciela continúa indignada: “También hubo inoperancia del municipio. Ningún funcionario dio la cara, y hasta el día de hoy siguen sin darla. Repudia-mos la falta de acompañamiento y respuesta por parte del municipio a los familiares de las víctimas. La

tosquera sigue abandonada, sin seguridad, sin restricciones, y los chicos se siguen metiendo como si nada. El municipio es el responsa-

ble político de esta situación por no controlar lo que pasó y pasa en la tosquera. En enero esto va a ser un desastre”, añadió.

También el diario local Varela al Día venía alertando al municipio y clamando por medidas de seguridad desde el año 2001, a través de por lo menos diez notas que hablaban de la peligrosidad de esta tosquera, a la que llamaron la “Cromañón del agua”. El intendente Julio Pereyra –ex me-nemista y duhaldista, actual kirchne-rista– impulsó la intervención de la autoridad provincial competente en el área de Minería y también de la jus-ticia federal. Pero hasta el día de hoy, entre la desaparición del propietario y la ausencia de regulación por parte del Estado, todo continúa igual.

Día por medio, Graciela va hasta la Cava de Scarpatto, a pocas cuadras de su casa, para dejar flores junto a una de las cruces que recuerda a su hijo.

En el caso del carenciado Barrio Hudson de Florencio Varela, la tos-quera mencionada, que ya se cobró 22 víctimas desde que fue abando-nada en 1996 (a la que llaman “Ca-va de Scarpatto), funcionó para extraer tosca destinada a la cons-trucción de la Autopista Buenos Aires - La Plata, no gozó de contro-les rigurosos por parte del Estado y nunca fue reacondicionada. Pero lo más grave es que este inmenso po-zo –además de continuar abando-nado, lleno de agua y de materiales tóxicos– no cuenta con ningún tipo de restricción para su utilización como “balneario”. Por el contrario, tiene entrada por diversos secto-res y apenas algunos carteles de “peligro de muerte”. Aunque ha-ce diez años la justicia dictaminó que el lugar debía estar alambrado y con vigilancia para prohibir la

entrada a los vecinos, hoy la cerca no existe y los jóvenes se bañan en sus aguas cada nuevo verano. En la visita a la tosquera que realizó este cronista, tampoco se encontraba el guardia de seguridad que, según cuenta Graciela Hidalgo, “aparece de vez en cuando y está totalmente pintado, porque no le impide el in-greso a nadie, aún cuando ve que hay chicos metidos en el agua”. La mujer sabe de lo que habla: ella es madre de Miguel Vergara, de 17 años, quien falleció el año pasa-do tras arrojarse al agua con otra persona para salvarle la vida a dos pibes que se estaban ahogando en la tosquera. Finalmente, murieron los cuatro (ver recuadro).

Pero así como las tosqueras ter-minan de un momento a otro con la vida de muchos jóvenes pobres, también generan focos de contami-

nación ambiental que perjudican exclusivamente a estas mismas po-blaciones. Sucede que la profundi-dad de estos pozos es utilizada para arrojar basura de forma clandesti-na, sin ningún tipo de tratamiento, provocando un olor nauseabundo, la aparición de animales transmi-sores de enfermedades y la conta-minación de suelo y napas subte-rráneas. Por ejemplo, hace unos años, la tosquera San Nicolás, de Florencio Varela, fue rellenada con basura para impedir más muertes. Pero esa “solución” trajo como con-secuencia otro problema: una in-vestigación realizada por profesio-nales de la Universidad de Buenos Aires indicó que la cava presentaba “concentraciones de metales pesa-dos suficientemente peligrosas co-mo para considerarla un factor de riesgo para la calidad de las aguas subterráneas y, en consecuencia, para la salud de la población que se abastece de ella”. En un pozo de agua domiciliaria, cercano a la tos-quera, los especialistas encontra-ron el metal mercurio en un tenor 14 veces superior al permitido por la Organización Mundial de la Salud. La exposición a altos niveles de esta sustancia puede dañar permanen-temente el cerebro, los riñones y al feto en desarrollo. Según la bióloga Norma Rodríguez, de la Fundación ADN, “la basura contamina las pri-meras napas subterráneas, es decir, las que tienen menos profundidad y que, en general, es de donde reciben agua las poblaciones más pobres, producto de su cercanía. En cam-bio, las poblaciones de mayor nivel socioeconómico que están mas le-jos de las tosqueras, reciben agua de las napas más profundas y, por ende, más limpias.”

Los vecinos de las zonas rodea-das por tosqueras coinciden en que reacondicionarían el lugar, creando reservas naturales por medio de la expropiación de los terrenos, ya que el Estado no lo hace: “la municipalidad anunció hace dos años, varias veces en fo-lletos y medios, que están hacien-do reservas en las tosqueras, pero por el momento no hay acción a la vista”, aseguró Rubén Prymacsok, representante de la ONG Semillas al Viento, de La Matanza. En otras localidades, los vecinos describie-ron la misma situación. <

Vista aérea - Así se ve uno de los pozos de la provincia de Buenos Aires. En este caso, en pleno Florencio Varela.

Contaminación - Se produce porque tiran basura clandestinamente.

Víctima - El año pasado, Graciela perdió a su hijo Miguel, de 17 años.