DETENCIONES ARBITRARIAS y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. REACTIVACIÓN de prácticas de intimidación...

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Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane Colombia Vive! Onlus Corte Penal Internacional Exp. OTP-CR. 266/07 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso 12325 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia Al responder citar fecha y asunto de la AU Narni, octubre 21 de 2014 Asunto: DETENCIONES ARBITRARIAS y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. REACTIVACIÓN de prácticas de intimidación y violaciones de Derechos Humanos al estilo del Coronel Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII. Desde la última acción urgente enviada directamente al Presidente de Colombia, Señor Juan Manuel Santos el pasado 13 de agosto, no han cesado de llegar denuncias y constancias de las actuaciones contra derecho de las fuerzas militares y de los paramilitares en el territorio de San José de Apartadó, reactivando prácticas paramilitares y persecución en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Por eso solicitamos urgentemente a los organismos internacionales que se esfuercen por enviar observadores internacionales a la zona de Urabá para que comprueben, en el terreno, la opresión militar y paramilitar con la que tienen que vivir, cotidianamente, los ciudadanos de dicho territorio. El incremento de estrategias ya conocidas desde la época en la que el general Rito Alejo del Río se desempeñó como comandante de la Brigada XVII es espantoso: bombardeos indiscriminados, detenciones de campesinos y campesinas acusándolo de ser guerrilleros, intimidaciones, amenazas, malos tratos, abuso de poder y extralimitación de funciones, aumento de acciones paramilitares y, lo que en este caso nos parece aún más perverso, detenciones arbitrarias y procesos gestionados sin garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los detenidos y sentenciados, por delito de terrorismo o de rebelión, son campesinos y campesinas que no tienen recursos materiales, ni intelectuales para hacer frente a este tipo de acusaciones. Son personas que se encuentran en la más profunda marginalidad y aislamiento, por lo que una vez señalados como guerrilleros, colaboradores de terroristas o acusados de rebelión; demostrar lo contrario, dada la asimetría de los recursos, es imposible: campesinos(as) con mínimos recursos, con familias a cargo en la más absoluta precariedad contra las acusaciones de las fuerzas militares y las investigaciones de un sistema judicial bajo el control de los mismos. Ponemos como ejemplo el caso de LUZ DENI VALLE VALDERRAMA, madre de cinco niños, sentenciada a cuatro años de prisión más una multa, después de haber firmado, bajo sugerencia del abogado de oficio, una confesión por delito de rebelión (ver Anexo 1. Carta de la Fiscalía 37 de Medellín). Mientras que redactábamos esta Acción Urgente nos llegó otra constancia de la Comunidad de Paz en la que denuncian la detención y las torturas psicológicas al joven YHON EIDER FLOREZ SERNA, de 22 años a quien militares de la Brigada Móvil XI del Ejército Nacional detuvieron el domingo 12 de octubre en horas de la mañana amenazándolo de que si no se desmovilizaba le esperaban 40 años de Prisión. Pese a que la Comunidad intervino a su favor y el mismo joven seguía insistiendo en que no era guerrillero, fue trasladado en helicóptero a las instalaciones de la Brigada, arrestándolo ilegalmente hasta el 15 de octubre,

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Asunto: DETENCIONES ARBITRARIAS y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. REACTIVACIÓN de prácticas de intimidación y violaciones de Derechos Humanos al estilo del Coronel Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII. Desde la última acción urgente enviada directamente al Presidente de Colombia, Señor Juan Manuel Santos el pasado 13 de agosto, no han cesado de llegar denuncias y constancias de las actuaciones contra derecho de las fuerzas militares y de los paramilitares en el territorio de San José de Apartadó, reactivando prácticas paramilitares y persecución en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Por eso solicitamos urgentemente a los organismos internacionales que se esfuercen por enviar observadores internacionales a la zona de Urabá para que comprueben, en el terreno, la opresión militar y paramilitar con la que tienen que vivir, cotidianamente, los ciudadanos de dicho territorio.

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Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane Colombia Vive! Onlus

Corte Penal Internacional Exp. OTP-CR. 266/07

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso 12325 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

Al responder citar fecha y asunto de la AU Narni, octubre 21 de 2014 Asunto: DETENCIONES ARBITRARIAS y VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. REACTIVACIÓN de prácticas de intimidación y violaciones de Derechos Humanos al estilo del Coronel Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII. Desde la última acción urgente enviada directamente al Presidente de Colombia, Señor Juan Manuel Santos el pasado 13 de agosto, no han cesado de llegar denuncias y constancias de las actuaciones contra derecho de las fuerzas militares y de los paramilitares en el territorio de San José de Apartadó, reactivando prácticas paramilitares y persecución en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Por eso solicitamos urgentemente a los organismos internacionales que se esfuercen por enviar observadores internacionales a la zona de Urabá para que comprueben, en el terreno, la opresión militar y paramilitar con la que tienen que vivir, cotidianamente, los ciudadanos de dicho territorio. El incremento de estrategias ya conocidas desde la época en la que el general Rito Alejo del Río se desempeñó como comandante de la Brigada XVII es espantoso: bombardeos indiscriminados, detenciones de campesinos y campesinas acusándolo de ser guerrilleros, intimidaciones, amenazas, malos tratos, abuso de poder y extralimitación de funciones, aumento de acciones paramilitares y, lo que en este caso nos parece aún más perverso, detenciones arbitrarias y procesos gestionados sin garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los detenidos y sentenciados, por delito de terrorismo o de rebelión, son campesinos y campesinas que no tienen recursos materiales, ni intelectuales para hacer frente a este tipo de acusaciones. Son personas que se encuentran en la más profunda marginalidad y aislamiento, por lo que una vez señalados como guerrilleros, colaboradores de terroristas o acusados de rebelión; demostrar lo contrario, dada la asimetría de los recursos, es imposible: campesinos(as) con mínimos recursos, con familias a cargo en la más absoluta precariedad contra las acusaciones de las fuerzas militares y las investigaciones de un sistema judicial bajo el control de los mismos. Ponemos como ejemplo el caso de LUZ DENI VALLE VALDERRAMA, madre de cinco niños, sentenciada a cuatro años de prisión más una multa, después de haber firmado, bajo sugerencia del abogado de oficio, una confesión por delito de rebelión (ver Anexo 1. Carta de la Fiscalía 37 de Medellín). Mientras que redactábamos esta Acción Urgente nos llegó otra constancia de la Comunidad de Paz en la que denuncian la detención y las torturas psicológicas al joven YHON EIDER FLOREZ SERNA, de 22 años a quien militares de la Brigada Móvil XI del Ejército Nacional detuvieron el domingo 12 de octubre en horas de la mañana amenazándolo de que si no se desmovilizaba le esperaban 40 años de Prisión. Pese a que la Comunidad intervino a su favor y el mismo joven seguía insistiendo en que no era guerrillero, fue trasladado en helicóptero a las instalaciones de la Brigada, arrestándolo ilegalmente hasta el 15 de octubre,

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fecha en la que lo liberaron. Informamos a los Organismos Internacionales que el joven YHON EIDER FLOREZ SERNA se recupera de una intervención del cerebro por lo que su estado de salud y mental pudo verse agravado más por las torturas psicológicas a las que fue sometido por los efectivos que lo detuvieron. Según la Comunidad, uno de los militares se identificaba como Cabo MOSQUERA.

Dadas las numerosas constancias de violaciones a los derechos humanos recibidas desde las comunidades que acompañamos como un ejercicio de compromiso internacional por la defensa de los derechos humanos considerados por el principio Jus Cogens derechos imperativos de toda la humanidad, lo cual su defensa no tiene límites geográficos, procedemos a suministrar una breve descripción de las violaciones y los links en los que se puede ampliar lo sucedido. Pero antes de proceder, con el fin de que los organismos internacionales extraigan las conclusiones por sí mismos, os adjuntamos un artículo en el que el Coronel Rojas Díaz, actual Comandante de la Brigada XVII realiza afirmaciones que confirman su inhabilitación para brindar las garantías de seguridad a la Comunidad de Paz en la línea de las medidas cautelares indicadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos. También adjuntamos la respuesta del mismo Coronel a la carta enviada por la Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive! al Presidente Santos, en la cual enumeramos una serie de referencias negativas de éste Comandante contra la Comunidad. En la respuesta del Coronel dirigida a la Red Italiana también amenaza, de manera indirecta, con establecer un proceso judicial por delitos de injuria y calumnia a nuestra organización, por visibilizar ante los organismos internacionales y el Gobierno colombiano sus actuaciones arbitrarias y las estrategias de guerra sucia contra la población civil. (Anexo 2. Artículo del Heraldo de Urabá, Anexo 3. Respuesta del Coronel Rojas Díaz a la Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive!). Este tipo de respuestas es prueba evidente de que la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz no puede estar garantizada por un militar que no entiende que la lucha contra la guerrilla no puede embestir a la población civil y que, a pesar de su ideología, éste alto vértice militar debe respetar el derecho que tienen los ciudadanos colombianos a la paz, consagrado en el Art. 22 de la Constitución colombiana. Derecho que reivindican los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para declararse como un conjunto de ciudadanos que no colaboran con ningún actor armado, ni siquiera con la Fuerza Pública, porque el colaborar con cualquiera de los armados ya los hace partícipes de la guerra. Además, porque se ha comprobado que integrantes de las Fuerzas Estatales trabajan en complicidad con los grupos paramilitares. Casos concretos ya han sido ampliamente comprobados, entre otros, recordamos la masacre del 21 de febrero del 2005 que frente a la negación tajante del Ministerio de Defensa ante las denuncias de la Comunidad, aún presentándonos mapas falsos de ubicación de tropas, insistían que fue la guerrilla la que la realizó. Sin mencionar los falsos positivos, los cuales todavía siguen sucediendo: Yerly Magaly Muñoz, menor de 18 años y madre de un niño de tan solo 1 año, fue víctima de un combate entre la FARC y el Ejército, a quien el Ejército presentó como guerrillera dada de baja. Los links de las constancias de la Comunidad amplian los hechos que aquí apenas referenciamos:

Constancia histórica del 03.09.2014: El Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, informa en el periódico EL HERALDO DE URABÁ, edición No. 521, la demanda contra la Comunidad de Paz.

El gobierno construye colegio al pie de las instalaciones de la base militar de San José de Apartadó.

Persecución e intimidación contra el campesino ARLEY CARTAGENA. Campamento militar y combate en

inmediaciones de la finca y propiedad privada del campesino RUBÉN OQUENDO. Amenazas y persecución contra ISABEL ZAPATA, habitante de la vereda El Cuchillo, en el corregimiento de San José de Apartadó.

Aumento de amenazas contra la Comunidad de Paz y, de explosiones y ataques armados que afectan a la población campesina de la zona, así como las campañas de estigmatización y calumnias contra la población de la zona. http://cdpsanjose.org/?q=node/332

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Constancia histórica del 17.09.2014: En San José de Apartadó se ha reactivado el “colaboran o se van o se

mueren”, como en los peores momentos de auge paramilitar. Asesinado, presuntamente por la FARC, el joven JUAN CARDONA, poblador de la vereda Arenas Bajas. Este joven, desertor de la guerrilla, había

pernotado por un periodo en los cuarteles de la Brigada XVII. Paramilitares asentados en el casco urbano de San José obligan, bajo amenaza de muerte, a asistir a sus reuniones pese a la amplia presencia

policial y militar que hay en el corregimiento. Hostigamientos en las bases de Policía y del Ejército en San

José. El Gobierno Santos sigue desacatando las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado

en varias de sus sentencias que prohíben ubicar las bases en medio de la población civil. Irrupción en propiedad privada, intimidaciones y amedrentamientos de un grupo de militares contra LA SEÑORA

ISABEL ZAPATA, residente en la vereda El Cuchillo del corregimiento de San José. Empadronamientos ilegales a los moradores de dicha vivienda. En días anteriores LA SEÑORA ISABEL ZAPATA, ya había sido

víctima de amenazas de muerte por parte de los paramilitares. Los paramilitares siguen con la construcción de la carretera que va del poblado de Nuevo Antioquia a la vereda La Esperanza. http://cdpsanjose.org/?q=node/336

Constancia histórica del 22.09.2014: El gobierno de Juan Manuel Santos sigue sin acatar el Auto 164/12 de la Corte Constitucional, mientras que representantes del Gobierno insisten en dejar atrás las masacres y hechos sucedido en el pasado y piden restablecer, sin condiciones, canales de comunicación permanentes entre la Comunidad y el Gobierno. Asimismo, el Ministerio de Defensa continua negando y sin dar explicaciones de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas del Estado, además de no

cumplir, hoy en día, con el marco legal indicado en las órdenes de la Corte Constitucional. Tropas militares, en la vereda el Porvenir del corregimiento de San José, irrumpen en propiedad privada amenazando al propietario del terreno con desplazarlo de la zona ya que afirman que dichas tierras son

propiedad del Estado. Continúa la persecución e intimidación de los efectivos de la base militar de San José contra la SEÑORA ISABEL ZAPATA, en la vereda El Cuchillo de San José de Apartadó. Persisten en

realizar empadronamientos ilegales y se amplían los hostigamientos contra su familia. Tropas del Ejército montan guardias a la entrada del asentamiento central de San Josecito, sobre la vía que conduce desde Apartadó a San José. El cabo identificado como TERCERO SALAZAR, al mando de la tropa, respondió que la guardia obedece a una orden de sus superiores para prestar seguridad a un personal que iba a transitar por

el lugar. Circula un video en el que se muestran cantidades de camiones que salen de la Comunidad de Paz cargados de cacao rumbo al mercado internacional. Dos hombres y una mujer ingresaron sin previa autorización al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, supuestamente, con el propósito de entrevistar a los miembros de la Comunidad por parte de una compañía extranjera que le compradora de cacao a la Comunidad. Se cree que estos acontecimientos son parte de un nuevo montaje de desprestigio contra de la Comunidad. http://cdpsanjose.org/?q=node/337

Constancia histórica del 04.10.2014: Siguen las intimidaciones contra la Comunidad. Una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y una mujer, se estacionó frente al asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito para solicitar información sobre terrenos y cultivos de la Comunidad. Tropas del Ejército intentaron impedir, por varios minutos, el paso del SEÑOR JESÚS EMILIO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Los hechos ocurrieron en la salida de San José hacia la vereda Buenos Aires. JESÚS EMILIO TUBERQUIA ya ha sido víctima de atentados contra su vida y dignidad en otras ocasiones. Desde la llegada del Coronel Rojas como Comandante de la Brigada XVII la situación de riesgo de los miembros de la Comunidad de Paz ha aumentado exponencialmente. http://cdpsanjose.org/?q=node/339

Constancia histórica del 13.10.2014: La Comunidad de Paz, eleva un clamor urgente ante la solidaridad Nacional e Internacional, por el JOVEN YHON EIDER FLORES SERNA retenido ilegalmente por la Brigada

Movil XI del Ejercito Nacional. El ejército bombardeó espacios de población civil en la vereda La

Resbalosita de San José de Apartadó. Tres hombres en traje de civiles persiguieron a un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en la ciudad de Apartadó, hasta que acompañantes

internacionales llegaron a su encuentro. Los paramilitares, en varias veredas del corregimiento de Nuevo

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Antioquia, obligan al campesinado a suministrar información relacionada con el orden público de la región.

Miembros de la Policía abordarn al SEÑOR GERMÁN GRACIANO, integrante del Consejo Interno y

Representante Legal de la Comunidad de Paz. Los paramilitares controlan el paso de personas, especialmente, desde Nuevo Antioquia a Rodoxalí y, a los habitantes de esta vereda les prohíben

desplazarse a otras veredas, como La Hoz. En la vereda Miramar, tropas militares de la Brigada Movil XI retuvieron a los jóvenes YHON EIDER FLORES SERNA de aproximadamente 22 años y ALBERTANO FLORES acusándoles de ser guerrilleros. http://cdpsanjose.org/?q=node/341

Constancia histórica del 16.10.2014: La dirección de la Brigada XVII por parte de un Coronel que tiene en su haber comportamientos tan criminales como los que se han denunciado, hace presagiar períodos de barbarie que compiten con los peores momentos históricos vividos por la Comunidad. La actual situación hace recordar el periodo en el que la Brigada XVII estaba bajo las órdenes del ex General Rito Alejo del

Río (Dic. 1995 – Dic. 1997). Alrededor de 100 personas, miembros de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, se trasladaron a la vereda Miramar del corregimiento de San José, para verificar la situación de varias familias campesinas de esa zona, debido a la presencia militar. Se comprobó la presencia de efectivos de la Brigada Móvil No. 11, quienes han impedido el paso de los civiles hacia los cultivos y los caminos de tránsito cotidiano. Ninguno de los militares allí presentes quiso dar su nombre y prefirieron ocultar sus insignias e identificación, violando así las leyes y normas que les obligan a identificarse ante los ciudadanos. Lo que sí hicieron fue insultar a la comisión humanitaria y amenazarla con machetes y fusiles, actuaciones que quedaron debidamente registradas. http://cdpsanjose.org/?q=node/343

No obstante se estén realizando los diálogos con la guerrilla, el conflicto armado y socio político en Colombia sigue cobrando vidas de personas inocentes e indefensas de la población civil, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y pobladores del territorio son objeto del ensañamiento militar contra sus vidas, por lo que solicitamos a los órganos internacionales de tutela de los derechos humanos que además de tener en cuenta los hechos anteriormente enunciados para presionar al Estado colombiano en su solución, envíen un equipo de observadores para que verifiquen y visibilicen lo que pasa en Colombia porque mientras estos crímenes suceden, el Gobierno colombiano a nivel europeo está haciendo una campaña para presentar la situación colombiana como postconflicto, lo cual no se confirma con la realidad del campo en Colombia. Agradecemos su amable atención,

Andrea Proietti Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su Consejo Nacional: Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma). Con copia a: Presidencia de la República de Colombia, Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del

Pueblo, Departamento de Policia Urabá, Comando de la Brigada XVII. Anexos (3): Anexo 1. Carta de la Fiscalía 37 de Medellín; Anexo 2. Artículo del Heraldo de Urabá; Anexo 3. Respuesta del Coronel Rojas Díaz a la Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive!