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Debido proceso y garantías judiciales Alexei Julio Estrada
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Debido proceso y garantías
judiciales
Alexei Julio Estrada
El derecho al debido proceso
Generalmente se hace diferencia entre el debido
proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo,
el primero se relaciona con el derecho de acceso
a la justicia y con otras expresiones cercanas
tales como el derecho a la tutela judicial efectiva
o garantías judiciales.
El derecho al debido proceso
El debido proceso sustantivo por su parte es un
concepto desarrollado por la jurisprudencia
norteamericana y guarda relación con un medio
para controlar la razonabilidad de las leyes y a la
tutela de los derechos de los individuos frente al
arbitrio del poder público en el ámbito ejecutivo
y legislativo.
El derecho al debido proceso
En el marco del Sistema Interamericano el debido proceso, como antes se mencionó, se concentra en el artículo 8 referente a garantías judiciales y en las normas de derecho a la protección judicial recogidas en el artículo 25. En el artículo 8 figuran tanto las garantías judiciales generales (párr. 1) como las garantías judiciales penales (párr. 2) en una extensa relación que aparecen referidas inicialmente a enjuiciamientos criminales.
El debido proceso
El artículo 25 se refiere a la existencia de un
recurso sencillo y rápido, además de efectivo, que
ampare al sujeto en el ejercicio de sus derechos.
El derecho al debido proceso también está en
conexión con otros preceptos de la CADH tales
como el artículo 4 (derecho a la vida), en lo que
concierne la posibilidad de que el condenado a
muerte pueda combatir la sentencia mediante un
indulto, amnistía o counmutación.
El debido proceso
Particularmente relevante es el artículo 7
(derecho a la libertad personal) que hace
referencia a la privación de la libertad, exclusión
de detenciones arbitrarias, información sobre las
razones de la detención y los cargos formulados,
control judicial y plazo razonable, y decisión
judicial acerca de la legalidad de un arresto o de
una detención.
El debido proceso
La suspensión de garantías en estados de emergencia también guarda relación con el debido proceso, razón por la cual resulta relevante el artículo 27 de la CADH. Hay derechos sujetos a suspensión mientras que otros se hayan excluidos de esta posibilidad, al respecto es particularmente importante la intangibilidad de las garantías judiciales indispensables para la protección y defensa de los derechos y libertades que no están sujetos a suspensión.
El debido proceso
La vigencia de las garantías constitucionales,
tales como el habeas corpus o los mecanismos
de protección de los derechos fundamentales,
bajo los estados de excepción permite que las
autoridades judiciales examinen la razonabilidad
y proporcionalidad de las medidas adoptadas
para superar la situación de anormalidad.
El debido proceso
Finalmente los preceptos relacionados con el
debido proceso, al igual que los restantes
preceptos de la CADH, son el objeto de las
obligaciones generales que asumen los Estados
partes: reconocimiento, respeto y garantía de los
derechos, y adopción de disposiciones y medidas
protectoras de orden interno.
El debido proceso
El debido proceso se refiere al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias
procesales a efectos de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier acto del Estado que
pueda afectarlos (SGS 2012).
El debido proceso
En materia penal incluye tanto las garantías
mínimas previstas en el artículo 8 de la CADH
como otras que pudieran ser necesarias para la
integración de ese concepto, esa garantías
pueden estar en otros tratados de DDHH, en
tratados que no sean de DDHH (Ej.
Convención de Viena sobre relaciones
culturales) o incluso en instrumentos del soft
law.
El debido proceso
La jurisprudencia ha atribuido un carácter
expansivo a las garantías previstas en el artículo
8.2 CADH: “a pesar de que el citado artículo no
específica garantías mínimas en materias que conciernen a
la determinación de los derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco
de garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del
mismo precepto se aplican también a esos órdenes”.
El debido proceso
También se entiende que se aplican en los
procedimientos administrativos, sobre todo
cuando tiene un carácter sancionatorio, pues
éstos son un una expresión del poder punitivo
del Estado ( Ver por ejemplo en los casos Apitz
Barbera, Reverón, Chocrón Chocrón y López
Mendoza).
El debido proceso
La jurisprudencia interamericana ha advertido
que compete al juzgador preservar las garantías
constitutivas del debido proceso. Esto se
extienden tanto al desempeño del tribunal, sus
integrantes y auxiliares, como a la protección de
las partes y a los participantes en el
enjuiciamiento, o incluso de terceras personas
que pueden resultar afectadas por el proceso.
El debido proceso
El juez es garante de los derechos del justiciable,
por lo tanto debe adoptar las medidas
conducentes a garantizar la más amplia defensa
del acusado en el juicio en aras del debido
proceso. Por ejemplo, en el caso Dacosta
Cadogan v. Barbados (2009) se sostuvo que el
juez tenía la obligación de esclarecer el efecto
que podía tener una enfermedad del sujeto al
momento de cometer el delito.
La presunción de inocencia
Se trata de un derecho que en principio está
referido a casos penales. Ha sido reconocido en
diversos instrumentos jurídicos internacionales
de protección de los derechos humanos, como
el artículo 11.1 de la Declaración Universal, el
artículo 14.2 del PIDCP y en el artículo 8.2 de la
CADH.
La presunción de inocencia
Esta última señala que toda persona se presume
inocente mientras no exista plena prueba de su
responsabilidad y no se establezca legalmente su
responsabilidad. Se trata de un principio que
busca evitar los juicios condenatorios
anticipados en contra del inculpado, sin una
consideración detenida en la prueba de los
hechos y en la carga de la prueba.
La presunción de inocencia
Así mismo se relaciona con otras garantías
procesales, tales como el derecho de defensa y el
deber de motivación, pues obliga a determinar la
responsabilidad del acusado mediante una
sentencia fundada, congruente y acorde con las
fuentes del derecho vigentes.
La presunción de inocencia
Conforme a este principio nadie puede ser
tratado como culpable de un acto ilícito mientras
no haya sentencia en firme en su contra. No se
puede suponer culpabilidad por cuanto esta
tiene que ser probada fuera de toda duda
razonable. Una condena no puede estar fundada
en indicios y sospechas, sino en pruebas
objetivas (Observación General 13 del CDH).
La presunción de inocencia
La Corte ha señalado que el propósito de las garantías judiciales subyace en el principio de presunción de inocencia, el cual afirma que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El artículo 8.2 alusivo a esa materia exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista plena prueba de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla sino absolverla.
La presunción de inocencia
Un dato sustancial de este principio atañe a la prueba de los hechos imputados de los que derivan consecuencias jurídicas adversas, la carga correspondiente incumbe a quien formula la imputación: el derecho a la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no cometió el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.
La presunción de inocencia
La Corte IDH se ha pronunciado sobre este
principio en numerosas oportunidades y
abordando distintos tópicos: (i) la actuación de
los funcionarios judiciales respecto a la prueba
de los elementos que configuran la
responsabilidad penal, (ii) la imposición de
medidas restrictivas de la libertad personal
mientras dure el proceso y (iii) la actuación de
otras autoridades públicas.
La presunción de inocencia
Caso Ricardo Canese vs. Paraguay (2004). 159.
La Corte ha notado que el Juzgado de Primera Instancia
en lo Criminal del Primer Turno y el Tribunal de
Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, presumieron el
dolo del imputado del hecho de que éste no se retractó de
las declaraciones que había realizado sino que las
ratificó, de su grado de preparación intelectual y de su
conocimiento sobre la obra pública de Itaipú
La presunción de inocencia
a criterio del juzgador, implicaban que “sabía
perfectamente a quienes iban dirigidas sus declaraciones,
el alcance que tenían sus expresiones y el daño que podría
causar a éstos”. Además, a partir de estas implicaciones,
los juzgadores asumen que el señor Canese tenía intención
de agraviar o menoscabar la imagen, fama, crédito o
intereses de los integrantes del directorio de Conempa.
La presunción de inocencia
161. A partir de las anteriores razones, el Tribunal
encuentra claro que tanto el Juzgado de Primera
Instancia en lo Criminal del Primer Turno como el
Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala,
presumieron el dolo del señor Canese y, a partir de ello, le
exigieron que desvirtuara la existencia de su intención
dolosa.
La presunción de inocencia
De esta manera, tales tribunales no presumieron la
inocencia del imputado, por lo que la Corte concluye que
el Estado violó, en perjuicio del señor Canese, el artículo
8.2 de la Convención Americana.
La presunción de inocencia
Del principio de presunción de inocencia la
Corte ha derivado la obligación estatal de no
restringir la libertad del detenido más allá de los
límites estrictamente necesarios, para asegurar
que no impediría el desarrollo normal de las
investigaciones, ni eludirá la acción de la justicia.
La prisión preventiva es una medida cautelar no
punitiva, y por lo tanto debe ser una medida
excepcional y no la regla general.
La presunción de inocencia
Por lo tanto privar de la libertad por un plazo
desproporcionado a personas cuya
responsabilidad criminal no ha sido establecida
es violar la garantía de la presunción de
inocencia. En el caso Tibi vs Ecuador la Corte
IDH sostuvo que se había vulnerado la
presunción de inocencia.
La presunción de inocencia
En el caso Cantoral Benavides vs. Perú expresó
que constituye una violación de la presunción de
inocencia la presentación de una persona ante
los medios de comunicación “vestido con un traje
infamante, como autor del delito de traición a la patria,
cuando aun no había sido legalmente procesado ni
condenado”.
La presunción de inocencia
La presunción de inocencia “exige que el Estado no
condene informalmente a una persona o emita juicio ante
la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión
pública, mientras no se acredite conforme con la ley la
responsabilidad de aquella”. La presunción de
inocencia puede ser violada no sólo por el juez o
por la Corte sino por otras autoridades públicas
(Lori Berenson vs. Perú).
El principio contradictorio
Sobre el principio contradictorio la Corte IDH ha sostenido que “en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios ara que exista un mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica entre otras cosas que rija el principio contradictorio.” El principio contradictorio se relaciona estrechamente con otras garantía tales como el derecho de defensa, la doble instancia y los recursos.
El derecho de defensa
El derecho de defensa es sin duda una de las
garantías más amplias del derecho al debido
proceso, incluye el derecho a ser asistido por un
traductor, el derecho a la defensa técnica, el
derecho a ser informado de la acusación, el
derecho a no autoincriminarse, .
El derecho de defensa
La primera de las garantías relacionadas con el
derecho de defensa es el derecho a ser asistido
gratuitamente por el traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma del juzgado
o tribunal. Inicialmente este derecho aparece
reconocido sólo para procesos penales, sin
embargo en virtud de la interpretación extensiva
que se ha hecho de las garantías judiciales podría
entenderse que se aplica a otro tipo de procesos.
El derecho de defensa
Adicionalmente la redacción de los artículos
convencionales dan a entender que este derecho
se ejerce ante los tribunales y no ante las
actuaciones que se realizan ante el Ministerio
Público o la Vista Fiscal. Según los estándares
establecidos por el TEDH se aplican respecto de
todos los actos procesales, no sólo las vistas
orales, sino también los documentos escritos y la
instrucción perentoria.
El derecho de defensa
Derecho a ser informado de las acusaciones
en su contra. El CDH ha señalado que este
derecho puede satisfacerse formulando la
acusación ya sea verbalmente o por escrito
siempre que en la información se indique tanto
la ley como los supuestos hechos en que se basa.
El derecho de defensa
Según la Corte IDH: “(p)ara satisfacer el articulo
8.2.b convencional el Estado debe informar al interesado
no solamente de la causa de la acusacion, esto es, las
acciones u omisiones que se le imputan, sino tambien las
razones que llevan al Estado a formular la imputacio n,
los fundamentos probatorios de esta y la caracterizacion
legal que se da a esos hechos.
El derecho de defensa
Toda esta informacion debe ser expresa, clara, integral y
suficientemente detallada para permitir al acusado que
ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al
juez su versio n de los hechos”
El derecho de defensa
En el caso Tibi vs. Ecuador la Corte IDH señaló
que para considerar efectivo este derecho la
notificación de la acusación debía realizarse
antes de que el inculpado rindiera su primera
declaración, pues de otra manera se vería
conculcado el derecho de toda persona a
preparar su defensa.
El derecho de defensa
Sostuvo que esta obligación convencional “rige
incluso antes de que se formule una ‘acusacio n’ en sentido
estricto (pues para) que el mencionado arti culo satisfaga
los fines que le son inherentes, es necesario que la
notificacio n ocurra previamente a que el inculpado rinda
su primera declaracion ante cualquier autoridad publica”.
El derecho de defensa
A los efectos del cumplimiento de la garantía, debe
entenderse que la oportunidad de informar al inculpado
de la acusación es el momento de su detención y no el de
ser puesto el detenido a disposición de la autoridad
judicial competente. De esta forma corresponde a
las autoridades policiales informar inicialmente
de la acusación al inculpado, en ciertos eventos a
las autoridades judiciales (caso Barreto Leiva).
El derecho de defensa
En el caso Barreto Leiva nuevamente la Corte
IDH se ocupa de esta garantía y reitera la regla
de que la información debe tener lugar antes de
ser rendida la primera declaración por el
investigado. Considera admisible que en ciertos
casos exista reserva de las diligencias adelantadas
durante la investigacio n preliminar en el proceso
penal, para garantizar la eficacia de la
administracion de justicia.
El derecho de defensa
Asiste al Estado la potestad de construir un expediente
en busqueda de la verdad de los hechos, adoptando las
medidas necesarias para impedir que dicha labor se vea
afectada por la destruccion u ocultamiento de pruebas.
Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el
derecho de defensa del investigado, que supone, inter alia,
la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan.
El derecho de defensa
El hecho de que el senor Barreto Leiva hubiese podido
conocer por los medios de comunicacion o por su
declaracio n previa ante el Congreso (supra parr. 33) el
tema de la investigacio n que se estaba realizando, no
relevaba al Estado de cumplir con lo dispuesto en el
arti culo 8.2.b de la Convencio n.
El derecho de defensa
El investigado, antes de declarar, tiene que conocer de
manera oficial cuales son los hechos que se le imputan, no
so lo deducirlos de la informacio n publica o de las
preguntas que se le formulan.
El derecho de defensa
Concesión al inculpado del tiempo y los
medios adecuados para la preparación de su
defensa. Lo que constituye tiempo adecuado
según el CDH depende de las circunstancias de
cada caso, pero los medios deben incluir el
acceso a los documentos y demás elementos
probatorios que el acusado necesita para
preparar su defensa, así como la oportunidad de
contratar a un abogado y comunicarse con éste.
El derecho de defensa
Si un acusado cree que el tiempo que se le ha
concedido para preparar su defensa ha sido
inadecuado debe solicitar al tribunal la
suspensión de las diligencias, por no haber
dispuesto del tiempo suficiente para prepararse.
El derecho de defensa
En el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador la Corte
IDH sostuvo que la incomunicación de un
detenido vulneraba esta garantía porque impide
la oportunidad de preparar adecuadamente la
defensa.
El derecho de defensa
Igualmente se ha abordado esta garantía desde la
perspectiva de los derechos de las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos, en el
sentido que tienen derecho a acceder al
expediente y a las pruebas que obran en el
proceso.
El derecho de defensa
Derecho del inculpado a defenderse
personalmente o a ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse
libre y en privado con su defensor. Los
instrumentos internacionales garantizan este
derecho y de su redacción se entiende que es
aplicable para todos los casos, leves y graves
(Caso Milosevic).
El derecho de defensa
Al considerar la indispensable concurrencia del
defensor la Corte IDH ha tenido en cuenta los
estándares internacionales en la materia que van
mucho más allá de la mera designación de un
abogado. Especialmente ha aplicado
instrumentos del soft law tales los Principios
Básicos sobre la función de los abogados (Caso
Castillo Petruzzi vs. Perú)..
El derecho de defensa
Por ejemplo en el caso Lori Berenson hizo
alusión al numeral 8, este señala que a toda
persona arrestada, detenida o presa se le
facilitarán las oportunidades, tiempo e
instalaciones adecuadas para recibir visitas de un
abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin
demora, interferencia ni censura y en forma
plenamente confidencial.
El derecho de defensa
El derecho de defensa abarca tanto el derecho
del justiciable a defenderse por sí mismo como a
designar su defensor de confianza o a recibir a
falta de éste, la asistencia profesional de un
defensor provisto por el Estado.
El derecho de defensa
Además la Corte IDH sostuvo que la defensa
debe ser efectiva pues nombrar un defensor de
oficio con el sólo objeto de cumplir una
formalidad procesal, equivaldría a no contar con
una defensa técnica, por lo que es imperante que
dicho defensor actué de manera diligente con el
fin de proteger las garantías procesales del
acusado y evite así que sus derechos sean
lesionados.
El derecho de defensa
Se ha dicho que la asistencia letrada debe ser
oportuna, en el caso Tibi vs. Ecuador se
entendió que había sido vulnerada esta garantía
porque el Sr. Tibi prestó su declaración ante el
fiscal, un día después de su detención, sin la
presencia de su abogado defensor.
El derecho de defensa
El CDH ha afirmado que este derecho exige que
el defensor se comunique con el acusado en
condiciones que garanticen plenamente el
carácter confidencial de sus comunicaciones.
Los abogados deben poder asesorar a sus
clientes de conformidad con su criterio y normas
profesionales establecidas, sin ninguna
restricción, influencia, presión o injerencia
debida.
El derecho de defensa
La Corte IDH ha entendido que el derecho a ser
asistido por un defensor de oficio es un derecho
irrenunciable, que no depende de las
condiciones económicas del acusado, pues la
CADH a diferencia de otros instrumentos
internacionales no establece limitaciones a este
derecho.
El derecho de defensa
De la redacción de los instrumentos
internacionales parecería que esta garantía sólo
rige en los procesos penales, pero la
jurisprudencia, sobre todo del TEDH ha ido
ampliando su aplicación para todo tipo de
procesos.
El derecho de defensa
Derecho de la defensa de interrogar a los
testigos presentes en el tribunal y de obtener
comparecencia, como testigos y peritos de
otras personas que puedan arrojar luz sobre
los hechos. En el caso Canese Vs. Paraguay la
Corte IDH sostuvo que esta garantía había sido
desconocida porque se cerró la etapa de
investigación sin citar a declarar los testigos y
peritos que el acusado había solicitado.
El derecho de defensa
En el caso Castillo Petruzzi vs. Perú sostuvo que
la legislación que se aplicaba para juzgar ciertos
delitos que prohibía el interrogatorio de los
agentes del estado era contraria a la CADH.
¿Qué pasa con los testigos sin rostro?
No autoincriminación
Derecho a no ser obligado a declarar contra
sí mismo ni a declararse culpable. Se
entiende que es un derecho aplicable en los
procesos penales y en los procesos
administrativos y sancionadores y de ser el caso
también en los procedimientos administrativos
previos. Se han presentado discusiones
interpretativas respecto del alcance de la
expresión declarar.
No autoincriminación
En el sistema interamericano aparece como una
garantía específicamente reconocida por el
artículo 8.3. que la confesión del inculpado es
solamente es válida si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza. En el caso Cabrera García y
Montiel Florez vs. México (2010) la Corte IDH
se pronunció también ampliamente sobre las
reglas de exclusión de la prueba.
No autoincriminación
Sostuvo: Al respecto, la Corte observa que la regla de
exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o
tratos crueles e inhumanos (en adelante “regla de
exclusión”) ha sido reconocida por diversos tratados y
órganos internacionales de protección de derechos humanos
que han establecido que dicha regla es intrínseca a la
prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte considera
que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable.
No autoincriminación
Además, el Tribunal considera necesario recalcar que la
regla de exclusión no se aplica sólo a casos en los cuales se
haya cometido tortura o tratos crueles. Al respecto, el
artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que
“[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es
hecha sin coacción de ninguna naturaleza”, es decir que
no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado
un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a
cualquier tipo de coacción.
No autoincriminación
Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se
ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio
no sólo a la prueba obtenida directamente mediante
coacción, sino también a la evidencia que se desprende de
dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que
excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de
la información obtenida mediante coacción, garantiza de
manera adecuada la regla de exclusión.
No autoincriminación
Para analizar la relación entre las tres declaraciones, la
Corte observa que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en el caso Harutyunyan v. Armenia, indicó
que en caso de existir evidencia razonable de que una
persona ha sido torturada o tratada de manera cruel e
inhumana, el hecho de que ratifique la confesión ante una
autoridad distinta a la que realizó la acción, no conlleva
automáticamente que dicha confesión sea válida.
No autoincriminación
Lo anterior, debido a que la confesión posterior puede ser
la consecuencia del maltrato que padeció la persona y
específicamente, del miedo que subsiste después de este tipo
de hechos.
No autoincriminación
La Corte comparte el criterio anteriormente descrito, y
reitera que la situación de indefensión y vulnerabilidad en
la que se encuentran las personas a quienes en el
momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles,
inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su
resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse, pueden
producir sentimientos de miedo, angustia e inferioridad
capaz de humillar y devastar a una persona y
posiblemente quebrar su resistencia física y moral.
No autoincriminación
Por el contrario, uno de los fundamentos que utilizaron
los jueces de instancia para no excluir la prueba del
proceso se basó en que “no basta que alguien alegue que
fue violentado física o moralmente, para que deba
liberársele, puesto que, en principio debe probar que esa
violencia existió y luego, demostrar que la misma sirvió
de medio para arrancarle una confesión lo cual a lo
mucho la invalidaría […]”
No autoincriminación
Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que
los tribunales que conocieron la causa en todas las etapas
del proceso debieron excluir totalmente las declaraciones
ante el Ministerio Público y la confesión rendida el 7 de
mayo de 1999, por cuanto la existencia de tratos crueles
e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas
evidencias, de conformidad con los estándares
internacionales anteriormente expuestos.
Doble instancia
Derecho de recurrir el fallo ante el juez tribunal
superior. En principio se trata de un derecho
reconocido exclusivamente para procesos
penales, aunque la Corte IDH la ha extendido a
otro tipo de procesos (caso Vélez Loor). Según
el CDH esta garantía no se limita a las
infracciones penales más graves.
Doble instancia
Se trata de un derecho del que goza todo
ciudadano para cuestionar una decisión dentro
de la misma estructura jurisdiccional que la
emitió, a fin de que una instancia superior pueda
revisar y modificar.
Doble instancia
“El derecho a recurrir el fallo es una garantía primordial
que se debe respetar en el marco del debido proceso legal,
en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser
revisada por un juez o tribunal distinto y de superior
jerarquía orgánica”.
Doble instancia
El recurso al que se refiere el artículo 8 se
plantea ante una instancia específica: un juez o
tribunal superior al que ha emitido el fallo
combatido, que debe satisfacer las condiciones
de independencia e imparcialidad que se exigen
de cualquier juzgador. Independientemente del
nombre que se le de al recurso este debe
garantizar la revisión integral de la decisión
recurrida.
Doble instancia
Así lo señaló la Corte IDH en el caso Herrera
Ulloa donde también dejó claro que los recursos
de casación presentados contra la sentencia
condenatoria no satisficieron esa condición,
pues no permitían que el tribunal superior
realizara un análisis o examen comprensivo e
integral de todas las cuestiones debatidas y
analizadas por el tribunal inferior.
Doble instancia
Igualmente se han presentado casos
relacionados con la segunda instancia de
funcionarios con fuero. Caso Barreto Leiva vs.
Venezuela. La Corte IDH sostuvo que aun en
los casos en que se aplicar un fuero especial
debe ser garantizada una segunda instancia.
Doble instancia
Adicionalmente a los recursos previstos al
interior de los procedimientos judiciales, los
ordenamientos internos prevén mecanismos
para la protección de los derechos
fundamentales involucrados en los
procedimientos judiciales y administrativos, tales
como el habeas corpus y el amparo.
Principio de ne bis in idem
El artículo 8.4 de la CADH establece que el
inculpado absuelto por una sentencia en firme
no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los
mismos hechos. Este precepto utiliza dos
expresiones que son susceptibles de discusiones
interpretativas: sentencia y los mismos hechos.
Ne bis in idem
La jurisprudencia de la Corte ha prevalecido la
idea de que un procedimiento violatorio de
derechos no puede ser el sustento idoneo de una
sentencia valida.
Ne bis in idem
En otros terminos: aquel no constituye un
verdadero proceso ni este una autentica
sentencia; de ahi que la aparente resolucio n
definitiva en la que culmina el tambien aparente
proceso no pueda pretender la autoridad de cosa
juzgada ni ser la referencia para la invocacio n de
la garantia ne bis in idem.
Ne bis in idem
En este orden, el Tribunal observo que “el
desarrollo de la legislacio n y de la jurisprudencia
internacionales ha permitido el examen de la llamada
‘cosa juzgada fraudulenta’ que resulta de un juicio en el
que no se han respetado las reglas del debido proceso, o
cuando los jueces no obraron con independencia e
imparcialidad”.
Ne bis in idem
Corresponde al Estado, en su caso, llevar a cabo
-en un plazo razonable- un nuevo
enjuiciamiento que satisfaga ab initio las
exigencias del debido proceso legal, realizado
ante el juez natural (jurisdiccion ordinaria) y con
plenas garantias de audiencia y defensa para los
inculpados.
Ne bis in idem
Actualmente se presentan discusiones sobre el
alcance de este principio, sobre todo cuando se
trata de la investigación y sanción de graves
violaciones de derechos humanos.
Principio de publicidad del proceso
En el marco de la CADH se trata de una
garantía reconocida solo para los procesos
penales: El proceso penal debe ser público, salvo
en lo que sea necesario para preservar los
intereses de la justicia. Empero en el marco de
otros sistemas de protección se tiende hacia una
progresiva ampliación de la aplicación de este
principio.
Publicidad
La publicidad se entiende respecto de terceros o
la sociedad y no entre las partes del proceso, y
cumple diversos fines: garantizar los principios
de audiencia y contradicción y aproximar la
justicia al pueblo.
Publicidad
No es un principio absoluto, se otorga un
criterio amplio al juez para que determine en que
casos puede restringir la publicidad, por ejemplo
el interés de los menores, el derecho a la
intimidad, la seguridad nacional. Se ha discutido
si la única garantía de la publicidad del proceso
es el juicio oral, aunque sobre este extremo hay
distintas posturas de los doctrinantes.
Publicidad
El CDH ha sostenido que todos los juicios en
casos penales o casos conexos de carácter civil
debería llevarse a cabo oral y públicamente. Es
tarea de los tribunales facilitar al público
información sobre la fecha y el lugar de la vista
oral y disponer los medios adecuados para la
asistencia de los miembros interesados del
público.
La prescripción en materia penal
La Corte ha sostenido que la prescripcio n es
inaplicable cuando se trate de muy graves
violaciones a los derechos humanos en los
terminos del Derecho Internacional: “son
inadmisibles las disposiciones de amnistia, las
disposiciones de prescripcion y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigacio n y sancio n de los responsables de
Prescripción en materia penal
las violaciones graves de los derechos humanos tales como
la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas
prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”.
Prescripción en materia penal
En este mismo sentido, la Corte ha establecido
que “ninguna ley ni disposicio n de derecho interno puede
impedir a un Estado cumplir con la obligacion de
investigar y sancionar a los responsables de violaciones de
derechos humanos”. En particular, al tratarse de
graves violaciones de derechos humanos el
Estado no podra argumentar prescripcio n o
cualquier excluyente similar de responsabilidad,
para excusarse de su deber.
