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JURISPRUDENCIA RELEVANTE:Tráfico ilícito de drogas

Febrero 2016

Año 2 Volumen 20

380 Instituto Pacífico

Actualidad

Penal JURISPRUDENCIA RELEVANTE: Tráfico ilícito de drogas

Volumen 20 • Febrero 2016

JURISPRUDENCIA RELEVANTE: TRáFICO ILíCITO DE DROGAS

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

CASACIÓN N.° 738-2014

CAJAMARCA

Lima, veintinueve de setiembre de dos mil quince.

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación concedido de oficio por la causal establecida en el numeral tercero del artículo 429 del código Procesal Penal, interpuesta por la defensa técnica del encausado Eliter Sánchez Mera contra la sentencia de vista del diecisiete de setiembre de dos mil catorce; interviene como ponente el señor Juez Supre-mo Pariona Pastrana.

1.ª SENTENCIA: Condiciones para la configu-ración de la agravante por la cualidad del sujeto activo en el delito de tráfico ilícito de drogas, prevista en el inciso 3 del artículo 297 del CP

Área

1.ª SentenCIa Condiciones para la configuración de la agravante por la cualidad del sujeto activo en el delito de tráfico ilícito de drogas, prevista en el inciso 3 del artículo 297 del CP 380

2.ª SentenCIa Medios de prueba pertinentes que acreditan el delito de tráfico ilícito de drogas 3903.ª SentenCIa La aplicación de penas conjuntas en el delito de tráfico ilícito de drogas 395

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JURISPRUDENCIA RELEVANTE: Tráfico ilícito de drogas


ANTECEDENTES

PRIMERO: DECISIÓN CUESTIONADA1.1. En el presente caso, se cuestiona la sentencia de vista del diecisiete de setiembre de

dos mil catorce —fojas doscientos ochenta y tres—, que confirmó la sentencia de primera instancia del veintiocho de enero de dos mil catorce —folios ciento sesenta y cuatro— que condenó al encausado Eliter Sánchez Mera como autor del delito contra la salud pública-posesión de drogas tóxicas para tráfico, en la modalidad agravada del inciso 3 del artículo 297 del Código Penal y artículo 296, segundo párrafo, del acotado Código, en agravio del Estado; imponiéndole 15 años de pena privativa de libertad, diez mil nuevos soles por reparación civil y ciento ochenta días multa, e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público como profesional de técnico en enfermería, por el periodo de diez años.

SEGUNDO: ITINERARIO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA2.1. El encausado Sánchez Mera fue procesado penalmente con arreglo al nuevo Código

Procesal Penal. El señor Fiscal Provincial mediante requerimiento del dieciséis de agosto de dos mil trece —fojas uno— formuló acusación en su contra por delito contra la salud pública —posesión de drogas tóxicas para el tráfico—, en agravio del Estado, previsto en el segundo párrafo del artículo 296 concordado con el inciso 3 del artículo 297 del Código Penal, en agravio del Estado.

2.2. El señor Juez de Investigación Preparatoria llevó a cabo la audiencia de control de la acusación, conforme se advierte del acta de quince de noviembre de dos mil trece —fojas catorce—. El auto de citación a juicio fue expedido por el Juzgado Penal Colegiado el veintidós de noviembre de dos mil trece —fojas treinta y tres—.

2.3. Seguido el juicio de primera instancia —como se advierte de las actas de los setenta y ocho, ochenta y siete, noventa y cuatro, ciento dieciocho, ciento veintisiete, ciento cuarenta y cinco y ciento cincuenta y cuatro— el Juzgado Penal Colegiado dictó la sentencia del veintiocho de enero de dos mil catorce —fojas ciento sesenta y cuatro—, que lo condenó como autor del delito contra la salud pública —posesión de drogas tóxicas para el tráfico—, en agravio el Estado, imponiéndole quince años de sanción y fijando en diez mil nuevos soles el monto de la reparación civil.

2.4. El señor abogado defensor del encausado Sánchez Mera interpuso recurso de apelación mediante escrito de fojas ciento ochenta. Dicho recurso fue concedido mediante auto del cinco de febrero de dos mil catorce —fojas ciento ochenta y ocho—.

TERCERO: ITINERARIO DEL PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Penal de Apelaciones de la

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emplazó a las partes a fin de que concurrieran a la audiencia de apelación de sentencia, la cual se realizó el veintisiete de agosto de dos mil catorce —fojas doscientos setenta y siete—, cumpliendo el Tribunal de Ape-lación con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de apelación del diecisiete de setiembre de dos mil catorce —folios doscientos ochenta y tres—. La sentencia de vista, recurrida en casación, confirmó la de primera


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CUARTO: ITINERARIO DEL RECURSO DE CASACIÓN4.1. Leída la sentencia de vista, la defensa técnica del encausado formuló recurso de casación

correspondiente mediante escrito de fojas doscientos noventa y cinco.4.2. Concedido el recurso por auto de trece de octubre de dos mil catorce de fojas trescientos

treinta, se elevó la causa a este Supremo Tribunal el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

4.3. Cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por el plazo de diez días, esta Suprema Sala Penal mediante Ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil quince —fojas cuarenta y dos— del cuadernillo formado en esta Instancia, en uso de su facultad de corrección, admitió de oficio el trámite del recurso por los motivos previstos en el numeral tercero del artículo 429 del Código Procesal Penal.

4.4. Se realizó la audiencia conforme se aprecia de fojas cincuenta y cuatro quedando la causa expedita para emitir decisión.

4.5. Deliberada la causa en secreto y votada en la fecha, esta Suprema Sala Penal cumple con emitir la presente sentencia, cuya lectura se llevará a cabo en audiencia pública el seis de octubre del año en curso a horas ocho horas treinta minutos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: FUNDAMENTOS JURÍDICOSA. Presupuestos normativos generales

1.1. El inciso tercero del artículo 429 del Código Procesal Penal, establece como una de las causales para interponer recurso de casación, cuando: “La sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación”.

1.2. La errónea interpretación de la ley penal está referida a un precepto legal de decisiva influencia en la parte resolutiva de la sentencia. Así, la norma infringida debe ser de carácter sustantivo (normas del Código Penal y leyes penales especiales) en cuanto definidores: a) de la infracción penal (bases de la punibilidad y tentativa); b) de las personas responsables (autoría y participación); c) de las penas y circunstancias de-terminantes de la aplicación de las mismas, así como de las reglas para su imposición y medición; d) de la aplicación y graduación de las medidas de seguridad; e) de la extinción de la acción penal y de la pena; f ) de las consecuencias accesorias del delito; y, g) de la responsabilidad civil derivada del delito1. También se comprende a las leyes penales en blanco, en tanto son normas no penales de carácter Sustantivo, que deben ser observadas en aplicación de la ley penal2.

1.3. La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N.° 0010-2002-AI/TC (ff. jj. n.os 44 et pàssim) relativo al Principio de legalidad e Interpretación de la Ley Penal, puntualiza que: “El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el literal ‘d’ del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, según el cual Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté

1 San Martín Castro, César, Derecho procesal penal, vol. 2, Grijley, 2006, pp. 1003 y 1004.2 Ibídem, p. 1004

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previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible [...]”. Igualmente, este principio ha sido recogido por los principales instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo II, numeral 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15). En esta línea, el principio de legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal ‘d’ del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución que la tipificación previa de la ilicitud penal sea “expresa e inequívoca” (Lex certa), pudiendo existir un margen limitado de indeterminación como consecuencia de la propia naturaleza del lenguaje.

1.4. De lo vertido se desprende que —tipificado previa y claramente el delito, y cometido este— el Estado se encuentra legitimado y limitado para sancionar únicamente la conducta en que consiste el delito y no otra circunstancia adicional, es decir, resultan susceptibles de sanción solo aquellos comportamientos que se encuentren expresamente recogidos en el tipo penal. El principio de legalidad penal, entonces, restringe la ac-tuación del Estado a la evaluación objetiva de la conducta, proscribiendo el análisis de cualquier otra conducta que no esté expresamente plasmada en la norma penal. Esto es consecuencia del hecho de que solamente puede ser sancionado aquel comporta-miento calificado como reprobable al sujeto que lo realiza. En este aspecto se aprecia la convergencia entre el principio de legalidad penal y el principio de culpabilidad, que consiste en la calificación de reprobable que debe recaer sobre cierta conducta humana y su consecuente tipificación, para poder ser objeto de punición estatal. Por ello, al consagrarse expresamente el principio de legalidad, de modo implícito queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad3.

1.5. El inciso 3 del artículo 433 del Código Procesal penal —referente al contenido deja sentencia casatoria y Pleno Casatorio— establece lo siguiente: “[...] la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público, podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual perma-necerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala Penal o esta se integra con otros vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su instancia, se convocará inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta. En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se

3 No debe desconocerse la importancia trascendental de los principios reconocidos en el Título Preliminar del Código Penal, los cuales deben ser considerados como criterios rectores de interpretación para la aplicación de las normas de la Parte General y Parte Especial. La determinación de estos principios presupone la legitimación de carácter constitucional de las normas del Código Penal [Meini Méndez, Iván, “La ley no se justifica en sí misma, sino en su necesidad y racionalidad para contribuir al orden social que dibuja la Constitución”, en Lecciones de derecho penal. Parte general, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, p. 29].


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dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial”.

B. Presupuestos normativos específicos: análisis de la agravante regulada en el 297, inciso 3, del Código Penal

1.6. El artículo 297, inciso 3, del Código Penal establece taxativamente como agravantes del delito de tráfico ilícito de drogas cuando el sujeto activo sea profesional sanitario. Entre los profesionales sanitarios reconocidos taxativamente por la norma se encuentran los médicos, es decir, la persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina4; los químicos y farmacéuticos, son los responsables de la dispensación y de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación5; y los odontólogos, profesionales dedicados al estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias6. Asimismo, esta agravante también prevé que pueden tener la condición de sujeto activo “quien ejerza otra profesión sanitaria”.

1.7. Esta agravante es una ley penal en blanco, por encontrarse vinculada a normativa extrapenal. Así, el legislador recurre a leyes penales en blanco debido al dinamismo de la vida moderna. En estos casos, el tipo penal realiza una descripción muy general de la conducta penalmente prohibida, remitiéndose a regulaciones extrapenales para especificar su contenido7.

1.8. En ese sentido, resulta necesario hacer precisiones respecto a dos puntos esenciales para la determinación de responsabilidad por la configuración de esta agravante y una adecuada interpretación de la ley penal: 1) Cómo debe interpretarse la referencia a “quien ejerza otra profesión sanitaria” y, por tanto, quiénes se encuentran comprendidos en la calidad especial de sujeto activo dentro de esta categoría; y 2) si para la configuración basta con poseer la calidad especial de sujeto activo o se requiere, además, que el tráfico ilícito de drogas se realice durante el ejercicio de la actividad profesional.

B.1. Configuración de la agravante por la condición especial de profesional

1.9. Al tratarse de una ley penal en blanco se debe recurrir a la norma extrapenal competente que permita aclarar la cualidad especial del profesional sanitario o de salud que pueda ser comprendido como sujeto activo de la agravante en cuestión; así, serán las normas del sector salud las que establecerán las exigencias del profesional para el ejercicio de la profesión sanitaria. En ese sentido, la Ley General de Salud, Ley N.° 26842, establece en

4 Definición tomada del portal web de la RAE.5 Definición tomada del artículo 33 de la Ley General de Salud, Ley N.° 26842.6 Definición tomada del portal web de la RAE.7 García Cavero, Percy, Derecho penal. Parte general, Jurista, Lima, 2012, p. 297. Véase: también Mir

Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, Reppertor, Barcelona, 2008, pp. 66-68. “Se habla de ‘le-yes penales en blanco’ para referirse a ciertos preceptos penales principales que, excepcionalmente, no expresan completamente los elementos específicos del supuesto derecho de la norma secundaria, sino que remiten a otro u otros preceptos o autoridades para que completen la determinación de aquellos elementos”.

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su artículo 228 que “para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, obstetricia, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional universitario y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley”9.

1.10. De acuerdo con la Ley General de Salud, para el desempeño de actividades profesionales propias de dicho sector se requerirá que el agente tenga título profesional universitario y que, además, cuente con una membresía en alguno de los Colegios profesionales de acuerdo con la especialidad.

1.11. El artículo 297, inciso 3, del Código Penal hace una clasificación abierta de los pro-fesionales de la salud que puedan ser comprendidos como sujeto activo, al establecer que, además de los médicos, farmacéuticos, químicos y odontólogos, también podrán cometerlo quien “ejerza otra profesión sanitaria”.

1.12. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe “Perfil mundial de los trabajadores sanitarios”10, explica que la expresión “trabajador sanitario” se aplica a toda persona que lleva a cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud. El sentido que la OMS confiere al término se basa en el modo en que esta define el sistema sanitario, que englobaría aquellas actividades cuyo principal objetivo es la mejora de la salud. Sin embargo, esta concepción sobre trabajador sanitario para dotar de contenido al elemento quien “ejerza otra profesión sanitaria”, es amplia e imprecisa, y comprendería, además de los profesionales de la salud, a ciudadanos que no posean esta condición pero que realicen actividades o brinden apoyo de esa naturaleza, lo que colisionaría con el principio de legalidad y la exigencia de la cualidad especial del profesional sanitario o de salud que requiere la agravante en cuestión.

1.13. Por lo que corresponde adoptar, al igual que para la delimitación de los profesionales comprendidos expresamente en esta agravante, lo establecido por el artículo 22 de la Ley General de Salud, en el sentido que deberá comprenderse entre quienes “ejerzan otra profesión sanitaria” a otros profesionales de la salud que cuenten con título profesional universitario y que cuenten con membresía en algún Colegio Profesional.

B.2. Configuración de la agravante cuando el agente ejerce una profesión sanitaria

1.14. En cuanto a lo referido a la configuración de la agravante, es necesario precisar si basta con realizar alguna de las modalidades del tipo base del tráfico ilícito de drogas y poseer

8 Artículo modificado por la Quinta Disposición Complementaria, Derogatoria y Final de la Ley N.° 27853, del 23 de octubre de 2002. Señala lo siguiente: “Artículo 22. Para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, obstetricia, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional universitario y cumplir además con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la Ley”.

9 La Ley General de Salud, en su artículo 22, originalmente estableció que para desempeñar actividades de las profesiones médicas se requería título profesional (universitario y técnico). Sin embargo, con la modificación de la Ley N.° 27853, de 23 de octubre de 2002, se delimitó el círculo de potenciales autores al exigirse que el título profesional debe ser universitario.

10 Disponible en: http://www.who.int/whr/2006/06 chap.es.pdf. Revisado el 29 de septiembre de 2015 a las 6:00 horas.


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la condición especial de sujeto activo o se requiere que el tipo base se configure durante el de la actividad profesional.

1.15. Esta modalidad agravada tiene su origen en la Ley N.° 4428, del 26 de noviembre de 1921, artículo 10 inciso 2 d), la cual sancionaba a todo aquel que lucre con drogas, y entre los supuestos agravados regulaba la actuación de los médicos, odontólogos o veterinarios que expidan recetas para facilitar el abuso de esas sustancias11.

1.16. La conducta de los sujetos que posean la condición de profesionales sanitarios, como agravante, no es más lesiva solo por sus conocimientos adquiridos durante su forma-ción profesional, sino por la facilidad que representan estos en el desarrollo material de actividades profesionales destinadas al tráfico ilícito de drogas. Los conocimientos especiales solo adquieren relevancia para el tipo penal cuando van referidos a un hecho objetivamente desvalorado por la norma y ajustados a un rol12. Por lo que, sancionar a un agente solo por el hecho de su condición de profesional sanitario, importa la implantación de una forma de derecho penal de autor que el Estado constitucional de derecho recusa13.

1.17. En ese sentido, la agravante se configurará cuando el sujeto que posea la condición de profesional sanitario, realice en el marco de las funciones propias de su profesión actividades destinadas al tráfico ilícito de drogas.

1.18. Así, en doctrina se ha establecido que “el tipo objetivo no se realiza por la mera con-currencia de circunstancias personales, sino que es preciso que se actúe abusando de la profesión, oficio o cargo en que se concretan estas circunstancias personales, de modo tal que el agente se aproveche de ellas para una mayor eficacia de su delito. Es decir, no se trata de una responsabilidad por el cargo, profesión u oficio (lo cual podría incluso vulnerar el principio de culpabilidad), sino que esa responsabilidad se tiene porque, actuando en el ejercicio del cargo, del oficio o de la profesión, se abusa de ellos hasta el punto de realizar la conducta típica relacionada al TID14”. Asimismo, Bramont-Arias precisa al respecto que “estaremos ante esta agravante [artículo 297, 3 CP] cuando el agente activo ejerza una profesión sanitaria y el comportamiento delictivo se realice en el ejercicio de su profesión15. Del mismo modo, Peña-Cabrera Freyre16, sostiene que se configura esta agravante con la vulneración de especiales “deberes de función”, por quienes se supone deben tutelar la salud de los ciudadanos y de alertar a sus pacientes de las consecuencias perjudiciales del consumo habitual de drogas; quienes por el cargo

11 Frisancho Aparicio, Manuel, Tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, Jurista, 2006, p. 128.12 Cfr. Feijoo Sánchez, Bernardo, Imputación objetiva en derecho penal, Grijley, Lima, 2002, p. 114.13 Vid. Villavicencio Terreros, Felipe, Derecho penal. Parte general, Grijley, 2010, p. 113.14 Gallego Soler, José Ignacio, “Los delitos de tráfico de drogas II. Un análisis crítico de los arts. 369,

370, 372, 374, 375, 377 y 378 del CP; y tratamientos jurisprudenciales”, Bosch, Barcelona, 1999, p. 221; en Hernández Miranda, Edith, “Alcances de la Casación N.° 126-2012 sobre la circunstancia agravante referida a la condición de educador en los delitos de tráfico ilícito de drogas”, en Gaceta Penal & Procesal Penal, t. 61, Gaceta Jurídica, 2014. p. 105.

15 Vid. Bramont-Arias Torres, Luis A. y María García Cantizano, Manual de derecho penal. Parte especial, Editorial San Marcos, 2012, p. 539.

16 Vid. Peña Cabrera Freyre, Alonso, Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, Rodhas, Lima, 2013, p. 177.

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que desempeñan, tienen la posibilidad de acceder con mayor facilidad a cierta clase de estupefacientes.

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO CONCRETO2.1. En principio se debe precisar que está fuera de discusión la responsabilidad penal

del encausado en el hecho punible por haber cometido el delito de tráfico ilícito de drogas, pero habiéndose encuadrado dicha conducta, tanto en la acusación fiscal y en las sentencias condenatorias, en el tercer párrafo del artículo doscientos noventa y seis concordado con la circunstancia agravante prevista en el inciso tercero del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, corresponde evaluar si se subsumió téc-nicamente lo acontecido en la agravante del tipo penal.

2.2. A criterio de este Tribunal Supremo, la agravante sub examine se funda en la deslealtad del profesional sanitario de cautelar la salud de los ciudadanos y de alertar a sus pa-cientes de las consecuencias perjudiciales del consumo habitual de drogas. De lo que se desprende que para configurar dicha agravante no solo se requiere que el imputado tenga la condición de “profesional sanitario o de salud”, sino que su accionar delictivo se haya verificado en el contexto y aprovechando el ejercicio de su condición de tal, con las posibles consecuencias de riesgo para la salud que trae el consumo ilegal de estupefacientes.

2.3. Considerar la configuración de la agravante por la mera condición de “profesional sanitario” importaría la implantación de una forma de derecho penal de autor, in-compatible con un Estado constitucional de Derecho que se garantiza. Por tanto, no se puede admitir que la imposición de la pena se sustente o se incremente en razón de aspectos de la vida o personalidad del autor.

2.4. De este modo, la referida agravante se configurará cuando el sujeto activo cumpla con las siguientes condiciones: a) Posea título profesional “universitario es decir, el sujeto activo debe haber obtenido la licenciatura en la especialidad de alguna profesión sa-nitaria, b) Ser miembro de un Colegio Profesional, pues el agente deberá encontrarse habilitado para ejercer su profesión por un Colegio Profesional; c) Realizar conductas destinadas al tráfico ilícito de drogas en el desarrollo de sus actividades profesionales, pues el agente deberá realizar el injusto de acuerdo con las funciones propias de su profesión.

2.5. En el caso concreto a criterio de este Tribunal Supremo no se configuró la agravante objeto de acusación y condena contra el encausado Eliter Sánchez Mera, por lo que la calificación legal es la que corresponde al tipo base, pero de la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del Código Penal.

TERCERO: DETERMINACIÓN DEL QUANTUM DE LA PENA3.1. Como segundo nivel de análisis, resulta necesario establecer el quantum de pena

impuesta, teniendo en consideración lo expuesto en el considerando precedente. Es de precisar que la pena impuesta por el Colegiado de Primera Instancia contenía la agravante prevista en el inciso tres del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal que conminaba a una pena no menor de quince ni mayor de veinticinco años de privación de libertad y de 180 a 365 días multa, pero al haberse recalificado la conducta, es pertinente aplicar la sanción legal que le corresponde, esto es, la segunda parte del


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primer párrafo del artículo 296 del Código acotado, que tiene como límites de puni-ción no menor de seis ni mayor de doce años de pena privativa de la libertad, y ciento veinte a ciento ochenta días multa; y teniendo en cuenta la forma en que sucedieron los hechos y al no existir circunstancia de atenuación (tendiendo en consideración sus condiciones personales y sociales, al ser un agente con treinta y uno años de edad aproximadamente, natural de Caserío de Quitahuasi del distrito de Tagond-Cajamarca, conviviente, con grado de instrucción superior y sin antecedentes penales) corresponde imponerle la sanción de ocho años de privación de libertad.

3.2. Así también, cabe precisar que no se vulnera el derecho de defensa del encausado ni sus derechos fundamentales, debido a que se mantiene la homogeneidad del bien jurídico protegido, la inmutabilidad de los hechos y las pruebas, coherencia entre los elementos tácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo, y esencialmente es favorable al encausado.

CUARTO: INAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN4.1. Es de precisar que como se observa en la sentencia recurrida se le impuso al encausado

Eliter Sánchez Mera pena de inhabilitación en virtud del inciso cuatro del artículo treinta y seis del Código Penal, sin embargo al haberse acreditado que la conducta delictiva se encuadra en el tipo base de la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del Código Penal y no sanciona al agente activo con tal inhabilitación, corresponde dejar sin efecto dicho sanción.

DECISIÓN

Por estos fundamentos los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declararon:I. FUNDADA LA CASACIÓN (de oficio), por errónea interpretación del numeral 3) del

artículo 297 del Código Penal; en consecuencia,II. NULA la sentencia de vista del diecisiete de setiembre de dos mil catorce —fojas dos-

cientos ochenta y tres. En sede de instancia y emitiendo pronunciamiento de fondo,III. REVOCARON la sentencia de primera instancia del veintiocho de enero de dos mil

catorce, en el extremo que condenó a Eliter Sánchez Mera como autor del delito contra la salud pública —posesión de drogas tóxicas para tráfico— en agravio del Estado conforme al inciso 3 del artículo 297 y artículo 296 segundo párrafo del Código Penal; imponiéndole quince años de pena privativa de libertad, REFORMÁNDOLA: CONDENARON a Eliter Sánchez Mera como autor del delito contra la salud pública —posesión de drogas tóxicas para tráfico—, previsto en el segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, le impusieron ocho años de pena privativa de libertad que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el doce de abril de dos mil trece vencerá el once de abril de dos mil veintiuno.

IV. CONFIRMARON la apelada en cuanto impuso ciento ochenta días multa al citado procesado y fijó en diez mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

V. DEJAR SIN EFECTO la inhabilitación impuesta al aludido encausado.VI. ESTABLECER como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en el considerando

segundo 2.2, 2.3, 2.4 de la presente Ejecutoria Suprema de conformidad con el inciso

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cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal respecto a las exigencias para la configuración de la agravante sub examine.

VII. DISPONER que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por inter-medio de la señorita Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y acto seguido, se notifique todas las partes apersonadas a la instancia e incluso a las no recurrentes.

VIII. PUBLICAR en el Diario oficial “El Peruano” conforme a lo previsto en la parte in fine del inciso tres del articulo cuatrocientos treinta y tres del Código Procesal Penal;

S.S.

VILLA STEIN / RODRÍGUEZ TINEO / PARIONA PASTRANA / NEYRA FLORES / LOLI BONILLA


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N.° 992-2014

AYACUCHO

Lima, catorce de abril de dos mil quince.

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el encausado Jaime Ramírez Sosa y la defensa técnica del acusado Edgar Roger Cárdenas Pérez, contra la sentencia condenato-ria de fojas mil noventa y seis, tomo seis, del catorce de noviembre de dos mil trece; de conformidad, en parte, con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. Interviene como ponente el señor Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

Primero. La defensa técnica del encausado Cárdenas Pérez, en su recurso formalizado de fojas mil ciento treinta y ocho, ampliado a fojas mil ciento cuarenta y cinco, tomo seis, alega que la imputación efectuada por Quispe Montaño y Arce Montaño en contra de su defendido no tiene validez, porque lo hicieron con la promesa de que les ayudaría; además, las diligencias realizadas preliminarmente se recabaron sin la presencia del abo-gado defensor de los intervenidos. Que el Colegiado Superior no valoró las declaraciones que dichos acusados dieron posteriormente, donde no sindicaron a su defendido como partícipe del ilícito investigado; incluso esta última versión la brindaron antes de que su patrocinado sea detenido. Agrega que no existe medio probatorio alguno que lo vincule directamente con el tráfico ilícito de drogas y mucho menos que la droga incautada sea propiedad de su patrocinado. De otro lado, invoca la vulneración a la motivación de las resoluciones judiciales y el debido proceso, pues aduce que luego de leída la sentencia no se le entregó a ninguno de los acusados copia de la misma, como lo establece la Sentencia Plenaria número uno-dos mil trece/trescientos uno-A.dos-ACPP. Finalmente, señala que las sindicaciones preliminares no han sido corroboradas con otros elementos periféricos; además, dicha sindicación no fue persistente en el tiempo, por ello no cumple con los requisitos exigidos en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco-/CJ-ciento dieciséis para fundamentar una condena; consecuentemente, solicita la revocatoria de la sentencia y consecuente absolución.Segundo. La defensa técnica del encausado Ramírez Sosa, en su recurso formalizado de fojas mil ciento cincuenta y uno, tomo seis, alega que la sentencia recurrida es inconsti-tucional pues carece de una mínima motivación, ya que condenaron a su patrocinado sin la existencia de actuación probatoria que acredite su vinculación en el hecho materia de imputación; que las diligencias realizadas en la etapa preliminar no son suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de su defendido; además, se recabaron

2.ª SENTENCIA: Medios de prueba pertinentes que acreditan el delito de tráfico ilícito de drogas

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de manera ilegítima e irregular; incluso, las manifestaciones contenidas en las actas de entrevista son contradictorias. De otro lado, agrega que no se valoró que no existe prue-ba alguna que corrobore que a su patrocinado se le conocía como “Acaco”; que este no tuvo ningún tipo de comunicación verbal ni telefónica con los involucrados; que Quispe Montaño no tiene registrado en su teléfono celular el número de su defendido y tampoco se tomaron en cuenta las conclusiones de hecho que ofreció en el plenario. Agrega que no se realizó una inspección en el lugar donde se habría “cocinado” y acondicionado la droga. Por estas razones, solicita se absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal.Tercero. En la acusación fiscal de fojas setecientos veintiocho, tomo cuatro, se consigna que el doce de septiembre de dos mil once, a las once horas con cincuenta minutos, apro-ximadamente, personal policial de la DEPOTAD Huanta, durante un operativo para combatir el tráfico ilícito de drogas intervino el vehículo de placa de rodaje a cuatro d- novecientos sesenta y ocho, conducido por Víctor Manuel Ochoa Taguada de la empresa Transportes Multiservis Real Tours Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, al efectuar el registro vehicular, detectó debajo de uno de los asientos, una caja Tetra Pack de un litro con quinientos mililitros marca Frugos, con alcaloide de cocaína. Se identificó como propietario a Jimmy Arce Montaño, a quien luego de realizarle el registro personal correspondiente se le encontró adheridos al cuerpo nueve paquetes envueltos con cinta adhesiva con la referida sustancia. A su vez, a Hildebrant Celestino Quispe Montaño le hallaron adheridos al cuerpo siete paquetes sellados con cinta adhesiva con la misma sustancia; además, en su equipaje de mano se halló una caja Tetra Pack de un litro con quinientos mililitros marca Frugos que también contenía dicho estupefaciente, lo que hace un total de nueve kilos con ochocientos veintiún gramos de pasta básica de cocaína, conforme con el dictamen pericial de fojas trescientos noventa, tomo dos. Los interveni-dos sindicaron como los propietarios de la droga a Jaime Ramírez Sosa, conocido como “Acaco”, y Edgar Roger Cárdenas Pérez, “Pajli”.Cuarto. Que la materialidad del delito se acredita con las actas de registro vehicular —fojas veinticuatro, tomo uno—, de prueba de campo, comiso y lacrado de droga —fojas treinta y uno y treinta y dos, tomo uno— de orientación, descarte y pesaje de droga —fo-jas ciento cuarenta, tomo uno—, y el dictamen pericial de química droga, donde consta que la sustancia incautada corresponde a pasta básica de cocaína, con un peso bruto total de cinco kilos ochocientos sesenta y ocho gramos para la muestra uno, y cuatro kilos con novecientos treinta y ocho gramos para la muestra dos (véase fojas trescientos noventa, tomo dos).Quinto. En cuanto a la responsabilidad del encausado Ramírez Sosa, se acredita con la sindicación directa que efectuó el sentenciado Arce Montaño al momento de ser interve-nido —ver entrevista preliminar de fojas treinta y seis, tomo uno, con participación del Fiscal Provincial—, quien señaló que la droga le pertenece al sujeto a quien conoce como “Acaco”, este se la habría entregado en Santa Rosa el once de septiembre de dos mil once, como a las veinte horas, aproximadamente, la cual estaba en una mochila, dispuesta en paquetes para él y su primo (Quispe Montaño). Dicho sujeto les dijo que los esperaría en Kimbiri. Precisa que al llegar a este lugar los llevó a un hospedaje y acondicionaron la droga en su cuerpo con unas vendas; seguidamente, los envió a conseguir movilidad para que viajen a Huanta, él les dijo que iría tras ellos en otro vehículo. Aseguró que las coordinaciones telefónicas se hacían mediante el celular del también sentenciado Quispe


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Montaño, quien se comunicaba con “Acaco” por intermedio de “Pajli”. Dicha sindica-ción la reiteró en su manifestación preliminar, donde agregó que el dueño de la droga es Ramírez Sosa, a quien conoce como “Acaco”; asimismo, manifestó que este sujeto tam-bién viajaba en el vehículo donde fueron intervenidos, pero por miedo no mencionó tal situación, ya que lo amenazó con matar a su familia si lo delataba; finalmente, precisó que “Pajli” fue la persona que le contactó con “Acaco”, quien le refirió que era su conocido —ver de fojas cuarenta y ocho, tomo uno, en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor de oficio—. Esta sindicación, a la vez, fue refrendada por la manifestación policial del sentenciado Quispe Montaño; quien también afirmó que el sujeto apodado “Acaco” los tenía amenazados, les decía que si caían no debían decir nada, él les pondría abogados para que los saquen de la cárcel; de lo contrario, mataría a sus familiares (véase fojas cincuenta y dos).Sexto. Que la tesis incriminatoria se refrenda con el acta de reconocimiento fotográfico en ficha del RENIEC que efectuó Arce Montaño sobre seis fichas mostradas; de las cuales reconoció a la signada como número tres, que pertenece al acusado Ramírez Sosa, ser la persona a quien conoce con el apelativo de “Acaco”; en ese mismo sentido y bajo las mismas condiciones, Quispe Montaño también reconoció mediante ficha del RENIEC al sujeto apodado como “Acaco” (Cfr. actas de reconocimiento de fojas cincuenta y siete y sesenta y cinco, tomo uno, respectivamente).Séptimo. Con relación a la vinculación del encausado Cárdenas Pérez con los hechos investigados, también se encuentra debidamente acreditada con la sindicación tanto en entrevista preliminar —fojas treinta y seis y treinta y nueve, tomo uno—, como en ma-nifestación policial —fojas cuarenta y ocho y cincuenta y dos, tomo uno— de los inter-venidos Arce Montaño y Quispe Montaño; quienes manifestaron que a este acusado lo conocen con el apelativo de “Pajli” (afirmación que el propio encausado Cárdenas Pérez admitió); fue este quien les presentó al sujeto conocido como “Acaco” y que por medio de él realizaban las coordinaciones telefónicos; este relato incriminador se corrobora con el acta de lectura de memoria del teléfono celular —fojas ochenta y cuatro, tomo uno—, documento en el cual consta que luego de revisar el celular del intervenido Quispe Mon-taño, consignó entre sus contactos el seudónimo de “Pajli”, y entre sus llamadas perdidas, registró una de dicho sujeto. Además, los intervenidos antes citados también recono-cieron en fotografía de fichas del RENIEC al acusado Cárdenas Pérez, como el sujeto a quien conocen como “Pajli” (ver actas de fojas setenta y tres y setenta y ocho, tomo uno, respectivamente).Octavo. Si bien frente a dicha conclusión de responsabilidad, existe la negativa de los encausados recurrentes —ver fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo tres; seiscientos cincuenta y seis, tomo cuatro; ochocientos sesenta y dos, ochocientos sesenta y nueve y ochocientos setenta y cinco, tomo cinco; novecientos tres y novecientos quince, tomo cinco—; no obstante, esta negativa debe considerarse como un argumento natural de defensa dirigido a evadir su responsabilidad; y en cuanto a la retractación de la sindica-ción por parte de los sentenciados Arce Montaño y Quispe Montaño —ver instructivas de fojas doscientos noventa y seis y trescientos uno, tomo dos, y declaraciones plenarias respectivas—, esta debe tomarse con la reserva del caso, pues en principio, las diligen-cias efectuadas a nivel preliminar fueron recabadas con la presencia del representante del Ministerio Público y, en muchos casos, con la participación de un abogado defensor de

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oficio; por ello, no se infringió el derecho de defensa conforme lo invocan en sus recursos inmpugnatorios; por el contrario, fueron recabadas en tiempo inmediato a la detención de los imputados; además, este cambio de versión encuentra explicación lógica, pues con ello intentan ser los únicos autores del delito atribuido; en consecuencia, buscan la aplicación del tipo penal en su forma básica; lo que no es posible lograr, en la medida que se encuentra debidamente acreditada la concertación entre los cuatro sujetos para el traslado de la sustancia incautada; pues conforme lo describen los acusados intervenidos preliminarmente, los cuatro conocían sobre la existencia de la sustancia ilícita que se iba a transportar. En consecuencia, se verifica que la condena por el tipo penal agravado, respecto al tráfico ilícito de drogas, a la que arribó el Colegiado Superior, se encuentra debidamente fundamentada; por ende, conforme a Ley.Noveno. Por lo tanto, al haberse desvirtuado la presunción de inocencia que asistía a los encausados Ramírez Sosa y Cárdenas Pérez, se colige que, de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos ochenta y cinco, del Código de Procedimientos Penales, la sen-tencia recurrida se encuentra conforme a Ley.Décimo. De otro lado, si bien la circunstancia agravante del delito materia de análisis estipula la pena conjunta de inhabilitación respecto de las prerrogativas señaladas en los incisos cinco y ocho, del artículo treinta y seis del Código Sustantivo; sin embargo, estas resultan incongruentes con la condición personal de los encausados Ramírez Sosa y Cárdenas Pérez; por lo que corresponde anular dicho extremo, de conformidad con lo establecido en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del Código de procedimientos Penales.Décimo primero. Respecto a la pena de inhabilitación [con las restricciones señaladas en los incisos uno, dos y cuatro, del artículo treinta y seis, del Código Penal] impuesta al encausado Cárdenas Pérez, se advierte que esta no guarda proporción con la pena pri-vativa de libertad, pues debido a que en este tipo de delitos se aplican penas conjuntas, estas deben ser fijadas en función a una extensión porcentual equivalente a la que se ha establecido para la pena privativa de libertad, tal y como quedó fijado en la Ejecutoria Vinculante del ocho de septiembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de nulidad número tres mil ochocientos sesenta y cuatro-dos mil trece [Junín]; por lo que correspon-de a este Supremo Tribunal regular proporcionalmente dicha pena.Décimo segundo. No obstante lo expuesto, respecto a esta pena y la pena de multa, cabe también señalar que el señor juez supremo Salas Arenas tiene un criterio distinto a los de-más integrantes que suscriben esta ejecutoria, por lo que los fundamentos de su posición se consignarán en el voto correspondiente.Décimo tercero. Asimismo, del certificado de antecedentes penales de fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, se verifica que el encausado Ramírez Sosa fue condenado el veintidós de diciembre de dos mil nueve, por la Primera Sala Penal de Huamanga, a cinco años de pena privativa de libertad efectiva; por lo que, al momento de la comisión de los hechos materia de análisis [doce de septiembre de dos mil once], aún no había cumplido su pena, pues este había cometido nuevo delito mientras se encontraba en cumplimiento parcial de la misma —por ello, lo Sala Superior invocó correctamente la figura de la reincidencia al momento de cuantificarle la pena—. En tal sentido, debe revocarse la libertad que ob-tuvo al otorgársele el beneficio penitenciario correspondiente; para lo cual, la Sala Supe-


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rior de origen deberá realizar los trámites pertinentes a fin de que el juzgado competente dé cumplimiento a la presente disposición.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:I. Por unanimidad, NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil noventa y seis,

tomo seis, del catorce de noviembre de dos mil trece; en cuanto condenó a Jaime Ramí-rez Sosa y Edgar Roger Cárdenas Pérez, como autores del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas-transporte de pasta básica de cocaína con fines de comercialización, en su forma agravada en perjuicio del Estado; y, como tal, les impuso diecisiete y quince años de pena privativa de libertad, respectivamente; y fijó en veinte mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar solidariamente a favor del Estado.

II. Por mayoría, HABER NULIDAD en la misma sentencia, en cuanto inhabilitó al encau-sado Cárdenas Pérez por el plazo de tres años; reformándola: le IMPUSIERON un año de inhabilitación, de conformidad con los incisos uno, dos y cuatro, del artículo treinta y seis, del Código Penal.

III. Por mayoría, declararon NULA la propia sentencia en cuanto a la inhabilitación fijada para ambos encausados, respecto a las prerrogativas señaladas en los incisos cinco y ocho, del artículo treinta seis, del Código Penal; conforme con lo expuesto en el fundamento jurídico décimo de la presente ejecutoria.

IV. ORDENARON que el Colegiado Superior realice el trámite pertinente, a fin de que el juzgado competente, dé cumplimiento a la disposición establecido en el fundamento jurídico décimo tercero de la presente ejecutoria. Y los devolvieron.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO / PRADO SALDARRIAGA / SALAS ARENAS / PRÍNCIPE TRUJILLO / LOLI BONILLA

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N.° 1775-2014

LIMA

Lima, cuatro de junio de dos mil quince.

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de la encausada Roxana Vanessa Chero Zapata, contra la sentencia condenatoria de fojas trescientos sesenta y cuatro, del cinco de diciembre de dos mil trece. De conformidad, en parte, con el dic-tamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. Interviene como ponente el señor Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

Primero. La defensa técnica de la encausada Roxana Vanessa Chero Zapata, en su recurso formalizado de fojas trescientos setenta y cinco, señaló que el Colegiado no motivó debi-damente la sentencia recurrida, menos consideraron los argumentos de la defensa; que las cuestiones de hecho no se votaron antes de la expedición de la sentencia; no se conside-raron las inconsistencias y contradicciones de las declaraciones de la testigo Nilda Pareja Ramírez, además su afirmación es unilateral y no corroborada con prueba alguna, se debe considerar que el video de la cámara de seguridad no tenía audio; que la encomienda no solo fue manipulada por Nilda Pareja Ramírez sino también por otro trabajador hasta en dos oportunidades; no se consideró además que su defendida fue sorprendida por una persona conocida como Jenny; que según la Sala consideró que su patrocinada debió percatarse que sucedía algo indebido con la encomienda por ser pesada, pero ello también debió exigirse a los trabajadores de la agencia al revisar la misma; que para condenar a su defendida el Colegiado consideró que presenta antecedentes penales por delito de robo agravado lo que es un indicio de capacidad de delinquir.Segundo. De la acusación fiscal, de fojas doscientos cincuenta y cuatro, se desprende que el veintiuno de junio de dos mil diez, a las diecisiete horas, aproximadamente, el asesor le-gal de la empresa Choice Air Courier del Perú, Alejandro Parodi Pérez, ubicada en la ave-nida Benavides número cuatro mil cuatrocientos ocho, en el distrito de Surco, al advertir una encomienda sospechosa asignada con la guía de servicio número mil ochocientos un millones ciento noventa y un mil trescientos ochenta y seis, a nombre de la procesada, y cuyo destinatario era Kelly Williamsom en el número dos mil noventa Money Suckle de la ciudad de Atlanta de los Estados Unidos de Norteamérica, dio aviso a la policía, que halló entre ropa de vestir, un libro cubierto con una cinta de embalaje incolora, que con-tenía en su tapa y contratapa una sustancia blanca semisólida cubierta de doble cartón, que al someterse al examen arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto

3.ª SENTENCIA: La aplicación de penas conjuntas en el delito de tráfico ilícito de drogas

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de doscientos veintitrés gramos, ya que la encomienda no fue enviada a su destinatario por no consignarse el número telefónico.Tercero. De la revisión y análisis de los actuados, se advierte que el delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas-promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, está acreditado con el acta de apertura de encomienda, prueba de campo, lacrado e in-movilización realizada el veintiuno de junio de dos mil diez, en las oficinas de la empresa Choise Air Courier del Perú Sociedad Anónima Cerrada, ubicada en la avenida Benavi-des número cuatro mil cuatrocientos ocho-Surco [fojas veintisiete, donde se detalla que en la revisión del paquete remitido por Roxana Vanessa Chero Zapata dirigido a Kelly Williamson sito en el número dos mil noventa-Money Suckle Atlanta Georgia treinta mil trescientos once-Estados Unidos de Norteamérica, con Guía de Remisión número mil ochocientos un millones ciento noventa y un mil trescientos ochenta y seis, entre otras especies, se encontró un libro denominado Los cuentos más bellos, que tenía en ambas contratapas, características de humedad, que al ser sometido al reactivo arrojó una coloración azul turquesa, por lo que debidamente lacrada se inmovilizó para realizar los exámenes] y el dictamen pericial de química droga número cinco mil seiscientos noventa/mil veinticuatro [fojas cuarenta y uno, donde al ser examinada la muestra resultó posi-tivo para clorhidrato de cocaína con almidón ligeramente húmedo, con un peso bruto de seiscientos noventa y cuatro gramos y un peso neto de doscientos veintitrés gramos].Cuarto. En tanto la responsabilidad penal de la acusada Roxana Vanessa Chero Zapata se acredita con la testimonial de Nilda Ramírez Pareja [manifestación policial de fojas diecinueve, testimonial de fojas ciento cuatro y en el plenario a fojas trescientos nueve, señaló que en horas de la tarde del catorce de junio de dos mil diez, cuando laboraba como recepcionista en la empresa PITS LOGÍSTICA INTEGRAL, ubicada en la ave-nida Colonial número mil quinientos sesenta y seis, la procesada se apersonó portando una bolsa con objetos para ser remitidos a Kelly Williamson en Estados Unidos de Nor-teamérica, verificando que se trataba de prendas de vestir, adornos artesanales y un libro de cuentos infantiles sellado, y al solicitarle su DNI y la factura respectiva le indicó que algunos los había comprado y otros los hizo a mano, por lo cual la declarante le consultó a su jefe y la empresa Sky Net. Se le indicó que reciba la encomienda y genere una factura comercial, luego de ello embaló el paquete, el cual a las dieciocho horas fue recogido por representantes de la empresa que realizaría el envío, pero no lo pudo cumplir por no tener el número telefónico del destinatario; posteriormente, la procesada se comunicó con la declarante para indagar por la remisión de la carga y al informarse del inconveniente pro-porcionó el número de teléfono seis mil cuatrocientos sesenta y ocho millones trescientos setenta y un mil seiscientos ochenta y nueve, para después tomar conocimiento que dicha encomienda contenía droga].Así como con los siguientes documentos: guía de remisión número mil ochocientos un millones ciento noventa y un mil trescientos ochenta y seis, de la empresa Sky Net [fojas treinta, donde se anota lo siguiente; Roxana Vanessa Chero Zapata, catorce de junio de dos mil diez, siete de la noche, encomienda para ser enviada a Kelly Williamson, en Atlanta, Georgia]; la copia de la factura comercial [fojas treinta y uno, donde se anota la suma de veinte dólares americanos, y señal que el contenido del paquete es el siguiente: a sweater cream, an incan bog, a chullo, a scarf, a pant, o Cheste ond Gibbon and books]; la bo-leta de venta número cero cero cero novecientos noventa, del catorce de junio de dos mil

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diez [fojas cuarenta y cuatro, expedido por la empresa PUS Logística Integral, se anota la suma de ciento noventa y seis nuevos soles] y los correos electrónicos enviados por Juan Eduardo Lévano, ejecutivo de ventas de Skyneet Wolrwide Express, con la persona de Nilda Ramírez Pareja [fojas cuarenta y seis, donde el señor Juan Eduardo Lévano solicita los números telefónicos de Kelly Williamson e informa que si no se lo envían no es su responsabilidad si Aduanas retiene el paquete; por ello Ramírez Pareja le envía el número respectivo seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y siete]; el acta de reconoci-miento fotográfico realizado por Nilda pareja Ramírez [fojas treinta y dos, quien reconoce a la acusada Roxana Chero Zapata como la remitente del paquete con alcaloide] y el acta de visualización de video [fojas sesenta y tres, realizada en presencia del representante del Ministerio Público, y la testigo Nilda Pareja Ramírez, donde se muestran las imágenes grabadas del ingreso y entrega de encomienda por parte de la procesada Chero Zapata. Según la empresa Sky Net indicó que la procesada se encontraba nerviosa, inquieta, se desplazaba de un lugar a otro y movía la pierna como si tuviera un tic nervioso. Esto con-cuerda con la diligencia de visualización de los CD-DVD de fojas trescientos dieciocho].Quinto. En cuanto, a lo vertido por la defensa técnica de la procesada, cabe indicar que los testigos de descargo indicaron que no estuvieron en el lugar de los hechos, lo que implica que no sean considerados, pues en nada favorece a la defensa, menos a la inves-tigación, que las cuestiones de hecho fueron votadas antes de la sentencia, tal como se observa a fojas trescientos sesenta y tres; en cuanto a la manipulación de la encomienda por otra persona y que no se advirtió de su contenido cuando fue revisada; debe indicarse que en toda empresa de mensajería los paquetes para ser entregados a una determinada empresa, para que proceda a su envío, tanto nacional o internacional, son calificados por el personal, siendo esta última empresa la que se percató de su contenido al ser revisada; además, la versión de la testigo no fue refutada en su momento, menos se adjuntó prueba alguna que demuestre lo contrario.Sexto. Que de ser así, los agravios expuestos por la defensa técnica de la procesada, en su recurso de nulidad, devienen en infundados, por lo que al desvirtuarse la presunción de inocencia que ostentaba al inicio del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta y cinco, del Código de Procedimientos Penales, se infiere que la sentencia cuestionada se encuentra conforme a Ley.Séptimo. Respecto a la pena de inhabilitación [con las restricciones señaladas en los inci-sos uno, dos y cuatro, del artículo treinta y seis del Código Penal] impuesta a la encausada Chero Zapata, se advierte que esta no guarda proporción con la pena privativa de liber-tad, pues debido a que en este tipo de delitos se aplican penas conjuntas, estas deben ser fijadas en función a una extensión porcentual equivalente a la que se ha establecido para la pena privativa de libertad, tal y como quedó establecido en la Ejecutoria Vinculante del ocho de septiembre de dos mil catorce, recaída en el recurso de nulidad número tres mil ochocientos sesenta y cuatro-dos mil trece [Junín]; por lo que corresponde a este Supremo Tribunal regular proporcionalmente dicha pena.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:I. NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas trescientos sesenta y cuatro, del cinco

de diciembre de dos mil trece, que condenó a Roxana Vanessa Chero Zapata, como autora


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del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas-promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, a diez años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa y fijó en dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar a favor del Estado.

II. HABER NULIDAD en la misma sentenci-a en el extremo que lo inhabilitó por el periodo de cinco años, conforme con lo señalado en el artículo treinta y seis, incisos uno, dos y cuatro, del Código Penal; reformándola: le IMPUSIERON dos años de inhabilitación.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO / PRADO SALDARRIAGA / BARRIOS ALVARADO / PRÍNCIPE TRUJILLO / LOLI BONILLA

Actualidad PenalVolumen 20

Se terminó de imprimiren el mes de febrero del 2016

en los Talleres Gráficos dePacífico Editores S.A.C

Jr. Castrovirreyna N.° 224 - BreñaTelefax: 332-6117 / Central: 330-3642

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