FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA:...
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1 FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA: Fundamentación en base a prueba indiciaria. Forma de cuestionarla. PRUEBA. Prueba testimonial. Instrumentos privados: exclusión (art. 1017 C.C.). Vinculación con el delito de abuso de firma en blanco. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Interpretación sistemática y telológica. PARTICIPACIÓN CRIMINAL. Coautoría. Noción. Alcance. DEFRAUDACIÓN POR ABUSO DE FIRMA EN BLANCO (Art. 173 inc. 4° C.P.). Noción. Requisitos. RESPONSABILIDAD CIVIL. Participación en los efectos de un delito (art. 32 C.P.): noción, requisitos. ACCION CIVIL EN SEDE PENAL. Congruencia entre demanda y sentencia: congruencia fáctica. I. No hay óbice alguno a la posibilidad de alcanzar la certeza en base a prueba indirecta, ya que hoy en día no se discute que los indicios tengan tal aptitud, con la condición que sean unívocos y no anfibológicos. Por esa razón, se ha advertido que ello exige una consideración conjunta y no un examen separado o fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada indicio desnaturaliza la esencia que es inherente a este tipo de prueba. Así también lo ha dicho el más Alto Tribunal de la Nación: cuando se trata de una prueba de presunciones... es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes. II. La exclusión de la prueba de testigos a la que alude el art. 1017 del C.C., también rige en materia penal. III. La figura penal del art. 173 inc. 4° del C.P., se encuentra prevista en resguardo de la institución reglada por los art. 1016 y 1017 del C.C., no pudiendo ser derogada por las leyes procesales locales. Para determinar el alcance de la exclusión de la prueba con testigos, es importante tener en cuenta su finalidad, que no es otra que la de proteger la seguridad jurídica ante los abusos que podrían presentarse, exigiendo a quien firma en blanco, que tome todas la precauciones necesarias para evitar el abuso y no invoque en su beneficio su propia negligencia, algo que se vería afectado si tales extremos pudieran acreditarse, negando el contenido de lo llenado en el documento en blanco, invocando sólo prueba testimonial, pues de ello importaría la posibilidad de invalidar con facilidad obligaciones realmente contraídas. Sin
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FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA: Fundamentación en base a
prueba indiciaria. Forma de cuestionarla. PRUEBA. Prueba testimonial.
Instrumentos privados: exclusión (art. 1017 C.C.). Vinculación con el delito
de abuso de firma en blanco. INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
Interpretación sistemática y telológica. PARTICIPACIÓN CRIMINAL.
Coautoría. Noción. Alcance. DEFRAUDACIÓN POR ABUSO DE FIRMA
EN BLANCO (Art. 173 inc. 4° C.P.). Noción. Requisitos.
RESPONSABILIDAD CIVIL. Participación en los efectos de un delito (art.
32 C.P.): noción, requisitos. ACCION CIVIL EN SEDE PENAL.
Congruencia entre demanda y sentencia: congruencia fáctica.
I. No hay óbice alguno a la posibilidad de alcanzar la certeza en base a prueba
indirecta, ya que hoy en día no se discute que los indicios tengan tal aptitud, con
la condición que sean unívocos y no anfibológicos. Por esa razón, se ha
advertido que ello exige una consideración conjunta y no un examen separado o
fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada indicio
desnaturaliza la esencia que es inherente a este tipo de prueba. Así también lo
ha dicho el más Alto Tribunal de la Nación: cuando se trata de una prueba de
presunciones... es presupuesto de ella que cada uno de los indicios,
considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al
que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de
prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean
ambivalentes.
II. La exclusión de la prueba de testigos a la que alude el art. 1017 del C.C.,
también rige en materia penal.
III. La figura penal del art. 173 inc. 4° del C.P., se encuentra prevista en
resguardo de la institución reglada por los art. 1016 y 1017 del C.C., no
pudiendo ser derogada por las leyes procesales locales. Para determinar el
alcance de la exclusión de la prueba con testigos, es importante tener en cuenta
su finalidad, que no es otra que la de proteger la seguridad jurídica ante los
abusos que podrían presentarse, exigiendo a quien firma en blanco, que tome
todas la precauciones necesarias para evitar el abuso y no invoque en su
beneficio su propia negligencia, algo que se vería afectado si tales extremos
pudieran acreditarse, negando el contenido de lo llenado en el documento en
blanco, invocando sólo prueba testimonial, pues de ello importaría la
posibilidad de invalidar con facilidad obligaciones realmente contraídas. Sin
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embargo, dicha limitación no rige cuando se trata de la acreditación de
cuestiones fácticas distintas, por relacionadas que estén, a los extremos a los
que se refiere el art. 1017 CC (que las obligaciones consignadas exceden el
mandato otorgado al entregarse el documento suscripto en blanco). Y aún en los
casos relativos a esos puntos, la normativa legal no excluye la posibilidad de
interpretar teleológicamente dicha excepción, restringiéndola a supuestos
excepcionales en los que no viéndose afectados esos propósitos del legislador,
se admita prueba testimonial, sobre todo cuando la misma se encuentre en
combinación con otro tipo de elementos de prueba, determinando que dicha
regla deba leerse como que lo que no puede hacerse, es probar tales extremos
solamente por testigos, como sucede cuando existe principio de prueba por
escrito.
IV. Los jueces no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma;
por encima de lo que las palabras literalmente dicen, es preciso averiguar lo que
en verdad dicen jurídicamente, ya que es el espíritu que informa la ley lo que
debe demostrarse, en procura de una aplicación racional que avente el riesgo de
un formalismo paralizante. La primera regla de interpretación de las leyes es dar
pleno efecto a la intención del legislador. La interpretación y aplicación de las
leyes requiere no aislar cada artículo y cada ley sólo por su fin inmediato y
concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan, teniendo en cuenta
los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colaborar en su
ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas
o a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se
tuvo en miras proteger.
V. Son coautores no sólo los que realizan la acción consumativa del delito (con
actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo), sino
también, quienes toman parte en su ejecución a través de una acción no
consumativa pero coadyuvante y convergente con ella. En este aspecto y en
base a una interpretación sistemática, se ha afirmado que un acto es ejecutivo
cuando, conforme al sistema del art. 42, ha habido al menos un comienzo de
ejecución. En esos actos debe tomar parte el coautor. Y que revisten tal
naturaleza entonces, aquellos que aunque no sean directa e inmediatamente
consumativos de la acción punible, impliquen ya que el autor ha comenzado las
acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la
realización directa de sus miras. De modo que será el tipo penal del delito de
que se trate el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos
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para realizar la conducta allí descripta en la categoría de coautor y relegando a
la condición de partícipe a quien -actuando en modo concomitante- sólo efectúa
un aporte a la ejecución típica llevada a cabo por otro.
VI. En cuanto al alcance de la intervención en la ejecución que determina la
coautoría, con acierto se aclara que desde que la ley alude a los que tomasen
parte en la ejecución del hecho (art. 45, C.P.), no es suficiente el acuerdo ni el
mero aporte a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor debe
integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la realización
del tipo, evaluación ésta que depende, en la generalidad de los casos, de una
apreciación particular de las circunstancias de cada hecho.
VII. La figura del art. 174 inc. 4° del C.P., constituye una defraudación por el
abuso de firma en blanco que exige, por un lado, que un sujeto entregue a otro
un pliego con su firma, otorgándole un jus scribendi para extienda sobre el
mismo el texto de un documento. Por otro lado, que este segundo sujeto abuse
de ese mandato insertando en el documento declaraciones u obligaciones de
carácter patrimonialmente perjudicial para el signatario o un tercero, que el
mandante no tuvo la intención de permitirle hacer. Y finalmente, como todo
fraude, que la maniobra logre el perjuicio patrimonial pretendido, pues
tratándose de un fraude, no basta con la sola escritura abusiva para su
consumación. De modo que el mandante abusa del documento entregado en
blanco, cuando extiende un documento distinto de aquel para el que se había
otorgado el mandato, o se completa el parcialmente extendido con cláusulas
distintas de las que sabía que había dispuesto influir el firmante.
VIII. El art. 32 del C.P. consagra expresamente la obligación de reparación del
que participare de los efectos de un delito, hasta la cuantía en que hubiere
participado, lo cual sigue la regla de que nadie puede enriquecerse a costa de la
violación del derecho de otro. Como surge de la ley, constituye un requisito
para ello, que el autor haya participado de sus efectos (los resultados del delito)
a título lucrativo (beneficiándose económicamente), sin que le quepa
intervención en el mismo como autor, coautor, cómplice o instigador o que no
haya sido su encubridor, sin que la medida de su obligación reparatoria dependa
de la medida de su enriquecimiento sino de la cuantía de dicha participación en
esos efectos del delito. Por lo tanto encuadra perfectamente en la disposición la
situación de quien no encontrándose imputado por un delito de fraude, se vio
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idénticamente beneficiado con la consumación del mismo en la misma medida
que el autor del delito.
IX. En relación con el ejercicio de la acción civil deducida en sede penal, el
juzgador debe atenerse a los simples hechos descriptos en la demanda (principio
de congruencia en la causa), sin tomar en cuenta el nomen iuris utilizado en la
misma, porque si éste no coincide con aquellos, su deber será proveer a la
hipótesis fáctica planteada por la demanda. La aplicación del principio iura
novit curia se traduce, en consecuencia, en la obligación de aplicar el derecho,
sin que pueda dejar de hacerlo a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de las leyes.
T.S.J., Sala Penal, S. n° 146, 8/6/10, “Luciani, Gustavo Adolfo p.s.a. estafa -
Recurso de Casación-”. Vocales: Tarditti, Cafure de Battistelli y Blanc G. de
Arabel.
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SENTENCIA NUMERO: CIENTO CUARENTA Y SEIS
En la Ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de junio de dos mil diez,
siendo las diez horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída
Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de
Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar
sentencia en los autos “Luciani, Gustavo Adolfo p.s.a. estafa -Recurso de
Casación-” (Expte. “L”, 20/07), con motivo de los recursos de casación
interpuestos por el prevenido Jorge Ricardo Quiroga, con el patrocinio letrado
de su defensor, el Dr. Oscar Marcelo Giménez y por el Dr. Alberto D. Garello,
tanto en su carácter de defensor del prevenido Gustavo Adolfo Luciani, como en
el de apoderado de la demandada civil Stella Maris Guevara, contra la sentencia
número treinta y cinco dictada el veinticinco de octubre de dos mil siete por la
Cámara Décima en lo Criminal de esta ciudad.
Abierto el acto por la Sra. Presidente, se informa que las cuestiones a
resolver son las siguientes:
1º) ¿Es nula la fundamentación de la sentencia en relación con la
existencia del hecho abusivo y la participación de los prevenidos Quiroga y
Luciani en el mismo?
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2°) ¿Han sido correctamente encuadrados los hechos acreditados en la
figura de defraudación por abuso de firma en blanco del art. 173 inc. 4° del
C.P.?
3°) ¿Cuenta con legitimación pasiva el condenado civil de autos?
4°) ¿Se ha respetado en la condena civil el principio de congruencia en
relación con los rubros demandados en la instancia de constitución en actor
civil?
5°) ¿Qué resolución corresponde dictar?
Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída
Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G.
de Arabel.
A LA PRIMERA CUESTIÓN:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
I. Por sentencia número 35 del 25 de octubre de 2007 la Cámara 10° en
lo Criminal de esta ciudad dispuso "...I) Declarar a GUSTAVO ADOLFO
LUCIANI y a JORGE RICARDO QUIROGA, ya filiados, como co-autores
del delito de defraudación por abuso de firma en blanco (arts. 45 y 173 inc.4
del C.P.) e imponerles la pena de DOS AÑOS DE PRISION EN FORMA DE
EJECUCION CONDICIONAL, con costas, debiendo los nombrados
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someterse durante el término de dos años a observar las siguientes normas de
conducta: 1- Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de
Liberados, 2- Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas
alcohólicas, 3- No cometer nuevos delitos.- 4.-Adoptar oficio, arte o profesión
adecuado a su capacidad.- 5.- Comparecer a todas la citaciones que le
formulen, debiendo notificar cualquier cambio de domicilio que efectúen
durante el termino fijado para el cumplimiento de las condiciones impuestas
(arts. 5, 26, 27 bis,29 inc.3., 40 y 41 del C.P. y arts. 550 y 551 del C.P.P.). II)
Hacer lugar parcialmente a la demanda civil entablada por Patricia A. Zonda
en contra de los imputados Gustavo Adolfo Luciani, Jorge Ricardo Quiroga y
la demandada civil Stella Marys Guevara y, en consecuencia, por mayoría
condenar a éstos a pagar a la primera, en un plazo máximo de diez días a
partir de que quede firme la presente sentencia la suma total y actual de $
29.619,56 (pesos veintinueve mil seiscientos diecinueve con cincuenta y seis)
en concepto de daño emergente, y por unanimidad Gustavo Adolfo Luciani y
Jorge Ricardo Quiroga deberán pagar a la primera, en el mismo plazo
referido arriba la suma total y actual de $ 5.000 (pesos cinco mil), en concepto
de daño moral, todo con costas a cargo de los demandados (arts. 1066, 1067,
1068, 1069, 1073, 1077, 1078, 1081,1083,1096, correlativos y cctes. del
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Código Civil, , 29 del C. Penal, 412, 550 y 551 del C.P.P.). III) En caso de
que la presente sentencia no sea cumplimentada en el plazo ya mencionado, a
la suma mandada a pagar se le deberá agregar al momento de su ejecución, el
interés que surge de la tasa pasiva promedio mensual que establece el Banco
Central de la República Argentina, con más el 2% (dos por ciento) nominal
mensual hasta la fecha del efectivo pago. IV) Trabar embargo sobre bienes
muebles e inmuebles de Gustavo Adolfo Luciani y Jorge Ricardo Quiroga, y
sobre los haberes de Stella Maris Guevara a fin de garantizar la satisfacción
de las sumas mandadas a pagar y las costas, previo prestar fianza (art.466
CPP).... V) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes del
siguiente modo: a) a la Dra. Carmen Gigena, en su carácter de apoderada de
la querellante particular en la suma equivalente a 80 jus (ochenta jus); y en su
carácter de apoderada y patrocinante de la actora civil la suma de $ 6923
(pesos seis mil novecientos veintitrés); b) al Dr. Alberto Garello, en su
carácter de defensor del imputado Gustavo Adolfo Luciani, la suma
equivalente a 60 jus (sesenta jus); y en su carácter de apoderado y
patrocinante de los demandados civiles, Gustavo Adolfo Luciani y Stella Marys
Guevara, en la suma de $ 1384.-(pesos mil trescientos ochenta y cuatro); c) a
los Dres. Oscar Jiménez y Edgar Caballera, en conjunto y proporción legal,
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en su carácter de defensores penales de Jorge Ricardo Quiroga, en la suma
equivalente a 60 jus (sesenta jus), y en su carácter de apoderados y
patrocinantes del demandado civil Jorge Ricardo Quiroga , en la suma de
$693 (pesos seiscientos noventa y tres), todo de conformidad a lo normado por
los arts. 24, 25, 27, 29, 34, 36, 86, 88 y cctes. de la ley 8226. Al perito
calígrafo oficial Walter Ariel Braida, en la suma equivalente a treinta Jus
(arts. 25, 27, 47 y cc de la ley 8286, debiendo sus honorarios ser depositaros
en la cuenta especial del Poder Judicial nº 2730/0 del Banco de la Provincia de
Córdoba de acuerdo a ley provincial nº 8002 y acuerdo reglamentario nº 13 de
fecha 09/04/91. VI) No hacer lugar al rubro "lucro cesante" reclamado por la
Dra. Carmen Gigena, como apoderada de Patricia Zonda ni el concepto de
daño moral en relación a Stella Maris Guevara, en la demanda civil de los
presentes autos, con costas (arts.1069 a "contrario sensu" del C.Civil, 29 del
C.Penal y 130 del C.P.C.)..." (fs. 339/367 vta.).
II. Contra dicha resolución interpusieron recurso de casación invocando
ambos motivos del art. 468 del C.P.P., el prevenido Jorge Ricardo Quiroga, con
el patrocinio letrado de su defensor, el Dr. Oscar Marcelo Giménez, invocando
ambos motivos del art. 468 del C.P.P. (fs. 369/376 vta.), y el Dr. Alberto D.
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Garello, tanto en su carácter de defensor del prevenido Gustavo Adolfo Luciani,
como apoderado de la demandada civil Stella Maris Guevara (fs. 377/382 vta.).
1. Los cuestionamientos formulados por el prevenido Quiroga (con el
patrocinio del Dr. Giménez) contra la resolución atacada a fs. 369/376 vta. se
refieren tanto a cuestiones formales como sustanciales.
A. Desde el punto de vista formal, sus planteos se orientan a cuestionar
la fundamentación probatoria desarrollada en el fallo.
En ese sentido, el impugnante expresa que la argumentación
incriminatoria desarrollada por el Tribunal de mérito para asentar su condena, se
basa en prueba testimonial, lo cual resulta vulneratorio de la exclusión de esa
clase de prueba prescripta por el art. 1017 C.C. para acreditar la existencia de
abusos en documentos extendidos con firma en blanco como el analizado en
autos. Agrega que el desarrollo probatorio formulado tampoco respeta las reglas
de la sana crítica racional -particularmente las relativas a la experiencia-. Y que
en su análisis fáctico, incluso se formularon inferencias que tuvieron como base
circunstancias fácticas que no resultaron probadas en autos. Tal como sucede
con la relación de confianza entre la víctima Zonda y Quiroga, la recepción de
éste de los referidos recibos y su conducta abusiva de los mismos.
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De manera más específica manifiesta, que el art. 1017 del C.C. refiere
expresamente que en los casos de documentos entregados con firma en blanco,
si bien el signatario puede oponerse al contenido del acto consignado, probando
que las declaraciones u obligaciones del mismo no son las que tuvo la intención
de hacer o tratar, tales circunstancias no pueden ser probadas mediante prueba
de testigos. Destaca que la vigencia de tal limitación probatoria en el ámbito
penal, ha sido reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Más
aún, en ese sentido se ha llegado a sostener incluso, que debido a lo establecido
por el principio de prejudicialidad de lo penal sobre lo civil consagrado por el
art. 1101 del C.C., todos los casos de abuso deben plantearse inicialmente en
materia penal. Ello por cuanto, de otro modo, quedaría abierta la posibilidad
para que cualquiera que entregue un documento en blanco lícitamente, luego
inicie una acción penal y cobre dos veces (como pretende la denunciante Zonda
tras haber perdido el juicio civil). Y a ello se suman argumentos relativos a la
responsabilidad y protección de la víctima frente a actos de imprudencia suya
en relación con la situación generadora del perjuicio sufrido por el hecho
delictivo.
Agrega que el llenado abusivo de esos documentos firmados en blanco,
no sólo se intentó probar mediante prueba testimonial, sino que la misma,
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tampoco podría haber merecido el crédito que se les atribuye en el fallo, debido
a las particulares relaciones que esos testigos mantuvieron con la denunciante.
Ello por cuanto esos testigos fueron nada menos que su ex marido, su ex
concubino y su abogado, este último, interesado además en que se le abonen sus
honorarios profesionales.
Reforzando lo señalado precedentemente, manifiesta que no se ha
probado y sólo se imagina la entrega de los documentos a Quiroga y la relación
de confianza que se considera como base para sostener la entrega de dichos
documentos en blanco para que él los llene, pues sólo se cuenta con los dichos
de la denunciante sobre su amistad, la existencia de tal encargo a Quiroga y su
pedido en ese contexto de los dos recibos en blanco que fueron presentados en
el juicio civil iniciado por Zonda. Y que no pueden considerarse a esos fines,
los testimonios interesados y “de oídas” de los Sres. Heredia y Roque.
Tampoco se cuenta con elementos para demostrar o siquiera suponer seriamente
la existencia de un mandato para que Quiroga los llenara. Y menos aún, la
existencia de un supuesto de abuso de confianza por parte de este último en su
llenado.
En relación con el valor del testimonio de Heredia, destaca que se trataba
nada menos que del esposo de la denunciante, acreedor de Luciani por esa
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deuda e interesado en su cobro, pues la había diferido a su esposa para pagar la
cuota alimentaria que tenía con sus hijos de la que deseaba liberarse, como
expresamente refirió. Y a ello se suma que sus manifestaciones en relación con
el hecho delictivo que se atribuye a los imputados, surgen sólo de dichos y
oídas de lo que le manifestó su esposa. Cuestionamientos similares son
dirigidas contra el testimonio de Víctor Roque, manifestando se trataba del
concubino de la denunciante al momento de los hechos, quien tampoco tuvo
percepción sensorial alguna de los hechos sobre los que declara, pues también
tiene conocimiento de ello sólo de oídas. Una situación que, expresa, no surge
explícitamente de su declaración debido a la terminología que emplea para dar
apariencia de verosimilitud a su testimonio, recurriendo a un relato asertivo
sobre lo ocurrido (que conoce que los documentos no fueron pagados,
constándole la entrega de recibos firmados en blanco, respondiendo al ser
interrogado sobre lo acontecido, que no presenció cuando los mismos fueron
firmados, aunque al notársele que en sede civil respondió en sentido inverso,
aclaró que ahora sí recordaba que las cosas fueron de ese modo).
Así las cosas, refiere que, al margen de que la extensión de un documento
en blanco no constituye delito ni ilícito alguno como surge claramente de lo
regulado por el art. 1016, la pericia caligráfica practicada sobre los documentos
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analizados, ni siquiera permiten extraer con certeza que dicho documento haya
sido librado en blanco y después rellenado, como pretende el sentenciante.
Destaca que dicho dictamen sólo alude a una alta probabilidad en el sentido de
que al momento de llenarse tales recibos, ya se encontraran firmados, lo cual en
absoluto equivale a la certeza invocada. Máxime cuando el dictamen explica
además, frente al empleo de dos instrumentos escritores, que aún cuando sea
claro que la redacción y firma del documento se plasmó en dos momentos
distintos, no es posible precisar cuál se realizó antes y cuál después, y menos
aún el tiempo transcurrido entre una y otra fase de ejecución. De modo que no
puede descartarse que en el mismo acto o fracción de segundos, Patricia Zonda
haya firmado el documento y Luciani lo haya llenado. Algo que echaría por
tierra la hipótesis de la existencia de un documento en blanco, pues la diferencia
de tintas no implica su firma en blanco.
A las críticas anteriores, el presentante suma las relativas a la
inobservancia de las reglas de la sana crítica racional, al apoyarse en reglas
falsas de la experiencia y en indicios equívocos. Cuestiona en ese sentido, la
invocación por el sentenciante de reglas de la experiencia que apuntalarían las
afirmaciones de la denunciante Zonda en el sentido de que era razonable que
encontrándose separada de su marido, viviendo sola con sus hijos menores y sin
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medios para buscar asistencia jurídica, recurriera a un vecino y amigo familiar.
Ello por cuanto lo que en realidad indica la experiencia, es que cuando alguien
tiene problemas económicos, quienes ayudan no son los vecinos sino las
relaciones más cercanas (esposo, concubino, hermano, padre, madre, etc.). Y
son justamente éstas las que declaran en el juicio a su favor atribuyendo tal
conducta a Quiroga, destacando que incluso contaba con el apoyo de su
concubino Roque, con experiencia judicial, quien según declaró el testigo Raúl
Eduardo Yanicelli, era el encargado de “...dar vueltas el juicio (o sea de usar
sus influencias en el Poder Judicial ya que el tiene un cargo de secretario de
Cámara o similar)...” (fs. 374). De modo que lejos de tratarse de una pobre
mujer que se encuentra sola en el mundo, se trata de una mujer bien asesorada,
que siguió una causa por defraudación en base a pruebas endebles y mal
fundadas, que no impidieron condenar a los imputados “...(las mujeres solas y
abandonadas generalmente intentan conseguir trabajo para mantener a sus hijos
que parece no ser el caso de la denunciante)...” (fs. 374). Y lo mismo acontece
con las reglas de la experiencia citadas para afirmar que en el caso concreto,
Patricia Zonda no tenía motivos para desconfiar de Quiroga, y que las
dificultades que arguyó Quiroga resultaban acordes con la conducta precedente
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de Luciani. Sobre todo, porque no es habitual que las personas emitan
documentos en blanco.
2. Por su parte, se advierte que al margen del encuadramiento que haya
hecho de los mismos, los cuestionamientos formulados por el Dr. Garello, en
relación con la situación del prevenido Luciani en su carácter de defensor del
prevenido se relacionan con la fundamentación probatoria del fallo, y por ende
encuadran dentro del motivo formal del art. 468 inc. 2° del C.P.P..
En efecto, el presentante dirige su embate a cuestionar la argumentación
del fallo por considerar que el mismo funda sus conclusiones sobre el carácter
abusivo del llenado del documento que habría suscripto en blanco la
denunciante Zonda, en base a prueba testimonial, lo cual resulta vedado en
virtud de lo prescripto por el art. 1017 C.C.. Y a ello agrega que el resto de sus
conclusiones incriminatorias resultan vulneratorias de las reglas de la sana
crítica racional, particularmente del principio de razón suficiente, pues se
extraen de prueba indiciaria que resulta anfibológica a esos efectos.
Manifiesta en ese sentido, que el Tribunal de mérito ha basado sus
conclusiones sobre la existencia del supuesto de abuso de confianza atribuido a
los encartados, en prueba testimonial. Expresa que dicha prueba no puede
brindar el estado conviccional invocado, en primer lugar, por tratarse de las
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declaraciones de nada menos que el ex marido, el ex amante y el ex abogado de
la supuesta damnificada. Y que por su carácter anfibológico la pericia
caligráfica practicada tampoco puede servir para dar algún crédito a tales
dichos, pues sus conclusiones no aportan ningún tipo de conocimiento eficaz a
esos efectos.
En definitiva, critica al fallo haber otorgado un crédito certero a testigos
interesados, intentando de ese modo desacreditar declaraciones hechas por
escrito y signadas indubitadamente en los documentos cuando ello, además, se
encuentra vedado por el art. 1017 C.C., prohibición que busca proteger la
seguridad jurídica para que no se vulnere, como en autos, la eficacia de
cualquier tipo de documento debidamente suscripto, cuestionándolo con mero
recurso a un adecuado grupo de testigos.
Expresa que las conclusiones incriminatorias extraídas resultan
vulneratorias del principio lógico de razón suficiente en relación con elementos
de valor decisivo, pues parte de indicios anfibológicos evidenciando que su
razonamiento se encuentra en realidad presidido por su íntima convicción. Y
agrega que ello obedece a gestiones formuladas desde los pasillos de
Tribunales por el Dr. Víctor Roqué, en su condición de Secretario de la Cámara
Novena del Crimen. Tal como corroboraron los dichos del testigo y de Yanicelli
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a quien la apoderada de la actora les manifestó que la cuestión civil no les
interesaba, porque Roqué la iba a dar vuelta en sede penal.
Cuestiona que el fallo haya considerado lógico en un ama de casa
responsable, denunciar por la presentación de los supuestos recibos falsos, 14
meses después de haber sido los mismos presentados en juicio (cuando el fallo
le salió mal, y luego de haber negado maliciosamente la firma de los
documentos). Asimismo cuestiona que se haya sostenido que Quiroga obró
maliciosamente porque le dijo que había destruido recibos firmados en blanco
que no había utilizado cuando la nombrada le reclamó su devolución, y que ello
marcaba el acuerdo con Luciani, único beneficiario posible de tal conducta, por
cuanto para ello sólo se han tenido en cuenta los dichos de la interesada,
atribuyéndole una credibilidad absoluta reveladora de una íntima convicción.
Agrega a lo anterior que el hecho de que Luciani sacara dos créditos para
cancelar el precio de su vivienda, no es considerado en modo alguno por la
Cámara. Señala que si ello obedece a que los camaristas descreen que se pueda
cancelar anticipadamente una deuda de importancia económica y espiritual para
una persona de ingresos inciertos -es vendedor de seguros-, se está razonando
sólo desde la íntima convicción del juzgador y no de la experiencia de la vida.
Y que tampoco puede extraerse de la experiencia común, como invoca el
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sentenciante, que los tribunales de esta ciudad estén plagados de excepciones de
pago. Menos aún extraer de allí que resulta poco creíble admitir que quien ha
cancelado los documentos firmando los recibos de pago, luego inicie un juicio
para cobrarlos.
Asimismo cuestiona las conclusiones incriminatorias extraídas del
dictamen pericial caligráfico, señalando que es una perogrullada que el llenado
y firma hayan sido realizados en tiempo distintos siendo que se trata de dos
manos escrituras. Expresa que sólo se afirma con alta probabilidad que la
signatura ya estuviera plasmada al llenarse los documentos. Y que no puede
precisarse cuál se realizó antes y cual después, ni el tiempo siquiera
aproximado entre una u otra ejecución, de lo que se infiere que la alta
probabilidad invocada, que sin embargo sólo podía servir para la instrucción,
muta en realidad en mera probabilidad.
Expresa además que nada manifieste el sentenciante sobre las pericias
realizadas en sede civil en donde la firma de los documentos fue insinceramente
negada por Zonda, y en el hecho de que no se advierte ninguna anormalidad en
la confección de los recibos supuestamente adulterados. Y que nada se ha dicho
sobre la contradicción entre el testimonio de Zonda, cuando a fs. 405 vta. afirmó
que Quiroga le llevó los recibos que firmó en blanco, con lo dicho por Roqué en
20
el sentido de que no presenció cuando ella realizó dicha rúbrica y sus
contradicciones al retractarse y refrescársele la memoria en el juicio frente a su
testimonio anterior expresamente que en realidad sí presenció dicho acto. Todo
lo cual impide arribar a la certeza invocada.
Manifiesta que de ello se desprende que la condena se asienta sólo en
testimonios de ex maridos, ex amantes, ex abogados e interpretaciones de
indicios anfibológicos interpretados forzadamente de conformidad a una íntima
convicción del sentenciante.
III. Adelantamos que tales agravios no pueden prosperar.
1. Lo primero que debe señalarse en ese sentido, es que esta Sala ha
sostenido reiteradamente, que no hay óbice alguno a la posibilidad de alcanzar
la certeza en base a prueba indirecta, ya que hoy en día no se discute que los
indicios tengan tal aptitud, con la condición que sean unívocos y no
anfibológicos (T.S.J., Sala Penal, S. n° 41, 27/12/84, “Ramírez”; A. n° 109,
5/5/00, "Pompas"; A. n° 397, 18/10/01, "Tabella"; A. n° 176, 7/6/02, "López",
S. nº 112, 13/10/2005, “Brizuela”; entre muchos otros).
Por esa razón, se ha advertido que ello exige una consideración
conjunta y no un examen separado o fragmentario, puesto que la meritación
independiente de cada indicio desnaturaliza la esencia que es inherente a este
21
tipo de prueba (T.S.J., S. n° 45, 29/7/98, “Simoncelli”; A.I. n° 205, 11/8/98,
“Capdevila”; A. nº 49, 4/3/99, “Galeano”; A. n° 109, 5/5/00, "Pompas"; A. n°
517, 19/12/01, "Carnero"; A. n° 95,18/4/02, "Caballero"; S. n° 97, 29/9/03,
"Paglione"; S. nº 112, 13/10/2005, “Brizuela”; entre muchos otros).
Así también lo ha dicho el más Alto Tribunal de la Nación: “cuando se
trata de una prueba de presunciones... es presupuesto de ella que cada uno de
los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba
del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de
este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente
considerados sean ambivalentes” (C.S.J.N., “Martínez, Saturnino”, 7/6/88,
Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32,
24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, "Luna"; A. n° 176, 7/6/02, "López"; A.
n° 1, 2/2/04, "Torres", S. nº 112, “Brizuela”, 13/10/2005; entre muchos otros).
Por otra parte, frente a las referencias a la exclusión de la prueba de
testigos a la que alude el art. 1017 del C.C., debe agregarse, en cuanto que la
misma también rige en materia penal dado que la figura penal del art. 173 inc.
4° del C.P. está prevista justamente, en resguardo de la institución reglada por
los art. 1016 y 1017 del C.C., y dicha restricción no puede ser derogada por las
leyes procesales locales (NÚÑEZ, Ricardo, Derecho penal argentino, edit.
22
Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1976, Parte Especial, t. V, p. 338). Para
determinar el alcance de dicha restricción, es importante tener en cuenta su
finalidad, que no es otra que la de proteger la seguridad jurídica ante los abusos
que podrían presentarse, exigiendo a quien firma en blanco, que tome todas la
precauciones necesarias para evitar el abuso y no invoque en su beneficio su
propia negligencia. Algo que se vería afectado si tales extremos pudieran
acreditarse, negando el contenido de lo llenado en el documento en blanco,
invocando sólo prueba testimonial, pues de ello importaría la posibilidad de
invalidar con facilidad obligaciones realmente contraídas (LAVALLE COBO, Jorge
en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y
jurisprudencial, BUERES, Alberto J. (dir), HIGHTON, Elena I. (coord.), edit.
Hammurabi, Bs. As., 1999, t. 2 C, en comentario al art. 1017 p. 162).
Sin embargo, es claro que dicha restricción no rige cuando se trata de la
acreditación de cuestiones fácticas distintas, por relacionadas que estén, a los
extremos a los que se refiere el art. 1017 CC (que las obligaciones consignadas
exceden el mandato otorgado al entregarse el documento suscripto en blanco). Y
que aún en los casos relativos a esos puntos, la normativa legal no excluye la
posibilidad de interpretar teleológicamente dicha excepción, restringiéndola a
supuestos excepcionales en los que no viéndose afectados esos propósitos del
23
legislador, se admita prueba testimonial, sobre todo en combinación con otro
tipo de elementos de prueba, determinando que dicha regla deba leerse como
que lo que no puede hacerse, es probar tales extremos solamente por testigos
(LAVALLE COBO, Jorge en Código Civil y normas complementarias. Análisis
doctrinario y jurisprudencial, BUERES, Alberto J. (dir), HIGHTON, Elena I.
(coord.), edit. Hammurabi, Bs. As., 1999, t. 2 C, en comentario al art. 1017 p.
162, comentario al art. 1017 p. 163). Como sucede cuando existe principio de
prueba por escrito (LOGOMARSINO, Carlos A., en Código Civil y leyes
complementarias, comentado, anotado y concordado, dir. Augusto c.
BELLUSCIO, Coord., Eduardo A. ZANNONI, edit. Astrea, Bs. AS., 1982,
comentario art. 1017, p. 655).
Esto último, con apoyatura en la línea hermenéutica fijada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y receptada por esta Sala (TSJ, Sala Penal,
"Budano", s. n° 94, 13/11/00) en cuanto a que los jueces "no pueden prescindir
de la " egis" y del espíritu de la norma" ("Etcheverry", 4/12/90, citados
por CAUBET, Amanda y FERNANDEZ MADRID, Javier, en "La Constitución,
su jurisprudencia y los Tratados concordados", Errepar, 1995, pág. 367, n°
2535); que "por encima de lo que las palabras literalmente dicen, es preciso
averiguar lo que en verdad dicen jurídicamente, ya que es el espíritu que
24
informa la ley lo que debe demostrarse, en procura de una aplicación racional
que avente el riesgo de un formalismo paralizante" ("Araujo", 18/12/90, y
"SADE c/ Avila", ob.cit., pág. 368, n° 2540 y 2551, respectivamente); o que "la
primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención
del legislador..." ("Pérez c/ Los Andes S.A.", 27/12/90, ob.cit., pág. 368, n°
2541), etcétera. En especial su doctrina relativa a que "la interpretación y
aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo y cada ley sólo por su
fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan,
teniendo en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a
colaborar en su ordenada estructuración, para que las disposiciones
imperativas no estén sujetas o a merced de cualquier artificio dirigido a
soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en miras proteger" ("FATA",
11/2/92, ob.cit., pág. 370, n° 2570).
2. Así las cosas, debe señalarse que para sustentar sus conclusiones
incriminatorias sobre los extremos fácticos reprochados, el Tribunal de mérito
valoró conjuntamente los siguientes elementos de prueba, a saber:
* El testimonio de Patricia Zonda, quien en síntesis refirió que en l995 se
separó de su esposo Víctor Hugo Heredia, y que en el año 1997 éste comenzó a
tener problemas para pasarle la cuota alimentaria por los cuatro chicos. Por ello,
25
arregla con Heredia, que a modo de compensación, éste le daba los documentos
que le adeudaba Luciani, por la venta de la casa donde vivían, sita en calle Soto
nº 1324 de Bº Acosta. De esta manera, Zonda y Luciani realizaron un convenio
en donde el último se comprometió a abonarle a la primera 25 cuotas iguales y
consecutivas de 500 dólares, operación que fue documentada con pagarés en
pesos por ese mismo monto, suscriptos por Gustavo Adolfo Luciani y su esposa
Stella Maris Guevara. Sin embargo, a partir del documento nº 4, con motivo de
una discusión que la Zonda había tenido con Luciani, acordó con su vecino
Jorge Ricardo Quiroga que le hiciera el favor y fuera personalmente a cobrarle a
Luciani a su casa. Señala Patricia Zonda que el pedido se funda en que con la
familia de Quiroga los unía una amistad de hacía varios años, por razones de
vecindad, de amistad de los niños primero y luego con Gladis la esposa de
Quiroga. Refiere que dicha amistad fue creciendo con el tiempo y los llevó a
compartir infinidades de cosas, destacando que Gladis era médica y le ayudaba
con las enfermedades de los chicos y se cruzaba casi todas las noches a tomar
café cuando éstos se dormían. Y que como Quiroga estaba desocupado
permanecía siempre en la casa lo que permitía que lo viera mucho. Expresa que
había mucha relación, al punto que le pasaba electricidad a la familia Quiroga
porque le habían cortado el suministro haciendo lo mismo éstos cuando se lo
26
cortaron a la declarante. Queda claro entonces, que en ese contexto de amistad
que Patricia Zonda le pide a Quiroga que le ayude con el cobro de los
documentos a Luciani. Cuando Quiroga cobra el documento Nº 7 y le entrega a
la damnificada el dinero, le manifiesta además que Luciani estaba con
problemas económicos serios y que seguramente en el documento siguiente no
iba a poder pagar el monto total que era por $500 pesos y que posiblemente le
iba a dar una parte del dinero y después otra. En definitiva que lo iba a pagar
como pudiera y que eso iba a seguir siendo así por unos meses más ya que
estaba muy apretado económicamente. A esa propuesta que le trae Quiroga la
acepta, ya que se encontraba muy apremiada económicamente ya que era el
único dinero con el que contaba para alimentar los chicos y mantener la casa.
Por esa razón en el mes de agosto, que correspondía al documento Nº 8 Quiroga
le solicitó a Zonda, que firma dos recibos para el caso de que Luciani le diera
una parte del dinero y después otra hasta terminar de cancelarlo, a lo que la
deponente accedió por la gran amistad y el grado de confianza que existía. Que
en esa oportunidad Quiroga que le trae los recibos que firmó en blanco la
deponente, para que él los completara según la suma que Luciani le entregara a
cuenta del documento. Ese mes, el del documento Nº 8 al final viene Quiroga y
le trae los $500 pesos y le entrega por supuesto el documento a Luciani, pero le
27
dice que le deje los recibos firmados por las dudas que en el documento
siguiente, esto es el documento Nº 9 no pagara la totalidad del importe. Ese mes
que viene a ser septiembre, Quiroga le dice que Luciani le había manifestado a
este que no tenía dinero para pagarlo y que no sabía cuando le iba a pagar a lo
que Quiroga le dice a la deponente que él ya no quería hacerse más cargo del
cobro de los documentos.
* El testimonio de su ex marido Víctor Hugo Heredia que corrobora los
dichos de la damnificada Zonda, señalando que en diciembre de 1995, a raíz de
la separación con la Sra. Zonda, deciden vender la casa sita en calle Soto 1324
de barrio Acosta, comprándola el imputado Gustavo Luciani. Expresa asimismo
que la operación se realizó de la siguiente manera: 22.000 dólares le dio en la
mano y el saldo de 12.000 dólares quedaron documentados, aunque por el
tiempo que ha transcurrido no recuerda cuantos documentos eran precisamente,
calculando alrededor de unos 20 o 25 documentos. Que respecto de la deuda
documentada, era muy difícil de cobrarle, que en definitiva solo pagó dos o tres
documentos ya vencidos y que después dejó de pagar. En el año 1997, a raíz de
que se queda sin trabajo y no podía cumplir con la cuota alimentaria, la que se
había atrasado, le transfiere a la Sra. Zonda el resto de los documentos, pero sin
la seguridad de que ella los cobrara, pero como tenía un amigo abogado los iba
28
a tratar de cobrar. En el año 1998 la Sra. Zonda, lo llama para contarle que
había logrado una refinanciación de la deuda con el Sr. Luciani- Si bien no
recuerda la cantidad de documentos, si recuerda que cada uno de ellos era por
$500 pesos, interviniendo en esta gestión la Dra. Bradanovich, firmándose en su
estudio la refinanciación. Agrega que como su ex mujer no tenía buena relación
con Luciani (el comprador de la casa), le encargó el cobro de los documentos, al
esposo de su mejor amiga, el imputado Jorge Ricardo Quiroga. Aclara que
además de amigos eran vecinos, vivían exactamente al lado, que esa relación de
amistad databa de varios años, y que a esos documentos los tenía la Sra. Zonda
y que los entregaba de a uno al Sr. Quiroga, que habrá cobrado 5 o 6
documentos, manifestando que con posterioridad la Sra. Zonda le entregó a
Quiroga dos recibos firmados en blanco, debido a que como Luciani no podía
pagar todo el dinero junto, le entregaba por semanas pequeñas cantidades, y
posteriormente le dejó de pagar iniciándole juicio por la deuda.
* El testimonio de Víctor Roque, quien tuviera una relación sentimental y
de convivencia con Patricia Zonda por lapso de tres años, pero que hace cuatro
años que no tiene ningún contacto con la misma, quien avala los dichos de la
nombrada. Ratifica la vecindad y amistad de los Quiroga con Patricia Zonda,
como la intermediación que realizaba aquel para el cobro de los documentos, y
29
la suscripción de los dos recibos en blanco, entregados a Quiroga para utilizar
en el caso que Luciani efectuara pagos parciales. Todo ello, consolida
definitivamente la actuación de Quiroga en los términos expresados por la
denunciante. A partir de allí el Tribunal a quo tuvo por suficientemente probado
la existencia de la acreencia de Patricia Zonda con motivo del convenio de
refinanciación de deuda con Luciani y Stella Maris Guevara, en donde éstos
debían abonar 24 pagarés por pesos quinientos cada uno con vencimientos
sucesivos a partir del 10/01/98 y también la intervención de Ricardo Quiroga
para el cobro de alguno de ellos, como consecuencia de un pedido formulado
por su vecina y amiga Patricia Zonda.
* De manera más específica consideró en relación con la expedición de
dos recibos firmados en blanco y la entrega a Ricardo Quiroga, que la
versión de la denunciante no sólo se encuentra solidamente respaldada por los
dichos de Víctor Roque, de Víctor Heredia. También resulta concordante con la
experiencia común que permite sostener que Patricia Zonda, separada de su
marido, viviendo sola, con su hijos menores y sin medios para buscar asistencia
jurídica, recurra a un vecino y amigo familiar, a fin que le ayude a enfrentar a la
situación creada por Luciani de no querer tratar con ella, confiando así en lo que
Quiroga le decía. En este caso concreto, ella no tenía porqué desconfiar de
30
Quiroga, y si en cambió las dificultades o negativas para el pago de los
documentos, que le manifestó Quiroga. Ello por cuanto éstas resultaban acordes
a la conducta precedente de Luciani. Por lo tanto, la solicitud de Quiroga que le
firme los recibos en blanco, aquí aparece como explicable, mas aún cuando la
Zonda no se desprendía de los documentos hasta que no se le integraba el monto
del mismo. Refiere que asimismo ha quedado suficientemente probado en la
pericia caligráfica practicada sobre los recibos y también por la realizada en
sede civil, que las firmas de los recibos pertenecen a Patricia Zonda y que el
resto del llenado no pertenece a la Zonda ni ha Quiroga. También está
acreditado que se utilizaron tres elementos escritores diferentes, uno para las
firmas de los dos recibos, otro para el llenado un recibo y otro para el llenado
del segundo recibo y si bien no se puede determinar la antigüedad de cada una
de las escrituras constituye un indicio muy fuerte, sostener que la utilización de
cada elemento escritor indica momentos distintos. Sobre todo cuando ello
desvirtúa claramente la posición exculpatoria de Luciani que refirió que él
extendió y completó un recibo y que la Sra. Zonda firmó y aclaró y cree que
también puso el número de documento. Ello por cuanto resulta por ello increíble
pensar que la Zonda fuera a firmar, conforme las circunstancias relatadas por
Luciani, con una lapicera distinta a la usada por éste para llenar el recibo.
31
Máxime cuando no existe ningún elemento de prueba o indicio que permita
sostener que la Zonda llevara o firmara con su propia birome, como suele
suceder con personas que por su actividad o de acuerdo a las circunstancias
acostumbran a llevar y utilizar su propio elemento escritor.
* Otro elemento relevante que surge de las pericias aludidas, y que
demuestra que primero se firmaron los recibos y luego se llenó su contenido,
surge de la observación que realiza el perito Braida cuando consigna “en el dto.
fechado 20 de julio de l998 se encuentran las palabras “...los días 10-5,10-6,10-
7...” con su renglón de base en forma ascendente, lo cual no se condice con el
resto de la escritura inicial que obra sobre el mismo renglón escritural. Dicha
irregularidad se debe, con el fin de no tocar el escrito del texto de llenado con la
parte superior de la firma “...06, 10...””. Continúa el perito, “en el recibo
emitido el 20 de agosto de 1998 la palabra “de” “...10-9,10-10,10-11, 10-12 de
1998..., la misma se escribe en forma cóncava, lo cual no coincide con la forma
de la línea base del escrito que se viene manifestando en dicho renglón gráfico,
esto es originario a partir que el escribiente trata de evitar tocar la escritura, la
parte alta de la firma existente. Lo referido es lo que el perito denomina reflejo
de evitación escritural, el cual puede ser definido como la tendencia que tiene
un escribiente a evitar la colisión de su inscripción con otra preexistente y
32
acomodarse al espacio escritural disponible. De modo que manifiesta el perito,
que las representaciones descriptas sólo en la pericia practicada conllevan en
una alta probabilidad, a determinar que los recibos cuestionados, al momento de
redactar su texto llenado, ya se encontraba la signatura plasmada”.
* De manera más específica y en relación a si Quiroga completó o hizo
completar dichos documentos de manera diferente al mandato de la
otorgante que se los confió, como así también la intervención de Luciani,
señala que no resulta convincente que el encartado hubiera cancelado su deuda
sin haber recuperado los documentos y que tolerara en dos oportunidades
distintas el supuesto olvido de la Zonda, siendo que está probado que ésta o
Quiroga en su nombre entregaba los documentos contra la entrega del dinero.
Tampoco aparece razonable, que habiendo logrado un acuerdo de refinanciación
ocho meses antes a veinticuatro cuotas iguales y consecutivas, se cancele
anticipadamente dichos montos que no le generaban ningún tipo de interés y
gasto adicional, solicitando sendos créditos bancarios, conforme posición de
Luciani en expediente civil y constancias allí obrantes, en donde como es sabido
si tenía que pagar intereses y gastos, ello no responde a ninguna lógica, pues
importa contraer una deuda mas onerosa para cancelar una no vencida.
33
* También resulta particularmente increíble, refiere el fallo, admitir que
quien ha cancelado los documentos firmando los recibos de pago, luego inicie
un juicio civil tendiente al cobro de lo ya pagado, en el conocimiento cierto que
el demandado presentará los recibos respectivos. Particularmente en el caso de
Patricia Zonda, se destaca que nos encontramos frente a una ama de casa
dedicada solo al cuidado de sus hijos y en una precaria posición económica que
le impedía iniciar dicho juicio, debiendo previamente abrir un expediente para
litigar sin gastos, que inició cuando aún restaban vencer varios pagarés. Por su
parte, la misma lógica indica que quien no debe algo o bien ya ha cancelado el
pago de su deuda, esgrima desde el principio, en cualquier circunstancia y sin
ningún tipo de asesoramiento, la mas natural defensa de sus intereses,
expresando que no debe o que ya pagó lo que se le reclama. Ello no sucedió
con el imputado Luciani. Así el abogado Marcelo Zalazar quien dijo que no
recuerda la operación que diera motivos a la expedición de los documentos por
parte de Luciani, con quien entrevistó una sola vez, no recuerda si
personalmente o por teléfono, pero en ningún momento le expresó que hubiera
pagado lo que se le pretendía cobrar, mostrándose reacio al diálogo, sin llegar a
ningún acuerdo. En el mismo orden de ideas es de destacar, que por el contrario
la apoderada de la denunciante, en la primera oportunidad procesal posterior a
34
la entrega de los recibos, ya hizo mención a un posible abuso de firma en
blanco, efectuando reservas de formular denuncia penal para su oportunidad
(ver fs. 35/36) lo cual se compadece con su formulación el 11/6/2002 a pocos
días del fallo adverso dictado por la Jueza de Primera Instancia y 10
Nominación en lo Civil.
* Finalmente refiere que probada la entrega de los recibos firmados en
blanco por parte de Patricia Zonda a Jorge Quiroga y que el llenado de los
mismos lo fue por Luciani, beneficiario del documento y en un tiempo distinto,
aparece lógico y razonable lo dicho por la Zonda, en cuanto que la entrega se
realizó con el mandato a Quiroga de que sean completados para el caso de
obtener pagos parciales conforme se lo había requerido éste, quedando al
descubierto que el posterior llenado por Luciani en acuerdo con Quiroga,
consignando la recepción de la suma de $4OOO en cada uno de los recibos en
pago de los respectivos pagarés cancelando en forma total la deuda, constituye
un evidente abuso de ese mandato. Destaca que la malicia de Quiroga se
patentiza cuando le señala a Patricia Zonda ante el reclamo de devolución de los
recibos firmados en blanco, que como no los había utilizado los había destruido.
Ello por cuanto esto último, marca el acuerdo con Luciani, el cual surge prístino,
ya que se trataba del único beneficiario de tales recibos. Por lo tanto, cabe
35
concluir que Quiroga una vez que obtuvo de la Zonda los recibos firmados en
blanco, inducido por Luciani o por propia iniciativa, acordó con éste que los
llenara materialmente, haciendo constar falsamente el pago de documentos que
no había percibido la signataria contrariando fraudulentamente el mandato que le
había otorgado la Zonda cuando se los entregó.
3. El análisis conjunto de los elementos de prueba reseñados
precedentemente considerados por el sentenciante, conduce a la univocidad
invocada en el fallo en relación con los extremos de la imputación deducida,
incluyendo la entrega de Zonda a Quiroga de los referidos mandamientos
firmados en blanco y los aportes de éste y Luciani para el llenado abusivo del
mandato conferido. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que tales
circunstancias, y particularmente las relativas al carácter abusivo del llenado de
tales documentos, no han sido sustentadas sólo en prueba testimonial. De ese
modo queda a la vista que los argumentos en los que el presentante asienta su
impugnación obedecen a parcializaciones y tergiversaciones de los fundamentos
probatorios del fallo, y a una errada interpretación de la referida regla del art.
1017 C.C..
En efecto, el punto de partida desde el cual surgen las sospechas sobre la
conformidad del llenado de los recibos mencionados con la voluntad de su
36
emisor se origina en que los pagarés que en los recibos mencionados se
consignan como cancelados por haberse abonado la deuda, contrariamente a lo
que indican las reglas de la experiencia, no sólo no fueron destruidos sino que
se encontraban en poder de la acreedora. A tal punto ello es así, que Zonda los
presentó en el juicio civil que inició para su ejecución. El mismo en el que los
recibos llenados fueron también presentados para invocar una excepción de
pago frente a tales títulos. Y a ello se agrega una serie de argumentos indiciarios
que se integran con la prueba testimonial recabada en relación con dicho
extremo, que evidencia que tales testimonios encuentran respaldo en prueba
dirimente a esos efectos, tornando inaplicable al caso la exclusión probatoria
mencionada por no concurrir los fines para los que la misma ha sido dispuesta,
de acuerdo con lo que se ha señalado en el apartado precedente.
Así las cosas, surge de tales elementos que Luciani intentó explicar esa
situación manifestando que los recibos fueron confeccionados justamente
porque Zonda no le entregó los documentos de los pagarés cuando se los abonó,
señalando que fue él quien primero los llenó para que la damnificada se los
firmara después. Una versión de los hechos que de inmediato se vio desechada
con las conclusiones de la pericia caligráfica practicada sobre los mismos que
aluda a circunstancias que denotarían que los mismos fueron llenados cuando ya
37
se encontraban firmados y el respaldo que tales conclusiones, que el perito
sostuvo aludiendo a una alta probabilidad, hallaron en los testimonios
mencionados y el resto de la prueba mencionada, de acuerdo con lo que hemos
visto, evidenciando una posición exculpatoria mendaz.
Acreditado que los recibos fueron llenados cuando ya se encontraban
firmados en blanco como sostiene Zonda, la subsistencia de los pagarés
firmados como respaldo de la misma en poder de aquélla, quién incluso los
presentó en juicio para su ejecución, siendo que la experiencia indica que
cuando una deuda es cancelada los mismos son destruidos o entregados a su
suscriptor para no poder ser ejecutados, el resto de la prueba mencionada entre
la que se cuentan los testimonios absolutamente coincidentes mencionados
sobre la falta de pago, y que el llenado de los recibos fue realizado de puño y
letra de su deudor (el prevenido Luciani), cuando ya se encontraban firmados
por Zonda, es correcto extraer con certeza, como se hace en el fallo, que dicho
llenado fue hecho contrariando la voluntad por la cual fue suscripto por Zonda
para dar cuenta de la cancelación de una deuda no abonada. Mas aún
ponderando que es inusitado que sea el deudor reticente al pago quien suscriba
el documento y menos por el monto total de las acreencias de tan dificultoso y
extenso tránsito.
38
Ahora bien, si como indican las reglas de la experiencia y la prueba de
autos, Luciani (deudor) no accedió a esos recibos firmados en blanco por Zonda
porque ésta (su acreedora) se los entregara en esas condiciones (firmados y en
blanco), no surgiendo de autos que los mismos tampoco fueran sustraídos a la
nombrada, existió una tercera persona que sí los recibió y a través de la cuál los
mismos llegaron hasta el deudor Luciani para que éste los llenara cancelando su
deuda en contra de la evidente voluntad que pudiera haber tenido Zonda al
entregarlos en esas condiciones. A su vez, si la deuda estaba garantizada
fraccionadamente en pagarés, no era razonable la entrega de recibos excepto si
como señala Zonda, los mismos tuvieran por objeto la consignación de pagos
parciales. Máxime en el contexto de la comprobada mala relación que tenía
Zonda con su deudor Luciani -incluso la testigo Salazar da cuenta de la falta de
disposición del deudor al diálogo-. Por lo que resulta razonable pensar que
como afirma Zonda y respalda el resto de la prueba en autos, entregara a un
tercero las gestiones de cobro y le diera a esa misma persona esos recibos en
blanco para que pudiera gestionar el cobro de montos parciales.
Todo ello sumado a la clara y sólida versión de Zonda y al crédito que
los distintos aspectos de la misma encontraron en autos con el paralelo
descrédito de al versión de Luciani respecto a que ello ocurrió de ese modo, y
39
el respaldo específico que en relación con dicho extremos brindan los
testimonios, particularmente de Heredia y Roque sobre la situación vivida por al
nombrada en relación con Quiroga y la intervención de este ultimo en esa
gestión, demuestran con certeza la concurrencia de tales extremos y también la
intervención del prevenido Quiroga en el mismo en el contexto de sus funciones
de gestor de dicho crédito.
Siendo ello así, cabe señalar frente a los argumentos específicos
desarrollados por los presentantes, que pese a la relación de los testigos con la
damnificada (ex marido, ex concubino y ex abogado), lo cierto es que los
testimonios resultan coherentes y absolutamente coincidentes entre sí en
relación con tales extremos, al tiempo que se condicen plenamente con la prueba
de autos. Fundamentalmente respecto de la relación de confianza existente entre
los testigos Zonda y Quiroga, y la intervención de este último en el cobrado de
los referidos pagarés. De lo que se desprende en respaldo del resto de la prueba
de autos, la veracidad de sus dichos en relación con tales extremos y su abuso
de los mismos. Por otra parte, ex marido y ex concubino, dada la caducidad de
ambas relaciones y la diferencia de intereses no necesariamente como plantea el
recurrente tienen el interés en ayudar a la damnificada, ni menos aún, coincidir
entre ellos.
40
Por otra parte, los cuestionamientos a la pericia caligráfica aludiendo a
sus conclusiones en términos de alta probabilidad se centran en el análisis
parcializado de la misma pues es cuando ese grado importante de convicción
sobre el llenado en blanco de los documentos se pone en relación con el resto
de la prueba analizada, y no mediante su consideración aislada, que surge la
certeza invocada en el fallo, al tiempo que siendo así las cosas, se respalda
también el resto de las conclusiones del sentenciante. Por cierto, no son de
recibo las críticas más específicas formuladas al dictamen por Garello,
señalando entre otras cosas, que al no poderse saber si primero se redactó el
texto o después la firma por la mera presencia de distintos instrumentos
escriturales, debe concluirse sólo con probabilidad el llenado del documento en
blanco, pues de ese modo, soslayan los diversos argumentos expresados por el
perito en relación con la presencia de un reflejo de evitación escritural y sobre
todo, el respaldo que dicha hipótesis encuentra en el resto del a prueba de
autos.
Valga señalar que en ese contexto no puede atribuirse negligencia a la
damnificada al expedir tales recibos firmados en blanco, cuando mediaba tal
relación de confianza con Quiroga, e incluso conservó en su poder los referidos
pagarés, que luego presentaría intentando su ejecución en sede civil.
41
En cuanto a las relaciones de los testigos mencionados con la
damnificada, lo cierto es que no surge de autos elemento alguno que permita
advertir que ello de algún modo incidió en la veracidad de sus dichos. Todo lo
contrario, la coherencia interna de tales versiones la absoluta coincidencia con
al versión de Zonda y entre los aspectos comunes entre sí y el amplio respaldo
que encuentran en el resto de la prueba indiciaria de autos otorgan un certero
margen de crédito a sus dichos.
Ese valor convictivo lo es también, como se ha visto, en relación con la
intervención que se atribuye al prevenido Quiroga. Y es claro que el mandato
que tenía en absoluto podía incluir hacer llenar los recibos por el propio Luciani
cancelando completamente el pago de la deuda garantizada por los pagarés. Al
tiempo que es imposible pensar el acceso de Luciani a los mismos firmados
para su llenado sin la connivencia y participación que se atribuye al encartado.
Las variaciones inmediatamente rectificadas sobre una cuestión por
Roqué no empece a ello en el cuadro convictivo relatado.
Por otra parte, la presentación de la denuncia penal 14 meses después
cuando hubo un intento de ejecución civil previo, tratándose de un ejercicio
razonable de su derecho que importa una decisión que puede generar
responsabilidades, no tiene por qué valorarse en su contra el ejercicio de un
42
derecho. A su vez, tergiversa sus dichos cuando dice que negó la firma de los
documentos pues ello nunca ocurrió manifestando incluso que la firma podía ser
suya pero no el contenido del documento. También soslaya que el crédito que
se le asigna a los dichos de Zonda respecto a que Quiroga le dijo haber roto los
documentos, no se centra en ese sólo testimonio, sino en el valor que el mismo
adquiere por el respaldo probatorio recibido en el contexto probatorio reseñado.
Y, por último, desconoce también que el Tribunal de mérito expresamente
explicó los motivos por lo que los créditos a los que se refiere el recurrente
carecen de la trascendencia desincriminatoria pretendida.
Voto pues, negativamente en relación con dicha cuestión.
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que
deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto,
expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por
lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
43
I. Los cuestionamientos sustanciales formulados por el prevenido
Quiroga contra la resolución atacada a fs. 369/376 vta., se orientan al
encuadramiento legal en la figura del art. 173 inc. 4º del C.P. de los hechos que
el sentenciante consideró acreditados.
En ese sentido señala que la figura de defraudación por abuso de firma
en blanco contemplada en dicha disposición legal, requiere que el sujeto que
abusa de la confianza de la víctima sea aquél a quien se le ha confiado el
mandato de llenar el documento firmado en blanco por la víctima y no otro. Y
en autos, quien abusó de la confianza de la denunciante Zonda en la hipótesis
barajada por el sentenciante fue su vecino el prevenido Quiroga, a quien se le
había entregado el documento suscripto en blanco y tenía el mandato para
llenarlo dentro del marco de la voluntad de su signataria, y no su deudor, el
prevenido Luciani, que fue quien lo llenó abusivamente de su puño y letra.
Considera que siendo ello así, al encuadrar el hecho en dicha figura
penal, el Tribunal de mérito inventó un ilícito penal no previsto en la ley para
sancionar a los encartados. Y que tales deficiencias no pueden salvarse
recurriendo a interpretaciones del art. 45 del C.P. como las que invoca el
sentenciante, por cuanto no puede haber participación criminal cuando un sujeto
actúa fuera del tipo penal, como ocurre con Quiroga que nunca llenó el
44
documento en blanco que habría recibido de la denunciante Zonda como exige la
referida figura legal.
II. Siendo así las cosas, debe señalarse que el sentenciante consideró
acreditado el siguiente hecho, a saber: "...En fecha que no se ha podido
determinar con exactitud pero ubicable en el transcurso del año 1998 con
anterioridad al 10 de Septiembre, el imputado Jorge Quiroga, en virtud de la
relación de confianza que lo unía con Patricia Angela Zonda, recibió de esta,
dos recibos de pago firmados en blanco, con la finalidad de que los
completara y los extendiera al imputado Gustavo Adolfo Luciani, una vez que
este le entregara el dinero, que en concepto de pago a cuenta de sumas de
dinero le haría el nombrado y Stella Maris Guevara. Contraviniendo lo
expresamente acordado, el imputado Jorge Quiroga completó en connivencia
con el imputado Gustavo Adolfo Luciani –quien lo hizo materialmente- los
recibos de pago suscriptos en blanco por Patricia Zonda, consignando
falsamente haber recibido de Stella Maris Guevara y Gustavo Luciani en fecha
20 de julio de 1998, la cantidad de cuatro mil pesos en concepto de
cancelación de documentos pagarés Nº 17,18,19,20,21,22,23 y 24 con
vencimiento los días 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11 y 10/12 de 1999
suscriptos por Patricia Zonda y un segundo recibo consignado falsamente
45
haber recibido en fecha 20 de agosto de 1998 de Stella Maris Guevara y
Gustavo Luciani la cantidad de cuatro mil pesos, en concepto de cancelación
total de documentos pagarés Nº 9,10,11,12,13,14,15 y 16 con vencimiento los
días 10/9, 10/10, 10/11, 10/12 de 1998 y 10/1, 10/2, 10/3 y 10/4 de 1999.
Posteriormente, desconociendo esta situación, Patricia Zonda inicia juicio civil
tendiente al cobro de la deuda y en fecha 5 de marzo de 2001, siendo las
09:40, el imputado Gustavo Adolfo Luciani y Stella Maris Guevara, en su
carácter de deudores de Patricia Zonda comparecieron por ante el Juzgado de
Primera Instancia y 10º Nominación Civil y Comercial de esta ciudad y
opusieron excepción de pago ofreciendo como elemento de prueba los dos
recibos mencionados precedentemente y que fueran suscriptos en blanco por
Patricia Zonda, cada uno de ellos por la suma de cuatro mil pesos ($4.000), a
sabiendas que lo allí consignado era falso. Con sustento en tales recibos la
Dra. Claudia Salazar de Puccio, a cargo del Tribunal mencionado
precedentemente por sentencia nº 159 del 3l/5/2002, resolvió: I) Hacer lugar a
la excepción de pago interpuesta por los demandados, Sres. Stella Maris
Guevara y Gustavo Luciani. II) Rechazar la demanda ejecutiva interpuesta por
Patricia Zonda, III) Costas a cargo de la actora. Posteriormente, interpuesto
recurso de apelación en contra de dicho decisorio el 5/10/2004 la Excma.
46
Cámara Sexta de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad, resolvió
Rechazar la apelación de la parte actora. En virtud de lo reseñado, Quiroga,
Luciani y Stella Maris Quiroga perjudicaron patrimonialmente a Patricia
Zonda..." (fs. 339 vta./340 vta. y 355/355 vta.).
III. Adelantamos que tampoco este gravamen del recurso interpuesto
puede prosperar.
Debe señalarse en ese sentido, que en numerosos precedentes a partir de
"Montenegro" (S. n° 40, 21/08/1968; más recientemente en "Merlo", S. nº 30,
2/5/2000; "Guevara", S. nº 4, 22/2/2001; "González", S. nº 14, 12/3/2001; y
“Oviedo”, S. nº 136, 28/12/2004) se expuso que los coautores no son sólo
quienes realizan la acción consumativa del delito (con actos parificados o
heterogéneos significativos de la división de trabajo), sino también quienes
toman parte en su ejecución a través de una acción no consumativa pero
coadyuvante y convergente con ella.
En este aspecto y en base a una interpretación sistemática, se ha afirmado
que un acto es ejecutivo "cuando, conforme al sistema del art. 42, ha habido
al menos un comienzo de ejecución... En esos actos debe tomar parte el
coautor..." (DE LA RÚA, Jorge, "Código Penal Argentino -Parte General-",
Depalma, 2° edición, 1997, nota 184, pág. 855). Y que revisten tal naturaleza
47
entonces, aquellos que "aunque no sean directa e inmediatamente
consumativos de la acción punible, impliquen ya que el autor ha comenzado
las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la
realización directa de sus miras..." (T.S.J., Sala Penal, S. n° 4, 22/2/2001;
"Robles", S. 31, 7/5/2003, entre otros).
En consecuencia, es el tipo penal del delito de que se trate el que dirime
la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta
allí descripta en la categoría de coautor y relegando a la condición de partícipe
a quien -actuando en modo concomitante- sólo efectúa un aporte a la ejecución
típica llevada a cabo por otro.
En cuanto al alcance de la intervención en la ejecución que determina la
coautoría, con acierto se aclara que desde que la ley alude a "los que tomasen
parte en la ejecución del hecho" (art. 45, C.P.), no es suficiente el "acuerdo" ni
el mero "aporte" a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor
debe integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la
realización del tipo, evaluación ésta que depende, en la generalidad de los
casos, de una apreciación particular de las circunstancias de cada hecho (DE LA
RÚA, ob.cit., notas 184 a 186, págs. 855/856).
48
Así las cosas, corresponde señalar, siguiendo a calificada doctrina, que la
figura del art. 174 inc. 4° del C.P., constituye una defraudación por el abuso de
firma en blanco que exige, por un lado, que un sujeto entrega a otro un pliego
con su firma, otorgándole a la otra un jus scribendi para extienda sobre el
mismo el texto de un documento. Por otro lado, que este segundo sujeto abuse
de ese mandato insertando en el documento declaraciones u obligaciones de
carácter patrimonialmente perjudicial para el signatario o un tercero, que el
mandante no tuvo la intención de permitirle hacer. Y finalmente, como todo
fraude, que la maniobra logre el perjuicio patrimonial pretendido, pues
tratándose de un fraude, no basta con la sola escritura abusiva para su
consumación. De modo que el mandante abusa del documento entregado en
blanco, cuando extiende un documento distinto de aquel para el que se había
otorgado el mandato, o se completa el parcialmente extendido con cláusulas
distintas de las que sabía que había dispuesto influir el firmante (NÚÑEZ,
Ricardo C., Derecho Penal Argentino, Parte Especial, Editorial Bibliográfica
Argentina, Córdoba, 1967, t. V, pp. 336/338). Se pronuncian en un sentido
similar en cuanto a la existencia del abuso y la necesidad de un perjuicio
patrimonial (CREUS, Carlos y BOUMPADRE, Jorge Eduardo, Derecho penal.
Parte especial, 7ma. Edición actualizada y ampliada, Edit. Astrea, Bs. As.,
49
2007, t. 1, pp. 530/531 y BUOMPADRE, Jorge E., en Código penal y normas
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, edit. Hammurabi, Bs.
As., 2009, t. 7, pp. 214.215).
II. Siendo ello así, se advierte que el fallo en crisis ha encuadrado
adecuadamente las conductas de los encartados en la citada figura penal. Es
que, como surge con claridad de los hechos que el sentenciante tuvo por
acreditados, ambos acusados participaron de una empresa delictiva común
realizando actos ejecutivos, incluso consumativos de la citada figura penal. El
prevenido Quiroga al recibir los recibos firmados en blanco por Zonda para que
consignara en ellos pagos parciales que le fueran hechos por Luciani, y al
abusar la confianza de su mandante poniéndose de acuerdo con este último para
completarlo dejando constancia de la cancelación de toda la deuda, y el
imputado Luciani, ejecutando materialmente (de puño y letra) de consuno con
aquél dicho llenado y presentándolo después alegando una excepción de pago
en el juicio civil iniciado por Zonda para ejecutar los referidos pagarés.
Voto pues negativamente, también en relación con esta cuestión.
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
50
La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que
deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto,
expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto., por
lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
A LA TERCERA CUESTIÓN:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
I. Por su parte, los planteos formulados el Dr. Garello en su carácter de
representante legal de la demandada civil Stella Maris Guevara se relacionan
con dos cuestiones distintas vinculadas al respeto del principio de congruencia
en relación con los rubros demandados, por una parte, y a la legitimación pasiva
para ser demandada civil de la condenada, por la otra.
En sus planteos sobre la legitimación pasiva de su asistida, el presentante
señala que el tribunal de mérito primero rechazó incorrectamente una excepción
oportunamente planteada a esos efectos y luego la condenó civilmente
inadecuadamente, por tratarse de una persona ajena al proceso penal. Destaca
que la acción civil ejercida en el proceso penal, no puede dirigirse contra los
que simplemente participaron lucrativamente de los efectos del delito. Es que
51
aún cuando los mismos se beneficien por el mismo, incluso en el caso de los
encubridores, su conducta es independiente del delito principal, y en el proceso
penal, sólo puede demandarse civilmente al imputado. Señala que en el caso del
tercero civilmente responsable, ello ocurre porque se encuentra obligado a
resarcir al damnificado por el hecho de otro que es imputado en un proceso
penal, debido a que la ley ha puesto esa obligación a su cargo. Y agrega que el
ordenamiento ritual provincial es absolutamente claro y no admite
interpretaciones analógicas ni extendidas cuando señala que la acción civil
derivada del delito, sólo puede ejercerse contra los participes del delito y, en su
caso, contra el civilmente responsable.
II.A. En el fallo atacado, la mayoría del Tribunal de mérito (conformada
en este punto por los Dres. Rojas Moresi e Iglesias) ratificó el rechazo
formulado con anterioridad ante el planteo de falta de legitimidad pasiva de la
condenada civil Guevara, manifestando entre otras cosas, que "...de la instancia
de constitución en actor civil de fs. 61/62 vta. se desprende que con fecha 6 de
febrero de 2001 la Sra. Patricia Angela Zonda inició formal demanda ejecutiva
“en contra de los Sres. Stella Maris Guevara y Gustavo Adolfo Luciani,
persiguiendo el cobro de varios pagarés... Que los mismos se presentaron
oponiendo excepción de pago ofreciendo como prueba de ello dos recibos por
52
mí firmados, pero cuyo contenido fue completado por el Sr. Luciani... Los
mencionados pagarés fueron emitidos a raíz de un convenio de refinanciación
de deuda entre mi ex marido Víctor Heredia, el matrimonio Luciani-Guevara y
la que suscribe, contraída por los deudores con fecha 19 de diciembre de
1996... Que la responsabilidad alcanza indirectamente a la Sra. Stella Maris
Guevara, por saber ella que no se había cancelado la misma y opone
conjuntamente con su marido la excepción mencionada”. A fs. 80/82 vta. obra
copia certificada de la Sentencia Nº 159, del 31/05/2002, dictada por la Sra.
Juez en lo Civil y Comercial de 1ª. Inst. y 10ª. Nom. que acredita lo
manifestado por la instante en cuanto a la calidad de demandados del
matrimonio Luciani-Guevara, la excepción de pago por ellos opuesta y la
resolución dictada en definitiva a favor de los mismos. De lo reseñado
precedentemente, entonces, surge que la vinculación jurídica de la Sra. Stella
Maris Guevara con el imputado Luciani, en la presente causa, no deviene de
su relación conyugal sino del hecho de haber participado de los efectos del
accionar supuestamente ilícito de aquél -conforme el hecho contenido en la
acusación y transcripto precedentemente- lo cual constituye la fuente de su
obligación resarcitoria (CP, 32). Sobre el particular, existe consenso acerca de
que el tercero que se beneficia económicamente sin una contraprestación
53
onerosa de los efectos del accionar delictivo de otro no se trata de un partícipe
del delito en sentido propio. En este sentido, cualquiera sea la posición que se
adopte respecto de si sólo comprende al encubridor o si se alude a terceros de
buena fe, “este tercero... puede ser traído al mismo proceso penal incoado en
contra de los partícipes, porque su responsabilidad emerge directamente de
una disposición de naturaleza civil ubicada en el Código Penal. En otros
términos, no estará legitimado por ser partícipe sino como civilmente
responsable” (José I. Cafferata Nores-Aída Tarditti, “Código Procesal penal
de la Provincia de Córdoba-Comentado”, T.I, pág. 145. Ver, además, Jorge
De La Rúa, "Código Penal Argentino-Parte General", Ed. Lerner-1972, pág.
344, parágrafos 95 a 100). Como bien señala el Dr. Garello, su representada
está “exenta de responder por las cuestiones propias de su marido”, y tanto
es así que no se encuentra imputada en la presente causa, pero ello no
constituye el fundamento de su citación como civilmente demandada, sino "por
saber ella que no se había cancelado la misma y opone conjuntamente con su
marido la excepción mencionada”, tal como se consigna en la instancia de
constitución en actor civil satisfaciendo el requisito de mencionar el vínculo
jurídico con el imputado, esto es, la calidad jurídica que la ley tiene en cuenta
para establecer la obligación del tercero de responder civilmente por el daño
54
que el imputado hubiera causado con el delito (CPP, 109)”. En consecuencia,
corresponde no hacer lugar al rechazo planteado...".
B. En cambio, el voto de la minoría (integrada en relación con dicho
extremo por el Dr. Cabanillas), ratificando también su posición disidente
anterior, sostuvo, que “…no surge de manera indubitable la indicación de cuál
resulta ser el vínculo jurídico con Gustavo Adolfo Luciani que de sustento a la
legitimación pasiva de la Sra. Stella Maris Guevara para responder en el
presente proceso, en calidad de civilmente responsable, por el daño que aquél
hubiere causado con el delito por el cual resulta acusado; no resultando
suficiente a tal fin la sola mención de la relación conyugal entre ambos. De tal
manera, no encontrándose satisfecho el requisito de indicar en el escrito de
instancia el vínculo jurídico con el imputado, esto es, la calidad jurídica que la
ley tiene en cuenta para establecer la obligación del tercero de responder
civilmente, corresponde hacer lugar a lo solicitado, en consecuencia, excluir a
la Sra. Stella Maris Guevara de intervenir en el presente proceso como
civilmente demandada...".
III. Adelantamos que tampoco este planteo puede prosperar.
En primer término, debe señalarse que el art. 32 del C.P. consagra
expresamente la obligación de reparación del que participare de los efectos de
55
un delito, hasta la cuantía en que hubiere participado, lo cual sigue la regla de
que nadie puede enriquecerse a costa de la violación del derecho de otro
(TERRAGNI, Marco A., en Código Penal y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial, BAIGÚN David y ZAFFARONI, Eugenio Raúl (Dir.),
TERRAGNI, Marco A. (coord.), edit. Hammurabi, Bs. As., 2008, t. 1, p. 458).
Como surge de la ley, constituye un requisito para ello, que el autor haya
participado de sus efectos (los resultados del delito) a título lucrativo
(beneficiándose económicamente), sin que le quepa intervención en el mismo
como autor, coautor, cómplice o instigador o que no haya sido su encubridor,
sin que la medida de su obligación reparatoria dependa de la medida de su
enriquecimiento sino de la cuantía de dicha participación en esos efectos del
delito (NÚÑEZ, Ricardo C., Las disposiciones generales del Código Penal, edit.
M. Lerner, Córdoba, 1988, p. 108). Por lo tanto encuadra perfectamente en la
disposición la situación de quien no encontrándose imputado por un delito de
fraude, se vio idénticamente beneficiado con la consumación del mismo en la
misma medida que el autor del delito.
Siendo así las cosas debe señalarse que es cierto como sostiene el voto
de la minoría, que la condición del prevenido Luciani como cónyuge de la
demandada Stella Maris Guevara no constituye un título válido para que
56
responda civilmente por el delito que se atribuye haber cometido a su marido
con Quiroga. Pero no es esa la causa por la cual se la hace responder civilmente
en el fallo.
En efecto, la condenada civil Guevara era con Luciani, suscriptora de los
pagarés que Zonda intento ejecutar civilmente en el proceso en el que dicha
pretensión se vio frustrada al presentar ella y su marido, como partes
demandada, los referidos documentos en el planteo de excepción de pago
triunfante. Y por cierto, sabía que no había pagado su deuda y que por ende
esos documentos no reflejaban la verdad ni podían haber sido consentidos por la
damnificada. En consecuencia, y como bien destacó el sentenciante, se vio
beneficiada conscientemente y directamente por la comisión del ilícito, incluso
de manera idéntica a como se vio favorecido el prevenido Luciani, que sin
embargo no le fue imputado en ningún grado de participación, atribuyéndose
sólo a su marido Luciani y al prevenido Quiroga. Por este último motivo no
ingresa al título de partícipe del delito, pero, habiéndose beneficiado
lucrativamente de los efectos del delito con el triunfo de la referida excepción
de pago, es clara su responsabilidad dentro del marco doctrinario señalado del
art. 32 del C.P.. Y por ende, se encuentra plenamente legitimada como
demandada civil (pasivamente).
57
A ello debe agregarse que la orientación hacia ella del citado reclamo,
fue planteada ya en la instancia de constitución de actor civil, incluso por rubros
por los que, en virtud de las limitaciones de la citada disposición civil prevista
en el código penal, no fue condenada en autos. Todo lo cual le permitió ejercer
plenamente su defensa y conocer la posible aplicación de la citada disposición,
vigente desde mucho tiempo antes de la referida instancia.
Valga señalar que la pretención de la actora civil fue orientada hacia
Stella Marys Guevara desde la instancia de constitución en actor civil misma
(fs. 61/63), motivando que la nombrada ejerciera plenamente su derecho de
defensa al contestar frente al reclamo formulado primero al responder a la
instancia de constitución a la acción civil (fs. 166/167 vta.), argumentando no
sólo su falta de legitimación pasiva, que por las razones expuestas, no prosperó,
sino también un planto por considerar que la suma demandada era excesiva en
su relación con la reclamada al prevenido Luciani, señalando además que los
dichos de Zonda generadores de su responsabilidad carecían de respaldo
probatorio (fs. 167), ofreciendo luego prueba su representante legal (fs. 207/207
vta.), alegando luego su representante legal, en defensa de su posición, durante
el debate (fs. 335 vta.) e incluso, interponiendo el recurso de casación en contra
del fallo dictado que genera el presente pronunciamiento.
58
Voto pues negativamente en relación con esta cuestión.
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que
deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto,
expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por
lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
A LA CUARTA CUESTIÓN:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
I. En otra parte de los planteos formulados en su carácter de
representante legal de la demandada civil Stella Maris Guevara, el Dr. Garello
denuncia una vulneración del principio de congruencia entre los rubros
demandados y aquellos por los que fue condenada su asistida. Expresa que ello
es así por cuanto, en el fallo en crisis, su asistida ha resultado condenada por un
supuesto daño genérico que no había sido planteado en la instancia de
constitución en actor civil, que únicamente incluía planteos por daño moral y
lucro cesante. Señala además que el actor cuenta para ello con el camino
procesal abierto de la vía civil ordinaria, donde podrá probar lo que ciertamente
59
no pudo en la vía ejecutiva. Algo que la propia Cámara Civil destacó en su
pronunciamiento expresando que los títulos reclamados indebidamente por la
vía ejecutiva, tienen abierta la vía ordinaria civil para su reclamo.
Con cita de doctrina, señala que la mención del daño sufrido también
integra la causa petendi, de modo que aunque resulte innecesario precisar
detalles o fijar el monto de los daños en la instancia de constitución en actor
civil, si es necesaria, al menos, una descripción suficiente sobre la especie de
los mismos, pues a ellos se referirá la acción, determinando si se trata de daños
materiales, su clase y su carácter emergente en las cosas y las personas. Ello
por cuanto como sucede también con el lucro cesante y los daños morales, la
falta de una mínima señalización de sus especies, entorpece el adecuado
ejercicio de la defensa de la demandada, dado que los rubros individualizados
en la instancia de constitución en actor civil determina el onus probandi y la
actividad defensiva que deberán desarrollar las partes involucradas.
II.A. Al pronunciarse sobre esta cuestión la posición mayoritaria del
tribunal, conformada por los Dres. Rojas Moresi e Iglesias, expresó (en su
cuarta cuestión), que "...Que conforme la hecho transcripto al comienzo, se
atribuye a Gustavo Adolfo Luciani y Jorge Ricardo Quiroga la supuesta
comisión del delito de estafa (art.172 C.Penal). El Dr. Alberto D. Garello, en
60
su carácter de apoderado de la Sra. Stella Maris Guevara afirma que no
existe ningún vínculo jurídico entre la constitución en parte civil y su
representada que permita vislumbrar una relación de derecho susceptible de
producir obligaciones dirimibles en este proceso, ya que si se trata del vínculo
marital de mi representada, la misma está exenta de responder por las
cuestiones propias de su marido. Entrando al análisis de la cuestión,
corresponde en primer término destacar que claramente su objeción finca en
el defecto de legitimación pasiva de su representada para actuar como tercero
civilmente demandado en la presente causa. Sobre el punto, ya tuvimos
oportunidad de expedirnos con anterioridad señalando “Así, el oponente
afirma que “si se trata del vínculo marital de mi representada, la misma está
exenta de responder por las cuestiones propias de su marido”. En el sentido
indicado, de la instancia de constitución en actor civil de fs. 61/62 vta. se
desprende que con fecha 6 de febrero de 2001 la Sra. Patricia Ángela Zonda
inició formal demanda ejecutiva “en contra de los Sres. Stella Maris Guevara
y Gustavo Adolfo Luciani, persiguiendo el cobro de varios pagarés... Que los
mismos se presentaron oponiendo excepción de pago ofreciendo como prueba
de ello dos recibos por mí firmados, pero cuyo contenido fue completado por
el Sr. Luciani... Los mencionados pagarés fueron emitidos a raíz de un
61
convenio de refinanciación de deuda entre mi ex marido Víctor Heredia, el
matrimonio Luciani-Guevara y la que suscribe, contraída por los deudores con
fecha 19 de diciembre de 1996... Que la responsabilidad alcanza
indirectamente a la Sra. Stella Maris Guevara, por saber ella que no se había
cancelado la misma y opone conjuntamente con su marido la excepción
mencionada”. A fs. 80/82 vta. obra copia certificada de la Sentencia Nº 159,
del 31/05/2002, dictada por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª. Inst. y
10ª. Nom. que acredita lo manifestado por la instante en cuanto a la calidad de
demandados del matrimonio Luciani-Guevara, la excepción de pago por ellos
opuesta y la resolución dictada en definitiva a favor de los mismos. De lo
reseñado precedentemente, entonces, surge que la vinculación jurídica de la
Sra. Stella Maris Guevara con el imputado Luciani, en la presente causa, no
deviene de su relación conyugal sino del hecho de haber participado de los
efectos del accionar supuestamente ilícito de aquél -conforme el hecho
contenido en la acusación y transcripto precedentemente- lo cual constituye la
fuente de su obligación resarcitoria (CP, 32). Sobre el particular, existe
consenso acerca de que el tercero que se beneficia económicamente sin una
contraprestación onerosa de los efectos del accionar delictivo de otro no se
trata de un partícipe del delito en sentido propio. En este sentido, cualquiera
62
sea la posición que se adopte respecto de si sólo comprende al encubridor o si
se alude a terceros de buena fe, “este tercero... puede ser traído al mismo
proceso penal incoado en contra de los partícipes, porque su responsabilidad
emerge directamente de una disposición de naturaleza civil ubicada en el
Código Penal. En otros términos, no estará legitimado por ser partícipe sino
como civilmente responsable” (José I. Cafferata Nores-Aída Tarditti, “Código
Procesal penal de la Provincia de Córdoba-Comentado”, T.I, pág. 145. Ver,
además, Jorge De La Rúa, "Código Penal Argentino-Parte General", Ed.
Lerner-1972, pág. 344, parágrafos 95 a 100). Como bien señala el Dr.
Garello, su representada está “exenta de responder por las cuestiones propias
de su marido”, y tanto es así que no se encuentra imputada en la presente
causa, pero ello no constituye el fundamento de su citación como civilmente
demandada, sino "por saber ella que no se había cancelado la misma y opone
conjuntamente con su marido la excepción mencionada”, tal como se consigna
en la instancia de constitución en actor civil satisfaciendo el requisito de
mencionar el vínculo jurídico con el imputado, esto es, la calidad jurídica que
la ley tiene en cuenta para establecer la obligación del tercero de responder
civilmente por el daño que el imputado hubiera causado con el delito (CPP,
109)”...".
63
B. Por su parte, desde la posición minoritaria (integrada por el Dr.
Cabanillas) se manifestó que "...El Dr. Alberto D. Garello en su calidad de
apoderado de la Sra. Stella Maris Guevara plantea el rechazo de la demanda
por falta de legitimación pasiva, sosteniendo que no hay ningún vínculo
jurídico que permita vislumbrar una relación de derecho susceptible de
producir obligaciones dirimibles en este proceso en relación a la nombrada.
Afirma el mencionado letrado que su representada se encuentra exenta de
responder por las cuestiones propias de su marido. Este cuestionamiento, ya
fue tratado con anterioridad y allí tuve oportunidad de señalar que de la
instancia de constitución en actor civil (fs. 61/62 vta.) no surge de manera
indubitable la indicación de cuál resulta ser el vínculo jurídico con Gustavo
Adolfo Luciani que de sustento a la legitimación pasiva de la Sra. Stella Maris
Guevara para responder en el presente proceso, en calidad de civilmente
responsable, por el daño que aquél hubiere causado con el delito por el cual
resulta acusado; no resultando suficiente a tal fin la sola mención de la
relación conyugal entre ambos. De tal manera, no encontrándose satisfecho el
requisito de indicar en el escrito de instancia el vínculo jurídico con el
imputado, esto es, la calidad jurídica que la ley tiene en cuenta para establecer
la obligación del tercero de responder civilmente, corresponde hacer lugar a
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lo solicitado, en consecuencia, excluir a la Sra. Stella Maris Guevara de
intervenir en el presente proceso como civilmente demandada...".
III. Frente a lo expuesto, entendemos que asiste razón a la posición
mayoritaria sustentada en el fallo y que por ende, el recurso interpuesto no
puede prosperar.
En ese sentido debe señalarse que acertadamente se ha dicho, en relación
con el ejercicio de la acción civil deducida en sede penal, que "el juzgador
debe atenerse a los simples hechos descriptos en la demanda (principio de
congruencia en la causa), sin tomar en cuenta el "nomen iuris" utilizado en la
misma, porque si éste no coincide con aquellos, su deber será proveer a la
hipótesis fáctica planteada por la demanda [en el caso, reitero, la instancia de
constitución en parte civil]. La aplicación del principio "iura novit curia" se
traduce, en consecuencia, en la obligación de aplicar el derecho, sin que pueda
dejar de hacerlo a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes"
("Díaz", S. nº 29, 28/12/1994; “González”, S. nº 49, 12/06/2002; “Quinteros”, S.
nº 106, 30/04/2009).
Dado ello así, se advierte que una detenida lectura de la demanda otorga
la razón la posición mayoritaria mencionada cuyos argumentos damos aquí por
reproducidos en honor a la brevedad. Es cierto que al calificar los rubros
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demandados en la instancia de constitución, la actora (Zonda) sólo se refirió a
los mismos en términos de lucro cesante y daño moral, y no a un daño
emergente. Sin embargo, de la lectura integral de dicha instancia obrante a fs.
61/62 vta. surge claramente que los mismos se encuentran incluidos en su
petición. Ello por cuanto ab initio manifestó demandar al civilmente responsable
"...persiguiendo la reparación plena e integral que el ilícito a relacionar ha
irrogado a mi parte, conforme a los hechos que paso a exponer..." (fs. 61). Al
hacerlo, formuló un claro relato del fraude cometido en perjuicio de la
damnificada por la imposibilidad de hacer efectivos los montos de los pagarés
adeudados por los montos consignados en el recibo (fs. 61 vta.). Incluso
consignó, como destaca el voto mayoritario, que debido a "...los
incumplimientos de los Res. Guevara y Luciani y posterior llenado de recibos
que frustraron maliciosamente el cobro de los pagarés, me causaron un perjuicio
patrimonial grave e irreparable hasta el día de hoy..." (fs. 61 vta.). Y asimismo
al aludir al lucro cesante expresamente aludió al incumplimiento de tales pagos,
poniéndolos luego en relación con otros daños relacionados con ello que la
llevaron a desprenderse de su vivienda y realizar gastos que redujeron
ostensiblemente su patrimonio (fs. 62).
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En consecuencia y como se destaca en el fallo en crisis, los demandados
civiles tuvieron la oportunidad y así lo hicieron de ejercer ampliamente el
derecho de defensa que les garantizaba el ordenamiento ritual y constitucional
vigente, orientando su actividad defensiva y la prueba ofrecida en orden a
contradecir la existencia y extensión de tales daños, tal como se destaca en el
tratamiento de la cuestión precedente.
Voto pues negativamente también en relación con esta cuestión.
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que
deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto,
expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por
lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
A LA QUINTA CUESTIÓN:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar los
recursos de casación deducidos. Con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.).
Así voto.
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La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:
La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que
deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto,
expidiéndome en igual sentido.
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por
lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.
En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala
Penal;
RESUELVE: Rechazar los recursos de casación interpuestos por el prevenido
Jorge Ricardo Quiroga con el patrocinio letrado de su defensor el Dr. Oscar
Marcelo Giménez y por el Dr. Alberto D. Garello, tanto en su carácter de
defensor del prevenido Gustavo Adolfo Luciani como en el de apoderado de la
demandada civil Stella Maris Guevara. Con costas (C.P.P., arts. 550/551).
Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se
dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras
Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí de
lo que doy fe.
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Dra. Aída TARDITTI
Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia
Dra. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI Dra. María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL
Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia
Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI
Secretario Penal del Tribunal Superior de Justicia
