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Primer Congreso Internacional Tribunal Constitucional en la Democracia Contempornea

Derechos y Libertades Fundamentales en el Estado Social y Democrtico de

Derecho: Visin Administracin Pblica y su relacin con los Administrados

sujetas a los principios que garantizan derechos y libertades de los

administrados.

Por la Dra. Rosala Sosa Prez

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Con la celebracin de este Primer Congreso Internacional Tribunal Constitucional en la

Democracia Contempornea, conmemoramos el primer ao de la puesta en funcionamiento de

la justicia constitucional, tal y como establece nuestra carta magna en su art. 184: Habr un

Tribunal Constitucional para garantizar la supremaca de la Constitucin, la defensa del orden

constitucional y de la proteccin de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e

irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes pblicos y todos los rganos

del Estado. Gozar de autonoma administrativa y presupuestaria. Es decir que el Tribunal

Constitucional dominicano no es slo el rgano supremo de interpretacin de la Constitucin,

sino que adems, es el rgano supremo de interpretacin de la ley sometida a control de

constitucionalidad.

Con este evento acreditamos el rol de la justicia constitucional y de la labor del juez

constitucional dominicano en la bsqueda de su propio papel al cual calificamos en estos

momentos en transicin hacia el juez de la democracia- el juez del ciudadano, en la salvaguarda

de los derechos y libertades fundamentales.

En la Repblica Dominicana, los derechos y libertades fundamentales siempre han sido temas

de discusin, constituyndose en una gran oportunidad del Tribunal Constitucional de hacer

1 Economista, Abogada. Especialista en Derecho Penal. Doctora en Sociedad Democrtica, Estado y Derecho.

Docente de las Ctedras Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Pblico de la Facultad de Ciencias Jurdicas y

Polticas de la Universidad Autnoma de Santo Domingo (UASD). Docente del Curso Virtual Derechos Humanos

auspiciado por Asmoz, Pas Vasco, Espaa. Docente del Cuarto Nivel tanto en Maestra como en Doctorado en la

UASD, Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra y en la Universidad de los Hidalgos, Morelia, Mxico.

Especialista en temas de reforma y modernizacin del sistema de justicia dominicano. Es Directora Ejecutiva de

Participacin Ciudadana.

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efectivos estos derechos y libertades, de alcanzar la legitimidad popular a travs de la defensa de

la Constitucin y de la aplicacin de la misma.

El Tribunal Constitucional, en su primer ao, tiene grandes retos: la transformacin del

ordenamiento dominicano, hacer que los abogados, jueces, fiscales, defensores pblicos,

docentes, ciudadanos y ciudadanos, consulten con asiduidad la Constitucin y la jurisprudencia

constitucional, que superemos la cultura de la legalidad y hagamos el trnsito hacia la cultura de

la constitucionalidad. La proteccin de los derechos fundamentales es una tarea de cada

segundo, cada minuto, cada hora, es tarea diaria de todos y todas en el territorio nacional y la

jurisdiccin constitucional debe y tiene que coronar esta tarea.

No podemos ser cautos de que en la construccin de esta democracia constitucional el Tribunal

Constitucional se enfrenta como afirma Luigi Ferrajoli a constantes manipulaciones por las

deformaciones de la representacin poltica2. Sin embargo, la batalla por la democracia implica

un desarrollo de la cultura constitucional, la cual contribuye a la plena realizacin del sistema

de garantas, al fortalecimiento de las instituciones, capaces de acortar la brecha entre el deber

ser constitucional y el efectivo ser de la democracia constitucional.

Dentro de este debate se desarrollan mltiples enfoques, mostrndonos que los derechos

fundamentales no son categoras estticas, sino realidades vivas en continua evolucin y

desarrollo, y en plena realizacin dinmica que demandan respuestas constitucionales, en la

medida en que sus titulares hacen efectivo el ejercicio y cumplimiento pleno de los mismos ante

las instancias administrativas y jurisdiccionales.

Luigi Ferrajoli afirma que derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que

corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados del status de personas, de

ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por

2 FERRAJOLI, Luigi. Poderes Salvajes. Crisis de la Democracia Constitucional. Editorial Trotta. Madrid, 2011,

p. 107.

3

una norma jurdica3. De igual manera, dentro de la categora de derechos fundamentales,

Pedro Cruz Villaln4 afirma que, los derechos fundamentales son todos los que integran la

carta magna. No obstante, no podemos obviar que dentro de ste mbito se configuran

distintos niveles de proteccin que determinan una mayor o menor grado de fundamentalidad.

Los derechos fundamentales se conciben como normas constitucionales que positivizan un

derecho, un derecho irrenunciable donde su titular solicita su tutela y del cual la administracin

estatal est en la obligacin de salvaguardar.

Los derechos fundamentales, o como les denomina Peter Haberle derechos humanos

fundamentales, son categoras jurdicas que disfrutan de rango constitucional, manifiestan

esferas subjetivas de poder atribuidas a sus titulares a travs de normas objetivas consagradas

en la Constitucin. Esta doble naturaleza jurdica (subjetiva y objetiva), revela derechos

exclusivamente como esferas subjetivas de individualidad en las que el Estado tiene lmites y no

debe intervenir, convirtindose en objetivos en su respeto, en su desarrollo y en su exigibilidad

dentro del marco del Estado social y democrtico de Derecho.

Robert Alexei identifica tres modalidades para conceptualizar derecho fundamental: el

concepto formal, el concepto sustancial y el concepto procedimental. El primero, esto es, el

concepto formal consiste cuando se designan como tales los contenidos en la Constitucin, o en

alguna parte de ella, los derechos que han sido catalogados como fundamentales por la ley

fundamental, o los derechos que son objeto de una proteccin especial de conformidad con la

carta magna5. El concepto sustancial de derecho fundamental tiene que incluir un criterio de

clasificacin ms complejo que la mera propiedad de ser mencionado, enumerado o garantizado

por la Constitucin6 y en este sentido lo vincula con el concepto de derechos humanos. O como

la doctrina los ubica derechos humanos positivizados. De esta deduccin, Alexei afirma que

los derechos fundamentales son derechos incorporados en la Constitucin con la intencin de

3 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantas. Editorial Trotta. Madrid, 2008, p. 37.

4 CRUZ V1LLALON, Pedro. Formacin y evolucin dc los Derechos Fundamentales. Revista Espaola de

Derecho Constitucional, Nm.25, 1989, p. 36-41. 5 ALEXEI, Robert. La Argumentacin y los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Polticos y

Constitucionales. Madrid, 2010, p. 30. 6 ALEXEI, Robert. La Argumentacin y los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Polticos y

Constitucionales. Madrid, 2010, p. 31.

4

positivizar los derechos humanos7. El concepto procedimental de derecho fundamental

establece que son derechos tan importantes que su proteccin no puede confiarse a las

mayoras parlamentarias de turno 8. Esta concepcin permite interpretar que el fundamento

iuspositivista de los derechos fundamentales surge por la desconfianza hacia el proceso

democrtico, por ello las normas ius fundamentalistas constituyen fundamento y lmite de la

democracia.

Los derechos fundamentales, segn la Corte de Constitucionalidad colombiana, son aquellos

que se encuentran reconocidos directa-indirectamente en el texto de la Constitucin como

derechos subjetivos de aplicacin inmediata, se trata de derechos de tal magnitud para el orden

constitucional que su vigencia no puede depender de decisiones polticas de los representantes de

las mayoras9. Esto implica la existencia de obligaciones prestacionales de respetar, proteger y

desarrollar frente a la potestad de su titular, as como garantas constitucionales de tutela frente a

las actuaciones de los que detentan el poder pblico, tanto de la obligacin negativa del Estado

de proteger sino tambin la obligacin positiva de contribuir a la realizacin efectiva de tales

derechos y libertades fundamentales.

El Tribunal Constitucional espaol afirma que los derechos fundamentales son derechos

subjetivos, derechos de los individuos no slo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido

estricto, sino en cuanto que garantizan un status jurdico o la libertad en un mbito de la

existencia. Pero al propio tiempo son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la

comunidad nacional, en cuanto sta se configura como marco de una convivencia humana justa y

pacfica, plasmada histricamente en el Estado de Derecho y, ms tarde en el Estado social y

democrtico de Derecho10

Identificamos en la doctrina y la jurisprudencia constitucional mltiples denominaciones y

conceptualizaciones, pero el trmino derechos fundamentales, afirma Gregorio Peces-Barba

7 ALEXEI, Robert. La Argumentacin y los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Polticos y

Constitucionales. Madrid, 2010, p. 32. 8 ALEXEI, Robert. La Argumentacin y los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Polticos y

Constitucionales. Madrid, 2010, p. 33. 9 Corte de Constitucionalidad de Colombia. Sentencia SU-225 de 1998.

10 PORTERO MOLINA, Jos Antonio. Constitucin y Jurisprudencia Constitucional. Sentencia STC 25/81 del

14 de julio de 1981.Tirant lo Blanch. Valencia, 2010. p. 69.

5

Martnez identifica al fenmeno de los derechos, y no debemos entrar a una discusin de una

terminologa confusa o lingstica, pues la expresin derechos fundamentales se refiere a dos

manifestaciones derechos humanos y derechos ciudadanos11, agrega Peter Haberle.

Los derechos fundamentales constituyen la base de la funcin esencial del Estado, en nuestro

caso del Estado social y democrtico de Derecho, producen un status jurdico-constitucional

unitario para todos y todas, son determinantes para la configuracin del orden democrtico y

establecen lmites al mismo. Constituyen, adems, un patrimonio comn de los ciudadanos y

ciudadanas, tanto individual como colectivo, constitutivos del ordenamiento jurdico cuya

vigencia concierne a todos por igual, a la vez que generan vnculos entre los gobernantes y los

gobernados, entre los individuos y el Estado, comportndose como fundamento de la unidad

poltica. Su doble naturaleza, subjetiva y objetiva, coadyuva para que el Estado este obligado

desde la Constitucin a su realizacin. Los derechos fundamentales constituyen la condicin

misma de la democracia y slo bajo la democracia son exigibles por sus titulares.

Lmites de los Derechos Fundamentales en el Ordenamiento Jurdico de la Repblica

Dominicana. El lenguaje de los derechos y libertades fundamentales parece que se est

empoderando en la vida de los hombres y mujeres de ste pas, y es el reto: lograr la

transformacin de todos y todas y del ordenamiento hacia una cultura constitucional. Esto trae

consigo un entendimiento claro de la metamorfosis del comportamiento de la administracin

frente a sus administrados, ya que en la prctica los derechos son aquellos que la administracin

les concede, los que ella dice que son, al margen de lo que establece nuestra carta magna y las

leyes adjetivas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dominicano sostiene que toda

vulneracin a los derechos fundamentales y a la Constitucin genera un dao social, frente el

cual el Tribunal puede contribuir12, y ese el reto de la justicia constitucional. Por ejemplo: el

4% para la educacin. En los momentos actuales no se presta el servicio adecuadamente, los

nios y nias no tienen acceso adecuado al derecho de la educacin, sin embargo, con la

provisin presupuestaria y la voluntad poltica existente, se produce escenario totalmente

diferente del artculo 63, esto es, el acceso efectivo del derecho fundamental a la educacin.

11

HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Instituto de Investigaciones UNAM. Mxico, 2003. P. 186. 12

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Expediente Javiel Nova Nova Vs. Consejo de la Polica

Nacional. Sentencia 0048 de fecha 8 de octubre del 2012.

6

Los derechos fundamentales no slo integran derechos subjetivos de las personas sino que

adems principios bsicos del orden constitucional que limitan al poder estatal, generando un

clima de convivencia que sea caldo de cultivo al libre desarrollo de la personalidad humana13

.

Los derechos fundamentales se integran en la Constitucin para hacerlos exigibles. Sin

embargo, tras ser mencionados, enumerados o garantizados en las normas constitucionales

recorren un largo camino de evolucin, desarrollo y asimilacin, donde los operadores jurdicos,

primero el legislador, segundo el Poder Judicial y por ltimo el Tribunal Constitucional,

configuran estas categoras. La sentencia del Tribunal Constitucional 012/12, es un ejemplo de

la necesaria aceptacin de la judicatura ordinaria, donde se reafirma lo establecido en el bloque

de constitucionalidad al sostener que las parejas o uniones de hecho estn reconocidos por la

Constitucin y no deben ser sujetas a discriminacin, siempre y cuando dichas uniones cumplan

con requisitos mnimos para su reconocimiento14. En este caso, existe un reconocimiento en la

Convencin Interamericana de Derechos Humanos, en la Constitucin de la Repblica

Dominicana, la Ley No. 14-94 del 22 de abril de 1994, la Ley No. 24-97 del 27 de enero de

1997, y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de fechas 15 y 17 de octubre del 2008 y

del 2001, respectivamente, las cuales reconocen las uniones de hecho o marital, dado el

carcter comn en los cimientos de la sociedad dominicana de este tipo de uniones15

En otras palabras, los derechos no se agotan con su inclusin en un texto jurdico, del desarrollo

legal y jurisprudencial del que es objeto, se lleva a cabo partiendo de que el Estado debe

procurar su realizacin efectiva. Por tanto, es importante la necesidad constitucional de articular

el ejercicio de los derechos fundamentales en su unidad mxima. No obstante, surgen los

conflictos entre los distintos bienes jurdicos, los cuales son inevitables. Esto es as, porque "la

unidad y funcionalidad del orden social no permite la existencia de expectativas absolutas ni

autnomas, y, como las fronteras que definen los derechos y libertades son imprecisas, los

conflictos resultan inevitables, pues se trata de bienes antagnicos, siendo todo ello consecuencia

13

Constitucin de la Repblica Dominicana. Art. 43. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su

personalidad, sin ms limitaciones que las impuestas por el orden juico y los derechos de los dems. 14

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Lauriana Villar Vs. Junta de Retiro de las Fuerzas

Armadas. Sentencia 012/12 de fecha 9 de mayo del 2012. 15

Poder Judicial. Sentencias de la Cmara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de fechas 15 y 17

de octubre del 2008 y del 2001.

7

de la naturaleza plural del orden social y de su dinamismo"16

. La idea de limitar el ejercicio de un

derecho cuando hay otro derecho con la expresin "tu derecho termina donde empieza el derecho

de los dems" no es factible ni operativa en la precisin del contenido de los derechos

fundamentales, ya que no evita que se generen conflictos en el goce y disfrute de los mismos.

Ejemplo: derecho de acceso a la informacin y el derecho a la intimida17

d de funcionarios y

empleados, el derecho del feto frente al derecho de la mujer embarazada de decidir sobre su

cuerpo o el libre desarrollo de la personalidad.

La Constitucin es un sistema portador de principios y valores para que las personas18

, titulares

de estos valores supremos y principios fundamentales, exijan el cumplimiento de la funcin

esencial del Estado, en particular el Estado dominicano al establecerse que la proteccin

efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtencin de los medios

que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco

de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden pblico, el bienestar general

y los derechos de todos y todas19.

16

CARMONA SALGADO, Concepcin. Libertad de Expresin e Informacin y sus Lmites, Edersa, Madrid,

1991, p. 66. 17

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Manuel Muoz Vs. Cmara de Diputados.

Sentencia 042/12 de fecha 21 de septiembre del 2012. 18

KANT, Emmanuel. Fundamentacin de la Metafsica de las Costumbres. Editorial Porra S.A., Mxico 1990,

pg. 44. el hombre, y en general todo ser racional, existe como un fin en s mismo, no slo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no slo las dirigidas a s mismo, sino las

dirigidas a los dems seres racionales, ser considerado al mismo tiempo como fin. Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en s mismo, enuncia este imperativo categrico: "obra de tal modo que uses la humanidad, tanto

en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como

un medio. RECASENS SICHES, Luis. Estudios de Filosofa del Derecho. UTEHA, Mxico 1946, Tomo I, pg. 353.

En este sentido dice que los seres racionales se llaman personas en tanto que constituyen un fin en s mismo, es decir, algo que no debe ser empleado como mero medio, algo que, por consiguiente, encierra albedro. La persona es

un ser enteramente diverso de las cosas, diverso por su rango y dignidad. Personalidad es "libertad e independencia

del mecanismo de toda la naturaleza". Conviene, pues, subrayar que en Kant el concepto de persona surge a la luz de

una idea tica. Esto es, la persona se define no atendiendo slo a la especial dimensin de su ser (v.gr., la

racionalidad, la indivisibilidad, la identidad, etc.), sino descubriendo en ella la proyeccin de otro mundo distinto al

de la realidad, subrayando que persona es aquel ente que tiene un fin propio qu cumplir por propia determinacin,

aquel que tiene su fin en s mismo, y que cabalmente por eso posee dignidad, a diferencia de todos los dems, de las

cosas, que tienen su fin fuera de s, que sirven como mero medio a fines ajenos y que, por tanto, tienen precio. Y ello

es as, porque la persona es el sujeto de la ley moral autnoma, que es lo nico que no tiene un valor solamente

relativo, o sea un precio, sino que tiene un valor en s misma y constituye as un autofn (...) 19

Constitucin de la Repblica Dominicana. Art. 8. Funcin Esencial del Estado.

8

En la Repblica Dominicana los derechos y libertades fundamentales tienen su sustento en el

prembulo al establecer que el Estado dominicano se rige por los valores supremos y principios

fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la

solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecolgico, el progreso y la

paz. Estos contenidos sustantivos no son compartimientos estancos, sino que por el

contrario, cada uno de ellos toma un valor en relacin con el otro, para sustentar y promover el

ordenamiento jurdico que propugna el Estado social y democrtico de derecho.

Tambin su fundamento est vinculado a la relacin soberana popular y funcin esencial del

Estado, cuando la Constitucin en el art. 2 establece que la soberana reside exclusivamente en

el pueblo, de quien emanan todos los poderes, y por otro lado afirma que su funcin esencial

es la proteccin efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, donde

deducimos que siendo el pueblo el soberano y de l dimana los poderes, el Estado debe estar al

servicio del pueblo (y no a la inversa), al servicio de los derechos de las personas. Los derechos

son anteriores al Estado y todas las manifestaciones y derivaciones de ste y no slo tiene que

cumplir con ste mandato sino hacerlo legtimo. Las personas, no importa su condicin, tienen

derechos y estos derechos tienen que ser garantizados sobre todas las cosas. Tal es la sentencia

del Tribunal Constitucional 018/12, donde el acceso de los Defensores Pblicos al recinto

penitenciario preventivo para comunicarse con los internos, requeran de una autorizacin

previa del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, ya que ste ltimo era de difcil

localizacin, lo que violaba el derecho de los detenidos a recibir asistencia legal inmediata20

. El

Tribunal Constitucional al analizar los hechos y argumentos jurdicos tanto del recurrente y del

recurrido as como las pruebas documentales, identific la carencia de un protocolo de

regulacin de entradas y salidas de defensores pblicos y abogados interesados en prestar

servicios profesionales a los detenidos, recomendando que todos los recintos de detencin

localizados en las Palacios de Justicia y en los establecimientos policiales cuenten con un

protocolo. O el caso de Manuel Varet Marte (Vaker), que le cortaron el pelo no obstante el

abogado interponer una accin constitucional de amparo preventivo, vulnerando su derecho al

20

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Defensores Pblicos Vs. Procurador Fiscal

Provincia Duarte. Sentencia 018/12 de fecha 13 de junio del 2012.

9

libre desarrollo21

de la personalidad as como no tomar en cuenta que su cabellera es parte de su

identidad de su imagen. Reiteramos las personas no son propiedad del Estado, es el Estado que

est al servicio de los derechos de las personas

De igual manera, estn previstos en el Ttulo II, Captulo I, as como en la clusula abierta o

clausula expansiva de reconocimiento e incorporacin de derechos, o derechos fundamentales

innominados del art. 74.I, de la Constitucin22

, as como otros derechos no positivizados que se

extraen del contenido constitucional, que se incorporan a travs de la jurisprudencia

constitucional como verdaderos derechos fundamentales. La jurisprudencia de los Tribunales

Constitucionales es un ejemplo indicador para reconocer un derecho y hacerlo exigible en base a

su contenido material, caractersticas y circunstancias del derecho en cuestin23.

De igual manera, el reconocimiento tcito de los componentes que integran el bloque del

constitucionalidad24

, vale decir, los valores, principios y reglas contenidos en la Constitucin y

en los tratados internacionales sobre derechos humanos conjuntamente con los derechos y

garantas fundamentales, constituyen un rico cuadro de contenidos y oportunidades para la

dogmatica y la jurisprudencia dominicana, de promover, exigir y hacer efectivos los derechos

fundamentales que debe garantizar el Estado social y democrtico de Derecho. En este sentido,

ha sido abundante el aporte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos

Humanos, particularmente queremos sealar que ese tribunal internacional de derechos humanos

ha tipificado los delitos contra las mujeres y ha manifestado que tanto la Convencin

Interamericana de Derechos Humanos, la Convencin de Beln do Para y la CEDAW,

constituyen el corpus juris internacional contra las agresiones contra las mujeres y a los jueces la

aplicacin jurdica del corpus juris internacional en materia de proteccin de la integridad

personal de las mujeres, de la cual forma parte la Convencin IDH25.

21

Corte de Constitucionalidad de Colombia. Sentencia T-516 de 1998 y Tribunal Constitucional alemn.

Sentencia 16 de enero de 1957. 22

Constitucin de la Repblica Dominicana. Art. 74.1: No tienen carcter limitativo y por consiguiente, no

excluyen otros derechos y garantas de igual naturaleza. 23

Corte de Constitucionalidad de Colombia. Sentencia SU-225 de 1998. 24

Ley Orgnica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Art.7.10. Principios

Rectores. Interdependencia. 25

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Gonzlez y otros Vs. Mxico, prr. 225. Sentencia del 16

de noviembre del 2009. P. 63.

10

Al legislador se le ha otorgado la facultad para regular los derechos fundamentales al establecer

en el art. 74. 2) que slo por ley, en los casos permitidos por la Constitucin, podr regularse el

ejercicio de los derechos y garantas fundamentales, respetando su contenido esencial y el

principio de razonabilidad26. En la prctica su aplicacin est limitada al criterio de la

interpretacin y aplicacin de las normas en el sentido ms favorable a la persona titular de los

derechos y garantas fundamentales.

Quien establece lmites en el contenido de los derechos es el legislador, pero la interpretacin,

desarrollo y evolucin est en manos del Tribunal Constitucional, quines en ambos supuestos

realizarn una interpretacin de la Constitucin, en su unidad, para conocer cmo en ella quedan

configurados los derechos fundamentales y dems bienes jurdicos protegidos. La delimitacin

del contenido del derecho fundamental reside en la Constitucin, ya expresado por el legislador

en la redaccin de la misma, ya lo hagan los aplicadores del derecho, pues, en este caso,

expresarn lo que en ella se recoge a lo largo de su articulado. En este sentido, lo que los

operadores jurdicos realizan, al interpretar la Constitucin, es un estudio de sus preceptos

materiales y, de una confrontacin de las normas, identificarn las caractersticas de los derechos

que les permitirn efectuar la delimitacin de sus contornos, esto es, donde empieza y dnde

acaba su contenido. Es decir, que existen lmites internos al propio goce y disfrute de esos

derechos fundamentales segn el orden constitucional para proteger otros bienes jurdicos

constitucionalmente tutelados. Es importante resaltar la sentencia TC/0013/12, donde el

Tribunal Constitucional sostiene que a pesar de que estamos en presencia de un asunto de mera

legalidad, este Tribunal Constitucional aprovecha para destacar que el presente caso surge de la

prctica en que incurren los partidos polticos de cambiar posiciones electivas o de despojar

candidaturas, que han sido el fruto de convenciones legtimas celebradas por estos, en violacin a

la transparencia y a su democracia interna27.

Pero adems, hay lmites materiales al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

Luis Lpez Guerra afirma que es necesario condiciones materiales previas28 para el goce y

26

Constitucin de la Repblica Dominicana. Art. 74. Principios de Reglamentacin e Interpretacin. 27

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Virgilio Castillo y Rafael Bez Vs. Junta Central

Electoral. Sentencia 013/12 de fecha 10 de mayo del 2012. 28

LOPEZ GUERRA, Luis. Introduccin al Derecho Constitucional. Tirant le Blanch. Valencia. 1994 p. 108.

11

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. No basta con el reconocimiento legal ni

con la existencia de un titular, es necesario que las personas cuenten con los medios necesarios

que garanticen un mnimo vital. Ejemplo: Es inconcebible disfrutar del derecho de la

inviolabilidad del domicilio cuando el sujeto titular del derecho no tiene casa o del derecho de

libertad personal cuando ese sujeto depende de otros para su subsistencia.

Pero tambin subyacen los lmites externos, particularmente del Derecho Internacional de los

Derechos Humanos en donde la garanta de los derechos por el Estado est sujeta por el control

de la convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que lo

decisivo es dilucidar si una determinada violacin a los derechos humanos reconocidos en la

Convencin ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder pblico o si ste ha actuado de

manera que la transgresin se haya cumplido en defecto de toda prevencin o impunemente. En

definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violacin a los derechos humanos resulta de la

inobservancia por parte de un Estado a sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que

le impone el artculo 1.1 de la Convencin29. Y a esto se le agrega que el Estado dominicano

est sujeto al control de la convencionalidad, porque al ratificar un tratado internacional como la

Convencin Americana, sus jueces tambin estn sometidos a ella, lo que les obliga a velar

porque el efecto til de la Convencin no se vea mermado o anulado por la aplicacin de leyes

contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los rganos del Poder Judicial (y

nosotros le agregamos, las Altas Cortes)30

, deben ejercer no slo un control de

constitucionalidad, sino tambin de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la

Convencin Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las

regulaciones procesales correspondientes. Esta funcin no debe quedar limitada exclusivamente

por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco

implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y

materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones31.

29

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velsquez Rodrguez. Sentencia de 29 de julio, 1988. Prr.

174. Caso Godnez Cruz. Sentencia de 20 de enero, 1989. Prr. 183. 30

Aclaracin y subrayado de la autora. 31

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs Per, 24 de

noviembre 2006. No. 158.

12

En el ao pasado, 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar en dos

sentencias que el Estado dominicano es responsable de violar los derechos humanos de las

personas en su territorio. En los casos Gonzlez Medina y Familiares, y la Masacre de

Guayubn, fue declarado responsable por no garantizar los derechos humanos establecidos en la

Convencin Interamericana de los Derechos Humanos. Si pasamos un balance sobre la respuesta

que ha dado el Estado dominicano en el respeto de los derechos humanos establecidos en la

CIDH, se encuentra bajo la supervisin de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el

cumplimiento ntegro de estas dos sentencias, as como la sentencia del caso Jean y Bosica y

dar por concluido dichos casos una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo

dispuesto en las mismas, lo cual constituye un reto para la actual administracin de que se

cumpla lo establecido en los tres casos conocidos por ese Tribunal de Derechos Humanos, as

como que no se continen las violaciones de derechos humanos por agentes encargados de

cumplir y hacer cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitucin y

la leyes.

Obligacin del Estado frente a sus Administrados: Los Derechos Fundamentales en serio.

Los derechos fundamentales constituyen el ncleo bsico de la Constitucin. Los derechos

fundamentales son la manifestacin jurdica de un sistema de valores que ha de orientar el

conjunto de la organizacin jurdica y poltica. Corresponde al Estado la obligacin positiva de

contribuir a la efectividad de dichos derechos y de los valores que representan, an cuando no

exista pretensin por parte del ciudadano. Los derechos fundamentales son irrenunciables y

deben gozar de mecanismos de proteccin: tutela judicial, accin constitucional de habeas data, o

de habeas corpus o de amparo, (ambos en sus diferentes modalidades), su judicialidad ya sea a

travs del control de la legalidad o de la constitucionalidad o de la convencionalidad.

La institucin del Defensor del Pueblo es otra frmula creada para la proteccin de los derechos

fundamentales. En la Repblica Dominicana, esta institucin se encuentra regulada por la Ley

19-01 de fecha 1 de febrero del 2001, que lo define como una autoridad independiente cuya

funcin es la de salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos y las

ciudadanas, plasmadas en nuestra Constitucin, en caso de que sean violadas por funcionarios de

la administracin pblica. En la Constitucin del 2010 se constitucionaliz dicha figura,

13

configurndolo como una instancia constitucional de defensa de los derechos frente a los poderes

pblicos. Hoy el Defensor del Pueblo cuenta con respaldo constitucional. Sin embargo, a pesar

de que el 1 de febrero del 2013, se cumple un ao ms de su promulgacin, esto es se cumplen

12 aos, podemos afirmar la frase se acata pero no se cumple, esto es, no contamos con esa

figura dentro del entramado estatal.

La naturaleza de los derechos fundamentales exige de los poderes pblicos respeto y efectiva

aplicacin, reconocimiento y garanta de respeto dentro de la aplicacin como derechos

directamente aplicables, autnticos derechos susceptibles de ser directamente alegables y

exigibles en cualquier instancia del Estado. Es tomar los derechos fundamentales en serio! Ese

es el reto. No est dems afirmar, lo que ha afirmado Norberto Bobbio frente a la grandiosidad

de las promesas, encontramos a menudo la hiriente realidad de cumplimientos miserables.

14

Bibliografa

ALEXEI, Robert. La Argumentacin y los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios

Polticos y Constitucionales. Madrid, 2010.

ALEXEI, Robert. Derecho y Razn Prctica. Centro de Estudios Polticos y Constitucionales.

Madrid, 2010.

ASENSI, SABATER, Jos. Constitucionalismo y Derecho Constitucional. Tirant le Blanc.

Valencia. 1996.

BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia.

Colombia. 2008.

CARMONA SALGADO, Concepcin. Libertad de Expresin e Informacin y sus Lmites,

Edersa, Madrid, 1991.

CRUZ V1LLALON, Pedro. Formacin y evolucin dc los Derechos Fundamentales. Revista

Espaola de Derecho Constitucional, Nm.25, 1989.

FERRAJOLI, Luigi. Poderes Salvajes. Crisis de la Democracia Constitucional. Editorial

Trotta. Madrid, 2011.

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantas. Editorial Trotta. Madrid, 2008.

HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Instituto de Investigaciones UNAM. Mxico,

2003.

HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Instituto de Investigaciones UNAM. Mxico,

2003.

KANT, Emmanuel. Fundamentacin de la Metafsica de las Costumbres. Editorial Porra

S.A., Mxico 1990.

LOPEZ GUERRA, Luis. Introduccin al Derecho Constitucional. Tirant le Blanch.

Valencia. 1994

PORTERO MOLINA, Jos Antonio. Constitucin y Jurisprudencia Constitucional. Tirant lo

Blanch. Valencia, 2010.

RECASENS SICHES, Luis. Estudios de Filosofa del Derecho. UTEHA, Mxico, Tomo I,

1946.

RODRGUEZ O., Pablo: Derechos Fundamentales. Editorial Juriscentro, San Jos, Costa

Rica. 2001.

15

Legislacin

Constitucin de la Repblica Dominicana.

Ley sobre El Defensor del Pueblo del 1 de febrero, 2001.

Jurisprudencia

Corte de Constitucionalidad de Colombia. Sentencia SU-225 de 1998.

Corte de Constitucionalidad de Colombia. Sentencia T-516 de 1998.

Tribunal Constitucional alemn. Sentencia 16 de enero de 1957.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velsquez Rodrguez. Sentencia de 29 de

julio, 1988. Prr. 174. Caso Godnez Cruz. Sentencia de 20 de enero, 1989. Prr. 183.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs Per,

24 de noviembre 2006. Prr. 158.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Gonzlez y otros Vs. Mxico, prr. 225.

Sentencia del 16 de noviembre del 2009. P. 63.

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Lauriana Villar Vs. Junta de Retiro

de las Fuerzas Armadas. Sentencia 012/12 de fecha 9 de mayo del 2012.

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Virgilio Castillo y Rafael Bez Vs.

Junta Central Electoral. Sentencia 013/12 de fecha 10 de mayo del 2012.

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Defensores Pblicos Vs. Procurador

Fiscal Provincia Duarte. Sentencia 018/12 de fecha 13 de junio del 2012.

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Caso Manuel Muoz Vs. Cmara de

Diputados. Sentencia 042/12 de fecha 21 de septiembre del 2012.

Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana. Expediente Javiel Nova Nova Vs. Consejo

de la Polica Nacional. Sentencia 048/12 de fecha 8 de octubre del 2012.

Poder Judicial. Sentencia de la Cmara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de

fecha 15 de octubre del 2008.

Poder Judicial. Sentencia de la Cmara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de

fecha 17 de octubre del 2001.