Xavier Sala i Martín¿Es la hora del adiós?

Traducción al español de “És l’hora dels adéus?”

Gracias a Rafel Marco i Molina, Marta Albertí Casas i Esther Roig por la corrección, y a Ignacio Lirio por la maquetación en PDF y EPUB.

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A mi padre, y a todos los catalanes a quienes les hubiera gustado vivir este momento

clave de nuestra historia

(*) Debido a la reiterada demanda de una versión en español de mi libro “És l’hora dels adéus?”, he de-cidido colgar esta traducción del mismo en mi blog.

Contenidos

Prefacio

INTRODUCCIÓNPadres complacientesLa búsqueda de la felicidad

PRIMERA PARTE: La Catalunya dentro de España

La crisis económica y la insolvencia de la GeneralitatLas balanzas fiscales¿Superávit comercial? Hecho expresamenteLa España radial“Capitalismo castizo”El “otro sendero”La Marca EspañaLa re-centralizaciónNo hay nada que hacer

SEGUNDA PARTE: La Catalunya independiente

El tamaño no importaUn país normalEl dividendo fiscal¿Un país endeudado?Las finanzas de la Generalitat¿Desde el primer día?Dentro de EuropaLa monedaLas pensionesLas infraestructurasAeropuertosTrenesCarreteras y AutopistasEnergíaSistema fiscalSistema judicialSistema económicoEducaciónCONCLUSIÓN: La hora del adiós

Prefacio

Montgomery, Alabama. 1 de diciembre de 1955. Son las 6 de la tarde y Rosa Parks, una chica negra, joven y frágil, vuelve a su casa después del trabajo. Está sentada en la primera fila de asientos asignados a los negros en el autobús. Tal como manda la ley del Estado, un distintivo de cartón que dice “Colored People” (“gente de color”) señala la separación de las zonas reservadas para blancos de la de los negros en los vehículos públicos. Como Rosa Parks está sentada en la primera fila de los negros, tiene el distintivo de cartón situado justo delante suyo. El autobús está lleno hasta los topes. De repente, llega a la parada del teatro Empire y suben tres hombres blancos. Al ver que no tienen lugar para sen-tarse, el chófer, James Blake, se levanta, retrasa el distintivo de cartón una fila y exige a los cuatro pasa-jeros que hasta entonces estaban sentados en la zona de los negros que cedan sus asientos a los blancos que acaban de subir. Tres hombres negros se levantan y, con la cabeza baja, se marchan. Pero Rosa Parks rehúsa hacerlo y le dice al chófer: “Yo estaba sentada en la zona de los negros y es usted quien ha cambiado la señal. No creo que tenga que ceder mi asiento”. Blake, irritado, le recuerda a grito limpio que la ley le da a él, el chófer, la autoridad de retrasar el distintivo de cartón si no hay suficiente espacio para los blancos y que ella tiene la obligación de obedecer: “Los Estados Unidos son una democracia y en democracia las leyes se tienen que cumplir”, exclama el hombre. Rosa Parks ignora las órdenes de un Blake enfurecido que, abalanzándose sobre la frágil mujer, intenta echarla del autobús. Pero la chica sigue firme en su postura rebelde y se niega a ceder su asiento. Finalmente, Blake llama a la policía. Unos minutos más tarde los agentes del FBI suben al autobús, esposan a la señorita Parks y la echan de manera violenta. Los demás pasajeros negros, atemorizados, callan y miran con impotencia la brutal humillación.

La cosa no acaba aquí porque todos los que han presenciado este episodio lo explican a amigos y conocidos y la noticia se extiende como la pólvora por todo el Estado de Alabama. Como todavía no ha llegado la era de Facebook y Twitter, la comunidad negra organiza una campaña de boicots y resistencia pacífica a través de las parroquias y las iglesias. Liderando el proceso, un pastor joven, carismático, de discurso fácil y seductor: se llama Martin Luther King Jr. El boicot inicial se transforma en un poderoso movimiento social de resistencia pacífica que se propaga por todo el país. El Movimiento por los Dere-chos Civiles organiza manifestaciones cada vez más masivas y los episodios de desobediencia civil como el que protagonizó Rosa Parks se reproducen entre la población de todas las razas. El proceso culmina 9 años más tarde, en 1964, cuando el Congreso norteamericano aprueba la Ley de Derechos Civiles, una ley que prohíbe cualquier tipo de discriminación racial en los Estados Unidos.

Desde la perspectiva del año 2014, es difícil entender qué pasaba en 1955 en los Estados Unidos, pero la realidad es que la Constitución de los Estados Unidos autorizaba la segregación de blancos y negros. Pero lo qué es más curioso no es que la discriminación racial fuera legal y constitucional. ¡Lo más chocante es que la mayor parte de ciudadanos de Alabama lo encontraba la cosa más normal del mundo! Fijaos que los hombres negros que se encontraban sentados en la misma fila que Rosa Parks se levantaron sin rechistar y se cambiaron a la zona de negros. ¡Lo hicieron porqué eso era lo más normal del mundo!

Afortunadamente las cosas han cambiado y hoy vemos la segregación que entonces era normal

como un fenómeno arcaico, indecente e inhumano. Lo que un día parecía normal, de repente dejó de serlo. Y todo porque una chica negra joven y frágil decidió quedarse sentada y defender, pacíficamente, lo que consideraba que era justo.

Hay otros fenómenos que ahora consideramos arcaicos e indecentes pero que eran considerados normales hasta hace poco. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho a voto, el impuesto sobre la renta era inconstitucional o las parejas no se podían divorciar hasta bien entrado el siglo XX. Hoy, todo eso nos parece increíble, pero hubo un tiempo en que era normal que las mujeres no votaran, era normal que los divorcios fueran ilegales y era normal que el impuesto sobre la renta fuera inconstitucional.

Os explico todo eso porque pienso que, cuando los analistas del futuro miren atrás y estudien nuestra historia, les costará entender otro fenómeno que hoy todo el mundo considera normal pero que, con el tiempo, será visto como anacrónico: la manera como decidimos poner las fronteras que dividen los países del planeta Tierra.

Imaginad que un extraterrestre interesado en las costumbres del planeta Tierra se presentara en vuestra casa y os preguntara cómo tomamos decisiones los seres humanos. Vosotros le explicaríais que, si bien es cierto que en algunos lugares hay dictadores que deciden lo que les sale de las narices, en la may-or parte de los países los ciudadanos escogen a sus gobernantes a través de los votos. También le diríais que los mismos ciudadanos escogen a los representantes que diseñan las leyes y las normas a través de los votos. Y que eligen a través de los votos a los dirigentes que gestionan el dinero que pagamos entre todos y deciden las políticas económicas y públicas que se implementan en cada país. Y si, al observar un mapa político del mundo, el visitante intergaláctico os preguntara: “Y las fronteras que separan los países de este mapa, también las escogéis a través del voto, ¿no?” Vosotros, avergonzados, tendríais que contestar: “¡No, eso todavía lo decidimos a bofetada limpia!”

Ante esta incongruencia, a buen seguro que el extraterrestre se volvería de color verde (suponien-do que este no fuera su color original) y exclamaría: “Si todas las decisiones importantes de la vida pública las tomáis a través de los votos, ¿cómo es que la de las fronteras todavía las decidís a través de las guerras y la violencia?”

La verdad es que esta situación es de auténtico esperpento, pero la triste realidad es que, hoy, en pleno siglo XXI, cuando un país consigue la independencia a través de una guerra, no tarda demasiado tiempo a ser reconocido por los demás países y a ser aceptado en todos los clubs internacionales, ya sean las Naciones Unidas o la Unión Europea. Pero si un país intenta conseguir la misma independencia a través de los votos, recibe todo tipo de amenazas de exclusión, boicot y expulsión de las instituciones internacionales. ¡Incluso hay ministros que los amenazan con el confinamiento extragaláctico y a “vagar por el espacio por los siglos de los siglos!”

Y esta es la situación en la que parece estar viviendo Catalunya. Millones de ciudadanos piden de-cidir si quieren ser un estado diferente de España y la respuesta que reciben es el escarnio, la prohibición y la amenaza de exclusión de todas las instituciones internacionales.

Una de las respuestas más repetidas por parte de las autoridades españolas es que la Constitución prohíbe votar. ¡Y yo me imagino la cara que pondría nuestro amigo extraterrestre cuando le intentarais explicar que el libro sagrado de la democracia prohíbe votar! Es más, los sabios españoles no se cansan de recordarnos, con insistencia socarrona, que “sólo hay una constitución en el mundo que permita referén-

dums de independencia: ¡la de Etiopía!”. Dejando a un lado que esta afirmación choca con la realidad (al fin y al cabo, todos sabemos que Canadá y el Reino Unido también han autorizado referéndums en Quebec y Escocia, respectivamente), lo que sí es cierto es que dibujar nuevas fronteras a través de los votos es un fenómeno excepcional. Sin embargo, en lugar de vanagloriarse y enorgullecerse de formar parte de un club tan anticuado, los líderes españoles tendrían que sentir vergüenza de estar contribuyendo a perpet-uar esta reliquia medieval.

La demanda de los catalanes parece extraña en un mundo que no está acostumbrado a dibujar fronteras con la fuerza de los votos. Pero habrá un día en que votar para decidir fronteras será normal. Y cuando lo sea, la gente mirará atrás y pensará que la situación del año 2014 era anacrónica e indecente. Tan anacrónica e indecente como la frontera que dividía los autobuses de Alabama y que el chófer James Blake cambió arbitrariamente y el día que Rosa Parks, una chica negra, joven y frágil, decidió no aceptar1.

1 El lector imparcial tendría que haber notado que no he hecho la analogía de Rosa Parks para sugerir que los ca-talanes viven esclavizados dentro de una España no democrática. La analogía era para haceros ver a todos que una cosa que parece normal en 1955 nos puede parecer incomprensiblemente primitiva solamente 50 años más tarde. Creo que es importante poner énfasis sobre este punto, porque sospecho que habrá gente que hará interpretaciones tendenciosas de la historia de Rosa Parks.

INTRODUCCIÓN

Padres complacientes

¿Recordáis los días felices en que vuestros hijos os hacían caso? ¿Que bonito era todo, ¿no? Aquel-los de vosotros que tengáis mi edad ya sabéis de qué hablo (y los que sois más jóvenes lo sabréis tarde o temprano): llega un día en la vida de todos los hijos y de todas las hijas en el cual deciden dejar de obedecer a sus padres. Deciden trabajar en algún trabajo que no gusta a sus progenitores. Se compran aquella moto “peligrosa” que vosotros siempre le habíais negado. O anuncian que se van a vivir con un chico que, desde el punto de vista de los padres, no les conviene.

Normalmente, la reacción de los padres es la que siempre les ha funcionado: “¡No lo puedes hacer, y punto!” La actitud de los padres es hasta cierto punto comprensible. Al fin y al cabo, hasta aquel mo-mento, la negativa siempre ha ido a misa y con ella siempre se ha acabado la discusión. Pero llega el día en que el hijo se rebota y dice que lo hará igualmente. Al principio, el padre, que es quien se piensa que tiene la autoridad máxima del hogar, pone cara de sorpresa ante la rebeldía pero insiste en la pro-hibición: “¡Mientras vivas en mi casa, harás lo que yo te diga!”, exclama el muy iluso.

“Pero, padre, me parece que no lo entiendes”, responde el hijo: “¡No te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que me marcho de casa! Y no tiene sentido que me digas que las normas de tu casa impiden que me vaya cuando, precisamente, te estoy diciendo que me marcho de tu casa y que, por lo tanto, a partir de ahora me regiré por las normas de otra casa!”

Cuando el padre ve que la prohibición no funciona, utiliza la estrategia de la amenaza: “Si te vas, no cuentes con que yo te dé dinero de ningún tipo. Y sin mi ayuda, no llegarás a final de mes, tendrás que vivir en un piso minúsculo e inhabitable y serás infeliz y miserable. ¡De hecho, llamaré a mis amigos y me encargaré que nadie te dé trabajo en nuestro pueblo!” El padre intenta que el miedo haga cambiar de opinión al hijo y que sea el propio chaval el que decida no marcharse. Piensa que, de esta forma, se ahorrará obligar al chico a quedarse a la fuerza.

Pero el joven ya tiene tomada la decisión y va hacia su habitación, hace su maleta y empieza a marchar. Y es entonces cuando, al ver que la marcha del hijo es inevitable, al padre le entra el pánico y cambia su actitud de manera radical: “Bien... ¡Hablemos! Si necesitas dinero dímelo: no quiero que pases ham-bre o que vivas en condiciones de precariedad. Ah, y siempre serás bienvenido a comer los domingos. ¡Ya sabes que hacemos la paella que tanto te gusta!”, exclama en un intento de minimizar las pérdidas para su hijo y para los propios padres.

Este cambio de actitud por parte del padre refleja un fenómeno muy estudiado en la teoría de los juegos: la inconsistencia temporal. Fijaos en que la estrategia del padre es totalmente inconsistente: primero, le niega el derecho a marcharse y le amenaza con todo tipo de catástrofes porque, en este primer estadio del juego, el objetivo del padre es que al chico le entre tanto miedo que él mismo decida no marcharse.

Pero una vez ve que la decisión de su hijo es irreversible, lo mejor que puede hacer el padre es cambiar la estrategia e intentar ayudar al propio hijo. Al fin y al cabo, si no le ayuda, el hijo romperá relaciones con la familia y quienes saldrán más perjudicados serán los padres, que no verán a sus hijos ni siquiera para tomar la paella de los domingos.

La mejor estrategia del padre, pues, es “inconsistente en el tiempo”: lo que es óptimo antes de que la decisión del chico sea irreversible, deja de ser óptimo una vez es irreversible.

Todo eso lo explico porque el proceso catalán, de hecho, se parece bastante a la decisión de eman-cipación del hijo: las estrategias del Gobierno español (y también de las autoridades europeas) también son “inconsistentes en el tiempo”: en un primer momento, los españoles han dicho que votar está pro-hibido: “es inconstitucional”, repiten. Este es el mismo argumento que utiliza el padre de familia cuando dice que “mientras vivas en mi casa, harás lo que yo te diga”. Ya hemos visto que el hijo no se deja im-presionar por este tipo de razonamiento (“si precisamente lo que te estoy diciendo es que me marcho a otra casa y, por lo tanto, las normas de tu casa no me importan”). Es decir, del mismo modo que la Constitución de los Estados Unidos no tiene ningún tipo de vigencia en Alemania, la Constitución es-pañola no tendrá ningún tipo de vigencia en una Catalunya independiente. Conseguir la independencia quiere decir, precisamente, que la Constitución española dejará de tener vigencia y, por lo tanto, lo que diga la Constitución española sobre la legalidad de Catalunya es… digamos… ¡irrelevante! Es más, el argumento de que “el libro grande de la democracia prohíbe votar” da risa. Y tarde o temprano se darán cuenta de que da risa.

Al mismo tiempo que dicen que la independencia es imposible, los españoles intentan generar mie-do entre los catalanes con el objetivo que sean los mismos catalanes los se hagan atrás y decidan no votar2.

En este sentido, amenazan con todo tipo de catástrofes y plagas imaginarias: que si nuestra economía estará arruinada, que si nos quedaremos fuera de Europa “durante tres generaciones”, que si nuestros abuelos no cobrarán las pensiones, que si los boicots comerciales nos empobrecerán hasta niveles africa-nos, que si nuestros bancos irán a la quiebra, o que si nuestra deuda será tan grande que no la podremos pagar nunca. Fijaos en que si la estrategia del miedo funciona y nosotros mismos decidimos no votar, ellos conseguirán su objetivo de que Catalunya se quede dentro de España, sin utilizar la fuerza o la coacción.

Ahora bien, una vez vean que ya no hay marcha atrás y que los catalanes quieren lar-garse sí o sí, su estrategia cambiará y se sentarán en la mesa para negociar una separación amisto-sa. Al fin y al cabo, ellos saben que, con una separación no pactada, todo el mundo saldrá perdien-do: una separación no pactada quizás dejaría Catalunya fuera de la Unión Europea, pero quien saldría peor parado de esta situación serían los propios españoles, ya que para exportar sus mercan-cías a Europa tendrían que pasar por Catalunya y, por lo tanto, tendrían que atravesar dos fron-teras: ¡la de entrada a Catalunya y la de entrada a Francia! Además, los catalanes podríamos poner una regulación que fuera limpiamente perjudicial a los transportistas españoles (como prohibir que los camiones de tomates circularan por las autopistas, obligándolos a circular por la Nacional II)3.

Una separación no pactada haría que España tuviera que hacer frente a TODA la deuda pública

2 Dejaré de lado el hecho de que esta posición es profundamente incoherente: si la independencia es imposible, ¿por qué caray el ministro Margallo se dedica a financiar y divulgar estudios sobre los desastres económicos que comportaría una Catalunya independiente? ¡Es como si un biólogo intentara estudiar cómo sería el animal que resultaría de cruzar un oso y una hormiga, una vez se ha demostrado que las especies con ADN tan diferente como el oso y la hormiga no se pue-den cruzar!. Por cierto, tal como sugería el chiste del Eugenio, el cruce entre un oso y una hormiga… ¡no es un oso hormi-guero!3 Sí, yi! ¡Ya sé que eso violaría la normativa europea, pero si estuviéramos fuera de Europa “durante tres generacio-nes”, ¡la normativa europea no tendría efectos en Catalunya!

que, ahora mismo, tiene suscrita el Reino de España (los países que divagan por el hiperespacio por los siglos de los siglos no tienen que asumir una parte de la deuda de sus estados vecinos). Eso supondría una deuda de cerca del 123 % del PIB, una cifra que le pondría en el umbral de la quiebra y la insol-vencia. Eso pondría en peligro el sistema bancario español, que es quien más deuda pública tiene en sus balances. La insolvencia del Estado, pues, podría comportar una quiebra masiva de bancos españoles y una nueva gran recesión con necesidades de rescates por parte de la Unión Europea. Para evitar toda esta tragedia, lo mejor que pueden hacer los españoles es sentarse a negociar una separación amistosa. Igual que el padre que, al final, intenta que el niño vaya a casa a tomar la paella de los domingos.

Es decir, teniendo en cuenta que si se hacen efectivas todas las amenazas los más perjudicados serán los propios españoles, una vez vean que el proceso es irreversible, tendrán todos los incentivos para cambiar de estrategia y negociarán para minimizar los daños. Ahora bien, que quede claro que este cambio de estrategia no se producirá hasta que no vean que la independencia es inevitable. Hasta entonces, seguirán las amenazas y las actitudes ominosas de determinados ministros. Lo que debemos tener claro los catalanes, sin embargo, es que todo eso no es nada más que un gigantesco farol. El mismo farol que se marca el padre iluso que cree que todavía tiene poder sobre su hijo pero que, en realidad, sabe que a la hora de la verdad cederá ante las demandas de éste.

La estrategia de la Unión Europea también es inconsistente en el tiempo. Desde el punto de vista de la UE, lo mejor que podría pasar es que las demandas de Catalunya desaparecieran mágicamente y que los catalanes siguieran formando parte de España. Al fin y al cabo, Catalunya es una de las regiones más ricas, dinámicas y emprendedoras del Estado. Es una de las comunidades que más contribuyen a la fis-calidad española, hasta tal punto que, sin el dinero catalán, España podría ser financieramente inviable4.

Y si España no fuera viable financieramente, seguramente Europa tendría que poner dinero para res-catarla para evitar que volvieran los miedos de desintegración del euro. Es más, Europa teme que el pro-ceso catalán tenga imitadores en otras regiones de otros países europeos como Bélgica, Italia, Francia. Por lo tanto, a Europa no le interesa que Catalunya se marche de España. Y como la Unión Europea se fundamenta sobre los principios de la democracia, lo que preferiría es que fueran los propios catalanes quienes retrocedieran. Así no tendrían que pronunciarse en caso de que España utilizara algún tipo de fuerza. Por eso, en un primer estadio, la estrategia de la Unión Europea es la de no definirse ante las proclamas de los ministros españoles de que Catalunya quedaría fuera de la Unión: “el tema catalán es un asunto interno de España”, repiten como loros casi todos los políticos europeos aprovechando que los tratados de la UE no se pronuncian claramente sobre el tema.

Esta es la estrategia óptima ahora. Pero la estrategia óptima una vez el proceso de independencia catalán sea percibido como irreversible será bien distinto: una vez esté claro que Catalunya se marcha, lo mejor que podrá hacer Europa será minimizar el daño que pueda comportar esta separación. Y eso pasa por permitir que Catalunya siga teniendo los mismos derechos y privilegios que tiene ahora. Es decir, como mínimo, Europa querrá que los ciudadanos y las empresas situadas en Catalunya disfruten de lib-ertad de circulación de personas, capitales y mercancías. Si Catalunya quedara fuera de la UE, así como

4 El presidente de la Ccomunidad de Extremadura y militante del Partido Popular, José Antonio Monago, ha recono-cido que, sin la contribución de 16.000 millones anuales que llega desde Catalunya, el sistema de financiación autonómica no sería viable y que Extremadura tendría que devolver competencias porque no las podría financiar. http://www.elmundo.es/espana/2014/05/14/5373577ee2704e6c388b4572.html

las empresas que operan en su territorio, todas las multinacionales alemanas que están en Catalunya (las petroquímicas de Tarragona o la SEAT, por ejemplo) de repente tendrían que pagar aranceles para vender sus productos a Europa. Los primeros interesados en que Catalunya siga disfrutando del libre movimiento de mercancías, pues, serán los empresarios europeos y los líderes políticos de los países de origen de estos empresarios.

Los segundos interesados en evitar una separación no acordada serán los bancos europeos, que tienen deuda soberana española. Ya he explicado que si la separación no fuera amistosa, España tendría que asumir la totalidad de su deuda y lo tendría que hacer sin los recursos fiscales que ahora le llegan de Catalunya. Probablemente eso significaría que el Estado español iría a la quiebra y, por lo tanto, los bancos acreedores dejarían de cobrar. Algunos de estos bancos son franceses y alemanes. Por consigui-ente, unos y otros estarían muy interesados en que Catalunya asumiera una parte de la deuda española, y ello sólo ocurriría si la separación fuera amistosa.

Los terceros interesados en que la separación fuera amistosa serían los contribuyentes alemanes y de los demás países ricos de Europa. ¿Por qué? Pues porque una posible quiebra del Estado español comportaría graves tensiones en el sistema financiero español (que es quien más deuda soberana españo-la tiene en sus balances). Estas tensiones se añadirían a los problemas de fragilidad que están experi-mentando los bancos españoles, los cuales ya tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea en 2012. Una nueva catástrofe financiera en España volvería a despertar los miedos de colapso del euro que ya planearon sobre Europa en 2012. Los contribuyentes del centro de Europa, cansados de gastar dinero para pagar rescates de países de la periferia, no querrán volver a pagar la factura, por lo cual solicitarán una separación amistosa entre Catalunya y España.

Y, finalmente, a la Europa democrática no le interesará sacar los derechos de ciudadanía a siete millones y medio ciudadanos que ahora mismo son ciudadanos europeos con pasaportes europeos. Eso les haría quedar mal ante el mundo... y ante los propios europeos. Eso es lo que le expliqué al presiden-te de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, en una sesión que tuvo lugar el pasado día 23 de enero de 2014 en el Fórum Económico Mundial de Davos. Como presidente de la UE, Durao Barroso pronunció un discurso muy optimista en el cual destacó los valores de la democracia y la libertad en Europa. También señaló el grandioso éxito que ha representado la constante expansión de UE: “Hace un año todo el mundo pensaba que Europa sería más pequeña porque habría países como Grecia que saldrían de ella y en cambio es más grande, porque han entrado países como Croacia y, otros, como Serbia, están a punto de hacerlo”, afirmó.

Después de Durao Barroso me tocó hablar a mí. Yo sabía que Durao Barroso era uno de los pocos dirigentes europeos que había afirmado que, si Catalunya votara a favor de la independencia de España, automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea y eso me pareció inconsistente con su discurso sobre el éxito que representaba la incorporación de Serbia y Croacia. Le dije: “Sr. Durao Barroso, aplaudo y comparto su discurso sobre las bondades de la democracia en Europa y entiendo que saque músculo por el exitoso proceso de ampliación a países como Croacia y Serbia. Es muy importante que Europa sea cada vez mayor, tenga cada vez más ciudadanos y sea cada día más democrática. Pero hay una cosa que no entiendo. Croacia y Serbia han conseguido la independencia a través de guerras sangrientas, con abundantes crímenes contra la humanidad que están siendo juzgados por el Tribunal de La Haya. Como usted sabe (porque nos conocemos), aunque yo esté

en la delegación norteamericana, soy originario de Barcelona. Le menciono este detalle porque mis compatriotas catalanes están pidiendo un referéndum que les permita decidir si quieren seguir en España o prefieren ir por otro camino. En medio de este proceso usted, señor Barroso, ha dicho que si los catalanes votan a favor de la independen-cia, automáticamente quedarán fuera de Europa. Yo no tengo nada contra los ciudadanos de los Balcanes, pero le pregunto: ¿De verdad que la Europa democrática de la que usted se siente tan orgulloso es una Europa que celebra la incorporación de países que consiguen la independencia a través de cruentas guerras pero que amenaza con la expulsión a quien busca lo mismo a través de los votos?” . El público aplaudió.

Aunque no estaba prevista su réplica, Durao Barroso se levantó rápidamente y, muy amablemente, me contestó: “Estimado Xavier, tú sabes que yo amo Catalunya y a los catalanes. Y creo que los catalanes tam-bién lo saben. Lo único que yo he dicho es que la UE es una unión de estados y quien forma parte de los tratados es el Estado español por lo que, si Catalunya pasara a ser un estado diferente de España, no podría formar parte automáticamente de la UE.”

La moderadora me concedió el derecho a réplica y me devolvió el micrófono: “Señor Presidente, es verdad que la UE es una unión de estados pero los tratados no están escritos en piedra. Es más, detrás de estos estados hay personas. Y usted está amenazando con la expulsión a 7 millones y medio de ciudadanos europeos, que ya tienen un pasaporte grana donde, en la tapa delantera, están escritas las palabras Unión Europea. Cuando estos ciudadanos le pregunten a usted “¿Por qué me sacan la ciudadanía europea y la dan a serbios y croatas?”, usted les tendrá que responder: “Es que vosotros tuvisteis la osadía de votar y eso los tratados europeos no lo toleran!” Y cuando lo haga, ¿Cómo cree que el resto del mundo valorará los valores democráticos de la nueva Europa, de la cual usted se siente tan orgulloso? ¿Es esta la Europa que están ustedes haciendo renacer? Porque si lo es, el primero que no quiere ser europeo soy yo”. El público guardó un incómodo silencio hasta que la moderadora dio paso al siguiente ponente.

Yo estoy convencido de que a los europeos les costaría justificar la expulsión de Catalunya de la Unión Europea, hasta tal punto que, una vez vean que el proceso es irreversible, intentarán encontrar la manera de que no sea excluida de Europa. En este sentido, hay que recordar que Catalunya ya está aplicando la legislación comunitaria y que esta es la principal dificultad en los procesos de admisión. Es decir, los procesos de admisión a la UE tardan años porque la UE debe asegurarse de que el país candi-dato cumple toda la legislación y los requerimientos institucionales comunitarios. ¡En el caso de Cata-lunya, sin embargo, no habría que comprobar demasiada cosa porque ya forma parte de la comunidad y, en consecuencia, ya cumple todos los requisitos! Por lo tanto, si fuera cierto que los tratados no prevén la integración automática de un país formado a través de una “ampliación interna”, sería relativamente fácil encontrar el modo de hacer un proceso de integración expreso por la vía rápida. De hecho, la vía podría ser tan rápida que podría empezar el mismo día que los catalanes voten sí en un referéndum (su-poniendo que votan y suponiendo que el resultado es que gana el sí) y podría acabar unos 18-24 meses más tarde, que es el tiempo que se estima que se tardaría a hacer su declaración de independencia.

La incorporación de Catalunya a Europa es una cuestión de voluntad política. No es ni técnica, ni legal. Es cierto que los tratados de la Unión no contemplan la posibilidad de una ampliación interna como la que buscan Catalunya o Escocia. Pero también es cierto que los tratados tampoco contempla-ban la posibilidad de que un país como Alemania Occidental anexionara otro país como Alemania Ori-ental. En principio el país que había sido admitido a la UE era Alemania Occidental. Y como la nueva

Alemania unida no era exactamente igual que el país que formaba parte de la Unión, Europa entró en un proceso que sus fundadores no habían previsto. Se hubiera podido pedir que el nuevo país debería ser aprobado y aceptado por los demás países miembros y se hubiera podido exigir que la aceptación con-tara con la unanimidad de los votos. Pero al final la voluntad política permitió que la Alemania Oriental entrara a formar parte de la UE de manera inmediata y sin el largo proceso de ingreso que han tenido que sufrir los demás países candidatos. Los intereses y el pragmatismo europeo acabaron ganando... una vez más.

Resumiendo, aunque, hoy por hoy, la estrategia óptima de los españoles es la de proferir amenazas y anunciar todo tipo de plagas bíblicas si los catalanes se marchan de España, y aunque, hoy por hoy, la estrategia óptima de los europeos es callar y dar a entender que la permanencia de Catalunya en Europa no es automática, unos y otros cambiarán su discurso cuando se den cuenta de que el proceso es irrevers-ible. Y cuando pase, unos y otros intentarán minimizar los daños económicos, sociales y reputacionales para todas las partes. Eso significa que, al final, España aceptará que Catalunya forme parte de las insti-tuciones europeas que seguirán garantizando la libre circulación de mercancías, capitales y personas con todos los países de Europa y que su moneda seguirá siendo el euro. A cambio, Catalunya asumirá una parte de la deuda pública, que fluctuará entre el 16 % (porcentaje de la población catalana al total de España) y el 18,4 % (porcentaje del PIB). La manera exacta cómo Catalunya formará parte de Europa y la parte exacta de la deuda española que asumirá Catalunya dependerá de las negociaciones que se pro-duzcan una vez todo el mundo vea que el proceso no tiene camino de retorno. Hasta entonces, seguirán las amenazas españolas y la inhibición europea.

El trabajo de los ciudadanos de Catalunya que quieren la independencia es, pues, conseguir que tanta España como Europa vean que el proceso es inevitable.

La búsqueda de la felicidad

La declaración de independencia de los Estados Unidos, uno de los documentos que más han con-tribuido al asentamiento de la democracia en el planeta Tierra, empieza diciendo que cuando un país se declara independiente tiene que explicar al mundo por qué lo hace. La justificación empieza con la famosa frase: “Sostenemos como evidentes por sí mismas las siguientes verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está el derecho a la Vida, a la Libertad y a buscar la Felicidad.” Es decir, según los redactores de la declaración, es evidente que el hombre tiene tres derechos inalienables: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a bus-car de la felicidad. ¡La busca de la felicidad!

Para garantizar este derecho de buscar la felicidad, los hombres nos dotamos de unas estructur-as de estado y unos gobiernos a quienes damos unos poderes para que nos gobiernen. La declaración explica que la prudencia, claro está, aconseja que estas estructuras “no se cambien por motivos leves o transitorios”. Y entonces dice: “Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones demuestra el designio de someter el pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar este gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.”

Es decir, la declaración de independencia de los Estados Unidos dice que, cuando las estructuras de estado y los gobiernos actuales cometen una larga serie “de abusos y usurpaciones” que impiden a los ciudadanos conseguir su derecho en busca de la felicidad, no solo tienen estos ciudadanos el derecho sino que tienen la obligación de cambiar las cosas. Y es así como los “padres de la patria” (así es como son conocidos los firmantes de la declaración de independencia) argumentan la necesidad de declararse independientes de Inglaterra.

Los ciudadanos de Catalunya que ahora se preguntan si es deseable seguir formando parte de Es-paña o bien marcharse y empezar un nuevo camino, tal como hicieron los Estados Unidos en 1776, ten-drán que encontrar la respuesta, cada uno de ellos, comparando la felicidad que les comporta marcharse con la que les comporta quedarse. Muchos de los aspectos que determinan la felicidad de las personas son económicos. De hecho, la mayor parte de los agravios que los padres de la patria norteamericana ponen en la lista de la declaración de independencia son de tipo económico (¡y entre estos destacan los agravios de tipo fiscal!). La felicidad depende en parte de la capacidad de los ciudadanos de ganarse la vida, de tener una sanidad moderna y asequible, una escolarización que garantice la igualdad de opor-tunidades. Y todo eso cuesta dinero. Pero la felicidad también depende de aspectos no estrictamente monetarios o económicos. Depende de la libertad de poder expresarse en la lengua propia (aunque sea una lengua minoritaria), depende de los vínculos sentimentales o de las relaciones familiares. Es decir, es perfectamente razonable que haya gente que quiera seguir formando parte de España porque se si-ente española, o porque sus orígenes son castellanos o andaluces, o porque su familia todavía vive en Extremadura y romper los vínculos con España le comportaría un grado de infelicidad que no están dispuestos a aceptar. Del mismo modo, sin embargo, no hay nada irracional en la gente que quiere la independencia de Catalunya simplemente porque no se siente española, porque quiere que sus hijos estén educados en catalán, sin que ni los ministros o los tribunales españoles lo impidan o simplemente

porque cree que sería más feliz con un pasaporte catalán.Por lo tanto, a la hora de pensar sobre si queremos la independencia o no, cada uno de nosotros

tendremos que poner sobre la mesa tanto los factores monetarios como los psicológicos o sentimentales. Pero tanto si uno valora más los aspectos económicos como si da más peso a los no económicos, lo que hay que hacer es comparar qué pasaría si Catalunya se marcha con lo que pasaría si se queda. Una de las cosas más básicas que los profesores de economía enseñamos a nuestros estudiantes es que el mejor modo de tomar decisiones es comparar los costes y los beneficios que nos generan las diferentes alterna-tivas y escoger la que nos genera “más felicidad”. No es suficiente demostrar que los costes de la alter-nativa A son muy elevados o son muy pequeños. Hay que compararlos con los costes de la alternativa B.

Así pues, cuando evaluemos los argumentos a favor y en contra de una posible independencia de Catalunya, no tenemos que hacer caso de quien diga cosas como: “Marcharse de España comportaría costes económicos para los catalanes”. En todo caso, habría que mirar si “los costes económicos de marcharse de España son superiores a los costes económicos de quedarse”. Sólo en este caso valdría la pena seguir formando parte del Estado español.

A lo largo del libro que estáis leyendo intentaré comparar los costes y los beneficios económicos de una hipotética Catalunya independiente con los costes y beneficios económicos de una hipotética permanencia en España. De los costes sentimentales que la unión o la separación tienen para cada uno de vosotros, yo no os puedo hablar. Es una cosa personal de cada uno. Lo que sí haré será hablar de los argumentos económicos. Una vez vistos y analizados, vosotros los podéis unir a vuestros sentimientos y a vuestras valoraciones no económicas y estaréis en posición de decidir, con libertad, cuál de las dos alternativas os da más garantías para conseguir vuestra propia felicidad.

PRIMERA PARTE La Catalunya dentro de España

La crisis económica y la insolvencia de la Generalitat

Insatisfacción. Este podría ser el calificativo que describe el sentimiento de una buena parte de los ciudadanos de Catalunya con la situación actual. No hay que decir que la reciente crisis económica ha contribuido a crear este clima. Catalunya tenía un PIB per cápita de 27.620 euros en 2008 (eso signifi-ca, más o menos, que cada catalán producía, por término medio, bienes y servicios por valor de 27.620 euros y que, por lo tanto, sus ingresos se aproximaban bastante a esta cantidad). Esta renta había ido aumentando a ritmos estratosféricos de entre el 4.5 % y el 8 % desde que Europa creó el euro en 1999. Eran los años buenos de la burbuja inmobiliaria, años de prosperidad que hacían que la riqueza de los catalanes, por término medio, fuera aumentando. Pero la prosperidad, aunque era real (la gente gana-ba mucho dinero y había mucho empleo), no era sostenible en el sentido de que todo dependía de que un sector inmobiliario sobredimensionado (la construcción llegó a representar el 15 % de la actividad económica y el 15 % del empleo) siguiera creciendo, y el crecimiento de este sector dependía de que el precio de la vivienda siguiera subiendo. La economía catalana, como la española, vivía en una burbuja que generaba una riqueza que, tarde o temprano, tenía que acabar. Porque, tal como ha pasado en todas las burbujas de la historia, había de llegar un día en que los precios de la vivienda dejaran de aumentar. En este momento, los especuladores dejarían de comprar, las inmobiliarias dejarían de vender, las con-structoras dejarían de construir, los bancos dejarían de prestar y la economía dejaría de crecer. Y así fue: en el año 2008, las economías catalana y española ya mostraba señales de desaceleración (un patético crecimiento nulo en 2008 tenía que haber hecho sonar las alarmas), pero los dirigentes políticos se nega-ban a creer que una crisis económica estaba llamando a la puerta: “no se trata de una crisis sino de una leve desaceleración”, insistía el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El porrazo fuerte llegó en 2009, cuando el PIB cayó cerca de un 4 %. Después de aquella bajada, no llegó la recuperación ni en 2010 ni en 2011, cuando el crecimiento fue casi nulo. En lugar de salir del agujero, el 2012 trajo un pánico financiero, un rescate bancario y una caída de cerca de un 1 %. La cosa se estancó en el año 2013 y parece que repunta en el año 2014. El resultado de toda esta crisis es que los ciudadanos son más pobres ahora que en 2008. La renta per cápita a finales de 2013 ya no era de 27.620 sino de solo 26.666 euros.

Gráfico 1: PIB per cápita catalánEsta caída de la renta por persona puede parecer poca cosa. Pero ha tenido consecuencias devas-

tadoras para muchos ciudadanos. La peor de ellas es que muchos trabajadores han perdido su empleo. Decenas de miles de empresas se ven obligadas a cerrar las puertas y centenares de miles de trabajadores se quedan sin trabajo. A finales de 2007, la tasa de paro en Catalunya era del 6,5 %. A principios de 2014 es del 22.1 %. Este aumento catastrófico fue acompañado de un importante flujo migratorio: muchos extranjeros que vivían en Catalunya volvieron a su casa y muchos catalanes decidieron buscarse la vida en otros lugares. Entre 2007 y 2014, Catalunya perdió cerca de 660.000 puestos de trabajo. Entre los más perjudicados por esta situación están los jóvenes. La tasa de paro entre los menores de 25 años es ahora del 46,3 %... ¡y la de los menores de 19 años llega al 65.3 %!

Una segunda consecuencia de la crisis económica es que las finanzas de la Generalitat se desbo-caron. Como pasa en todos los países, las crisis siempre comportan un aumento automático del déficit. La razón es que, con la caída de la renta y la actividad económica, siempre hay un aumento de los gastos y una caída masiva de los ingresos del sector público: si hay menos renta, hay menos cotización por el impuesto sobre la renta. Si hay menos beneficios empresariales hay menos cotizaciones por el impues-to de sociedades, que es, al fin y al cabo, un impuesto sobre los beneficios. Si hay menos compras hay menos cotizaciones por IVA. Para financiar este déficit, la Generalitat se tuvo que endeudar como nun-ca había tenido que hacer antes. El Gráfico 2 muestra la evolución de la deuda de la Generalitat desde 1997, cuando la deuda representaba, más o menos, el 10 % del PIB. Durante los mandatos de Jordi Pujol, la deuda catalana bajó en relación con el PIB. En términos absolutos, la deuda aumentaba, pero el crecimiento del PIB era superior al crecimiento de la deuda de modo que, proporcionalmente, la deuda en relación con el PIB era cada vez más pequeña. Cuando Pujol dejó el gobierno, la Generalitat debía 10.918 millones de euros. Al principio de la época Maragall y durante los primeros años de Montilla, la deuda se duplicó y llegó a 20.825 millones de euros (el 10 % del PIB) a finales de 2008. Seguramente se

podría criticar a los gobiernos catalanes de aquella época, porque, cuando es época de vacas gordas, es recomendable que los sectores públicos mantengan superávits y ahorren para cuando vengan las vacas flacas. Mirando atrás, tenemos que decir que los sucesivos gobiernos de la Generalitat no sólo no ahor-raron sino que se endeudaron en exceso. Y seguramente se pueden encontrar dispendios relacionados con obra pública que se hubieran podido ahorrar: aeropuertos que han resultado no ser rentables, esta-ciones de metro de diseño que se podrían haber hecho más baratas o consejerías diseñadas al estilo Zen por capricho del consejero de turno. Claramente, durante la década de la burbuja hubo un dispendio excesivo en un momento en que lo que tocaba era ahorrar.

Gráfico 2: Deuda de la Generalitat en relación con el PIB

¿Sin embargo, era tan excesivo el gasto público de la Generalitat? Si hace-mos una comparativa con el gasto de las otras comunidades, vemos que no. El Institu-to Valenciano de Investigaciones Económicas hizo un estudio en 2008 que publicó el BBVA5

donde se calculaba la importancia del sector público en el conjunto de las economías de cada una de las comunidades autónomas de España. El estudio hacía las estimaciones para los 9 años que precedieron la crisis: 2000-2008. Reproduzco los resultados en los dos gráficos siguientes, que literalmente han sido copiados de este estudio para que no haya suspicacias.

El primer gráfico muestra la fracción de toda la actividad económica generada por el sector públi-co en cada comunidad entre 2000 y 2008. Vemos que el líder de este ranking es Extremadura: el 22,3 % 5 http://www.ivie.es/downloads/2011/11/PP_sector_publico_FBBVA_Ivie_20111128.pdf

del PIB extremeño lo genera el Gobierno de la comunidad. En segundo lugar está Castilla-La Mancha, con un 17,2 %. La media española es de 11,8 %. Pues bien, Catalunya está en la cola de la lista: sólo el 7,4 % de la actividad es generada por la Generalitat.

Una parte importante de la actividad económica que generan los gobiernos de las comunidades autónomas son los salarios de los funcionarios. El siguiente gráfico muestra el ranking de la masa sal-arial del sector público (la masa salarial es el número de funcionarios multiplicado por su salario) en relación con el total de salarios de la economía. De nuevo el líder de España es Extremadura: el 40,5 % de los salarios pagados en Extremadura son del sector público. El segundo es Castilla-La Mancha, con un 31,7 %. La media de todas las comunidades autónomas es del 21,1 %. Catalunya, de nuevo, está en la cola, con un 12,9 %. Así pues, si miramos los salarios que se paga a los funcionarios de la Generalitat no se puede en absoluto llegar a la conclusión de que en Catalunya haya un despilfarro. ¡Y si hay, es el despilfarro más pequeño de España!

Es evidente, pues, que todo el despilfarro (que, insisto, ha habido) no explica el desbocamiento de

la deuda de la Generalitat. Lo que explica la explosión de la deuda del Gobierno catalán es la caída del PIB del año 2009. Como pasa en todas partes la crisis comporta una caída de los ingresos, un aumen-to de los gastos y un consiguiente deterioro del déficit y de la deuda pública. Cuando Montilla dejó la presidencia, la deuda de la Generalitat ya era de 34.697 millones de euros (el 18 % del PIB). Durante los cuatro años del Gobierno de Montilla la deuda aumentó en 20.000 millones, pero la mayor parte del aumento (unos 14.000 de los 20.000) fue consecuencia de la crisis.

Gráfico 3: Deuda de la Generalitat (millones de euros)Con Artur Mas y Convergència i Unió en el Gobierno, llegaron los recortes. Inicialmente los hi-

cieron para demostrar en los mercados que el nuevo gobierno no tenía ninguna intención de malgastar dinero y evitar de este modo que los bancos les cortaran el grifo. Pero eso no evitó lo inevitable y los mercados financieros dejaron de prestar al Gobierno. Al fin y al cabo, los bancos veían que el sistema de financiación autonómica del Estado español sólo da a la Generalitat una pequeña parte de los im-puestos que pagan los ciudadanos de Catalunya. El resto van a parar a Madrid. Eso limita y siempre ha limitado las posibilidades del Gobierno catalán para poder devolver el dinero que debe. Es más, en 2011 los bancos veían que este sistema de financiación no cambiaría ya que el Gobierno de Mariano Rajoy cerraba la puerta a la propuesta de “Pacto Fiscal” con el qué Artur Mas se había presentado a las elec-ciones de 2010. Los bancos vieron que, con el sistema de financiación vigente, la Generalitat no podría hacer frente a sus grandes y crecientes deudas y, en consecuencia, los bancos le cerraron el grifo. ¡La Generalitat de Catalunya se convirtió en insolvente ante la sorpresa de la mayoría de los ciudadanos de Catalunya que se preguntaban donde iba a parar la enorme cantidad de impuestos que pagaban!

A pesar de los recortes, la deuda de la Generalitat siguió aumentando y a finales de 2013 llegó a 57.117 millones, casi el 30 % del PIB.

Las finanzas de la Generalitat sufrieron tres tipos de problemas: el primero era la crisis, que, de manera natural y en todos los países del mundo, hace aumentar el déficit y, en consecuencia, la deuda de los gobiernos. El segundo era el posible despilfarro del dinero antes de la crisis, cuando las cosas iban bien, ya que aquellos eran unos momentos en que teníamos que haber ahorrado y lo que hicimos fue

endeudarnos. Y tercero, el mal funcionamiento del sistema de financiación autonómica que da una parte demasiado pequeña del dinero que pagan los catalanes al Gobierno de la Generalitat.

¿Cuál es el grado de responsabilidad de cada una de estas explicaciones? Pues es difícil de decir, pero nos podemos hacer una idea aproximada si comparamos la evolución de la deuda catalana con la evolución de la deuda de otra comunidad que no está sujeta al mismo sistema de financiación: ¡Euskadi! Como sabéis, Euskadi es una comunidad foral dentro de España que tiene lo que se denomina el “con-cierto económico”. Eso significa que Euskadi recauda ella misma los impuestos de los ciudadanos y las empresas vascas (lo cual le da la fuerza a la hora de negociar con España) y paga un pequeño “cupo” al Gobierno español para financiar los servicios que España da a Euskadi, como el ejército, los servicios de la Casa Real o las embajadas. Euskadi no participa del régimen común a través del cual se financian los fondos de solidaridad interregional y otras políticas de redistribución entre las comunidades autónomas.

El Gráfico 4 compara la evolución de la deuda catalana con la de Euskadi. Si comparamos el en-deudamiento de Catalunya y Euskadi a lo largo de los tiempos, vemos que la deuda era bastante similar en 1997 (10 % del PIB en Catalunya y 8 % en Euskadi). En 2008, la deuda catalana en relación con el PIB (la línea azul del Gráfico 4) seguía siendo del 10 % del PIB, mientras que la de Euskadi (línea roja) había bajado mucho hasta el 4 % del PIB. Es decir, en época de vacas grandes, el déficit de Euskadi había bajado en relación con el PIB, tal como recomiendan los cánones de buena conducta financiera.

Gráfico 4: Deuda en relación con el PIB: Catalunya vs. EuskadiCuando llega la crisis en el año 2009, la deuda de Euskadi aumenta en 9 puntos porcentuales y se

sitúa en el 13,1 % del PIB en 2013. Ya hemos dicho que la caída de impuestos, el aumento del gasto y el consiguiente aumento del déficit son unos fenómenos que pasan en todos los países en recesión y Eus-kadi no es una excepción. El problema es que, durante el mismo periodo, la deuda catalana pasa del 10

% al 30 % del PIB. ¡Es decir, mientras que el de Euskadi aumenta en 9 puntos del PIB, el de Catalunya aumenta en 20 puntos! A la vista de estos datos podríamos decir que si Catalunya hubiera tenido plena autonomía financiera (o al menos la misma autonomía financiera que tienen los vascos), la deuda hubi-era subido, más o menos, en 9 puntos. En lugar de una deuda del 30 % del PIB tendríamos una deuda del 19 % del PIB, lo cual, más o menos, significaría 23.000 millones de deuda menos que ahora.

O, dicho de otra forma, la deuda catalana ha aumentado en 36.292 millones de euros desde 2008. ¡Se podría decir que este aumento, 14.182 millones son por culpa de la crisis económica, que automáti-camente hace aumentar la deuda, y 22.110 millones son por culpa de que Catalunya tiene un mal siste-ma de financiación autonómica!

Claramente hay algo que no funciona a la hora de financiar el Gobierno de Catalunya. Hay que decir que la reducción de ingresos y el aumento de los gastos es un fenómeno que tam-

bién afectó al Gobierno español. En 2007, España tenía un superávit fiscal y la deuda del Estado es-pañol era de 382.000 millones de euros (el 36 % del PIB). Sin embargo, con la crisis, España empezó a experimentar unos déficits presupuestarios estratosféricos que enseguida superaron el 10 % del PIB, muy por encima del 3 % que obliga el pacto de estabilidad de la Unión Europea. El agujero fiscal era de más de 100.000 millones de euros anuales (repito, 100.000 millones anuales) y eso hizo disparar la deuda pública.

En el año 2011, la deuda ya llegaba al 70 % del PIB y todo indicaba que España seguiría el camino de Grecia, Irlanda o Portugal y sería intervenida por la Unión Europea, porque una deuda tan grande y que crecía a un ritmo tan voraz hacía prever que España sería insolvente en cuestión de pocos años. Para intentar evitar la intervención, Angela Merkel llamó a José Luís Rodríguez Zapatero el 23 de agosto de 2011. La canciller alemana le dijo al presidente español que, si quería evitar la intervención, tenía que cambiar la Constitución e introducir artículos que garantizaran la estabilidad presupuestaria por ley.

La idea era que eso calmaría los ánimos de los inversores internacionales hacia España. Zapatero llamó inmediatamente a Mariano Rajoy (entonces jefe de la oposición) para pedirle que el PP se sumara a la reforma constitucional. Según declaró Rajoy en una entrevista una vez ya era presidente, él y Zapatero “se pusieron de acuerdo en cinco minutos”. Quince días después, el PP y el PSOE aprobaron un cambio en la Constitución por la vía de urgencia y sin referéndum. ¡Se ve que cuando hay llamadas de la Merkel, no solo sí que se pueden hacer cambios en la Constitución sino que, además, se pueden hacer en quince días y durante el mes de vacaciones parlamentarias en Madrid!

¡Sorprendentemente, el cambio constitucional imponía la estabilidad presupuestaria pero no in-mediatamente sino a partir de 2020! No hay que decir que el Gobierno español no hizo demasiado para reducir el déficit de 2011, que acabó siendo de unos 91.000 millones (el 8,51 % del PIB español). Entonces empezó una campaña para culpar a las autonomías de todo este dispendio. Una campaña que empezó el Gobierno del PSOE y que siguió el Gobierno del Partido Popular, que ganó las elecciones a finales de 2011. Entre unos y otros hicieron correr el rumor de que el déficit global del Estado español era por culpa de la descentralización autonómica. La realidad, sin embargo, lo desmentía: de los 91.000 millones de déficit total del Estado, el 60 % venía de la Administración central del Estado, 35 % de las autonomías, el 4 % de los ayuntamientos y el 1 % restante de la Seguridad Social. Aunque la mayor parte del déficit era del Gobierno central, la criminalización del sistema autonómico persistía. Y con la criminalización también empezó un proceso de recentralización y ahogo financiero de las autonomías. En 2012 y 2013, el nuevo ministro de finanzas, Cristóbal Montoro, impuso unas reducciones estrictas del déficit de las comunidades autónomas (reducciones que no se aplicaba a sí mismo) y unos aumentos de los impuestos que sitúan España como uno de los países de la Unión Europea con tipos impositivos más elevados. Y como las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar la educación y la sanidad, son estos dos pilares del estado del bienestar los que más sufrieron los recortes.

Durante la campaña electoral de 2011, el Partido Popular prometió que bajaría los impuestos si ga-naba las elecciones. Rajoy decía que si se rebajaban los tipos impositivos se reactivaría la economía y eso haría aumentar la recaudación. A pesar de la promesa, la primera cosa que hizo al llegar a la Moncloa fue aumentar el IRPF. Y meses más tarde aumentó el IVA. La excusa era la habitual en estos casos: “El déficit era mucho peor de lo que habíamos previsto y nos hemos visto obligados a subir impuestos en contra de lo que queríamos”, argumentaron Rajoy y Montoro. Esta excusa sonaba a engaño. ¡Al fin y al cabo, si uno piensa que bajando impuestos uno acaba haciendo aumentar la recaudación, cuando uno ve que tiene que recaudar mucho más de lo que había anticipado, la lógica dicta que uno habría de rebajar los impuestos todavía más de lo que había anunciado! A pesar de la incongruencia intelectual, Rajoy entró en una deriva de subidas de impuestos que, sin duda, provocaron la gran crisis española y europea de mediados de 2012.

Deuda pública EspañaAdemás, durante el 2012 el Gobierno español decidió “rescatar” una serie de bancos insolventes

que estaban en el umbral de la quiebra. En un principio intentó que los europeos pagaran la factura. Los países del norte de Europa, con Finlandia al frente, se negaron a pagar, aunque sí que accedieron a hac-er una “intervención parcial”. Es decir, la Unión Europea prestaría el dinero para que España pudiera rescatar sus bancos y, a cambio, España se comprometía a reducir el déficit fiscal y, además, a hacer toda una serie de reformas estructurales que dictarían los expertos del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de sacar la economía de la crisis. Durante semanas, el Gobierno español negó que eso fuera una intervención y lo calificó, cómicamente, de “préstamo en condiciones favorables”. En cualquier caso, “las condiciones favorables” incluían, entre muchas otras condiciones, la reducción del déficit del conjunto del Estado. Y cada vez que Europa imponía una reducción de déficit en España, Montoro lo trasladaba a las comunidades autónomas (y, por lo tanto, a la sanidad y la educación) y a los ciudada-nos vía aumento de impuestos. La estrategia del Partido Popular era cada día más clara: dejar cada vez menos margen a las comunidades autónomas con el objetivo de volver a un Estado centralizado donde todo se controla desde Madrid. Era como si los dos grandes partidos del Estado, el PP y el PSOE, hu-bieran llegado a la conclusión de que el Estado autonómico creado en los años ochenta había fracasado y había que volver a un país donde todas las decisiones se tomaban desde Madrid.

Pero ni los recortes de gasto que obligaban a hacer a las comunidades autónomas, ni los aumentos de los tipos impositivos conseguían frenar el aumento desbocado de la deuda pública: en 2012 llegó a 884.000 millones de euros (el 86 % del PIB) y en 2013 a 960.000 millones (94 % del PIB). Los mercados

estaban cada día más nerviosos y exigían unos intereses cada día mayores para financiar la deuda españo-la. La “prima de riesgo” pasó a ser un concepto del cual se hablaba en todas las tertulias de todos los bares de España. Cualquier aumento de la prima de riesgo abría los telediarios de todas las televisiones del Estado.

A pesar de los aumentos de la prima de riesgo que España vivió durante el 2012 y los “ratings” que las compañías de rating habían puesto a la deuda del Estado, el Gobierno central nunca perdió el acceso a los mercados financieros. Es decir, España pudo seguir pidiendo prestado a los bancos y los bancos le seguían dejando dinero. Eso le permitió seguir financiando su déficit desbocado. Y también le permitió crear, en julio de 2012, un “fondo de liquidez autonómica” (FLA) a través del cual el Gobierno central pedía préstamos a los bancos (a unos tipos extravagantes, por culpa de la prima de riesgo que tenía que pagar en aquellos momentos) y prestaba aquel mismo dinero a las comunidades autónomas, con intere-ses. Estas, a su vez, tenían que utilizar el dinero para pagar los intereses de las deudas que tenían con las entidades financieras. Catalunya recibió préstamos por valor de 6,600 millones de euros en el año 2012 y por 10.000 millones en 2013. El único “banco” que prestaba a la Generalitat era el propio Gobierno central a través del FLA. Naturalmente, el Gobierno central se recreaba con la situación: a cambio de estos préstamos, el Gobierno de España obtenía intereses... y recentralización. A los obligados recortes de gastos impuestos arbitrariamente por Montoro para reducir su déficit se sumaba un constante alud de leyes y medidas recentralizadoras de las que hablaré más adelante. No había reunión de Consejo de Ministros en Madrid que no quitara alguna competencia a las comunidades autónomas. Cada semana que pasaba, Catalunya era menos autónoma, menos libre y más dependiente de un gobierno que dem-ostraba su voracidad para controlar la economía de todo el Estado desde el Gobierno central.

La situación financiera de la Generalitat en 2014 era bien patética: arruinada, sin posibilidad de obtener préstamos bancarios, dependiente totalmente de un gobierno claramente hostil al sistema de-scentralizado que se había instaurado en España durante la restauración de la democracia.

Las balanzas fiscales

La balanza fiscal entre Catalunya y Administración central española es la diferencia entre el dinero que ésta obtiene en Catalunya a través de los impuestos y el dinero que le devuelve en forma de gasto público o transferencias. Si el saldo de la balanza fiscal es negativo (es decir, si la Administración central obtiene más recursos de Catalunya de los que devuelve) se dice que Catalunya mantiene un déficit de la balanza fiscal o un saldo fiscal negativo. En caso contrario, se dice que hay un superávit o saldo positivo.

El análisis de las balanzas fiscales tiene como objetivo ver cómo un estado redistribuye el dinero de los impuestos entre los ciudadanos de los diferentes territorios. Si los catalanes, por ejemplo, pagan 100 euros a Madrid y, de estos, sólo regresan 60, diremos que Catalunya sale perdiendo 40 euros debido a las políticas fiscales españolas. Ya hemos comentado que cuando una región sale perdiendo se dice que tiene un déficit de la balanza fiscal. Los 40 euros que salen de Catalunya a través del sistema fiscal español van a parar, lógicamente, a otros territorios del Estado. Aquellos que reciben más de lo que aportan man-tienen un superávit de la balanza fiscal. Como los recursos que van a parar a una región tienen que salir de alguna otra, la suma de las balanzas de todas las territorios de un estado tiene que ser cero. Es decir, si un territorio gana dinero de la redistribución, tiene que haber otro territorio que lo pierda, porque el dinero tiene que venir de algún lugar.

Una de las críticas más comunes en el cálculo de las balanzas fiscales es que “los impuestos los pagan las personas y no los territorios y, por lo tanto, las balanzas fiscales no tienen ningún sentido”. Esta afirmación tiene trampa: es cierto que los impuestos los pagan las personas, pero no estamos hablando de impuestos sino de balanzas fiscales, y las balanzas son la diferencia entre impuestos y gastos. ¡Y una parte impor-tante de estos gastos no se hace en las personas sino en los territorios! La carretera N-II se construye y se mantiene con gasto público del Estado hecho en Catalunya. Y se hace en el territorio y no en la casa particular de nadie, y no hay un trozo de carretera que sea de cada ciudadano (y si así fuera, que alguien me diga cuál es mi trozo de N-II, que me lo llevaré a mi casa, ¡ya que yo vivo en una calle sin asfaltar!).

En un estado moderno es normal que los impuestos sean progresivos. Es decir, es normal que los ciudadanos más ricos paguen unos impuestos proporcionalmente más elevados. También es normal que los gastos se hagan más o menos de manera proporcional. Es decir, que todo el mundo tenga el mismo derecho a tener sanidad, educación, o carreteras públicas (aunque se podría argumentar que los territo-rios con más actividad económica tienen más necesidades, por ejemplo, de infraestructuras: hacen falta más carreteras allí donde hay más camiones). Si los territorios con ciudadanos más ricos pagan más im-puestos y reciben más o menos el mismo dinero por persona, es natural que tengan déficits de la balanza fiscal. Lo contrario es cierto para comunidades relativamente pobres: es normal que tengan superávits de la balanza fiscal. Que las comunidades ricas paguen y que las pobres reciban es lo que se denomina “solidaridad interterritorial”. Ahora bien, el hecho de que sea normal que los territorios ricos aporten al sistema de solidaridad y los pobres saquen recursos limpios no significa que cualquier saldo de la balanza fiscal sea razonable. Por ejemplo, se puede dar el caso de que los ciudadanos de una comunidad paguen los impuestos que les corresponde, pero el estado decida gastar en aquella comunidad mucho menos de lo que sería razonable de acuerdo con la población o las necesidades económicas de aquel territorio. Eso

generaría un déficit de la balanza fiscal, pero no sería un déficit razonable. Es decir, es cierto que los ri-cos tienen que aportar más en un sistema de solidaridad interterritorial, pero el concepto de “solidaridad interterritorial” no puede ser utilizado para justificar cualquier magnitud del saldo de la balanza fiscal, por más extravagante que sea. Cuando el déficit de la balanza fiscal sobrepasa determinadas magnitudes, ya no se puede hablar de solidaridad sino de tomadura de pelo6.

Calculando la balanza fiscal catalana

Lógicamente, para calcular las balanzas fiscales, hay que estimar el dinero que el Estado obtiene en Catalunya a través de los impuestos y el dinero que el Estado devuelve a Catalunya a través del gasto. Analicemos los impuestos y el gasto por separado.

a. Los impuestos Los impuestos son la principal manera que tiene un estado de obtener dinero de los ciudadanos.

En Catalunya, una parte de las contribuciones impositivas las recauda la Agencia Tributaria de Catalun-ya (impuestos de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tasa de juego), pero la parte más importante la recauda la Agencia Estatal de la Administración Tribu-taria, encargada de recaudar los impuestos “grandes”, como el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades o los impuestos especiales. La Seguridad Social, por su parte, recauda las cotizaciones de trabajadores, que sirven para financiar las pensiones y los subsidios de paro. Con el actual sistema fiscal español, la Agencia Tributaria Estatal gestiona el 95 % de los tributos generados en Catalunya.

De acuerdo con el modelo de financiación, una parte de los tributos del IVA, IRPF e impuestos especiales van directamente a la financiación de la Generalitat. Como se supone que la Generalitat gasta todo este dinero en Catalunya y en beneficio de los catalanes, estos tributos no afectan el saldo de la balanza fiscal (ya que afectan en la misma proporción a los ingresos y a los gastos en Catalunya) y, por lo tanto, no hay que incluirlos en el análisis.

En la columna A del Cuadro 1 se muestra la evolución de los tributos que la Administración cen-tral del Estado obtuvo en Catalunya entre 2006 y 2011. En 2011, por ejemplo, el dinero obtenido por la Administración central en Catalunya en concepto de impuestos sumó 47.725 millones de euros y la media de los años 2006-2011 fue de 51.034 millones de euros.

6 Una anomalía del sistema fiscal español es que regiones ricas como Euskadi no mantienen déficits de la balanza fiscal sino superávit debido a que no forman parte del sistema común sino que tienen uno de especial que no los les obli-ga a contribuir a la solidaridad interterritorial.

b. Los gastosEl segundo paso a la hora de calcular la balanza fiscal es el cálculo del dinero que el Gobierno cen-

tral devuelve a Catalunya. Enseguida aparece una cuestión metodológica: ¿Qué queremos decir cuándo decimos “regresa a Catalunya”? ¿Queremos decir dinero que “se gastan en Catalunya”? ¿O queremos decir el dinero que “se gastan para los catalanes”? Ambos conceptos son distintos, pues hay gastos que pueden hacerse “para los catalanes” pero que no se hacen en Catalunya sino en Madrid. Por ejemplo, podría decirse que el mantenimiento de la Casa Real o del Museo del Prado son gastos que se hacen, al menos parcialmente, para los catalanes, aunque sea dinero que se gasta en Madrid. Por lo tanto, si cuan-do hablamos del dinero que regresa a Catalunya nos referimos a dinero que “se gasta en Catalunya”, claramente el salario del Rey o los gastos de mantenimiento del Museo del Prado no deben contarse como dinero que regresa porque, en realidad, se queda en Madrid. En cambio, si cuando hablamos del dinero que regresa a Catalunya, nos referimos a dinero que “se gasta para los catalanes”, entonces quizás sí que haya que considerar que el salario del Rey o el mantenimiento del Museo del Prado sea dinero que regresa, porque, de alguna forma, beneficia a los catalanes.

Pues bien, cuando calculamos la balanza fiscal a partir de los impuestos que los catalanes pagan a Madrid y les restamos los gastos que el Estado hace en Catalunya, obtenemos la denominada balanza fiscal de flujo monetario. Si, por el contrario, la calculamos a partir de los impuestos que los catalanes pagan a Madrid y les restamos los gastos que el Estado hace para los catalanes (o en beneficio de los catalanes), entonces obtenemos la denominada balanza fiscal de la carga-beneficio.

Calcular los gastos que se hacen en Catalunya (flujo monetario) es relativamente fácil: si el dinero se gasta en Catalunya se contabiliza y, si se gasta en Madrid, no. Por el contrario, calcular los gastos que se hacen “para los catalanes” o “en beneficio de los catalanes” (carga-beneficio) es un poco más compli-

cado. La dificultad radica en que no sabemos exactamente cada tipo de gasto en qué medida beneficia a cada ciudadano. ¿Nos beneficia mucho a los catalanes el Museo del Prado? ¿Nos beneficia igual que a los madrileños (que son quienes viven al lado del museo y lo pueden visitar con más frecuencia), o a los extremeños? ¿Y el salario del Rey? ¿Beneficia igual a un monárquico que a un republicano? ¿Y el salario de Wert? ¿Beneficia igual a los españoles que desean que la escolarización en Catalunya se haga totalmente en castellano que a los catalanes que quieren que la escolarización se haga en catalán?

La verdad es que es casi imposible saber a quien beneficia cada euro gastado por el Estado. Y, pues-to que es difícil, los economistas que calculan las balanzas fiscales emiten un supuesto tan valiente como arbitrario: dicen que todo el gasto público beneficia a todos los ciudadanos por igual. Claramente este es un supuesto arbitrario, ya que el salario del Rey no puede nunca beneficiar por igual a un republicano que a un monárquico, y el salario de un ministro que ataca la lengua catalana no puede beneficiar por igual a los catalanes y a los no catalanes. A pesar de esta arbitrariedad, los economistas que calculan las balanzas fiscales por el método de la carga-beneficio han adoptado la convención de que todo gasto pú-blico beneficia a todos los ciudadanos por igual y, por lo tanto, siempre dan por supuesto que el 16 % de todo el gasto que se hace en España, se hace en beneficio de los catalanes (recordad que Catalunya tiene el 16 % de la población española). Que quede claro que este es un supuesto arbitrario, aunque algunos le quieran dar una naturaleza científica imparcial que no tiene7.

La pregunta que a menudo se hace la gente es: ¿Y qué método es el correcto, el del flujo mone-tario o el de la carga-beneficio? Esta pregunta ha generado multitud de discusiones bizantinas en las tertulias de bar. A un lado de la discusión están aquellos que piensan que la balanza correcta es la de la carga-beneficio. “Imagine el gasto que se hace en una torre de control situada en Zaragoza que controla los aviones que van de Madrid a Barcelona. Claramente este gasto lo tienen que pagar los ciudadanos de Madrid y Barcelona, que son quienes se benefician de la torre, y no los de Zaragoza”, le decía el exministro José Borrell, indignado, a Mònica Terribas el día que fue invitado a hablar del déficit fiscal. La indignación se le hu-biera pasado de golpe al señor exministro si ella le hubiera respondido: “¡Entonces le tenemos que pasar una parte de la factura a Vladimir Putin, porque aquella misma torre de control también la utilizan los aviones rusos que vuelan hasta Madrid!” Es más, aunque la torre no beneficie a la gente de Zaragoza, el gasto que se hace en la torre (salarios de la gente que hace su mantenimiento, de quien trabaja en ella o de quien hace reparaciones en ella) es gasto que se hace en Zaragoza, que acaba gastándose en tiendas y restaurantes de Zaragoza, y tiene un impacto monetario y macroeconómico en Zaragoza. El problema es que en este lado del argumento no sólo se encuentran exministros exaltados sino también el ministro de Hacienda actual, Don Cristóbal Montoro, quien ha llegado a decir que la balanza del flujo monetario no solo no tiene ningún sentido sino que incluso hay que dejar de publicarla. En este sentido, a finales de 2013 contrató al economista Ángel de la Fuente para que le elaborara una nueva metodología que sirviera para calcular las balanzas fiscales por el método de la carga-beneficio, disfrazándolas con un pomposo nombre bien diferente: “cuentas territorializadas”.

Por otro lado, entre la gente que defiende encarnizadamente las balanzas del método carga-ben-eficio están los madrileños. Y ello porque este método permite decir que una gran parte del gasto que 7 Nota para economistas: la valoración que cada ciudadano hace de los bienes públicos es la utilidad marginal. Paul Samuelson (1954) utilizó este concepto para calcular cuál tendría que ser el gasto en bienes públicos suministrados por el estado.

se hace en Madrid, en realidad, hay que imputarlo a todos los españoles, ya que beneficia a todos los españoles. La consecuencia que se deriva de esta afirmación es que el gasto que figura que regresa a Madrid es mucho más pequeño con el método carga-beneficio que con el método de flujo monetario y eso permite decir a los madrileños que ellos son, en realidad, los más solidarios de España. Pero claro, es como si organizáramos una fiesta que pagamos entre todos, pero la organizamos en mi restaurante. Es verdad que la fiesta la tenemos que pagar entre todos... ¡Pero también es cierto que el negocio lo hace el propietario del restaurante! Y el propietario del restaurante en la gran fiesta de la redistribución española es Madrid y es Madrid quien hace negocio con ello, por más que saquen pecho con aquello de que son los más solidarios!

En el otro lado del debate están aquellos que dicen que la única balanza que tiene sentido es la del método del flujo monetario, porque lo único que nos interesa saber es dónde se gasta el dinero y qué impacto macroeconómico tienen estos recursos cuando se gastan. Es posible que la base militar de Rota sirva para proteger a todos los ciudadanos de España de posibles agresiones militares externas, pero la realidad es que todo aquel gasto genera una actividad económica en los alrededores de Rota y no en Sabadell: los militares de la base y sus familias compran en las tiendas de Rota, van a los restaurantes de Rota, van de copas por Rota y generan riqueza, puestos de trabajo y beneficios en Rota. Y, si no, pre-guntad a la gente de Rota qué pasaría con la economía local si, de repente, la base militar se cerrara. ¡O preguntad a la gente de Talarn qué pasaría en la economía de la región si la base militar se trasladara a otro pueblo!

Pero, como pasa en todas las discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles, la realidad es que no se puede saber cuál es la respuesta correcta si, antes, no sabemos la pregunta. En economía, cada pregunta tiene una respuesta correcta y, dependiendo de la pregunta que se uno haga, la balanza fiscal correcta es la del flujo monetario o la de la carga-beneficio.

Por ejemplo, si lo que se busca es estimar el impacto macroeconómico de la redistribución fiscal en España, lo que hay que hacer es usar el método del flujo monetario, punto y final. Al fin y al cabo, desde el punto de vista macroeconómico, no importa si el salario de los ministros beneficia o no bene-ficia a los catalanes. La realidad es que se gastan en las tiendas y restaurantes de Madrid y, por lo tanto, tienen impacto económico en Madrid, no en Catalunya.

Por otra parte, si lo que nos interesa es saber si un determinado sistema autonómico hace una re-distribución justa de sus recursos fiscales, entonces quizás es mejor mirar el saldo de la carga-beneficio ya que, se gaste en Madrid o no, es justo que los catalanes paguemos una parte de los gastos que también nos benefician a nosotros.

Es por esta razón que los investigadores económicos que han estimado balanzas fiscales desde ti-empos inmemoriales8 han mostrado los saldos de las balanzas fiscales utilizando ambos métodos. No es porque no sepan cuál de los dos es el correcto, sino porque ambos métodos son correctos y responden a preguntas diferentes.

Los números del gasto hecho en Catalunya según el método del flujo monetario se muestran en la columna B del Cuadro 1: En el año 2011, los gastos hechos en Catalunya fueron de 39.903 millones de 8 Ramón Barberán,, Núria Bosch, Antoni Castells yi Marta Espasa, “The Redistributive Power of the Central Govern-ment Budget”, Institut d’Economia de Barcelona (2000). Generalitat de Catalunya, Departamento de’ Economíia yi Conoci-mientoeixement, “Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central l’any 2011” (2014).

euros y la media entre 2006 y 2011 fue de 40.007 millones.La diferencia entre los impuestos que los catalanes pagan directamente a Madrid y el dinero que

el Gobierno central gasta en Catalunya aparece en la tercera columna de la Tabla 1: en 2011, esta difer-encia fue de 7.822 millones de euros y la media entre 2006 y 2011 de 11.027 millones.

c. NeutralizaciónImaginad que vais a cenar a un restaurante y la factura es de 100 euros. Si la pagáis en efectivo,

claramente la cena os habrá costado 100 euros. ¿Pero, y si la pagáis con la VISA, cuánto os habrá cost-ado? Cualquier persona razonable sabe que, si en lugar de pagar en efectivo paga la factura con tarjeta de crédito, el coste de la cena también será de 100 euros. Al fin y al cabo, todos sabemos que tarde o temprano la deuda de la tarjeta de crédito también hay que pagarla, ¿no? ¡Pues no! Parece que hay gente que debe pensar que cuando uno paga con la VISA la cena le sale gratis.

Lo digo porque hay algunos economistas y políticos que tienen la tentación de acabar el análisis de las balanzas fiscales restando los ingresos de la columna A del cuadro de los gastos de la columna B... Pero olvidarían un tercer elemento muy importante: ¡el dinero que hay cargado en la VISA! Es decir, además de recaudar impuestos y ejecutar gasto público, el Gobierno central también se endeuda. Es más, tal como acabamos de ver, en los últimos años se endeuda mucho. Y del mismo modo que todos vosotros contabilizáis los pagos hechos con la tarjeta de crédito como si fueran pagos en efectivo, los economistas debemos tener en cuenta que las deudas del gobierno tarde o temprano hay que pagarlas. Y, lógicamente, las tendrá que pagar con el único recurso de que dispone el estado: los impuestos de los contribuyentes. O dicho, de otra forma, cuando el Gobierno español pide prestado a los bancos y se gasta el dinero en Extremadura, de algún modo está contribuyendo al déficit fiscal catalán, porque una parte proporcional de esta deuda será pagada por los contribuyentes catalanes. ¡Desde el punto de vista de la balanza fiscal catalana, es como si el Gobierno español hiciera un gasto en Extremadura y lo apuntara en la VISA de los catalanes!

Eso significa que, antes de tener los resultados definitivos de las balanzas fiscales, debemos impu-tar el déficit del Gobierno central a quienes lo acabarán pagando: los contribuyentes. Hacer eso es lo que se denomina “neutralizar el déficit”. Eso de “neutralizar” es una palabra horrorosa que da lugar a confusiones. Por culpa de este verbo tan poco ilustrativo algunos economistas piensan que ignorar el déficit (o no neutralizar) es una opción metodológica. En un reciente estudio publicado por la FAES, el profesor Pascual Fernández (de la Universidad Rey Juan Carlos) dice: “La neutralización es un análisis ab-solutamente ficticio que, evidentemente, no tiene nada que ver con la realidad porque los flujos financieros que han financiado el déficit de la AGE de cada año se han aportado desde los mercados de capitales.” Es decir, el ilustre profesor Fernández nos dice que cuando uno va a cenar y paga con tarjeta en realidad no paga nada, ya que se trata de una “aportación del mercado de capitales”. No hacen falta más comentarios.

En un artículo publicado en el diario El País, el exministro socialista José Borrell (junto con el empresario Joan Llorach) dijo que no había que neutralizar las balanzas fiscales porque, en palabras literales, la deuda “sólo es dinero virtual que se tendrá que pagar en el futuro”. Ante este razonamiento, yo invito al Sr. Borrell a utilizar su tarjeta para regalarme un coche de 50.000 euros. A muchos les podrá parecer un coche caro, pero a Borrell le parecerá barato. De hecho, le parecerá gratis: ¡A fin de cuentas, “la tarjeta sólo es dinero virtual que tendrá que pagar en el futuro”! Está claro que el argumento de que la

deuda no tiene que ser contabilizada como un pasivo para los contribuyentes es falaz y erróneo. Dejando al margen los señores Borrell y Llorach, todo el mundo entendería que para el Sr. Borrell el coste de un regalo como este sería de 50.000 euros, por más que lo hubiera pagado con la tarjeta de crédito en lugar de hacerlo con dinero en efectivo.

Contrariamente a lo que dice Borrell, neutralizar el déficit fiscal no es ni un capricho de los cat-alanes ni una opción metodológica: no hacerlo equivale a pensar que las cenas pagadas con la VISA en realidad no se pagan. Y como eso es una solemne tontería, los economistas no pueden escoger si quieren neutralizar o no. ¡Los economistas tienen que neutralizar las balanzas fiscales y punto! Si no lo hicieran significaría que piensan que el Estado no tendrá que pagar sus deudas con los impuestos de los contribuyentes.

Fijaos, además, en que no neutralizar el déficit tendría otra consecuencia casi cómica. Imaginemos que en España, de entrada, no hubiera ninguna redistribución de ningún tipo, de modo que las balanzas de todas las regiones fueran cero: ni déficits ni superávits. De repente, el Gobierno central decide pedir prestados 1.016 euros y los gasta del siguiente modo: 1 euro para cada una de las 16 comunidades, ex-cepto Andalucía, que recibe 1.000. Si calculáramos las balanzas fiscales de todas las regiones e ignorára-mos el hecho de que el Gobierno se ha endeudado, nos saldría que todas las regiones salen ganando 1 euro y que Andalucía sale ganando 1.000. Fijaos que en este caso no estaríamos en absoluto calculando la redistribución entre regiones, porque no habría ninguna que aportara dinero y todas saldrían ganan-do. ¿Es posible que un sistema fiscal haga una redistribución donde nadie paga y todo el mundo recibe? La respuesta es NO. ¡Eso es imposible! El problema es, lógicamente, que no hemos tenido en cuenta el déficit y que el déficit es, en realidad, equivalente a impuestos. Si tenemos en cuenta que Catalunya paga (más o menos) el 20 % de los impuestos españoles, tendríamos que el saldo de la balanza fiscal catalana en este caso sería de un déficit del 20 % de 1.000 es decir, un déficit de la balanza fiscal por valor de 199 euros (200 que tendrá que pagar por la deuda, menos uno que ha recibido del Gobierno por lo que gasta en Catalunya). Si hiciéramos el cálculo para todas las comunidades, tendríamos que todas mantienen un déficit de la balanza fiscal excepto Andalucía. Y la suma de todos los déficits y superávits de la balanza fiscal sería cero. ¡Como debe ser!

Del mismo modo, cuando la Administración central del Estado mantiene un superávit, la deuda que nos apunta en la tarjeta VISA de los ciudadanos se ve reducida. Eso quiere decir que cuando el Es-tado tiene superávit, los pagos de impuestos que tendremos que hacer los ciudadanos son inferiores. En la columna C del Cuadro 1 vemos el dinero que cada año el Gobierno central apunta en la VISA de los catalanes. Estas cantidades corresponden a la parte proporcional del déficit fiscal español que tendrán que pagar los catalanes con sus impuestos. Vemos que, en los años 2006 y 2007, esta aportación es neg-ativa. Eso es porque la Administración central del Estado español tuvo un superávit fiscal de 22.877 y 26.873 millones de euros, respectivamente, y, por consiguiente, la cuenta de la VISA de los catalanes bajó en 4.485 y 5.249 millones de euros, respectivamente.

El déficit del Gobierno central, sin embargo, se disparó a partir de 2008 y, en consecuencia, la factura que nos pusieron en la tarjeta de crédito fue positiva (¡Y en el año 2009, enorme!). En 2011, el Gobierno español nos apuntó unos 7.184 millones de euros.

Si sumamos el dinero que los catalanes pagan de forma directa a través de los impuestos, más lo

que pagan a través de la VISA, obtenemos el total de pagos hechos por los ciudadanos de Catalunya: es la columna D del Cuadro 1. En el año 2011, por ejemplo, los pagos totales de los catalanes sumaron 54.913 millones de euros. La media de los años 2006 a 2011 fue de 55.935 millones de euros.

Pues bien, ahora ya podemos calcular la balanza fiscal con el método del flujo monetario. Sólo hay que restar los pagos totales hechos por los catalanes al Gobierno central de España (columna D) de los gastos totales realizados por el Gobierno central en Catalunya (columna B). El resultado para el año 2011 fue de un déficit de 15.006 millones. Y la media entre 2006 y 2011, de 15.928 millones. ¡Cerca de 16.000 millones de euros cada año! Fijaos que eso representa que un 28,6 % de los impuestos que los catalanes pagamos a Madrid se gasta fuera de Catalunya. O, dicho de otra manera, el 8,18 % de todo lo que ganamos los catalanes desaparece de nuestra economía a través del sistema fiscal español.

¿Y según el método de la carga-beneficio? Os ahorraré los detalles del cálculo9, simplemente me limitaré a dar los resultados, correspondientes al Cuadro 5.3 del estudio de la Generalitat de Catalunya; un estudio que, además de dar los detalles de las estimaciones para el último año de que disponemos de datos (2011), también presenta las series históricas del saldo de la balanza fiscal. En las dos primeras co-lumnas tenemos el saldo total de la balanza de flujo monetario desde 1986. El déficit de la balanza fiscal catalana en relación con el Estado español ha sido, por término medio, del 8 % del PIB.

En cuanto al método de la carga-beneficio, el saldo de 2011 es deficitario e igual a 11.087 mil-lones de euros. Lógicamente, la magnitud de este déficit es inferior a la del flujo monetario, ya que hay muchos gastos que “se hacen en Madrid” pero “se hacen en beneficio de los catalanes”. Según el método del flujo monetario, pues, todos estos gastos se contabilizan en Madrid y no en Catalunya, pero según el método carga-beneficio, estos gastos se contabilizan en Catalunya. Como el método carga-beneficio comporta que los gastos asignados a Catalunya sean mayores, el déficit correspondiente es más pequeño.

Los 11.087 millones de euros de déficit corresponden al 5,7 % del PIB catalán. La balanza fiscal media de todo el periodo 2002-2011 (la Generalitat no menciona el saldo referente a años anteriores, ya que parece que, antes del año 2002, los cálculos no eran comparables) es de 6,1 % del PIB.

Resumiendo, el sistema fiscal en el cual está metida Catalunya hace que, por término medio, un 8 % de los recursos que generan los catalanes desaparezcan de Catalunya si se calcula con el método monetario, y un 6,1 % si se calcula con el método de la carga-beneficio.

Cuadro 5.3

Evolución del déficit fiscal de Catalunya con el sector público central

Millones €

Flujo mon-

etario1

% PIB Cata-

lunya2

Inc idencia

carga-beneficio1

% PIB Cata-

lunya2

1986 -2.465 -6,8

1987 -2.868 -7,0

1988 -3.466 -7,5

1989 -4.056 -7,7

1990 -4.867 -8,3

1991 -5.174 -8,0

1992 -5.988 -8,6

9 Podéis ver los detalles en el último estudio presentado por el consejeroller Andreu Mas-Colell “Metodologia i càl-cul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central l’any 2011”Metodología y cálculo de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central el año 2011” (jJunio 2014, Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Conocimiento).

1993 -7.263 -10,1

1994 -6.732 -8,8

1995 -6.416 -7,7

1996 -7.088 -7,9

1997 -7.018 -7,4

1998 -6.813 -6,8

1999 -8.124 -7,5

2000 -8.532 -7,2

2001 -8.565 -6,7

2002 -13.696 -10,1 -10.225 -7,5

2003 -13.036 -8,9 -9.576 -6,6

2004 -13.595 -8,7 -10.101 -6,4

2005 -14.186 -8,4 -10.119 -6,0

2006 -14.493 -7,9 -10.320 -5,7

2007 -15.913 -8,1 -11.136 -5,7

2008 -17.200 -8,6 -11.860 -5,9

2009 -16.409 -8,5 -11.261 -5,8

2010 -16.543 -8,5 -11.258 -5,8

2011 -15.006 -7,7 -11.087 -5,7

Media -8,0 -6,1

Desviación

estándar

0,9 0,6

1 Según presupuesto equilibrado (hipótesis ingresos = gastos)

2 PIB 2008-2011 base 2008 INE, PIB 1995-29007 base 2000 enlazado, PIB 1986-1994 base 1986 enlazado

Nota: A partir del cálculo de la balanza fiscal del año 2002 y del 2011, se introducen algunos cambios metodológi-

cos en el cálculo de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central.

¿Superávit comercial?

Es un hecho incontestable que Catalunya mantiene un déficit de la balanza fiscal de cerca del 8 % del PIB anual si se calcula de una manera y de cerca del 6 % del PIB si se calcula de otra. Ante esta real-idad la reacción de políticos, tertulianos, periodistas y analistas españoles ha sido muy peculiar. Algunos, como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, niegan la realidad y dicen que los catalanes no tienen en cuenta otros tipos de déficit en los que su comunidad sale ostensiblemente perjudicada. Otros, como Montoro, han intentado prohibir la publicación de los datos con el argumento de que las balanzas fiscales son unos instrumentos que “incitan al movimiento separatista”. Otros reconocen la ex-istencia del déficit, pero dicen que es normal que las regiones ricas sean solidarias con las pobres y que la magnitud del déficit catalán no es mayor que la que encontramos en otros países del mundo, como Alemania o Estados Unidos. Finalmente, hay un grupo de gente que dicen que el déficit es real, pero que los flujos fiscales no se pueden analizar sin tener en cuenta también los flujos comerciales. Dejadme hablar durante unos instantes de este último grupo de personas.

En una campaña mediática titulada “Derecho a saber”, llevada a cabo por el Partido Popular, se decía que Catalunya mantiene un superávit comercial de 24.000 millones, que es mucho mayor que el déficit fiscal de 15.000-16.000 millones. Por lo tanto, una vez tenidos en cuenta los aspectos fiscal y comercial, Catalunya salía ganando, y mucho, de su relación con España.

Al hacerse pública esta campaña, yo escribí lo siguiente:“El otro día estaba en una tienda de ropa de Barcelona cuando, de repente, entró un atracador

encapuchado. Después de apuntar a la dependienta con una escopeta, se llevó un total de 100 euros en efectivo. Salió deprisa con el botín, sin embargo, en lugar de huir, se metió en una cabina telefónica, se sacó la capucha y regresó a la tienda. Esta vez no robó, ni amenazó a nadie, sino que se gastó los 100 euros comprando unos pantalones. Pagó y se fue.

No tardó en aparecer la policía, liderada por el subinspector Camacho. La vendedora denunció un robo de 100 euros. Pero el subinspector la acusó de exagerar ya que no tenía en cuenta los 100 euros que había ingresado con la venta de los pantalones. Para convencer a la dependienta, el subinspector sacó un papel donde escribió en letras grandes: “¿El encapuchado nos roba?” A continuación dibujó un gráfico en el que aparecían la vendedora y el atracador. Con una flecha roja que iba de la vendedora hacia el at-racador, aparecían los 100 euros que el ladrón le había robado por la mañana. Y con una flecha verde en dirección contraria, aparecían los 100 euros que le habían devuelto a través de la venta. Al sumar las dos flechas, que eran de la misma magnitud e iban en direcciones opuestas, el subinspector concluyó que no había habido ningún robo: ¡el dinero del atraco había sido compensado por el dinero de la venta!, decía Camacho. Por lo tanto, la respuesta implícita a la pregunta del título “¿El encapuchado nos roba?” era NO.

La pobre vendedora no entendía nada y decía:“Mire usted, querido subinspector, yo esta mañana tenía 100 euros en efectivo y, además, tenía unos pan-

talones que valían 100 euros. Es decir, tenía 200 euros. Después del atraco, yo tenía sólo los pantalones y, por lo tanto, me habían robado 100 euros. Y ahora, después de la compra, han vuelto los 100 euros pero me han desapa-

recido los pantalones. La magnitud de lo que me han cogido es exactamente el valor de los pantalones, es decir, 100 euros. ¡El hecho de que el ladrón haya vuelto por la tarde a comprar los pantalones no cambia el hecho de que me hayan robado 100 euros!”

No hace falta decir que la mujer tenía toda la razón del mundo. No hay que ser demasiado listo para ver que el error del subinspector Camacho es que no tenía en cuenta el valor de las mercancías que se había llevado el atracador. Es decir, en su gráfico no estaba el valor de los pantalones con una flecha que fuera desde la tendera al atracador. Este es un error básico de contabilidad nacional... El mismo error que comete el Partido Popular en su campaña denominada “Derecho a saber”10.

En la foto de la campaña aparece la presidenta del PPC con un cartel donde sale escrita la pre-gunta “¿España nos roba?”11 En el mismo cartel se ve un mapa de España separada de Catalunya (sic) y dos flechas: la primera flecha es de color rojo y va de Catalunya a España. Representa el flujo del déficit fiscal (el dinero limpio que aportan los catalanes a España a través del fisco, a cambio de nada –ni de las gracias–). El PP cifra este déficit entre 750 y 16.500 millones de euros12. En dirección contraria aparece una flecha verde que va de España a Catalunya y que representa el dinero que llega a Catalunya por el hecho de que los catalanes venden a España más de lo que compran. Es lo que se denomina el superávit comercial y el PP lo cifra en 24.200 millones. La idea que intenta transmitir el PP es que el dinero del saldo comercial compensa con creces el dinero que va de Catalunya a España a través del sistema fiscal. Igual que el inspector Camacho.

El problema de este argumento es que contiene el flagrante error conceptual que comete el imag-inario subinspector Camacho. Cuando hay comercio libre entre personas o empresas situadas en difer-entes países se produce un doble movimiento entre estos dos países: por una parte, el comprador paga dinero al vendedor. Es decir, hay un flujo de dinero que va del comprador al vendedor. Como Catalunya tiene un superávit comercial, eso significa que Catalunya vende más a España y, por lo tanto, esta paga con dinero a Catalunya. Dice el PP que este flujo es de 24.200 millones. Hasta aquí todos de acuerdo.

El problema para el PP es que este no es el final de la película ya que, a cambio de este dinero, se produce un segundo flujo en dirección contraria de productos que van, en este caso, de Catalunya a España. ¿Cuál es el valor de estos productos? Naturalmente, y ya que los españoles compran voluntaria-mente y no son tontos, el valor de los productos que fluyen de Catalunya a España es exactamente igual que el del dinero que paga por ellos: 24.200 millones de euros. Es decir, al gráfico del PP le falta una tercera flecha (que podría ser azul) que vaya de Catalunya a España que indique el valor de los produc-tos que los españoles han comprado a Catalunya. La flecha azul y la verde son exactamente de la misma magnitud.

Una vez incorporada la tercera flecha azul al mapa del PP, ya podemos hacer las cuentas de nuevo para calcular el saldo total de la relación entre Catalunya y España: +24.200 millones de euros por el dinero que va de España a Catalunya a causa del comercio, - 24.200 millones de euros por el valor de los productos que van de Catalunya a España, -16.500 millones de euros por el déficit fiscal. Suma total:

10 Historia adaptada de un artículo mío de 1999. ¡Fijaos si hace tiempo que arrastramos el tema!11 Como es el mismo PP quien habla de “robar” a la hora de describir la relación entre Catalunya y España, el ejemplo del atraco en la tienda es una analogía correcta por la cual nadie se tiene que sentirse insultado. El ejemplo simplemente siguecoge a rajatabla lo que sugiere el título del cartel del propio PP.12 El 750 representa el saldo de la balanza fiscal sin neutralizar. Un error infantil del lo que ya he hablado antes.

-16.500 millones. Es decir, el saldo comercial no altera en absoluto la medida de la balanza fiscal: tanto si los españoles compran productos a Catalunya como si lo hacen a Japón, el saldo fiscal entre Catalunya y España es de 16.500 millones. Por lo tanto, incorporar la balanza comercial no cambia en absoluto la medida del déficit fiscal y la campaña del PP es absolutamente falaz y engañosa.

La reacción del PP a mi escrito fue inmediata. El diputado del PP catalán Santi Rodríguez escribió una nota donde me criticaba dos cosas13: la primera era la utilización del símil del atracador. No le gustó que equiparara el déficit fiscal con un robo. Esta crítica no tiene fundamento ya que yo estaba analizando una campaña del PP que se titulaba “¿España nos roba?”. Yo, al ver la palabra “roba” en un panfleto del PP, me vi con el derecho de utilizar el símil del ladrón para analizar si lo que vemos es, efectivamente, un robo y poder contestar con criterio a la pregunta que hace el PP.

La segunda crítica era un poco más sustancial. Un poco. En lugar de un robo, el señor Rodríguez proponía que analizáramos a un turista de Zaragoza que compra artículos en Barcelona. Estas compras generan un beneficio al empresario y unos puestos de trabajo en Catalunya. Y son, según él, estas ganan-cias económicas para Catalunya las que justifican que se ponga impuestos a los catalanes para “pavimen-tar las aceras de Zaragoza” y no las de Catalunya. Es decir, son los beneficios de las compras que hacen los españoles los que justifican el déficit fiscal catalán en relación con España. La razón es que, según el parlamentario del PP, sin la “inestimable colaboración del turista de Zaragoza” en Catalunya no habría beneficios. Para recompensar esta “colaboración”, hace falta que Catalunya mantenga un déficit fiscal con España.13 http://nonomeslletres.wordpress.com/2013/06/18/alguna-correccio-al-model-sala-i-martin/

Para entender dónde falla el argumento, pensemos qué pasaría si el turista de Zaragoza no fuera a Barcelona sino a Amsterdam. Está claro que sus compras generarían unos beneficios y unos puestos de trabajo equivalentes a los que generan en Catalunya... pero en Holanda. ¿Sería esta una buena jus-tificación por la cual el Gobierno español fuera a Holanda y reclamara a sus ciudadanos una parte del dinero que han ganado con las compras de los turistas de Zaragoza? ¿Qué creéis que pasaría si el Gobi-erno español intentara argumentar que los holandeses les deben dinero porque “sin la inestimable co-laboración de los turistas de Zaragoza” los holandeses no hubieran ganado dinero? Con toda seguridad las autoridades holandesas les mirarían con extrañeza y dirían: “Por favor, dejen de hacer el primo. ¡Nosotros a ustedes no les debemos nada porque, a cambio del negocio que generó su compra de 100 euros, ustedes se llevaron unos pantalones de 100 euros! ¡Por lo tanto, este intercambio voluntario entre el comprador de Zaragoza y el vend-edor de Amsterdam ya ha quedado totalmente saldado! ¡O sea que ahora no vengan a reclamar 16.500 millones de euros para asfaltar las aceras de España!”

Es decir, el Gobierno holandés les recordaría que el vendedor ganó unos beneficios con la venta, del mismo modo que el comprador ganó una “utilidad” (perdonad la palabrota económica) de valor equivalente: ¡Los dos por el valor de 100 euros! ¡Como el intercambio fue voluntario, no queda ninguna otra deuda por saldar y, en consecuencia, no hay que hablar de déficit fiscal para saldar absolutamente nada de nada!

¿Cuál es el error, pues, que ha cometido Santi Rodríguez? Pues, curiosamente, es exactamente el mismo error infantil del PP en su análisis original: ¡¡¡Se ha olvidado los pantalones!!! ¡Y esta peculiar tendencia que tiene el PP es preocupante, ya que a la gente que tiene tendencia a olvidarse los pan-talones, tarde o temprano le llega un día en que se queda en calzoncillos!

El señor Santi Rodríguez concluye su artículo con una pregunta retórica: “Le podemos preguntar al tendero de Barcelona si prefiere vender pantalones”. Naturalmente que la respuesta es que sí, igual que el tendero de Amsterdam. Puestos a preguntar, también le podemos preguntar si le gustaría tener ruedas y ser una bicicleta. Sospecho que la respuesta sería que no. Pero ninguna de las dos preguntas tiene que ver con el tema que nos ocupa, que es la medida exacta del déficit fiscal. ¡El déficit fiscal de España con Holanda es cero y el de Catalunya es de 15.000 millones y ni el uno ni el otro tienen nada que ver con si el turista de Zaragoza compra o no compra pantalones! O dicho de otro modo, quizás interese más al PP: si Catalunya fuera independiente el déficit fiscal con España sería cero, como el de Holanda, independientemente de cuál fuera su déficit o superávit comercial. El argumento de la balanza comercial como contrapunto de la balanza fiscal es engañoso y erróneo y sería bueno que pasara a mejor vida. Punto y final.

Hecho expresamente

Quizás tan importante como preguntarse cuál es la magnitud del déficit fiscal de Cataluña con España es preguntarse cuáles son las causas de este déficit. El problema no es que los catalanes paguen unos tipos impositivos más altos. Los tipos impositivos en Cataluña y España son más o menos iguales (aunque el tramo autonómico catalán del IRPF sea un poco superior). Es cierto que, al ser un poco más ricos, los catalanes pagan unos impuestos un poco más altos... pero eso es normal. Por lo tanto, el prob-lema de la relación fiscal entre Cataluña y España no son los impuestos.

El problema, pues, no son los impuestos que pagan los catalanes sino la magnitud del gasto que hace el Estado en Cataluña. Una parte de este gasto lo hace directamente en las personas. Por ejemplo, el de la Seguridad Social. Si calculamos las contribuciones de los trabajadores catalanes a la Seguridad Social y los pagos de la Seguridad Social a los catalanes parados, pensionistas y que están de baja tem-poral o de maternidad, el saldo ha sido históricamente negativo para Cataluña: los catalanes han pagado más de lo que han recibido de la Seguridad Social. En el cuadro 2 vemos cuál ha sido la diferencia entre las aportaciones y las retribuciones de la Seguridad Social en Cataluña (columna 1) en el resto de comu-nidades autónomas (columna 2, denominada España Sin Cataluña) y en el conjunto de España. Vemos, por ejemplo, que en 2010 Cataluña sacó de la Seguridad Social más de lo que aportó. Pero también ve-mos que el dinero no vino del resto de las comunidades del Estado ¡ya que ¡la Seguridad Social española en su conjunto también tuvo un déficit de 28.459 millones! De éstos, 26.317 provienen del déficit del resto de España y sólo 2.142 del déficit de Cataluña. Si sumamos los déficits y superávits de los catalanes con la Seguridad Social, obtenemos un superávit de 24.774 millones de euros.

El segundo causante del déficit de la balanza fiscal catalana es el modelo de financiación de la Generalitat dentro del marco español actual. Con datos liquidados para el 2010 y publicados por el Min-isterio de Hacienda, Catalunya genera impuestos un 19% por encima de la media de las CA (es la 3.ª CA en el ranking) pero recibe un 1% por debajo de la media (es la 10.ª CA en el ranking). Si tenemos en cuenta las diferencias de precios entre territorios, Cataluña dispone de recursos un 9% por debajo de la media y se sitúa en la 14.ª posición.

El tercer causante es la magnitud de las inversiones públicas que el gobierno central realiza en Cataluña, que son muy inferiores a lo que correspondería. Cataluña tiene, más o menos, el 18,6% del PIB español y el 16% de los ciudadanos. Dado que los catalanes son relativamente más ricos, es normal que sus impuestos constituyan más del 20% de los impuestos recaudados en España (teniendo en cuenta que los impuestos son progresivos), pero uno esperaría que las inversiones realizadas en Cataluña fueran

entre el 16% y el 18,6% del total (al fin y al cabo, todos tendríamos que tener carreteras públicas simi-lares e incluso sería razonable que donde hay más actividad económica –más camiones- hagan falta más infraestructuras –más carreteras—). Sin embargo, las inversiones del Estado en Catalunya no han sido del 18,6% del total de las inversiones realizadas por el Estado español, un porcentaje que correspond-ería a la proporción del PIB catalán. Ni siquiera han sido del 16%, que correspondería al porcentaje de población. De hecho, tampoco han sido del 15%, ni del 14%, ni del 12%, ni del 10%. Las inversiones públicas en Cataluña son el 8% del total: ¡menos de la mitad de lo que sería racional esperar!

Es cierto que para el año 2011, el Gobierno central presupuestó una inversión en Catalunya que representaba el 15,2% del total. Pero una cosa es presupuestar una inversión y otra muy diferente es realizarla. Y es que la mayor parte de las inversiones que el Gobierno central presupuesta en Cataluña nunca se llevan a cabo. De hecho, en el año 2011, sólo se ejecutó el 35,5% de lo que estaba previsto (Fuente: IGAE).

¡Sí! Ya sé que el año 2011 era un año de crisis y que, en principio, el Gobierno central de Madrid tuvo que hacer recortes y no se pudo gastar todo lo que estaba previsto. Eso es cierto... pero parece que los recortes cayeron de manera desproporcionada sobre Cataluña. Es decir, se podrían haber reducido las inversiones en todas partes por igual, lo que habría dejado el porcentaje del total realizado en Cata-luña igual. Pero no. El porcentaje del total en Cataluña cayó del 15,2% presupuestado al 8% ejecutado. En Madrid, en cambio, se acabó invirtiendo no menos sinó un 11% más de lo que estaba presupuesta-do, de manera que en Madrid se había presupuestado un 10,6% del total y la inversión acabó siendo el 16,4% del total. Es decir en Madrid se ejecutaron el 111,7% de las inversiones previstas. En el resto de España, el porcentaje de las inversiones presupuestadas que finalmente se llevaron a cabo fue del 62,4%, un porcentaje que casi dobla el de Catalunya.

Resumiendo, el problema que ha tenido Catalunya dentro de España es que el Estado no ha in-vertido lo que sería razonable. De hecho, como eso ya hace años que dura, los políticos catalanes que negociaron el Estatuto intentaron solucionar el problema incorporando una cláusula que pusiera re-medio a esto. Esta cláusula era la famosa disposición adicional tercera y decía que, durante el periodo de siete años (2007-2013) que seguía a la aprobación del Estatut la inversión del Estado tenía que ser proporcional al peso del PIB catalán en relación al del conjunto de España. Es decir, España tenía que hacer el 18,4% de sus inversiones en Catalunya. Una vez aprobado el Estatut, el Gobierno intentó hac-er trampas jugando con la palabra inversión, pero no tuvó que jugar demasiado ya que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 declaró que la disposición adicional no era de obligado cumplimiento. Si a eso le sumamos la deslealtad constante de los sucesivos gobiernos centrales tenemos que, como ya he explicado, en 2011 las inversiones en Cataluña fueron sólo del 8% del total. Y los presupuestos de 2012 dicen que sólo invertirán el 11,1% en Cataluña (del que está para ver qué parte llevarán a cabo) y los presupuestos de 2013 mantienen el 11,9% mientras, eso sí, se mantiene la construcción del AVE en Galicia. Todo muy por debajo del 18,6% que decía la desgraciada disposición adicional 3.ª.

Vemos, pues, que la principal causa del déficit fiscal de Cataluña con España es que, del gasto que el Estado decide hacer (las pensiones de los catalanes no las escoge el Estado sinó que son iguales para todos los trabajadores del Estado y, por lo tanto, el Gobierno central no puede decidir enviar menos dinero a Cataluña en concepto de pensiones), España escoge hacer muy poco en Cataluña. Mucho

menos gasto de lo que correspondería dado el número de habitantes y las necesidades económicas de las empresas que operan. Allí donde el Estado tiene poder para decidir cuánto gasta, el gasto acaba siendo mucho más bajo de lo que sería razonable. Ésa es la causa del déficit fiscal de Cataluña con el Estado. La conclusión es doble. Primero, dado que el déficit se produce por no gastar en las áreas donde el Go-bierno español puede decidir si gastar o no, tenemos que concluir que el déficit fiscal está hecho inten-cionadamente.

Y, segundo, como la mayor parte de los gastos que se pueden decidir son inversiones (las pensiones, por suerte, no se pagan a discreción del señor Rajoy), el déficit ha acabado haciendo que en Cataluña haya una falta dramática de infraestructuras públicas. Por ejemplo, aunque Cataluña tiene el 16% de la población, el 18,4% del PIB, paga el 21% de los impuestos y hace el 26% de las exportaciones, sólo recibe el 9,4% del gasto público que puede escoger el Gobierno, tiene el 8% de las infraestructuras, el 4% de las autovías gratuitas y, por el contrario, el 24% de las autopistas de peaje.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas vuelve a ser de utilidad ya que publica una estimación del stock de capital público en relación al PIB para cada comunidad pública de España. Una vez más, lidera el ranking Extremadura con un stock del 133,2% del PIB. Y una vez más, la comunidad que está en la cola es Cataluña con un stock de infraestructuras públicas del 52,6% del PIB, 20 puntos porcentuales por debajo de la media española del 72,3%.

Esta situación puede ser descrita de muchas maneras. La más sucinta y educada es la que utilizó el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell cuando dijo: “¡España nos frena!”

La España radial

Con el final de la última glaciación, los grandes mamíferos se extinguieron. Eso hizo que fuera cada vez más difícil para los seres humanos vivir de la caza y la recolección de frutos y raíces. Empeza-ron a domesticar las plantas y las bestias. Hasta aquel momento, su vida era nómada: un movimiento constante en busca de alimentos y agua para sobrevivir. Con la aparición de la agricultura y la ganadería, los hombres se establecieron en poblados fijos cerca de los ríos. Aparte de llevar el agua necesaria para la vida, los ríos (al menos los más grandes) ofrecían un medio de transporte más barato, rápido y seguro. El transporte fluvial, como el marítimo, facilitaba el comercio de mercancías y el intercambio de ideas. Y con el intercambio llegaba el progreso económico, cultural e intelectual. Eso explica que las principales capitales europeas estén situadas o bien al lado del mar o de ríos navegables: Ámsterdam, Atenas, Berlín, Bratislava, Budapest, Copenhague, Dublín, Estocolmo, Helsinki, Kiev, Lisboa, Londres, Moscú, Oslo, París, Roma, Varsovia, Viena...

¡La excepción es Madrid! Madrid, no sólo está sobre una meseta a 650 metros de altura (¡después de Andorra es la capital más alta de Europa, por encima incluso de Berna, la capital de Suiza!) sino que, además, está a centenares de kilómetros del mar o de cualquier río navegable.

¿Quién tuvo la ocurrencia de situar la capital en un lugar de geografía tan adversa? Pues parece ser que el padre de Felipe II (Carlos I) le recomendó a su hijo que estableciera una capital fija. No se sabe exactamente por qué Felipe II escogió Madrid en lugar de Barcelona o Toledo. Pero, en un brillante artículo publicado en El País14, César Molinas especula con la posibilidad de que no escogiera Barce-lona “probablemente, por razones políticas, porque, después del aplastamiento de la revuelta de los comuneros, el rey tenía mucho más poder en el reino de Castilla que en el de Aragón”. Y también dice que descartó Toledo “porque tenía obispo y Felipe II no quería tener cerca a nadie que pudiera hacerlo alguna tipo de sombra.”

En cualquier caso, fuera cuál fuera la razón, la elección de Madrid fue un hecho trascendental en la historia de España, que “ha marcado de manera indeleble la economía, la sociedad, las comunicaciones e, incluso, el aspecto físico de España.” César Molinas lo dice con más claridad: “La aberración geográfica de Madrid es una de las causas determinantes de la anomalía histórica de España, es decir, de su no incorporación a la moderni-dad.”

Madrid era una corte situada en el centro inaccesible de un rincón de Europa. Estaba tan aisla-da que incluso el rey tenía dificultades para comunicarse y dar órdenes a sus súbditos. Según explica Germà Bel en un libro imprescindible15, es por eso que el primer rey Borbón, Felipe V, se inspiró en la capitalidad de Paris para designar “seis carreras reales” que salían desde Madrid y se esparcían por toda la geografía peninsular. Aquellas seis vías de comunicación se corresponden con lo que hoy son las seis au-topistas radiales que tienen el kilómetro cero en Madrid: de la A-1 a la A-6. Los nuevos reyes borbones decretaron que, quien quisiera carreteras aparte de las seis radiales, se las tenía que pagar de su bolsillo. La corona sólo financiaría los seis caminos reales. Esta estrategia de financiación de los primeros reyes borbones también se ha aplicado a la construcción de las autopistas modernas: financiación pública por las radiales, financiación privada por las demás.

14 “España, Capital Madrid”, El PaisPaís, 4 de mMarzo de 2012.15 España, Capital París”, La Campana, (2011).

La motivación para hacer vías radiales era estrictamente política: ¡se buscaba que las noticias y las órdenes en las provincias circularan con rapidez y que llegaran a todas por igual! Esta motivación puramente política era ajena a cualquier criterio de racionalidad o eficiencia económica. Eso era cierto entonces que había caminos de tierra y sigue siendo cierto ahora que en lugar de caminos hay autopistas.

Con la llegada del ferrocarril, ya en el siglo xix, las cosas no cambiaron mucho. La preocupación por la situación de aislamiento ferroviario que amenazaba Madrid fue uno de los principales factores que llevó a promulgar la Ley General de 1855. En esencia, esta ley estableció el carácter preferente de cinco líneas radiales que debían conectar Madrid con varios puertos y fronteras de la península. Poco después, en 1870, se legisló la extensión de la conexión de Madrid en todas las capitales de provincia de la penín-sula, a costa de los recursos públicos que fueran necesarios. Naturalmente, estas líneas absorbieron la mayor parte del ingente volumen de recursos públicos dedicados a la construcción del ferrocarril y, por lo tanto, quedaba poco dinero para construir líneas de tren que no pasaran por Madrid.

Una vez más, las políticas de infraestructuras y servicios de transportes fueron diseñados para or-ganizar el poder político de Madrid y satisfacer las necesidades de la corona. Y, una vez más, estas políti-cas se hicieron con independencia de la racionalidad económica y de las necesidades de conexión entre núcleos productivos. Estos últimos quedaron sistemáticamente fuera de las prioridades presupuestarias del Gobierno del Estado.

El patrón de desarrollo de las infraestructuras de transporte en la España de los últimos siglos se ha mantenido en los últimos cincuenta años con la construcción de autopistas, trenes de alta velocidad y aeropuertos16. Eso ha hecho que, en la actualidad, las infraestructuras españolas sean muchas, de muy alta calidad y estén estratosféricamente infrautilizadas: autopistas sin coches, trenes de alta velocidad sin pasajeros, aeropuertos sin aviones y puertos sin barcos. Es lo que tiene construir cosas siguiendo crite-rios políticos y no de eficiencia económica. España sigue siendo un mercado transversal dentro de un estado radial.

16 A diferencia de las carreteras, autopistas y líneas de ferrocarril, los aeropuertos no pueden ser diseñados de ma-nera radial. Ahora bien, lo qué si se puede hacer es utilizar la gestión de estos aeropuertos para garantizar que todos los aeropuertos de España tenganienen vuelos directos y frecuentes a Madrid, aunque estas líneas no sean las más racionales desde el punto de vista de la eficiencia económica.

“Capitalismo castizo”

Al principio de este capítulo hemos explicado que el déficit de la balanza fiscal catalana se expli-caba principalmente por las pocas inversiones que el gobierno del Estado hace en Catalunya. El libro de Germà Bel nos explica que esta falta de interés por construir infraestructuras tiene una explicación histórica: la decisión del rey de España de poner la capital del país en medio de la península, lejos del mar y de cualquier masa fluvial transitable.

El problema es que aquella decisión de poner la capital en un pueblo tan aislado tuvo unas conse-cuencias todavía más graves para el futuro de España. Y es que en la capital había cortesanos, pintores, músicos y escritores. Pero no había comerciantes, ni emprendedores, ni científicos, ni ingenieros. Al principio Madrid estaba aislada físicamente y más adelante estaba comunicada, pero no con los grandes centros productivos de la época porque las carreteras no se habían diseñado con criterio económico. Eso representó que, durante siglos, también estuvo aislada de los flujos de nuevas ideas que llevan el progre-so. En los demás países de Europa, la corte reaccionaria tenía el contrapeso de una burguesía dinámica, industriosa y culturalmente inquieta. Y fue este contrapeso el que acabó modernizando el continente. La corte española, por el contrario, no tenía ningún contrapunto modernizador porque en Madrid sólo había cortesanos aislados de todo tipo de ideas nuevas. Eso hizo que España se acabara convirtiendo en el principal bastión de la resistencia a la reforma protestante... y a cualquier tipo de progreso.

Una de las consecuencias de todo eso es que en Castilla fue surgiendo un sistema económico que César Molinas denomina “Capitalismo castizo”. Según Molinas, “la única razón para ir a Madrid era ver al rey. Y lo iban a ver porque, como gusta señalar Luis Garicano, las únicas formas de ser rico en España eran ser hijo de rico o estar próximo al rey. En el abrigo de la corte se desarrolló en España un capitalismo castizo, mal denominado capitalismo financiero, basado en la captura de rentas y en la proximidad al poder, que es típicamente madrileño y que sigue siendo hoy día la forma de capitalismo dominante en nuestro país. Hay una gran consis-tencia histórica, de concepción de los negocios y del mundo, entre personajes ochocentistas como Fernando Muñoz, el general Serrano y el marqués de Salamanca, por una parte, y s que hoy día se sientan en el palco del Santia-go Bernabéu, por otra. Es una forma de prosperar gracias al favor del poder político, gracias al BOE, que se ha mantenido inalterada a lo largo de los siglos. Como explicar si no, por ejemplo, la moratoria de dos años concedida recientemente para el pre registro de plantas termosolares a fin de que puedan cobrar las primas correspondientes. ¿No es eso captura de rentas? Pregunten en el Bernabéu.”

Y sigue Molinas: “Las grandes empresas españolas que se han convertido en globales son todas ellas empre-sas reguladas que, independientemente del éxito obtenido en la captura de sus respectivos reguladores, demasiado grande en todos los casos, acaban dependiendo del BOE. No pocos de sus actuales dirigentes han sido propiciados por el Gobierno de turno, práctica ésta que me temo que continuará en el futuro próximo. En cualquier caso, estas empresas constituyen la versión más evolucionada y homologable del capitalismo castizo. Otro grupo de empresas que se ha internacionalizado mucho, quizás haciendo de la necesidad virtud, son las grandes constructoras de obra civil. No están reguladas, pero dependen del BOE más que nadie.

¿No hay nada relevante en la economía española que no caiga dentro del paradigma del capitalismo castizo? Pues sí, sí lo hay. Empresas como Inditex, Mango, Abengoa (a pesar de su amor por el BOE), Mercadona, Game-

sa y muchas otras responden a paradigmas diferentes y tienen rasgos relevantes en común. En primer lugar, son empresas que surgen de la visión de futuro de un emprendedor. Baste decir aquí que todas las empresas reguladas están dirigidas por empresarios, algunos de ellos muy buenos, pero ninguna por emprendedores. Botín, por ejemplo, ha convertido el Santander en uno de los mejores bancos del mundo, pero no ha inventado una nueva manera de hacer banca. Amancio Ortega, en cambio, ha inventado una manera nueva de producir, distribuir y vender confec-ción. Ha cambiado el mundo, no solo su empresa. Ahí radica la diferencia entre un empresario y un emprendedor. El primero tiene una visión de su empresa; el segundo, del mundo.

La segunda característica relevante de las compañías no reguladas aludidas en este párrafo es que son todas ellas periféricas: gallegas, catalanas, navarras, levantinas, andaluzas. ¿Casualidad? Yo creo que no. El capitalismo industrioso español, más débil que el castizo, se desarrolló históricamente en la periferia, cerca del agua navegable. Siempre fue un capitalismo tímido, carente de ambición y localista, tanto en lo político como en lo económico, aun-que en esto último podría estar desemperezándose al abrigo de la globalización, abandonando actitudes proteccion-istas que duraron hasta los años noventa del siglo pasado.”

Resumiendo, según César Molinas, la decisión de poner la capital de España en un pueblo aislado del transporte marítimo y fluvial ha marcado la concepción económica del país. En un país normal, la gente que se hace rica es la que inventa productos que atraen a las masas, ya sea un teléfono o el IPhone, un buscador como Google o un sistema operativo. En el “capitalismo castizo español”, los que se hacen ricos son los que tienen influencias políticas en el gobierno. Y este es un fenómeno que está grabado en el ADN de la cultura económica de España y es casi imposible de cambiar.

El “otro sendero”

Aparte de tener unas redes de infraestructuras radiales que no han sido diseñadas con criterios de eficiencia económica y un sistema de negocios que beneficia más a los que tienen poder político que a los que tienen buenas ideas, España tiene otro problema grave: una nefasta regulación. Poco antes de empezar la crisis, José Luis Rodríguez Zapatero se vanagloriaba de que la economía española ya estaba en la “Championlí” (con acento en la i) de las economías mundiales. Lo decía, no sólo porque el PIB español estaba creciendo mucho más que el de países vecinos, como Francia o Italia, sino por su supues-ta excelente regulación.

Vayamos por partes: nadie duda de que la actividad económica en el siglo xxi necesita algún tipo de reglas. Es imperativo que los derechos de propiedad sean garantizados, que las disputas entre em-presas o entre empresas y trabajadores se resuelvan rápidamente y eficientemente, que los contratos se respeten, que exista competencia que evite el abuso de monopolios o que la regulación sea predictible para que los empresarios y emprendedores puedan calcular sus efectos sobre las cuentas de resultados.

Ahora bien, que las normas sean necesarias no quiere decir que todas las normas sean buenas o que más regulación siempre sea mejor que menos regulación. De hecho, lo importante no es la cantidad de normas sino su eficiencia. Es decir, lo importante no es si hay demasiada regulación o demasiado poca. Lo importante es que la regulación sea eficiente y no perjudique la economía.

La pregunta es: ¿Y cómo se sabe si un país tiene una regulación eficiente? La primera pista nos la dio el brillante economista peruano Hernando de Soto en 1986. En un famosísimo libro llamado El otro sendero, de Soto intentó montar una empresa textil en Lima y calculó los días que se tardaba en poder hacerlo, el número de permisos y trabas que tuvo que salvar y el dinero que tuvo que gastar para conseguir todos estos permisos, incluidos los sobornos que tuvo que pagar a los funcionarios que no tra-mitaban sus papeles sin la habitual propina. De Soto concluyó que “el otro sendero” (referido al exceso de regulación y de burocracia) era tan perjudicial para los peruanos como el tristemente famoso grupo terrorista denominado “Sendero Luminoso”.

Esta creativa manera de calcular los costes de la regulación calculando el tiempo, el dinero y los dolores de cabeza que un emprendedor tiene que pagar para montar una empresa era una buena manera de poner números en un tema difícil de medir. De hecho, la idea era tan buena que el Banco Mundial la adoptó en 2003 y, desde entonces, esta institución internacional envía gente a intentar crear negocios a diferentes países del mundo y con los resultados hace un ranking mundial de acuerdo con las dificul-tades que encuentra. Naturalmente, el Banco no puede enviar gente a todas las ciudades y pueblos del país sino que envía a una o dos ciudades. En el caso de España, el Banco Mundial envía gente a la villa de Madrid y recoge las dificultades que encuentran a la hora de montar un negocio desde cero. Una vez visitados 189 países de todo el mundo, publica un documento denominado www.doingbusiness.org que recoge los resultados.

En la edición de 2013 (la última publicada en el momento de publicar este libro), los países donde es más fácil crear un negocio son, por este orden, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Australia y Hong Kong. España (representada por Madrid) ocupa el lugar 142 de un total de 189 países de todo el planeta.

A la hora de facilitar la creación de negocios, España está por debajo de lugares como Letonia, Kaza-jistán, Qatar, Armenia, Perú, Ruanda, Benín o la Isla de Tonga.

Además de calcular la facilidad para crear un negocio, el Banco Mundial utiliza una metodología similar para analizar las dificultades que encuentran las empresas ya existentes para llevar el negocio. Por ejemplo, mide la dificultad para obtener permisos para la construcción (aspecto en el cual España ocupa la posición 98 del ranking mundial), el coste de obtener electricidad (posición 62), registrar propiedad (posición 60), obtención de crédito (posición 55), protección de los inversores (posición 98), pago de impuestos (posición 67), o hacer cumplir contratos (posición 59). Sólo en la facilidad de transportar mercancías a través de las fronteras internacionales y resolución de empresas insolventes España ob-tiene un ranking digno de un país moderno (posiciones 32 y 22 respectivamente).

Aunque el análisis para España de la ineficacia reguladora del Banco Mundial se concentra en la ciudad de Madrid, el exceso de regulación es un problema que se extiende por toda la geografía. No tenemos datos concretos para Barcelona o de otras ciudades de Cataluña; sin embargo, si los tuviéramos, seguro que serían similares o peores que los de la capital del Estado. Por ejemplo, varios estudios dem-uestran que el número de días que las operadoras tardan en obtener permisos de instalación de antenas de telefonía móvil sitúan Barcelona como la segunda ciudad más lenta de España, después de Valladolid. ¡Y eso que Barcelona es la capital mundial del móvil!

La Marca España

A unas infraestructuras inadecuadas y a un sistema económico excesivamente regulado y dependi-ente de los favores políticos, a la España actual se le suma un problema que acabará siendo todavía más importante: el continuo e implacable deterioro de la imagen institucional del país. Un fenómeno que se extiende por casi todas las instituciones. Repasémoslas. Empecemos por la primera institución del Estado: la corona. Abril del 2012. Su Majestad, el Rey, se va a cazar costosos elefantes con una miste-riosa señorita alemana mientras un 26% de sus conciudadanos están en el paro por culpa de una de las peores crisis financieras de toda su historia. La aventura paquidérmica del Rey es un secreto de estado que el gobierno español ayuda a esconder. De hecho, nadie hubiera sabido que el Rey se había escapado a Botsuana si no fuera porque Su Majestad tropezó con un peldaño el día 14 de abril (irónicamente, el día del aniversario de la proclamación de la República) a las cuatro de la madrugada. La caída le provoca una triple fractura de la cadera que lo obliga a volver con urgencia en Madrid e ingresar en un hospital.

Como consecuencia de la fractura, la salud del monarca se deteriora irremediablemente hasta que le imposibilita seguir gobernando. A mediados del 2014, el rey abdica en beneficio de su hijo. En pocas horas, los dos partidos mayoritarios de España, el PP y el PSOE, se ponen de acuerdo para aprobar por la vía exprés, una ley que le otorga inmunidad absoluta. Los ciudadanos no entienden por qué los dos grandes partidos tienen tanta prisa para tramitar la inmunidad del monarca.

Una posible explicación la encontramos en la hemeroteca. El 28 de septiembre de 2012, el New York Times publica un artículo17 donde estima que la fortuna del rey de España llega a los 2.300 mil-lones de euros. Los periodistas norteamericanos se preguntan cuál es el origen de este dinero ya que se da la circunstancia de que, a diferencia de otros monarcas europeos, “cuando Juan Carlos I llegó al poder en 1975 su riqueza era prácticamente nula y es difícil una acumulación tan grande de riqueza teniendo en cuenta que sus ingresos anuales declarados han sido de unos 8,3 millones de euros”. Según el New York Times, es cierto que “es ampliamente reconocido por los círculos empresariales que el rey ha actuado como negociador y embajador económico para su nación, pero la manera como ha amasado su considerable fortuna personal sigue siendo un secreto”. Un secreto que nunca encontrará explicación gracias a la ley de inmunidad qué tan eficientemente y rápidamente tramitaron el PSOE y el Partido Popular.

Sin abandonar a la misma familia real, pasemos a hablar de los duques de Palma: El 29 de diciem-bre de 2011, el juez Castro cita a Iñaki Urdangarín, marido de la hija del Rey Juan Carlos I, a declarar en un caso de corrupción por estar relacionada con irregularidades cometidas durante la década anterior a través de su empresa Nóos. Unas semanas más tarde, es imputado por estafas millonarias de dinero público. Se desconoce si el Rey estaba al corriente de las actividades de su yerno, pero sí sabemos que en 2009 la Casa Real le recomienda que abandone los negocios. Sin embargo, en lugar de denunciar las ilegalidades del yerno, Su Majestad lo envía a él, a su mujer y a sus nietos a vivir en Washington con un salario millonario.

Pasemos a las instituciones judiciales: junio de 2012. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, es obligado a dimitir por haber malgastado dinero

17 “Chastened King Seeks Redemption, for Spain and His Monarchy”, Doreen Carvajal yi Raphael Minder, New York Times, 28 de sSeptiembre, 2012.

público en excursiones románticas de fin de semana con el encargado de su seguridad. Es más, a diferen-cia de lo que hubiera pasado con cualquier empleado de cualquier empresa que es expulsado de su cargo por malversación de fondos, al dimitir, el señor letrado cobró unos 200.000 euros de indemnización procedentes del erario público.

9 de febrero de 2012. El juez más mediático y famoso del país (y quizás del mundo), Baltasar Garzón, es expulsado de la audiencia nacional por haber sido probado que espió a un acusado y violó la relación de secreto entre abogado y cliente, relación que es sagrada en toda democracia que se precie.

Julio de 2013, se descubre que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez Cobos, fue militante del Partido Popular entre 2008 y 2011. El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judi-cial dice, literalmente, que “los Jueces o Magistrados no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo en el servicio de los mismos”. El artículo 159 de la Constitución española dice que la condición de magistrado es incompatible con “el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos”. Los expertos constitucionalistas dicen que se trata de un caso de clarísima inconstitucionalidad. A pesar de todo, el señor Pérez Cobos no dimite y el Gobierno del Estado le permite seguir presidiendo el tribunal que tiene que juzgar, entre otras cosas, la validez de una posible consulta catalana.

1 de junio de 2014. Enrique López, otro magistrado miembro del Tribunal Constitucional próxi-mo al Partido Popular, ex colaborador de la FAES y ex tertuliano del programa de extrema derecha, El Gato Al Agua de la cadena Intereconomía, es pillado conduciendo borracho, sin casco y saltándose un semáforo en rojo sobre las siete y media de la mañana, después de una agitada noche de fiestas.

25 de junio de 2014. El juez que lleva el caso Urdangarín, José Castro, decide imputar a la infanta Cristina de Borbón y Grecia, por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. ¡Al día siguiente de la imputación y de manera sorprendente, el fiscal del caso, Pedro Horrach, defiende a la infanta y ataca al juez! En su escrito, acusa a Castro de actuar a la carta, “despreciando indicios de notable fuerza excul-patoria”. También lo acusa de falta de imparcialidad y objetividad, sin neutralidad y de hacer especula-ciones y pura ficción. Dice que el juez está contaminado por los medios de comunicación y sus juicios paralelos. El juez Castro reacciona retando al fiscal a que le ponga una denuncia por prevaricación. Las disputas entre juez y fiscal acaban formando un espectáculo que pone en cuestión la imparcialidad y la objetividad del sistema judicial. Un sistema judicial que, por cierto, tiene más de 10.000 aforados con privilegios a la hora de ser juzgados (los países civilizados tienen cero, uno o dos aforados –el jefe de estado mientras está en funciones). ¡Parece que en la España constitucional “todos somos igualas ante la ley”, aunque parece que “unos son más iguales que otros!”.

Pasemos a las élites empresariales. El 3 de diciembre de 2012, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (la CEOE), señor Gerardo Díaz Ferrán, es detenido por al-zamiento de bienes y blanqueo de dinero. El juez lo acusa de haber robado el dinero de la quiebra de la empresa Marsans, una quiebra fraudulenta que dejó sin cobrar a empleados, proveedores y acreedores. También se le acusa de evasión de impuestos cuando compró Aerolíneas Argentinas y de la emisión fraudulenta de pagarés de Nueva Rumasa. No hablaremos de los espectáculos constantes del propio Ruiz Mateos, novelesco personaje que parece salido de la literatura picaresca del Renacimiento español, pero sí del banquero más famoso e internacional del país, señor Emilio Botín, a quien en el año 2011 se le descubrió una fortuna de 2.000 millones de euros en el banco suizo HSBC. Botín paga una multa de

200 millones en concepto de impuestos evadidos y la cosa no pasa de aquí. Siguiendo en el Banco Santander: en 2011, el consejero delegado y vicepresidente del banco, Al-

fredo Sáez, es condenado por el Tribunal Supremo a tres meses de prisión por haber presentado querel-las falsas a un grupo de empresarios con el objetivo de cobrar créditos morosos cuando presidía Banesto. La condena debería haberle hecho perder el grado “de honorabilidad” y, por lo tanto, de acuerdo con las reglas del Banco de España, debería haber abandonado inmediatamente su posición en el banco. El 25 de noviembre de 2011, el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, indulta a Sáez para que pueda seguir siendo el consejero delegado del banco.

Hablando de empresarios, muchos de los cuales en su día se vanagloriaban de haber conseguido entrar en la lista Forbes de billonarios, no consiguen evitar que sus empresas se arruinen durante la gran recesión de 2009-2012. Queda demostrado que no eran tan buenos empresarios como se pensaba y que sus “milagrosos” éxitos económicos no eran más que el resultado de la especulación inmobiliaria, el amiguismo político y el “pelotazo” como medio de ganar dinero para los más espabilados.

Seguimos con las instituciones reguladoras y supervisoras que representa que tienen que velar por el bienestar y la seguridad económica de los ciudadanos. El Banco de España agrava significativamente la crisis económica con su absurda política de fusiones bancarias que ha acabado por contaminar a los bancos y cajas sanos con toda la porquería de los bancos y cajas podridos. Efectivamente, sólo empezar la crisis, el Banco de España fuerza a los bancos que van bien a absorber a los que van mal. Quizás piensan que cuando uno pone una manzana podrida en un cesto de manzanas buenas, las buenas acaban curando a las podridas. Todo el mundo sabe, sin embargo, que en la vida real lo que pasa es exactamente lo con-trario: las manzanas malas acaban pudriendo las manzanas buenas. Y eso es lo que acaba pasando con los bancos españoles: la absorción casi obligada de bancos y cajas con problemas financieros por parte de los bancos y cajas más o menos sanos acaba poniendo en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero.

Además, desde que empieza la crisis, el Banco supervisor hace una serie de “stress tests” para averiguar qué bancos están financieramente bien y cuáles están mal. Para sorpresa de todo el mundo, el Banco de España da la nota de aprobado a Bankia, una especie de Frankenstein financiero resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Es más, otro ente supervisor como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la salida a bolsa de Bankia. En medio de mucha fanfarria y de una campaña publicitaria protagonizada por el presidente del Banco de España y exministro del gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, Bankia sale a bolsa el día 20 de julio de 2011. El precio de salida de las acciones: 350 euros por acción. Como tiene la apro-bación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, miles de familias confían en Bankia y compran acciones por valor de 3.000 millones de euros. Dos años más tarde las acciones cotizan a 60 céntimos de euro. ¡Los pobres ahorradores que confiaron en las principales instituciones supervisoras españolas han perdido el 99,8% de su dinero!

Hablando de la CNMV, el día 1 de julio de 2014, la empresa de investigación financiera nor-teamericana “Gotham City Research” (¡Gotham City es el nombre de la ciudad donde vive y trabaja Batman!) elabora un informe demoledor sobre la empresa estrella española de las nuevas tecnologías: Gowex. Gowex, creada por Jenaro García Martín en 1999, se dedicaba a poner wifi en plazas públicas (trenes, autobuses, metros, calles de grandes ciudades, etc.). Empezó a cotizar en el Mercado Alternati-

vo Bursátil español (una especie de bolsa para empresas de innovación supervisada por la Comisión Na-cional del Mercado de Valores) en 2010 con un valor de 36 millones de euros. Jenaro García recibe numerosos premios por su capacidad de innovar. Entre ellos, destaca el Premio Príncipe Felipe de Ex-celencia Empresarial. Sus acciones suben como la espuma hasta el punto que el día 1 de julio de 2014, Gowex valía 1.400 millones de euros. Pero según el informe de “Gotham City Research”, los ingresos de Gowex son falsos, la empresa española tiene muchos menos clientes y muchos menos “hotspots” de los que dice que tiene. Es más, dicen que sus principales clientes son empresas fantasma propiedad del mismo Jenaro García y que la persona que firma las cuentas de la empresa, una tal Florencia Maté, es, en realidad, la esposa de Jenaro. Los chicos de Gotham City llegan a la conclusión de que Gowex es una estafa y que su valor de mercado tendría que ser cero. Tres días más tarde, don Jenaro confiesa que las cuentas de la empresa han sido manipuladas por él y su mujer y que todo lo que explican los chicos de Batman es cierto. La empresa entra en concurso de acreedores y los inversores que una semana antes tenían acciones por valor de 1.400 millones de euros pierden todo su dinero. Sorprende que pase como en las películas de Batman, donde un millonario norteamericano escondido detrás de una máscara de murciélago acaba capturando criminales y luchando contra el mal porque quien está encargado de ha-cerlo (en este caso la policía) no lo hace lo suficientemente bien. El caso de Gowex es un ejemplo en el que la realidad supera la ficción: unos jóvenes norteamericanos que operan desde una empresa que lleva el nombre de la ciudad de Batman acaban destapando a los estafadores porque los supervisores y reguladores oficiales (en este caso, la Comisión Nacional de Mercado de Valores) no ha hecho su trabajo y no han protegido a los inversores. Si lo hicieron unos jóvenes americanos, lo habría podido hacer la CNMV. ¡Pero no! Una vez más, los inversores engañados acaban pagando los platos rotos de un super-visor incapaz de hacer su trabajo.

Y dejo para el final a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, que seguramente se han convertido en la institución más desprestigiada del Estado. Las razones son múltiples. Dejadme nombrar dos: las mentiras sistemáticas y patológicas y la corrupción. Empecemos por las mentiras. En España parece que los compromisos electorales no tengan ningún tipo de importancia. Uno se puede presentar a las elecciones diciendo que hará una cosa y acabar haciendo todo el contrario y nadie pide nunca perdón por el engaño a los votantes. Además, los partidos que ahora gobiernan hacen lo contrario de lo que decían cuando estaban en la oposición y los partidos que ahora están en la oposición critican al gobierno por hacer lo que ellos mismos hacían cuando mandaban. Entre los unos y los otros están dejando a los ciudadanos con la sensación de que sus votos no sirven para nada.

Seguimos con la corrupción. Da la impresión de que cada día aparece una noticia con un nuevo ep-isodio de corrupción política: desde el famoso y ya lejano caso Roldán hasta el más reciente caso Bárce-nas, pasando por los casos ERE de Andalucía, Palau, Gürtel, Pretoria, Filesa, Rumasa, Casinos, Guerra, ITV, Pallarols, Nóos, Palma Arena, Tierra Mítica, Fabra, Matas, Millet, Canal 9, Bankia, Pokémon, Malaya, Naseiro, PSV, Sóller, Lino, Bolín o el caso Alzoaina, los episodios de corrupción política pare-cen estar al orden del día. Afectan a todos los partidos, a todos los lugares del Estado y a todos a los estamentos del Gobierno: desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos pasando por los gobiernos de las comunidades autónomas y entes pseudo-gubernamentales.

Las imágenes de estaciones del AVE vacías, aeropuertos sin aviones, ciudades fantasma en la cos-

ta del sol o autopistas sin coches alimentan la idea de que los años de la burbuja fueron unos años de comisiones inconfesables y de descontrol total del dinero de los contribuyentes. Uno de los reportajes que ha dado la vuelta al mundo es el del aeropuerto de Castellón, un monumento a la incompetencia, la desvergüenza y el caciquismo de Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón que, en un mo-mento del documental aparece paseando por el aeropuerto vacío con su nieto a quien pregunta: “¿Qué?, ¿te gusta el aeropuerto del abuelo?”.

Huelga decir que la corrupción no es patrimonio de España. Eso quiere decir que otros países del mundo también tienen políticos corruptos18. Y también quiere decir que los catalanes no nos salvamos de esta lacra19. De hecho, algunos de los casos mencionados hace un momento corresponden a parti-dos políticos catalanes. Los catalanes no somos ni menos corruptos, ni menos ladrones que el resto del Estado o del mundo. Tampoco somos peores. De hecho, yo siempre he dicho que los chorizos están uniformemente distribuidos por el planeta Tierra. La diferencia entre países que funcionan y los que no funcionan es la intensidad con la que las instituciones los persiguen y, sobre todo, qué pasa cuando los pillan: en unos países se los encierra en prisión, en otros se les disculpa y en otros se les otorga un ministerio. La clave de un país no es tener más o menos chorizos, sino tener las instituciones necesarias para apresarlos y castigarlos.

Pero la corrupción no es el único problema que afecta a los gobernantes españoles: 16 de noviem-bre de 2012. Una semana antes de las elecciones en el Parlament de Catalunya. El diario radical ultra-derechista El Mundo publica un borrador de un supuesto informe policial que vincula al candidato de Convergència i Unió, Artur Mas, con unas cuentas secretas en Suiza. El informe dice que el dinero de Mas procede de la corrupción y de unos supuestos pagos de comisiones a CiU. El artículo provoca una nube de desconfianza en torno al presidente de la Generalitat. Nadie sabe el impacto económico que la publicación acaba teniendo en las elecciones catalanas pero la realidad es que CiU acaba perdiendo 12 diputados contrariamente a lo que decían todas las encuestas. La misma noche electoral, el director de El Mundo hace un tweet revelador donde confiesa que esta vez siente que su diario ha contribuido a ganar las elecciones.

Semanas más tarde, los bancos suizos confirman que las cuentas suizas no existen. Y tras una larga investigación se demuestra que el borrador policial era falso. El responsable de todo el asunto, el min-istro del Interior Jorge Fernández Díaz no dimite, ningún cargo policial dimite. Nadie asume ninguna responsabilidad. El Gobierno español manipula descaradamente unas elecciones catalanas y no pasa absolutamente nada.

Supongo que es a raíz de tanto desenfreno político que en las últimas elecciones europeas han sur-gido muchos partidos nuevos que piden la regeneración democrática. Pero el problema no es un cam-bio de partidos. Los nuevos políticos no son corruptos porque todavía no han tenido la oportunidad de mandar. Los cambios que piden son los mismos que pedía un joven Felipe González en las elecciones de 1982 (de hecho, el lema electoral del PSOE en las elecciones de 1982 era “por el cambio”). González se marchó del gobierno enfangado de numerosos casos de corrupción en 1996, cuando José María Aznar

18 Amnistía Internacional hace cada año un ranking de 177 países del mundo por orden de corrupción en el sector público. España está en el lugarsu sitio 40 en el 2013 y ha bajado 12 posiciones desde el 2008.19 Nota del Traductor: este libro fue escrito en jJulio de 2014, antes de que el ex pPresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, confesara haber tenido cuentas secretas en Andorra.

también prometía una limpieza institucional. Desde entonces, el PP también se ha visto involucrado en diferentes escándalos de corrupción. Tenemos que pensar, pues, que pasaría exactamente el mismo con la nueva hornada de jóvenes políticos que piden una regeneración democrática. El problema no son las personas (recordad: los chorizos están uniformemente distribuidos por todas partes). El problema es el marco institucional en el que operan.

Resumiendo, desde Su Majestad el Rey hasta los partidos políticos pasando por la familia real, los jueces de la alta magistratura del Estado, los líderes empresariales, los banqueros y órganos regula-dores y supervisores de la economía, todas las instituciones del Estado han caído en un desprestigio que ensucia el nombre de España. Hay quien intenta limpiar el nombre haciendo anuncios y propaganda alrededor de “la Marca España”. Pero eso no se arregla con burdas campañas de marketing superficial. Este desprestigio es un problema grave que costará mucho de arreglar, si es que se puede arreglar... y se quiere.

La re-centralización

A pesar del deterioro institucional y la pérdida de imagen internacional, los sucesivos gobiernos españoles y muy especialmente el del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, han mantenido una actitud chulesca mientras seguían un importante e implacable proceso recentralizador a través del cual se daban a sí mismos cada vez más poder y, de paso, vaciaban de contenido los gobiernos de las comunidades autónomas. Es sabido que el Partido Popular nunca ha creído en una descentralización au-tonómica que intentara acercar el gobierno a los ciudadanos. Ya hemos dicho que, desde que empezó la crisis, los líderes del PP culparon a los gobiernos autonómicos de casi todos los males, especialmente el déficit, aunque la mayor parte del déficit público era causado por el gobierno central. Una de las conse-cuencias de eso fue el ahogo financiero que ha sufrido la Generalitat. Pero además del ahogo financiero, hay un ahogo normativo todavía más flagrante e insoportable: el PP ha ido aprobando leyes, decretos leyes y todo tipo de normas con un carácter netamente uniformizador. Con estas nuevas normas, las instituciones del Estado están recuperando un número importante de competencias y de facultades de-cisorias y de gestión que hasta ahora tenían las comunidades autónomas. Ahora, se ponen en cuestión algunos de los principios del estado autonómico que se consideraban consolidados.

Las medidas recentralizadoras impuestas por las normas estatales son muy diversas. Algunas suponen una pérdida de la capacidad de decisión legislativa de la Generalitat. Otras afectan a su au-tonomía financiera. Un tercer grupo le arrebata facultades ejecutivas, que pasan a la Administración del Estado. El gobierno central no dice nunca que su objetivo sea reducir el poder efectivo y la capacidad financiera de la Generalitat. Siempre habla de “unidad de mercado” o de medidas para mejorar la eficiencia económica. El resultado, sin embargo, acaba siendo que los gobiernos de las comunidades autónomas pierden poder y la Administración central del Estado lo gana.

Estas iniciativas legislativas han generado una importante conflictividad competencial entre los gobiernos de España y de Cataluña: la Generalitat ha formulado 19 recursos de inconstitucionalidad y ha planteado un total de 9 conflictos de competencias. Por su parte, el Estado ha discutido la legitimi-dad constitucional de las decisiones adoptadas por la Generalitat con la presentación de seis recursos de inconstitucionalidad y de una impugnación de disposiciones autonómicas.

Las medidas recentralizadoras afectan a materias y sectores muy diversos. Tan diversos que sería un aburrimiento ponerlos todo en estas páginas del libro. Los ámbitos afectados incluyen: la acción exterior (por ejemplo, se limita y controla la acción exterior de la Generalitat), la Administración y la función pública (la Generalitat ya no puede determinar la jornada laboral de los empleados públicos), las aguas (la Generalitat pierde competencias en materia de aguas), la agricultura (el Estado centraliza en la Agencia de Información y Control Alimentario competencias de la Generalitat), el comercio (el Estado reduce el poder de la Generalitat para decidir los horarios comerciales o el periodo de rebajas), cultura (el Estado centraliza las ayudas a proyectos culturales), economía y finanzas (el Estado se apropia del impuesto sobre depósitos bancarios que propone el gobierno catalán; la Generalitat deja de poder destinar el excedente de los ejercicios presupuestarios a otras destinaciones que no consistan en reducir el nivel de deuda pública; la Generalitat ya no será consultada previamente en el establecimiento de los

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública; el Estado no compensa a las comunidades autónomas por el incremento del IVA), enseñanza (la ley Wert pone en riesgo de desaparición el siste-ma de inmersión lingüístico propio de Cataluña. También disminuye las competencias para determinar los contenidos curriculares y la dedicación horaria a las diferentes asignaturas; la Generalitat pierde la posibilidad de participar en la evaluación final de la educación secundaria obligatoria y del bachillera-to), gobiernos locales (el Estado vulnera la autonomía municipal e invade competencias de la General-itat en materia de régimen local, organización territorial, función pública, autoorganización, régimen jurídico de las administraciones públicas catalanas, a la vez que vulnera el precepto del EAC relativo al Gobierno Local y los principios de suficiencia de recursos y lealtad institucional, con medidas como las que se exponen a continuación), vivienda y urbanismo (el Estado quita poder de decisión de la Gener-alitat en materia de urbanismo), justicia, medio ambiente, mutuas laborales, ordenación territorial (el Estado asume competencias de la Generalitat en playas), puertos, salud (el Estado asume una serie de funciones que ejercía la Generalitat en materia de salud y que limitan tanto sus competencias ejecutivas como legislativas en esta materia), sector eléctrico, seguridad privada, servicios sociales y dependencia, tasas (el estado impide la implantación del euro sanitario y las tasas judiciales propuestas por la Gener-alitat), telecomunicaciones, trabajo, o unidad de mercado.

Además, el Estado pretende pagar la escuela privada (a cargo de las comunidades autónomas y con un coste de 6.000 euros por estudiante y año) a los estudiantes que se nieguen a que el catalán sea la len-gua vehicular única en la escuela. También propone suprimir entes previstos y consagrados al Estatut de Autonomía como el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Cuentas y gestionar parques naturales como el Parque Natural de Aigüestortes o l’Estany de Sant Maurici. La lista de medidas implementadas o pro-puestas durante la X legislatura española para el Partido Popular es, pues, larga y exhaustiva. España se aleja del modelo descentralizado que los padres de la Constitución habían soñado y diseñado en la Carta Magna, y se dirige hacia un modelo centralista y centralizado donde todas las decisiones las toman unos funcionarios que viven muy lejos de la realidad de los ciudadanos y que tienen unos intereses que diver-gen de la idea de país que pueden tener los catalanes.

No hay nada que hacer

El proceso de recentralización y ahogo económico, financiero y normativo que acabamos de de-scribir se enmarca en una situación que viene de lejos. Y es que desde hace mucho tiempo, muchos tene-mos la impresión de que despreciar, insultar, agredir o ultrajar a los catalanes da rendimientos electorales a los partidos de obediencia estrictamente española. Y proporciona buenas audiencias a los programas de televisión y radio que fomentan el odio hacia Cataluña. Muchos catalanes tenemos la sensación de que Cataluña se ha convertido en el borricón de España. Los líderes regionales de los partidos españoles no sólo no aceptan el hecho de que Cataluña hace una contribución fiscal neta desproporcionada (el déficit fiscal) sino que incluso afirman que los catalanes sacan dinero del sistema de financiación. Sin decirlo, dan a entender que el déficit fiscal catalán no existe y que incluso es probale que tenga superávit.

Los catalanes tenemos que ver campañas de recogidas de firmas del PP contra el Estatut. Tenemos que oír decir burradas sobre el sistema educativo catalán como, por ejemplo, que se castiga a los pobres niños españoles que tienen la osadía de hablar en castellano en los recreos de los colegios (demostrando de paso que, quien dice ese tipo de burradas, nunca ha ido al recreo de ningún colegio catalán dónde la lengua mayoritaria es el castellano). Tenemos que ver cómo cualquier iniciativa catalana para conseguir que nuestras selecciones deportivas puedan participar en competiciones internacionales es boicoteada por la diplomacia española que lo ve como un intento de conseguir la independencia por la puerta de atrás (sin darse cuenta de que Escocia o Gales tienen selecciones participantes en los mundiales de fút-bol o rugby desde hace siglos y eso no ha representado que sean países independientes del Reino Uni-do). Hemos tenido que ver cómo el presidente español despreciaba nuestro deseo de llevar un distintivo catalán en la matrícula diciendo: “Como comprenderá, ¡yo no voy en hablar de chapas!” Hemos tenido que ver una plaza llena de votantes del PP riéndose del presidente de la Generalitat y cantando, todos a una: “Pujol, Enano, Habla Castellano”. Los gritos eran un claro desafío a Cataluña: ¡ahora que hemos ganado las elecciones, os obligaremos a dejar de hablar catalán!

Hemos tenido que ver al ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, cachondeándose del estatuto aprobado mayoritariamente por los representantes parlamentarios del pueblo de Cataluña y, ante las carcajadas generalizadas decir que “le pasaría el cepillo hasta que quedara muy limpio”. Hemos tenido que ver cómo la ciudad de Salamanca se negaba a devolver los papeles que el gobierno dictatorial de Francisco Franco había robado a familias e instituciones catalanas al acabar la guerra civil. Como dijo el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell: “Los papeles han estado en Salamanca durante 75 años. De estos, 39 corresponden a la época de la dictadura y 36 a la de la democracia. Y es más vergonzosa la segunda que la primera!”

Y, sobre todo, hemos tenido que ver cómo un tribunal constitucional prorrogado, disminuido y politizado tumbaba un estatuto de autonomía que, aunque había estado aguado en el proceso parlam-entario español (el proceso del “cepillo” de don Alfonso Guerra), había sido aprobado en referéndum por el pueblo de Cataluña. La sentencia del Estatuto el 28 de junio de 2010 dio lugar a la masiva man-ifestación del 10 de julio de 2010. Aquel día empezó el proceso hacia la independencia porque, para muchos ciudadanos, la sentencia del Constitucional provocó un “clic” que les llevó a pensar que si los

políticos españoles son capaces de utilizar los tribunales presuntamente imparciales para manipular la voz de unos ciudadanos que han seguido todos los pasos legales requeridos en la Constitución, es que en este país ya no tenemos nada que hacer.

Y esta es la situación que tenemos hoy que todavía formamos parte de España. Esta es la situación en la qué los catalanes tenemos que pensar cuando comparemos la felicidad que podemos obtener si nos marchamos con la felicidad que podemos obtener si nos quedamos en España. Si nos quedamos, tenemos una crisis de caballo que ha empobrecido a nuestros ciudadanos y que ha hecho que más del 50% de nuestros jóvenes estén condenados a no tener trabajo, un Govern de la Generalitat en estado de insolvencia por culpa del defectuoso sistema de financiación, un sistema fiscal español que se lleva el 8% de todo el dinero que producimos los catalanes y que lo gasta en otros lugares de la península en nombre de una solidaridad ilimitada y no siempre agradecida, un gobierno central en una deriva recen-tralizadora que lo lleva a aprobar centenares de leyes y medidas que recortan competencias, recursos y capacidad decisoria en los gobiernos de las comunidades autónomas, una economía de capitalismo “cas-tizo” donde quien gana dinero no es el emprendedor innovador sino el empresario que tiene influencia política, un país en un estado de descomposición institucional donde todas las instituciones, desde la familia real hasta los entes reguladores como el Banco de España y la CNMV, pasando por los jueces, los empresarios, los banqueros o los políticos, están totalmente desacreditados y un país, España, que parece haber encontrado en Cataluña a su borricón.

Ante este panorama, no es de extrañar que cada día sean más los ciudadanos que piensan que, dentro de España ya no podremos conseguir aquella felicidad de la que hablaba la Declaración de In-dependencia de Estados Unidos. Ahora estamos en un período sorprendente en que, cada día que pasa, más catalanes se declaran independentistas de manera abierta y desacomplejada. Cada día que pasa, todos nosotros nos sorprendemos de que personas y personalidades de todo tipo (periodistas, actores, músicos, estrellas de la televisión, economistas y vecinos de la escalera), sean partidarios de marcharse.

Entre las que más sorpresa nos han causado hay dos personas que toda la vida se habían declarado abiertamente antiindependentistas. Dos personas que son el paradigma de la moderación política y a quien no se puede acusar de ser extremistas antiespañoles. Dos personas que han luchado durante déca-das por encajar Cataluña dentro de España. Lo hicieron a través de dos plataformas políticas diferentes (Convergència i Unió y el Partido Socialista de Catalunya) y con dos estrategias diferentes (el “peix al cove” y la reforma interna del PSOE). Dos personas que acabaron presidiendo la máxima institución de Cataluña, la Generalitat. Dos personas que, después de intentarlo todo durante más de cuarenta años, confiesan que han llegado a la conclusión de que “dentro de España ya no hay nada que hacer”. Estas dos personas son Jordi Pujol y Pasqual Maragall. Después de “quedarse sin argumentos contra los independentistas”, su cabeza hizo finalmente “clic”. Y con ellos, centenares de miles de ciudadanos de Catalunya. Ya no es cuestión de dinero. Es cuestión de dignidad. De dignidad... y de saber que, dentro de esta España, será imposible obtener la felicidad.

SEGUNDA PARTE: La Catalunya independiente

El tamaño no importa

Imaginad un estado independiente de 7,5 millones de habitantes que tiene una extensión territo-rial de unos 40.000 kilómetros cuadrados. El país tiene como vecinos dos grandes potencias europeas tradicionalmente coloniales, cuyas lenguas amenazan constantemente la existencia de la lengua local. La población autóctona, por lo tanto, se ve obligada a hablar dos (o más) lenguas. A pesar de su pequeño tamaño, de estar rodeado por potencias coloniales y de no tener recursos naturales, este país consigue ser el más competitivo del planeta debido a las ganas de trabajar de sus ciudadanos, a sus instituciones transparentes, a un sistema educativo avanzado y moderno, a una paz social como ningún otro, a un gobierno eficiente y a unas empresas innovadoras que son líderes mundiales tanto en sectores tradicio-nales como de nuevas tecnologías. A pesar de no formar parte ni del Euro ni de la Unión Europea, este país está comercialmente abierto y sus ciudadanos disfrutan de libertad para entrar y salir de Europa sin necesidad de enseñar el pasaporte. Todo eso hace que la tasa de paro sea casi cero en medio de una crisis financiera mundial y cuando los países que lo rodean tienen las tasas de desempleo más elevadas de la historia y la renta per cápita de que disfrutan a sus ciudadanos sea de las más altas del mundo. Un país pequeño que tiene un éxito económico tan despampanante que muchos analistas pueden pensar que es imposible que exista. De tanto que se nos ha dicho que “un país pequeño independiente de España y fuera de la Unión Europea nunca puede sobrevivir”, podemos tener la tentación de pensar que eso que acabo de describir es una fantasía irreal.

Pero este país existe y es muy real. Se llama Suiza. Suiza siempre ha estado emparedada entre las grandes potencias de Alemania y Francia y la mayor parte de sus ciudadanos son multilingües. Suiza no forma parte del euro y tiene una moneda propia, el franco suizo. Tampoco forma parte de la Unión Europea porque, a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares, el gobierno de este país hizo un referéndum para preguntar si querían entrar a formar parte de la Unión y los ciudadanos dijeron que no. A pesar de todo, sí forma parte del espacio Schengen, lo que permite a sus ciudadanos viajar por toda Europa sin necesidad de enseñar el pasaporte, y también de la Asociación Europea de Libre Comercio, lo que permite a sus empresas comerciar con las de la Unión Europea sin pagar aranceles.

A pesar de no formar parte del Euro ni de la UE y a pesar de no tener recursos naturales, Suiza tiene una renta per cápita que supera los 60.000 euros: la cuarta más alta del mundo después de Luxemburgo, Noruega y Qatar... aunque estos dos últimos sí son productores de petróleo. ¿Cómo puede ser que un país que no forma parte de España (y, por lo tanto, no disfruta del enorme mercado peninsular) y que está fuera de la UE y del Euro sea de los más ricos del mundo? Pues porque es uno de los países más competitivos del planeta. De hecho, ya hace unos años que lidera el ranking de competitividad global del World Economic Forum. Esta enorme competitividad es fruto de la transparencia de las instituciones públicas y privadas, la eficiencia de los mercados, unas infraestructuras de bandera que funcionan como... los relojes suizos (perdonad el chiste), la eficacia del gobierno, la modernidad del sistema educativo y el empuje de los ciudadanos. Todo eso, junto con la creatividad y la innovación de las empresas, ha hecho que muchos de sus productos sean popularmente conocidos por todo el mundo: ¡desde los relojes suizos hasta las vacas suizas, pasando por las estaciones de esquí, la leche, el chocolate, el queso, la ban-

ca, los cucús, las farmacéuticas, los institutos tecnológicos o incluso las navajas suizas multifuncionales decoradas con la bandera de la cruz blanca pintada sobre un fondo rojo! Pocos países en el mundo del tamaño de Suiza pueden presentar una lista tan larga de productos mundialmente reconocidos. Pregun-taos, si no, cuántos productos portugueses –o españoles- pensáis que reconocen los ciudadanos de Asia o Norteamérica.

Y lo más interesante de todo: Suiza tiene 40.000 kilómetros cuadrados y un poco más de 7,5 mil-lones de habitantes. ¡Exactamente el tamaño de Catalunya!

El ejemplo de Suiza es importante para todos aquellos que piensan que una Cataluña independi-ente sería demasiado pequeña para poder subsistir económicamente. La realidad es que países del mis-mo tamaño que Cataluña no sólo sobreviven económicamente sino que incluso pueden ser de los más ricos del planeta. De hecho, la correlación entre la renta per cápita y el tamaño de un país (ya se mida por el área total o por la población total), es cero. Entre los países grandes los hay que son pobres (In-donesia, Bangladesh, China e India son países pobres aunque los dos últimos han estado creciendo muy rápidamente), y los hay que son ricos (Estados Unidos sería el principal ejemplo de esta categoría). Por otra parte, entre los países pequeños, los hay que son ricos (a los ya mencionados Luxemburgo, Suiza o Qatar podríamos añadir Singapur o Finlandia) y los hay que son pobres (Lesoto, Suazilandia, Eritrea o Moldavia). Como pasa en otros aspectos de la vida, en economía, ¡el tamaño tampoco importa!

Que el tamaño de un país no importe no quiere decir que el tamaño de su mercado tampoco im-porte. Naturalmente que las empresas van mejor si pueden aprovechar las economías de escala que of-recen los mercados grandes. Pero, a diferencia de lo ocurrido a lo largo de la historia, hoy día los países pueden tener mercados grandes sin pertenecer a países grandes. Eso si, tienen que estar abiertos a los mercados internacionales. Cada vez es menos cierto que el mercado natural de una empresa sea el país en el que está localizada y cada vez es más cierto que su mercado es global. Es por eso que muchos de los países más ricos del mundo son extraordinariamente pequeños y extraordinariamente abiertos, como Suiza.

La evidencia histórica demuestra que la globalización va ligada a una menor necesidad de formar parte de países con mercados grandes. En el gráfico 2.1 se muestra, con línea roja de puntos, una medida de globalización. La globalización es el movimiento internacional de mercancías, capitales, tecnologías, información y personas. Sólo tenemos datos después de la segunda guerra mundial pero la tendencia no es ambigua: el mundo está cada vez más globalizado. Los países cada día exportan e importan más mer-cancías. Las tecnologías foráneas viajan a una velocidad cada vez mayor. Las empresas invierten a cada vez más países e incluso dividen su producción en plantas situadas en diferentes puntos del planeta. Los ciudadanos obtienen información sobre lo que sucede por todo el mundo de manera casi instantánea gracias a tecnologías como Internet, Facebook o Twitter. Los movimientos de personas entre países son cada día más fáciles gracias a los reducidos costes de transporte. Es decir, el mundo es cada vez más integrado y globalizado.

El Gráfico 2.1 también muestra, en línea continua negra, el número de países que ha habido en el mundo desde 1.800 hasta la actualidad. A principios del siglo xix en el mundo sólo había 20 países independientes. Poco a poco, sin embargo, el número de estados independientes fue aumentando hasta justo antes de la segunda guerra mundial. Durante la década de los cuarenta, las invasiones europeas y

asiáticas por parte de la Alemania nazi y el Japón imperial redujo el número de países en el planeta. Con el final de la segunda guerra mundial, sin embargo, el número de países vuelve a aumentar continua-mente hasta llegar a casi 200 en la actualidad.

Es importante recordar este gráfico porque una de las frases favoritas del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, es: “los catalanas vais contra corriente: en un mundo globalizado la tendencia se en unirse y no separarse”. La realidad de los datos contradice esta popular afirmación mariana. Si fuera cier-ta, deberíamos observar que, a medida que el mundo se globaliza, el número de países disminuye. Y en cambio pasa todo el contrario: el número de países en el mundo no sólo no ha disminuido sino que no ha dejado de aumentar.

La explicación es muy sencilla: la globalización hace que sea cada vez menos necesario pertenecer a países grandes ya que los mercados que importan no son los del país donde uno pertenece sino los de todo el planeta. Además, la globalización también hace que los problemas sean globales y que los países tradicionales se vean incapacitados para solucionarlos solos. Es por eso que el mundo civilizado ha creado instituciones multinacionales para afrontar los problemas globales. Para defenderse de las invasiones externas ya no es suficiente con tener un sistema de defensa nacional: hay que pertenecer a una asociación de países como la OTAN que tienen una defensa común. Para luchar contra el terror-ismo internacional y las redes globales de tráfico de drogas, ya no es suficiente con la policía nacional, hace falta una red mundial de policías que comparten información y recursos como la Interpol. Para luchar contra los problemas medioambientales (cambio climático, extinción de especies, contaminación del aire y los mares, etc.), hacen falta instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Es por eso que la mayor parte de países deciden integrarse en clubs o asociaciones de países que les permiten afrontar los problemas “grandes” de la vida. Naturalmente, eso hace que algunas de las ventajas que antes tenía formar parte de un país grande, poco a poco, vayan desapareciendo.

En cambio, las desventajas de formar parte de un país grande siguen estando vivas. Un país grande necesita implementar políticas uniformizadoras ya que es difícil justificar el tratamiento diferencial de diferentes ciudadanos dentro de un mismo territorio. De este modo, los países grandes intentan hacer que todos los ciudadanos hablen la misma lengua aunque en su casa hablen lenguas diferentes. Los países grandes y heterogéneos corren el riesgo de que las mayorías homogeneicen y expriman a las minorías a través de las urnas. Y durante siglos, estas minorías podían estar dispuestas a aguantar este tratamiento desfavorable porque pertenecer a un país grande con un mercado grande tenía sus ventajas. Pero si las ventajas desaparecen con la globalización, las minorías de estos países grandes ya no pueden justificar el seguir formando parte de estos países e intentan marcharse.

Para decirlo como lo diría mi abuela: la globalización ha hecho que estados nación como España, Francia, el Reino Unido e Italia sean países demasiado pequeños para solucionar los problemas globales y sean países demasiado grandes para solucionar los problemas locales. El resultado es que, contraria-mente a lo que dice don Mariano Rajoy, ¡en el mundo cada vez hay más países!

Por cierto, de los 150 países que han conseguido la independencia desde 1800, 22 han salido de España. Eso no es una curiosidad ya que en 1800 España era un imperio enorme. ¡La curiosidad es que ninguno de aquellos países que han alcanzado la independencia de España ha pedido volver! Si fuera de España sólo hay catástrofes como dice don Mariano, uno no puede sino preguntarse por qué países como el Perú de Mario Vargas Llosa no han pedido nunca volver a la madre patria.

Un país normal

Acabamos de ver que estar abierto al exterior para que tus empresas puedan exportar es impor-tante. Pero hay que decir que estar abierto al mundo tampoco es una garantía de éxito económico. Por-tugal es un país pequeño y es un país abierto e integrado en la Unión Europea, pero tiene una renta per cápita de 15.842 euros a finales del 2013, un poco más de la mitad que Cataluña que tenía 27.620 euros. Portugal es la demostración de que ser pequeño e independiente y estar abierto al mundo no es sufici-ente para ser un país económicamente exitoso. Para garantizar la prosperidad de los ciudadanos hay que tener una economía competitiva. Como Suiza.

La independencia de Cataluña garantizará, sin duda, que seremos un país pequeño. Pero no ga-rantizará de ninguna manera que seremos un país abierto y competitivo. Si una Cataluña independiente se dota de unas instituciones, de un sistema político, legal, judicial y de un sistema económico y edu-cativo como los portugueses, acabaremos como Portugal. Y eso no sería una mejora respecto de lo que tenemos ahora. Tampoco mejoraremos respecto a la situación actual si reproducimos las instituciones y las políticas fracasadas que hemos tenido dentro de España.

¿Qué instituciones, qué sistema político, legal, judicial, educativo y económico tendrá Cataluña? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace y que nadie puede responder de manera creíble. Porque, por encima de todo, cuando Cataluña sea independiente, será un país normal. Y como pasa en todos los países normales, las instituciones y las políticas que adoptan dependen de lo que votan los ciudadanos. Nadie sabe qué hará Holanda dentro de 10 años. Dependerá de los partidos que voten los holandeses. Si votan partidos de izquierda, tendrán políticas de izquierda y obtendrán los resultados que normalmente comportan las políticas de izquierda. Y si votan partidos de derecha, tendrán políticas de derecha y ob-tendrán los resultados que normalmente comportan las políticas de derecha. Y si los holandeses ven que se han equivocado y han votado unos partidos que no les convienen, a las siguientes elecciones votarán otros partidos. Lo mismo pasa en Finlandia, Dinamarca o Suecia. ¡Y lo mismo pasará en Cataluña!

Los expertos pueden elucubrar sobre cómo tendría que ser el nuevo país independiente pero la verdad es que nadie lo sabe. Catalunya será lo que quieran los catalanes. Y los catalanes no siempre ha-remos las cosas bien y nos equivocaremos. Pero si somos independientes tendremos derecho a equivo-carnos. Y tendremos derecho a rectificar. Como cualquier país normal.

Fijaos en que eso no es cierto mientras Cataluña forme parte de España. En España los catalanes, en tanto que catalanes, somos minoría. Y por lo tanto cuando los intereses de los españoles no coincidan con los nuestros nosotros nunca lo podremos cambiar. Los españoles hacen trampa cuando dicen que la constitución prevé mecanismos para su propia reforma. Eso es trampa porque saben perfectamente que los catalanes sólo somos el 16% de la población y, por lo tanto, siempre perderemos las votaciones, incluso en el caso de que el 100% de los catalanes nos pusiéramos de acuerdo. A menudo en España se confunde la democracia con la dictadura de las mayorías. Sin embargo, la democracia no sólo es el go-bierno de la mayoría. Es también la protección de las minorías y los catalanes, en tanto que minoría que somos dentro de España, estamos totalmente desprotegidos, por más que digan que si no nos gusta “siempre podéis cambiar la constitución”. Nosotros no podemos cambiar nada y ellos no sólo lo saben

sino que se aprovechan de ello.La independencia de Cataluña no es la panacea de todos nuestros males, pero claramente repre-

senta una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Porque la manera que tenemos ahora no funciona, no nos conviene y, más relevante todavía, no la podemos cambiar. Y, como dice la declaración de independencia de Estados Unidos, cuando un pueblo no puede cambiar las cosas dentro del estado en que se encuentra, no solo tiene el derecho sino que tiene la obligación de cambiar de estado. Sólo así será un país normal.

El dividendo fiscal

Que no podamos describir con exactitud cómo será una Cataluña independiente no significa que no podamos analizar muchas de las consecuencias de esta independencia. Y eso es lo que intentaré hacer a lo largo del resto del libro.

Una de las primeras cosas que cambiará con la independencia es la relación fiscal con España. En la primera sección del libro ya hemos dicho que había dos maneras de calcular la balanza fiscal entre Cataluña y España: la del flujo monetario (que daba un déficit para Cataluña por valor de 15.006 mil-lones de euros en el año 2011, último año del qué disponemos de datos) y el de la carga-beneficio (que daba un déficit para Cataluña de 11.087 millones de euros). También hemos dicho que los dos sistemas eran correctos y se tenía que utilizar uno u otro dependiendo de la pregunta que nos hiciéramos.

Pues bien, ha llegado la hora de que nos hagamos una pregunta importante: si Cataluña fuera in-dependiente, ¿cuánto dinero del que ahora se marcha de Cataluña dejaría de marcharse? Fijaos en que, para esta pregunta, es irrelevante saber si los catalanes nos beneficiamos del salario del rey o del ministro de educación y, por lo tanto, es irrelevante si nos corresponde pagar el 16% de estos salarios. Lo qué es relevante es que todo el dinero que pagan los catalanes (directamente a través de los impuestos o a través de la tarjeta VISA) y que ahora se gastan en Madrid, es dinero que, en caso de independencia se gastaría en Cataluña. Por lo tanto, las ganancias fiscales que obtendría Cataluña en caso de independencia corre-sponden al déficit de la balanza fiscal calculada por el método de flujo monetario. Cogiendo la media de los datos entre 2006 y 2011, este saldo es de 15.927 millones de euros o el 8,2% del PIB catalán. Puesto en números redondos: el dividendo fiscal de la independencia sería de 16.000 millones de euros o el 8% del PIB catalán.

Eso quiere decir que, de entrada y sin necesidad de hacer nada, simplemente por el hecho de no formar parte del sistema fiscal español, la economía catalana dispondría de unos 16.000 millones de eu-ros más de los qué dispone ahora. Y como este dinero se gastaría en Cataluña, el PIB catalán aumentaría, como mínimo en un 8% de forma inmediata. Si además, se tienen en cuenta los multiplicadores que este gasto realizado en Catalunya tendría a la economía catalana, los efectos serían un poco mayores. Es decir, el dinero utilizado para pagar salarios a funcionarios de Barcelona se gastaría en restaurantes de Barcelona. Eso generaría puestos de trabajo en el restaurante de Barcelona y compras de pescado y carne en los mercados catalanes. Los camareros, las pescaderas y las carniceras cogerían este dinero y los gastarían en la tienda de ropa de Barcelona. Los empleados de la tienda de ropa cogerían el dinero recibido y comprarían libros... y así, sucesivamente, los 16.000 millones adicionales acabarían teniendo un impacto mucho mayor sobre la economía catalana de lo que serían estrictamente los 16.000 millones. Los economistas denominamos este impacto adicional el “efecto multiplicador”. La magnitud del efecto multiplicador no se puede saber con exactitud. Lo que si sabemos, sin embargo, es que el impacto mac-roeconómico del dividendo fiscal sería superior a los 16.000 millones meramente dichos.

Naturalmente, la otra cara de la moneda es que como la economía catalana tendría 16.000 millones adicionales en caso de independencia, algunas regiones de España tendrían 16.000 millones menos. El

presidente de Extremadura José Antonio Monago lo ha dicho en numerosas ocasiones: ¡“si Cataluña se va, ¡Extremadura tendrá que cerrar los Servicios Sociales que ahora mismo presta porque no tendríamos dine-ro para pagarlos”! Eso, aparte de ser una confirmación de que la aportación de Catalunya a la financiación de las demás comunidades autónomas de España es positiva y es sustancial, puede explicar la resisten-cia que existe en muchos lugares del Estado a reconocer el derecho a decidir de los catalanes. No hay que decir que una parte de la oposición a que nos marchemos es patriotismo nacionalista español. De hecho, no hace mucho tuve una reunión con un grupo de empresarios en Valladolid y uno de ellos me sorprendió con la frase: “Si los catalanas os queréis ir, iros. Ahora bien, ‘el solar se nuestro’”. Es decir, una parte de la resistencia a reconocer nuestro derecho a decidir hacia donde queremos ir es el hecho de que ellos piensan que Cataluña es suya. Pero otra parte es económica: el dividendo de 16.000 millones que ganaremos los catalanes representará una pérdida económica y financiera sustancial para ellos.

Pienso que los catalanes tenemos que entender que los españoles tendrían esta pérdida. Tenemos que entender que nuestra partida dejará en situación precaria las finanzas españolas y pienso que de-beríamos hacer lo posible para minimizar el impacto negativo en su economía. Que nosotros tengamos el derecho a buscar nuestra libertad y nuestra felicidad no implica que queramos perjudicar a nuestros vecinos. Al fin y al cabo, con España nos unen unos vínculos sentimentales y familiares de muchos si-glos. Es más, pienso que nos interesa que nuestros vecinos vayan económicamente bien. Nos interesa cooperar con ellos en temas de comercio, en temas de seguridad (terrorismo, crimen organizado, de-fensa), o en temas medioambientales. De hecho, estoy totalmente seguro de que dentro de unos años, el mejor aliado de Cataluña en el mundo será España del mismo modo que el mejor aliado de los Estados Unidos en el mundo es el Reino Unido. Y eso que ellos se separaron de manera violenta mientras que nosotros nos separaremos, si así lo deciden los ciudadanos catalanes con sus votos, de forma pacífica.

Por lo tanto, pienso que deberíamos considerar seriamente el reducir el déficit fiscal de manera progresiva una vez seamos independientes. Tenemos que montar un sistema de transferencias solidarias que ayuden a las economías regionales españolas que más perjudicadas saldrán a sobrevivir el proceso de transición. Ahora bien, este tendría que ser un sistema negociado, transparente, cuantificado, público y que, sobre todo, garantice primero los servicios básicos elementales de los ciudadanos de Cataluña que son los que, al fin y al cabo, pagan los impuestos. Naturalmente los españoles tienen que querer nuestra amistad y la transferencia solidaria y, para demostrarlo, tienen que dejar de amenazarnos con excluirnos de todas las instituciones internacionales.

¿Un país endeudado?

Uno de los chistes de Eugenio que más se han repetido a lo largo del tiempo es aquel que dice: “Lo saben aquel que dice es que un tío que va paseando por la verde campiña y en estas que apa-

rece ante sus ojos un rebaño de ovejas acompañada de su correspondiente pastor. El tío se acerca y dice:- ¡Caramba qué ovejas!. Dice ¿comen mucha hierba estas ovejas? - Y dice el pastor: ¿cuáles? ,¿las blancas o las negras?.... el caminante sorprendido le dice:- Dice, las blancas.- Si. Unos 2 kilos de hierba cada día.-¿Y las negras?- Dice, también, también.- ¿Y caminan mucho al cabo del día?- Dice ¿cuáles?, ¿las blancas o las negras?.- …las blancas.- Pues unos cinco quilómetros cada día.- Dice ¿Y las negras?- También, también.... y entonces el caminante bastante enfadado dice:- Oiga, ¿por qué cuando le pregunto algo sobre las ovejas me dice las blancas o las negras?- Hombre, es que las blancas son mías.- ¡Ahhhh! ¿Y las negras?- Dice, también, también!

No es de los chistes más divertidos de Eugenio pero pienso en él cada vez que alguien dice aquello de que si Cataluña se independiza nacerá financieramente quebrada porque “tendrá que asumir la parte proporcional de la deuda del Estado”. Este argumento, que después va acompañado de complejos cálcu-los de cómo se dividiría la deuda entre Cataluña y España en caso de independencia, no sólo ha sido repetido por tertulianos y presentadores de televisión y radio sino que ha sido proclamado por políticos, ministros y profesores de finanzas españoles. Incluso forma parte del argumentario que el “ministerio de asuntos exteriores” envió a todas las embajadas del mundo para hacer quedar a los catalanes como un gru-po de lunáticos.

Pero fijaos en que el argumento tiene trampa. Y aquí está donde me viene a la memoria el chiste de las ovejas. Porque es como si dijeran:

“El saben aquel que dice que es un español que va paseando por la verde campiña y en estas que aparece ante sus ojos un catalán. El tío se acerca y dice:

- ¿Ya sabes que los catalanas tendréis que asumir una parte de la deuda del estado?Y el catalán le pregunta:- ¿Si nos independizamos o si nos quedamos?

- Si os independizáis. Claramente si os independizáis tendréis que asumir la parte proporcional de la deuda de España.

Y entonces el catalán le pregunta:- ¿Y si nos quedamos?- Dice, también, también.La trampa consiste en no ver que si quieren utilizar la deuda como argumento en contra de la

independencia, no es suficiente con decir que si somos independientes tendremos que pagar deuda. Tendrían que demostrar que la deuda que pagaremos en este caso será mayor que la que pagaremos si nos quedamos. ¡Y claramente si siguiéramos en España seguro que tendríamos que pagar la parte proporcional de la deuda en tanto que seguiríamos siendo contribuyentes españoles! De hecho, como ahora mismo los catalanes pagamos aproximadamente el 21% de los impuestos del Reino de España, si nos quedamos acabaremos pagando el 21% de la deuda de la administración general del Estado. Como esta deuda del Estado sería de 733.456 millones de euros, la parte proporcional que nos corresponde ahora mismo es de 154.026 millones. Si a eso le sumamos los 65.50020 millones de deuda que ya tiene la Generalitat (esta sí la tendremos que pagar tanto si nos marchamos como si no), la deuda pública que ahora mismo tenemos los catalanes es de 219.526 millones de euros. Eso representa el 109,8% del PIB.

Si nos quedamos en España, pues, tendremos que devolver unos 219.526 millones de euros de deuda y tendremos que pagar los intereses de toda esta cantidad. La pregunta: ¿Y si nos marchamos? ¿Qué deuda tendremos si nos marchamos? ¿Es verdad que, como dice el ministro Margallo, tendre-mos que asumir una parte de la deuda del Estado español? Aquí es donde podríamos decir aquello de “también, también,” pero la verdad es que la deuda asumida por la Administración central del Reino de España es responsabilidad del Reino de España y eso quiere decir dos cosas. La primera es que, mientras España no reconozca una Cataluña independiente, la deuda española la pagará íntegramente España. Segunda, si reconoce a Cataluña pero su gobierno sigue con las amenazas de hacernos fuera de Euro-pa, de vetar nuestra entrada a la Unión Europea “durante tres generaciones” o de no dejarnos entrar en ninguna institución internacional como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, entonces la deuda también se la tendrán que comer ellos con patatas. Al fin y al cabo, los acreedores irán a cobrar a España, que es quien se ha endeudado, y no a Cataluña. Y si, al separarse, Cataluña no hereda los derechos del estado del que ahora forma parte, tampoco heredará ninguna de las obligaciones entre las que destaca la deuda pública. Es decir, si no reconocen a Cataluña o nos impiden seguir teniendo los derechos adquiri-dos (como el derecho a ser ciudadanos de la UE), España tendrá que asumir la totalidad de los 733.456 millones que deben, y nosotros asumiremos exactamente 0 euros. Por lo tanto, en este caso la deuda catalana sería la deuda que ahora mismo tiene la Generalitat: 65.500 millones de euros o el 32,75% del PIB. Cataluña, pues, sería una de las economías menos endeudadas de Europa.

Quizás entonces los españoles querrán llevar a Cataluña a los tribunales internacionales y obligar-nos a asumir una parte de la deuda. El problema que tendrían es que, ahora mismo, la principal fuente de Derecho Internacional que regula la división de bienes, archivos y deudas entre los dos países que resultan de una separación es la Convención de Viena de 1983. Y de entrada hay que decir que el artícu-

20 Esta deuda incluye la que la Generalitat debe a los bancos más la qué debe al gobierno central por los préstamos que ha recibido a través del Fondo de Liquidez Autonómica o FLA.

lo 38.1 de esta Convención dice: “Ninguna deuda de estado del Estado predecesor pasará al Estado de reciente independencia”. Es cierto que la Convención de Viena no ha sido ratificada por todos los estados (y segu-ramente no lo será nunca porque tiende a beneficiar a las regiones que se independizan y, por lo tanto, a los estados actuales no les acaba de gustar), pero es el único documento que hay y nos puede servir de guía a la hora de negociar. En caso de separación no pactada, la deuda española la pagará España.

Naturalmente, una separación no pactada no interesa ni a los catalanes ni a los españoles. Es por eso que, con toda probabilidad, en cuanto llegue el momento los dos estados acabarán pactando. Los términos del acuerdo, lógicamente, no son conocidos. Pero la Convención de Viena de 1983 como la práctica internacional establecen que los principios que tienen que prevalecer en toda negociación en materia de transmisión de bienes y deudas del Estado son, entre otros, los principios de proporcionali-dad y de equidad.

El concepto de proporcionalidad no está definido con precisión por ninguna normativa, pero una posibilidad sería dividir la deuda en función del peso demográfico del territorio secesionado sobre el conjunto del territorio del Estado matriz. El principio detrás de esta división sería que todos los ciu-dadanos son iguales y, por lo tanto, todos deben hacerse cargo de la deuda total por igual. Como Cata-luña representa el 16% de la población española, el criterio del peso demográfico llevaría a Cataluña a asumir el 16% de la deuda española.

Es cierto que en algunas ocasiones en la práctica internacional se han usado también otros criteri-os como su peso económico en términos de producto interior bruto del territorio secesionado sobre el conjunto del PIB estatal. En este caso, Cataluña acabaría asumiendo el 18,4% de la deuda española ya que esta es la proporción del PIB español que se genera en Cataluña.

Finalmente también existe el criterio de tener en cuenta el porcentaje del gasto e inversiones del gobierno central en el territorio secesionado sobre el conjunto de todo el Estado. Como, tradicional-mente, España sólo ha realizado el 11% de sus inversiones en Cataluña, siguiendo este criterio Cataluña acabaría asumiendo el 11% de la deuda española.

El cuadro 2.1 muestra las consecuencias que para Cataluña tendrían las diferentes hipótesis. La primera línea del cuadro 2.1 muestra la hipótesis de que Cataluña no asume ningún porcentaje de la deuda española. La deuda total de la Generalitat en este caso serían simplemente los 65.500 millones que ya tiene y eso representa el 32,75% del PIB.

La segunda línea supone que Cataluña asume el porcentaje de la deuda correspondiente a las in-versiones que el Estado ha hecho en Cataluña del total que ha hecho por toda España que es del 11%. El 11% de 733.456 millones de euros son 80.680 millones. Esta es la cantidad adicional que tendría que asumir Cataluña que, sumada a los 65.500 que ya debe, elevaría la deuda total a 146.180 millones de euros (el 73% del PIB).

La tercera línea repite el ejercicio pero siguiendo el criterio del peso demográfico y suponiendo, pues, que Cataluña se queda el 16% de la deuda española. En este caso la deuda total subiría a 182.853 millones (91,43% del PIB).

La cuarta línea sigue el criterio del PIB según el cual Cataluña asumiría el 18,4% de la deuda es-pañola en Cataluña. Si los catalanes heredáramos el 18,4% de la deuda española, la deuda de la Gener-alitat subiría a 200.456 millones o el 100,23% del PIB.

Yo supongo que el proceso de negociación nos debería llevar a una cifra que esté entre el 11% y el 18,4%. Es decir, probablemente la deuda con la que nacerá un estado catalán independiente estará entre el 73% y el 101% del PIB (¡aunque, al ritmo al qué el Estado español aumenta la deuda cada año, cuanto más tardemos en marcharnos mayor será la factura final!).

Hay que decir que una deuda de entre el 73% y el 101% del PIB es una deuda grande. Es una deu-da asumible, pero es una deuda grande. El hecho de que sea asumible quiere decir que podemos utilizar la deuda como herramienta de negociación para conseguir seguir teniendo los derechos adquiridos. ¡Y el hecho de que sea una deuda grande no significa que sea mayor de la que ya tenemos ahora que forma-mos parte de España! ¡Ya hemos dicho que formando parte de España, la deuda total de Cataluña (in-cluyendo el 21% de la deuda del Estado ya que el 21% es la parte de los impuestos que pagamos ahora que estamos en España) es de 219.526 o 109,76% del PIB! Todas las posibles hipótesis de reparto de la deuda del Estado dan unos números mejores si Cataluña se marcha que si se queda.

También vale la pena decir que a las estimaciones de deuda adicional que tendríamos al here-dar una parte de la deuda española tenemos que añadir las estimaciones de los activos adicionales que también tendríamos que heredar. Aquí es donde entra el segundo principio que se tiene que aplicar a

la hora de dividir las deudas que es el principio de equidad. El principio de equidad nos dice que tiene que haber coherencia entre la relación del reparto de las deudas y la del reparto de los bienes entre los dos estados. Es decir, si Cataluña asume una parte de la deuda o pasivos españoles, también tendrá que asumir una parte similar de los derechos o activos. Lo que no vale es que el estado secesionado asuma las obligaciones pero no los derechos.

O dicho de otra manera, si los catalanes aceptamos negociar y asumir una parte proporcional de las deudas españolas, a cambio, exigiremos una parte de los derechos que ya tenemos como españoles. Entre los derechos está el derecho a ser ciudadanos de la Unión Europea y a disfrutar de la libertad de movimiento de personas, mercancías y capitales del que ya disfrutamos en la actualidad. Entre los dere-chos también está la parte proporcional que nos corresponde de los muchos activos que tiene el Estado español: las reservas de oro y divisas que hay en el Banco de España, en el Banco Central Europeo o en el Fondo Monetario Internacional, las piezas de arte que hay en museos de toda España, los edificios y bienes inmuebles concentrados en Madrid, las empresas públicas, el hipódromo de la Zarzuela, los fon-dos de reserva de la seguridad social, el armamento militar, los palacios y los monasterios. Todo eso son activos que, en caso de negociar una separación pactada, también tendrán que ser valorados y puestos en la mesa de negociación.

Para cuantificar monetariamente estos derechos, David Ros y Roger Fatjó (2014)21 hacen un análi-sis exhaustivo de los activos que tiene el Estado. De entre estos activos algunos se pueden valorar con facilidad y otros presentan más dificultad. Entre los activos que se pueden valorar (oro y divisas, fondos de reserva de la seguridad social, programas especiales de armamento, etc.), Ros y Fatjó estiman que el Estado tendría que dar a Cataluña activos por valor de entre 55.585 millones y 58.278 millones. Eso, por sí solo, ya rebajaría bastante la deuda total de la nueva Cataluña. Pero a esta cantidad se tendría que añadir el valor de los muchos activos que ahora mismo no se pueden valorar fácilmente (los bienes in-muebles del Estado que están en Madrid, las obras de arte, los bienes públicos en régimen de concesión, los palacios y los monasterios). Ros y Fatjó dicen que, una vez valorados estos activos y una vez asignada la parte proporcional a Cataluña, es muy posible que superen el valor de la deuda heredada.

21 “Endeutdamiento iy repartimento de los actiuvos”, capítulo den el libro “Economiía de Catalunya” del Colegio de Economistas de Catalunya Comisión de Economía Catalana. Profitvecho Editorial.

Las finanzas de la Generalitat

Ya hemos dicho que el nuevo estado catalán nacería con un cojín económico que representa el div-idendo fiscal: los 16.000 millones que pagamos los contribuyentes de Cataluña y que ahora se marchan a otros lugares del Estado se dejarían de marchar y se quedarían en Cataluña. Estos 16.000 millones serían dinero que Cataluñya tendría de más, pero no necesariamente serían dinero adicional a disposición de la Generalitat. La razón es que la Generalitat de una Cataluña independiente también tendría que hacer frente a gastos nuevos que ahora mismo no tiene que hacer.

¿Cómo serían las cuentas de una Generalitat independiente? ¿El nuevo gobierno del nuevo estado tendría bastantes recursos netos para llevar a cabo su tarea de gobernar desde el primer día? Afortuna-damente, las profesoras Núria Bosch y Marta Espasa22 han hecho un análisis extraordinario y detallado de las cuentas del nuevo estado, un análisis en ela qué basaré buena parte de la explicación.

l punto de partida es la situación actual. La Generalitat actualmente recauda unos impuestos di-rectamente (como parte del sistema de financiación, obtiene el 50% del IRPF y el IVA, el 58% de los impuestos especial entre otros tributos) y hace una serie de gastos en sanidad, educación, seguridad y prisiones, etc. Pues bien, imaginaremos que, en el futuro país independiente, la Generalitat sigue re-caudando lo mismo y sigue gastando exactamente lo mismo que hasta ahora. Además, sin embargo, la Generalitat obtendrá unos ingresos adicionales (los que ahora pagan los catalanes pero recauda la Agencia Tributaria Española) y tendrá que hacer frente a unos gastos adicionales. Lo que hacen Bosch y Espasa es analizar los ingresos y los gastos adicionales. Lógicamente, los ingresos y los gastos que tendrá una Generalitat independiente dependerán totalmente de los tipos impositivos que decidan nuestros parlamentarios, de la situación económica (si es de recesión, los ingresos públicos serán menores y si hay boom, serán mayores) y de las políticas que quiera implementar el gobierno que escojan los votantes de Catalunya. Como todo eso no se puede saber, lo que podemos hacer para hacernos una idea es pregun-tarnos cómo hubieran sido los ingresos y los gastos si Cataluña hubiera sido independiente entre 2006 y 2010 pero los tipos impositivos, la actividad económica y las políticas públicas hubieran sido las que han sido.

Por el lado de los ingresos, la Generalitat habría recaudado todo lo que pagaron los catalanes a Madrid. Los datos exactos aparecen en el cuadro 2.1. Por ejemplo, en el 2006 habría recaudado 17.676 millones adicionales en impuestos directos (IRPF, impuestos de sociedades). En 2010, habría recaudado 12.989 millones por este concepto. Por término medio, entre 2006 y 2010, la Generalitat habría recau-dado 15.788 en impuestos directos.

22 Bosch, Núria y Marta Espasa, “12 Argumentos Económicos por la Independencia”, Ed. Pórtico. 2014.

En impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales, impuestos sobre primas de seguros, tráfico exterior y cotización sobre el azúcar y la glucosa) habría recaudado una media de 8,755 millones adicio-nales.

De tasas y otros ingresos habría recaudado una media de 1.300 millones y de ingresos de organ-ismos autónomos y de otros organismos públicos 236 millones. El gobierno catalán también habría ingresado una media de 24.830 millones de las cotizaciones de la Seguridad Social pagadas por los tra-bajadores catalanes. Finalmente habría obtenido unos 777 millones por los ingresos que han generado varias empresas públicas. A todas estas cantidades, se tendrían que restar las transferencias que ahora mismo hace el Estado y que, lógicamente, dejaría de hacer si fuéramos independientes. Estas transfer-encias han sido, de media, 4.616 millones de euros entre 2006 y 2010.

Sumando todas estas partidas obtenemos que, si Cataluña hubiera sido independiente, su gobier-no habría ingresado unos 47.069 millones adicionales por término medio entre 2006 y 2010.

Lógicamente estos ingresos adicionales irían ligados a unos gastos adicionales. Algunas de esas partidas serían obligatorias (los ingresos de la Seguridad Social irían asociados a pagos de pensiones y subsidios de paro). Otras serían decisión del gobierno que hubiera en la Generalitat. De nuevo, lo que haremos será imaginar que Cataluña hubiera sido independiente y, con los números del Estado para 2006-2010, estimar cuáles habrían sido los gastos del gobierno si la Generalitat hubiera tenido que asumir muchas de las competencias que ahora mismo tiene el Estado. Algunos de los gastos que ha hecho el Gobierno de Madrid, no los tendría que hacer la Generalitat porque actualmente hay un solapamiento y duplicación de servicios. Por ejemplo, el gasto del Instituto de la Mujer, el Instituto Na-cional de Estadística, o el Instituto de Meteorología nos los ahorraríamos ya que en Cataluña está el In-stituto Català de la Dona, el Instituto Catalán de Estadística y el Servicio Meteorológico de Catalunya. De otros gastos sí que tendría que asumir parte la Generalitat. Analicemos los datos partida por partida.

La primera partida es la de Servicios Públicos Básicos: justicia, defensa, seguridad ciudadana, in-stituciones penitenciarias y política exterior. Por lo que se refiere a justicia, el principal coste son los salarios de los jueces, secretarios judiciales, fiscales y personal de los tribunales de justicia. Como ahora todo este gasto lo hace el Estado directamente en Cataluña, Bosch y Espada suponen que una General-itat independiente gastaría más o menos lo mismo que ahora gasta el Estado en Cataluña.

El gasto en defensa es un poco más complicado. Bosch y Espada asignan a Cataluña el 16% del gasto que actualmente hace el Estado en toda España. Es decir, suponen que un estado catalán tendría más o menos la misma defensa que tiene España y, por lo tanto, al tener un 16% de la población, pa-garíamos el 16% del gasto en defensa.

En materia de seguridad ciudadana, la Generalitat ya tiene traspasados los mossos y la gestión de prisiones y, por lo tanto, sólo habría que tener en cuenta los gastos en policía nacional y guardia civil que ahora realiza España en Cataluña y que, una vez alcanzada la independencia, tendríamos que asumir los catalanes. La suma de todos estos servicios públicos básicos adicionales sería, por término medio entre 2006 y 2010, de unos 1.908 millones de euros.

Un segundo grupo de gastos son los relacionados con la protección y promoción social. Dentro de este grupo están las pensiones de los funcionarios del Estado, el fomento del empleo, el fomento de la vivienda y la gestión y administración de la Seguridad Social. Aquí Bosch y Espada suponen que la Generalitat asume todos los compromisos contraídos por el Estado español y seguiría pagando a todos estos colectivos. Los gastos adicionales de protección y promoción social sumarían, por término medio, 1.020 millones de euros.

El tercer grupo serían los bienes públicos de carácter preferente. Hay que recordar que la Sani-dad, Educación y Cultura ya han sido traspasadas y, por lo tanto, no representarían costes adicionales. Sí que habría que añadir las becas que ahora concede el ministerio (y que pasaría a conceder el Gobier-no catalán) y algún gasto en cultura que ahora hace el Gobierno central. Esta tercera partida sería, por término medio, de 146 millones de euros.

El cuarto grupo de gastos son las de carácter económico. Aquí entran infraestructuras y transporte, investigación y desarrollo, entre otros. Esta partida suma, por término medio, 1.727 millones de euros.

El quinto grupo son los costes de carácter general. Aquí entran la gestión de la Administración, las transferencias a otras Administraciones públicas o los intereses de la deuda pública. Los gastos de la di-

rección del Estado (salarios de ministros etc.), se considera que no hay que asignarla a Cataluña ya que la Generalitat ya tiene su propia organización y no hay que pagar una nueva. A diferencia de lo que hacen Bosch y Espada, yo no incluiré los intereses porque la magnitud de estos intereses dependerá totalmente de la deuda que Catalunya acabe asumiendo. Por lo tanto, los incorporaré más adelante. Descontando los intereses de la partida que publican Bosch y Espada nos sale que los gastos adicionales de carácter general suman 2.834 millones por término medio entre 2006 y 2010.

El sexto grupo de gastos no lo hace la Administración central directamente sino otros organismos y empresas públicas. Organismos como la Agencia Tributaria o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estos organismos tienen que seguir existiendo y los tendrá que pagar la Generalitat. Empre-sas como AENA, ACESA o AQUAMET, Puertos del Estado, Canal Segarra-Garrigues o la Depuradora del Baix Llobregat. Los gastos de los organismos y las empresas son de 355 y 1.949 millones de euros, respectivamente.

Y finalmente tenemos los gastos de la Seguridad Social y sus organismos (servicio público de em-pleo, mutuas AT y MP, fondo de garantía salarial, o la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado). Por término medio, los costes de seguridad social sumarían unos 23.571 millones de euros de gasto adicional para una Cataluña independiente.

Poniendo juntos todos estos datos, tenemos que si Cataluña hubiera sido independiente, la Gen-eralitat habría tenido que hacer frente a unos 33.511 millones de euros adicionales, de promedio, entre 2006 y 2010.

Una vez evaluados los ingresos y los gastos adicionales que tendría la Generalitat de una Cataluña independiente, ya estamos casi en disposición de calcular el saldo. Sólo nos falta un pequeño detalle: el dinero que los españoles han cargado en la VISA de los catalanes y que han gastado en otros lugares del Estado. Si Catalunya hubiera sido independiente, este dinero que tenemos en la VISA habría estado a disposición de la Generalitat. En el 2010, el Estado nos cargó unos 10.708 millones de euros a la VISA. La media entre 2006 y 2010 fue de 4.370 millones (la media es más baja porque, recordaréis, en 2006 y 2007 el Estado español tuvo superávit presupuestario y, por lo tanto, no sólo no nos añadió nada a la VISA de los catalanes sino al contrario).

Ahora sí, con estos datos ya podemos calcular el saldo adicional que habría tenido a la Generalitat entre 2006 y 2010 si hubiera sido independiente. En el cuadro 2.3 mostramos los números para 2010 y para la media entre 2006 y 2010. Bosch y Espada muestran los números para cada año entre 2006 y 2010.

Vemos que, si la Generalitat hubiera sido independiente, los ingresos en concepto de impuestos habrían sido, por término medio, unos 47.069 millones superiores. Además, tendría unos 4.370 millones adicionales disponibles, que son el dinero que están en la VISA y que se gastó en otras comunidades y que, en caso de independencia seguirían estando en la VISA, pero habrían estado a disposición de la Generalitat. Si sumamos los dos conceptos tenemos que la Generalitat habría podido disponer de 51.439 millones de euros adicionales. De estos, habría tenido que gastar unos 33.511 millones adiciona-les por lo que le habría quedado un saldo de 17.928 millones adicionales.

Antes de que os pongáis a saltar de alegría, dejadme que os recuerde que esta cifra no sería la cantidad de dinero del que habría dispuesto la Generalitat ya que todavía nos falta añadir los intereses de la deuda pública. Naturalmente, la cantidad de intereses que pagaría una Generalitat independiente dependería en gran medida de la fracción de la deuda española que acabara asumiendo Cataluña. Como ya hemos dicho, no sabemos qué parte de la deuda acabaremos aceptando. Eso dependerá del proceso de negociación. Y, como no lo sabemos, lo que haré será calcular el saldo de la Generalitat independiente bajo diferentes escenarios.

En el primer escenario (línea 1 del cuadro 2.5), suponemos que Catalunya no asume ninguna deuda española. Eso es lo que dice la Convención de Viena de 1983 y eso es lo que haríamos si Es-

paña no nos reconoce o no quiere negociar. En este caso, los intereses adicionales que tendría que pagar Cataluña serían cero. Como el saldo que hemos obtenido de restar los gastos adicionales a los ingresos adicionales del cuadro 2.2 era de 17.928 millones de euros, este sería el saldo adicional sin necesidad de añadir más intereses. Si queremos saber cuál sería el saldo de la Generalitat independiente lo que tendríamos que hacer es sumar este superávit adicional de 17.928 millones al déficit que ahora mismo tiene la Generalitat (unos 2.000 millones de euros). Si Cataluña no tuviera que asumir ninguna deuda española, la Generalitat tendría un superávit de 15.928 millones, lo cual representaría un 7,96% del PIB. ¡Quizás estaríamos en el hiperespacio por los siglos de los siglos, pero seríamos la economía más saneada de todo el hiperespacio!

Si Cataluña tuviera que asumir el 11% de la deuda española (correspondiente al porcentaje de inversiones totales hechas por el Estado en Cataluña), la deuda catalana aumentaría en 80.680 millones. Si suponemos que los tipos de interés son del 4%, esta deuda añadida comportaría unos intereses de 3.227 millones de euros. En este caso, la Generalitat mantendría un superávit fiscal de 12.701 millones de euros o el 6,35% del PIB.

Si Cataluña asumiera el 16% de la deuda española (correspondiente al porcentaje de la población), la deuda adicional sería de 117.353 millones y eso añadiría unos intereses de 4.694 y daría un saldo pos-itivo para la Generalitat de 11.234 millones de euros (el 5,62% del PIB).

Finalmente, si Cataluña asumiera el 18,4% de la deuda española (correspondiendo al porcentaje del PIB), los intereses añadidos serían de 5.398 y el saldo total de la Generalitat de 10.530 millones de euros (el 5,26% del PIB).

Hay que decir que los números presentados no incluyen el dinero que Cataluña tendría que pagar para formar parte de los diferentes “clubs” a los que pertenece España. Por ejemplo, tendríamos que hacer unas aportaciones de oro y divisas para poder formar parte del Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Hay que decir que para hacer estas aportaciones contaríamos con la inesti-mable ayuda del oro y las divisas que ahora mismo España tiene depositadas en estas instituciones, una parte de las cuales se quedaría Cataluña como contrapartida a la asunción de la deuda. Como miembro de la Unión Europea, el nuevo país catalán tendría también que hacer aportaciones netas a las insti-tuciones comunitarias como mecanismo europeo de estabilidad (el MEDO), un fondo creado durante la última crisis para ayudar a los países con problemas de deuda soberana. Y como Cataluña sería un país relativamente rico, acabaría haciendo aportaciones netas a la UE lo que, por otra parte, ya ha ido haciendo desde que entró a formar parte en 1986 (a diferencia de España que ha sido beneficiaria neta).

La conclusión de todo este análisis es que la independencia de Cataluña comportaría un dividendo sustancial para el país y un dividendo importante para la Generalitat. La magnitud del dividendo de-pendería de qué parte de la deuda española acabamos aceptando, pero estaría en una horquilla de entre 10.500 y 16.000 millones adicionales. Este dinero no arreglaría todos nuestros problemas y no son la razón para pedir la independencia. Pero sí representan un cojín que permitirá organizar el nuevo país.

La Generalitat tendrá que resistir la tentación de gastar todo este dinero enseguida. En Cataluña hay unos 322.000 trabajadores del sector público. Un 50% son del gobierno catalán, un 30% trabajan en los ayuntamientos, un 10% trabajan en la Administración central y el resto en las universidades públicas. Todos estos funcionarios representan al 11% de los trabajadores del país, un dato que es menor que el

de muchos países europeos que tienen hasta el 20% de la fuerza laboral trabajando para el Estado. Eso podría llevar a la tentación de hinchar el número total de funcionarios sin necesidad. Eso sería un error. Suiza es un país con un estado que funciona, y que funciona muy bien, aunque sólo el 10% de sus tra-bajadores están empleados por el sector público. Uno de los problemas tradicionales del sector público es que se crean organismos y puestos de trabajo para cubrir las necesidades que aparecen en un deter-minado momento. Y cuando las necesidades desaparecen, los organismos quedan para siempre. Cuando se construya un nuevo estado, tendremos que mirar las necesidades que hay en aquel momento y crear los organismos que sean necesarios en aquel momento. No tenemos que caer en el error de reproducir lo que tiene España porque mucho de lo que tiene ya no es necesario. Por ejemplo, en la mayor parte de países se crearon empresas públicas de correos. De hecho, se crearon grandes burocracias en torno a las empresas de correos. Y en aquel momento era necesario: la única manera de enviar mensajes era a través de las cartas y la única manera de enviar cartas era a través de la empresa de correos. Pero a finales del siglo xx aparecieron los faxes, y los burofaxes, y los emails, y más adelante los sms, y los WhatsApp, y los mensajeros de distribución rápida. Las empresas públicas de correos ya no jugaban el papel que jugaban en el siglo xix, pero no desaparecieron. Siguieron igual. Pues bien, si creáramos un estado desde cero en el siglo xxi, seguramente no crearíamos una empresa de correos porque no la necesitamos. El nuevo estado tendría que analizar con cuidado y con detalle las necesidades reales de una Administración efi-ciente y contratar a la gente que necesita. Si Suiza sobrevive bien con un 10% de funcionarios, no hay que tener un 20%.

Otro problema del empleo público es que los partidos políticos han utilizado el gobierno como la comedora para amigos, parientes, simpatizantes y militantes. Cuando un partido nuevo llega al gobier-no, una nueva hornada de gente a la que se le deben favores es contratada a cargo del contribuyente. El previsible superávit de la Generalitat puede ser una tentación para nuestros gobernantes de caer en los mismos errores del pasado. Eso sería un error.

Finalmente, hay que añadir que con los 10.500-16.000 millones adicionales de que dispondría la Generalitat, se tendrían que hacer las inversiones de que hablaré en las próximas secciones. Nos harán falta inversiones en infraestructuras, sistema judicial, agencia tributaria y educación. Si no se malgasta el dinero, estas inversiones, que rondarán los 3.000 millones de euros anuales, se podrán hacer sin necesi-dad de endeudar a nuestro gobierno.

¿Desde el primer día?

Una pregunta que a menudo se hacen los escépticos es: ¿podría el nuevo estado recaudar todos los impuestos desde el primer día? Es decir, los números que acabamos de calcular están hechos bajo el su-puesto de que la agencia tributaria catalana recaudaría lo mismo que ahora recauda la agencia tributaria española, la AEAT. Ahora bien, ¿podría hacerlo desde el primer día?

Para responder a esta pregunta hay que entender que el modelo de gestión tributario español se basa en la autoliquidación y en el miedo. Es decir, el contribuyente calcula él mismo el importe que tiene que pagar y lo liquida. Y lo hace con el miedo de que los inspectores de hacienda pillen cualquier trampa que pueda ingeniar, ya que si lo pillan tendrá que pagar unas multas descomunales. Por su parte, la Agencia Tributaria tiene un sistema informático muy potente que permite cruzar los datos de lo que han pagado las empresas con lo que han declarado los contribuyentes y, de manera sencilla, hacen saltar las alarmas cuando los datos no acaban de cuadrar. El potente sistema informático contribuye todavía más a intimidar al contribuyente que sabe que cualquier mentira será captada por los inspectores.

Este mecanismo basado en la autoliquidación y el miedo es ineficiente y se debería cambiar. De eso hablaré más adelante. Lo que hay que decir, sin embargo, es que serviría para garantizar que el nue-vo estado pudiera recaudar los mismos ingresos desde el primer momento. Lo único que tendría que se debería hacer es convencer a los ciudadanos de que, al menos de entrada, se utilizará un sistema similar. Los sistemas informáticos de los que actualmente dispone la Agencia Tributaria española se pueden encontrar en el mercado y la nueva Agencia Tributaria catalana los podría adquirir con mucha facilidad. Por lo tanto, todos aquellos que tengan tentación de evadir impuestos tendrán que saber que antes de que acabe el periodo de prescripción de cuatro años, los inspectores fiscales catalanes los pillarán con la misma facilidad con la que los pillan los españoles, lo cual comportará que declaren con la misma inten-sidad que lo hacen ahora.

Para conseguir la misma recaudación desde el primer día, pues, no haría falta la cooperación de la Agencia Tributaria española. Ahora bien, las cosas serían más sencillas, para los españoles y para los catalanes, si los dos gobiernos cooperasen en la lucha contra la evasión fiscal. Está por ver si eso acabará pasando.

Hay que recordar también que la independencia no se producirá de manera inmediata el día después de la consulta o de las elecciones plebiscitarias. Una vez el pueblo de Catalunya manifieste su voluntad a través de las urnas, se abrirá un proceso que durará entre un año y medio y dos años (los escoceses han estimado que si gana el sí, ellos tardarán unos 18 meses a declarar la independencia). Durante dicho proceso los dos gobiernos tendrán que negociar todos los aspectos de la independencia y el gobierno catalán tendrá que implementar las nuevas estructuras de estado. Entre estas estructuras estará, lógicamente, la nueva Agencia Tributaria. Este tiempo tendría que ser suficiente para garantizar que los ingresos adicionales de la Generalitat serán los que muestra el cuadro 2.1, desde el primer día.

Dentro de Europa

Uno de los aspectos que más incertidumbre, desazón y debate crea es el que hace referencia a si una Catalunya independiente seguiría formando parte de Europa. Una parte importante de la incerti-dumbre ha sido provocada por la reacción que han tenido las autoridades españolas a raíz de la petición de hacer una consulta por parte de los catalanes. El ministro de Asuntos Exteriores, José García-Mar-gallo, ha manifestado repetidamente que “si Catalunya se independiza, estará fuera de Europa durante tres generaciones”. Ni dos, ni cuatro. ¡Tres generaciones! El ministro también es el autor de la famosa frase: “Una Catalunya independiente vagará por el espacio por los siglos de los siglos”. ¡Amén!

Cabe señalar que la amenaza se tiene que leer en el contexto del problema de la inconsistencia temporal que he explicado en la introducción: antes de que sea evidente que los catalanes queremos irnos de casa, la estrategia óptima de los españoles es darnos tanto miedo que seamos nosotros mismos los que decidamos no votar. O votar no. Igual que el padre hace cuando quiere evitar que el hijo se marche de casa. Este es el motivo por el cual nos dicen que nos quedaremos fuera de Europa, del planeta y del sistema métrico decimal por los siglos de los siglos. La pregunta, por lo tanto, es: ¿es creíble esta amenaza? ¿O es solo una estrategia para darnos miedo, una estrategia que cambiará una vez vean que nuestra marcha es inevitable? La respuesta es que no es creíble. El Colectivo Wilson (del cual formo parte) hizo un informe23 en el que basaré la explicación:

23 “Europa, Europa”, Col.lectiu Wilson (2012). http://wilson.cat/ca/comunicats-conjunts/item/197-europa-europa.html

Lo primero que hay que entender es que eso de “salir de Europa”, en realidad, no quiere decir nada, ya que Europa la conforman una multitud de tratados, grupos e instituciones. Para aclararlo un poco, el gráfico adjunto muestra los numerosos grupos, espacios y acuerdos que hay en Europa y quién forma parte de cada uno de ellos: se trata del Consejo de Europa, la Unión Europea, la eurozona, el Espacio Económico Europeo, el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) y el espacio Schengen. Los diferentes grupos, acuerdos y espacios representan compromisos sobre distintos aspectos económi-cos y políticos. Por ejemplo, los miembros del espacio Schengen se han comprometido a dar libertad de circulación de personas dentro de sus territorios, de manera que cuando hacemos turismo y vamos de un país del espacio Schengen a otro —como por ejemplo de España a Francia— ni siquiera hay fronteras ni policías que nos pidan los pasaportes. La Unión Europea, por su parte, es una asociación de estados con un mercado único integrado y, al mismo tiempo, con instituciones políticas comunes. Pero, una vez más, esta es una de las múltiples soluciones que se utilizan en Europa para asegurar la integración económica en el ámbito continental.

Fijaos en que los diferentes países de Europa forman parte de distintos grupos. España, por ejem-plo, forma parte de la Unión Europea, la eurozona y el Consejo. Suiza forma parte del EFTA y del espacio Schengen, pero no de la eurozona ni de la Unión Europea. El Reino Unido forma parte de la Unión Europea pero no de la eurozona ni del espacio Schengen. Por lo tanto, el primer aspecto que es necesario aclarar es: cuando dicen que vetarán nuestra incorporación a “Europa”, exactamente ¿a qué se refieren? ¿A la Unión Europea? ¿Al Euro? ¿Al espacio Schengen? ¿Al Espacio Económico Europeo?”

Supongo que los ministros españoles hablan de la Unión Europea y que su amenaza está basada en el hecho de que la UE es un tratado entre estados y que el estado que ha firmado el tratado es Es-paña, por lo cual una hipotética secesión nos dejaría, de entrada, fuera de la UE. Y piensan que para volver a reincorporarnos, tendríamos que seguir los procedimientos normales. El artículo 49 del Trata-do de la UE estipula que el acceso de un nuevo miembro a la UE requiere el voto unánime de todos sus miembros. Como uno de estos estados será España, la amenaza de Margallo, de manera ímplicita, es-conde el mensaje de que si nos marchamos, ellos nunca votarán a favor de nuestra reincorporación. Es más, no nos votarán “por los siglos de los siglos”. Un problema que tendrá España a la hora de hacer efectiva su amenaza, un problema que no es menor, es que antes de poder vetar nuestra entrada, tendría que reconocer la independencia de Catalunya. Si no la reconociese, los ciudadanos y las empresas de Catalunya seguirían siendo españolas y, en tanto que españolas, seguirían formando parte de la UE. Por lo tanto, llegará un momento que tendrán que decidir si nos reconocen y nos dejan fuera de la UE o no nos reconocen. ¡Lo que no pueden hacer es las dos cosas a la vez!

Es importante decir que los tratados de la UE no dicen nada sobre procesos de ampliación inter-na. Es decir, no dicen nada sobre el proceso de adherir miembros que se independizan de países que ya son miembros: ni los regulan, ni los prohíben. Pero pongámonos en el caso más pesimista e imagine-mos que, en caso de independencia, Catalunya dejase de formar parte de la Unión Europea. ¿Querría decir eso que al día siguiente del referéndum se erigirían fronteras entre Catalunya y el resto de la UE? ¿Querría decir que si gana el sí, los catalanes dejaríamos de poder viajar sin pasaporte por Europa, que nuestras mercancías tendrían que pagar aranceles a la hora de exportarlas a la UE, y que los capitales dejarían de poder circular entre Catalunya y el resto de la UE? ¿Y querría decir eso que para volver a

ingresar y volver a disfrutar de todos estos derechos y libertades de circulación, tendríamos que esperar que España dejara de vetar nuestra incorporación a la UE? La respuesta a todas estas preguntas es: NO. Rotundamente NO.

En primer lugar, como ya he explicado hace un momento, la hipotética celebración de un referén-dum no conduciría a la exclusión de la UE. Esta última tendría lugar, en todo caso, con una declaración formal y pública de independencia. Por lo tanto, una vez celebrada la consulta y, en caso de que tuviera éxito, empezaría un proceso de negociación entre todas las partes implicadas: Catalunya, España y la Unión Europea. Este proceso de negociación duraría entre uno y dos años (insisto, los escoceses han estimado que, en su caso, podría durar unos 18 meses). Esta transición se podría hacer de manera tal que el día de la declaración de independencia coincidiera con la fecha de adhesión en las instituciones europeas.

En segundo lugar, es cierto que los tratados de la UE exigen utilizar el principio de unanimidad para aprobar la entrada de nuevos miembros (TEU, art. 49) y para generar “acuerdos asociativos”, es decir, aquellos acuerdos que establecen instituciones comunes entre la UE y los otros países signatarios del acuerdo. (Más adelante explicaremos por qué es imporante el punto de los acuerdos asociativos). Ahora bien, para seguir en el mercado único y mantener la libre circulación de mercancías (es decir, para no pagar aranceles) Catalunya no necesitaría formar parte de la UE. Solo tendría que firmar acuerdos bilaterales como los que tiene Suiza. Y los tratados dicen que los acuerdos bilaterales sin instituciones comunes no exigen unanimidad, sino una mayoría cualificada (TFUE, art. 207 y 218). Por lo tanto, España no podría utilizar su veto para impedir la incorporación de Catalunya al mercado único y a la libre circulación de mercancías porque Catalunya podría firmar un acuerdo bilateral con la UE, un ac-uerdo para el que no se requiere unanimidad, sino una mayoría cualificada. De modo que España no podría vetar este acuerdo de manera unilateral. De hecho, esta situación de estar fuera de la UE, pero disfrutando de la libertad comercial que hay en la UE, es la de Suiza, que no quiso entrar en el Espa-cio Económico Europeo por voluntad propia, pero que mantiene uno de estos acuerdos bilaterales con la UE, aprobado con mayoría cualificada. De hecho, vale la pena recordar que la UE puede firmar es-tos acuerdos bilaterales incluso con estados no reconocidos por todos los estados miembros (véase, por ejemplo, la comunicación de la Comisión Europea COM(2012) 602 final, de 10 de octubre del 2012).

¿Y las personas? ¿Podrían seguir circulando libremente sin tener que mostrar el pasaporte cada vez que cruzan una frontera europea? La respuesta es sí, pero no porque el tratado de Schengen se aplic-ara de manera automática. Si Catalunya quisiera adherirse al espacio Schengen sin ser parte de la UE, tendría que firmar un acuerdo de asociación. Eso sí que requeriría la unanimidad del Consejo y, por lo tanto, podría ser vetado por España. Ahora bien, los catalanes tendrían acceso al espacio Schengen en su condición de ciudadanos españoles: el artículo 11.2 de la constitución española que dice que ningún ciudadano español puede ser privado de su nacionalidad. Así pues, como el gobierno español no podría quitar la nacionalidad española a los ciudadanos de Catalunya, estos podrán viajar desde Catalunya a cualquier país del espacio Schengen (por ejemplo, para pasar la frontera española o francesa) con toda libertad. Solo tendrían que llevar el pasaporte o el DNI español a la hora de cruzar la frontera. En este sentido se daría la paradoja de que quien garantiza la libre circulación de los ciudadanos de Catalunya por toda Europa sería la misma Constitución Española.

Resumiendo, en caso de que España se empeñara en castigarnos vetando nuestro ingreso en la UE durante tres generaciones, los catalanes podríamos conseguir todo lo que se necesita tener dentro de Europa (la libertad de movimiento de mercancías, capital y personas), sin que lo pudieran evitar. Podría-mos tener lo mismo que tiene Suiza y ellos no podrían hacer nada. Este podría ser nuestro estatus tran-sitorio hasta que les pasara la rabieta... o hasta que las autoridades europeas les hiciera entrar en razón.

Dicho esto, pienso que el escenario más razonable es el de la incorporación natural y relativa-mente rápida de Catalunya a la Unión Europea como miembro de pleno derecho. La razón por la que estoy convencido de que este es el escenario más probable es que la UE es, por encima de todo, una comunidad de intereses económicos. Y aquí es cuando tenemos que volver a hablar del problema de la inconsistencia temporal que he descrito en la introducción: una vez todo el mundo vea que la marcha de Catalunya es inevitable, a nadie le interesará que permanezca fuera de la UE. Por mucho que ahora formulen las amenazas más extravagantes del mundo. A España no le interesa que nos quedemos fuera del planeta Tierra porque, si lo hacemos, los españoles tendrán que asumir la totalidad de la deuda del Estado. Eso les puede comportar la insolvencia del gobierno y, de rebote, la insolvencia de los bancos españoles que son los mayores acreedores del gobierno. A España tampoco le interesa que haya barreras entre Catalunya y Francia porque, entre otras cosas, serán sus propias empresas, sus propios camiones, sus propios ciudadanos quienes tendrán que cruzar estas fronteras (¡las dos!) cada vez que quiera viajar o exportar a Europa. A las empresas europeas que ahora mismo operan en Catalunya (entre las que hay importantes empresas petroquímicas y automovilísticas alemanas) tampoco les interesa que se pongan aranceles en Catalunya porque ellas serían las primeras que tendrían que pagar dichos aranceles para vender en su propio país. A las autoridades financieras europeas no les interesaría crear un foco de in-estabilidad económica en el sur de Europa. Las crisis de Grecia y Chipre han demostrado que lo que pasa en cualquier punto de la UE, incluso si es una isla pequeña como Chipre, nos afecta a todos, y no permitirán que haya una inestabilidad económica en España si esta inestabilidad se puede evitar. Y fi-nalmente, a las autoridades políticas europeas no les interesa desposeer de la ciudadanía europea “por los siglos de los siglos” a siete millones y medio catalanes, justo cuando le están dando esta ciudadanía a serbios y croatas, que han conseguido lo mismo que quiere Catalunya pero en lugar de hacerlo a través de los votos, lo han hecho a través de guerras violentas.

Todo esto me lleva a una conclusión: el único escenario realista es la continuidad en Europa. Di-gan lo que digan los sacerdotes del miedo, Catalunya seguirá formando parte de la Unión Europea y seguirá disfrutando de la libertad de movimientos que nos da el formar parte de Europa.

La moneda

Una de las preguntas que más a menudo nos hacemos cuando pensamos en la independencia de Catalunya es qué moneda tendríamos. En particular, si seguiríamos teniendo el euro o crearíamos una nueva moneda catalana (que podríamos denominar, el “patufet”). La verdad es que, como todos los países normales, Catalunya tendría la opción de escoger qué moneda utiliza.

La mayor parte de países del mundo optan por tener una moneda propia. Los suizos tienen fran-cos, los chinos Yuans, los norteamericanos dólares y los colombianos pesos. En este sentido, la experien-cia del euro es una excepción histórica en la cual 18 países decidieron abandonar en 1999 sus monedas de toda la vida para pasar a utilizar una moneda común que denominan euro. Pero incluso dentro de la Unión Europea hay 10 países que no lo utilizan: Bulgaria, Gran Bretaña, Croacia, Chequia, Dinamar-ca, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía y Suecia. La principal ventaja de tener una moneda propia es poder gestionar la política monetaria propia. Es decir, cuando tienes una crisis imprimes dinero para abaratar los tipos de interés y fomentar el consumo y la inversión y cuando tienes inflación haces exacta-mente lo contrario. Si formas parte de un grupo de países como los que conforman la eurozona y tienes crisis, pero resulta que los demás tienen inflación, te tienes que tocar las narices y hacer lo que quiere la mayoría.

Dejadme que os confiese que yo, durante los años noventa, escribí diversos artículos en contra de la moneda única. De hecho, el día 30 de diciembre de 1998 (dos días antes de que entrara en vigor el euro), publiqué un artículo en el diario Avui con un título revelador: “Que Dios nos coja confesados”, un artículo que acababa con la frase “¿Qué recomendación de política económica se puede hacer? ¡Yo recomendaría poner un cirio a la Virgen de Montserrat!”24. Era un artículo contrario a la introducción del euro y mi argumento era, precisamente, lo que acabo de exponer: el euro será una camisa de fuer-za que agravará las recesiones en la periferia de Europa cuando en el centro de Europa las cosas vayan bien. Es decir, si no hubiéramos tenido el euro, seguramente la crisis de 2008-2013 no hubiera sido tan profunda ni tan larga.

Dicho esto, creo que, ahora que tenemos el euro, sería una mala idea abandonarlo. Eso es cierto para Catalunya, y también lo era para España o Grecia cuando, a mediados del 2012 se especulaba con que la salida del euro era la solución a la crisis. De alguna manera, el euro es como una tortilla. Antes de romper los huevos puedes escoger si haces una tortilla, un huevo frito o dejas los huevos crudos. Pero una vez has hecho la tortilla, es muy difícil volver atrás. ¡Aunque seas Ferran Adrià! La principal dificul-tad de volver atrás está en el proceso de transición. Cuando los mercados vean que creas el “patufet”, pensarán que se devaluará. Eso puede generar movimientos especulativos que vacíen de divisas los ban-cos y que fuercen una devaluación forzosa. Además provocaría incertidumbres e inseguridades jurídicas en las empresas que ya están operando en Catalunya y que han hecho todos los planes de negocio pen-sando que su moneda sería el euro.

Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es mantenernos en el euro. ¡Y recordad que eso os lo dice uno que el día en que se creaba recomendaba poner cirios a la Virgen de Montserrat!

Analizaré, pues, qué pasará con Catalunya si decide mantener el euro como moneda oficial. Hay 24 http://salaimartin.com/mass-media/newspaper-articles/509-que-deu-ens-agafi-confessats.html

que distinguir entre dos escenarios posibles. En el primer escenario, Catalunya es miembro de pleno derecho de la Unión Europea y del Eurosistema, con derecho a tener representación en el Banco Cen-tral Europeo. Este es claramente el mejor escenario para todo el mundo. No es que tener representación en el BCE sea primordial (de hecho, en teoría el BCE es una entidad independiente del poder político de los países), pero estar plenamente integrado como decimonoveno miembro de pleno derecho del Eurosistema garantizaría la continuidad plena del sistema actual. Sin sustos ni incertidumbres. Para que este escenario sea posible, hace falta que Catalunya permanezca en la Unión Europea o que haya un acuerdo transitorio hecho expresamente para Catalunya mientras se produce el ingreso en la UE.

Yo pienso que este primer escenario es el más probable. Ya he explicado que la Unión Europea es una unión de intereses económicos y todos los participantes, España, Catalunya, la Unión Europea, las empresas multinacionales ubicadas en Catalunya, los bancos españoles, los bancos catalanes y los bancos europeos, a la hora de la verdad, tendrán el máximo interés en que no haya disrupciones en los mercados financieros. Por lo tanto, una vez vean que la salida de Catalunya es irreversible, unos y otros harán lo imposible para que la estabilidad de Catalunya, de España y de sus sistemas monetarios y bancarios esté garantizada.

El otro escenario es el de la no permanencia en la Unión Europea. En este caso Catalunya tam-bién podría mantener el euro como moneda oficial sin ser miembro del Eurosistema. La diferencia en relación con el escenario anterior es triple. Primero, Catalunya no tendría representación en los órganos de gobierno del BCE. Esta es una cuestión menor ya que la supuesta independencia del BCE respecto a los gobiernos hace que las personas que están en los órganos de gobierno no representen a sus gobiernos ni deban defender los intereses de sus países, sino los de toda la eurozona.

La segunda diferencia es que las entidades bancarias con sede social en Catalunya no tendrían acceso directo al crédito del BCE, ya que este restringe el crédito a las entidades situadas dentro de la eurozona25. Esta restricción es importante y merece ser discutida ya que, para mantener su liquidez, los bancos de hoy en día necesitan tener acceso al banco que emite las monedas que uno utiliza. Por lo tanto, en principio esta podría ser una restricción insalvable, aunque en la práctica no es así. Y no lo es porque Catalunya podría obtener un acuerdo monetario, como el que tienen Andorra o Mónaco, un ac-uerdo que por una parte les permite la utilización del euro como moneda corriente y, por otra, permite a sus entidades financieras acceder a las operaciones del BCE. Es importante resaltar que este acuerdo tendría que ser firmado por el Consejo por mayoría cualificada. Eso de la mayoría cualificada quiere de-cir que España no podría vetar nuestro acceso a este tipo de acuerdo. Este acuerdo podría ser adoptado de manera inmediata y ser utilizado como puente que garantizara la perfecta continuidad, sin sustos, de nuestro sistema monetario y financiero mientras se negocia la plena integración en la UE, en caso de que nos tuviéramos que marchar de la UE de manera transitoria. Este sería, pues, el escenario más probable en caso de que Catalunya quedara temporalmente fuera de la UE ya que lo contrario sería perjudicial para todas las partes, incluidas España y Europa.

El tercer problema aparecería en caso de que un acuerdo como el de Andorra no fuera posible. En este caso, Catalunya podría seguir utilizando el euro (para utilizar la moneda uno no necesita pedir

25 Ver la discusión de Jordi Galí en el artículo escrito para el Colectivo Wilson sobre este tema: http://wilson.cat/ca/mitjans-escrits/articles-dels-membres/item/222-estat-propi-i-euro.html

permiso al país que emite esta moneda; sin embargo, los bancos catalanes dejarían de poder financiarse directamente en el BCE. Fijaos, sin embargo, que he dicho “directamente”, y esta es la clave de la frase. Y es que hay un truco del almendruco para el cual eso no representa un problema: ¡financiarse indirect-amente! Es decir, si se diera el improbable escenario de que Catalunya quedara fuera de la UE y que no se llegara a un acuerdo como el que tienen Andorra o Mónaco, los bancos catalanes seguirían teniendo acceso al crédito interbancario. Lo tendrían que hacer a través de otros bancos que sí estuvieran en la eurozona y que estos, por su parte, tuvieran acceso al crédito del BCE. La clave consiste en darse cuenta de que entre los bancos que sí tendrían acceso al crédito del BCE habría las sucursales y filiales que los bancos catalanes tuvieran en países de la eurozona. Los requisitos para acceder al crédito del BCE son tener solvencia financiera y estar sujetos a la supervisión de las autoridades competentes dentro de la UE o el Espacio Económico Europeo. Podéis leer el artículo del Jordi Galí y las referencias que con-tiene para consultar un listado más preciso de los requerimientos que deben cumplir los bancos para acceder al crédito del BCE.

En la actualidad hay centenares de bancos de fuera de la eurozona, e incluso de fuera de Europa, que tienen acceso al crédito del BCE mediante sus sucursales y filiales situadas en la eurozona. Los que tengáis curiosidad podéis encontrar una lista completa en la web del BCE (http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/monthly_list.en.html). Si os entretenéis en mirar la lista, veréis, por ejemplo, que hay 22 (¡repito, 22!) sucursales del Citibank en la lista de entidades que califican para ob-tener créditos. Son las sucursales que el banco tiene en Viena, Sofía, Bruselas, Praga, Frankfurt, Copen-hague, Alcobendas, Madrid, Helsinki, París, Londres, Atenas, Budapest, Dublín, Milán, Luxemburgo, Ámsterdam, Varsovia, Lisboa, Bucarest, Estocolmo y Bratislava. Por lo tanto, el Citibank tiene acceso al crédito del BCE a través de estas 22 sucursales, aunque, como todos sabéis, es un banco norteamericano con sede en Nueva York.

Es decir, las filiales y las sucursales que La Caixa y el Banc Sabadell tienen en España (¡y tienen muchas!) ¡sí que podrían pedir créditos al BCE y estas podrían prestar el dinero a las sociedades matrices localizadas Catalunya!

La pregunta es si los bancos catalanes, a través de sus sucursales en España o a otros países de la eurozona tendrían acceso a una cantidad suficiente de dinero del BCE. Aquí es donde tengo que men-cionar que, para pedir préstamos, todos los bancos tienen que demostrar que tienen suficiente “colat-eral” o garantías registradas en el BCE. Normalmente, los bancos utilizan activos comerciales o deuda pública soberana. En este sentido, los bancos catalanes podrían utilizar como garantía la deuda que ya tienen del estado español. En caso de que Catalunya aceptara asumir una parte de esta deuda (y como ya he dicho antes, está por ver que lo hagamos, ya que en principio no tenemos ninguna obligación de asumir nada), la deuda heredada también podría ser utilizada como colateral. Lo que seguramente no sería utilizable como garantía; sin embargo, sería la deuda del nuevo Estado catalán. Eso podría ser un problema si, ya de entrada, la Generalitat mantuviera déficits fiscales enormes, pues implicaría que se tendrían que pagar unos intereses más elevados. Pero ya hemos visto en el capítulo 15 que el dividendo fiscal permitiría a la Generalitat mantener un superávit presupuestario y, por lo tanto, las necesidades de financiación serían, al menos de entrada, poco importantes.

Además, Catalunya es un país que tendría un superávit comercial. Eso quiere decir nuestras em-

presas generarían suficientes divisas como para no tener que sufrir por la escasez de euros.Dejadme acabar esta sección hablando del Banco Central Catalán. Cómo, por una vía u otra,

Catalunya seguirá utilizando el euro. No hará falta que tenga un banco central que emita dinero. Eso no quiere decir que no haya que construir un banco central. Y es que una de las tareas importantes que tiene que realizar un banco central es la de supervisar los bancos y los sistemas financieros. Es cierto que la crisis financiera ha hecho que las tareas reguladoras y supervisoras que hasta ahora tenían otorgadas los bancos centrales de cada país, estén pasando a manos del BCE. Y este proceso continuará. Pero en la medida en que los bancos centrales de los países miembros todavía tengan que ejecutar algunas tareas, los catalanes tendremos que crear un Banco Central Catalán que haga los trabajos que realiza ahora el Banco de España y que esté integrado en la red de bancos centrales de la eurozona.

Aquí es donde, de nuevo, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que se han hecho hasta ahora. Al fin y al cabo, hay que recordar que el Banco de España tuvo la responsabilidad de su-pervisar los bancos que acabaron yendo a la quiebra, tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la política de fusiones que resultó ser nefasta y tuvo la responsabilidad de hacer los “stress tests” que tenían que llevar paz de espíritu a los depositantes y accionistas de los bancos, pruebas que dejaron en evidencia que Bankia era una entidad sana pocos meses antes de que quebrara. Los funcionarios del Banco de España advirtieron de los problemas que tenía el sistema financiero y así lo denunciaron. Pero los di-rectivos no les hicieron caso, seguramente por culpa de las presiones políticas de quienes los habían colocado. En este sentido, la independencia nos dará la oportunidad de crear un banco central verdader-amente profesional, independiente y transparente que garantice que quien supervisa lo haga bien, sin interferencias políticas. Solo si los supervisores son independientes serán creíbles. Y solo si son creíbles, los depositantes, los inversores y los ciudadanos en general podremos confiar en un sistema en el que el estado se erija en nuestro protector. ¡Ah! Y todo eso que digo para el Banco de España, lo podría decir también para las otras entidades supervisoras, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, que se presume que estaba vigilando a las empresas del Mercado Alternativo Bursátil, pero que no detectó que un tal Jenaro García falsificó la contabilidad de Gowex durante 8 años seguidos. Este tra-bajo de supervisión que no hizo la CNMV, lo acabó haciendo una joven norteamericana con vocación de Batman, propietario de la empresa “Gotham City Research” que fue quien destapó la farsa de Gowex a mediados de 2014. En un país moderno y eficiente, si el estado crea instituciones supervisoras, estas tienen que supervisar. Y España, eso, no lo ha hecho lo suficientemente bien.

Las pensiones

Una vez visto que, como país independiente, Catalunya sería económicamente viable y que la Generalitat tendría un pequeño cojín para gobernar el país desde el primer día, la pregunta que se hace todo el mundo es cómo sería la Catalunya independiente. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. La Catalunya del futuro será la que decidan los catalanes. Como país normal que será, las urnas determi-narán los partidos que gobernarán y los partidos que gobernarán determinarán las políticas que se im-plementarán. Si escogemos a unos líderes que ponen instituciones con los mismos defectos que tienen ahora las de España, tendremos los resultados que ha obtenido España. Si escogemos gobiernos de izquierdas tendremos políticas de izquierdas y si escogemos gobiernos de derechas tendremos políticas de derechas. Como Suiza, Holanda o Suecia. A partir de aquí, cada uno puede imaginar el país que le gustaría tener porque, por encima de todo, yo veo el proceso de independencia como una oportunidad única para hacer las cosas diferentes. La independencia no es la garantía de que todo nos irá bien. Pero sí que representa una oportunidad única de hacer las cosas de manera diferente y construir un país potente y próspero, un país que no podremos construir dentro de España bajo ninguna circunstancia.

Dejadme, pues, que en las próximas secciones describa lo que yo pienso que deberíamos hacer. Y dejadme empezar con uno de los aspectos que más preocupan a una parte de nuestros ciudadanos: el sistema de pensiones.

Una de las primeras reacciones del mundo político y mediático español a la masiva manifestación de Barcelona del 11 de Septiembre fue la de anunciar a los jubilados catalanes que, sin España, ellos nunca cobrarían las pensiones: “Si Catalunya se independiza, España se negará a pagar las pensiones de los jubilados catalanes porque todo el dinero que ha contribuido a lo largo de la vida está en España y no en Catalun-ya”, avisaban indignados.

Como rápidamente explicó el Colectivo Wilson, asustar a los abuelos catalanes era la manera más innoble de impedir una consulta democrática, en caso de que se hiciera la consulta, o de inducir a que los abuelos votaran que no. Al fin y al cabo, los jubilados ya no tienen manera de ganarse un sueldo, por lo cual si pierden la pensión, no tendrán nada. El argumento de las pensiones podía desequilibrar la balanza a favor del no porque en Catalunya hay muchos jubilados.

El problema para los innobles defensores de la unidad de España a través del miedo es que el argu-mento de las pensiones es surrealista. Quien lo utiliza demuestra que no sabe cómo funciona el sistema de pensiones de la mayoría de países del mundo, entre los cuales está el sistema español. A ver: cuando un trabajador cotiza a la Seguridad Social, el Estado toma este dinero y no lo deposita en una cuenta a nombre del trabajador para que este recupere el dinero el día que se jubile. No. El dinero que paga el trabajador hoy es utilizado para pagar a los pensionistas de hoy. ¡Una vez pagado el pensionista, el dinero desaparece! De la misma manera, el dinero que los jubilados pagaron cuando eran trabajadores ya fue utilizado para pagar las pensiones de los jubilados de entonces. Utilizando argot económico, el sistema de pensiones español es un sistema “de reparto” donde cada generación paga las pensiones de la generación anterior.

Quien garantiza, pues, que los abuelos cobrarán las pensiones, no es el gobierno de Madrid que

controla la llave de la caja de las pensiones, ¡ya que no hay ninguna caja de las pensiones! La garantía de que los abuelos de hoy reciben y seguirán recibiendo una pensión son los trabajadores jóvenes de hoy que cotizan en la Seguridad Social. Decir que en una hipotética Catalunya independiente los jubi-lados no cobrarían las pensiones es equivalente a decir que en una Catalunya independiente no habría trabajadores jóvenes que cotizarían en la Seguridad Social. Y como que en Catalunya sí que habría tra-bajadores jóvenes, los jubilados catalanes cobrarán sus pensiones, diga lo que diga Don Mariano Rajoy.

Y ya que han sacado el tema, una pregunta interesante es si las pensiones que podría pagar una Catalunya independiente serían más altas o más bajas que las pensiones que hay en la Catalunya den-tro de España. En un sistema de reparto, la pensión que cobra cada jubilado es el resultado de repartir todo el dinero que cotizan los trabajadores entre todos los jubilados. Las cotizaciones totales, a su vez, dependen del número de trabajadores que cotizan, del salario de estos trabajadores y del porcentaje de su salario que se dedica a la Seguridad Social (el “tipo de cotización”). Todo eso determina los ingresos que tiene una seguridad social. Una vez recaudado, todo este dinero se reparte entre la población pen-sionista.

Por lo tanto, los jubilados de un país tendrán unas pensiones más elevadas cuantos más traba-jadores haya para cada pensionista. Mirando los números, vemos que en Catalunya, por cada pensionista hay 2,54 trabajadores. En España solo hay 2,4826. Esta diferencia, a pesar de que es pequeña, se explica porque Catalunya tiene una tasa de empleo más elevada que España, aunque un porcentaje mayor de la población es pensionista (debido sobre todo a una tasa de empleo más alta en el pasado).

Las pensiones de un país serán también más elevadas cuanto más altos sean los salarios que cobran sus trabajadores. El salario medio anual en Catalunya es de 24.449 euros, mientras que en España es de 22,79027 euros. Por lo tanto, si una Catalunya independiente mantuviera los tipos de cotización28 en la Seguridad Social actuales, el total de ingresos por cotizaciones dividido por el número de jubilados daría una pensión media significativamente más alta que la cifra calculada para España.

Todo eso nos lleva a la conclusión de que si Catalunya fuera independiente, no solo las pensiones estarían garantizadas sino que podrían ser un 10 % superior a las que se obtienen quedándonos en Es-paña, y sin aumentar los tipos de cotización.

De hecho, los datos históricos confirman el hecho de que las pensiones que se podrían pagar en una Catalunya independiente serían superiores. En el cuadro siguiente se muestra el saldo de la Segu-ridad Social para Catalunya. El saldo es la diferencia entre lo que los beneficiarios de prestaciones cat-alanes reciben de la Seguridad Social y lo que los trabajadores catalanes cotizan. Un saldo positivo indica que los trabajadores catalanes han pagado más de lo que han cobrado los jubilados catalanes, y al revés: un saldo negativo indica que lo que han pagado los contribuyentes catalanes es inferior a lo que han cobrado los pensionistas catalanes. El saldo de 2010 es de -2.142 millones de euros. Eso quiere decir que, en el 2010, las cotizaciones de los trabajadores catalanes no fue suficiente para pagar las pensiones

26 Calculado como ratio proporción entre población ocupada con respecto a población jubilada o pensionista, con datos del INE para el 2011 (media anual)27 Datos del INE para el 2010 (últimos datos disponibles).28 Cálculos hechos para por el Colectivo Wilson en http://wilson.cat/ca/comunicats-conjunts/item/213. Este cálculo está hecho sobre el supuesto de una cotización estrictamente proporcional al salario, y, por lo tanto, ignorante ignorando los topes que afectan soólo a los salarios más altos.

de los jubilados catalanes29. Este hecho llevó a algunos analistas a concluir que la Seguridad Social cata-lana no sería sostenible porque sería deficitaria. De hecho, algunos de estos analistas han dicho que las pensiones de los abuelos catalanes fueron pagadas por los españoles o que la Seguridad Social catalana ha sido rescatada por la española.

Este argumento no aguanta el mínimo escrutinio porque si miramos la segunda columna vemos que no es cierto que los trabajadores españoles hayan tenido que pagar las pensiones de los catalanes, ya que España, sin Catalunya, ha tenido un déficit de 26.317 millones de euros. ¡Trece veces mayor que el déficit catalán!

Lo que no dicen estos analistas es que el 2010 era un año de crisis. Un año donde el paro era eleva-do y, por lo tanto, las cotizaciones en la Seguridad Social eran menores. Y eso era cierto tanto en Cata-lunya como en España. De hecho, si miramos el saldo de la seguridad social de España en su conjunto es de -28.459 millones al 2010. Es decir, la Seguridad Social española tenía un déficit 13 veces superior al déficit catalán. ¡Por lo tanto, los que miran los datos del 2010 y llegan a la conclusión de que la Se-guridad Social catalana no sería viable, tendrían que llegar a la conclusión de que la Seguridad Social española todavía es menos viable!

Para mirar la viabilidad financiera de un hipotético sistema de pensiones catalán, lo que tendría-mos que hacer es mirar los datos con una perspectiva histórica y no fijarnos en los datos en un año de crisis. Si miramos los saldos catalanes desde 1995, llegamos a las siguientes conclusiones:

29 Datos del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat

Aunque Catalunya ha sido deficitaria en los últimos dos años (2009 y 2010) sumó un total de 28.168 millones de euros de superávit en el conjunto del periodo 1995-2008. Eso contrasta con lo que pasó en el resto de España durante el mismo periodo, en que había acumulado unas pérdidas de 38.084 millones. Si a eso le añadimos el déficit de 48.248 millones del 2009 y 2010, tenemos que la Seguridad Social española, sin Catalunya, acumuló un déficit estratosférico de 86.332 millones de euros. La Segu-ridad Social catalana, pues, no tuvo que ser rescatada por la española. ¿Cómo podían llevar a cabo este rescate los españoles si habían acumulado un déficit de 86.332 millones de euros? La seguridad social catalana en el año 2010 fue financiada con el dinero que habían aportado de más los catalanes en las décadas que precedieron a la gran recesión.

Dejadme que lo diga de otra manera: si Catalunya hubiera sido independiente entre 1995 y 2010, la Seguridad Social catalana hubiera podido disponer de 24.773 millones de euros adicionales. Si este dinero se repartiera entre todos a los pensionistas catalanes actuales les tocaría, por término medio, unos 20.439 euros a cada uno.

Los datos del saldo de Catalunya con la Seguridad Social española (en sentido amplio) pueden analizarse desde otra perspectiva. Para el periodo 1995-2010, las contribuciones catalanas fueron por término medio un 9 % más altas que las prestaciones recibidas por los catalanes (pensiones y paro). Di-

cho de otra manera, si Catalunya hubiera sido independiente, las pensiones y prestaciones de desempleo habrían podido ser un 9 % más altas.

El drama de fondo para la Seguridad Social española y para la mayoría de sistemas de pensiones del mundo occidental es que la población envejece. La razón es que en los años 50 y 60 del siglo XX, jus-to después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de natalidad aumentó mucho, un fenómeno conocido como el “baby boom”. De hecho, la del “baby boom” es mi generación. Como de eso ya hace 60 años, los niños del “baby boom” ya empiezan a tener edad de jubilarse. Y como la generación que sigue a la del “baby boom” es relativamente pequeña, las proyecciones demográficas indican que de aquí a pocos años habrá muchos jubilados por trabajador. Eso podría crear problemas a la Seguridad Social en todo el mundo. Anticipando las tensiones que la jubilación de los niños del “baby boom” acabará generando sobre las pensiones, la Seguridad Social española decidió ahorrar una parte de las cotizaciones y crear un pequeño fondo denominado “fondos de reserva”. La idea era que, como se preveía que cuando se jubilara la generación del “baby boom” las cotizaciones de los jóvenes no serían suficientes para pagar las pensiones, se iría ahorrando algo de dinero cada año y se pondrían en los “fondos de reserva”. Esta reserva se utilizaría solo cuando se jubilara la generación del “baby boom”. En el caso de España, estos fondos de reserva, sin embargo, tienen tres problemas muy graves. El primero es su tamaño, es muy pequeño.

A finales del 2011, este fondo solo tenía 66.000 millones de euros, una cantidad ridícula ya que supone unos 1.500 euros por ciudadano español (suficiente para pagar las pensiones durante unos meses). El segundo problema de los fondos de reserva es que está desapareciendo rápidamente como conse-cuencia de los déficits de la Seguridad Social causados por la crisis. El tercer problema es que, en lugar de invertir el dinero en un lugar seguro, el 90 % del dinero del fondo se ha destinado a comprar deuda del Estado español, ya que a este le resultaba difícil colocar esta deuda entre los inversores privados30. Es decir, si el gobierno decidiera ir a buscar el dinero de los fondos de reserva para pagar pensiones, en-contraría que en lugar de dinero hay pagarés del propio gobierno. Tenemos, pues, un pescado financiero que se muerde la cola y que hace que, dinero “de verdad”, en los fondos de reserva, haya tan poco que se ha vuelto prácticamente irrelevante a la hora de garantizar pensiones futuras.

Eso me recuerda un fantástico episodio de los Simpson, en el cual, por una urgencia familiar, se vieron obligados a romper el cerdito de cerámica que contenía los ahorros de la familia. Marge coge el martillo y rompe el cerdito. ¡Y en lugar de aparecer el dinero, aparece una montaña de “pagarés” emit-idos por Homer! Durante todo aquel tiempo, Homer había estado cogiendo el dinero para ir a beber cerveza al bar Moe’s y cambiándolo por unos pagarés. “¡No pasa nada!”, dice Homer en un intento burdo de justificar su despilfarro, pretendiendo que el dinero todavía está allí, “¡mis pagarés son tan seguros como el dinero en efectivo!”. El problema es que el dinero no estaba. Igual que no están en los fondos de reserva de la Seguridad Social española. ¡Cuando se trata de financiar la Seguridad Social, pues, el Gobierno español se ha convertido en un gigantesco Homer Simpson!

En cualquier caso, y aunque no deberíamos depositar nuestra confianza en ellos, la realidad es que en los fondos de reserva de la Seguridad Social hay unos 46.000 millones de euros. Como ya hemos dicho cuando hemos hablado de la división de la deuda española, el principio de equidad dice que si se

30 http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/166080.pdf

dividen las deudas entre España y Catalunya, también se tienen que dividir los activos. Según la Con-vención de Viena de 1983, la división de activos, como los fondos de reserva de la Seguridad Social, se tiene que hacer proporcionalmente en las aportaciones que han hecho los ciudadanos de cada territorio a lo largo de los años. Según Ros y Fatjó (2014), los catalanes han aportado el 74 % del total del fondo. En consecuencia, los catalanes que negocien la división de la deuda del Estado español tendrán que rec-lamar el 74 % de los 46.000 millones que hay en los fondos de reserva. Es decir, tendrán que reclamar un total de 33.800 millones de euros al Estado español. Esta cantidad no servirá para pagar las pen-siones de nuestros abuelos. Ya he explicado que las pensiones se pagarán con las contribuciones de los trabajadores catalanes. Esta cantidad, sin embargo, sí que servirá para reducir la deuda neta del Estado español que los catalanes tendremos que asumir en caso de que España se avenga a negociar su deuda.

Que duerman tranquilos, pues, los jubilados catalanes ante las amenazas y los falsos augurios de los profetas del miedo. ¡Si uno entiende cómo funcionan las pensiones en España, está claro que, cuan-do Catalunya se independice, no solo no perderán ellos las pensiones, sino que con toda probabilidad las aumentarán!

Las infraestructuras

En el capítulo 5, titulado “La España radial”, ya he explicado que desde que Felipe II decidió pon-er la capital de España en una villa con poca actividad económica como era Madrid, las infraestructuras públicas españolas han sido diseñadas más con criterios políticos (“El rey tiene que poder ir a todas partes desde Madrid, y todo el mundo tiene que poder ir a ver al rey”) que no económicos (“Hay que comunicar los centros de producción con sus clientes”). Eso, que era cierto cuando se construyeron las primeras carreteras o “caminos reales”, también fue cierto cuando se hizo la red de ferrocarriles (en los siglos XIX y XX), y cuando se hizo la red de autopistas y la de aeropuertos (siglo XX).

Afortunadamente, la iniciativa privada ha ido invirtiendo en Catalunya las infraestructuras que no hacía el estado. De esta manera, un grupo de empresarios construyó la primera línea de ferrocarril en España, la que unía Barcelona con Mataró, en 184831. La iniciativa privada también ha ido construy-endo muchas de las autopistas, ya durante el siglo XX, que nuestros ciudadanos y nuestras empresas necesitaban para viajar y transportar mercancías desde los centros de producción a los centros de con-sumo. La construcción privada de muchas de las infraestructuras, que en otras regiones del Estado eran construidas por el sector público, ha acabado generando una situación peculiar en Catalunya: con un 16 % de la población y el 18,4 % de la actividad económica, Catalunya solo tiene el 4 % de las autovías públicas de España y, en cambio, tiene el 23 % de las autopistas de peaje.

Si Catalunya se independizara de España, heredaría la red de infraestructuras que ya tenemos. Aunque, como ya hemos visto, la Generalitat dispondría de más dinero gracias al dividendo fiscal de la independencia, la situación económica no permitiría hacer grandes inversiones en infraestructuras, al menos de entrada. Afortunadamente, con pocas inversiones y, sobre todo, con una mejor gestión de las infraestructuras públicas y privadas, podríamos avanzar bastante sin la necesidad de gastar demasiado dinero.

31 De hecho, tendríamos que decir el primer ferrocarril construido en la España peninsular ya que el primer tren cons-truido en España fue el que unía La Habvana con Güines en Cuba en 1837, cuando Cuba era territorio español.

Aeropuertos

Empezamos por los aeropuertos. El avión es el medio más importante para transportar viajeros a más de 500 kilómetros de distancia (no así para transportar mercancías, actividad en la cual el barco, el camión y el tren todavía desempeñan un papel importante). Un país que quiera tener empresas compet-itivas tiene que tener conexiones directas con las principales capitales del mundo. Imaginad una empre-sa de Nueva York que está pensando en establecerse en alguna ciudad del sur de Europa y duda entre Barcelona y Madrid. La existencia de vuelos directos entre Nueva York y la ciudad en la que se quiere establecer puede decantar la decisión. Por ejemplo, imaginad que no hubiera vuelo directo entre Nueva York y Barcelona y en cambio sí que lo hubiera con Madrid. El directivo de la empresa norteamericana pensaría que para asistir a una reunión en Madrid, podría coger un vuelo hacia las 6 de la tarde en Nueva York, después de trabajar todo el día en Manhattan, que llegaría en torno a las 7 a Barajas. El ejecutivo tendría tiempo para ir al hotel, ducharse y empezar la reunión a las 9 de la mañana. En cambio, si la re-unión fuera en Barcelona, el empresario tendría que pasar la frontera en Madrid y cambiar de terminal en Barajas. Eso no le permitiría coger el avión hacia Barcelona hasta las 9. Llegaría a la capital catalana a las 10 y no podría empezar la reunión hasta las 12. Eso querría decir que el empresario tendría que planear salir un día antes de Nueva York y, por lo tanto, perdería todo un día de trabajo por culpa del viaje. Al ver eso, con toda seguridad acabaría decidiendo hacer la inversión en Madrid en detrimento de Barcelona. Un aeropuerto bien conectado con las grandes capitales económicas del mundo es una fuente de inversión internacional y competitividad para el país entero.

Además de facilitar la actividad económica, un aeropuerto bien conectado también facilita la vida de los ciudadanos que viajan por placer. Todos sabemos que es una lata tener que hacer escala cuando uno viaja hacia Sudamérica, África, Asia o cualquier lugar de Europa. Para no hablar de la pereza que da tener que hacer escala en el viaje de vuelta. Tener un aeropuerto bien conectado es, pues, fundamental por razones de competitividad empresarial y comodidad de los ciudadanos del país.

Es importante decir que nuestra red de aeropuertos no está mal. En estos momentos en Catalu-nya hay cuatro aeropuertos: El Prat, Reus, Girona y Lleida. Seguramente esta red de aeropuertos es demasiado extensa para el tamaño del país y si lo tuviéramos que hacer de nuevo, seguramente no con-struiríamos tantos aeropuertos32. Pero ahora que los tenemos, hay que pensar en cómo aprovecharlos. Los países competitivos de un tamaño similar a Catalunya tienen dos tipos de redes de aeropuertos. Por una parte tienen un gran aeropuerto internacional que conecta el país con todas las grandes capitales del mundo. Y a su alrededor tienen una red de aeropuertos menores que conectan con ciudades espe-cíficas ya sea porque son una fuente de turismo o de negocios. En Suiza, por ejemplo, el aeropuerto de Zurich tiene unos 25 millones de pasajeros anuales, casi el doble que el aeropuerto de Ginebra (14 mil-lones) y este, a su vez, tiene casi el triple de pasajeros que el de Basilea (5 millones). Los aeropuertos de Berna, Lugano, Saint Gallen son muy menores, con unos pocos centenares de miles de pasajeros al año.

En Catalunya, el aeropuerto de El Prat tiene la capacidad para ser el aeropuerto principal del

32 Ver el libro ““Como Austria o Dinamarca”” (2014), de Modest Guinjoan, Xavier Cuadras Morató y Mi-quel Puig, por para un análisis más detallado de los aeropuertos y del resto de infraestructuras de Catalunya. Algunos de los datos que menciono en esta sección venden proceden de su libro.

país. Sus infraestructuras, con la nueva Terminal 1 y la segunda pista paralela acabadas en el 2009, son modernas y de alta calidad. Actualmente, el aeropuerto de Barcelona tiene capacidad para acoger unos 50 millones de pasajeros al año, aunque solo acoge 34. El problema de Barcelona, pues, no es la falta de infraestructuras en el aeropuerto. El problema es que hay muchos vuelos directos a Europa pero pocos vuelos directos a las principales capitales del resto del mundo. ¿Y por qué tiene pocos vuelos intercon-tinentales directos? ¡Pues por culpa de la gestión! Veamos.

Cabe decir que hay pocas ciudades en el mundo que generen, por sí solas, tráfico suficiente como para llenar vuelos a las principales capitales del mundo cada día. Es decir, no hay suficientes madrileños o parisinos que quieran ir a Singapur como para llenar un vuelo diario entre Madrid o París y Singapur. Por lo tanto, la estrategia para conseguir tener un vuelo directo cada día es atraer a los viajeros del resto de Europa que quieran viajar a Singapur a base de tener buenas conexiones entre Madrid y París y el resto de capitales europeas. Cuantas más conexiones intraeuropeas tenga un aeropuerto, más probables serán los vuelos intercontinentales. En Europa, hay unas cuantas ciudades que son la base de grandes compañías aéreas: Ámsterdam es la base de la KLM; París, de AirFrance; Frankfurt, de Lufthansa; y Londres lo es de British Airways. La inmensidad de vuelos que estas compañías despliegan para conec-tar sus bases con el resto de Europa las convierte en “”centros de conexiones o de operaciones a donde hacen llegar a todos sus clientes que quieren coger vuelos intercontinentales.

Para conseguir que Barcelona tenga conexiones intercontinentales, pues, hay que tener muchas conexiones dentro de Europa a fin de conseguir atraer un número suficiente de europeos con que llenar los aviones que salgan de Barcelona hacia Singapur, Nueva York, Río de Janeiro o Pekín. Pero además de la red europea, también hace falta otra cosa: los permisos de quien gestiona el propio aeropuerto de El Prat. Y aquí es donde tenemos un problema grave, ya que el que se encarga de gestionar Barcelona es una empresa que se llama “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” (AENA). El problema es que AENA es una empresa pública (y, por lo tanto, está controlada por el gobierno de Madrid) y que, además de gestionar Barcelona, también gestiona los otros grandes aeropuertos de España... incluyendo el de Ma-drid-Barajas. En este sentido, la estrategia de AENA refleja un poco (o un mucho) la mentalidad radial de España que empezó con los caminos reales que salían desde la capital y que consiste en hacer que todos los aeropuertos de España estén permanentemente conectados con Barajas. Eso quiere decir que la prioridad de los propios gestores del aeropuerto de Barcelona no es que en Barcelona haya una red de vuelos intercontinentales. ¡La prioridad de AENA es que esta red esté en Madrid! Y la apuesta por Ma-drid no está basada en la eficiencia económica sino en la decisión política. Igual que los caminos reales de Carlos V, la red de ferrocarriles de los siglos XIX i XX o las redes de autopistas y el AVE del siglo XX.

Catalunya ha pedido repetidamente la cesión de la gestión del aeropuerto de El Prat, una demanda que ha sido reiteradamentedenegada por el Gobierno español, que también tiene como prioridad llenar el aeropuerto de Madrid.

Por lo que respecta a los aeropuertos de Lleida, Reus y Girona, se deberían especializar en tráfico turístico, que aporte turistas a las zonas del Pirineo, Costa Daurada y Costa Brava, respectivamente. Huelga decir que estos aeropuertos tendrán que acometer una tarea de apoyo al aeropuerto de Barce-lona cuando el previsible aumento de tráfico acabe abocando a El Prat al límite de su capacidad, de 50 millones de pasajeros anuales. Según Guinjoan, Cuadras y Puig, no valdrá la pena ampliar la segunda

pista ganando metros al mar. Llegado este punto, será más eficiente descongestionar el Prat trasladando los vuelos turísticos finalistas al resto de aeropuertos de Catalunya: los de la Costa Brava en Girona y los de la Costa Daurada en Reus.

Finalmente, para acabar con el tema de los aeropuertos, si bien es cierto que de momento no hab-ría que gastar demasiado dinero en infraestructuras aéreas, sí que habría que construir una buena línea ferroviaria que conectara el aeropuerto con el resto de la red de trenes y metros del país.

Trenes

Si bien las infraestructuras de aviación de que disponemos ahora son bastante razonables, las fer-roviarias son un desastre sin paliativos. España se ha pasado muchos años invirtiendo miles de millones de euros en un tren de alta velocidad que fuera la envidia del mundo. Una red que, en gran medida, ha seguido el patrón radial de la Ley General de 1855 que priorizaba las líneas que conectaban Madrid con varios puertos y fronteras de la Península. Como la red de trenes del siglo XIX, pues el AVE ha sido diseñado con criterios políticos y no económicos. Conecta Madrid con Málaga, Sevilla, Valladolid, Zaragoza o La Coruña, pero no conecta Barcelona con Valencia o con Bilbao, por mencionar dos ciu-dades económicamente significativas.

Además de diseñarse con criterios políticos, el AVE ha sido extraordinariamente caro. Se cuenta que un día, el Gobierno español mostraba orgulloso la red de alta velocidad al embajador norteameri-cano y este dijo, no sin ironía: “¡Qué suerte que tenéis los españoles de ser tan ricos! ¡Nosotros, Estados Unidos, no nos podemos pagar un tren tan caro!”. Efectivamente, la red del AVE ha sido carísima de construir y es carísima de gestionar y mantener y es por ello que la mayoría de líneas de tren de alta velocidad son deficitarias desde el punto de vista económico.

Una consecuencia de la obsesión española por tener una súper red de trenes de alta velocidad es que se han olvidado de invertir en las redes de proximidad y de mercancías. Los servicios de cercanías del área metropolitana de Barcelona son claramente deficitarios y requieren inversiones que aumenten la capacidad de transportar viajeros en horas punta. También habrá que mejorar las actualmente pésimas conexiones con el norte del país (Vic, Puigcerdà), con el interior (Manresa, Igualada), o el sur (Tarra-gona, Valencia). Habrá que construir conexiones ferroviarias de los puertos de Barcelona y Tarragona. Parece inverosímil, pero a día de hoy ninguno de los dos grandes puertos de Catalunya está conectado de manera eficiente con la red ferroviaria general. Eso hace que muchas empresas desistan de transpor-tar con ferrocarril las mercancías que les llegan al puerto y opten por el camión, aunque el camión es mucho más caro para transportar mercancías a distancias medias (entre 500 y 1.500 kilómetros).

Esta falta de infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías representa un freno para la economía catalana. Desde hace unas décadas, la actividad manufacturera del mundo se ha ido de-splazando hacia Asia. Para abastecer los mercados europeos de toda esta ingente y creciente producción industrial, las empresas utilizan el transporte marítimo. Los barcos salen de los centros de producción en China, Corea, Vietnam o cualquier otro puerto asiático y, a través del océano Índico, entran en el Mediterráneo cruzando el Canal de Suez. Navegan hasta el estrecho de Gibraltar y descargan en los grandes puertos del norte de Europa, como Amberes, Hamburgo o, el mayor de Europa, Rotterdam. El trayecto final entre el Mediterráneo y el norte de Europa comporta tres días más de viaje. Este es el mo-tivo por el cual la Unión Europea está potenciando una serie de líneas ferroviarias que unan diferentes puertos del sur de Europa con los mercados del norte del continente. Una de estas líneas es el “corre-dor mediterráneo”. El corredor mediterráneo consiste en mejorar (no en crear) unas líneas ferroviarias que conecten los diferentes puertos mediterráneos con los mercados naturales del norte y el centro de Europa para transportar mercancías. Las obras de mejora incluyen la construcción de un tercer raíl con

el objetivo de poder acomodar, al mismo tiempo, los trenes de ancho español y los de ancho europeo. Es significativo que Bruselas haya tenido que luchar de lo lindo con el gobierno de Madrid para

poder hacer el corredor mediterráneo, porque el Gobierno español prefería construir un “corredor cen-tral”. Naturalmente, el corredor central propuesto por Madrid tenía que unir el puerto de Algeciras con Madrid y, a través de Zaragoza, hacia Francia con un nuevo túnel a través de los Pirineos. La mentalidad radial de los dirigentes españoles, pues, sigue tan viva en el siglo XXI como lo estaba en el siglo XVII, cuando Felipe V creó la red de caminos reales con kilómetro cero en Madrid.

La logística, pues, es una enorme oportunidad de negocio para los puertos de Catalunya. Pero para atraer este negocio hacen falta las infraestructuras ferroviarias que unan los puertos catalanes con unas redes de ferrocarril eficientes y de calidad que estén conectadas con Europa. También hacen falta centros intermodales: unas zonas donde acceden trenes y camiones, donde las mercancías se descargan de un medio de transporte, se manipulan y se cargan de nuevo en otro medio de transporte. Todo hecho de una manera rápida, eficiente y coordenada.

Antes de acabar el tema de los ferrocarriles, es importante dedicar unas líneas a la gestión de las in-fraestructuras ferroviarias. Actualmente los trenes catalanes están gestionados por tres administraciones diferentes: ADIF (“Administración de Infraestructuras Ferroviarias”), TMB (Transportes Metropoli-tanos de Barcelona) y FGC (Ferrocarriles de la Generalitat). Sería interesante que las tres instituciones se unificaran en una sola para gestionar las infraestructuras existentes, diagnosticar los diferentes cuellos de botella tanto en el ámbito del transporte de pasajeros como de mercancías y planificar las futuras inversiones necesarias para resolver estos problemas y asentar las bases de una economía competitiva.

Carreteras y Autopistas

Como ya he explicado en la introducción de este capítulo, el escaso interés que el Estado español ha tenido en hacer inversiones en una red de carreteras no radial ha tenido como consecuencia que en Catalunya, hoy, haya el 4 % de las vías rápidas “gratuitas” de España y, en cambio, haya el 23 % de las autopistas de peaje. La razón es que, para no quedarse sin autopistas, los catalanes han tenido que optar por la iniciativa privada a la hora de construir la infraestructura de carreteras. Las empresas privadas han adelantado el dinero para la construcción de determinadas autopistas y, a cambio, tienen derecho a cobrar peajes a los ciudadanos que circulan por ellas.

El problema de este sistema es el trato discriminatorio que sufren los ciudadanos de Catalunya en comparación con los de España. Me explico. Autopistas hay de dos tipos: las que se financian con los peajes que pagan los usuarios que circulan por las autopistas y las que se financian con los impuestos de los ciudadanos que pagan tanto si circulan por la autopista como si no. Digo esto para recordar que autopistas gratuitas no hay. Todas las autopistas son de pago. Cuando hablamos de autovías “gratuitas” lo que queremos decir es que no tienen peajes y que, por lo tanto, están financiadas con los impuestos de los contribuyentes.

Como en Catalunya hay una proporción muy elevada de autopistas de peaje (23 % del total de España) y una proporción muy pequeña de autovías “gratuitas” (4 %), los ciudadanos de aquí acaban pagando dos veces: como usuarios de las autopistas catalanas, pagan los peajes, y como contribuyentes fiscales del Estado español, ayudan a financiar las autovías de otros lugares del Estado. Y es en este sen-tido que digo que reciben un trato discriminatorio.

Cuando Catalunya sea un estado independiente tendrá que optar por un sistema de financiación u otro. Hay quien dice que el nuevo gobierno tendría que rescatar las autopistas y eliminar inmediata-mente todos los peajes. Pienso que eso sería un error. Por diferentes razones. Primera, porque rescatar los peajes sería carísimo. Pienso que hay mejores maneras de utilizar el dinero que tendrá la Generalitat el día de la independencia que rescatar peajes. Segunda, porque la teoría económica recomienda que los bienes públicos que están sujetos a congestión (cómo es el caso de las carreteras) sean financiados, en la medida de lo posible, con peajes pagados por los usuarios. La razón es que si la gente no interioriza el coste de la infraestructura, tiende a utilizarla en exceso y eso agrava los problemas de congestión.

Tercera, porque, además del argumento de eficiencia que nos aporta la teoría económica, está el argumento de justicia: es justo que los gastos de la autopista los paguen los ciudadanos que las utilizan y no las pobres personas que viven aisladas arriba de la montaña, lejos de la red viaria. El argumento de la justicia es especialmente importante en Catalunya, una tierra de paso donde muchos de los usuarios de nuestras autopistas son camiones que transportan mercancías desde el sur de España hacia Europa o al revés. Fijaos que si financiamos nuestras autopistas con los impuestos de los catalanes, un camión de Murcia que atraviese Catalunya para ir a Francia no pagará nada, aunque las autopistas catalanas con-tribuirán a generar beneficios a la empresa de Murcia. Eso puede resultar injusto para las abuelas que viven en La Seu d’Urgell y que nunca utilizan las autopistas. De hecho, es como si estas abuelas de La Seu d’Urgell pagaran un subsidio al empresario murciano. Y eso no está bien.

Que cada uno se pague el coste de su propio transporte puede parecer una cosa extraña cuando se habla de los coches que van por la carretera, pero parece del todo normal cuando hablamos de los trenes, los aviones o los autobuses donde los pasajeros pagan el precio de sus billetes. ¿Si todos encontramos normal que la gente que coge el tren pague su billete, por qué nos extraña que la gente que coge la auto-pista pague por utilizarla? Fijaos que, aunque los usuarios de las autopistas catalanas acaben pagando el coste de estas infraestructuras una vez alcanzada la independencia, eso no querrá decir que los catalanes sigan estando discriminados. Lo digo porque la discriminación actual proviene del hecho de que los catalanes pagan dos veces: una, cuando usamos nuestras autopistas de peaje y dos, cuando pagamos los impuestos que ayudan a pagar las autopistas gratuitas de otras regiones de España. Esta segunda parte desaparecería en caso de que Catalunya fuera un estado independiente.

¡Ah! Y huelga decir que, una vez que se acaben las concesiones que tienen las empresas privadas y que sirven para devolver los costes de la inversión, los peajes tendrán que bajar hasta niveles que permi-tan financiar los costes de mantenimiento. Y basta.

Energía

El último tipo de infraestructuras que hay que tener en cuenta son las relacionadas con la energía. Claramente la economía entraría en un estadio de colapso inmediato si el suministro eléctrico fallara de un día para otro o si no nos llegara el gas y el petróleo que necesitamos como el aire que respiramos. El sector energético es uno de los sectores estratégicos que normalmente requieren una buena regulación por parte del Estado. Esta regulación debe tener tres objetivos, que marca la Unión Europea: seguridad en el suministro, precios razonables y respeto por el medio ambiente33.

Es necesario explicitar que Catalunya, como la mayor parte de países de Europa, depende de las importaciones de petróleo y gas. La independencia no haría cambiar esta dependencia (y no es un juego de palabras). Por lo tanto, para asegurarse el suministro habría que garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras que ya tenemos para recibir el petróleo (y eso incluye los puertos de Tarragona y Barcelona), de la refinería de la Pobla de Mafumet y de la planta de regasificación de gran capacidad de Barcelona.

En cuanto a la red eléctrica, cabe resaltar que Catalunya dispone de instalaciones suficientes para satisfacer las necesidades actuales. El potencial eléctrico de Catalunya viene de las centrales nucleares (28,1 % de la potencia disponible procede de este tipo de instalaciones), de las centrales de ciclo combi-nado (22 %), de las centrales hidráulicas (21 %), de las centrales de gas y fuel (11 %) y en menor medida de otros tipos de centrales, como eólicas (4,3 %) o solares (1,5 %). Esta es la situación actual y serán los ciudadanos quienes, mediante sus votos, decidirán si a la larga quieren mantener esta estructura o preferirán, por ejemplo, prescindir de las centrales nucleares, como ha hecho Alemania, o las querrán potenciar, como ha hecho Francia. Es lo que tienen los países normales: ¡pueden decidir!

Si bien de entrada las infraestructuras energéticas son suficientes, lo que no es suficiente es la gestión que se hace dentro del Estado español. Las aventuras de los gobiernos del PSOE primero, y del PP después, que intentaban hacer que el precio de la electricidad fuera más barata que en Europa, han acabado con un fiasco monumental, con el precio de la electricidad un 30 % por encima de los precios de Europa (aspecto que hace perder competitividad a nuestras empresas, que tienen que pagar unos costes superiores) y encima, con una factura impagada que se acerca a los 30.000 millones de euros (el famoso “déficit tarifario eléctrico”). Supongo que una parte del problema es que el sector energético es monopolístico o cuasi monopolístico. Es decir, hay un par de empresas que controlan el mercado, lo cual les permite poner precios más altos de lo que sería deseable desde el punto de vista del consumidor. Otra parte del problema es que las empresas del sector tienen influencia política y la utilizan. Es curioso que en un sector que se supone que está tan regulado como este, las dos empresas mayores (Endesa e Iberdrola) obtuvieran unos beneficios del 9-20 % de los ingresos netos antes de impuestos en años de profunda crisis como fue el periodo 2007-2012.

El Estado catalán independiente se tendrá que replantear esta situación y lo reestructurará con el objetivo de reducir el poder de monopolio, fomentando la competencia real y reduciendo la influencia política de los grupos de presión.

Resumiendo, las infraestructuras que actualmente tenemos en Catalunya son un lastre para nues-33 Esta sección se inspira en el libro de Guinjoan, Cuadras y Puig, ““Como Austria o Dimanarca””, (2013).

tra economía porque, o bien han sido construidas de manera radial (como la red de trenes o autopistas), o bien están gestionadas de manera radial (como la gestión que AENA hace de los aeropuertos). El problema que tenemos si nos quedamos dentro de España es que la manía de construir y gestionar de manera radial corresponde a una manera de pensar que, como explicábamos en la primera parte el libro, viene de lejos y que concibe que las infraestructuras se tienen que diseñar con criterios políticos, no con criterios de eficiencia económica. Naturalmente, los españoles tienen el derecho de hacer las cosas que más les convenga. Pero, de nuevo, eso no quiere decir que a nosotros nos interese. De hecho, no solo no nos interesa sino que nos perjudica. Nos perjudica que AENA decida legítimamente que quiere priorizar el aeropuerto de Barajas y no el de El Prat a la hora de obtener vuelos intercontinentales. Nos perjudica que el gobierno de España priorice hacer llegar el AVE a Madrid desde todos los puntos de la península y no un AVE Barcelona-Valencia o Barcelona-Bilbao. Nos perjudica que la obsesión enfermi-za por hacer una red de alta velocidad lleve al descuido de las redes de cercanías. Nos perjudica que la priorización de una red radial de autopistas “gratuitas” lleve a tener una cantidad desproporcionada de autopistas de peaje en Catalunya. Y nos perjudica que nuestros puertos no tengan accesos ferroviarios fiables a pesar de las promesas de construirlas por parte del Gobierno central.

El problema más grave es que nada de todo eso tiene visos de cambiar en el futuro. La prueba la tenemos en el flagrante intento por parte del Gobierno central de hacer que la Unión Europea finan-cie el corredor central que une Algeciras con Zaragoza y Francia pasando para Madrid, en lugar del corredor mediterráneo que uniría todos los puertos de la costa Mediterránea con Europa a través de una línea de tren de mercancías rápida y eficiente. Que en el año 2014 el Gobierno de España intente que las mercancías que vienen de China y van hacia Europa, pasen por Madrid, es la demostración de que dentro de España no hay nada que hacer. Y cuando España se convierte en parte del problema, la independencia se convierte en la solución.

Una vez más, hay que recordar que la independencia no representaría la solución mágica de todos nuestros problemas. Pero en este caso, sería una oportunidad para construir y gestionar nuestras infrae-structuras de una manera más acorde con nuestros intereses. De hecho, la posibilidad de gestionar el aeropuerto de El Prat teniendo los intereses de Catalunya en el punto de mira sería, con toda seguridad, una de las ventajas mayores de tener la independencia.

Sistema fiscal

Una de las frases que más me ha impactado de entre las muchas que ha pronunciado el ministro Cristóbal Montoro a lo largo de su mandato es una que pronunció en un discurso en San Lorenzo del Escorial. El ministro estaba dando justificaciones de por qué había aumentado el IVA a pesar de que en su programa electoral el PP había dicho que lo bajaría. Las palabras del ministro para justificar el aumento de impuestos fueron: “Si el IVA lo pagaran más los que lo tienen que pagar, no habría que subirlo tanto”. Digo que estas palabras me impactaron porque lo que estaba diciendo el ministro, sin que se le cayera la cara de vergüenza, era que él se veía obligado a aumentar los impuestos de los que cumplen la ley porque hay unos listillos que no la cumplen. Daba igual que eso causara un grave perjuicio a los ciudadanos que pagan religiosamente lo que les corresponde. Daba igual que el responsable real de que “los que tienen que pagar” no acaben pagando, sean el propio ministro y el sistema tributario que él tiene que hacer funcionar y que no funciona. Daba igual que sus palabras transmitieran el mensaje de que al gobierno del señor Montoro no le importaba la justicia ni hacer pagar a justos por pecadores. El único objetivo era recaudar más dinero y si no lo podían recaudar delque se evade, aumentarían la ya impor-tante carga de los que no evaden. Así de simple. Y así de injusto.

A mí me gustaría vivir en un país donde estas cosas no pasen. Un país donde el gobierno castigue al que incumple y no al que cumple. Un país donde los líderes que ven que el sistema fiscal y tributario no funciona porque hay una enorme cantidad de economía sumergida, cambian el sistema, en lugar de hacer pagar a justos por pecadores. Y este es el sistema que tendríamos que intentar instaurar en la Catalunya del futuro.

Como ya he explicado en el capítulo 16, el modelo de gestión tributario español se basa en la au-toliquidación y en el miedo. Es decir, el contribuyente calcula él mismo el importe de lo que tiene que pagar y lo liquida. El contribuyente lo hace con el miedo a que los inspectores de Hacienda pillen cual-quier trampa que pueda hacer, ya que si lo pillan, tendrá que pagar unas multas descomunales. Por su parte, la Agencia Tributaria tiene un sistema informático muy moderno que permite cruzar los datos de lo que han pagado las empresas con lo que han declarado los contribuyentes. Estos sistemas informáti-cos hacen saltar las alarmas cuando los datos no acaban de cuadrar. Los inspectores de Hacienda inves-tigan a las personas a quienes los datos no acaban de cuadrarles.

En teoría, este sistema basado en la intimidación, el miedo y la informática tendría que hacer que la gente declare todo lo que gana y que la evasión fiscal sea mínima. Además, como las máquinas hacen todo el trabajo de cruzar datos y el trabajo de hacer la declaración la hacen los propios declarantes, el coste de gestionar todo el sistema es reducido, ya que el número de funcionarios de la Agencia Tribu-taria es mínimo. En teoría, pues, el sistema español tendría que ser eficiente y eficaz.

Pero una cosa es la teoría y otra la realidad. Y la realidad es que, a pesar de tener unos de los ti-pos impositivos más altos de Europa, España es de los países que menos impuestos recauda. Además, las acusaciones del ejército de inspectores corresponden a errores por parte de los contribuyentes y las peleas acaban dando lugar a un grado de litigio enorme e inútil. De hecho, la mitad de los conflictos con Hacienda que acaban en los tribunales acaban dando la razón al contribuyente. Si los inspectores

no tuvieran tantas voracidad a la hora de perseguir a los contribuyentes, no cometerían tantos errores y entre todos nos ahorraríamos dinero y dolores de cabeza peleándonos en los tribunales.

La extrema agresividad de los inspectores de hacienda ha convertido la Agencia Tributaria en un cuerpo temido y al mismo tiempo odiado por la ciudadanía. Una especie de “sheriff” de Notting-ham que parece acusar arbitrariamente a los contribuyentes para ver si han escondido algún euro debajo de la almohada.

De hecho, cuando un inspector de Hacienda acusa a un ciudadano, es el ciudadano el que tiene que demostrar que la acusación es falsa. La relación con la Agencia Tributaria es uno de los momentos en que la presunción de inocencia desaparece del sistema democrático español. Cuando te acusa Haci-enda, eres culpable hasta que no consigas demostrar lo contrario. La Agencia Tributaria es antipática y odiada. Y eso no tendría que ser así. De hecho, no es así en otros países de Europa.

El sistema español parece bastante bueno para controlar a la gente que declara ya que permite cruzar los datos de los pagadores con las de los cobradores, pero es un sistema nefasto para controlar las operaciones que no declaran ni unos ni otros. ¡Y las estimaciones indican que el volumen de actividad económica que no declara nadie (ni empresario ni trabajador) y que, por lo tanto, escapa de los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria está entre el 20 y el 25 %! De aquí que el sistema tributario es-pañol acabe generando tan pocos ingresos fiscales.

Así que, en lugar de solucionar el problema, el ministro Montoro decide aumentar los tipos im-positivos a los que pagan. Una Catalunya independiente tendría que hacer las cosas de manera diferente. Se tendría que buscar una manera, no de recaudar más de la gente que ya paga, sino de recaudar más entre la gente que ahora no paga. Y para hacerlo hay que diseñar un sistema tributario con una visión totalmente diferente al actual.

Afortunadamente, un experto que ha estado trabajando sobre este tema es Joan Iglesias34, un ex-inspector de finanzas del Estado que ahora es el director del programa encargado de diseñar un nuevo modelo de Agencia Tributaria de Catalunya. Iglesias propone que, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y el ejemplo de algunos países del norte de Europa, haya una mayor colaboración entre la Administración y el contribuyente. La Administración tiene que ser abierta, transparente, profesional, próxima, eficiente, con vocación de servicio y que se base en la cooperación público-privada.

Todo esto exige proximidad y facilitar el acceso a la información, de manera que aprovechando el caudal de datos que tiene la administración se puedan evitar muchas irregularidades involuntarias y actuar de manera preventiva.

“El actual modelo de represión genera una desconfianza recíproca” y es causa posterior de no pocos litigios, que colapsan la administración de justicia. Por el contrario, facilitar información es ben-eficioso para todo el mundo: a los contribuyentes los liberará de desazones y a la Administración le ahorrará recursos. Una administración tributaria con vocación de servicio favorece la colaboración y hace que los profesionales no tengan la sensación de que siempre desconfiamos de ellos, como Robin Hood desconfiaba del “sheriff” de Nottingham.

Al reducir el número de recursos dedicados al litigio con los que declaran, la Agencia Tributaria 34 Joan Iglesias hace una descripción muy esmerada del sistema español y hace una serie de propuestas de cómo ten-dría que ser la Aagencia Ttributaria catalana para no reproducir los defectos. http://www.empresistes.org/File/docuteca/El_nou_model_Agencia_Tributaria_Catalana_pdf.pdf

liberaría recursos para perseguir la economía sumergida, que es el verdadero problema. Hay que cam-biar el énfasis en la lucha contra el fraude: en lugar de tener un ejército de inspectores que se dedican a litigar contra la gente que declara, se necesita un ejército de inspectores que esté sobre el terreno, per-siguiendo la economía sumergida.

La propuesta de Joan Iglesias no se la saca de la manga. Los sistemas fiscales del norte de Europa o Australia no están basados en la autoliquidación y el castigo para los que se equivoquen, sino en la transparencia y la colaboración entre la administración tributaria y el contribuyente. La primera da al segundo toda la información e incluso le hace un borrador de declaración. Las discrepancias aparecen antes de finalizar la declaración, loque reduce la cantidad de litigios y permite a la administración uti-lizar los recursos para perseguir las actividades no registradas por nadie.

Por descontado, las agencias tributarias de los países nórdicos cuentan con la ayuda inestimable de la población, que entiende que los defraudadores perjudican al resto de ciudadanos y no es gente digna de ser admirada por haber conseguido no dar dinero a un estado que nos roba. Para conseguir cambiar esta mentalidad, también sería necesario que la corrupción, el despilfarro del dinero público en infrae-structuras inútiles y la utilización de los impuestos con finalidades políticas desaparecieran de nuestro sistema económico. Solo si la gente piensa que su dinero va a parar a buenas manos conseguiremos reducir el fraude fiscal.

Sistema judicial

Primera semana de diciembre del 2008. El FBI detiene al financiero norteamericano, Bernard Madoff, por un supuesto fraude financiero y lo pone a disposición judicial. El juez lo deja en libertad con una fianza de 10 millones de dólares, pero decreta arresto domiciliario. Tres meses más tarde, Madoff se declara culpable e ingresa en prisión a la espera del juicio. El juez deniega la petición de la defensa de permitir al acusado esperar el juicio en su lujosa casa del Upper East Side de Manhattan. El argumento es que es un hombre mayor que tiene poco que perder y, por lo tanto, existe un gran riesgo de que se es-cape a otro país. El 29 de junio de 2009, seis meses después de su detención, el juez sentencia a Madoff a 150 años de prisión y la expropiación de todos sus bienes. Si Madoff se porta bien, saldrá de chirona en 2039, cuando tenga 101 años.

Primera semana de junio del 2009. La fiscalía de Barcelona presenta una querella contra Fèlix Millet, acusándolo de desviar millones de euros de las cuentas del Palau de la Música y de la Fundació Orfeó Català. Cuatro semanas después, Millet confiesa haber desviado un total de 3,3 millones de euros. La fiscalía piensa que la estafa puede llegar a 35. Junio del 2010: ha pasado un año y el juez ordena el ingreso de Millet en prisión. Trece días más tarde, misteriosamente, el juez cambia de opinión y lo deja en libertad sin fianza. Seguramente el juez piensa que Millet sabe que nunca pisará la prisión y, por lo tanto, no hay riesgo de fuga. En marzo de 2014, Fèlix Millet se presenta a juicio en una silla de ruedas porque una semana antes se ha roto el fémur en un extraño y peculiar accidente doméstico. Se niega a responder a preguntas que no son de su abogado porque “va medicado” y “con tanta medicación no soy yo”. Julio del 2014: momento en que estoy escribiendo este libro. Ya hace 5 años que Millet ha confesa-do que estafó el dinero del Palau de la Música. Tiene 79 años y sigue en libertad.

Madoff y Millet. Dos historias paralelas que demuestran que la diferencia entre los países no es que en unos haya más chorizos que en los otros. Chorizos hay en todas partes y más o menos en la mis-ma proporción. La diferencia entre los países es qué pasa cuando los pillas. Seis meses después de ser arrestado y de haber confesado, Madoff es condenado con sentencia firme y dormirá el resto de sus días en la cama de la prisión. Cinco años después de ser arrestado y de haber confesado, Millet duerme en su casa y tiene muchos números para no ingresar nunca en la cárcel. A mí, como ciudadano de Catalunya, me da vergüenza que el catalán Fèlix Millet no esté en la cárcel. También me dan vergüenza los otros casos de corrupción que hay en Catalunya, pero no los menciono porque todavía no han sido declarado culpables, porque no han confesado y porque yo sí que respeto el derecho a la presunción de inocencia. Por eso hablo de Millet. Y la historia de Millet demuestra que Catalunya tiene un grave problema con el sistema judicial: es inaceptablemente lento e ineficiente. Los casos en que centenares de imputados políticos y económicos se acumulan en los tribunales parecen no acabar nunca. Los plazos de resolución en España tienen una media de 4 años. En países como Bélgica, Alemania o Noruega son de solo un año. Es una causa de injusticias para todos los involucrados, especialmente los que acaban siendo inocentes, que se ven obligados a vivir con el estigma de una culpabilidad que no era cierta.

Pero la lentitud no es el único problema del sistema judicial español de la actualidad. La funciona-rización de la carrera judicial ha hecho que, poco a poco, los jueces fueran perdiendo la independencia

que teóricamente tendría que garantizar su imparcialidad. Si el futuro profesional de los jueces depende de alguna manera de qué partido político está en el gobierno, los jueces dejan de ser el tercer poder, separado del poder legislativo y ejecutivo, y pasa a ser un apéndice de los otros dos. La manifestación más explícita de esta falta de independencia la vemos en el Tribunal Constitucional, cuyo presidente era militante del Partido Popular. A diferencia de la mujer del César, que además de ser honrada lo tiene que parecer, parece que los miembros del Tribunal Constitucional no solo no tienen que ser imparciales, sino que ni siquiera lo tienen que parecer. Que el principal juez del país tenga el carnet de un partido político, en España, no es un problema.

La percepción de que el sistema judicial no funciona y no imparte justicia se ve acentuada por el hecho de que en España hay más de 10.000 personas aforadas. Aunque ser aforado no quiere decir tener inmunidad, sí que quiere decir que hay 10.000 personas que no serán juzgadas por los mismos tribu-nales que juzgan al resto de ciudadanos. Aunque al principio de la era democrática la figura del aforado se creó para proteger a los políticos y gente de poder de los ataques politizados de los jueces ordinarios (por lo cual se hizo que a esta gente “importante” solo los pudieran juzgar el Tribunal Supremo), uno acaba teniendo la impresión de que el Tribunal Supremo está más politizado que los jueces ordinarios, de manera que se ha conseguido exactamente lo contrario de lo que se buscaba. En cualquier caso, estén los jueces ordinarios más politizados o menos politizados que los del Tribunal Supremo, la verdad es que la existencia de tantos aforados hace que exista la sensación de que en España no todos somos iguales ante la ley.

Otro problema de la judicatura es la falta de proximidad. Y este es un problema que va a peor ya que el proyecto de ley de reforma del PP busca concentrar todos los juzgados en las capitales de comar-ca o de provincia. En lugar de desplazar la justicia al ciudadano, se pretende desplazar al ciudadano a la justicia y eso comportará pérdidas de tiempo y gastos innecesarios a los ciudadanos a los que se supone que tienen que dar servicio.

Yo no soy juez y no entiendo demasiado de temas judiciales. Pero sí que sé que un sistema ju-dicial lento e ineficiente comporta elevadísimos costes económicos. Para que una economía funcione bien, hace falta que los conflictos contractuales se resuelvan de manera ágil. El Ministerio de Justicia español estima que actualmente hay unos 3.000 millones de euros bloqueados en los tribunales como consecuencia de la lentitud de los procesos judiciales. Y eso no puede ser. Si la justicia no es eficaz y los conflictos económicos no se resuelven, se eternizan en los tribunales, la confianza empresarial en la seguridad jurídica disminuye y las inversiones desaparecen.

Esta es la imagen del sistema judicial que tengo yo, economista que lo miro desde fuera. El proble-ma es que la imagen que tienen los jueces, desde dentro, es todavía peor. Las palabras del juez Santi Vidal son aterradoras35: “La justicia española vigente sufre muchos déficits acumulados a lo largo de los últimos años, fruto de una falta de adaptación a las exigencias de un estado democrático de derecho. La Transición ha sido, en este ámbito, un fracaso irrefutable. Cualquier ciudadano que tenga la desdicha de tener que pisar un juzgado de toda Catalunya, bien sea como demandante, denunciado o testigo, se llevará una imagen que vale más que mil palabras. Una administración burocrática y colapsada por los papeles que se acumulan en mesas y estanterías, que trabaja mayoritariamente en castellano y dotada de una plantilla manifiestamente insuficiente: 756 jueces, 341

35 “La estructura judicial del nuevo estado””, El Punt HoyAvui, mMarzo de 2014.

fiscales y 560 secretarias judiciales que por mucho que quieran ponerse al día no dan abasto”. Según Santiago Vidal, habría que disponer de unas mil personas en cada una de estas tres categorías. En los países de Europa en los que nos tendríamos que fijar tienen unos 15 jueces por cada 100.000 habitantes. Nosotros solo tenemos 10.

“No disfrutamos de un servicio público moderno, de calidad, ágil y en catalán, sino de una máquina que ya ha pasado tantas veces la ITV que no se aguanta por ningún sitio. Cualquier comparación con los sistemas judicia-les de los países democráticos de nuestro entorno es inimaginable”.

El juez Vidal se pregunta si este desenfreno tiene solución. Él dice que sí... pero solo si hay volun-tad política. Y la evidencia demuestra que en España esta voluntad no existe. Por una parte, “de las 103 medidas urgentes que proponía el Consejo General del Poder Judicial en el famoso Libro verde de la Justicia en el año 2007, solo se han implementado nueve, transcurridos ya siete años”.

Por otra, “desde la publicación del Libro Blanco de la Justicia (año 2000), el propio Consejo General del Poder Judicial reconocía el grave déficit de personal, pero nunca hizo nada para enmendarlo, consciente de que una justicia independiente y con los medios adecuados, suponía un peligro para la corrupción imperante en las altas esferas del poder ejecutivo y financiero. Hoy, casi 15 años más tarde, la situación continúa igual o peor, como han demostrado las dificultades que tienen los jueces y fiscales que tramitan las investigaciones de los asuntos Gürtel, Nóos, Palau, etc...”.

Aparte de contratar más personal en todos los niveles, otra cosa que hay que hacer es reformar y modernizar inmediatamente la oficina judicial. Por una parte, hace falta informatizar los juzgados y dig-italizar los procesos. De eso ya se hablaba en España en 1993, pero no se ha hecho nada en esta dirección tal y como demuestra la imagen que nos describe el juez Vidal al principio de su artículo: “¡Juzgados co-lapsados por montañas de papeles que se acumulan en mesas y estanterías! Hace falta que los jueces se comprometan a mantener la plaza durante 5 años (en lugar de por los 2 años que lo hacen ahora) para reducir la provisionalidad con que muchos jueces aceptan sus destinos. Hay que eliminar la duplicidad de tareas. Hay que convertir a las plantillas existentes, demasiado atomizadas (10 a 12 trabajadores adscritos a cada juzgado) en equipos de trabajo colectivo, con tareas de apoyo común a todos los tribunales de una misma jurisdicción y demarcación territorial. El trabajo en equipo bajo una buena coordinación del secretario/a judicial- siempre resulta más eficiente y evita que se enquiste el típico funcionario que malgasta el tiempo de trabajo. Eso permitirá una mayor especialización del personal administrativo en la tramitación de los procesos: penal, civil, social, mercantil, de familia, contencioso administrativo, violencia de género, etc...,”.

Hace falta fijar plazos para que todos los procesos tengan sentencia firme ejecutada en un tiempo razonable y que no se eternicen durante décadas: “Uno de los requisitos procedimentales que más ayudará a alcanzar este hito tiene que ser la previsión normativa que fije un plazo de caducidad en cada fase del proceso. Con las lógicas excepciones en función de la clase y complejidad del pleito concreto, la norma general tiene que obligar al juez a resolver la fase de 1.ª instancia en un plazo máximo de 6 meses; la del tribunal de 2.ª instancia (vía re-curso de apelación) en 3 meses; y el servicio de ejecutorias tiene que concluir su trabajo en un máximo de 3 meses más”. Es decir, la regla general tiene que ser que el 90 % de los pleitos, civiles penales, administrativos y sociales, se hayan resuelto y archivado en menos de un año. Y si no se cumplen los plazos, el juez o la juez lo tendrán que explicar en un informe al servicio de inspección de tribunales. Y “en caso de que el retraso llegara a provocar perjuicios económicos a alguna de las partes litigantes, el juez o secretario culpable podrá

ser condenado a indemnizar a los afectados”.Hace falta volver a acercar la justicia a la ciudadanía y poner marcha atrás en la concentración de

los juzgados en las capitales tal y como propone el PP. En este sentido, el juez Vidal propone tres niveles: en el primer nivel habría los juzgados locales o de distrito, que tramitarían los procesos de complejidad menor. Por ejemplo, todos los casos en que la cuantía económica sea inferior a los 6.000 euros, que son más del 50 % de los casos.

El segundo nivel tendría que estar formado por tribunales de instancia especialistas en derecho penal, civil, social y administrativo. Además de resolver los recursos de apelación (2.ª instancia) que las partes litigantes presenten contra las sentencias del juzgado de primer nivel territorial, los juzgados de este segundo nivel se encargarían de los casos que escapen a la competencia del primer nivel.

El tercer nivel debería ser el Tribunal Supremo de Catalunya. Las únicas tareas de este tribunal son las de casación y amparo. Según Vidal, este tribunal tendría que tener cuatro salas especializadas por materia y una quinta sala que se encargara de los temas constitucionales.

Y finalmente, para garantizar la independencia del Tribunal Constitucional, el juez Vidal propone que tenga 5 miembros y que sean escogidos de la siguiente manera: “Uno de los magistrados debe ser elegi-do por un mínimo de 2/3 partes del Parlamento, lo cual obliga a un acuerdo como mínimo de dos de las fuerzas políticas con más diputados electos. El segundo se ha de escoger también por mayoría cualificada por el Consejo de Colegios de Abogados de Catalunya, entre los más de 24.000 juristas que integran el censo. El tercero lo tiene que elegir la propia carrera judicial entre sus miembros, hecho que obliga a todas a las asociaciones de jueces a ponerse de acuerdo en el nombre del escogido por sus méritos profesionales y trayectoria. El cuarto tiene que salir de la propuesta elevada por los síndicos locales y defensores de la ciudadanía. Y el quinto tendría que ser un jurista de prestigio escogido directamente por el pueblo en elecciones con sufragio universal”.

De esta manera, “la república de Catalunya se configurará así como un verdadero régimen democrático con clara separación de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial, que tienen que funcionar coordinadamente sin interferencias, y haciendo de legítimos contrapesos el uno con el otro, en beneficio de los ciudadanos”.

El sistema judicial que tenemos no funciona. No nos permite llevar a nuestros chorizos a la cárcel en un tiempo razonable, no trata a todos los ciudadanos por igual y no da las garantías de imparcialidad y proximidad que tendría que dar. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson escribieron un libro (“The Rise and Fall of Nations”) en el que explican que el éxito económico de las naciones radica en las instituciones que dan garantías jurídicas a los agentes económicos. Reconstruir el sistema judicial es, pues, prioritario para que los ciudadanos puedan vivir en un país más justo, pero también para que puedan vivir en un país más próspero.

Sistema económico

El día 3 de abril de 2014, la empresa Grífols inauguraba una nueva planta en Parets del Vallès. Una planta de 20 millones de euros que creaba 100 puestos de trabajo. Esta es la inversión más reciente de una de las grandes historias de éxito empresariales catalanes de todos los tiempos. Una historia que empieza en los años cuarenta cuando el doctor José Antonio Grífols se inventa y perfecciona la técnica de la plasmaféresis. Antes de la plasmaféresis, los donantes de sangre daban, eso, sangre. Una vez hecha la extracción, los donantes tienen que esperar a que la sangre se regenere dentro de su cuerpo antes de poder volver a donar. Por eso solo podemos dar sangre cada tres o cuatro meses. Parece que la parte de la sangre que cuesta menos de reconstituir es el plasma: solo tarda una semana. A los glóbulos blancos, rojos y a las plaquetas parece que les cuesta más. Por tanto, y dado que para muchas aplicaciones la parte de la sangre que interesa a los médicos y farmacéuticos es el plasma y no los otros componentes, los científicos como el doctor Grífols se preguntaron si no había una manera de extraer sangre, separar el plasma y volver a insertar los glóbulos y las plaquetas en la sangre del donante. Esta operación de extracción de sangre, separación del plasma y reinserción de las plaquetas y glóbulos en el cuerpo del donante se llama plasmaféresis. Con la plasmaféresis, el donante reconstituye el plasma en siete días y, por lo tanto, puede volver a hacer una donación una semana después. ¡De esta manera, se puede dar plasma sanguíneo 52 veces el año mientras que con la donación normal de sangre solo tres o cuatro!

Con este invento en el bolsillo, el doctor Grífols creó una empresa que llevaba su nombre y que se dedicaba a extraer el plasma de la sangre y a constituir toda una variedad de fármacos derivados (estos fármacos se llaman “hemoderivados”). Una empresa que sus herederos han llevado hasta la cima del mundo empresarial. Durante los años de la crisis, mientras las empresas del IBEX35 veían como el valor de sus acciones se dividía por dos, las acciones de Grífols se han multiplicado por tres. En el año 2006, Grífols compra la empresa de la competencia en Estados Unidos (Plasmacare) y en 2010 compra la tam-bién americana Talecris. Actualmente, Grífols factura más de 2.000 millones de euros y se ha convertido en la empresa española que tiene una inversión mayor y una plantilla mayor en Estados Unidos. Como anécdota, decir que cuándo Wikileaks hizo públicos los secretos del gobierno norteamericano se descu-brió un documento de la CIA en el que había una lista de lugares estratégicos que el ejército tenía que vigilar en caso de conflagración militar mundial. En la península Ibérica había dos puntos estratégicos: el estrecho de Gibraltar... y la fábrica de Grífols de Parets del Vallès. ¡Parece que la CIA entiende que, en caso de guerra, el plasma sanguíneo tendría una importancia primordial!

Grífols es un ejemplo de empresa de éxito. Es más, es un ejemplo de éxito sin tener el favor con-stante del aparato del estado a través de las concesiones o la obra pública. Más bien todo el contrario. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde las empresas de hemoderivados pueden compensar a los donantes con una pequeña cantidad de dinero (unos 50 euros por donación, y recordad que pueden dar cuatro veces al mes), en España y en Europa en general los estados han tendido a prohibir este tipo de compensaciones. Este hecho significa que Grífols no ha podido tener acceso a tanta sangre y a tanto negocio como hubiera podido tener con algún otro tipo de legislación. Yo no sé si es bueno o es malo, si es muy ético o poco ético, que las empresas de hemoderivados puedan compensar a los donantes. Lo

que sí sé es que Grífols ha sido capaz de adaptarse en un entorno regulador que para ellos ha sido hostil y construir una de las empresas catalanas de más éxito de los últimos años.

A menudo, la gente me pregunta cuáles son los sectores de futuro de la economía catalana. Mi re-spuesta siempre es la misma: ¡no lo sé! Pero si que sé una cosa: que nadie lo sabe. Y eso incluye a los ex-pertos, los políticos y los funcionarios de la Generalitat. Eso quiere decir que para construir la economía del futuro no tenemos que buscar que el gobierno teledirija la economía calificando a unos sectores como prioritarios, a los que hay que subvencionar o ayudar. Si hiciéramos eso correríamos el riesgo de ayudar a sectores que no tienen futuro. De hecho, estoy seguro de que los sectores que ayudáramos aca-barían sin tener futuro, porque los políticos que favorecen determinados sectores escogen estos sectores con criterios políticos. Favorecen los sectores que dan votos. Últimamente, los sectores políticamente “sexis” han sido los relacionados con la biomedicina, los de las tecnologías de la información y teleco-municaciones y los de las energías renovables. La gran mayoría de ciudades del mundo dan ayudas a las empresas de estos tres sectores. Todas quieren ser el segundo “Sillicon Valley”. Pero la mayor parte de estos parques empresariales acaban con colosales fracasos. Una vez desaparecen las ayudas, las empresas que vivían del subsidio cierran sin remedio. El ejemplo más reciente lo tenemos en España y su obsesión por las energías renovables: mientras el gobierno del PSOE puso dinero, muchas empresas sobrevivían. El día que desaparecieron los subsidios, las empresas fueron a la quiebra. El dirigismo económico no funciona en ningún sitio y no funcionará en Catalunya.

En lugar de escoger determinados sectores y prestarles ayudas y subvenciones, lo que tiene que hacer el gobierno es crear el entorno en el cual cualquier empresa de cualquier sector pueda progresar. Y si lo hacen así, aparecerán muchos Grífols en muchos sectores diferentes. Empresas que nacerán a partir de una buena idea original. Innovación. Empresas que, como Grífols, cogerán la idea y la trans-formarán en un negocio que evolucionará, se sofisticará, crecerá y se internacionalizará. Empresas que serán lo bastante competitivas como para abrirse al mundo, buscar mercados internacionales e incluso irán a uno de los mercados más competitivos del mundo, Estados Unidos, y comprarán las empresas de la competencia. Empresas que no vivan ni del subsidio del gobierno, ni de la obra pública, ni del favor político ni de las relaciones políticas que puedan encontrar en el palco del Santiago Bernabéu.

Y serán estos emprendedores y estos empresarios los que, con sus inversiones, acabarán decidien-do si la economía catalana acaba siendo buena en temas relacionados con la agricultura o la ganadería, el turismo, los videojuegos, la maquinaría industrial, la electrónica de consumo, el textil, la logística, los servicios financieros, la medicina, el cine, la moda o la alta cocina. Todo dependerá de qué ideas tengan y de cómo las quieran y puedan implementar. Lo importante, por lo tanto, es construir el entorno favor-able para que todo tipo de ideas, en todo tipo de sectores, se puedan desarrollar e implementar.

Una manera fácil de pensar en el entorno apropiado es pensar la siguiente pregunta: ¿si Mark Zuckerberg hubiera sido catalán, hubiera podido construir Facebook? ¿En caso de que la respuesta sea no, qué factores le hubieran fallado? Veamos.

Antes que nada, ¿hubiera tenido acceso a la financiación? Ya sabéis que los bancos normalmente no financian empresas de alto riesgo, como son, por definición, las empresas innovadoras. Como nues-tro sistema financiero está dominado por la banca, al menos cuando se trata de financiar pequeñas empresas, la respuesta es que seguramente no. Para ser una economía competitiva, habría que crear

mecanismos de financiación de empresas de riesgo elevado.Segunda, ¿hubiera tenido la paciencia de satisfacer todas las normas que se le hubieran requerido?

Ya hemos visto que el Banco Mundial hace un informe cada año sobre la regulación, los permisos nece-sarios, la burocracia, las complicaciones y las barreras de todo tipo que se encuentran los empresarios a la hora de operar. La ciudad representante de España en el estudio del Banco Mundial es Madrid. Pero sospecho que, en este sentido, Barcelona o cualquier otra ciudad de Catalunya no estaría demasiado atrás.

Tercera, ¿hubiera tenido las facilidades de infraestructura para crear, desarrollar, producir, trans-portar y exportar su producto? Está claro que, al ser un producto informático, Facebook no hubiera tenido tantas necesidades de infraestructuras de transporte, pero otras empresas de otros sectores sí. Como ya he hablado de las necesidades en las diferentes infraestructuras de transportes en un capítulo anterior, lo dejaré aquí. Solo reafirmaré que un país con empresas competitivas requiere infraestructuras competitivas.

Cuarta, ¿hubiera tenido acceso a suficiente capital humano? Para completar ideas, para desarrol-lar negocios, para hacer crecer los negocios hay que tener los mejores compañeros de viaje. ¿Hubiera encontrado a estos compañeros en Catalunya? En Catalunya ciertamente hay mucho talento. Pero a veces necesitamos a alguien de fuera. Lo vemos en el fútbol. El mejor Barça de la historia fue el del Pep Guardiola. El equipo del Pep estaba basado en la cantera. La mayor parte de los jugadores eran de casa. Pero el gran talento que había en casa acabó de ser completado con superestrellas de fuera. No niego que nuestra sociedad está abierta a aceptar a los mejores futbolistas del mundo. Pero, ¿y a los me-jores científicos? ¿Y a los mejores médicos? Lo pregunto porque yo veo que los mejores salarios en el mundo del fútbol lo tienen los extranjeros. Pero casi todos los catedráticos de Catalunya son catalanes. Por el contrario, la mayor parte de catedráticos en la universidad de Columbia en Nueva York, no son norteamericanos. Bill Gates dijo una vez que Estados Unidos seguiría siendo líder tecnológico mun-dial porque, si bien China tenía 1.300 millones de personas con talento, Estados Unidos tenía 7.000 millones. Porque Estados Unidos estaba dispuesta a coger los mejores de todo el mundo y no solo a los mejores de Estados Unidos. En todos los campos de la vida.

Aprovechando que hablamos de talento, cabe decir que una buena parte del talento que tene-mos en casa, acaba siendo desperdiciado. A veces doy clases en la Pompeu Fabra. Tengo que decir que sistemáticamente, año tras año, las chicas sacan mejores notas que los chicos. Y aunque, a los 19 o 20 años, las chicas son mejores que los chicos, cuando analizo las cúpulas de nuestras empresas y de nues-tros gobiernos, veo a muy pocas mujeres. ¿Dónde han ido a parar todas aquellas chicas que eran mejores que todos estos chicos que ahora dominan los centros de poder? Un país que malgasta la mitad de su talento es un país poco productivo. Poco competitivo. Entre todos, tendremos que hacer algo para im-pedir que el talento de las mujeres se pierda a través de las grietas de nuestra economía.

Quinta, ¿hubiera tenido los incentivos y las ganas de crear Facebook? Cuando comparo las acti-tudes de mis estudiantes de economía y empresa de Barcelona con los de Nueva York, la principal dif-erencia es que todos los americanos quieren montar su propia empresa mientras que todos los catalanes quieren ser ejecutivos de una gran empresa o un gran banco. Una economía dinámica necesita que los jóvenes con ideas las ejecuten y las implementen. Necesitamos menos ejecutivos de empresas con salari-

os elevados y posiciones seguras y más emprendedores con ganas de arriesgarlo todo para implementar una idea. Para conseguirlo hay que descriminalizar el fracaso en nuestra sociedad. Innovación quiere decir arriesgarse y arriesgarse quiere decir que a veces ganas y a veces pierdes. Pero al que pierde no hace falta hundirlo, criticarlo y vilipendiarlo. Al contrario, hay que alabarlo por haber tenido la valentía de intentarlo y animarlo para que lo vuelva a intentar.

Y sexta y última pregunta: si Zuckerberg hubiera sido catalán, ¿hubiera tenido la idea de hacer un Facebook? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con si el sistema educativo da las herramientas suficientes a nuestros estudiantes para que sean creativos y tengan ideas. Dejo el importantísimo tema de la educación para la última sección de este libro.

Antes de hablar de educación, sin embargo, dejadme tratar dos temas que preocupan a muchos ciudadanos: el paro y la relación comercial con España. Una cosa que, evidentemente, una Catalunya independiente tendrá que cambiar es el marco laboral. Aunque la tasa de paro en Catalunya está por debajo de la de España, una tasa de 22 % es claramente inaceptable. Es verdad que estamos en época de crisis, pero también lo es que los otros países que tienen crisis no llegan a tasas de desempleo tan al-tas. Y también es verdad que ya es la tercera vez desde que murió Franco que la tasa de paro se dispara por encima del 20 %. Y sobre todo no puede ser que el 50 % de los jóvenes de menos de 24 años estén parados. El mercado laboral que tenemos ahora no funciona y una Catalunya independiente lo tendría que cambiar. Naturalmente, la legislación laboral que tendremos la decidiremos entre todos a través de las urnas. Dejadme, sin embargo, que diga que es imprescindible introducir legislaciones como las que hay en el norte de Europa, que a menudo se identifican con el concepto de “flexiseguridad”. Es decir, legislaciones que intentan compaginar la seguridad laboral del trabajador con la flexibilidad del mercado laboral que permita a las empresas mantener una actividad dinámica en un mundo cambiante. La clave de lo que han hecho en países como Dinamarca es cambiar el concepto de “protección del puesto de trabajo” por el concepto de “protección del trabajador”. La sociedad tiene que proteger a los ciudadanos trabajadores, pero eso no quiere decir necesariamente proteger el puesto de trabajo que ocupan. Si, por las razones que sean, hay que eliminar un puesto de trabajo (quizás porque el progreso tecnológico lo hace innecesario, quizás porque la empresa no va tan bien como haría falta, quizás porque el país entra en recesión), tiene que ser sencillo eliminarlo. Pero la sociedad se tiene que encargar de que el traba-jador no pierda el trabajo. Eso querrá decir que el Estado tendrá que crear mecanismos para ayudarle activamente a encontrar otro empleo que se adapte a sus aptitudes y características. Eso querrá decir que el estado tendrá que implementar políticas activas de empleo. Eso querrá decir que el estado tendrá que asegurarse de que los trabajadores tienen acceso a cursos de reciclaje y educación continua que les permita adaptarse a los tiempos cambiantes. Eso querrá decir, en definitiva, que el estado tendrá que poner más énfasis en las personas y no tanto en los puestos de trabajo que ocupan. Eso es lo que hacen, con éxito, algunos países del entorno europeo y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros si quere-mos eliminar esta lacra que caracteriza, por encima de todo, la economía del Estado español en la que estamos metidos.

El otro tema que preocupa a muchos ciudadanos es el comercial. Las relaciones comerciales entre Catalunya y España son fuertes, aunque cada día lo son menos. En 1995, el 75,8 % de todas las ventas que las empresas catalanas hacían fuera de Catalunya, se hacían en España (por lo tanto, el 24,2 %, se

hacían en el resto del mundo). La tendencia de los últimos 15 años ha sido la de ir vendiendo cada día más en el resto del mundo y menos en España. En 2011, las ventas en España representaban ya menos de la mitad (el 47 %) de las exportaciones (el 53 % en el resto del mundo).

Esta alta, a pesar de que menguante, dependencia del mercado español es un motivo de preocu-pación porque muchos empresarios tienen miedo de que con la independencia esta relación comercial se deteriore. En este sentido no han sido pocos los medios que se ha hecho eco de un estudio de José Vicente Rodríguez-Mora, que dice que si Catalunya se independizase, el comercio con España caería en un 80 % y eso provocaría una bajada del PIB de cerca del 9 %. De entrada hay que decir que este estudio no lo ha confeccionado un académico imparcial. Rodríguez es uno de los fundadores del partido Ciudadanos. Lógicamente, eso, por sí solo no invalida el estudio, pero nos ayuda a poner en perspectiva los resultados. Lo que sí que invalida el estudio es que está mal hecho. Todos los resultados del estudio se basan en el supuesto extravagante de que si Catalunya se marchara, de la noche a la mañana, las rela-ciones comerciales con España pasarían a ser las mismas que las que hay entre Portugal y España. Como si las relaciones históricas personales que hay entre proveedores y clientes catalanes y españoles (y que no hay entre portugueses y españoles) dejaran de existir de un día para otro. Como el comercio de Es-paña con Portugal es un 80 % más bajo que con Catalunya, el supuesto implica que las exportaciones catalanas en España caerán un 80 %. Y es esta caída la que provocaría una bajada catastrófica del PIB del 9 %.

De entrada, habría que decir que si esta bajada fuera cierta, como el dividendo fiscal de la inde-pendencia sería del 8 % del PIB, todo lo que perderíamos por el lado del comercio lo ganaríamos por el lado de los impuestos de manera que, una cosa iría por la otra y quedaríamos más o menos igual. Pero el problema es que eso de que el comercio entre Catalunya y España caería un 80 % es pura ciencia-fic-ción. ¿Por qué tendrían que caer las compras que España hace en Catalunya? Una posible razón sería... un boicot comercial. Muchos ciudadanos españoles, irritados con el hecho de que los catalanes los aban-donan, deciden castigarnos no comprando nuestros productos.

Este argumento tiene varios problemas. El primero es que un boicot tendría poco sentido, ya que no conseguiría ningún objetivo razonable. Pensemos. El boicot se podría hacer antes o después de que nos marcháramos. Si lo hicieran antes, las ventas de Catalunya bajarían antes de la decisión. Eso haría que muchos catalanes pensaran: “¡Bien! Ahora que las ventas ya han bajado, si nos marchamos las ventas ya no pueden bajar más y, por lo tanto, los costes de marcharse ya no existen”. Es decir, un boicot an-tes de la decisión tendría efectos contraproducentes. Si lo hicieran después, nuestra decisión ya estaría tomada de manera que el boicot no conseguiría que nos quedáramos en España. Por lo tanto, tampoco conseguiría su objetivo.

Al no conseguir ningún objetivo, lo más probable es que, si hubiera boicot, este durara muy poco tiempo. La razón, y este es el segundo problema, es que el boicot perjudica, sobre todo, a quien lo practica. Imaginamos las consecuencias que para el boicoteador tendría hacer un boicot a una empresa catalana. Para ser más concretos, pensamos en una empresa catalana aleatoria: ¡Grífols! ¡Como ya he explicado, Grífols fabrica productos derivados de la sangre! Imagináis, pues, a un boicoteador militante que, después de un accidente de coche, llega a urgencias del hospital y ve horrorizado que la transfusión que le están a punto de hacer, lleva una etiqueta de Grífols. ¿Qué hará, aquel buen hombre? ¿Gritará:

“¡No me pongan sangre de ninguna empresa catalana!!”? Si lo hiciera, ¡el más perjudicado sería él!Sí, ya sé que eso de Grífols es un caso extremo, pero el mismo principio aparece con todos los

otros productos. Tenéis que pensar por qué compran productos catalanes los españoles. ¿Los compran porque Catalunya forma parte de España o porque, después de mirar la calidad y el precio, son mejores que la competencia? Yo estoy seguro de que antes de comprar una botella de cava, los españoles miran la sección del champán francés. Y cuando ven que una botella de Veuve Clicquot Ponsardin cuesta 35 euros, se van rápidamente a la sección del cava. Si un español radical quiere castigar a los catalanes boic-oteando el cava, tiene que saber que pagará 35 euros la botella. Quizás lo hará durante una Navidad o dos. Pero la tercera Navidad verá que está haciendo el primo y volverá a hacer lo que más le conviene a él. Y así con todos los productos sujetos a boicot.

El tercer problema con el argumento de que el boicot hará caer el PIB catalán en un 9 % es que, si bien es fácil boicotear productos finales, es más difícil boicotear productos intermedios. Los produc-tos intermedios son aquellos que no son comprados por los consumidores (como una botella de cava), sino que son comprados por empresas con el objetivo de ser incorporados a los productos finales. Por ejemplo, hay empresas textiles de Terrassa que venden tela para forrar los asientos de los coches que produce la fábrica Renault de Valladolid. Esta tela es un producto intermedio. El coche es el producto final, se calcula que las dos terceras partes de las exportaciones catalanas en España son de productos intermedios. Fijaos en que es difícil para los boicoteadores militantes dejar de comprar este producto textil de Terrassa. ¿Cómo lo harían? ¿Pedirían en la fábrica de Valladolid que les vendiera un coche con los asientos sin forrar?

El cuarto problema es que muchas de las exportaciones catalanas a España no son de empresas catalanas, sino de multinacionales instaladas en Catalunya como Nestlé, BASF, Nissan, Volswagen, o Repsol. Algunas de ellas también producen a otras comunidades. Por ejemplo, Nestlé tiene 12 fábri-cas en España repartidas entre 7 comunidades autónomas. Los boicoteadores tendrán que investigar y averiguar qué bolsas de Nescafé están hechas en Reus y cuáles en La Penilla (Cantabria). Complicado.

El quinto problema con el argumento de Rodríguez-Mora es que, cuando hace los cálculos, plant-ea el supuesto de que los empresarios catalanes cogen los productos boicoteados y los tiran al mar. La realidad, sin embargo, es que lo más normal es que cojan los productos que no venden en España y los vendan en el extranjero (aunque quizás a un precio inferior). Para analizar esta posibilidad, es interesante mirar las consecuencias del boicot al cava catalán que hubo en España en 2006. A raíz de las posiciona-miento del entonces vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, contra la candida-tura olímpica de Madrid, diferentes personajes e instituciones españolas promovieron un boicot contra el cava catalán. Según los datos del Consejo Regulador del Cava36, que reproduzco en el gráfico 2.2, las ventas de cava en España representadas por la línea roja, bajaron un poquito en el 2006. Pero fijaos en que al mismo tiempo, las ventas en el resto de la UE línea verde aumentaron en la misma proporción. La suma de todas las botellas de cava vendidas en el mundo línea azul- no varió nada. El año siguiente, en el 2007, las cosas volvieron a la normalidad y la tendencia de las ventas totales siguió aumentando hasta la gran recesión del 2009.

Por tanto, el mayor boicot llevado a cabo en España contra el producto más claramente catalán,

36 http://cdn.crcava.es/pdf/2013/expedicions_cava_2013.pdf

el cava, acabó teniendo efectos totalmente negligibles sobre las ventas de las empresas catalanas. Eso es exactamente lo que pasó cuando Estados Unidos boicoteó el vino francés a raíz de la falta de apoyo de Jacques Chirac durante la guerra de Irak. ¡Ningún efecto!

Los profesores Pol Antràs y Jaume Ventura (también compañeros del Colectivo Wilson) reha-cen los cálculos de Rodríguez-Mora teniendo en cuenta todas estas consideraciones y algunas otras37 y llegan a la conclusión de que, en el peor de los escenarios imaginables, el PIB catalán caería en un 2 % debido a la potencial reducción del comercio con España. La hipótesis más probable es que la caída fuera menor del 1 % o que incluso no hubiera ninguna caída, como no hubo ninguna caída en el caso de Chequia cuando se separó de Eslovaquia el 1 de enero de 1993.

Para acabar, dejadme enfatizar que esta potencial caída del 1 % del PIB hace referencia al efecto de una posible reducción del comercio entre Catalunya y España. A esta posible reducción se tendría que sumar el efecto, en este caso positivo, que sobre el PIB catalán tendría el dividendo fiscal de la indepen-dencia, resultado de eliminar el déficit de la balanza fiscal entre Catalunya y España. Es decir, si por la banda comercial el PIB de Catalunya podría caer entre un 1 % y un 2 %, por la banda del ahorro fiscal, el PIB aumentaría en torno a un 8 %. La suma de los dos sería enormemente positiva.

37 http://wilson.cat/ca/mitjans-escrits/articles-dels-membres/item/216-dos-més-dos-són-mil-els-efectes-comercials-de-la-independència.html

Educación

España ha tenido ocho sistemas educativos durante la democracia. Al morir Franco estaba en vigor la “Ley General de Educación” aprobada en 1970 que introdujo la EGB, el BUP y el COU. En 1980, el gobierno de UCD aprobó la LOECE (Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares). En 1985 el PSOE introdujo la LODE (“Ley Orgánica reguladora del Derecho en la Educación). El mismo PSOE cambió la ley en 1992 introduciendo la LOGSE (“Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo”), que eliminaba la EGB y el BUP para introducir la ESO y el Bachillerato. En 1995, se aprueba la LOPEG (“Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes”). El PP cambió de nuevo el sistema educativo en el 2002, con la LOCE (“Ley Orgánica de la Calidad de la Educación”). En el 2006, el PSOE la volvió a cambiar para introducir la LOE (“Ley Orgánica de Educación”). Y, finalmente, el último cambio lo ha vuelto a protagonizar el PP con la LOMCE (“Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”), también conocida como la “ley Wert”.

Ocho sistemas educativos en 35 años, que no han tenido como resultado los estudiantes mejor preparados del mundo. Más bien al contrario. Los estudios comparativos internacionales, como el in-forme PISA, sitúan a los estudiantes españoles en la cola de la OCDE y las tasas de paro de los jóvenes que acaban los estudios supera el 50 %. El fracaso escolar en España no lo representan los niños que abandonan los estudios. El fracaso escolar lo representan los niños que los acaban. El fracaso escolar lo representan todos aquellos niños y niñas que han hecho todo lo que les han dicho los padres y los maestros, que han hecho los deberes cada día, que han estudiado lo que les hemos dicho los adultos, que han aprobado los exámenes con buena nota y, a la hora de la verdad, o bien no encuentran trabajo o bien encuentran trabajos con remuneraciones miserables. Claramente, el sistema educativo no funciona. No sirve para garantizar un futuro de prosperidad y realización personal para nuestros hijos.

Si uno mira los cambios que se han ido haciendo a través de las diferentes reformas impulsadas por los distintos partidos políticos, uno acaba teniendo la impresión de que la única cosa que les importa es si los niños estudian religión o una asignatura alternativa como “Educación para la ciudadanía”. Cuando gana el partido religioso español, se reintroduce la religión, y cuando gana el partido laico, se saca.

Aparte de la obsesión por la religión, últimamente también ha habido el interés por parte del Par-tido Popular de “españolizar a los niños catalanes” (según declaró el mismo ministro Wert en el Con-greso de los Diputados). La “ley Wert” se enmarca en el proceso de recentralización que he descrito en la primera parte del libro, un proceso que lamina la autonomía que el estado confirió a los gobiernos autonómicos al principio de la época democrática. La “ley Wert” intenta uniformizar a los españoles rompiendo el sistema de inmersión lingüística que tan bien ha funcionado en Catalunya durante las últi-mas décadas. Gracias a que el catalán ha sido la lengua vehicular en todas las escuelas catalanas, todos los niños que viven en Catalunya han sido educados en las mismas condiciones. Eso ha impedido la creación de guetos educativos y sociales donde todo un conjunto de niños vivían separados lingüísticamente y ha permitido que, en una sola generación, los hijos de los inmigrantes de los años 50 y 60 se hayan integra-do perfectamente en la sociedad catalana.

Pero este éxito no parece haber impresionado al Partido Popular que, a través de denuncias en los

tribunales por parte de algunos padres (pocos, y normalmente militantes y simpatizantes del propio PP) y a través de la nueva “ley Wert” quieren “españolizar a los niños catalanes”. Como ha pasado con toda la batería de medidas recentralizadoras, ni las denuncias en los tribunales ni la propia “ley Wert” dicen explícitamente que quieren españolizar a nadie. Ellos lo esconden detrás de una supuesta libertad de los padres para escoger la lengua en la que se educan sus hijos. Una libertad que no existe en ningún país del mundo. Yo mismo, que vivo en Nueva York, no pude llevar a mi hija a una escuela pública norteam-ericana donde la lengua vehicular fuera el catalán. Tampoco se pueden escolarizar los niños en español en Dinamarca o en urdu en España.

¿Cómo puede ser que los tribunales den la razón a los padres del PP que quieren escolarizar a sus niños en castellano en Catalunya? Pues porque Catalunya es España. Por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a recibir la educación en español. Como Estados Unidos no es Catalunya, los padres catalanes no tenemos el derecho a escolarizar a los niños en catalán en Nueva York. Pero como Catalunya es par-te de España, los padres españoles tienen derecho a escolarizar a los niños en castellano en Catalunya, aunque eso perjudique la convivencia pacífica alcanzada por el sistema de inmersión lingüística. Es así de sencillo.

Claro está que esta reflexión nos tiene que llevar a una conclusión: si el problema a la hora de poder decidir que el catalán es la lengua vehicular en nuestras escuelas es que Catalunya forma parte de España, la solución es bien fácil: ¡dejar de formar parte de España! Es decir, la independencia nos permitiría dejar atrás las discusiones sobre lenguas vehiculares, unas discusiones que no llevan a ningún sitio y que nos hacen perder tiempo y energía, y que nos permitiría concentrarnos en los problemas reales de nuestro sistema educativo, que no son ni la lengua ni la religión.

Y es que el mundo occidental se enfrenta a un enorme problema que solo se podrá resolver, no con una reforma, sino con una profunda revolución del sistema educativo. Los países líder del mundo están analizando el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo sobre las estructuras económi-cas y laborales del mundo. Las máquinas y la informática están sustituyendo a las personas en muchos empleos que hasta ahora eran relativamente bien pagadas. Las agencias de viajes ya no pueden vender billetes de avión porque la gente los compra directamente a las líneas aéreas por Internet. Las empre-sas de revelado de fotografías están desapareciendo por culpa de los nuevos teléfonos inteligentes y las cámaras digitales. Los archivadores y bibliotecarios que antes ayudaban a buscar libros y documentos están siendo sustituidos por buscadores de Internet como Google. Los periodistas de la prensa escrita están perdiendo el trabajo de informadores porque la información ya no nos llega a través de los diarios sino de las redes sociales. Los contables que nos ayudaban a hacer la declaración de la renta ven como su trabajo lo hacen programas informáticos. Las fábricas modernas están llenas de robots y máquinas que hacen los trabajos mecánicos que hasta ahora hacían personas. Incluso en el mundo de la educación están apareciendo los MOOC (“Massive Online Open Courses”), unos cursos ofrecidos por las grandes universidades del mundo, donde un pequeño número de súper profesores dan clases a millones de es-tudiantes de todo el mundo, cosa que pone en peligro el trabajo de los profesores tradicionales, como yo, que damos clases en pequeñas aulas de pocas decenas de estudiantes.

Es verdad que durante la primera revolución industrial, hacia el año 1760, las máquinas de tejer e hilar sustituyeron a los artesanos que hasta entonces se dedicaban a la industria textil. Y es cierto que la

reacción de los artesanos fue la de destruir las nuevas máquinas que les arrebataban el trabajo. Con los años, sin embargo, las nuevas tecnologías industriales crearon nuevos oficios, nuevos trabajos y nuevos empleos que no solo acabaron absorbiendo a todos los artesanos que habían perdido el trabajo, sino que permitieron que millones de agricultores que abandonaban el campo para ir a trabajar a las fábricas ob-tuvieran unos niveles de prosperidad que no tenían antes de la revolución. Pero para poder beneficiarse de la nueva situación tecnológica, unos y otros tuvieron que adaptarse.

Y ahora tiene que pasar exactamente lo mismo. Los ciudadanos del siglo XXI nos tenemos que adaptar a la nueva situación creada por las nuevas tecnologías y la mejor manera de adaptarse es a través del sistema educativo. Nuestras escuelas tienen que enseñar a nuestros niños a hacer la única cosa que, de momento, las máquinas no pueden hacer: ¡la creatividad! Las máquinas pueden calcular, leer, buscar, levantar, cortar, mover, enrollar, informar, comunicar o transportar mucho más rápidamente y mucho más eficientemente que nosotros. Pero las máquinas no pueden imaginar y no pueden tener ideas. Por lo tanto, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para hacer estas tareas que las máquinas no pueden hacer. Por ello, hay que generar una revolución del sistema educativo.

Aunque en Catalunya hay muchos maestros que trabajan de lo lindo intentando hacer las cosas de manera diferente, siempre acaban chocando contra el sistema educativo actual que, básicamente, consiste en facilitar que la información que tiene el profesor en los apuntes pase a la libreta de los es-tudiantes sin pasar por el cerebro del uno ni del otro. Durante décadas, los maestros han dado lecciones, mientras los estudiantes tomaban apuntes. Pocos días (o pocas horas) antes del examen, los estudiantes memorizan aquellos apuntes y el día del examen los reproducen en un papel. Pocos días después, olvidan todo lo que habían aprendido. La información queda allí, en la libreta del niño. Pero no en su cerebro.

Además, todos los estudiantes tienen que aprender los mismos temas, de las mismas materias, en el mismo momento, en la misma clase y a la misma edad. Independientemente de sus aptitudes, sus ca-pacidades o sus voluntades. El sistema educativo produce un flujo constante de ingenieros, abogados, médicos, arquitectos o economistas, y todos son iguales. Los que no han aprendido lo que les enseña-ba el profesor son expulsados del sistema educativo. El resto va pasando los mismos exámenes y, por lo tanto, todos acaban sabiendo lo mismo. Unos lo han aprendido mejor y otros peor, pero todos han aprendido lo mismo. El sistema educativo uniformiza a los ciudadanos que acaban convirtiéndose en una especie de hamburguesas idénticas como las que salen de un McDonald’s. Esta macdonalización de los estudiantes, seguramente, era adecuada en la era industrial que hemos dejado atrás. Hacía falta que todos los ingenieros, médicos o abogados fueran idénticos porque todos ellos formaban parte de la enorme maquinaria industrial que no podía parar cuando una pieza desaparecía: cuando un ingeniero, un médico, o un contable se jubilaba, se ponía a otro idéntico para que todo siguiera igual.

Pero en el mundo posindustrial eso ya no sirve. En el mundo de la innovación y la creatividad, cada vez será más cierto que la gente creará su propio puesto de trabajo y que este puesto de trabajo tendrá componentes de creatividad e innovación que hasta ahora no tenían. La memorización y la uni-formización ya no sirven como herramientas para construir el sistema educativo. Por ejemplo, hay que mantener viva la curiosidad que tienen los niños cuando entran en la escuela. ¿Os habéis fijado que, de muy pequeños, los niños no paran de preguntar? “¿Papá, y por qué?”, repiten los niños una y otra vez. Esta curiosidad innata desaparece a medida que los niños transitan por la escuela. Si el niño pregunta

demasiado, la profesora se enfada hasta el punto de enviar una nota a los padres exigiendo que el niño deje de molestar. Además, los compañeros del niño que pregunta demasiado se ríen de él y lo ridiculizan poniéndole una presión social que lo lleva a dejar de preguntar.

Pero fijaos en que sin preguntas no hay ideas. Toda idea tiene dos componentes. El primero es ver que hay una cosa que no funciona, que no existe, que se podría hacer mejor. Es decir, el primer compo-nente de una idea es la pregunta. Una vez formulada la pregunta, tiene que surgir la respuesta. Nuestro sistema educativo funciona relativamente bien a la hora de enseñar a los estudiantes a encontrar respues-tas. Pero no a la hora de formular preguntas. El profesor hace las preguntas (el día del examen) y los estudiantes demuestran que pueden encontrar las respuestas. Pero nunca nadie enseña a los estudiantes a preguntar. Y sin preguntas no hay creatividad ni ideas.

El sistema educativo no fomenta el espíritu crítico. Al contrario. El niño tiene que aprender lo que le dice el profesor... y nada más. Si, al acabar la clase, el niño investiga por su cuenta, descubre que lo que le ha enseñado el profesor en clase no es exactamente cierto y decide poner el fruto de su investigación en el examen, con toda probabilidad este niño suspenderá. El sistema educativo lo castigará si es crítico y alimenta su curiosidad. Justo lo contrario de lo que haría falta.

¿Sabéis en qué lugar físico de una empresa se generan la mayor parte de las ideas? No está en el despacho del director general ni en la sala de reuniones del consejo directivo. Es... en la cafetería. En el lugar donde la gente interacciona. Porque, a diferencia de lo que dice la leyenda, cuando Arquímedes se mete dentro de la bañera y dice “Eureka!” y descubre la ley que lleva su nombre; o a diferencia de lo que dice la leyenda de que Newton estaba durmiendo debajo de un árbol y descubrió la teoría de la gravitación cuando le cayó una manzana a la cabeza, la realidad es que las ideas se van puliendo poco a poco. Al principio uno tiene una idea original que tiene aspectos buenos y aspectos malos. Después uno comenta la idea con compañeros. Ellos hacen aportaciones que te abren los ojos y hacen evolucionar la idea. Y a fuerza de intercambiar impresiones, uno va depurando la idea hasta llegar al producto final. Es por ello que las ideas se tienen en la cafetería, donde la gente intercambia opiniones, y no en el despacho, donde uno acostumbra a estar solo. El momento “¡Eureka!” es un mito que no existe. El nuevo sistema educativo tendría que fomentar la cooperación y el intercambio constante de ideas entre los estudiantes.

Además, las ideas tienden a ser la comunión o recombinación de otras ideas. El científico inglés Matt Ridley dice que “las ideas practican el sexo” en el sentido que a menudo una idea es el fruto de la unión de otras dos ideas. McDonald’s y pizza dan lugar a Pizza Hut. Café y Wi-Fi dan lugar a Starbucks. Y, a menudo, la parte de la idea que le falta a un ingeniero, le vendrá de la antropología o la medicina. El problema es que, desde muy pequeños, a nuestros estudiantes les obligamos a especializarse, de manera que los que estudian ingeniería solo estudian ingeniería y no antropología, medicina o economía. De la misma manera, los economistas solo estudian economía, los médicos, medicina, y los antropólogos, antropología. Esta hiperespecialización funcionaba bien para producir piezas de la gran maquinaria in-dustrial, pero es un lastre para la creatividad y la generación de ideas.

Hay que decir que la generación de ideas en el ámbito universitario, en Catalunya, no es del todo mala. De hecho, es bastante buena. La apuesta por la que se decidió Catalunya hace ya más de una década, bajo el liderazgo del onseller Andreu Mas-Colell, ha dado buenos resultados. La producción científica de nuestras universidades está por encima de la media europea. Catalunya tiene el 1,5 % de la

población de la Unión Europea, genera el 2,9 % de las publicaciones científicas, ha captado el 2,2 % de las ayudas de la UE a proyectos de investigación (unas ayudas que se distribuyen en función de la calidad de las propuestas de investigación) y el 3,29 % de las becas concedidas por el Consejo Europeo para la Investigación. Por lo tanto, la producción científica universitaria es buena y lo tenemos que celebrar. Otra cosa es si todas estas ideas científicas se traducen en proyectos empresariales que acaban generan-do bienestar y prosperidad al conjunto de la sociedad. Y aquí las cosas ya no han funcionado tan bien. Para tener una economía competitiva, hay que tener un buen sistema universitario y hay que hacer una apuesta firme por la investigación y el desarrollo. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que la mayor parte de ideas empresariales no proceden de científicos, sino de gente normal como Mark Zuckerberg, Amancio Ortega o Ferran Adrià. Y para que haya mucha gente normal que tenga muchas ideas (y no sean excepciones como estos tres que acabo de nombrar), hace falta que todo el sistema educativo, y no solo el universitario, empiece una gran revolución.

Podríamos seguir hablando de cómo tendría que ser el sistema educativo del futuro pero este no es el tema de este libro. Lo que importa resaltar aquí es que el mundo educativo está inmerso en una profunda revolución que cambiará los paradigmas de todas las escuelas. Nuestro gran problema es que, mientras el mundo debate esta importante encrucijada, en España hemos hecho una reforma educa-tiva (la “ley Wert”), pero, en lugar de hablar de todos estos temas, las grandes discusiones han sido el número de clases en Catalunya que se tenían que impartir en castellano y si “¡la religión cuenta para la media!”. Sí, sí. Lo habéis leído bien. El mundo entero debate las maneras de afrontar los retos que las nuevas tecnologías aportan a la educación y España se pasa el día discutiendo si la religión tiene que ser obligatoria o no.

Es evidente que en España no hay nada que hacer si lo que queremos es tener un sistema educativo moderno y útil para nuestros niños. La independencia no es garantía de que tendremos un sistema edu-cativo óptimo y moderno. De hecho, a día de hoy nadie sabe cómo será el sistema educativo del futuro. Por eso las mejores escuelas del mundo están debatiendo sobre hacia dónde iremos. La independencia, pues, no es garantía de que nuestras escuelas serán las mejores del mundo. Pero sí que nos permitirá no tener que perder el tiempo defendiendo el modelo de inmersión lingüística o debatiendo si la religión cuenta para la media y nos podamos integrar, de lleno, en el debate real de cómo hacer la revolución educativa que permita a los niños afrontar con dignidad los retos del siglo XXI.

Cuándo yo era pequeñito, mi padre me decía: “Xavier, si tú trabajas y haces las cosas bien, la vida te irá bien”. ¡Y tenía razón! Lamentablemente, los padres catalanes de hoy no podemos prometer lo mismo a nuestros hijos porque muchos de los que han estudiado y se han esforzado, hoy en día están en el paro. La independencia de Catalunya es una oportunidad única para conseguir que nosotros podamos hacer a nuestros hijos la promesa que me hizo mi padre.

CONCLUSIÓN: La hora del adiós

Nos dicen los detractores que la independencia comporta unas grandes incertidumbres. Tienen razón. Nadie sabe qué pasará si nos marchamos. Nadie sabe cómo será el país que construiremos. Na-die sabe qué políticas implementarán nuestros futuros gobiernos. Nadie sabe cuáles serán los sectores económicos de los cuales viviremos. Y no sabemos nada de todo eso porque, cuando seamos independ-ientes, seremos un país normal donde todas estas decisiones las tomarán los votantes, los gobernantes, los empresarios, los trabajadores, los educadores, los estudiantes y los ciudadanos en general. Como no sabemos qué decidirán entre todos, no sabemos cómo será nuestro país. Por lo tanto, es verdad que el futuro de una Catalunya independiente está lleno de incertidumbres.

Ahora bien, de la misma manera que el futuro de una Catalunya independiente es incierto, tam-bién comporta incertidumbres el futuro de una Catalunya dependiente. ¿O es que alguien se atreve a predecir hacia dónde va España? ¿Alguien sabe cómo acabará el proceso de recentralización que ha em-pezado el gobierno central? ¿Alguien sabe cómo acabará el modelo de financiación autonómica? ¿O la política de infraestructuras radial? ¿O el modelo educativo? La respuesta es que no. Nadie lo sabe por las mismas razones que nadie puede predecir el futuro de Catalunya: dependerá de lo que decidan los votantes, los políticos, los empresarios, los trabajadores, los educadores, los estudiantes y los ciudadanos en general. De la misma manera que la cosa puede ir bien o mal con la independencia, la cosa puede ir bien o mal si seguimos dentro de España. Con una gran diferencia: si nos vamos, los que tomaremos decisiones seremos los catalanes y quienes nos equivocaremos seremos los catalanes, mientras que si nos quedamos, serán otros quienes tomarán las decisiones y se equivocarán por nosotros. Los catalanes queremos tener el derecho a decidir. Queremos tener el derecho a equivocarnos.

En la primera parte del libro he explicado que nuestra situación actual, dentro de España, no es buena. El sistema de financiación que tenemos ha llevado a la Generalitat a la insolvencia más absolu-ta y a no tener ningún margen de maniobra económica o financiera. El déficit de la balanza fiscal, que ronda el 8 % de nuestro PIB, nos frena y nos discrimina. El estado hace en Catalunya menos del 11 % del total de inversiones que hace en España, cuando Catalunya tiene el 16 % de la población y el 18,4 % del PIB. Eso, repetido a lo largo de los años, ha hecho que el capital público en Catalunya sea del 52 % del PIB mientras que en Extremadura es del 133 % del PIB. La mentalidad radial que empezó con Felipe V ha hecho que las redes de trenes, autopistas, carreteras, AVE y aviones se haya diseñado con criterios políticos y no de eficiencia económica, dando lugar a una estructura radial que claramente perjudica a Catalunya. El sistema económico español, descrito por César Molinas como “Capitalismo Castizo”, se basa más en el favor que resulta de la influencia política para conseguir obras públicas, concesiones o regulaciones favorables que no en la implementación de buenas ideas empresariales. La burocracia es excesiva hasta el punto de que el Banco Mundial nos pone por debajo de la isla de Tonga en la clasificación que evalúa la facilidad para crear un pequeño negocio. La “Marca España”, de la que nos guste o no, formamos parte, se deteriora irremisiblemente con escándalos en la Casa Real, en los tribunales, en los partidos políticos, en la clase empresarial y financiera y en las instituciones reguladoras y supervisoras, como el Banco de España y la CNMV. El gobierno español ha empezado un proceso de

recentralización que, semana sí y semana también, usurpa y se autoasigna alguna competencia que ha había sido transferida. El ejemplo más flagrante de todo este proceso de recentralización es la nueva ley de educación (la “ley Wert”), que intenta destruir el modelo de inmersión lingüística que tan bien ha funcionado en Catalunya durante 30 años, con el objetivo manifestado por el propio ministro de “es-pañolizar a los niños catalanes”. Todo ello se hace gracias al rodillo parlamentario implacable del PP y el PSOE. En España se confunde el concepto de democracia con el de dictadura de la mayoría. Cada vez que uno tiene mayoría aprovecha para hacer pasar por el tubo a las minorías. Y como los catalanes, en tanto que catalanes, siempre seremos minoría en España, cuando los catalanes tengamos unos intereses diferentes de los españoles, siempre saldremos perdiendo.

Es por ello que en la segunda parte del libro he analizado como sería una Catalunya independi-ente. El hecho de que no se pueda saber con precisión cómo funcionará el nuevo país no quiere decir que no podamos decir nada sobre como será o que no podamos pensar en cómo nos gustaría que fuera. Lo primero que hemos hecho es aclarar que Catalunya sería viable desde el punto de vista económico. De hecho, entre los países más ricos y más competitivos del mundo que tienen las mismas dimensiones que Catalunya, como Suiza. Ser un país independiente nos garantizaría que seríamos un país pequeño, como Suiza, pero no que seríamos un país próspero como Suiza. Portugal es un país pequeño que es más pobre que nosotros. Y eso tiene que ser una lección para todos los que pensáis en la independencia: si hacemos las cosas bien, las cosas nos irán bien, pero si las hacemos mal, nos irán mal. La independencia no es garantía de nada. Es simplemente la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente.

También hemos visto que la Catalunya independiente tendría un dividendo fiscal, ya que todo el dinero que ahora pagan los catalanes y que se va de Catalunya a través del sistema fiscal español, se dejaría de ir. Eso, por sí solo, representaría una ganancia de cerca del 8 % del PIB. Recuperar este divi-dendo no es la razón por la cual nos tendríamos que independizar, pero sí que es cierto que permitiría a la Generalitat de Catalunya volver a tener los niveles de solvencia que debería, dados los impuestos que pagamos los catalanes. Hemos hecho las cuentas y hemos visto que, de entrada, la Generalitat tendría un superávit presupuestario que rondaría entre los 11.000 y los 13.000 millones, dependiendo de la par-te de la deuda española que decidiéramos heredar los catalanes. Este superávit presupuestario estaría garantizado desde el primer día.

Fijaos en que he dicho “decidiéramos” heredar. Enfatizo la palabra “decidiéramos” porque esta será una decisión nuestra y no una imposición de España. Hemos visto que la deuda española es españo-la y la tendrán que pagar los españoles. El artículo 38.1 de la Convención de Viena dice: “Ninguna deuda de estado del estado predecesor pasará al estado recién independizado”. Por lo tanto, de entrada no tendremos que pagar nada. Ahora bien, sí que es cierto que una vez se comprenda que Catalunya se independiza, empezará un proceso de negociación entre España, Catalunya y la Unión Europea en el que el objeti-vo de todos será que los daños sean lo más pequeños posible. Eso nos llevará a nosotros a aceptar una parte de la deuda española (si no, España será insolvente, y eso será un grave problema para toda la UE, incluida Catalunya) que puede oscilar entre el 11 % y el 18,4 %. A cambio, los españoles se tendrán que comprometer a no boicotear la permanencia de Catalunya en la UE y en la eurozona, una perma-nencia que conviene a España que para exportar a Europa tiene que pasar por Catalunya, a la UE–y ,sobre todo, a sus multinacionales instaladas en Catalunya y, naturalmente, también nos conviene a los

catalanes. Durante proceso de negociación los catalanes tenemos que estar dispuestos a asumir entre el 11 % y el 18,4 % de la deuda española, sabiendo que en cualquier caso será perfectamente asumible por el nuevo Gobierno catalán. Los números que presento en la segunda parte del libro muestran que la Generalitat tendría superávit incluso en caso de que acabara asumiendo el 18,4 % de la deuda española.

Hemos visto que el sistema de pensiones que tenemos, basado en el reparto entre los jubilados de las cotizaciones de los trabajadores, garantizaría totalmente las pensiones de los abuelos catalanes, dado que en una Catalunya independiente seguiría habiendo jóvenes trabajadores que cotizarían en la seguri-dad social. De hecho, como el número de trabajadores por jubilado en Catalunya es más alto que en Es-paña, y como los salarios de estos trabajadores son más altos en Catalunya que en España, las pensiones de los jubilados catalanes no solo no tendrían que bajar sino que podrían aumentar cerca del 10 %.

Pero ni el dividendo fiscal, ni la posibilidad de tener a una Generalitat solvente y capaz de volver a hacer las políticas económicas y sociales que interesan a los ciudadanos, ni la posibilidad de tener unas pensiones más elevadas son suficientes para querer obtener la independencia. Pienso que la razón para querer la independencia es tener la oportunidad de cambiar radicalmente de rumbo y construir un país diferente. Una posibilidad que en España, ya no tenemos.

Para ser un país próspero, hacen falta unas instituciones públicas y privadas transparentes, efici-entes y libres de corrupción. Hace falta un sistema legal que funcione rápidamente, que imparta justicia de manera imparcial sin interferencias políticas. Hace falta un sistema de infraestructuras diseñado con el objetivo de facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas y no con criterios políticos radiales. Hace falta un sistema fiscal justo y equitativo, donde los impuestos no asfixien la actividad económica y donde no se haga pagar más a los ciudadanos que cumplan sus obligaciones, para llenar el vacío de dinero que generan los listillos que evaden o eluden impuestos. Hace falta un sistema educativo que prepare a nuestros jóvenes para los retos tecnológicos y de innovación que ya los están amenazando. Un sistema educativo que abandone la memorización y se concentre en fomentar la curiosidad y la creatividad de los niños. Al fin y al cabo, son la curiosidad y la creatividad las que permitirán a los jóvenes del futuro innovar, crear y hacer los trabajos que las máquinas no pueden hacer. Un sistema educativo que no per-mita que el 50 % de los que acaban la escolarización estén condenados a no encontrar trabajo. Hacen falta unas leyes y regulaciones laborales que no den como resultado que la tasa de paro se dispare por encima del 20 % cada vez que haya una crisis económica. Hace falta una regulación bien pensada que no ahogue innecesariamente la actividad económica, que no ponga trabas a la creación de empresas por parte de los jóvenes innovadores, que facilite que las pequeñas empresas se conviertan en medianas y que las empresas medianas se vuelvan grandes. Hace falta un sistema financiero que no solo dé créditos hipotecarios (que es lo que, básicamente, hace la banca regular), sino que encuentre maneras de finan-ciar proyectos innovadores que tienen un riesgo que la banca normal no puede o no quiere asumir. Hace falta una red de universidades de élite que dé la mejor educación del mundo a los jóvenes estudiantes y que genere ideas científicas a través de la investigación y el desarrollo. Hace falta un sistema económico diversificado en que las empresas de éxito no sean aquellas que viven de la obra pública, de los permisos, de las licencias o de las concesiones que da el poder del estado, sino las empresas que crean productos nuevos, atractivos y de alta calidad, utilizando técnicas organizativas y de gestión innovadoras y a través de procesos cada vez más creativos.

El problema es que todo eso que nos hace falta para ser prósperos, difícilmente lo obtendremos dentro de España. Porque parece que los intereses españoles van por otro lado. La mentalidad radial está grabada en su ADN desde que Felipe V hizo la primera red de caminos reales con el objetivo de que los ciudadanos pudieran ir a ver al rey y el rey a los ciudadanos. Esta mentalidad no ha cambiado desde entonces y no cambiará ahora. La demostración es que los últimas infraestructuras que se han hecho en España, como el AVE, se han vuelto a hacer con la mentalidad radial o que la gestión de los aeropuertos por parte de AENA, se hace, todavía en 2014, de manera radial. Incluso cuando la Unión Europea decidió poner dinero para conectar con ferrocarril los puertos del Mediterráneo con los mer-cados del norte de Europa con el objetivo llevar las mercancías que venían del Asia a través del canal de Suez, el gobierno de Madrid pidió que el dinero no se invirtiera en el corredor mediterráneo sino en una vía que fuera desde de Algeciras hasta Francia... ¡pasando por Madrid! El ADN radial sigue incrustado en el proceso de decisión español. Y eso no nos interesa.

El sistema educativo que nos interesa tampoco lo obtendremos dentro de España. España acaba de aprobar una reforma educativa. Por lo tanto, tiene el sistema educativo más reciente del mundo. Pero fijaos en que el debate que ha habido para diseñar e implementar esta reforma educativa se ha centrado en dos temas: la introducción de la religión como asignatura obligatoria y el número de horas de cas-tellano que se hacía en las escuelas catalanas. Una pérdida monumental de tiempo mientras la mitad de nuestros jóvenes están en paro y mientras el resto del mundo piensa en construir un sistema educativo que promueva la creatividad entre los estudiantes. Los catalanes no tenemos que perder el tiempo cues-tionando la lengua o si la religión tiene que ser obligatoria. Tenemos que dedicarnos a pensar en los temas importantes que se debaten en el resto del mundo. Y evidentemente eso no lo podremos hacer mientras estemos dentro de España.

El sistema judicial también es imposible de cambiar dentro de España. El PP y el PSOE favorecen la funcionarización de los cuerpos judiciales, cosa que perjudica la independencia de sus decisiones. Los dos grandes partidos españoles siguen dispuestos a repartirse, sin vergüenza, los cargos del Tribunal Constitucional sin darse cuenta de que eso comporta una pérdida de confianza por parte de los ciudada-nos.

El sistema tributario sigue siendo intimidatorio e injusto. Pero en lugar de reformarlo, el ministro Montoro aumenta los impuestos de los que pagan para compensar el dinero que no recaudan de los que no pagan. No hay ninguna señal que demuestre que eso tiene pinta de cambiar.

Resumiendo, Catalunya se enfrenta a una serie de grandes retos que actualmente frenan nuestras aspiraciones económicas y sociales. Todo indica que estos retos no se podrán afrontar dentro de España. Con eso no quiero decir que los españoles sean malos, sean irracionales o estén constantemente ma-quinando maneras de perjudicar a Catalunya. No es eso. Lo que pasa es que, en muchos aspectos de la vida, ellos tienen unos intereses diferentes. Ellos quieren tener estructuras radiales y nosotros no. Ellos quieren que en las escuelas catalanas se hable una determinada lengua y nosotros queremos que se hable otra. Ellos quieren tener un sistema judicial o tributario y nosotros queremos otro. A ellos les interesa un determinado sistema de financiación autonómico y a nosotros otro. Por descontado que ellos tienen todo el derecho a defender sus intereses, de la misma manera que nosotros tenemos el derecho de de-fender los nuestros. El problema es que, sin un sistema de garantías que proteja a las minorías, cuando

lo que quieren ellos (que son mayoría) difiere de lo que queremos nosotros (que solo somos el 16 %), nosotros siempre perdemos. Y, por lo tanto, en España se acaba haciendo la política que les interesa a ellos, y no la que nos interesa a nosotros. Eso siempre ha sido así y siempre será así. El Estatut tenía que ser una manera de blindar y proteger nuestros intereses y, de nuevo, el rodillo de la mayoría española lo tumbó aunque la mayoría catalana la había aprobado. Esta imposibilidad de arreglar nuestros problemas dentro de España explica que, en definitiva, haya cada vez más ciudadanos catalanes que se pregunten si no es mejor irse.

Cuando llegue el momento de que estos ciudadanos decidan si nos conviene independizarnos, tienen que recordar una cosa que he ido repitiendo a lo largo de este libro y que vuelvo a repetir aquí porque es muy importante. La independencia, por sí sola, no es la solución a nuestros problemas. La independencia, sin embargo, es la oportunidad para hacer las cosas que dentro de España no podem-os hacer. Una vez seamos independientes, seremos un país normal y, como todos los países normales, escogeremos a nuestros líderes y votaremos nuestras leyes. Y cuando tomemos estas decisiones, quizás nos equivocaremos. Los catalanes no somos mejores que los españoles (tampoco somos peores) y, por lo tanto, no está asegurado que haremos las cosas bien y que escogeremos gobernantes que no sean ni in-competentes, ni corruptos, ni malos. Ahora bien, lo que sí sabemos es que no nos irán sistemáticamente en contra. No tendremos unos dirigentes que sistemáticamente defienden unos intereses que no son los nuestros y eso beneficiará los intereses de nuestros ciudadanos.

La independencia, pues, no es la solución mágica a todos nuestros problemas pero sí que es la garantía de que tendremos las herramientas para encontrar esta solución. Supongo que es por ello que, en Catalunya, cada vez somos más los que queremos cambiar las cosas. A día de hoy, yo no sé si somos mayoría. Si no lo somos, lo tenemos que aceptar y lo aceptaremos. Pero si lo somos, entonces entre to-dos tenemos que hacer la presión y el ruido mediático necesario para demostrar a españoles y europeos que nuestra marcha es irreversible y que lo mejor que pueden hacer es negociarla... igual que el padre negocia con el hijo que se quiere emancipar.

Y eso nos lleva de nuevo a Montgomery, Alabama. Hace 60 años, en Estados Unidos, todo el mundo encontraba normal que negros y blancos se sentaran separados dentro del autobús. Hoy lo ve-mos como una reliquia medieval incomprensible gracias a que Rosa Parks, aquella chica negra, joven y frágil, se negó a aceptarlo y no cedió su asiento. Hoy todo el mundo encuentra normal que todas las instituciones reconozcan a los países nacidos a raíz de guerras violentas y que, en cambio, amenacen con la exclusión a quien intenta crear un país a través de los votos. Espero que de aquí 60 años, esta situación también sea vista como una reliquia medieval incomprensible que dejó de serlo porque un pequeño pueblo del sur de Europa se negó a aceptar lo que todo el mundo encontraba normal.

Como catalán que piensa que el derecho a la felicidad ya no se puede conseguir dentro de España y como ciudadano del mundo que defiende el derecho a escoger las fronteras a través de las urnas, yo vo-taré SÍ a la independencia. Ha llegado la hora de decir adiós.

Barcelona, 10 de Julio de 2014