EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) (pag. 130-131)

Aunque adopte la apariencia de un nuevo pronunciamiento, no puede catalogarse como tal. No se invocaba

a la Corona, para un cambio de gobierno; ahora se invoca a la Nación, para un cambio de régimen. A la

revolución se llega por el agotamiento y la impopularidad del moderantismo, inseparable de la monarquía de

Isabel II, y por la crisis económica.

A partir de 1860 la crisis económica en España es un hecho. Las acciones de los unionistas de O’Donnell en

el gobierno no conducen a ninguna solución. Establecidas las líneas de ferrocarril se procede a su

explotación, de la que se obtienen perdidas, lo que provoca que el valor de las acciones caiga en picado y

con él las cotizaciones de Deuda Pública y de otras entidades financieras. Además está crisis financiera

coincide con una crisis industrial, derivada del “hambre de algodón” provocada por la Guerra de Secesión

Americana (1861-1865), lo que provoco un aumento del precio del algodón, que se plasmó en un

incremento del precio de los productos, en un momento de contracción de la demanda provocada por crisis

de subsistencia, lo que hizo que pequeñas empresas cerraran, con el consiguiente incremento del paro. La

crisis de subsistencia, supuso el incremento del precio del trigo, generando un amplio malestar, sobre todo,

en las clases populares.

Se producen varios intentos de levantamiento, que fracasan, sobre todo, por la delación de sus participantes.

El episodio más importante fue el Levantamiento de los Sargentos del Cuartel de San Gil, en Madrid, que

fue duramente reprimido por O’Donnell, lo que provocó su caída.

Un mes después, en agosto de 1866 se reúnen en la localidad de Ostende, un numeroso grupo de exiliados

progresistas y demócratas, que sientan las bases mínimas para llevar a cabo, de manera conjunta, una acción

revolucionaria antiisabelina. Ambos grupos estaban de acuerdo en acabar con el régimen de Isabel II, y no

tanto sobre la forma de gobierno que saldría si triunfaba dicha revolución; esa cuestión quedaría en manos

de unas futuras Cortes constituyentes.

En noviembre de 1867 se uniría al pacto los unionistas, que tras la muerte de O’Donnell, se convertirían de

la mano de Serrano en una parte fundamental del triunfo de la revolución. Los unionistas aportarán buena

parte de los altos mandos del ejército, privando a Isabel II de elementos contra la revolución en el ejército.

1. La Gloriosa o Septembrina (pag. 132)

El 19 de septiembre de 1868 la escuadra al mando de Topete se sublevó contra el gobierno de Isabel II. Prim

ayudó al levantamiento de otras plazas militares y, a la vez que corría la noticia, en muchas ciudades

españolas se crearon Juntas Revolucionarias que animaron a la rebelión de las clases populares,

extendiéndose el movimiento.

Las tropas sublevadas, al mando de Serrano avanzaron hacia Madrid; mientras el gobierno enviaba a su

encuentro a las escasas tropas que no se habían amotinado. El encuentro tuvo lugar en las inmediaciones

del puente de Alcolea el 28 de septiembre, donde las tropas sublevadas consiguieron derrotar a las tropas

gubernamentales, que se retiraron hacia Madrid, donde el gobierno dimitió. A Isabel II, que estaba

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veraneando en San Sebastián, no le quedó otro remedio que el exilio hacia París, el 29-30 de septiembre de

1868.

Durante este período, y hasta la llegada de Serrano a Madrid el 3 de octubre y la conformación de un

gobierno provisional, el poder estuvo, como en otros momentos del s. XIX, en manos de las Juntas

Revolucionarias (locales y provinciales) de las cuáles la de Madrid se arrogó el carácter de suprema, aunque

este fiscalizada por otras. Las clases populares se van a convertir en protagonistas del levantamiento a través

de las Juntas.

2. El Gobierno provisional y la Constitución de 1869 (pag. 132-135)

La Junta de Madrid, a la llegada de Serrano, le pide que forme un gobierno provisional, que se constituye el

9 de octubre, bajo la presidencia de Serrano y con unionistas y progresistas en sus filas, quedando fuera los

demócratas, los republicanos y, como es obvio, los moderados.

A partir de este momento se aprecia en la Revolución de 1868 una dualidad de poderes. Por un lado, el del

Gobierno provisional, partidario de la fórmula monárquica; y por otro lado, las Juntas Revolucionarias

partidarias de la creación de una república. El Gobierno se encuentra presionado por las Juntas, defensoras

de la idea revolucionaria y creadoras de una especia de milicia nacional, los Voluntarios por la Libertad.

El gobierno consiguió disolver las Juntas Revolucionarias y desarmar a los Voluntarios por la Libertad,

iniciando una serie de reformas, encaminadas a mantener el control de las clases populares, deseosas de

cambios. Pero la principal reforma era una nueva constitución. El Gobierno provisional convocó elecciones

a Cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino (> 25 años). Las Cortes nacidas de las

elecciones dieron una amplía mayoría a los monárquicos (progresistas, unionistas y demócratas) frente a los

republicanos (federales y unitarios). Fuera de todo quedaban los moderados y los carlistas

Las Cortes constituyentes se abrieron el 11 de febrero y encargaron a una comisión que redactara una nueva

carta magna, presentada el 30 de marzo. En Cortes se produjeron algunas discusiones hasta que

definitivamente fue aprobada el 1 de julio de 1869. La Constitución de 1869 era liberal democrática, con

un amplio régimen de libertades. Quedaba recogida, en sus principales puntos, lo siguiente:

- La soberanía era nacional, aspecto recogido en su preámbulo, y que no fue objeto de

discusión

- Se recogía el sufragio universal masculino, algo a lo que aspiraban republicanos y

demócratas.

- Se decretaba la libertad de cultos, algo novedoso, pues hasta ese momento España había

reconocido la primacía de la religión católica, con variaciones. Aunque se mantendría al

clero y al culto.

- Incluía una amplia declaración de derechos, que junto a los individuales garantizaba la

libertad de residencia, enseñanza o culto y la inviolabilidad del correo, entre otros

- Se reconocía el bicameralismo, aunque el Senado era de elección popular y los diputados se

elegirían cada 40000 ciudadanos.

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- La forma de gobierno, suscito algunas discusiones, estériles, pues la mayoría en las Cortes

estaba en manos de los monárquicos. Así pues, la forma de gobierno sería una monarquía,

pero no la de los borbones, sino una elegida

- El poder ejecutivo estaría en manos del rey, que nombraría a sus ministros quiénes, junto con

las Cortes, elaborarían las leyes, que el rey solo podía sancionar y promulgar.

- Se proclamaba la independencia del Poder Judicial y la carrera judicial, a través de unas

oposiciones. También se reponían los juicios por jurado.

La Constitución de 1869 consolidaba los principios liberales-democráticos defendidos por los partidos

protagonistas de la Revolución de 1868, pero frustraba las aspiraciones de otros grupos políticos de carácter

popular. La forma de gobierno disgusto a los que aspiraban a una república; el mantenimiento del clero y el

culto, aprobado en la Constitución, y el mantenimiento del modelo socioeconómico generaron un enorme

descontento, que los republicanos no supieron aprovechar, debido a sus disensiones internas (federalismo

VS unitarismo). En este contexto, la entrada de las ideas internacionalistas y la aparición de grupos más

radicales (socialismo y anarquismo) abrieron una nueva etapa en la organización del proletariado y del

campesinado, principales afectados por el fracaso de sus aspiraciones de igualdad socioeconómica.

3. La monarquía de Amadeo de Saboya (1870-1873) (pag. 140-141)

Serrano, como regente, encargó a Prim la formación de gobierno y la búsqueda de un candidato para el

vacante trono español. Fueron varias las candidaturas y dura la negociación diplomática y el peregrinar de

Prim en busca del nuevo rey español.

Los unionistas apoyaron la candidatura del Duque de Montpensier, rápidamente rechazada por su

participación en la Revolución de 1868 y por el asesinato, en duelo, del infante don Enrique de

Borbón.

Los progresistas y demócratas proponían a Fernando de Coburgo, rey de Portugal, en aras de una

supuesta Unión Ibérica

Prim pensó en la dinastía de los Saboya, por su impulso a la creación del reino de Italia y a su

formación liberal. Ante la negativa de Amadeo, se lo propuso a su hermano que también la rechazó.

Prim volvió los ojos hacia Espartero, que también la rechazó por su edad.

En las Cortes se planteó el nombre del príncipe don Alfonso, a lo que Prim contesto con sus famosos

tres “jamases”.

A mediados de 1869 se propuso a Leopoldo de Hohenzollern, que aceptó en secreto. Conocido por

Napoleón III, consiguió su negativa, aunque hábilmente tratado por Bismarck significó la Guerra

Franco-Prusiana y la definitiva unión alemana.

De nuevo, buscó a la dinastía de Saboya, que está vez con el apoyo del rey Víctor Manuel II,

concluyó en un si de Amadeo de Saboya.

La elección de las Cortes, el 30 de noviembre de 1870, de Amadeo de Saboya como Amadeo I, rey de una

monarquía democrática supuso un alivio, pues ello significaba la definitiva estabilización moderada del

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proceso revolucionario. Pero la elección de Amadeo, el candidato de los progresistas y de los demócratas,

disgustó a los unionistas y, sobre todo, a la Iglesia Católica, que tachaba de anticlerical ala dinastía de los

Saboya.

La muerte de Prim, el 27 de diciembre de 1870, privó a Amadeo de su principal valedor en España. Lo

primero que hizo Amadeo, tras desembarcar en Cartagena el 30 de diciembre, fue visitar el cadáver del

General Prim.

El de 2 de enero era envestido como rey de España y disueltas las Cortes constituyentes para dar paso al

ensayo de una monarquía nacida del sufragio universal, una monarquía constitucional.

La inestabilidad política del régimen fue evidente si tenemos en cuenta que se sucedieron seis gabinetes

ministeriales y se convocaron elecciones generales por tres veces. Las dificultades económicas, la muerte de

Prim y la posterior ruptura en el seno del partido Progresista (constitucionalistas de Sagasta y radicales de

Ruiz Zorrilla) y el problema de la guerra de Cuba contribuyeron a la creciente inestabilidad política interior.

La nobleza y la aristocracia latifundistas no habían aceptado la orientación política de 1868, temiendo una

presión radical y republicana que pudiera hacer peligrar sus pertenencias territoriales, engrosaron las filas

del partido alfonsino, que dirigidos por Cánovas del Castillo habían empezado a perfilar y organizar un

partido defensor de la restauración borbónica, eliminando uno de los principales inconvenientes para ello

como era Isabel II, que había abdicado en 1870 en su hijo, el príncipe Alfonso. Además, Cánovas estaba

captando a unionistas desencantados y antiguos progresistas, opción que la Iglesia veía con buenos ojos.

La burguesía de negocios mercantiles o industriales se alejó progresivamente del régimen y simpatizó con la

causa alfonsina. Por otra parte, los comerciantes ligados a los negocios coloniales, amenazados por los

proyectos autonomistas para la isla de Cuba y las tendencias abolicionistas, tampoco apoyaron la monarquía

de Amadeo.

A la derecha del régimen, la oposición carlista había renacido a la caída del régimen isabelino. Su auge fue

paralelo al crecimiento de la tensión en las relaciones Iglesia-Estado. Con la esperanza puesta en la

posibilidad de alcanzar el poder, surgió una tendencia parlamentaria aportando una fuerza política y un

aparato de propaganda. Además, con la llegada de Carlos VII (nieto de Carlos Mª Isidro) se inició la tercera

guerra carlista (1872-1876), en mayo de 1872, con el mismo espacio geográfico. Los carlistas fueron

vencidos en Oroquieta y se firmó una tregua (Convenio de Amorebieta).

A la izquierda del régimen, los republicanos se opusieron a la solución monárquica y constituyeron una

importante minoría, que se declaró a favor de la implantación de la república federal. Sin embargo, el

republicanismo español estuvo dividido desde sus comienzos en tendencias ideológicas distintas

(federalistas-unitaristas). Incluso existían posturas distintas en torno a la manera de transformar el régimen

(benevolentes, proceso legal de cambio; intransigentes, a través de sublevaciones como la de El Ferrol en

1872).

A la oposición de los alfonsinos, carlistas y republicanos se unió la escisión producida entre los progresistas,

que provoco varias crisis ministeriales. El momento culminante de la crisis se produjo a partir de las

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elecciones generales de agosto de 1872 que dieron la mayoría a los radicales y que reflejaron la falta de

apoyo social que tenía la monarquía. El nivel de abstención alcanzó el 54%, y toda la oposición en bloque

adopto la postura del absentismo electoral.

En este ambiente de tensa inestabilidad política estalló la denominada “cuestión artillera”, conflicto surgido

dentro del arma de artillería. El detonante fue el nombramiento de Hidalgo, como capitán general de las

vascongadas, acusado por varios compañeros del fusilamiento de oficiales en la sublevación del Cuartel de

San Gil (1866) y se negaron a obedecerle.

El gobierno de Ruiz Zorrilla, decidido a reafirmar el poder civil, procedió a disolver el cuerpo de oficiales

de artillería. Amadeo, aunque desaprobaba la decisión, no pudo oponerse y aprovechó la ocasión que le

brindaba este conflicto para abdicar el 11 de febrero de 1873.

El Congreso y el Senado, después de aceptar la renuncia de Amadeo, en sesión conjunta (Asamblea

Nacional) proclamaron la I República Española el mismo día.

4. La I República española (1873-1874) (pag. 142-145)

La Asamblea Nacional, que reconoció la renuncia de Amadeo I y había constituido la república, proclamó

un gobierno provisional en las manos de Figueras. El gobierno de Figueras tuvo que soportar las presiones

de los republicanos más intransigentes, que abogaban por la aceleración de las reformas y la creación de una

república federal, y que promovieron brotes revolucionarios, sobre todo entre los campesinos. Por otro lado,

los radicales intentaron un golpe de Estado que fue abortado por los Voluntarios de la Libertad.

Tras este primer período de escaramuzas, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes y se aprobaron

una serie de proyectos pendientes: abolición de la esclavitud en Puerto Rico, supresión de las quintas

sustituidas por un ejército de voluntarios pagado (pronto se suspendió ante el reinicio de la guerra carlista).

Las elecciones fueron ganadas por los republicanos, pero hubo una elevada abstención lo que denota la

fragilidad del nuevo régimen. El nuevo presidente de la República, Pi y Margall y las Cortes constituyentes

elaboraron una constitución, con un ideario federalista. Precedida de una declaración de derechos similar a

la de 1869, establecía una organización federal de la República con una concepción autonomista del Estado.

Sancionaba, además, la separación de la Iglesia y el Estado, ampliaba el derecho de asociación, y con el

objeto de solventar el problema colonial, incluía a Cuba y Puerto Rico como estados dentro de la división

territorial española. Sin embargo, el problema cantonal supuso la suspensión de la discusión que tenía lugar

en las Cortes constituyentes, y finalmente la Constitución nonata de 1873 no llegó a aprobarse.

Pero la llegada de la I República había reabierto la herida carlista, que después del Convenio de Amorebieta,

había quedado latente. El reinicio de la guerra carlista, se recrudeció debido a la debilidad del ejército

gubernamental por el elevado grado de indisciplina de las unidades, a raíz del cambio de la organización

militar (supresión quintas por ejército de voluntarios). En estas condiciones los ejércitos carlistas

consiguieron consolidarse en Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, extendiéndose nuevamente por Cataluña,

Aragón y Valencia.

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Los Carlistas tomaron Estella, Tolosa y Durango y pusieron sitio a Bilbao. Ya en plena revolución cantonal

lograron afianzarse de tal modo que pudieron formar un verdadero Estado carlista. La captura de Eibar les

proporcionó una industria de armamento ligero. La República, falta de recursos y poder efectivo, no pudo

hacerles frente hasta comienzos de 1874, después de que Cautelar fortaleciese al ejército llamando a filas a

80000 quintos. Sin embargo, el conflicto continuó hasta 1876 a pesar de las anteriores medidas militares y

de otras similares tomadas por el General Serrano, que reconstituyo la estructura tradicional del ejército.

Mientras se discutía la nueva constitución, los federalistas más intransigentes toman desde provincias la

iniciativa de los actos, produciéndose el movimiento cantonal (Cartagena, el 12 de julio de 1873). En esta

revolución cantonal concurren una serie de causas:

- La impaciencia de los republicanos federales más intransigentes, frente a los legalistas, que

pretendían imponer la inmediata implantación de los principios federalistas.

- La aparición de un movimiento de carácter social, monopolizado por los internacionalistas.

En Alcoy se desato una huelga que pedía mejoras salariales y que al radicalizarse

desembocaron en el asesinato del alcalde y en la toma de la ciudad por los obreros. La

aparición de los internacionalistas en Alcoy y Sanlúcar acentuó los temores a la subversión

del orden social y de la propiedad.

La generalización del cantonalismo, en el que siempre es difícil deslindar la vertiente descentralizadora de la

revolución social, hizo que España pareciera fraccionada en pequeños estados, que, a escala provincial,

comarcal o ciudadana, disponían de sus propios destinos y organizaban ejércitos y presentó a la República

Federal ante los ojos del país como un régimen incapaz de asegurar y salvaguardar el poder central, máxime

si la guerra carlista había tomado un cariz desfavorable para el gobierno republicano. Esto provocó que las

fuerzas sustentadoras del régimen tomaran posturas más conservadoras.

Ejemplo de esto es la dimisión de Pi y Margall de la presidencia de la República y la llegada de Salmerón,

dispuesto al uso de la fuerza militar para mantener el orden y vencer el cantonalismo, reprimiendo la

Internacional. El General Martínez Campos reduciría sin problemas el cantonalismo valenciano; el General

Pavía dominaba por completo Andalucía, sometiendo a los cantones de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Granada,

aunque le costo más trabajo Málaga.

Sólo resistió el Cantón de Cartagena donde Antonete Gálvez, ayudado por el General Contreras, con el

carácter de fortaleza militar que tenía y el apoyo de los cuatro mejores buques españoles, supo resistir.

Además, en Cartagena se habían refugiado muchos diputados federales, los más radicales, que reforzaron el

sentimiento cantonalista de la ciudad. De hecho, el Cantón de Cartagena aguantaría hasta el 12 de enero de

1874.

Salmerón al tener que firmar las penas de muerte de los sublevados, dimitió, siendo la presidencia ocupada

por Castelar, representante de la línea más conservadora del republicanismo (unitarismo), que consiguió

poderes extraordinarios durante un período, para acabar con el cantonalismo y, sobre todo, el carlismo. A

continuación suspendió las Cortes hasta el 2 de enero de 1874 y concedió enormes poderes a los jefes

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militares para acabar con la insurrección cantonal. Esto inició conversaciones entre la oposición a Castelar,

que provoco su derrota en la reapertura de las Cortes, el 3 de enero de 1874. Resultaba inminente la

formación de un gobierno de centro-izquierda. Para impedirlo, el General Pavía entró en las Cortes, con la

Guardia Civil, disolviéndolo. Apenas hubo resistencia, ni política ni popular, lo que muestra la debilidad de

la República. El poder pasó a manos de una coalición de unionistas y progresistas con el General Serrano a

la cabeza, que intentó estabilizar el régimen republicano de carácter conservador. Se acaba con el último

reducto cantonal, con la reducción, por parte del General López Domínguez, del Cantón de Cartagena.

A lo largo de 1874, el gobierno de Serrano, compuesto por radicales y constitucionalistas, restableció el

orden público, tomando medidas excepcionales: disolución de los internacionalistas, limitación del derecho

de asociación, represión de los republicanos y de sus órganos de expresión.

Pero el gobierno carecía de apoyos sociales. Los republicanos unitarios y el partido alfonsino no

colaboraron con él y en el ámbito internacional persistía aún cierta frialdad hacia la República. Mientras la

causa alfonsina avanzaba y recibía constantemente a los tránsfugas de la revolución de septiembre.

El partido alfonsino, dirigido por Cánovas del Castillo, aprovechó para continuar su organización y ultimar

sus preparativos para traer la restauración borbónica. Desde agosto de 1873, Cánovas fue preparando la

restauración borbónica, que fue acelerada con el pronunciamiento del General Martínez Campos, el 29 de

diciembre de 1874 en Sagunto, en la que proclamaba rey de España a Alfonso XII. El 1 de diciembre de ese

mismo año, el príncipe Alfonso había firmado el Manifiesto de Sandhurst, que sintetizaba el programa de la

nueva monarquía: un régimen monárquico de signo conservador y católico, que defendería el orden social,

pero que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal.

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