PACTO POR LA EDUCACIÓN

PROPUESTA DEL CERMI

PRINCIPIOS DE ACCIÓN PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Acorde con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años, y en el marco de la actual legislación educativa española, el “Pacto por la Educación” debe ofrecer a todo el alumnado, y en todos los niveles del sistema, una educación y una formación de calidad.

Esto supone la exigencia de lograr una inclusión educativa eficaz que se rija por los principios de atención a la diversidad y de normalización, garantizando una igualdad efectiva de oportunidades y conciliando la calidad con la equidad en el reparto de los recursos y los apoyos que sean necesarios para compensar las desigualdades individuales, en particular, las derivadas de la discapacidad. En coherencia, asimismo, con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), que reconoce de manera específica, y entre otros, su derecho a la educación (art.24).

Si bien en España se han observado avances legislativos importantes en estos últimos años en relación con las personas con discapacidad, tanto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, como en materia de educación, la inclusión educativa del alumnado con discapacidad constituye hoy una cuestión no resuelta por las Administraciones educativas españolas.

De manera específica, la La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) en el título II, dedicado a la equidad en la educación, establece los principios que han de regir la escolarización del alumnado con discapacidad y la disposición de los recursos personales y materiales que sean necesarios para su adecuada atención educativa, de tal forma que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos y competencias establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Para alcanzar este objetivo, es necesario que en el ámbito educativo se desarrollen de manera efectiva las siguientes medidas de acción positiva que aseguren la igualdad de oportunidades y garanticen una educación de calidad para el alumnado con discapacidad:

Es imprescindible y fundamental identificar tempranamente las necesidades educativas de este alumnado con objeto de poder iniciar su atención integral, regida por los principios de inclusión, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, desde el mismo momento en que dichas necesidades sean identificadas.

A tal fin, las Administraciones educativas, promoverán tanto en la formación inicial como en la formación permanente del profesorado y de los profesionales responsables de la orientación educativa, una adecuada cualificación y actualización competencial que adecue su intervención a las necesidades educativas del alumnado con discapacidad, a la evolución de éstas al

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progreso médico, científico y tecnológico que, día a día, introduce mejoras en su situación personal y educativa.

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Con objeto de asegurar no sólo el acceso, sino también la permanencia y la promoción del alumnado con discapacidad dentro del sistema educativo, las Administraciones educativas habrán de garantizar la adecuada disposición de los recursos de apoyo que cada alumno/a con discapacidad precise a lo largo de todas las etapas, incluidas las no obligatorias, que le permitan la accesibilidad física, a la comunicación, a los contenidos de aprendizaje, a las nuevas tecnologías y a las distintas actividades que se realicen con carácter general para todo el alumnado, acorde con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal marcados por la legislación en esta materia.

Asimismo, las Administraciones educativas deben potenciar sus esfuerzos para facilitar el tránsito del alumnado entre etapas mediante la elaboración de adecuados programas de coordinación entre el profesorado que imparte los diferentes niveles y la adecuada orientación psicopedagógica a este alumnado, con objeto de proporcionar información y asesoramiento al alumno/a y a su familia acerca de las opciones educativas y laborales que mejor respondan a sus capacidades y aptitudes, orientándole en su proceso de formación, facilitándole, de esta forma, su posterior inserción en el mundo laboral.

Madrid, septiembre de 2009

Mª Luz Sanz EscuderoPresidenta de la Comisión de Educación y Cultura del CERMI

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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CERMI

Las entidades de la discapacidad integradas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI coincidimos en señalar que la actual legislación educativa (Ley Orgánica de Educación y sus normas de desarrollo) consagra el principio de CALIDAD de la educación para todo el alumnado, en todos los niveles educativos, buscando garantizar al alumnado una igualdad efectiva de oportunidades.

Sin embargo, como la propia legislación sobre la materia establece, no se puede hablar de calidad si, al mismo tiempo, no se contempla la EQUIDAD: la disposición de apoyos y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades individuales de cada alumno y así garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación. La equidad actúa como elemento compensador de las desigualdades de todo tipo y, en nuestro caso particular, de las derivadas de la discapacidad.

Y es por ello por lo que trabajamos desde el sector de la discapacidad integrado en torno al CERMI, pues consideramos que todavía falta dotación presupuestaria, recursos adecuados, profesorado suficiente y debidamente cualificado y preparado, etc.

De esta forma, podemos señalar tres cuestiones prioritarias no siempre resueltas sobre las que se debe trabajar con objeto de lograr la inclusión del alumnado con discapacidad:

La detección precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo, singularmente aquellas asociadas a discapacidad, que permite el aprovechamiento del periodo crítico de aprendizaje en los niños y niñas y que, en estas circunstancias, determina de forma irreversible su futuro desarrollo y sus aprendizajes posteriores.

En todo caso, las evaluaciones diagnósticas tomarán en consideración de forma prioritaria a esta población escolar con la previsión de recursos de apoyo para la intervención inmediata a la detección.

La disposición adecuada y estable de los recursos de apoyo que precisa cada alumno/a en función de las necesidades educativas asociadas a su discapacidad.

Frecuentemente se observa una falta de coherencia en el sistema, especialmente en el paso de una etapa a otra, al no haber una identificación y planificación de los

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recursos necesarios en cada caso, teniendo que adaptarse el alumno/a al recurso disponible y no a la inversa. Esto hace que se produzca una elevada tasa de abandono entre el alumnado con discapacidad, con las consecuencias que todo ello tendrá sobre su posterior integración socio-laboral.

La formación, inicial y continua del profesorado con conocimiento de los diversos recursos didácticos, tecnológicos… actuales, permite atender en igualdad de oportunidades y en términos de calidad y equidad a este alumnado, conforme a lo establecido por la Ley 51/2003 en relación con el desarrollo de competencias incluidas en el currículo de diseño para todos.

Dentro de los planes de formación permanente del profesorado dirigidos a logar una educación de calidad para todo el alumnado, es importante que los profesionales de la comunidad educativa reciban formación específica para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Máxime si se tienen en cuenta los avances tecnológicos y pedagógicos experimentados en los últimos años en relación con este alumnado y que abren nuevas y mejores posibilidad de inclusión educativa para ellos.

Particularmente preocupa que, en el proceso de convergencia europea, con las nuevas titulaciones de grado y master vaya a ser suficiente y adecuada la capacitación en relación con la atención a las necesidades educativas especiales y que se mantenga, o mejor dicho, se potencie el adecuado nivel de especialización que se requiere para dicha atención.

En definitiva, es necesario que en el ámbito educativo se desarrollen de manera efectiva las medidas de acción positiva que aseguren la igualdad de oportunidades y garanticen una educación de calidad para el alumnado con discapacidad que, además de ser un compromiso adquirido por la administración educativa, le corresponde, por derecho, a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Madrid, septiembre de 2009

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